Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00387-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00387-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2021-00387-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00387-01 (3581-2024)
Demandante: María Stella Rojas Villar
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento del
Tolima
Temas: Pensión de jubilación docente - cómputo de tiempo laborado
a través de contratos de prestación de servicio -Aportes
pensionales
Decisión: Confirma parcialmente la decisión que accedió las pretensiones de la
demanda. Revoca condena en costas.
Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada en contra de la sentencia de 18 de abril de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las súplicas de la demanda
instaurada por la señora María Stella Rojas Villar en contra de la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el departamento del Tolima.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda.
2.1.1. Pretensiones.
2. La señora María Stella Rojas Villar, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad del Oficio
TOL2021EE024352 de 19 de julio de 2021, expedido por la Secretaría de
Educación y Cultura de la Gobernación del Tolima - Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
en adelante FOMAG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 73001-23-33-000-2021 -00387-01 (3581-2024)
Demandante: María Stella Rojas Villar
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que a la parte demandada se
le condene a: (i) reconocer, liquidar y pagar la pensión de jubilación conforme a
lo establecido por las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989; (ii) reconocer y pagar,
con indexación, las sumas dejadas de percibir por concepto de pensión de
jubilación desde la consolidación del derecho pensional, tomando como base de
liquidación el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio
anterior a la adquisición del estatus pensional; (iii) incluir la totalidad de los
factores devengados; (iv) reconocer la compatibilidad entre pensión y sueldo que
aplica a los docentes con vinculación anterior a la expedición de la Ley 812 de
2003.
4. Así mismo, que se le ordene dar cumplimiento a la sentencia tal como lo
disponen los artículos 189 y 192 del CPACA; reconocer, liquidar y pagar los
intereses de mora sobre las sumas adeudadas; reconocer sobre las mesadas
adeudadas, los ajustes de valor según el índice de precios al consumidor y
condenarla en costas, según lo ordena el artículo 188 del mismo código.
2.1.2. Hechos.
5. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:
6. En el municipio de Melgar -Tolima laboró como docente a través de contratos
de prestación de servicios, desde el 3 de agosto de 1992 hasta el 7 de diciembre
de 2001, con algunas interrupciones en el período.
7. Luego en el departamento del Tolima también se vinculó en calidad de
docente, a través de contratos de prestación de servicios, en los siguientes
periodos: desde el 1.° de febrero de 2002 hasta el 16 de diciembre de 2003, con
excepción de algunas interrupciones; entre el 30 de diciembre de 2003 y el 15 de
junio de 2006; del 19 de julio de 2006 al 19 de septiembre de 2007 y, desde el 5
de mayo de 2010 hasta la actualidad.
8. El 6 de julio de 2018 cumplió los requisitos para la pensión, porque fue la fecha
en la que alcanzó los 55 años de edad y completó 20 años de servicio, tal como
lo señala el régimen pensional previsto por la Ley 91 de 1989, que remite a las
Leyes 33 y 62 de 1985.
9. Ante el cumplimiento de esos requisitos para el reconocimiento de la pensión
de jubilación, solicitó su concesión ante la parte demandada, quien le negó la
petición a través del acto acusado, por falta de los requisitos del régimen
pensional dispuesto en la Ley 100 de 1993, que se le aplicó bajo la
argumentación de que su vinculación al ramo docente tuvo ocurrencia durante la
vigencia de la Ley 812 de 2003.
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2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
10. Como normas vulneradas citó los artículos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 6.°, 13, 25, 29, 53
y 58 de la Constitución Política; las Leyes 33 y 63 de 1985, 91 de 1989, 100 de
1993; los Decretos 2285 de 1955, 224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978 y 2277 de
1979.
11. En el concepto de violación en síntesis sostuvo, que el acto administrativo
demandado fue emitido con desconocimiento de las normas en que debía
fundarse, porque su vinculación a la docencia tuvo ocurrencia en el año 1992, es
decir, antes de que entrara en vigor la Ley 812 de 2003, lo que se traduce en que
el régimen pensional cuya aplicación le corresponde es el contemplado en la Ley
91 de 19899.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la
demanda.
12. En su defensa indicó que no era procedente reconocer a la demandante la
pensión de jubilación, porque que su vinculación al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se produjo con posterioridad al año 2003,
concretamente el 26 de octubre de 2005.
13. Por manera que, si el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que los
docentes que se vinculan a partir de su entrada en vigor, tienen derechos
pensionales de conformidad con el régimen de prima media de que tratan las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, ello se traduce en que, de acuerdo con su
fecha de vinculación, son estas últimas normas las que corresponde aplicarle.
14. Por lo anterior, si la demandante no cumple con los requisitos establecidos
en las normas precitadas, para el reconocimiento de la pensión de jubilación,
significa que el acto acusado no está viciado, antes bien, se ajusta al principio de
legalidad establecido en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011.
15. Propuso como excepciones de mérito el «litis consorcio necesario por pasiva»
porque «la llamada a responder es la Secretaría de Educación del Departamento
del Magdalena como litisconsorcio necesario por pasiva, en virtud a que el acto
administrativo allegado con la demanda, fue expedido por dicho ente territorial»
y «la genérica».
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2.2.2. Departamento del Tolima.
16. Como se señala en la constancia secretarial1 su contestación a la demanda
fue extemporánea.
2.3. La sentencia apelada2.
17. El Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia de 18 de abril de 2024
declaró la nulidad del oficio acusado que le negó a la demandante la pensión de
jubilación y en consecuencia ordenó a la parte demandada, su reconocimiento y
pago con efectos a partir del 1.° de marzo de 2018, fecha en la que consolidó el
estatus pensional, con una tasa de reemplazo del 75% y un ingreso base de
liquidación calculado con el promedio de las contraprestaciones que devengó en
el año anterior a la adquisición del estatus (2 de marzo de 2017 al 1.° de marzo
de 2018) y que sirvieron de base en la cotización pensional, que son la asignación
básica y la bonificación mensual docente. Además, que los valores utilizados
para determinar el IBL debían ser actualizados a la fecha de la liquidación de la
pensión.
18. Con el fin de garantizar las cotizaciones de la prestación reconocida, ordenó
a la parte demandada realizar las actuaciones interadministrativas necesarias
para cobrar los aportes pensionales correspondientes al tiempo en que la
demandante trabajó como docente en el municipio de Melgar y en el
departamento del Tolima bajo contratos de prestación de servicios, con la
verificación de la realización de los aportes a pensión.
19. Además, ordenó a la demandante presentar los comprobantes que
evidencien sus aportes a pensiones durante el período que laboró como
contratista docente, y en caso de no haberlos efectuado, la demandada deberá
adelantar las acciones de ley para exigir a la demandante, al municipio de Melgar
y al departamento del Tolima los aportes al sistema, de acuerdo con el artículo
8.° de la Ley 91 de 1989, en calidad de trabajador y empleadores
respectivamente, durante el tiempo de servicio, sin que este procedimiento afecte
el reconocimiento de la prestación ni suponga obstáculo para su otorgamiento.
20. Igualmente ordenó a la demandada realizar el pago de la pensión de
jubilación desde la adquisición del estatus pensional, sin estar condicionado a la
demostración del retiro definitivo del servicio, porque los docentes tienen la
facultad de percibir tanto la pensión de jubilación como el salario, si continúan en
servicio luego de la adquisición de ese estatus, según lo estipulado por el artículo
5.° del Decreto 224 de 1972.
1 SAMAI, Expediente digital, archivo 018_ VT - INGRESA AL DESPACHO.
2 Índice 25 del expediente digitalizado de la primera instancia.
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21. Finalmente, condenó en costas a la demandada a favor de la demandante,
debiéndolas liquidar según los artículos 365 y siguientes del Código General del
Proceso, para ello, fijó agencias en derecho a favor de la demandante y a cargo
de la demandada en la suma equivalente 1 salario mínimo legal mensual vigente;
ordenó que las cantidades reconocidas debían ajustarse según lo determina el
artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y que la sentencia se cumpla en aplicación
de los artículos 189, 192 y 195 de esta ley.
22. Luego de examinar el acervo probatorio indicó, que la demandante sí tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación bajo el régimen establecido
en la Ley 33 de 1985, porque acreditó su vinculación al servicio docente a través
de contratos de prestación de servicios con el municipio de Melgar y con el
departamento del Tolima, entre el 3 de agosto de 1992 y el 16 de diciembre de
2003 y desde el 25 de marzo de 2003 al 19 de septiembre de 2007 (con
interrupciones en algunos periodos), es decir que se vinculó antes de que entrara
en vigencia la Ley 812 de 2003.
23. Asimismo comprobó que los requisitos exigidos para su otorgamiento fueron
cumplidos, porque si nació el 1.° de marzo de 1963 significa que el 1.° de marzo
de 2018 cumplió la edad de 55 años, y si trabajó mediante prestación de servicios
por 8 años, 7 meses y 4 días; en provisionalidad durante 4 años, 4 meses y 18
días y, en propiedad por 7 años y 8 días quiere decir que cumplió con el requisito
de 20 años de labor.
24. Determinó que ese tiempo en el que la accionante trabajó como docente con
vinculación mediante órdenes de prestación de servicios (OPS), es computable
para el otorgamiento pensional, porque el Consejo de Estado en su
jurisprudencia ha aceptado que cuando en el proceso ordinario se solicita el
reconocimiento de la pensión de jubilación y existe discusión sobre el cómputo
de los tiempos laborados, se debe tener en cuenta el período laborado bajo esa
modalidad, sin necesidad de reconocer la existencia de una relación laboral con
los entes territoriales para los cuales los docentes prestaron sus servicios.
25. Luego señaló, que los factores computables en el ingreso base de liquidación
son los devengados por la demandante y sobre los cuales cotizó para pensión
según lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, habiendo demostrado que devengó
asignación básica y bonificación mensual docente en el año anterior al estatus
pensional, la que de acuerdo con el artículo 1.° del Decreto 1566 de 2014,
constituye un factor salarial para todos los efectos legales, por lo que, al ser base
de cotización pensional, también lo es para efectos de la liquidación de la
prestación.
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2.4. Recurso de apelación
2.4.1. La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio3
26. A través de apoderada presentó escrito de disenso en el que solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia.
27. Al efecto inicialmente señaló que, para el reconocimiento pensional o
prestacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, debe
sujetarse a los parámetros fijados por la Ley 91 de 1989, que lo creó, también al
Decreto 2341 de 2003, que en cuanto al ingreso base de cotización de los
docentes, remite a los Decretos 1158 de 1994 y 3752 de 2003 que reglamentan
el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
28. Luego manifestó, que como lo disponen las Leyes 6 de 1945, 33 de 1985, 71
de 1988 y 91 de 1989 así como los Decretos 1160 de 1989 y 3752 de 2003, para
reconocer a los docentes la pensión de jubilación, deben cumplir los requisitos
de edad y tiempo de servicios para adquirir el estatus de pensionados y en
consecuencia el derecho a devengar la mesada pensional se debe otorgar con
un monto equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados
en el último año de servicios anterior a la fecha de estatus y cuentan además con
el derecho a que su pensión se reliquide en ese porcentaje al momento del retiro
definitivo del servicio.
29. Insistió en que de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, a
quienes se vincularon al servicio educativo antes de su vigencia, se les aplican
las disposiciones anteriores y los vinculados a partir de la vigencia de esta ley,
se encuentran amparados por el régimen pensional de prima media contemplado
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, mandato que fue ratificado por el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.
30. Indicó que el Decreto 1278 de 2002, en su artículo 13, establece los
nombramientos provisionales en empleos docentes y seguidamente manifestó
que según el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978 se entiende que hubo solución
de continuidad cuando medien más de 15 días hábiles de interrupción en el
servicio, y en los tiempos laborados que refiere la demandante se evidencia que
tuvo varios periodos sin vinculación que superaron esos 15 días, situación que
cambia el régimen jurídico que le es aplicable, pues la nueva vinculación
determina una nueva relación laboral.
3 Expediente digital visible en el índice 2.
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31. Finalmente manifestó su desacuerdo con la condena en costas, las cuales se
integran en parte por las agencias en derecho, porque según el artículo 365 del
Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 188 del Código
de la Ley 1437 del 2011, solo habrá lugar a su imposición cuando en el
expediente se pruebe de manera objetiva su causación, lo que en este asunto no
sucedió, porque no se tuvo en cuenta la buena fe de la entidad respecto a sus
actuaciones procesales.
2.5. Alegatos de segunda instancia
2.5.1. Ni la demandante ni la parte demandada se pronunciaron en esta
oportunidad.
2.5.2. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.
32. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
33. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1504 de la Ley 1437 de 2011.
34. De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante.
3.2. Problema jurídico
35. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar si ¿la señora María
Stella Rojas Villar tiene derecho a que su labor como docente desplegada a
través de órdenes de prestación de servicios, le sea computada para que la
pensión de jubilación se le reconozca a la luz de la Ley 33 de 1985?
36. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala: (i) se referirá al régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de Unificación de 25 de abril de
2019, (ii) se analizará la vinculación docente a través de contratos de prestación
4 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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de servicios y el tiempo computable para el reconocimiento pensional, (iii) y se
estudiará el acervo probatorio para determinar si le asiste el derecho que
reclama.
3.3. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de
Unificación del 25 de abril de 2019.
37. Mediante sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la Sección Segunda
del Estado5 determinó su criterio en torno a la forma de liquidar la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad
en la que estableció las siguientes reglas jurisprudenciales:
«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus liquidaciones
pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos aportes de acuerdo
con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se puede incluir ningún
factor diferente a los señalados en el citado artículo.
b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se
les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción
de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Para la liquidación pensional
los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos
en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.»
38. A las anteriores conclusiones arribó la Sección Segunda del Consejo de
Estado previos los siguientes razonamientos:
«[…]
51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y
sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de
la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el
mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de
la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de
1985 son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o
aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores,
distinto al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo
8º, que contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los
numerales 1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y
5Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.
Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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el 8% equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores salariales que forman
parte del rubro de pago por servicios personales de los docentes”, respectivamente.
[…]
62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se
deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
fijando la siguiente regla:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por
lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se
incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta
disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el
ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los
factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley
62 de 1985.
65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación
de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores.
Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente
los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º
de la Ley 33 de 1985.
66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema
General de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
que establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de
Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de
las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años
para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor
según certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco les aplica la
regla sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993 que fija en 10 años el periodo que se debe tomar para la liquidación de la
mesada pensional.
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67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985,
se rige por las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular
los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos
de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día
de descanso obligatorio.» Destacado fuera del texto original.
39. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio
del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, que
dependerá de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite
cada docente, para tal efecto distinguió lo siguiente:
a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1.° de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33
de 1985, se rige por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios
y 75% de los factores previstos en la Ley 62 de 1985.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto
1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
40. Como se advierte, por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas que
fija tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos
pendientes de solución, tanto en vía administrativa como en vía judicial a través
de acciones ordinarias; salvo los asuntos en los que ha operado la cosa juzgada
que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. Así,
bajo la referida posición jurisprudencial se analizará el asunto de la referencia.
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3.4. Vinculación docente a través de contratos de prestación de servicios.
Tiempo computable para el reconocimiento pensional.
41. Es de indicar que esta Subsección en múltiples pronunciamientos ha tenido
en cuenta el tiempo laborado por el docente mediante contratos de prestación de
servicios para el reconocimiento de prestaciones de carácter periódico, como es
el caso de la pensión gracia, bajo las siguientes consideraciones:
«En el presente caso, el actor arguye en su recurso de apelación que cumple con
los requisitos para acceder al beneficio de la pensión gracia, pues tal «[…] como
consta en la certificación laboral expedida por la autoridad competente que d[a] fe
[de] los servicios prestados por los docentes bajo la modalidad de contratos u OPS
se prueba la relación laboral y la continuidad en la misma, que se prolonga hasta
la actualidad, ahora nombrad[o] legalmente; sin que deban exigirse o tramitarse
otros tipo[s] de pruebas para el efecto, por lo cual tampoco es esencial que para
acudir a la vía judicial, que el [… interesado] haya pedido en vía gubernativa a la
entidad demandada la declaratoria de la relación laboral en este tipo de contrato».
En cuanto a la referida inconformidad, hay que decir que le asiste razón en la
medida en que resulta irrelevante que algunos de los períodos relacionados en la
certificación del 23 de julio de 2010 (f. 26), el accionante los haya laborado a través
de órdenes de prestación de servicios y no en propiedad, ya que el ordenamiento
que regula la prestación reclamada no establece esa condición negativa para el
cómputo de los años de servicios, pues resulta suficiente que el interesado
demuestre haber servido al Magisterio como docente departamental, municipal o
distrital en diversas épocas, para que los tiempos laborados puedan ser tenidos en
cuenta en el monto del mínimo requerido (20 años).
Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a
la planta docente de las entidades territoriales en propiedad, ya que las funciones
que cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo educativo y, en
consecuencia, [el vinculado mediante contrato de prestación de servicios también]
está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por
supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía
de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes
restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales […], a
percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los
trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al
tiempo laborado»6.
De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando
se trata de maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[…] primacía
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales, es un principio constitucional […]»7, y si el intérprete judicial, «[…] en un
caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-
contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base
en el artículo 53 de la CP […]»8.
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una
6 Sentencia C-517 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
7 Sentencia C-555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
8 Ibidem.
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verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un
específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia.
Por tanto, la Sala valida el tiempo laborado por el accionante como docente
mediante contratos de prestación de servicios, para que sea contabilizado con el
ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo estudio de su caso
particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia.”9
42. Igualmente la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia de
unificación jurisprudencial de 25 de agosto de 201610 estableció que la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no
desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al
elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten
permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes
autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus
funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii)
desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el
calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que
trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad
sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una
protección especial por parte del Estado.
43. Adicionalmente, la aludida sentencia de unificación de la Sección Segunda
de esta Corporación11, precisó que frente a los aportes para pensión no opera
el fenómeno de prescripción, en atención a la condición periódica del
derecho pensional que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan
día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las
prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos
económicos temporales. Así las cosas, precisó lo siguiente:
«[…] En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales
adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad,
por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están
exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del
medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del
CPACA)30, y por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier
momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los
respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello
puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejero
ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá, d. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
10 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Dr. Carmelo
Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015).
11 Proceso radicado 23001233300020130026001 (00882015).
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acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado
mediante una relación de trabajo.
Consecuentemente, tampoco es exigible el agotamiento de la conciliación
extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, dado· que al estar involucrados en este
tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables
(cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez
comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables (condición que
prevé el numeral 1 del artículo 161 del CPACA para requerir tal tramite31), en
armonía con el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial».
44. Vale la pena recordar que esta Subsección en sentencia de 6 de febrero de
202012, explicó que el pronunciamiento que se efectúe en el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a
través de contratos de prestación de servicios puede darse en dos escenarios
con connotaciones diferentes:
(i) El primero, referido al caso en que se persiga la declaración de
existencia del contrato realidad con todas sus connotaciones laborales
y prestacionales, evento en el que debe darse previamente el
agotamiento de la vía administrativa y convocar como demandada a la
entidad con la cual se suscribieron los contratos, a efectos de
garantizar el derecho al debido proceso de la entidad responsable y así
mismo el total cumplimiento de la sentencia.
(ii) El segundo escenario se presenta en los casos en que únicamente se
persigue el cómputo de los periodos laborados a través de contratos
de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de
jubilación, evento en el que es posible que el proceso ordinario se
adelante únicamente con la comparecencia de la entidad de previsión.
Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se reglamenta el
Decreto 3135»13 permite la acumulación de tiempos de servicio con la
12 Proferida dentro del proceso radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Accionante: Carlos
Isidro Díaz Lizarazo, con ponencia del consejero Gabriel Valbuena Hernández.
13 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión.
1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad
de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por
la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para tal fin, o
por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de tiempo
de servicios y edad señalados para el goce de la pensión.
2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del
servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará directamente por la última entidad o empresa oficial
empleadora.
3. En los casos de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto,
la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene
derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad
proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.
En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948 y,
si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto
la entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal,
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posibilidad de exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al
indicar que la pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y
pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual
estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por
la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios la
entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y
empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional
que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas.
45. Es de anotar que en la citada decisión de 6 de febrero de 202014 se
reconocieron tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios
para efectos del reconocimiento de una pensión de jubilación docente y se estimó
lo siguiente:
«[…]
Para este caso, se encuentra probado que el demandante cuenta con más de 64
años15, por lo que no se compadece con los postulados constitucionales que
imponen la protección de las personas de la tercera edad por parte del Estado,
exigirle la presentación de un nuevo proceso ordinario para demandar el
reconocimiento pensional. Como se dijo, tales usuarios de la justicia deben ser
objeto de mayores garantías para permitirles el goce y disfrute de sus derechos
fundamentales, atendiendo el tiempo extenso que podría transcurrir la resolución
de un nuevo conflicto ante la jurisdicción a través del trámite de un proceso
ordinario promovido únicamente para acreditar un mes y medio de labor, cuando,
como se dijo, en los certificados laborales se indicó que seguía laborando en el
departamento de Norte de Santander como docente y por cuanto la entidad no
refirió su desvinculación en la contestación.
Por esta razón, advierte la Sala que en este caso debe dar aplicación las reglas
establecidas en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, en tanto
constituye precedente vinculante de obligatoria aplicación «para los casos que
guardan identidad fáctica y que se encuentran pendientes de solución tanto en
vía administrativa como judicial, siempre que no se haya configurado el fenómeno
de la cosa juzgada16, como sucede en el sub judice, dado que la providencia
apelada no ha quedado ejecutoriada»17.
se entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de
la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el
proyecto de reconocimiento de la pensión.» (Negrilla de la Sala).
14 Proferida dentro del proceso radicado 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-2015), Accionante:
Carlos Isidro Díaz Lizarazo, con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
15 Como se aprecia de copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 31, que indica que el accionante
nació el 17 de mayo de 1955.
16 Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de abril de 2019, Expediente:
680012333000201500569-01 (0935-2017), Demandante: Abadía Reynel Toloza, acápite «Efectos de la
decisión».
17 Sentencia de esta misma Subsección, de 6 de junio de 2019, con ponencia del Dr. Rafael Suárez Vargas,
radicación número: 05001-23-33-000-2014-02096-01(5149-16. Actor: MARÍA OFELIA ÚSUGA PÉREZ.
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De acuerdo con lo anterior, se tiene que el demandante tiene derecho a su
reconocimiento pensional a luz de lo señalado por la Ley 33 de 1985, y las reglas
de unificación dictadas por la Sección Segunda de esta Corporación en la
sentencia citada ut supra, […]».
46. Igualmente esta Corporación ha atendido tiempos laborados a través de
contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión gracia
dentro de un mismo proceso judicial, tal como lo ha señalado la Subsección B 18,
Sección Segunda, al señalar:
«[…] conforme a los precedentes que sobre la materia ha debatido
recientemente esta corporación, se han validado esos períodos para que
sean computados con el ejercido en propiedad, en virtud del principio de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, dado que esa situación
particular desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la
apariencia que haya querido ocultarla, y porque los maestros vinculados
bajo esa modalidad de contratación cumplen similares funciones a los de
planta que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y,
además, porque deben acreditar iguales condiciones de formación y
experiencia19.»
47. Esta Subsección en sentencia de 23 de mayo de 2024, dentro del proceso
radicado 25000-23-42-000-2019-01673-0120 (1950-2023) estimó que los tiempos
de servicios previos al año 2003, eran aptos para lograr el reconocimiento
pensional docente según las previsiones de transición del artículo 81 de la Ley
812 de 2003, que permiten aplicar la regulación anterior contenida en los artículos
2.º, parágrafo y 15 numeral 2.º de la Ley 91 de 1989, que remite para efectos
pensionales al régimen de los empleados públicos del orden nacional,
consagrado esencialmente en la Ley 33 de 1985. Vale la pena traer a colación
algunos de los fundamentos de dicha decisión:
«[…]
Según el marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo primero que debe
recordarse es que las vinculaciones de un docente en interinidad, incluso bajo la
modalidad contractual de OPS, no impide considerar tales tiempos para
establecer el régimen pensional aplicable.
En realidad, en estas contrataciones el ejercicio material de la labor educativa
bajo una relación laboral encubierta, que, aunque no se declarará como tal en
este proceso por no ser parte del litigio, permite advertirla, considerarla y afirmarla
judicialmente para efectos prestacionales como los de la pensión ordinaria de
jubilación.
18 Subsección B, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, Bogotá, D. C., Bogotá, D. C., veintitrés (23)
de febrero de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 15001-23-31-000-2012-00276-01(2922-15).
19 En el mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo,
sección segunda, subsección B, sentencias (i) del 1º de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014); (ii) del 1º de diciembre de 2016, radicación 15001-23-31-000-2010-01554-01
(3333-2015); y (iii) del 23 de febrero de 2017, radicación 7000123-33-000-2013-00205-01 (3183-2014). M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
20 Con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Lo expuesto se asegura en la medida en que la sola naturaleza de las funciones
ejercidas por la accionante durante el tiempo que celebró contratos de prestación
de servicios con el distrito capital de Bogotá, dan cuenta de que en atención al
principio de la realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53
Constitucional, y sin necesidad de concederle judicialmente la calidad de
empleada pública, aquella sí puede ser asimilada a una docente con un vínculo
oficial formal a lo largo de los lapsos enlistados.
Esto como consecuencia de la esencia propia de dicha ocupación,18 más aún
tratándose de una educadora en interinidad quien, como se planteó en el marco
normativo, finalmente cumple las mismas funciones de un profesor titular con
derechos de carrera, pues su vínculo, a pesar de ser temporal, lo que busca es
suplir la necesidad o urgencia de ocupar la vacante de un servidor público del
magisterio.»
48. De acuerdo con todo lo anterior, esta Subsección considera procedente
contabilizar el tiempo durante el cual los docentes oficiales prestaron sus
servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios,
para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y en atención a la
clara línea jurisprudencial de esta Subsección sobre la materia y de la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 201621 según la cual, la vinculación de docentes
bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de
su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente en el
servicio público de educación.
3.5. Caso concreto.
49. Como se estableció, el Tribunal Administrativo del Tolima accedió a las
pretensiones de la demanda, porque consideró que los periodos en los que la
demandante laboró bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios son
computables para el reconocimiento de la pensión de jubilación bajo el régimen
establecido en la Ley 33 de 1985, porque acreditó su vinculación a la labor
docente desde el 3 de agosto de 1992, es decir antes de que entrara en vigor la
Ley 812 de 2003.
50. Por su lado, la apelante insiste en que los vinculados a partir de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, se encuentran amparados por el régimen pensional
contemplado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
51. Agrega que, en este asunto, de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 1045
de 1978 hubo solución de continuidad, porque se aprecia que en los tiempos en
los que laboró la demandante, existieron varios periodos sin vinculación que
superaron los 15 días, lo que implica que cada que inició una nueva relación
laboral debió aplicarse la norma vigente para la fecha de esa nueva vinculación.
21 Ver sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Dr. Carmelo
Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro del proceso radicado 23001233300020130026001
(00882015).
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52. Manifestó su desacuerdo con la condena en costas, que en parte se integran
por las agencias en derecho, porque solo hay lugar a su imposición cuando en el
expediente se compruebe de manera objetiva su causación, lo que no ocurrió en
esta oportunidad, pues no se tuvo en cuenta la buena fe de la entidad respecto a
sus actuaciones procesales.
3.5.1. Hechos demostrados
53. La edad de la demandante: de acuerdo con copia de la cédula de ciudadanía
allegada con la demanda, la señora María Stella Rojas Villar nació el 1.° de marzo
de 196322.
54. Los servicios prestados: obran en el proceso las certificaciones del 14 de
septiembre de 2009 y del 11 de marzo de 2019, ambas expedidas por el alcalde
de Melgar – Tolima, en las que consta que María Stella Rojas Villar trabajó en
instituciones educativas de ese municipio durante los siguientes periodos23:
Tipo de Desde Hasta Institución Educativa
vinculación
OPS 0089 03/08/92 03/11/92 Escuela Galán
OPS sin número 01/02/93 28/02/93 Escuela Urbana Alberto Santofimio
Borrero
OPS sin número 01/03/93 31/03/93 Escuela Urbana Alberto Santofimio
Borrero
OPS sin número 01/04/93 30/04/93 Escuela Urbana Alberto Santofimio
Borrero
OPS sin número 01/05/93 31/05/93 Escuela Urbana Alberto Santofimio
Borrero
OPS sin número 01/06/93 30/06/93 Escuela Urbana Mixta Antonia María
Lozano
OPS 065 01/08/93 31/08/93 Escuela Urbana Alberto Santofimio
Borrero
OPS 065 01/11/93 30/11/93 Escuela Urbana Alberto Santofimio
Borrero
OPS sin número 01/02/94 30/04/94 Escuela Urbana Antonio María Lozano
OPS 004 01/05/94 30/06/94 Escuela Urbana Antonio María Lozano
OPS sin número 18/07/94 18/11/94 Escuela Urbana Antonio María Lozano
OPS 046 01/02/95 30/11/95 Escuela Urbana Antonio María Lozano
OPS 01/02/96 30/11/96 Escuela Urbana Antonio María Lozano
OPS 055 01/02/96 30/03/96 Escuela Urbana Antonio María Lozano
OPS 334 01/06/96 30/06/96 Escuela Urbana Antonio María Lozano
OPS 061 01/01/97 31/12/97 Escuela Urbana Antonio María Lozano
OPS 011 01/02/98 31/12/98 Escuela Urbana Antonio María Lozano
OPS sin número 01/03/99 15/04/99 Escuela Urbana Antonio María Lozano
22 Índice 04 del expediente digitalizado de la primera instancia.
23 Índice 04 del expediente digitalizado de la primera instancia.
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Demandante: María Stella Rojas Villar
OPS sin número 15/04/99 18/06/99 Escuela Urbana Antonio María Lozano
OPS 107 15/07/99 30/09/99 Escuela Urbana Antonio María Lozano
OPS 0212 04/10/99 03/12/99 Escuela Urbana Antonio María Lozano
OPS 0156 17/07/00 30/11/00 Colegio San Francisco de Asís
OPS 0068 07/02/00 16/06/00 Escuela Urbana Antonio María Lozano
OPS 0076 05/02/01 04/07/01 Escuela Urbana Antonio María Lozano
OPS 0374 08/08/01 07/12/01 Escuela Urbana Antonio María Lozano
OPS 0075 01/02/02 17/06/02 Escuela Urbana Antonio María Lozano
OPS 0075 15/07/02 23/07/02 Escuela Urbana Antonio María Lozano
OPS 0378 24/07/02 30/11/02 Escuela Urbana Antonio María Lozano
55. También se aprecian constancias de la Secretaría de Educación del Tolima
emitidas el 25 de julio de 2018 en las que se indica que María Stella Rojas Villar
prestó servicios como docente en el departamento, concretamente en las
Instituciones Educativas Sumapaz y Gabriela Mistral, siendo vinculada a través
de contratos de prestación de servicios desde el 1.° de febrero al 30 de junio de
2002 y del 26 de septiembre al 16 de diciembre de 200324.
56. Conforme a los certificados de tiempo de servicios de la Secretaría de
Educación del Tolima, María Stella Rojas Villar prestó servicios como docente,
durante los siguientes periodos25:
Acto de Tipo de Desde Hasta Institución
vinculación vinculación Educativa
251 Provisional 25/03/03 12/09/03 Colegio Gabriela Mistral
1429 Provisional 29/09/03 12/12/03 Colegio Gabriela Mistral
1019 Provisional 30/12/03 15/06/06 La Florida
398 Provisional 19/07/06 19/09/07 La Florida y Escuela
Rural Las Perlas
00927 Propiedad 05/05/10 - San Martín y Santa
Clara
57. Los certificados de salarios de María Stella Rojas Villar emitidos por la
Secretaría de Educación y Cultura de la Gobernación del Tolima, dan cuenta que
entre 2010 y 2013 recibió: asignación básica, subsidio de alimentación y primas
de vacaciones y navidad; a partir de 2014, devengó, además, la prima de
servicios; desde 2016 dejó de percibir subsidio de alimentación y comenzó a
recibir la bonificación mensual docente; desde 2020, además de la asignación
básica y de las primas de vacaciones, navidad y servicios, también percibió la
bonificación pedagógica26.
24 Índice 04 del expediente digitalizado de la primera instancia.
25 Índice 04 del expediente digitalizado de la primera instancia.
26 Índice 04 del expediente digitalizado de la primera instancia.
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58. Solicitud de reconocimiento pensional: la demandante pidió el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a través de escrito con
radicado SAC TOL 2021ER020922 y la Secretaría de Educación y Cultura de la
Gobernación del Tolima a través del Oficio TOL2021EE024352 de 19 de julio de
2021, objeto de demanda, denegó su solicitud con base en que de acuerdo con
el certificado de historia laboral, figuraba como fecha de vinculación el 19 de julio
de 2006, posterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003, que ordena liquidar a los
docentes oficiales con el régimen de prima media, de manera que debía cumplir
con los requisitos de la Ley 100 de 1993 27.
3.5.2. Análisis sustancial
59. De acuerdo con los argumentos expuestos en el marco normativo y
jurisprudencial de esta providencia, la Sala de Subsección precisa en primer lugar
que, como lo señala el a quo, los tiempos laborados por la demandante mediante
órdenes de prestación de servicios son computables a efectos de cumplir con
el tiempo de servicios para acceder a la pensión de jubilación.
60. Teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad con el acervo probatorio
allegado al expediente, la Sala advierte que se encuentra demostrado que la
señora María Stella Rojas Villar nació el 1.° de marzo de 1963, lo que quiere decir
que cumplió 55 años de edad el 1.° de marzo de 2018.
61. De igual forma, está acreditado que se encuentra vinculada al servicio
docente desde el 3 de agosto de 1992, esto es, con anterioridad y durante la
vigencia de la Ley 812 de 2003, como se advierte del análisis de tiempos
laborados realizado en el acápite anterior, por lo que, en consecuencia, goza del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 91 de 1989 en concordancia con la Ley 33 de
1985.
62. Lo anterior, teniendo en cuenta que la circunstancia de laborar bajo órdenes
de prestación del servicio, de ninguna manera altera el hecho de que su
vinculación al servicio docente ocurrió el 3 de agosto de 1992, como quedó
debidamente probado.
63. En tal sentido, le asiste razón al Tribunal Administrativo del Tolima al afirmar
que a la situación pensional de la demandante le resulta aplicable la Ley 33 de
1985, pues como se dejó expuesto, los docentes vinculados con anterioridad a
la vigencia de la Ley 812 de 2003, como está comprobado en este asunto, se
encuentran exceptuados de la aplicación del régimen general de pensiones allí
previsto.
27 Índice 04 del expediente digitalizado de la primera instancia.
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64. En ese orden, el recurso de apelación no está llamado a prosperar, porque
es claro que la normatividad que regula la situación pensional de la accionante,
es la Ley 33 de 1985 en concordancia con el literal b) del numeral 2.° del artículo
15 de la Ley 91 de 1989 y con la línea jurisprudencial descrita en párrafos que
anteceden, según la cual las reglas aplicables a la demandante son: edad: 55
años, tiempo de servicios: 20 años, y la tasa de remplazo del: 75%.
65. Estos requisitos de edad y tiempo de servicios fueron acreditados por la
señora María Stella Rojas Villar, toda vez que adquirió el estatus pensional el
1.° de marzo de 2018, fecha en la que cumplió 55 años de edad y demostró más
de 20 años de servicios, teniendo en cuenta los tiempos laborados bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios.
66. En cuanto al ingreso base de liquidación que comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 198528, se tiene que la demandante
se encuentra activa y que devengó bonificación mensual docente el año
anterior al estatus pensional, que de acuerdo con el artículo 1.° del Decreto 1566
de 2014 y los Decretos 123 de 2016, 983 de 201729, constituye un factor salarial
para todos los efectos legales30 y los aportes obligatorios sobre los pagos que se
28 Estos factores son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
29
Decreto 1566 de 2014 –«ARTÍCULO 1. Créase para los servidores públicos docentes y directivos
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, regidos por el Decreto Ley
2277 de 1979, el Decreto Ley 1278 de 2002 o el Decreto 804 de 1995, y pagados con cargo al Sistema
General de Participaciones, una bonificación, que se reconocerá mensualmente a partir del primero (01) de
junio de 2014 y hasta el treinta y uno (31) diciembre de 2015, mientras el servidor público permanezca en el
servicio. La bonificación que se crea mediante el presente Decreto constituirá factor salarial para todos los
efectos legales y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto se realizarán
de conformidad con las disposiciones legales vigentes […]».
Decreto 123 de 2016. «ARTICULO 1. Créase para los servidores públicos docentes y directivos docentes al
servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979,
el Decreto Ley 1278 de 2002 o la Sección 4, Capítulo 5, Título 3, Parte 3 del Decreto 1075 de 2015 Único
Reglamentario del Sector Educación, y pagados con cargo al Sistema General de Participaciones, una
bonificación, que se reconocerá mensualmente a partir del primero (01) de enero de 2016 y hasta el treinta
y uno (31) diciembre de 2016, mientras el servidor público permanezca en el servicio. La bonificación que
se crea mediante el presente Decreto constituirá factor salarial para todos los efectos legales y los aportes
obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto, se realizarán de conformidad con las
disposiciones legales vigentes».
«Decreto. 983 de 2017. ARTÍCULO 1°. Créase para los servidores públicos docentes y directivos docentes
al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979,
el Decreto Ley 1278 de 2002 o la Sección 4, Capítulo 5, Título 3, Parte 3 del Decreto 1075 de 2015 Único
Reglamentario del Sector Educación, y pagados con cargo al Sistema General de Participaciones, una
bonificación, que se reconocerá mensualmente a partir del primero (01) de enero de 2017 y hasta el treinta
y uno (31) diciembre de 2017, mientras el servidor público permanezca en el servicio. La bonificación que
se crea mediante el presente Decreto constituirá factor salarial para todos los efectos legales y los aportes
obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto, se realizarán de conformidad con las
disposiciones legales vigentes».
30 Es pertinente señalar que la Sección Quinta del Consejo de Estado en Sentencia de 21 de octubre de
2019, dictada dentro del proceso de acción de tutela radicado 11001031500020190419200, con ponencia
de la consejera Rocío Araujo Oñate al resolver una acción de tutela, ordenó la inclusión de este factor
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efectúen por ese concepto se habrán de realizar conforme a las disposiciones
vigentes.
67. Finalmente es de señalar que no se analizará el argumento de la apelante en
el sentido de que hubo solución de continuidad respecto de los tiempos laborados
por la demandante, al mediar más de 15 días hábiles de interrupción en el
servicio, porque de un lado, el problema jurídico a lo largo del debate judicial
siempre se ha centrado en determinar si la docente tiene derecho a que su
pensión de jubilación le sea reconocida en aplicación de la Ley 33 de 1985 sin
que la controversia se refiera a determinar los lapsos de duración de las
vinculaciones laborales y otro lado, se constituye en un nuevo tema traído a
colación en el recurso de alzada, que no fue comprendido en la fijación del litigio
y con lo que se sorprende a la demandante y demás intervinientes en el proceso.
68. Ahora bien, para garantizar el efectivo cumplimiento de la condena impuesta,
debe precisarse que en caso de que la accionante haya formulado demanda para
obtener la declaratoria de existencia de relación laboral subyacente contra los
entes territoriales donde desarrolló la labor docente, la Nación – Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
verificará si se generaron diferencias frente a los aportes, cuyo pago se ordena
en virtud de esta sentencia y lo dispuesto por las respectivas autoridades
judiciales. En caso de que ello sea así, deberá realizar todas las actuaciones
interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro a los
entes empleadores únicamente en los montos faltantes o en las diferencias en
los aportes a pensión dejados de efectuar en beneficio de la docente (si existieren
luego de que el reclamante manifieste si efectuó o no cotizaciones como
contratista), y en todo caso, solo en el porcentaje que le habría correspondido a
la referida autoridad como empleadora de aquella, esto por los períodos de
ejecución de los contratos. De igual manera procederá frente a los aportes a
salarial a un docente que acreditó haberlo percibido en el último año de servicios. Esta decisión se
fundamentó en que la Sección Segunda ya había resuelto una pretensión similar con anterioridad:
«[…] 76. Frente al caso concreto se tiene que, existen diversas interpretaciones frente al hecho de si puede
haber reliquidación pensional de un docente por nuevos factores. Por tal motivo este juez constitucional, en
virtud del principio de favorabilidad laboral, el cual es de obligatorio cumplimiento para todos los operadores
judiciales, deberá resolver la duda en favor del trabajador, situación que conduce inexorablemente a
afirmar que, para el caso concreto sí puede existir reliquidación pensional por factores adquiridos
con posterioridad al estatus jurídico, de conformidad con el marco normativo especial de los
docentes, en consonancia con el artículo 1° de la Ley 33 de 1985. 77. La postura en mención, no deviene
irracional teniendo en cuenta que, si bien la referida prestación no se halla enlistada dentro del catálogo de
factores previstos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, porque que se creó por posterioridad, la misma
constituye factor salarial para todos los efectos legales y los aportes obligatorios sobre los pagos
que se efectúen por ese concepto se realizarán de conformidad con las disposiciones legales
vigentes. Lo anterior, aunado al hecho que se corroboró del expediente ordinario que30, para el momento
en que el docente devengó la bonificación mensual, estaba vigente el Decreto que le dio origen y que había
sido percibida durante su último año de servicios.[…]».
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cargo de la demandante realizando los descuentos correspondientes, sumas que
en ambos casos deberán ser actualizadas.
3.5.3. De la condena en costas en primera instancia
69. Ahora bien, la entidad accionada manifestó estar en desacuerdo con la
condena en costas impuesta en primera instancia por lo que solicita sea revocada
pues en su parecer obedeció a un criterio objetivo.
70. Al respecto, esta Sección había sostenido la tesis de que el concepto de las
costas del proceso estaba relacionado con todos los gastos necesarios o útiles
dentro de una actuación de esa naturaleza y comprendía los denominados gastos
o expensas del proceso llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y
otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la
prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y
secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas,
copias, etc.
71. A raíz de la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente sostuvo
que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la condena de manera
«automática» u «objetiva», frente a aquel que resultara vencido en el litigio. Ello,
en consideración a que debían observarse una serie de factores tales como la
temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y
costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo
en el que el juez evaluara las circunstancias para imponerla o no.
72. Posteriormente, esta subsección en providencia de 7 de abril de 201631, varió
aquella posición y acogió el criterio objetivo -valorativo al concluir que no se debe
evaluar la conducta de las partes – temeridad o mala fe–, sino los aspectos
previstos en el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación
a su artículo 365:
«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará
a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva
de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una
solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio
lugar a aquella.
31
sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492 -2013, demandante: María del Rosario Mendoza
Parra y 1291 -2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior,
la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse
de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los
fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al
respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada
uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por
separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas. Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos
de desistimiento o transacción.»
73. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de fundamentación
jurídica para proceder a la imposición de costas.
74. En el presente caso, se advierte que en efecto la demandante acudió a través
de apoderado ante la jurisdicción en procura de obtener un pronunciamiento
judicial de reconocimiento pensional; en este caso FONPREMAG sí compareció
al juicio en la contestación de la demanda y en la apelación, con intervenciones
debidamente fundamentadas en salvaguarda de sus intereses por lo que no era
procedente la condena en costas dada la superación del criterio objetivo en virtud
de la modificación introducida al artículo 188 del CPACA por la Ley 2080 de 2021
que imponía examinar la conducta de las partes en el proceso.
75. De acuerdo con lo anterior se advierte que no le asistió razón al Tribunal,
simplemente bajo la óptica del criterio objetivo- valorativo como en efecto lo hizo
cuando señaló:
«En este orden, la imposición de costas comporta un análisis objetivo-valorativo,
que se da en este asunto en la medida en que es objetivo porque se impone
contra la parte vencida y valorativo en la medida en que, así en el proceso no se
haya acreditado que las accionadas hayan actuado bajo parámetros de mala fe
o deslealtad procesal, también es cierto que la parte actora debió promover un
proceso judicial para la obtención de un derecho subjetivo amparado en el
ordenamiento jurídico, luego, está dado el presupuesto de orden económico para
la concesión de costas a favor de la demandante, por concepto de agencias en
derecho.
De acuerdo a la misma norma en cita (art. 188 del CPACA), las costas se
liquidarán conforme a los artículos 365 y subsiguientes del Código General del
Proceso.
Se fijarán las agencias en derecho a favor de la parte demandante y a cargo de
la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente al momento de la ejecutoria de esta providencia.»
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76. Atendiendo a las anteriores consideraciones es que se revocará el numeral
quinto de la providencia apelada, en cuanto impuso la condena en costas en
primera instancia a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
3.6. De la condena en costas en segunda instancia
77. Las consideraciones señaladas en el numeral anterior, conducen a la Sala a
abstenerse de imponer condena en costas a cargo de la entidad apelante a la luz
de las previsiones de la Ley 2080 de 2021, comoquiera que la entidad sustentó
las razones jurídicas que sustentaron sus intereses y, además porque prosperó
parcialmente el recurso de apelación.
78. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de 23 de febrero de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que accedió las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada
por la señora María Stella Rojas Villar contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
Departamento del Tolima, SALVO EL NUMERAL QUINTO QUE SE REVOCA,
con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
En su lugar quedará así:
«QUINTO.- ABSTENERSE de imponer condena en costas de primera
instancia, de conformidad con lo señalado»:
SEGUNDO.- En caso de que la accionante haya formulado demanda para
obtener la declaratoria de existencia de relación laboral subyacente contra los
entes territoriales donde desarrolló la labor docente, la Nación – Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
verificará si se generaron diferencias frente al pago de los aportes que se ordenan
en virtud de esta sentencia y lo dispuesto por las respectivas autoridades
judiciales. En caso de que ello sea así, deberá realizar todas las actuaciones
interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro a los
entes empleadores, esto únicamente en los montos faltantes o en las diferencias
en los aportes a pensión dejados de efectuar en beneficio del docente (si
existieren luego de que la reclamante manifieste si efectuó o no cotizaciones
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como contratista), y en todo caso, solo en el porcentaje que le habría
correspondido a la referida autoridad como empleadora de aquella, esto por los
períodos de ejecución de los contratos. De igual manera procederá frente a los
aportes a cargo de la demandante realizando los descuentos correspondientes,
sumas que en ambos casos deberán ser actualizadas.
TERCERO.- Sin condena en costas de esta instancia, según las consideraciones
expresadas en este fallo.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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