Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2003-03429-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2003-03429-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-31-000-2003-03429-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-31-000-2003-03429-02 (4116-2022)
Demandante: Universidad del Valle
Demandado: José Gilberto Osorio Hoyos
Temas: Lesividad / Pensión de jubilación
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas contra la sentencia proferida el 9 de febrero de 2022 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. La Universidad del Valle presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo1, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 1842 del 3
de diciembre de 1998, mediante la cual fue reconocida una pensión de jubilación a
favor de José Gilberto Osorio Hoyos, con el 100% del promedio salarial.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó:
1 En adelante CCA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-31-000-2003-03429-02 (4116-2022)
Demandante: Universidad del Valle
i) la reliquidación de la mesada según los parámetros constitucionales y legales y ii)
el cumplimiento de la sentencia y el pago de los intereses en los términos del artículo
178 del C.C.A.
1.1.2. Fundamentos fácticos
2. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
2.1. El 21 de agosto de 1998, José Gilberto Osorio Hoyos renunció al cargo de
profesor asociado de tiempo completo en la Facultad de Salud de la Universidad del
Valle a partir del 30 de diciembre de 1998.
2.2. Mediante la Resolución 1350 del 9 de septiembre de 1998, la Universidad del
Valle aceptó la renuncia a partir del 1º de octubre de 1998.
2.3.A través de la Resolución 1842 del 3 de diciembre de 1998 la Universidad del
Valle le reconoció la prestación y se ordenó el pago a partir del 1º de octubre de
1998, en cuantía de $2’351.329 con inclusión de los factores de la 1/12 de la prima
de navidad y la 1/12 de la prima de vacaciones.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, 48, 58, 69 y 79 de la Constitución
Política; 9, 12 y 14 de la Ley 153 de 1887; 1 y 3 de la Ley 33 de 1985; 1, 10 y 12 de
la Ley 4 de 1992; 1, 2, 11, 15, 36, 146, 289 de la Ley 100 de 1993; 38 del Decreto
3130 de 1968; 1 y 2 del Decreto 055 de 1994; 1 del Decreto 314 de 1994; 1 del
Decreto 1158 de 1994 y 10 del Decreto 1068 de 1995.
3.1. En cuanto al concepto de violación2, expuso lo siguiente:
3.2. El acto demandado [Resolución 1842 del 3 de diciembre de 1998] se fundamentó
en las normas internas de la Universidad como la Resolución 260 de 1976, el
artículo 2 del comunicado de la Junta de Seguridad Social y el Acuerdo de Docentes
de la Universidad del 14 de mayo de 1997, en lugar de las leyes 33 de 1985, 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
3.3. Si bien la Resolución 260 de 1976 gozaba de la presunción de legalidad, lo cierto
es que desapareció del ordenamiento jurídico con la expedición de la Ley 33 de
1985, que modificó el régimen de jubilación de los empleados oficiales del estado.
Como consecuencia, el Consejo Superior de la Universidad en razón de la Ley 33
2 Índice 28 de Samai, actuación ED_C03_02Demanda(.pdf) NroActua 28.
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Demandante: Universidad del Valle
de 1985 profirió la Resolución 117 del 9 de noviembre de 1987 «[p]or la cual se
establece el Régimen de Jubilación para los empleados públicos, docentes y
administrativos».
1.2. Contestación de la demanda
4. José Gilberto Osorio Hoyos se opuso a las pretensiones de la demanda3, con
fundamento en lo siguiente:
4.1. Para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
había alcanzado el estatus según las disposiciones de la reglamentación interna de
la Universidad del Valle, como la Resolución 260 del 9 de septiembre de 1976,
puesto que contaba con 60 años de edad y 26 años de servicio en distintas
instituciones estatales, motivo por el cual el acto demandando estaba sometido a
esa normatividad.
4.2. En cuanto a las doceavas de las primas incluidas en el IBL tienen como
fundamento en el artículo 3 del Decreto Departamental 0298 del 26 de marzo de
1986 y en la interpretación jurisprudencial de las altas cortes en relación con el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
4.3. Propuso la excepción denominada «inepta demanda por falta de integración de la
parte demandante: ausencia de titularidad total del perjuicio a la actora, vulneración a
derechos constitucionales como el derecho a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo
vital, vida digna y salud».
1.3. Demanda de reconvención
4.4. José Gilberto Osorio Hoyos presentó demanda de reconvención, para tal efecto
solicitó la declaración de responsabilidad patrimonial por los daños antijurídicos
morales y a la vida de relación causados con la radicación de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho por parte de la Universidad del Valle.
1.3.1. Hechos
4.5. Mediante la Resolución 1842 del 3 de diciembre de 1998 la Universidad del Valle
le reconoció una pensión de jubilación a su favor; no obstante, con 76 años de edad
el plantel pretende declarar la nulidad de ese acto administrativo, cuya
consecuencia sería la suspensión del pago de su única fuente de ingreso.
4.6. Una vez notificado de la demanda presentada por la Universidad del Valle
3 Índice 28 de Samai, actuación ED_C01_42ContestacionDeLaDemanda(.pdf) NroActua 28.
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incurrió en gastos para la contratación de un abogado para su defensa, de manera
que aquella, en su pretensión de corregir sus yerros, causa graves perjuicios a la
vida de relación del pensionado.
1.3.2. Normas violadas y concepto de violación
4.7. Los artículos 2, 4, 11, 46, 48, 53, 58, 65, 78, 90 y 93 de la Constitución Política;
Carta Internacional de los Derechos Humanos adoptada mediante la Resolución
217 del 10 de diciembre de 1948; 145 de la Ley 446 de 1998; 47, 76, 77 del C.C.A.;
artículo 97 del Código Penal; leyes 33 de 1985 y 100 de 1993.
4.8. La omisión por parte de la Universidad de la observancia de la situación
particular del pensionado, así como de la normativa vigente al momento de proferir
el acto administrativo de reconocimiento pensional, la cual no puede serle imputada,
puestoque actuó en virtud del principio de confianza legítima al gozar del pago de
su mesada.
1.4. La sentencia apelada
5. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca en sentencia del 9 de febrero de
2022 negó las pretensiones de la demanda, en ese sentido levantó la suspensión
provisional parcial decretada mediante auto del 27 de octubre de 2010 y, en
consecuencia, ordenó a la Universidad del Valle reembolsar al pensionado las
sumas que dejó de pagar en virtud de la medida cautelar.
5.1. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto concluyó lo siguiente4:
5.2. En virtud de lo dispuesto en la Resolución 260 de 1976 proferida por el Consejo
Directivo de la Universidad fue reconocida la pensión de jubilación a partir del 1º de
octubre de 1998.
5.3. Ahora, según la regla jurisprudencial, las pensiones reconocidas en virtud de
regímenes especiales antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 fueron
convalidadas, siempre que los requisitos de edad y tiempo se encuentren
satisfechos para la fecha de vigencia o máximo hasta el 30 de junio de 1997.
5.4. Según el material probatorio obrante en el expediente se tiene que el demandado
4 Índice 71 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación
14_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.PDF) NroActua 71.
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nació el 24 de enero de 1935, prestó su servicio en entidades del Estado entre el 1º
de junio de 1971 y el 1º de octubre de 1998, es decir por 26 años, 1 mes y 21 días
y en la Universidad del Valle laboró desde el 7 de noviembre de 1976 hasta el 1º de
octubre de 1998, en el cargo de profesor titular de tiempo completo en la Facultad
de Salud.
5.5. En efecto, para el 30 de junio de 1995 el demandado contaba con 60 años de
edad y 22 de servicio, de manera que resultó beneficiario del régimen especial que
regía en la Universidad del Valle antes de la Ley 100 de 1993, en virtud de la
convalidación dispuesta en el artículo 146 ibidem.
5.6. En conclusión, el reconocimiento de la pensión con fundamento en la Resolución
260 de 1976 procedía para el presente asunto, cuyas disposiciones fueron calcular
la prestación con el 100% de los factores devengados en el último año de servicio,
más una doceava parte de las últimas primas pagadas. Asimismo, al demandado le
resultaba aplicable el mencionado acuerdo integralmente, sin tener en cuenta los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, en garantía de
los derechos adquiridos, en los términos del artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
5.7. En cuanto a la demanda de reconvención, negó las pretensiones de esta, al no
encontrar prueba alguna que acreditara la ocurrencia de los perjuicios morales y el
daño a la vida de relación, como lo establece el artículo 177 del C.P.C.
1.5. El recurso de apelación
6. La Universidad del Valle interpuso recurso de apelación5 y lo sustentó así:
6.1. El demandado resultó beneficiario del régimen de transición establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto solo podía acogerse al régimen legal
anterior al previsto en la Ley 33 de 1985, no a la normativa interna de la Universidad
que fueron derogadas mediante la Resolución 117 del 9 de noviembre de 1987
proferida por el «Consejo Superior» «[l]os Empleados Públicos Docentes y Administrativo
de la Universidad del Valle que al 29 de enero de 1985 se encontraren en una cualquiera
de las situaciones previstas en los Parágrafos 2 y 3 del Artículo 1º de la Ley 33 de 1985, se
jubilarán con las disposiciones anteriores a la vigencia de dicha ley; los demás Empleados
Públicos se jubilarán bajo el régimen establecido por la misma Ley» que remitió a todos
los empleados públicos de ese plantel al régimen establecido en la Ley 6 de 1945 y
las leyes 33 y 62 de 1985.
5 Índice 74 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación
17_ALLEGAMEMORIAL_HERNANDEZRDO760(.pdf) NroActua 74.
5
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Demandante: Universidad del Valle
6.2. Además, el acto demandado fue proferido sin contar con la facultad para
reconocer pensión alguna, de manera que resultó evidente su ilegalidad, puesto que
lo que convalidó el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 respecto de situaciones en
las que mediaron hechos consumados o derechos adquiridos antes de la entrada
en rigor de esa ley, sin que fueran incluidas los casos en los que las autoridades
administrativas actuaran sin competencia.
1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
7. La parte demandante reafirmó lo expuesto en la demanda y en el recurso de
apelación6.
8. En esta oportunidad el demandado no se pronunció.
1.7. El Ministerio Público
9. En esta oportunidad no se pronunció.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
10. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿José Gilberto Osorio Hoyos era
beneficiario del régimen convencional previsto en la Resolución 260 de 1976
proferida por el Consejo Directivo de la Universidad y por lo tanto su pensión debió
liquidarse en los términos allí indicados?
2.2. Marco normativo
2.2.1 De las situaciones pensionales definidas por disposiciones municipales,
departamentales y por convenciones colectivas suscritas por sindicatos de
empleados públicos en vigencia de la Ley 100 de 1993
11. Conforme con lo dispuesto en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Constitución Política7 corresponde al Congreso de la República expedir las leyes
6 Índice 17 de Samai, actuación denominada 13_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 17.
7 «Articulo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
(…)
6
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Demandante: Universidad del Valle
por medio de las cuales el gobierno nacional debe fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos. Dicha competencia se reiteró con la
expedición de la Ley 4ª de 1992, la cual dispuso:
«Artículo 1o. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector,
denominación o régimen jurídico;
b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la
República;
c) Los miembros del Congreso Nacional, y
d) Los miembros de la Fuerza Pública.
Artículo 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes
objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por
parte del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su
servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y
las calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles
profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama
Ejecutiva y de la Organización Electoral;
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse
el Gobierno para los siguientes efectos:
(…)
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y la Fuerza Pública».
7
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l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales
y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la
equidad, productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización,
de vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama
Legislativa.
(…)
Artículo 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos.
Artículo 12. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE>8 El régimen prestacional
de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno
Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad.
Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando
equivalencias con cargos similares en el orden nacional».
12. De acuerdo con lo anterior, le corresponde al Congreso de la República dictar
las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el gobierno nacional al momento de fijar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos; es decir que «se presenta una competencia compartida
entre el legislador y el ejecutivo para efectos salariales y prestacionales, en tanto que el
Congreso de la República determina, mediante la ley marco, los parámetros generales
conforme a los cuales el Gobierno nacional habrá de fijar todos los elementos propios del
régimen salarial y prestacional respecto de los empleados públicos. Lo anterior, en atención
a lo dispuesto en los artículos 48 y 150, numeral 19 literales e) y f) de la Constitución
Política»9.
13. Así las cosas, resultan contrarias al ordenamiento constitucional y legal, las
disposiciones de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales,
resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o
8 Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-315-95 de 19 de julio de 1995, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz: «siempre que se
entienda que las facultades conferidas al gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación del
régimen prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de los
trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las
entidades territoriales».
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de noviembre de 2021,
radicado 76001 23 31 000 2010 01286 02 (6097-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
8
Radicado: 76001-23-31-000-2003-03429-02 (4116-2022)
Demandante: Universidad del Valle
departamentales, que regulen el régimen prestacional de los empleados públicos,
así como las normas de orden convencional.
14. No se desconoce que el artículo 55 de la Constitución Política10 garantiza el
derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales; no obstante,
dicha prerrogativa no aplica para los empleados públicos. Al respecto, la Corte
Constitucional en la sentencia C-110 de 1994, consideró que una de las
excepciones al derecho a la negociación colectiva es el caso de los empleados
públicos.
15. Con todo, en la sentencia C-1234 de 2005, la Corte concluyó que los empleados
públicos i) tienen derecho a realizar negociaciones colectivas, pues gozan del
ejercicio del derecho de presentar peticiones y consultas, y ser oídos y tenidos en
cuenta, con el objeto de alcanzar una concertación voluntaria y libre de las
condiciones de trabajo, a fin de garantizar la participación de todos en las decisiones
que los afectan; y ii) si bien no gozan de los plenos derechos de asociación y
convención colectiva, como ocurre con los trabajadores oficiales, de acuerdo con
las normas de orden constitucional y en atención a lo dispuesto en los Convenios
151 y 154 de la OIT, incorporados a la legislación interna a través de las Leyes 411
de 1998 y 524 de 1999, a estos servidores sí se les permite participar en la
determinación de sus condiciones de empleo, siempre y cuando se entienda que la
decisión final corresponde al gobierno nacional.
16. No obstante lo expuesto hasta ahora, para establecer el régimen prestacional
de los empleados públicos en el nivel territorial existían regímenes prestacionales
extralegales contrarios al ordenamiento superior, lo que impuso que, con el fin de
salvaguardar derechos laborales consolidados, la Ley 100 de 1993 resolviera dejar
a salvo las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a
su entrada en vigencia, en desarrollo del artículo 58 constitucional que ampara los
derechos adquiridos.
17. Así, el artículo 146 de la aludida ley dispuso lo siguiente:
«Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones
municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual
definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones Municipales o
Departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de
empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades
territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
10 Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales,
con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás
medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo [Resalta la Sala].
9
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Demandante: Universidad del Valle
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con
anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido los requisitos exigidos en
dichas normas.
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que
se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente
Ley».
18. Ahorabien, la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del
mencionado artículo, en la sentencia C- 410 del 28 de agosto de 1997, concluyó:
«El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos
constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política,
según el cual ‹se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores›.
En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos adquiridos
comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y
definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal
forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la
seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.
Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las
situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.
(…)
De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los
pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de
1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones
municipales y departamentales, deben continuar vigentes.
Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así
como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con arreglo
a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación
extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo hayan cumplido
los requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la garantía de los
derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse de situaciones
adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de segundad social (ley
100 de 1993).
No sucede lo mismo con la expresión contenida en el citado inciso segundo acusado, en
virtud de la cual tendrán igualmente derecho a pensionarse con fundamento en las
disposiciones señaladas, quienes cumplan ‹dentro de los dos años siguientes› los
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Radicado: 76001-23-31-000-2003-03429-02 (4116-2022)
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requisitos exigidos en dichos preceptos para pensionarse. A juicio de la Corte, ello
quebranta el ordenamiento superior, ya que equipara una mera expectativa con un
derecho adquirido. Ello impide que los que están próximos a pensionarse -es decir,
dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la ley- y que tan solo tienen
una mera expectativa de adquirir el derecho, puedan hacerse acreedores a los beneficios
propios de la ley 100 de 1993»11 (subrayado fuera de texto).
19. En línea con lo expuesto, se concluye que la Ley 100 de 1993 protegió los
derechos de quienes se pensionaron o cumplieron con los requisitos para ello con
regímenes territoriales con anterioridad a su vigencia, pese a su origen extralegal.
20. Ahora bien, valga señalar que la jurisprudencia ha considerado que los
reconocimientos pensionales individuales sustentados en convenciones colectivas
también están comprendidos dentro de los supuestos establecidos en el aludido
artículo. Particularmente, esta corporación, en sentencia de unificación de 29 de
septiembre de 201112 dispuso:
«(…) la negociación colectiva es una manifestación particular del diálogo social, y está
considerado como un derecho fundamental básico integrante de la libertad sindical, que
en su momento se dio por el convencimiento errado de que la Autonomía Universitaria
incluía la potestad de darles un régimen salarial y prestacional a sus empleados y que el
Legislador en su libertad configurativa, que no fue declarada inconstitucional la validó o
refrendó.
Ahora bien, la seguridad jurídica, es un principio del Derecho según el cual los
ciudadanos tienen la certidumbre de que el derecho a aplicar, es el previsto en las
normas jurídicas y por ello, el Estado debe acatar las normas legales que regulan, en
nuestro caso, las relaciones laborales para garantizar los derechos de los asociados.
En otras palabras, la aplicación de las normas legales en materia pensional constituyen
la realización de la seguridad jurídica pues los empleados públicos tienen que tener la
certeza de quién, cómo y cuándo obtener sus derechos para que entren a formar parte
de su patrimonio y puedan denominarse ‹derechos adquiridos›.
En ese sentido, existe un derecho adquirido cuando hay situaciones individuales y
subjetivas que se han definido bajo el imperio de la ley, de manera que deban ser
respetados por las leyes posteriores; sin embargo, en el asunto sub judice ocurrió fue lo
contrario, pues el derecho sólo se adquirió a partir de que la ley lo garantizó, antes no
estaba cobijado bajo este manto; es más, puede decirse que el derecho sólo se consolidó
a partir de la declaración que sobre el derecho se profiera y en los demás asuntos que
están sub júdice.
11 Corte Constitucional, sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, expediente 08001-
23-31-000-2005-02866-03 (2434-2010) M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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(…)
Por lo mismo, el juez no puede alterar la voluntad del legislador, en la aplicación del
principio de la confianza legítima, pues el beneficiario de las prestaciones pensionales,
inicialmente extralegales, recibe el aval del competente para continuar percibiendo los
dineros necesarios para su jubilación, situación que conlleva, también a un derecho
adquirido.
En síntesis, aun cuando la Convención Colectiva fue emanada de autoridades
incompetentes para la regulación del régimen pensional de los empleados públicos,
dicha situación fue convalidada por expresa disposición del legislador a través del
referido artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por el
Órgano que de conformidad con la Constitución Política de 1991 es el encargado de
mantener la guarda e integridad del ordenamiento superior».
21. Así las cosas, resulta claro que en materia pensional el legislador previó la
protección especial para aquellas personas que con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 adquieran el derecho acorde con disposiciones
municipales y territoriales, incluidas las regulaciones contenidas en convenciones
colectivas de trabajo.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
22. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
23. José Gilberto Osorio Hoyos nació el 24 de enero de 193513.
24. Según la copia de la Resolución 119 del 22 de abril de 1976 proferido por el
Consejo Directivo de la Universidad del Valle se dispuso el pago de las primas de
vacaciones y de navidad para los trabajadores a partir del 1º de mayo de 1976.
25. De acuerdo con la copia de la Resolución 260 del 9 de septiembre de 1976
proferida por el Consejo Directivo de la Universidad del Valle dispuso, entre otras
consideraciones, que a partir del 10 de enero 1976 la Universidad del Valle pagará
como pensión de jubilación para los docentes que cumplan 50 años de edad y 20
años de servicio, en organismos del Estado según el siguiente régimen de
jubilación: «1. Quien haya prestado servicios continuos o discontinuos a la Universidad del
Valle durante un periodo de 0 a 5 años se le asignará la pensión de jubilación sobre la base
de un 75% del promedio salarial del último año de servicios más (un doceavo) 1/12 de la
13 Según la cédula de ciudadanía visible en el índice 28 de Samai, actuación
ED_C02_01AnexosDeLaDemanda(.pdf) NroActua 28.
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última prima pagada. 2. Quien haya prestado sus servicios continuos o discontinuos a la
Universidad del Valle durante un periodo de 5 a 10 años, se le asignará la pensión de
jubilación sobre la base de un 80% del promedio salarial del último año de servicios mas
1/12 de la última prima pagada. 3. Quien haya prestado servicios a la Universidad del Valle
durante un perfecto de 10 o 15 años, se le asignará la pensión de jubilación sobre la base
de una 90% del promedio salarial del último año de servicio más un doceavo 1/12 de la
última prima pagada. 4. Quien haya prestado sus servicios a la Universidad del Valle
durante un periodo de 15 a 20 años o más se le asignará la pensión de jubilación sobre la
base de un 100% del promedio salarial del último año de servicios, más un doceavo 1/12
de la última prima pagada»14.
26. La Resolución 117 del 9 de noviembre de 1987, suscrita por el Consejo Superior
de la Universidad del Valle «[p]or la cual se establece el régimen de jubilación para los
Empleados Públicos, Docentes y Administrativos», consideró que la Ley 33 de 1985
modificó el régimen de jubilación de los empleados oficiales al servicio del Estado,
de manera que los docentes y administrativos de la Universidad que el 29 de enero
de 1985 estuvieran en cualquiera de las situaciones previstas en los parágrafos 2 y
3 del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, se jubilarán con las disposiciones anteriores
a la vigencia de esa ley, los demás no.
27. La renuncia le fue aceptada a partir del 15 de octubre de 1998, a través de la
Resolución 1350 de 1998 por el rector de la Universidad del Valle.
28. Mediante la Resolución 1842 del 3 de diciembre de 1998 la Universidad del Valle
«[p]or la cual se reconoce y autoriza el pago de una Pensión Mensual vitalicia de jubilación»
«[e]l rector encargado de la UNIVERSIDAD DEL VALLE en uso de sus atribuciones y en
especial las que le confiere el literal a del artículo 25 del Estatuto General» para tal efecto
consideró que éste trabajó por 26 años, 1 mes, 21 días (9411 días), discriminados
así: i) entre el 1° de junio de 1971 y el 24 de noviembre de 1975 [4 años, 5 meses,
24 días, es decir 1614 días] en el Ministerio de Salud; ii) entre el 7 de noviembre de
1971 y el 30 de diciembre de 1983 menos una licencia no remunerada por 2 meses,
27 días [6 años, 10 meses, 27 días, es decir 2487 días] en el Hospital Universitario
del Valle; iii) entre el 1º de enero de 1984 y el 2 de septiembre de 1990 [6 años, 3
meses, 2 días, es decir 2402 días] en el Hospital Universitario del Valle –
Universidad del Valle y iii) entre el 3 de septiembre de 1990 y el 1º de octubre de
1998 [8 años, 28 días, es decir 2908 días] en la Universidad del Valle, como profesor
titular de tiempo competo asociado de la Facultad de Salud, motivo por el cual
reconoció la pensión a partir del 1º de octubre de 1998, con el 90% del salario
promedio devengado durante el último año de servicio . Para la liquidación de la
prestación fueron tenidos en cuenta los siguientes factores: valor promedio salarial,
14 Índice 28 de Samai, actuación ED_C02_01AnexosDeLaDemanda(.pdf) NroActua 28.
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1/12 de las primas de navidad y de vacaciones15.
29. El 10 de julio de 2003, el jefe de sección de la División de Recursos Humanos de
la Universidad del Valle certificó que «[d]e acuerdo con la Resolución de Rectoría No.
1842 de diciembre 3 de 1998, se le reconoció una pensión mensual vitalicia de jubilación al
doctor JOSE GILBERTO OSORIO HOYOS… por un valor mensual de $2’351.329 a partir
del 1 de octubre de 1998. Para el cálculo del valor de la Pensión de Jubilación se tuvo en
cuenta el promedio salarial contado a partir del tiempo transcurrido entre el 31 de diciembre
de 1996 y la fecha en que solicitó el reconocimiento de su Pensión de Jubilación, más una
doceava parte de la Prima de Navidad (Junio y Diciembre), más una doceava parte de la
prima de vacaciones (Resolución de Rectoría No. 1841 de diciembre 3 de 1998). El
porcentaje de la Pensión de Jubilación fue del 90%. El doctor OSORIO HOYOS al momento
de jubilarse, estaba acogido a la Resolución del Consejo Superior No. 115 de 1989. No
cotizó para Seguridad Social en pensión sobre a Prima de vacaciones ni sobre la Prima de
navidad».
2.5. Análisis sustancial
30. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda y las de la de reconvención, levantó la suspensión provisional parcial
decretada en esa instancia y ordenó la devolución del porcentaje de las mesadas
retenidas con ocasión de esa medida.
31. La Universidad del Valle manifestó que el demandado resultó beneficiario del
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto
solo podía acogerse al régimen legal anterior al previsto en la Ley 33 de 1985, no a
la normativa interna de la Universidad que fueron derogadas mediante la Resolución
117 del 9 de noviembre de 1987 proferida por el «Consejo Superior» «[l]os Empleados
Públicos Docentes y Administrativo de la Universidad del Valle que al 29 de enero de 1985
se encontraren en una cualquiera de las situaciones previstas en los Parágrafos 2 y 3 del
Artículo 1º de la Ley 33 de 1985, se jubilarán con las disposiciones anteriores a la vigencia
de dicha ley; los demás Empleados Públicos se jubilarán bajo el régimen establecido por la
misma Ley» que remitió a todos los empleados públicos de ese plantel al régimen
establecido en la Ley 6 de 1945 y las leyes 33 y 62 de 1985.
32. Asimismo, indicó que el acto demandado fue proferido sin contar con la facultad
para reconocer pensión alguna, de manera que resultó evidente su ilegalidad,
puesto que lo que convalidó el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 respecto de
situaciones en las que mediaron hechos consumados o derechos adquiridos antes
de la entrada en rigor de esa ley, sin que fueran incluidas los casos en los que las
autoridades administrativas actuaran sin competencia.
15 Índice 28 de Samai, actuación ED_C02_01AnexosDeLaDemanda(.pdf) NroActua 28.
14
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33. De acuerdo con lo expuesto, en primer lugar, la Sala precisa que para establecer
si José Gilberto Osorio Hoyos tenía derecho a que su situación pensional fuera
definida con apego a la Resolución 260 de 1976, expedida por el Consejo Directivo
de la Universidad del Valle, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 146 de la
Ley 100 de 1993, es necesario acreditar que, al 30 de junio de 1997 contaba con un
derecho adquirido, es decir, que cumplía con los requisitos y exigencias del acuerdo
convencional.
34. Para ello se recuerda que denle el sub judice se cuestiona el acto a través del
cual se reconoció una pensión extralegal en los términos del artículo 2 de la
mencionada resolución, según el cual:
«(…) A partir de enero 10 de 1976 regirá para el personal docente de la Universidad
que cumpla 50 años de edad y 20 de servicio, en organismos del Estado Colombiano,
bien sea Nación, Departamento o Municipio o algún establecimiento público, Empresas
Industriales y Comerciales del Estado de cualquier nivel, el siguiente régimen de
jubilación:
1. Quien haya prestado servicios continuos o discontinuos a la Universidad del Valle
durante un periodo de 0 a 5 años, se le asignará la pensión de jubilación sobre la base
del 75% del promedio salarial del último año de servicios más (un doceavo) 1/12 de la
última prima pagada.
2. Quien haya prestado sus servicios continuos o discontinuos a la Universidad del
Valle durante un periodo de 5 a 10 años, se le asignará la pensión de jubilación sobre
la base de un 80% del promedio salarial del último año de servicio más 1/12 de la última
prima pagada.
3. Quien haya prestado sus servicios a la Universidad del Valle durante un periodo de
10 a 15 años, se les asignará la pensión de jubilación sobre la base de un 90% del
promedio salarial del último año de servicios más una doceavo 1/12 de la última prima
pagada.
4. Quien haya prestado sus servicios a la Universidad del Valle durante un periodo de
15 a 20 años o más se les asignará la pensión de jubilación sobre la base de un 100%
del promedio salarial del último año de servicios, más un doceavo (1/12 de la última
prima pagada.
PARÁGRAFO: Los tiempos de servicio anotados corresponden a la dedicación de
tiempo completo, a efecto de aplicar el beneficio para dedicaciones inferiores al cálculo
del tiempo servido a la Universidad del Valle se hará en forma equivalente a la
dedicación.
Por ejemplo 10 años de servicio en medio tiempo equivaldrán a 5 de tiempo (…)».
15
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35. Posteriormente, el ente universitario de educación superior a través de la
Resolución 117 del 1987 estableció el siguiente régimen para «los empleados
públicos, docentes y administrativos».
«Artículo Único: Los empleados públicos docentes y administrativos de la Universidad
del Valle que el 29 de enero de 1985 se encontraren en cualquiera de las situaciones
previstas en los parágrafos 2 y 3 del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, se jubilarán con
las disposiciones anteriores a la vigencia de dicha ley; los demás empleados públicos
se jubilarán bajo el régimen establecido por la misma ley».
36. En consecuencia, a partir del 10 de enero de 1976 y hasta el 28 de enero de
1985, la entidad demandada se obligó al reconocimiento de una pensión de
jubilación para el docente o trabajador que tuviera 50 años de edad y 15 o 20 años
de servicio de dedicación de tiempo completo; no obstante, para aquellos que al 29
de enero de 1985 se hallaren en las situaciones descritas en los parágrafos 216 y
317 de la Ley 33 de 1985 se jubilarían con las disposiciones anteriores a la vigencia
de dicha ley.
37. Así pues, en virtud del material probatorio allegado al plenario, la Sala encuentra
acreditado que José Gilberto Osorio Hoyos nació el 24 de enero de 1935 y durante
el periodo comprendido entre el 1° de junio de 1971 y el 1º de octubre de 1998,
prestó sus servicios en entidades públicas, es decir que se retiró del servicio con 63
años de edad y 26 años de servicios. Situación que no fue objeto de reproche
alguno.
38. En ese orden, se encuentra que al demandado le fue reconocida la prestación
objeto de estudio de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 119 de 1976,
disposición que se mantuvo vigente hasta la expedición de la Ley 33 de 1985 que
estableció el régimen pensional de todos los empleados oficiales. Ahora bien, los
efectos de la primera normativa mencionada en este párrafo fueron extendidos a los
docentes de la Universidad del Valle, a través de la Resolución 117 de 1987, a los
«empleados públicos docentes y administrativos de la Universidad del Valle que el 29 de
enero de 1985 se encontraren en cualquiera de las situaciones previstas en los parágrafos
2 y 3 del artículo 1° de la Ley 33 de 1985», estos últimos señalaban:
16 Parágrafo 2. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince
(15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad
de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente
se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad,
si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se
reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.
17 Parágrafo 3. En todo caso, los empleados oficiales que a la vigencia de esta Ley, hayan cumplido
los requisitos para obtener pensión de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas anteriores
a esta Ley.
16
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«PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose
las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales,
actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los
cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son varones, a
una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones
que regían en el momento de su retiro.
PARÁGRAFO 3º. En todo caso, los empleados oficiales que a la vigencia de esta Ley,
hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, se continuarán rigiendo
por las normas anteriores a esta Ley».
39. Así las cosas, para esta Subsección es evidente que José Gilberto Osorio Hoyos
nunca fue destinatario del régimen pensional contenido en la Resolución 260 de
1976, puesto que se vinculó a la Universidad del Valle el 3 de septiembre de 1990,
esto es, con posterioridad a la expedición de la Resolución 117 de 1987 que precisó
que, a partir de su expedición, la situación pensional de los empleados del
establecimiento universitario se regiría por lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.
40. Lo anterior, puesto que la mencionada Resolución 117 solo mantuvo los efectos
del régimen prestacional contenido en la Resolución 260 de 1976 para quienes se
encontraran vinculados el 29 de enero de 1985 a la Universidad del Valle como
«empleados públicos docentes y administrativos» y fueran beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 33 de 1985, supuesto dentro del cual no se encontraba el
demandado, en tanto, de acuerdo con el material probatorio, no estaba vinculado
en la institución de educación superior y contaba solo con 13 años, 7 meses y 26
días de servicio en entidades públicas [se descuenta los periodos de servicio
concomitantes].
41. En consonancia con lo anterior, la situación pensional del demandado se regía
por lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, según la cual «[e]l empleado oficial que sirva o
haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y
cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».
42. Ahora bien, en cuanto a los requisitos para el reconocimiento pensional exigidos
por la norma en mención, se encuentra que José Gilberto Osorio Hoyos cumplió 55
años de edad el 24 de enero de 1990 [nació en el año 1935], fecha para la cual
contaba con el siguiente tiempo de servicios: i) entre el 1° de junio de 1971 y el 24
de noviembre de 1975 [4 años, 5 meses, 23 días] en el Ministerio de Salud; ii) entre
el 7 de noviembre de 1971 y el 30 de diciembre de 1983 menos una licencia no
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Demandante: Universidad del Valle
remunerada por 2 meses, 27 días [8 años, 1 mes y 5 días18] en el Hospital
Universitario del Valle; iii) entre el 1º de enero de 1984 y el 24 de enero de 1990 [6
años y 26 días] en el Hospital Universitario del Valle – Universidad del Valle.
43. Esto es, para la fecha en la que cumplió la edad requerida por el régimen del cual
era beneficiario le faltaba 1 año, 4 meses y 6 días para completar los 20 años de
servicio como empleado oficial, por lo que adquirió el estatus el 30 de mayo de 1991,
esto es, su derecho pensional se consolidó antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, por lo que tenía derecho al reconocimiento de la pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.
44. Finalmente, el tribunal de primera instancia consideró que la situación pensional
de José Gilberto Osorio Hoyos se encontraba dentro de aquellas que fueron
convalidadas por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, para esta
Subsección no es acertada esta conclusión, puesto que, como se explicó en el
marco normativo y jurisprudencial de esta providencia, el propósito de esta
disposición fue el de proteger los derecho adquiridos, entendidos estos como
aquellas situaciones individuales y subjetivas que se constituyeron de acuerdo con
las disposiciones que la rigen, por lo que no puede ser modificada por normas que
se expidan con posterioridad19, esto es, este concepto se encuentra relacionado con
la aplicación de la ley en el tiempo, en tanto normas posteriores no pueden afectar
situaciones jurídicas consolidadas, lo que se encuentra íntimamente ligado con
principios como el de la seguridad jurídica.
45. En línea con lo anterior, se advierte que en situaciones pensionales se entiende
que se está ante un derecho adquirido cuando para su reconocimiento el interesado
acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos para esos efectos, pero además
este se efectuó en los términos y condiciones establecidos por la norma
correspondiente. Lo expuesto justifica porqué, aunque el acto administrativo de
reconocimiento se encuentra cobijado bajo la presunción de legalidad, este puede
ser modificado o revocado en el marco de un proceso judicial en el que se revise su
legalidad.
46. Así las cosas, en tanto, como se explicó anteriormente, el demandado le fue
reconocida una pensión con sustento en un régimen del cual no era destinatario, no
era posible entender que se está antes un derecho adquirido de aquellos que fueron
cobijados por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
18
Descontando el periodo comprendido entre el 1° de junio de 1971 y el 24 de noviembre de 1975,
el cual es concomitante con el tiempo servido en el Ministerio de Salud.
19
Corte Constitucional, sentencia C-242 del 2009.
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47. En ese orden, se impone modificar el ordinal primero de la sentencia objeto de
apelación, con el fin de negar únicamente las pretensiones de la demanda de
reconvención, y se revocará en lo demás la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 9 de febrero de 2022 y, en su lugar, declarar
la nulidad de la Resolución 1842 del 3 de diciembre de 1998 y como consecuencia
ordenar a la Universidad del Valle reconocer a José Gilberto Osorio Hoyos una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, de conformidad
con la Ley 33 de 1985.
2.6. Costas
48. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, para el caso en concreto, es el artículo 171 del CCA que dispuso:
«Artículo 171. Modificado por el art. 55, Ley 446 de 1998. <El nuevo texto es el
siguiente> Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones
públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá
condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del
Código de Procedimiento Civil». [Se resalta].
49. De acuerdo con la norma transcrita, la imposición de costas tiene en
consideración, «la conducta asumida por las partes». Por ello, a diferencia de lo que
acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-
administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de esa conducta
procesal, previa imposición de la medida.
50. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
51. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte demandante actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
52. José Gilberto Osorio Hoyos nunca fue destinatario del régimen pensional
contenido en la Resolución 119 de 1976, puesto que se vinculó a la Universidad del
Valle el 3 de septiembre de 1990, esto es, con posterioridad a la expedición de la
Resolución 117 de 1987 De conformidad con lo anterior, la situación pensional del
demandado se rige por lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, para lo cual tiene derecho
19
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Demandante: Universidad del Valle
al reconocimiento de una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75%
del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio, de conformidad con la Ley 33 de 1985.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el ordinal primero de la sentencia del 9 de febrero de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de reconvención, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia».
Segundo. Revocar los ordinales segundo y tercero de la sentencia del 9 de febrero
de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las
pretensiones de la demanda presentada por la Universidad del Valle en contra José
Gilberto Osorio Hoyos.
Tercero. Declarar la nulidad de la Resolución 1842 del 3 de diciembre de 1998, a
través de la cual la Universidad del Valle le reconoció pensión de jubilación a José
Gilberto Osorio Hoyos.
Cuarto. Ordenar a la Universidad del Valle a reconocer y pagar a José Gilberto
Osorio Hoyos una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio, de conformidad con la Ley 33 de 1985.
Quinto. No condenar en costas en esta instancia.
Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo
de Estado.
Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 173 del CCA.
20
Radicado: 76001-23-31-000-2003-03429-02 (4116-2022)
Demandante: Universidad del Valle
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av.
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
VMT/JMC
21
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