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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00199-01

Fecha
6 de julio de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00199-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de enero de 2021 , proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las súplicas de la demanda interpuesta por la señora Ana Celia Camargo Salas en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. www.consejodeestado.gov.co 29 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 73001-23-33-000-2019-00199-01 Demandante: Ana Celia Camargo Salas SEGUNDO: No condenar en costas de segunda instancia , de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. TERCERO: Reconocer personería al abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa, portador de la tarjeta profesional 291.382 del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con la sustitución de poder allegada al proceso. CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2019-00199-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

6 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C. , seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023 )

Referencia: Nulidad y restabl ecimiento del derecho.
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00199-01 (1258-2021)
Demandante: Ana Celia Camargo Salas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social 1.

Temas: Pensión gracia. Tipo de vinculación. Interinidad - Nacional.
Incorporaciones a planta de personal sin solución de continuidad.
Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la demandante contra la sentencia de 2 1 de enero
de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima , que
negó las súplicas de la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda. 2

Ana Celia Camargo Salas , por intermedio de apoderado judicial,
solicitó decla rar la nulidad de las Resoluciones RDP 0 06951 del
23 de febrero y RDP 019391 del 11 de mayo, ambas del 2017 y,
proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscal es de la Protección Social -

1 En adelante UGPP.
2 Folios 3 y 4 del expediente.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 73001-23-33-000-2019-00199-01
Demandante: Ana Celia Camargo Salas

UGPP, por medio de las cuales negó el reconocimiento y pago de
una pensión gracia y confirmó la decisión, respectivamente.

Como restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la UGPP
(i) concederle la pensión gracia a partir del 3 de julio de 2016 , fecha
en que adquirió el estatus pensional; (ii) reajustar las sumas
reconocidas de acuerdo con el IPC; y (iii) pagar lo s int ereses
moratorios conforme a l artículo 192 del CPACA.

1.2. Hechos que funda mentan la demanda.

La parte actora relató que nació el 4 de mayo de 1962 , razón por la
cual cumplió los 50 años de edad el 4 de mayo de 2012. Así mismo,
que prestó servicio docente en los departamentos de Boyacá y
Tolima, de la siguiente manera:

Fechas
A ct os de nombramient o Desde Hast a

Resoluc ión 00224 8 de 25 de agost o de 19 80 14 oct ubr e de 1980
1980
( I nt er ina )
Resoluc ión 6730 de 1981 15 de j unio de 1981 22 de agost o de
( Naciona l) 1996

Precisó que, habiendo cumplido todos los requisitos necesarios,
radicó reclamación para el reconocimiento y pago de la pensión
gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la
cual fue resuelta de manera negativa con las Resoluciones RDP
006951 del 23 de febrero y RDP 01 9391 del 11 de mayo, ambas
del 2017.

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Demandante: Ana Celia Camargo Salas

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

La demandante, como concepto de violación, argumentó que la
entidad demandada inaplicó las siguientes disposiciones normativas:
artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53,151, 286, 287, 288, 356, 357 de la
Constitución Política; artículos 3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1 903;
artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; artículo 6 de la Ley 116
de 1928; artículo 3 de la Ley 37 de 1933; artículo 1 de la Ley 24 de
1947; artículo 4 de la Ley 4 de 1966; artículo 5 del Decreto
Reglamentario 1743 de 1966; artículos 1 y 10 de la Ley 43 de 1975;
artículos 1,2,3,5 y 6; del Decreto Ley 2277 de 1979; artículo 54 de
la Ley 24 de 1984; artículos 1, artículo 15, numeral 2, literal a de la
Ley 91 de 1989; artículos 2; 3,6, 14 y 15 de la Ley 60 de 1993;
artículo 14 de la Ley 100 de 1993; y; artículos 42 y 80 del CPACA.

Como concepto de violación argumentó que la entidad demandada
expidió los actos a dministrativos con falsa motivación al determinar
que prestó en su mayoría un servicio nacional y no territorial. Aclaró
que alcanzó el estatu s pensional por haber prestado servicio
docente departamental y municipal; al respecto, relató que si bien
tuvo una vinculación del orden nacional en el año 19 81 ésta cambió
al orden departamental desde el 23 de agosto de 1996, hasta la
fecha, por mandato de la Ley 60 de 1993 , dado que el proceso de
nacionalización se extendió al departamento del Tolima cuando
asumió la educación en atención al acuerdo alcanzado con la
Nación e incorporó la planta de personal por la municipalización de
la educación .

En ese orden de ideas, cumplió con el tiempo de labor docente
requerido para la pensión gracia de acuerdo con la Ley 114 de 1913.

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Demandante: Ana Celia Camargo Salas

1.4. Contestación de la demanda.

La Unidad Admi nistrativa Especial de Gestión P ensional y
Contri buciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 3,
por intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda. Señaló que la docente demandante
acreditó tiempos del orden nacional, los cuales no pueden ser
tenidos en cuenta para acceder a la pensión gracia.

Propuso como excepciones (i) inexist encia del derecho a reclamar
por parte la demandante; (ii) cobro d e lo no debido; (iii) buena fe;
(iv) inexistencia d e vulneración de principios constitu cionales y
legales y; (v) prescripción .

1.5. Trámite en pri mera instancia.

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal
Administrativo del Tolima realizó e l 11 de marzo de 2020 4 la
audiencia inicial, en la cual se fijó el litigio de la siguiente manera:

«[…] El pr esent e proceso se contrae en determinar para el caso
concreto si la dem andante tiene derecho a que la UGPP le
reconozca la Pensión Gracia de Jubilación, al igual que lo s
ajustes de valor a que haya lugar.

La conclusión determinará si se encuentran afectados de
nulidad los actos adm inistrativos contenidos en las
Resoluciones RDP 6951 del 23 de febrero de 2017 y RDP 19391
del 11 de mayo de 2017, que negaron lo pretendido ».

1.6. Decisión de primera instancia objeto de apelación. 5

3 Folios 194 a 199 del expediente.
4 Folios 237 a 239 del expediente.
5 Folios 258 a 266 del expediente.

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Demandante: Ana Celia Camargo Salas

En sentencia de 21 de enero de 2021 el Tribunal Administrativo del
Tolima negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la
señora Ana Celia Camargo Salas no cumplía con los 20 años de
servicio requeridos, únicamente con taba con 1 mes y 20 días
laborales aptos para el reconocimiento de la pensión gracia.

1.7. Recurso de apelación. 6

La señora Ana Celia Camargo allegó escrito en el que solicitó
revocar en su tot alidad el fallo de primera instancia , incluida la
condena en costas. Asimismo, manifestó que existió una indebida
valoración de los certificados laborales obrantes en e l proceso ,
realizó un análisis legal y jurisprudencial respecto de la violación
de la Ley 60 de 1993, para concluir que sí le asiste el derecho a
que sus tiempos de servicio, sean tenidos en cuenta para efectos
de reconocimiento de la pensión gracia.

1.8. Trámite corresp ondiente a la segunda instancia.

La demandante, l a parte demandada, la Procuraduría Delegada
ante el Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto 7. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en

6 Folios 278 a 292 del expediente.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».

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Demandante: Ana Celia Camargo Salas

el artículo 328 del Código General del Proceso 8, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el
apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente
la parte demandante presentó alzada, el análisis se encuentr a
limitado a los argumentos del mencionado recurso.

2.2. Del problema jurí dico.

Considera esta Sala de Subsección que el estudio y posterior
decisión debe centrarse en establecer lo siguiente:

1. ¿Ana Celia Camargo Salas , en su calidad de docente
oficial, t iene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia?

2. ¿Le asistió razón j urídica al a quo al condenar en costas a
la entidad demandada en sede de primera instancia ?

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.3.1. La pensión gracia.

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuela s primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran
a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra

8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años
de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el
docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1
de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspe ctores de instrucción pública.
De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en
diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1º, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la pr esent e Ley, los siguie nt es
t ér m inos t endr án el alcance indic ado a cont inuaci ón de ca da
uno de ellos:
Per sonal naci onal . Son los docen t es vinculados p or
nombrami ent o del G obi erno Naci onal .
Per sonal naci onal i zado. Son los docent es vinculados p or
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al ant es del 1 de ener o de
1976 y los vinculad os a par t ir de est a f echa, de conf or m idad
con lo dispuest o por la Ley 43 de 1975.
Per sonal t erri t ori al . Son los docent es vinculados po r
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al , a par t ir del 1 de ener o
de 1976, sin e l cu m plim ient o de l r equ isit o est ab lecid o en el
ar t í culo 10 de la Ley 43 de 1975. » [ Negr illas f uer a de t ext o] .

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:

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«A rt í cul o 15. A par t ir de la vigencia de la pr esent e Ley el
per sonal docent e na ciona l y nacional iza do y el que se vincule
con post er ior idad a l 1. de ener o de 1990 ser á r egido por la s
sigui ent es dispos ici ones:
[ …]
A. Los docent es vinculados hast a el 31 de di ci embre de 1980
que por m andat o de las Leyes 11 4 de 1 913, 116 de 1928, 3 7
de 1933 y dem ás nor m as que las hu bier an desar r ol lado o
m odif icado, t uviese n o llegar en a t ener der echo a la pensi ón
de gr acia, se les r econocer á siem pr e y cuando cum plan con l a
t ot alidad de los r equisit os . Est a pensión segu i r á
r econociéndos e por la Caj a Naci onal de pr evisión S oci a l
conf or m e al Decr et o 081 de 1 976 y s er á com pat ible co n la
pensión or d inar ia d e j ubilaci ón, aún en e l event o de est ar ést a
a car go t ot al o par cial de la naci ón. [ …]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha
advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente
que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus
condicionant es, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacion alizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón graci a
no quedan i ncl ui dos l os docent es naci onal es sino,
exclusiv am ent e, los naciona liz ados que , com o dice la Ley 91
de 1989, adem ás d e haber est ado vinc ulados hast a e l 31 de
diciem br e de 1980 “ t uviesen o lle gar en a t ener der echo a la
pensión de gr acia ( …) siem pr e y cuando cum plan con la
t ot alidad de r equis it os” . [ …] . » 9

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de

9 Consejode Estado, Sa la Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.

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unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 10 previó las
siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los r ecur sos del si t uado f i scal que ot r or a t r ansf er í a o
cedí a la Nac ión a la s ent idades t er r it or i ales, en vi genci a de la
Car t a de 1886 y hast a cuando per m anecier on en vigor en la
Const it ución de 199 1, no obst ant e su or igen o f uent e nacion al,
una vez se incor poraban a los pr esupuest os locales pasaba n a
ser de pr opiedad ex clusiva d e los r ef er id os ent es en calid ad de
r ent as exógenas .
ii) Los ent es t er r it or iales son los t it ular es dir ect os o
pr opiet ar ios de lo s r ecur sos que les gir a la Nació n,
pr ovenient es del si st ema general de part i ci paci ones , por
asignac ión dir ect a del ar t í culo 356 de la Car t a Polí t ica de
1991.
ii i) La f inanciación de los gast os que gener aban los f ond os
educat i vos regi ona l es no solo dependí a de los r ecur sos q ue
gir aba la Nación a las ent idades t er r it or iales por concept o
del si t uado f i scal , sino que t am bién cor r espondí a a los entes
local es dest inar par t e de su pr esupuest o par a at ender al
sost enim ient o de los r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t í cul os 29
del Decr et o 31 57 d e 1968; y 60, inc is o 2. º , de la Ley 24 de
1988) .
iv) Así com o los f ondos educat i vos regi onal es at endí an los
gast os que gener aban los ser vicios educat ivos de los docent es
naciona les y nac io naliz ados 1 2 , r esult a f act ible cole gir d e
m aner a r azonada que lo pr opi o acont e cí a con algunas de las
er ogaciones sa lar ia l es or iginad as por el ser vicio que pr est ab an
los educador es t er r it or iales, ya que lo s r ecur sos dest inados
par a t al f in pr ovení an t ant o de la Nación —si t uado f i scal—
com o de las ent ida des t er r it or iales, y adem ás, en uno y ot r o
caso, el univer so d e esos r ecur sos le per t enecí a de f orm a
exclusiv a a los ent es loca les dado q ue ingr esaba n a s us
pr esupuest os en cal idad de r ent as exógenas y endógenas .
v) Por t ant o, no es dable inf er ir que los docent es t er r it or ial es
y/ o nacional izados s e convier t en en educador es naciona les ( i)
cuando en el act o de su vinculac ión i nt er viene, adem ás del
r epr esent ant e legal de la ent idad t er r it or ial, el delega do
per m anent e del M inist er io de E duca ción Nac iona l com o
m iem br o de la j unt a admi ni st radora del r espect ivo f ond o
educat i vo regi onal , así , est e últ im o, cert if ique la vacanc ia d el
car go j unt o con la dispon ibi li dad pr esu puest al 1 3 ; y ( ii) por el

10Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).

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ar gum ent o de que los r ecur sos dest inados par a su
sost enim ient o t iene n su or igen o f uent e en la Nación.
vi) Prueba de cal i dad de docent e t e rri t ori al . Se r equier e
copia de los act os a dm inist r at ivos dond e const e el ví ncul o, en
los que adem ás se pueda est ablec er con suf icient e c lar id ad
que la plaza a ocupar sea de aquella s que el legisl ador ha
pr evist o com o t err it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede
acr edit ar con la r espect iva cer t if icac ión de l a aut or ida d
nom inador a que dé cuent a de m aner a inequí voca que el t i po
de vincul ación a l cu al se encuent r a som et ido el docent e of ic ial
es de car áct er t er r itor ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a enti dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elevant e, f r ent e al reconocim ie nt o de la
pensión gr acia, es la acr edit ación de la plaza a ocupar , esto
es, que sea de car áct er t er r it or ial o nacional izada, pues
conf or m e a los lin eam ient os f ij ados por la Sala en est a
pr ovidenc ia, en lo que r espect a a los educador es t er r it or iales,
el pago de sus acr eencias pr ovení a dir e ct am ent e de las r entas
endógenas de la r espect iva local idad, o de las exóge nas —
si t uado f i scal — cuando se suf r agaban los gast os a tr avés de
los f ondos educat i vos regi onal es ; y en lo que t iene que v er
con los educador es naciona liz ados, las er ogaciones que est os
gener aban se enm ar can en los r ecur sos del si t uado f i scal , hoy
si st ema general de part i ci paci ones . »

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2.º, literal a , de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docent es pue den acceder a la p ensión gr ac ia ant es y
después del 29 de diciem br e de 1989, siem pr e y cuando
acr edit en una vinc ulaci ón t er r it or ial o naciona lizad a con
ant elació n al 31 de d iciem br e de 1980 y c um plan con los dem ás
r equisit os le galm ent e est ablecidos par a su r econocim ient o». 11

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos

11Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).

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Demandante: Ana Celia Camargo Salas

pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos
oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de
adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con ante rioridad al
31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2. Del docente interino

En lo que atañe a la vinculación a la docencia en interinidad, se debe
tener presente que para reconocer la pensión gracia únicamente se
exige la acreditación de 20 años de servicios, sin que importe la
modalidad del vínculo, es decir, sin que sea necesari o tener en
cuenta la forma en la que fue provisto el empleo de docente, si lo
fue en carrera o en forma transitoria.

Es así como esta Corporación determinó:

«[...] Respecto de la vinculación del demandante como docente
inter ino, debe r eiter arse que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928
concibieron la pr est ación gracia de jubilación como una dádiva o
recompensa a favor de quienes ejercieran la act ividad docente en el
nivel territ orial, razón por la cual, y conf orme lo disponen las normas
en cita y la juris prudencia de esta Corporación, la única exigencia
válida para efect os de reconocer la prestación pensional en cita es
haber acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial sin
importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta responda
a cualquiera de las previstas en la ley 1 4

En efecto, si bien el ordenam iento jurídico no def ine expresamente
la naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos
docent es, esta Cor poración ha pr ecisado que dicha figur a debe

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Demandante: Ana Celia Camargo Salas

entenderse como el mecani smo mediant e el cual la administración,
ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con
carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida
actividad, en atención a la necesidad y urgencia de gar ant izar la
efectiv a prestación de los servicios educativos.

Lo anterior, en t odo caso, constituye una forma de vi nculación a
la administraci ón, en cumplimiento de l as formalidades previstas
en la ley, esto es, a través de la toma de posesión de un cargo
docente dando l ugar, en consecuencia, a la configuración de una
relación l egal y reglamentaria con carácter aut ónomo 1 5 . (Resalta
la Sala).

[...] »

En conclusión, quienes desempeñen la labor docente en calidad de
educadores territoriales o nacionalizados, aunque hubie ran laborado
en calidad de interinos tienen derecho al reconocimiento y pago de
la pensión gracia, siempre que cumplan con la edad de 50 años y el
tiempo de servicios de 20 años.

2.4 Caso concreto

En atención a las anteriores p recisiones, la Sala p roced erá a
examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verifica r si
a la demandante le asiste el derecho al reconocimie nto de la
pensión gracia, por cumplir con los requisito s legales,
concretamente frente a los tiempos de servicios acredit ados.

2.4.1. Actuación administrativa

El 11 de octubre de 2016 la señora Ana Ce lia Camargo Salas
solicitó el reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la
UGPP. La anterior petición fue negada por medio de la Resolución
RDP 006951 del 23 de febrero de 2017 , al indicar que, la
demandante no cuenta con 20 años de servicio como docente
departamenta l, distrital, municipal o nacionalizada, ya que, pese a
que acreditó una vinculación nacionalizada desde el 25 de agosto
de 1980 al 14 de octubre siguiente, este tiempo no se puede

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computar con los que tuvo del orden nacional.

La demandante interpuso recu rso de apelación contra la anterior
decisión, el cual f ue resuelto de forma negativa por la UGPP a
través de la Resolución RDP 019391 del 11 de mayo de 2017 , al
considerar que la d emandante tuvo una vinculación nacio nal que no
puede tenerse en cuenta para efectos del reconocimiento de la
prestación reclamada.

2.5 Análisis del caso concreto

Resulta necesario precisar que para acceder a la pensión gracia, la
interesada debe cumplir la totalidad de los requisitos, a saber: (i)
tener 50 años de edad o más; (ii) acreditar una vinculación
territorial o nacio nalizada con antelación al 31 de diciembre de
1980; (iii) haber servido en el magisterio como docente oficial por
un término no menor a 20 años con una naturaleza jurídica del
vínculo territorial o nacionalizado; (iv) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta.

Así las cosas, revisado el expediente y con el objeto de resolver el
problema jurídico planteado, la Sala encuentra como probado lo
siguiente:

2.5.1 Edad

La señora Ana Celia Camargo Salas nació el 4 de mayo de 1962 12,
por lo que el 4 de mayo 2012 cumplió 50 años.

2.5.2. Tiempos de servicio

2.5.2.1. Vinculación a partir del 25 de agosto de 1980 al 4 de

12 F o l i o 57 del expediente.

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octubre de 1980. 13

Sobre el particular, se tiene que mediante Resolución 002248 del 9
de octubre de 1980 14, la señora Ana Celia Camargo Salas fue
nombrada por el secretario de Educación de Boyacá como maestra
interina , a saber:

« RESO LUCI Ó N NÚ M ERO 002248 DE 1980
9 O CT. 1980
Por el cual se hacen unos nom br am ient os int er inos en el
per sonal de pr i ( sic)

EL SECR ETA RI O DE EDUC ACI Ó N PÚB LI CA DE BO YAC Á
en uso de sus at r ibuciones leg ales,

RESU ELVE :

ARTÍ CULO ÚNI CO : Hácense los s igui ent e s nom br am ient os
I nt er inos:
[ …]
ANA CE CI A ( sic) CA M ARG O SALAS Com o m aest r a de la R. D.
BO NCI TA DE PAI P A, en
r eem plazo de LUZ
M YRI AM VASQ UEZ DE
VARG AS, a quien se le
concedió l icenci a por
M ATERNI DA D, por 56
dí as, a par t ir del 20 de
agost o del año en cuso.

[ …]
Fir m a Secr et ar io de Educació n de Boyac á
Fir m a Jef e de Per s onal Secr et ar í a de Educación de Boyac á

Fir m a Secr et ar io de Educació n
Fir m a Delegad o del M inist er io de Educa ción Nac iona l ».

El anterior nombramiento fue comunicado a la señora Camargo
Salas, a través de Oficio 359 15, del cual tomó posesión 16 el 25 de
agosto de 1980 , de conformidad con lo siguiente:

«Acta de Presentación de la señorita Ana Celia Camargo
Salas:

13 Ex tr e m o pr oc es a l r e p or t a do e n e l c er t if ic ad o d e h is t or ia la b or al e x pe d i do p or
e l FO M AG o br a nt e a F o li o 5 8 d e l ex p e d ie n te .
14 Fo l io 44 d e l ex p ed i en t e .
15 F o l i o 4 7 d e l e x p e d i e n t e .
16 F o l i o 4 8 d e l e x p e d i e n t e .

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En Paipa, a los veinticinco días del mes de agosto de mil
novecientos ochenta, se presentó personalmente ante este
Despacho de la Alc aldía Especial del lugar . La
anteriormente mencionada que ha sido designada como
maestra interina del “RD Boncita, en reemplazo de la
titular, señora Luz Myriam Vásquez de Vargas, a quien se
le concedió licencia por maternidad por el término de 56
días a p artir del 2 0 de agosto del año en curso. Según
oficio N° 359 procedente del Fondo Educativo Regional de
Boyacá, firmado por Humberto Cardozo Lemus, Director
Distrito Educativo de Duitama. En constancia se firma
como aparece:
Firma Alcaldesa
Firma Presentad a
Firma Secretaria ».

Del anterior nombramiento , el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio , emitió certif icado de historia la boral 17, en
donde además se indicó que la nat uraleza de la vinculación fue
nacionalizada . Al respecto , se tiene lo siguiente:

En primera medida, se advierte que la señora Ana Celia Camargo
Salas fue nombrada como docente interina para cubrir una de
maternidad, por lo que es necesario recordar que los tiempos
laborados en calidad de interinos resultan procedentes para
computar el tiempo de servicios como docente, siempre que se

17 F o l i o s 58 y 59 del expediente.
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acredite la naturaleza jurídica del vínculo territorial o nacionalizado,
en los términos expuestos en el acápite normativo y jurisprudencial
de esta providencia.

En ese orden de ideas, del acto administrativo relacionado , se
destaca que la señora Camargo Salas fue vinculada para cumplir la
labor docente interina en el departamento de Boyacá, nombrada por
el secretario de Educación Pública de Boyacá.

Ahora bien, respecto a la naturaleza de l a vinculación, de la
Resolución 002248 del 9 de octubre de 1980, se desprende que el
secretario de Edu cación Pública de Boyacá es quien funge como
nominador, y señaló que el nombramiento lo en uso de sus
atribuciones legales. Asimismo, se advierte que el referenciado
acto administrativo fue suscrito además del secretario de Educación
y el jefe del Personal Departament al, por el delegado regional ante
el Ministe rio de Educación Nacional.

Sobre el particular, se observa que, si bien en la Reso lución que
efectúo el nombramiento de la demandante, no se invocó ninguna
norma adicional a las facultas legales del Secretario de Educación
Pública de Boyacá, se advierte qu e dicha vinculación la realizó
como representante del FER de Boyacá, de conformidad con el
Decreto 102 de 1976, específicamente su artículo 3.° que
establece:

«Artículo 3° Las Juntas Adm inistradoras de los F.E. R. se
integr arán así:

[…]
c) El Secretar io de Educación de la respect iva ent idad
territorial[…] ».

Situación que es consonante con el artículo 6 de la Ley 43 de 1975
que establece «Los recursos de que trat an los artículos anter iores serán
administrados por los Fondos Educat ivos Regionales, con sujeción a los
planes que establezca el Ministerio de Educación Nacional » y que
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además se comprueba con el acta de presentación citada en
referencia, en la que se indicó que la d esignación de la demandante
como maestra fue relacionada en el Oficio 359 , sin fecha,
procedente del Fondo Educativo Regional de Boyacá.

Ahora, en lo que corresponde a determinar cuándo un docente es de
carácter territorial o nacionalizado, resulta relevante destacar que la
Corte Constitucional, en sentencia C -084 de 1999, al analizar la
constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91
de 1989, precisó que antes de la nacionalización de la educ ación
que se surtió conforme a la Ley 43 de 1975, los docentes se dividían
sólo en dos categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoriales.
Específicamente, expuso:

«3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la
"nacionalización" de la educación prim aria y secundar ia oficial
decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período
de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían
dos cat egorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales,
vinculados laboral mente de manera directa al Ministerio de
Educación Naci onal; y los territoriales, vinculados
laboralment e a los departament os , en nada se oponía a la
Const itución entonces en v igor, que existiera para éstos últ imos la
denom inada "pensión gracia", de que tr ata la Ley 114 de 1913,
posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de
1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus
efectos en el t iempo para quienes act ualmente la disfrut an, o
reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella
antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad del
empleador (nación o departamento), per mitía, conforme a la Carta,
establecer un trato dist into y una excepción al principio general
prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesor o Público,
situación ésta que resulta igualmente acompasada con la
Const itución Polít ica de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º,
numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el pr incipio de la
igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual
prohibe (sic) dispensar trato diferent e y discr iminado "por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar , lengua, religión, opinión
polít ica o filosóf ica" , na da de lo cual ocurre en este caso. […]»
(Negr illa de la Sala)

Así las cosas, resulta necesario para destacar que en el asunto bajo
análisis la docente fue nombrada por el secretario de Educación

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Pública de Boyacá con posterioridad a la nacionalización
adelantada por la Ley 43 de 1975 , con la intervención del delegado
regional ante el Ministerio Nacional, situación que permite concluir
que la vinculación fue de carácter nacionalizada.

En esos términos, esta Sala 18 ha precisado que en casos como este
« El car áct er nacionalizad o de la designa ción t am bién encuen t r a r espaldo
en el ar t í culo 1 d e la Ley 91 de 19 89, en t ant o dispo ne que son
naciona liz ados aquellos «docent es vin culados por nom bram ient o de
ent idad t er r it or ial an t es del 1 de ener o d e 1976 y los vinc ula dos a par t ir
de est a f echa, de co nf or m idad con lo dis puest o por la L ey 43 de 1975 ».
Criterio que igualmente sostuvo la Corte Constitucional en
Sentencia C -085 de 2002, al señalar que los « docent es
naciona liz ados» son «los vinc ula d os ant es del 31 de d ic iem br e de 1980,
por las ent idades t er r it or iales ». No obstante, se precisa q ue dichas
reglas jurispruden ciales deben analizarse en cada caso particular
en conjunto con los demás elementos de juicio para concluir sin
lugar a equívoco e l tipo de vinculación del respectivo docente.

De manera que, teniendo en cuenta que en el asunto bajo análisis
el docente fue nombrad o por el Secret ario de Educación Pública de
Boyacá, con posterioridad al 1 de enero de 1976 con ocasión de la
nacionalizac ión, la referida regla jurisprudencial cobra mayor
importancia porque permite junto con la valoración del acto de
nombramiento, concluir que la naturaleza de la vinculación de la
demandante fue nacionalizad a, lo que guarda coherencia con la
certificación a portada al expediente, aludida previamente.

Así, se concluye que el nombramiento ocurrido con la Resolución
002248 del 9 de octubre de 1980, fue de orden nacionalizada , razón
por la cual el tiempo de servicio de 25 de agosto de 1980 al 4 de
octubre de 198 0, es decir, 1 mes y diez días , resulta v álido para
el computo de pensión gracia.

18 V e r
entre otras, la sentencia de 16 de febrero de 2023. Radicado: 81001 -23-
33-000-2013-00128-01 (1518-2015).

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2.5.2.1. Vinculación a partir del 15 de junio de 1981 hasta el 17
de octubre de 2019 19

A través de Resolu ción 6730 del 3 de junio de 1981 20, el Ministerio
de Educación Nacional nombró a la señora Ana Celia Camargo
Salas como profesora de enseñanza elemental, a saber:

Asimismo, o bra en el expediente copia del acta del 15 de junio de
1981 21, por medio de la cual la señora Ana Celia Camargo Salas

19 De c on for m i da d c o n l a fec h a d e ex p e d ic ió n de l c er t if ic a do d e h is t or ia la b ora l
em i t id o p or e l FO M AG o br an te a F o l io 20 6 y 20 7 d e l ex pe d i en te .
20 F o l i o 2 0 8 d e l e x p e d i e n t e
21 F o l i o s 2 1 9 d e l e x p e d i e n t e .

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tomó posesión del cargo de profesora de enseñanza elemental en
el núcleo de Murillo Tolima .

Por su parte, la Secretaría de Educación del departamento del
Tolima, certificó lo siguiente:
« [ …]
LA DI RECT O RA A DM I NI ST RA TI VA Y FINA NCI ERA DE LA
SECR ET A RI A DE EDUCA CI O N Y CULT URA DEL
DEPA RT A M ENTO
DEL T O LIM A

HA CE CO NST A R:

Q ue, r evisada la inf or m ación que r eposa en est a Ent idad, se
encont r ó que con recur sos del Sit uado Fiscal y del Sist em a
G ener al de Par t ici paciones as ignad o s por la Nació n al
Depar t am ent o del Tolim a, se f inanció el pago de los salar ios y
dem ás pr est acione s s ocia les de la Docent e A NA CEL I A
CA M A RG O DE SA LA S , I dent if icada con la Cédu la de
Ciuda daní a 23. 554. 425 , dur ant e el per i odo com pr endido en t r e
el 15/ 06/ 1981 hast a la f echa.

Dada en I bagué, a los 24 dí as del m es de O ct ubr e del año
2019».

Del anterior nombram iento, el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, emitió certificado de historia laboral, en
donde además se indicó que el régimen de pensiones fue de
carácter nacional . Al respecto, se tiene lo siguiente:

De todo lo expuesto, para la Sala es claro que en el tiempo
transcurrido entre el 15 de junio de 1981 y el 17 de octubre de
2019, la educadora Ana Celia Camargo Salas, prestó sus servicios
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como docente con una vinculación de naturaleza nacional, por
cuanto fue nombrada por el Minist erio de Educación Nacional,
situación que es consonante con el artículo 1 de la Ley 91 de
198922, que además es confirmada por las certificaciones
allegadas al proceso, citadas en precedencia.

Sumado a ello, esta c ircunstancia no es discutida por la parte
demandante, ya que tanto en el escrito de demanda como de
apelación reconoce que fue nombrad a por la Nación.

De manera que, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley
91 de 1989, el personal nacional corresponde a los docentes que
fueron vinculados por nombramiento del Gobierno nacional,
situación que aquí ocurrió.

Por tanto, el tiempo de vinculación de docente no es computable
para acreditar los 20 años de servicio con el fin de acceder a la
pensión gracia, circunstancia que se insiste no es desconocida por
la demandante.

Ahora bien , el apoderado de la actora argumentó que en el año 1996
la docente pasó a ser del orden territorial – departamental , toda vez
que, en aplicación de las Leyes 60 de 1993, se suscribió un
compromiso para que la Nación entregara al departamento los
bienes, el personal y los establecimientos del sector educativo .

Revisado el expediente, se observa la Resolución 2210 del 28 de
mayo de 1996 22, a través de la cual se otorg ó certificación del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artícu lo 14 de la
Ley 60 de 1993, por parte del Depart amento del Tolima, de la cual
en su artículo segundo se sustrae lo siguiente:

«[ …] ARTI CULO 2º . Suscr ibir en consecuencia, ent r e l a
Nación - M in ist er io de Educaci ón Nac iona l y el Dep ar t am ent o del

22 F o l i o s 102 al 104 del expediente.

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Tolim a, el act a de ent r ega de los b ien es, el per sonal y l os
est ablecim i ent os que le per m it an, a dicha ent idad t er r it or ial,
cum plir con las f unci ones y oblig acion es r ecibidas en v ir t ud de
la ce r t if icació n ot or gada [ …] »

Al respecto, conviene precisar, que le asiste razón al apelante en
el sentido de afirmar que el Consejo de Estado ha aseverado en
varias oportunidades que la descentralización en Colombia
involucró el traslado del personal docente a las entidades
territoriales cert ificadas en educación, primeramente a los entes
departamentales como lo determinó la Ley 60 de 1993 y después, a
los municipales en virtud de lo dispu esto en la Ley 715 de 2001 23,
y en ese sentido resulta consisten te sostener que luego de la
expedición de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, la
administración tanto del personal docente como del servicio
educativo, quedó r adicada en cabeza de los entes territoriales
certificados en educación.

A pesar de lo anterior, la administración de las plantas de personal
cedida a las entidades territoriales certificadas en educación, así
como las demás competencias que les fueron tra sladadas, no
implicaron un cambio en la naturaleza de la vinculación primigenia
de los docentes que , de forma alguna, permita equipararlos a
quienes fueron caracterizados como grupo que requirió de esta
especial prestació n con base en la diferencia salaria l.

En ese orden, no es dable tenérseles como docentes del nivel
departamental o municipal para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia a docentes cuyo carácter de la vinculación fue
nacional, máxime cuando en la citada sentencia de unificación de l
21 de junio de 2018, se explicó la forma en que se acredita el tipo

23 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado
66001233300020120012701, del 21 de junio de 2016; radicado 2014 -00136,
del 10 de mayo de 2018 - Exp. 73001233300020140018501.Sala de Consulta
y del Servicio Civil, Concepto del 14 de diciembre de 2016, radicado
110010306000020160010900.
*.

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de vinculación, sin que se haya mencionado de forma alguna que el
traspaso de las plantas docentes a los entes territoria les conlleve
implícita la modificación de su vínculo, de nacional a territorial para
los efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

Al respecto, resulta pertinente indicar que la Ley 60 de 1993 24,
estableció que dentro del proceso de descentralización y previo el
cumplimiento de determinados requisitos, las enti dades territo riales
podrían administrar el servicio de educación con cargo al Situado
Fiscal 25, y para ello, esos recursos eran cedidos a las entidades
territoriales con destinación específica.

En ese orden, se distribuyeron las competencias educativas entre
la Nación y los entes territoriales, de manera que a los
departamentos se les atribuyó la dirección y administración directa
y juntamente con los municipios de los servicios de educación y lo s
docentes dejaron de ser nacionales y nacionaliza dos, para
denominarse del orden nacional , departamental, distrital o
municipal, según el caso.

Así, el artículo 6.º de la mencionada ley dispuso:
«[ …]

El r égim en pr est a ciona l apl icab le a los act uales do c ent es
naciona les o nacio naliz ados que se incor por en a las plant as
depar t am ent ales o dist r it ales sin sol uc ión de cont inu idad y las
nuevas vincu lacio ne s ser á el r econocido por la Ley 91 de 1989, y
las pr est aciones e n ellas r econoc ida s ser án com pat ibles con

24 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución
Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disp osiciones"
25ARTÍCULO 9o. NATURALEZA DEL SITUADO FISCAL.<Ley derogada por el
artículo 113 de la Ley 715 de 2001> El situado fiscal, establecido en el artículo
356, de la Constitución Política, es el porcentaje de los ingresos corrientes de
la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los
servicios públicos de educación y salud de la población y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política. El
Situado fiscal será administrado b ajo responsabilidad de los departamentos y
distritos de conformidad con la Constitución Política.

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pensiones o cua lesq uier a ot r as clases de r em uner aciones.

[ …] ».

A su vez, la Ley 91 de 1989 en su artículo 1.º indicó que el personal
nacional son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno nacional, a diferencia de los nacionalizados y territ o riales,
que son los vinculados por nombramiento de entidad territoria l.

Por su parte, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001, se
reiteró que « los docentes, directivos docentes y administrativos de
los planteles educativos, que fueron nombrados c on el lleno de los
requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad .»

Luego, so pretexto de la descentralización de la educación, no
puede soslayarse dicha regulación y mucho menos dejar de lado
que las caracte rísticas de la vinculación laboral con la
administración se adquieren al momento en que se profiere el acto
de nombramiento y en este se establecen las condiciones jurídicas
del cargo a desempeñar y las repercusi ones a las cuales queda
sometido el servidor 26.

Además de lo anterior, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en la
mentada sentencia de unificación, en la que se precisó que el origen
de los recursos destinados a financiar las prestacio nes de los
docentes, en modo alguno permite alterar la naturaleza del vínculo
laboral del docente.

Bajo esa línea, según las condiciones de la vinculación docente de
la demandante relacionadas en el certificado de historia laboral
emitido por el FOMAG , es claro que el últim o nombramiento del que
fue objeto se efectuó el 15 de junio de 1981 , indicando que

26 A l
respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección
B del 5 de agosto de 2010, radicación 2079 -2009, C.P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146 -2010 C.P. Gerardo
Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación
68001233100020040276201.

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Demandante: Ana Celia Camargo Salas

pertenecía a la nómina nacional, de ahí en adelante se presentaron
situaciones administrativas sin que ello afectara sus salarios,
prestaciones sociales o el régimen de pens iones y cesantías, pues
se mantuvo incólume al no existir ruptura del vínculo laboral 27.

Por tanto, dado que la naturaleza del nombramiento de la aquí
demandante fue del orden nacional, es cla ro que el tiempo de
servicio entre el 1 5 de junio de 198 1 hasta y el 17 de octubre de
2019 es de carácter nacional.

• ¿Le asistió razón jurídica al a quo al condenar en costas a la
entidad demanda da en sede de primera instancia?

La demandante solicitó reconsiderar la sanción por concepto de
costas, al conside rar que actuó de buena fe, no existen pruebas
que permitan demostrar que la solicitud de reconocimiento de la
pensión gracia se hizo de en forma temeraria o sin arreglo a los
procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, razón por
la cual es una interpretación equívoca del a quo condenar en
costas, únicamente por ser vencida en el proceso.

Al respecto, resulta pertinente indicar que esta Sección había
sostenido la tesis de que el concepto de las costas d el proceso
estaba relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro
de una actuación de esa naturaleza y comprendía los denominados
gastos o expensas del proceso , llamados en el CPACA gastos
ordinarios del pro ceso y otros , como son los necesarios para
traslado de testig os y para la práct ica de la p rueba pericial, los
honorarios de auxiliares de la just icia como peritos y secuestres,
transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas,
copias, etc.

27En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado recientemente en
sentencias del 23 de marzo de 2023, radicaci ón 17001 23 33 000 2015 00695
01 (4210–2017) y del 30 de marzo de 2023, radicación 66001 23 33 000 2016
00084 01 (1985–2018).
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Demandante: Ana Celia Camargo Salas

A raíz de la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente
sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la
condena de manera «automática» u «objetiva», frente a aquel que
resultara vencido en el lit igio. Ello, en consideración a que debían
observarse una serie de factores tales como la temeridad, l a mala
fe y la existencia d e pruebas en el proceso sobre los gast os y costas
en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de
análisis mínimo en el que el juez evaluara las circunsta ncias para
imponerla o no.

Sin embargo, con posterioridad , esta Subsección en providencia de l
7 de abril de 201 6, varió aquella posición y acogió el criterio
objetivo-valorativ o al concluir que no se debe evaluar la conducta
de las partes –temeridad o mala fe–, sino los aspectos previstos en
el Código General del Proceso , con el fin de darle plena aplicación
a su artículo 365, que dispone:

«Ar t í culo 365. Con dena en cost as. En los pr ocesos y en las
act uaciones post er i or es a aquellos en que haya c ontr over sia la
condena en cost as se suj et ar á a las siguient es r eglas:

1. Se condenar á en cost as a la par t e vencida en el pr oceso, o
a quien se le r esue l va desf avor ablem en t e el r ecur so de apelació n,
casación, quej a, sú plica, an ulac ión o r evisión que hay a pr o puest o.
Adem ás, en los casos especial es pr evis t os en est e código.

Adem ás, se condenar á en cost as a quien se le r esuelva de m aner a
desf avor able un inci dent e, la f or m ulació n de excepcio nes pr evias,
una solic it ud de nul i dad o de am par o de pobr eza, sin per j uici o de lo
dispuest o en r elac ió n con la t em er idad o m ala f e.
2. La condena se hará en sent encia o aut o que r esuelva la
act uación que di o lu gar a aquella.
3. En la pr ovide ncia d el super ior que con f i r m e en t odas sus
par t es la de pr im era inst ancia se cond enar á al r ecur r ent e en las
cost as de la segund a.
4. Cuando l a sent en cia de segunda inst ancia r evoqu e
t ot alm ent e la del inf er ior , la par t e vencida ser á condenada a pagar
las cost as de am bas inst ancias.
5. En caso de q ue pr o sper e par cialm ent e la dem anda, e l j uez
podr á abst ener se de condenar en cost as o pr onunciar co ndena
par cial, expr esando los f undam ent os de su decisión.

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Demandante: Ana Celia Camargo Salas

6. Cuando f uer en dos ( 2) o m ás lit igant es q ue deban pagar las
cost as, el j uez los condenar á en pr o por ción a su int er é s en el
pr oceso; si nada se dispone a l r espect o, se ent ender án dist r ibuidas
por par t es iguales e nt r e ellos.
7. Si f uer en var ios los lit igant es f avor ecido s con la condena en
cost as, a cada uno de ellos se les r e c onocer án los gast os que
hubier e suf r agado y se har án por separ ado las liq uidac iones.
8. Solo h abr á lug ar a c ost as cuando en e l e xpedient e ap ar ezca
que se causar on y en la m edida de su com pr obación.
9. Las est ipulaci ones de las par t es en mat er ia de cost as s e
t endr án por no escr it as. Sin em bar go, podr án r enunciar se después
de decr et adas y e n los casos de de sist im ient o o t r ans acción. »
( Subr ayas de la Sal a)

Sobre este aspecto , fueron expuestos los siguientes fundamentos
que concretaron la posición:

a) «El leg isl ador int r oduj o un cam bio sust ancial r espect o de la
condena en cost as, al pasar de un cr it er io «subj et ivo» – C CA- a
uno «obj et ivo valor a t ivo» –CPA CA- .
b) Se concluye que es «obj et ivo» por que en t oda sent encia se
«dispondr á» sobr e cost as, es decir , se deci dir á, bien se a par a
condenar t ot al o parcialm ent e, o bien par a abst ener se, según las
pr ecisas r eglas de l CG P.
c) Sin em bar go, se l e calif ica de «va l or at ivo» por que se
r equier e que en el expedient e el j uez r evise si las m ismas se
causar on y en la m edida de su com pr obación. Tal y com o lo or dena
el CG P, est o es, con el pago de gast os or dinar ios del pr oceso y
con la act i vida d del abogado ef ect ivam ent e r ealizada dent r o del
pr oceso. Se r ecalca, en esa valor ación no se incluye la m al a f e o
t em er idad de las par t es.
d) La cuant í a de la condena en agencias en der echo, en m at er ia
labor al, se f ij ar á at endiendo la posic ión de los suj et os pr ocesales,
pues var í a según sea la par t e vencida el em pleador , el t r abaj ador
o el j ubilado, est os últ im os m ás vulnerables y gener alm ent e de
escasos r ecur sos, así com o la com pl ej idad e i nt ensidad de la
par t icipac ión pr ocesal ( Acuer do núm. 1887 de 2 003 Sala
Adm inist r at iva de l C onsej o Super ior de l a Judicat ur a) .
e) Las est ipulaci ones de las par t es en mat er ia de cost as se
t endr án por no escr it as, por lo que e l j uez en su l iqu idac i ón no
est ar á at ado a lo así pact ado por ést as.
f) La liq uidac ión d e l as c ost as ( inclu ida s las agenc ias en
der echo) , la har á el despacho de pr im er a o única inst ancia , t al y
com o lo indica el CG P, pr evia elab or ación del secr et ar io y
apr obación de l r espect ivo f uncionar io j u dicia l.
g) Pr ocede condena en cost as t ant o en pr im er a com o en
segunda inst anc ia. »

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Demandante: Ana Celia Camargo Salas

Con base en lo expuesto, se observa que en el presente caso la
demandante resultó vencida en primera instancia, situación que se
enmarca en el numeral primero de la norma transcrita y, por tanto,
supone la imposición de costas.

Adicionalmente, acudiendo al análisis valorativo expuesto, se
observa que la entidad demandada realizó todas las actuaciones
para su defensa, dio contestación a la demanda , acudió a las
audiencias y prese ntó alegatos de conclusión, hechos que resultan
indicativos de la efectiva actuación realizada dentro del proceso.

En ese orden, es necesario recordar que corresponde al juez la
valoración de la causación de las costas, dado que fue éste quien
observó el procedimiento de las partes desplegado en el trámite de
instancia , además, esta Sala conside ra que la decisión adoptada
por el tribunal re sulta ser razonable . Sumado a ello , según se
explicó, la decisión se encuentra enmarcad a en las causales
relacionadas en el artículo 365 del CGP, en ese sentido , habrá de
confirmarse lo dispuesto en la sentencia recurrida.

2.5. Conclusión

Ana Celia Camargo Salas sólo acreditó 1 mes y 10 días como
docente nacionali zada entre el 25 de agosto de 1980 al 4 de
octubre de 1980 , tiempo insuficiente para acceder a la pensión
gracia, puesto que, posterior a ello, la vinculaci ón ocurrida en el
año de 1981 fue naturaleza nacional como se explicó previamente.

Así, la demandante no cumple con el requisito de tiempo mínimo de
labor docente al servicio territo rial o nacionalizado para ser
beneficiaria de la pensión solicitada .

Por ende, la Sala de Subsección confirmará la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda .

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Demandante: Ana Celia Camargo Salas

2.6. Condena en costas

Resulta necesario precisar que, si bien el apelante resultó vencido,
lo cierto es que en este caso, las costas no se causaron dado que la
UGPP no actuó en esta segunda instancia, además, no puede
desconocerse que el asunto relativo a la incorporación y la exégesis
referida a la Ley 60 de 1993, no ha sido un asunto de interpretación
uniforme en la jurisdicción y, por ende, resultan razonables los
argumentos esbozados en el recurso de apelación, por lo cual no se
condenará en costas en esta instancia.

2.7 Otras disposiciones.

Mediante memorial allegado a SAMAI, visible a índice 18, el abogado
Jhon Jairo Bustos Espinosa, portador de la tarjeta profesional
291.382 del Consejo Superior de la Judicatura, allega Escritura
Pública 733 del 17 de febrero 2023, otorgada en la Notaría Setenta
y Tres (73) del Círculo de Bogotá D.C, a través de la cual la UGPP
le otorga poder para actuar en su representación, razón por la cual
habrá de reconocérsele personería para actuar al acreditarse los
requisitos legales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de enero de 2021 ,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las
súplicas de la demanda interpuesta por la señora Ana Celia Camargo
Salas en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP.

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Demandante: Ana Celia Camargo Salas

SEGUNDO: No condenar en costas de segunda instancia , de
acuerdo con lo expuesto en esta providencia.

TERCERO: Reconocer personería al abogado Jhon Jairo Bustos
Espinosa, portador de la tarjeta profesional 291.382 del Consejo
Superior de la Judicatura, de acuerdo con la sustitución de poder
allegada al proceso.

CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023 ).

GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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