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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2012-00253-01

Fecha
3 de mayo de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2012-00253-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el ordinal 3º de la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la cual se accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por Carlos Arturo Aya Rojas en contra del DAS, hoy UNP, el cual quedará así: Tercero: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la UNP a reconocer a Carlos Arturo Aya Rojas las prestaciones laborales de orden legal a las cuales tiene derecho, para lo cual tomará como referente los salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó por el tiempo en el cual se demostró la existencia de la relación laboral (del 19 julio de 2007 al 16 de enero de 2009), esto es las del escolta 205, grado 05. Con fundamento en iguales consideraciones, la UNP deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de Carlos Arturo Aya Rojas. A la entidad le corresponderá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para estos efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado. Las sumas líquidas de dinero serán actualizadas con el IPC, mes a mes, de acuerdo con la fecha en que debieron hacerse los pagos. 28 Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022) Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas Segundo. Revocar el ordinal 4º de la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y en su lugar se dispone no condenar en costas de primera instancia. Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Cuarto. No condenar en costas en esta instancia. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-31-000-2012-00253-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas
Demandado: Departamento Administrativo de Seguridad1, hoy Unidad
Nacional de Protección2

Tema: Relación laboral encubierta

Sentencia de segunda instancia

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Carlos Arturo Aya Rojas presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio 2011-934525-2 del
11 de octubre de 2011, por medio del cual el jefe de la oficina asesora jurídica del
DAS le negó la existencia de una relación laboral y el reconocimiento de las
prestaciones sociales que se derivaban de ella por sus servicios como escolta.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que: i) se declarara la existencia de la relación laboral entre las partes por el periodo
en que prestó sus servicios como escolta; ii) se reconocieran los conceptos
salariales y prestacionales que de ello se derivaban, tales como cesantías y sus
intereses, primas de servicio, antigüedad, riesgo, clima e instalación, viáticos,

1 En lo que sigue DAS.
2 En lo sucesivo UNP. Mediante auto del 8 de mayo de 2017 se admitió como sucesora procesal del

extinguido DAS a la UNP. Samai, índice 12, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_C01_19AutoQueResuelve(.pdf) NroActua 12».
3 En adelante CCA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

vacaciones, bonificación por servicios prestados y dotaciones, con base en lo
devengado por un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las
suyas; iii) se devolvieran las sumas de dinero pagadas por concepto de seguridad
social en salud y pensión, retenciones y pólizas; iv) se otorgaran los subsidios de la
caja de compensación familiar y la indemnización por despido injusto; v) se
reconociera la sanción moratoria; vi) se indexaran las sumas que resultaren; y vii) se
condenara en costas a la parte vencida.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Carlos Arturo Aya Rojas laboró de manera continua e ininterrumpida como escolta
en el DAS en el distrito de Cali, departamento del Valle del Cauca, dentro del
programa de «Servicio de Protección a Personas», desde el 17 de julio de 2007, a
través de contratos de prestación de servicios. Durante su vinculación prestó sus
servicios bajo la continua subordinación y dependencia de sus superiores, en el
horario y fechas señaladas y en los diferentes lugares y sedes determinadas por el
empleador.

• El salario promedio mensual que devengó durante el último año de servicios fue
de $2.417.710.

• El 10 de octubre de 2011, Carlos Aturo Aya Rojas le solicitó al DAS el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales que se derivaban de ella por sus servicios como escolta; sin embargo, fue
negada mediante el Oficio 2011-934525-2 del 11 de octubre de 2011, expedido por
el jefe de la oficina asesora jurídica de la entidad4.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 53 y 83 de la Constitución
Política; y 131, 132, 135, 137 y 152 del CCA; y los decretos 2146 de 1989; y 1951
de 1993.

En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente5:

4 Si bien este hecho no hace parte del capítulo respectivo en la demanda, lo cierto es que se advierte

de su lectura integral.
5 Samai, índice 12, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_02Demanda(.pdf)

NroActua 12».

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Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

• El DAS desconoció el principio de primacía de la realidad sobre las formas, no
obstante haberse configurado los elementos propios de una relación laboral, toda
vez que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de manera personal
como escolta, de forma constante e ininterrumpida y subordinado o dependiente;
esto último consistente en la actitud por parte de la entidad contratante de impartirle
órdenes e instrucciones a través de sus superiores inmediatos en relación con la
forma en que debía cumplir con sus funciones, bajo la fijación de un horario de
trabajo impuesto para la prestación de sus servicios y con una remuneración como
retribución por las labores que realizaba.

• La entidad le proporcionaba los elementos oficiales y recibía comunicaciones y
memorandos sobre instrucciones en el uso y manejo de la dotación, entre otros, así
como el de tener disponibilidad de tiempo como escolta.

• El trato que se le dio vulneró el principio de igualdad, el derecho al trabajo y demás
garantías laborales, toda vez que por desarrollar idénticas funciones a las del
personal vinculado de forma legal y reglamentaria debió recibir un trato igual que el
de los escoltas de planta de la entidad.

1.2. Contestación de la demanda6

La UNP se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en las
siguientes consideraciones7:

• Esa entidad no fue la que expidió el acto acusado, y la función administrativa bajo
la cual se circunscribe no le impone reconocer y pagar obligaciones laborales ni
liquidación de contratos, en tanto no le fue asignada. A ella solo le corresponde la
labor de protección, que es netamente operativa. Por lo tanto, no es la llamada a
restablecer un derecho que no vulneró.

• La Fiduprevisora es la que debe responder en los términos de lo dispuesto en el
artículo 238 de la Ley 1753 de 2015, pues en este caso la UNP no es sucesora
procesal del DAS.

• Sin perjuicio de lo anterior, en caso de una eventual condena, debe tenerse en
cuenta la equidad e igualdad salarial que debía tener el actor con un escolta
vinculado a la planta de personal del extinto DAS, además, de la prescripción trienal
de los derechos que le puedan asistir.

6 Mediante auto del 28 de abril de 2015 se admitió como sucesora procesal del extinguido DAS a la

UNP, tal y como se advierte a folios 335 y 336.
7 Ibidem, documento «ED_C01_23ContestacionDeLaDemanda(.pdf) NroActua 12».

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Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia proferida el 29 de
septiembre de 2021 accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda.
Al efecto dispuso lo siguiente8:

«Primero: Declarar la nulidad del Oficio No. 2011-934525-2 del 11 de octubre de 2011,
proferido por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, mediante el
cual se negó la solicitud de reconocimiento de la existencia de una relación laboral
presentada por el señor Carlos Arturo Aya Rojas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo.- Declarar la existencia de una relación laboral desde el 19 de julio de 2007 al
16 de enero de 2009 entre el señor Carlos Arturo Aya Rojas y el extinto Departamento
Administrativo de Seguridad- DAS, cuyas funciones de protección se trasladaron y
guardan relación con las cumplidas hoy por la Unidad Nacional de protección.

Tercero: Ordenar, en consecuencia, a la Unidad Nacional De Proteccion que pague
al señor Carlos Arturo Aya Rojas, identificado con C.C. 14.252.198, actualizadas con
el IPC, mes a mes, las prestaciones sociales que reconoció desde el 19 de julio de 2007
al 16 de enero de 2009 a los empleados de planta de la entidad que desempeñaban la
función de escolta, tomando como base para la liquidación los honorarios pactados; y
el mayor valor de los aportes a pensiones por el mismo periodo, sin exceder el
porcentaje que corresponde al empleador. Las, suma líquidas de dinero serán
actualizadas con el IPC, mes a mes, de acuerdo a la fecha en que debieron hacerse
los pagos.

Cuarto. Condenar en costas en primera instancia a la entidad demandada conforme lo
previsto en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso. Las agencias en
derecho en primera instancia se fijan en UN (1) SMLMV». (Sic).

Para tal efecto se pronunció en estos términos:

• Con fundamento en las pruebas documentales es posible declarar la existencia de
la relación laboral entre las partes por el periodo comprendido entre el 19 de julio de
2007 y el 16 de enero de 2009, toda vez que se acreditaron los elementos para su
configuración, esto es la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación o dependencia.

• Lo anterior, toda vez que Carlos Arturo Aya Rojas i) prestó sus servicios como
escolta de manera personal y permanente; ii) recibió una remuneración mensual por
las labores prestadas; y iii) las tareas que desarrolló fueron conforme con las
órdenes y directrices impartidas por parte del DAS.

8 Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 60, actuación «Sentencia», documento,

«14_SENTENCIA(.PDF) NroActua 60».

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Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

• Así entonces, el actor tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales
generadas con ocasión de sus servicios, las que se liquidarán con base en los
honorarios derivados de los contratos de prestación de servicios.

• No hay lugar a la devolución de los aportes a pensión que pagó el demandante,
sino que la UNP deberá tomar el ingreso base de cotización (honorarios pactados)
entre el 19 de julio de 2007 y el 16 de enero de 2009, mes a mes, y verificar si existe
una diferencia entre los aportes realizados por aquel y los que se debió cotizar al
fondo de pensiones y, en caso de encontrar dicha diferencia, deberá pagar la suma
faltante, pero solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

• No operó el fenómeno jurídico de la prescripción, toda vez que la reclamación (10
de octubre de 2011) de los períodos contractuales tuvo lugar dentro del término de
3 años siguientes a la culminación de las relaciones respectivas (16 de enero de
2009), en las que no se presentaron interrupciones superiores a 30 días hábiles.

• Es improcedente el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago de las
cesantías, puesto que esta clase de indemnización solo surge para quienes han
devengado el emolumento y no para los eventos en los que su reconocimiento se
encuentra en litigio, como ocurre en el presente caso.

• La UNP es la que se encuentra obligada al pago de la condena y no la
Fiduprevisora S.A., toda vez que las funciones que desempeñaban los escoltas del
extinto DAS le fueron trasladadas como entidad receptora, de acuerdo con la
naturaleza, objeto y sujeto procesal.

• Hay lugar a la condena en costas, en la medida en que la entidad fue la parte
vencida, en consideración a las previsiones de los artículos 188 del CPACA y 365
del Código General del Proceso9.

1.4. El recurso de apelación

La UNP interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara la decisión del a
quo con fundamento en los siguientes argumentos10:

• El demandante no logró demostrar que efectivamente prestó sus servicios de
forma dependiente y subordinada en la entidad, pues las actividades para las cuales

9 En lo que sigue CGP.
10Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 63, actuación «Allega Memorial»,
documento, «16_ALLEGAMEMORIAL_RECURSOAPELACION(.PDF) NroActua 63».

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Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

fue contratado debían ser desarrolladas dentro de unos parámetros mínimos de
realización, es decir que se trató de una relación coordinada entre el contratista y la
contratante con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades.

• Entre las partes lo que existió fue una relación contractual que obedeció a lo
establecido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual autorizó a las entidades
públicas para celebrar contratos de prestación de servicios con el objeto de realizar
actividades no solo de carácter permanente, sino las que de manera excepcional se
requirieran para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y estas no pudieran realizarse con el personal de
planta o requieran conocimientos especializados; sin embargo, estos no generan un
vínculo laboral ni el derecho a percibir prestaciones sociales.

• Toda actividad contractual requiere de una vigilancia y control por parte del
contratante, máxime cuando en este caso la labor contratada es especialísima,
puesto que de ella depende la vida de quienes son beneficiaros del programa, lo
que justifica que se hubiese designado un supervisor. Debe tenerse en cuenta que
una vez el escolta salía de las instalaciones del DAS, las órdenes y sugerencias las
impartía el protegido. Además, en las misiones era completamente autónomo,
nunca se le entregó un manual de funciones ni se le asignó un horario, simplemente
se le indicó que debía asistir a la entidad para hacerle entrega de las herramientas
de trabajo (armas, chalecos, vehículos blindados) que, por su carácter de alta
seguridad, no podían dejarse en manos de los contratistas. Lo anterior desvirtúa
que la relación fuera subordinada.

• Tal y como se advierte de lo certificado por el DAS los escoltas vinculados a través
de contratos de prestación de servicios pactaron honorarios más altos que el total
del promedio mensual devengado por los de la planta de personal. En tal sentido,
si lo que se pretende es la aplicación del principio «a trabajo igual, salario igual», debe
declararse que la base salarial de la liquidación es la de los empleos de planta, por
ser la que se equipara a la realidad laboral que se homologa con la decisión
recurrida, y tenerse en cuenta los emolumentos pagados de más, para que estos
«sean descontados del valor de las pretensiones».

• La UNP no está legitimada en la causa por pasiva, pues en este caso no es
sucesora procesal del DAS, sino que debe responder la Fiduprevisora en los
términos de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015.

• Si bien la UNP fue asignataria de la función de protección que tenía el DAS, esta
no tiene relación con los hechos demandados, ya que es una netamente operativa

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Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

y aunque varios escoltas fueron incorporados a la nueva planta de la unidad, lo
cierto es que otras entidades también fueron receptoras de estos trabajadores.

• En virtud de lo dispuesto en los decretos 4057, 4066, 4067 y 4070 de 2011, la
única carga administrativa laboral que recibió la UNP fue la de incorporación de
personal, de manera que aquella bajo la cual se circunscribe el reconocimiento y
pago de obligaciones laborales, no le fue asignada.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. Concepto del Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia
apelada, toda vez que en el sub judice se acreditaron los elementos para declarar
la existencia de una relación laboral entre las partes, esto es la prestación personal
del servicio, la remuneración recibida y la subordinación o dependencia. Esto último,
puesto que el actor recibió órdenes e instrucciones en el desempeño de sus
funciones sin que le asistiera algún tipo de autonomía. Además, concluyó que la
entidad responsable de la condena es la UNP, así como lo estableció el juez de
primera instancia.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

Consisten en determinar ¿si entre Carlos Arturo Aya Rojas y el DAS se configuró
una relación laboral? y si ¿aquel tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral?, de ser así, ¿cuál es la
entidad que debe responder por las condenas ante la supresión del DAS?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de contratos
de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

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Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3º. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

Por su parte, el Decreto 2209 de 199811 precisó que «(l)os contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta
o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales»,
contenidas en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció
que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal
subordinada y dependiente.

De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

11 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

8

Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Resalta la Sala].

Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)12 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización13, desarrolló el
principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».

Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»14 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

12 Aprobada el 11 de abril de 1919.
13 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
14 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

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Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación15 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales16». (Resalta la Sala).

Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es, que solo
es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la labor
contratada.

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-CE-
S2-2021 del 9 de septiembre de 202117 estableció las siguientes reglas de

16 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

11

Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».

En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es, la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Lo probado en el proceso

Al expediente se aportaron los siguientes documentos18:

18Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 50, actuación «Allega Memorial»,
documentos «13_ALLEGAMEMORIAL_MISIONESDETRABAJO(.PDF) NroActua 50»,

12

Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

• Contratos de prestación de servicios, junto con sus certificaciones de cumplimiento
y actas de inicio y liquidación, según los cuales entre el demandante y el DAS se
suscribieron los siguientes:

Contrato de
Valor Interrupción
prestación de Duración Objeto
mensual días hábiles
servicios
«El Contratista en virtud de sus
19-07-2007 condiciones personales se
106 de 2007 $1.500.000 a compromete para con el D.A.S. a -
31-12-2007 prestar los servicios de protección;
con sede principal en la ciudad de
Cali-Valle y eventualmente en la
ciudad donde se asigne el esquema
01-01-2008
121 de 2007 y protectivo, dentro del componente
$1.575.000 a -
adición seguridad a perdonas, del Programa
31-12-2008
de Protección a Dirigentes
Sindicales, Organizaciones Sociales
y Defensores de Derechos
Humanos, conforme a las medidas
01-01-2009 de seguridad aprobadas por el
020 de 2008 $840.000 a Comité de Reglamentación y -
16-01-2009 evaluación de riesgos del Ministerio
del Interior y de Justicia». (Sic).

En los contratos de prestación de servicios se pactaron, entre otras, las siguientes
obligaciones:

«1. Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el DAS
a través del supervisor, o por su protegido. 2. Realizar las de índole protectivo previa
autorización para cumplir con la actividad encomendada, o destinación del funcionario
competente del Departamento Administrativo de Seguridad. 3- Presentar para su
revisión en la dependencia de Control de Armamento, Radios y Vehículos del DAS, o en
la que haga sus veces, los elementos logísticos de dotación, dentro de los últimos cinco
(5) días de cada mes. 4.- Al terminar el servicio y cuando por alguna circunstancia, el
contratista no se encuentre prestando el servicio para el cual fue contratado deberá
hacer entrega de los elementos en la misma dependencia diariamente. 5.- Observar
excelente conducta social, laboral y buenas relaciones interpersonales con los
funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, con sus compañeros y con
la persona protegida. 6. No ingerir bebidas embriagantes, sustancias alucinógenas o
psicotrópicas. 7. Respetar las normas de tránsito y de convivencia ciudadana, y
colaborar con las autoridades civiles, militares y de policía 8. Informar oportunamente a
la Oficina de Protección Especial del DAS, los desplazamientos que por la naturaleza
del contrato deba hacer a otras ciudades y las novedades que se presenten en el
servicio. 9.- Mantener en buen estado los elementos logísticos entregados por el DAS y
velar por su buen uso y cuidado, los cuales deberán destinarse en forma exclusiva para

«12_ALLEGAMEMORIAL_CONTRATO1212007(.PDF) NroActua 50»,
«11_ALLEGAMEMORIAL_CONTRATO1062007(.PDF) NroActua 50» y
«10_ALLEGAMEMORIAL_CONTRATO0202008(.PDF) NroActua 50» y Samai Consejo de Estado,
índice 12, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_02Demanda(.pdf) NroActua
12».

13

Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

el servicio objeto del presente contrato. 10. Observar en forma permanente las
instrucciones impartidas en la relacionado con el uso de armas, técnicas protectivas y
las demás que se relacionen con las actividades propias del objeto del presente contrato.
11- Informar al Supervisor del contrato las novedades de servicio relacionadas con
permisos, incapacidades u otras circunstancias que suspendan o interrumpan la
ejecución del contrato, caso en el cual se efectuarán los descuentos correspondientes al
valor diario por el tiempo en que no se preste el servicio. Estos descuentos podrán
hacerse efectivos durante el tiempo de ejecución del contrato o en la liquidación del
mismo, previa certificación del supervisor. 12. Observar las medidas de seguridad
preventivas para el manejo de las armas de fuego, evitando poner en riesgo la vida e
integridad física de los ciudadanos. 13. Presentar en forma oportuna la documentación
mensual al Supervisor del contrato, la cual se requerirá para expedir la certificación del
pago de los honorarios y gastos de viaje estipulados en la cláusula tercera del presente
contrato». (Sic).

• Resolución 01759 del 17 de agosto de 2004, «(p)or la cual se adopta el Manual
Específico de Funciones y Requisitos de los empleos de la Planta de Personal del
Departamento Administrativo de Seguridad», en la que consta la existencia del cargo
de escolta código 205, grado 05, de la siguiente manera:

«(…)

Oficina de Protección Especial
I. Identificación y ubicación del cargo
Denominación del cargo: Agente Escolta (Nivel Central y
Seccional)
Area: Operativa Código 205 Grado 05
Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
II. Funciones Generales

Prestar los servicios de protección a personas contra riesgos, peligros o amenazas
que puedan afectar su integridad

III. Descripción de Funciones

1. Realizar las actividades tendientes a lograr la protección de las personas a las
cuales el DAS los presta servicio de seguridad, según el programa para el cual fue
nombrado, utilizando los medios logísticos adecuados dentro del marco jurídico que
señala la ley y los reglamentos:

2. Conducir los vehículos de la Institución cuando las necesidades del servicio lo
requieran previo cumplimiento de los requisitos legales;

3. Reportar oportunamente al superior inmediato sobre los desplazamientos que
realice el protegido dentro y fuera de la ciudad;

4. Mantener en buen estado el vehículo, equipo, armas y demás elementos de
dotación;

14

Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

5. Contribuir con sugerencias, Iniciativas y propuestas que propicien un eficiente
servicio de seguridad;

6. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel, la naturaleza
y el área de desempeño del cargo.

(…)» (sic).

• Libro de minuta en el que constan las anotaciones del esquema de protección del
actor, entre febrero y abril de 2008.

• Órdenes de trabajo dirigidas al demandante.

• Constancia del 16 de agosto de 2007 y certificaciones del 19 de octubre y 19 de
noviembre de 2007, suscritas por comandante de la Estación de Policía Calima
Darién, en la que se informó que el actor permaneció en la localidad de Calima
Darién del 1º al 16 de agosto, del 1º al 19 de octubre y del 1º al 19 de noviembre de
2007, «de acuerdo a la misión de trabajo permanente N° 1897 de Fecha 27 de julio de
2007, emanada por la oficina de protección especial DAS seccional Valle del Cauca
consistente en prestar los servicios de seguridad y escolta al Señor Gersain Rios Bravo
Concejal de Calima Darién (…)» (sic).

• Certificaciones del 17 y 30 de julio de 2008, expedidas por la coordinadora
administrativa del DAS, seccional Valle del Cauca, en la que se indicó que el actor
«tiene en la actualidad el contrato de prestación de servicios No 121 vigente desde 01 enero
de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008. Que hace parte del componente de protección
a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad
o libertad por causas relacionadas con la violencia política, o con el Conflicto Armado
Interno, Programa liderado por el ministerio del interior y justicia, devengado honorarios
mensuales de $1.575.000 m/cte. El contrato le viene siendo renovado desde el (19 Julio
2007) diesinueve de julio de dos mil siete» (sic).

• Certificación del 24 de julio de 2008, suscrita por comandante de la Estación de
Policía Calima Darién, en la que se informó:

«El suscrito comandante de la Estación de Policía Calima Darién, Certifica que los
señores escoltas contratistas Mauricio Ariza Garzón C.C.79.560.440 carnet 911; y Carlos
Arturo Aya Rojas 14.252.198 carnet 1108, permanecieron en la localidad desde el día
Primero (01) de Julio hasta el 24 de Julio de 2008, de acuerdo a orden de trabajo N° 579
de Fecha 1 de Julio al 31 de Agosto de 2008, emanada por la oficina de protección
especial DAS seccional Valle del Cauca, consistente en prestar los servicios de
seguridad y escolta al Señor Gersain Rios Bravo Concejal de Calima Darién (…)» (sic).

• El 10 de octubre de 2011, Carlos Aturo Aya Rojas le solicitó al DAS el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral y el pago de las prestaciones

15

Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

sociales que se derivaban de ella por sus servicios como escolta. Esta petición fue
negada mediante el Oficio 2011-934525-2 del 11 de octubre de 2011, expedido por
el jefe de la oficina asesora jurídica de la entidad, toda vez que entre las partes
únicamente hubo varias relaciones contractuales cuyo objeto fue la prestación de
servicios de protección por parte del contratista a personas amenazadas por la
situación de violencia del país.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si en el sub judice se acreditaron
los elementos que permiten configurar una relación de trabajo entre Carlos Arturo
Aya Rojas y el DAS.

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

De las pruebas relacionadas, se tiene que el actor prestó sus servicios como escolta
en el DAS a través de contratos de prestación de servicios ejecutados entre el 19
de julio de 2007 y el 16 de enero de 2009. En virtud de lo señalado en tales
documentos «(e)l Contratista en virtud de sus condiciones personales se compromet(ió)
con el D.A.S. a prestar los servicios de protección» y se estableció una cláusula de
expresa prohibición de ceder el contrato «sin la autorización previa, expresa y escrita
del D.A.S.», lo que permite advertir que fue él y no a través de otras personas quien
ejecutó la labor contratada.

En consecuencia, de las copias de los contratos de prestación de servicios,
certificaciones, constancia y demás pruebas documentales, se advierte que el
demandante en efecto fue contratado para desarrollar funciones de escolta al
servicio del DAS entre el 19 de julio de 2007 y el 16 de enero de 2009.

2.4.1.2. Remuneración

Ahora bien, Carlos Arturo Aya Rojas percibió una remuneración19 por el trabajo
realizado, tal y como se evidencia en los contratos de prestación de servicios que
suscribió, sus actas de inició y liquidación, constancia y certificaciones, en los que
se advierte que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la
remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de
su denominación (honorarios o salario).

19 $$840.000, $1.500.000 y $1.575.000.

16

Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

En este punto, la Sala encuentra que las funciones desempeñadas por el
demandante no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que este
estuvo sujeto a horarios y órdenes, propias de la naturaleza de una relación
subordinada pues atienden al control de un superior para llevar acabo la ejecución
de los contratos, por lo que existe una sujeción de aquel hacia la entidad accionada
y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de
su servicio, quien a su vez tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que
evidencia el ejercicio del ius variandi por parte del DAS.

En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive
con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrollara sus
labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.

Esto se advierte luego de contrastado el objeto y las obligaciones que se
establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre los
extremos procesales, de las órdenes de servicio o misiones y demás pruebas
documentales aportadas. En ellos se aprecian actividades que exigen para su
ejecución necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una
valoración bajo las reglas de la sana crítica de tales pruebas, encuentra que es
posible determinar la existencia de una relación laboral subordinada.

En efecto, Carlos Arturo Aya Rojas prestó sus servicios como escolta en el DAS y
desarrolló, entre otras funciones, las de «(c)umplir con las actividades de protección en
el lugar que le sea asignado por el DAS o por su protegido», «(r)ealizar las actividades de
índole protectivo previa autorización para cumplir con la actividad encomendada, o
destinación del funcionario competente del Departamento Administrativo de Seguridad»,
«(o)bservar en forma permanente las instrucciones impartidas en lo relacionado con el uso
de armas, técnicas protectivas y las demás que se relacionen con las actividades propias
del objeto del presente contrato», e «(i)nformar al Supervisor del contrato las novedades de
servicio relacionadas con permisos, incapacidades u otras circunstancias que suspendan o
interrumpan la ejecución del contrato, caso en el cual se efectuarán los descuentos
correspondientes al valor diario por el tiempo en que no se preste el servicio. Estos
descuentos podrán hacerse efectivos durante el tiempo de ejecución del contrato o en la
liquidación del mismo, previa certificación del supervisor» (sic).

Las anteriores obligaciones ponen en evidencia que el DAS, en su calidad de
empleador, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo del actor y que este
no realizó sus labores en forma autónoma e independiente, pues estas tienen
relación de correspondencia con el ejercicio del poder subordinante por parte de la
entidad, la que incluso podía realizar descuentos durante el tiempo de ejecución del

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Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

contrato, como consecuencia de la solicitud de permisos o incapacidades.

Aunado a lo expuesto, la Sala encuentra que en las órdenes de trabajo, el DAS le
indicó a su escolta contratista las condiciones en que debía desarrollar el objeto
contractual, esto es si lo debía hacer por vía aérea o terrestre, el vehículo previsto
para la misión, le recordó el deber de dar estricto cumplimiento a las normas y
medidas preventivas de seguridad; coordinar con las autoridades civiles, policiales
y la Fuerza Pública, el apoyo necesario para llevar a cabo la misión; presentarse
ante el correspondiente director del DAS en el lugar a donde se dirigían, y en caso
de que la entidad no tuviera representación, ante el comando de policía de la
jurisdicción; una vez finalizado el servicio debían devolver la misión con el
correspondiente informe de cumplimiento; tenían que legalizar las misiones u
órdenes de trabajo el día de su finalización o, a más tardar el día hábil siguiente,
con el cumplido o certificación de permanencia, so pena de que no se les
reconocerían viáticos.

En este punto, se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a
la que es propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de
las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para
la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»20.

Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia su
empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»21.

Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto que
el desempeño de las funciones por parte del demandante no tuvo independencia,
pues debía seguir las precisas instrucciones en cuanto a las condiciones de modo,
tiempo y lugar, toda vez que el éxito de la misión dependía de la observancia del
esquema de seguridad propuesto por sus superiores y, por tanto, desvirtúa el
carácter autónomo propio de un contratista.

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21 Ibidem.

18

Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

Esta Sala no puede desconocer que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del
Decreto 512 de 1989 la misión del DAS era «suministrar a las dependencias oficiales
que lo requieran, según la naturaleza de sus funciones, las informaciones relacionadas con
la seguridad interior y exterior del Estado y la integridad del régimen constitucional;
colaborar en la protección de las personas residentes en Colombia, y prestar a las
autoridades los auxilios operativos y técnicos que soliciten con arreglo a la ley» y, como
consecuencia de ello, le correspondía «prestar servicios de seguridad personal a
quienes por razón del cargo, posición, funciones o motivos especiales puedan ser objeto
de atentados contra su persona o bienes, cuando de ellos pudieren derivarse
perturbaciones del orden público»22. Con fundamento en lo anterior y luego de
contrastarlo con las obligaciones contractuales de Carlos Arturo Aya Rojas, se
advierte que este realizó funciones propias de la misión institucional del DAS y que
tales labores ostentaron el carácter de permanentes, lo que evidencia la necesidad
del servicio.

Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909 de
2004, la entidad no hubiese hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio. Por consiguiente, la
ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue
contratado el demandante no es un argumento que enerve las consideraciones
expuestas en esta decisión, pues no justifica la falta de planeación por parte de la
entidad y desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la
subordinación de la entidad.

Así las cosas, para el periodo comprendido entre el 19 de julio de 2007 y el 16 de
enero de 2009 se encuentran acreditados los elementos de la relación laboral, como
lo estableció el a quo.

2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación23 dispuso que:

22 Decreto 512 de 1989.
23Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

19

Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 24, proferida por
el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a

24 SUJ2-005-16.

20

Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

Así, a juicio de la Sala, «(q)uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el
Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro
del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»25.

En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 10 de octubre de
201126, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues
no transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 16 de enero de 2009 y que entre
una vinculación y otra no se presentaron interrupciones superiores a 30 días hábiles
que implicaran la solución de continuidad en la prestación del servicio y le exigieran
presentar la reclamación administrativa.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

En primer lugar, esta Sala advierte que el a quo ordenó la liquidación de la condena
con base en los honorarios contractuales; sin embargo, se resalta que, si bien, tal y
como se expuso en la sentencia del 4 de febrero de 201627, los honorarios son el
criterio imperante únicamente cuando el cargo desempeñado por el contratista no
existe en la planta de personal, pues en razón a la inexistencia del cargo, dichos
emolumentos son la única forma de tasar objetivamente la indemnización de
perjuicios. Esto señaló en aquella oportunidad:

25 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.
26 Samai, índice 12, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento « ED_C01_02Demanda(.pdf)

NroActua 12».
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de febrero de 2016, radicado

81001-23-33-000-2012-00020-01(0316-14), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

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Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

«(L)a Sala, ha acudido a los honorarios pactados, como punto de partida para la
reparación de los daños en este tipo de controversias, siendo este el criterio imperante
cuando el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues
en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal, dichos emolumentos son
la única forma de tasar objetivamente la indemnización de perjuicios, ya que de otra
forma se incurría en subjetivismos por parte de la administración, a la hora de definir la
identidad o equivalencia con otro empleo existente en la planta de la entidad, con el
riesgo de reabrir la controversia al momento de ejecutar la sentencia.

No obstante, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, las Subsecciones A
y B de la Sección Segunda, también han tenido en cuenta, de manera excepcional, como
criterio para la reparación del daño, el salario devengado por un empleado de planta de
la entidad, en aquellos casos en que se ha demostrado que el empleo desarrollado por
el contratista demandante existe en la planta de personal y es desempeñado en igualdad
de condiciones que los servidores públicos de planta28, o cuando los honorarios pactados
son inferiores al salario devengado por un empleado de planta de la entidad con las
mismas funciones desarrolladas29.

En este orden de ideas, la Sala considera oportuno y necesario precisar cuál es el criterio
imperante para el reconocimiento de la reparación de los daños derivados de la
existencia del contrato realidad, dependiendo si las actividades contratadas bajo la
modalidad de prestación de servicios son iguales a las funciones asignadas a empleos
existentes en la planta de personal de la entidad o si no lo son, pues según el caso, el
parámetro objetivo para la tasación de perjuicios podrá variar, en aplicación de los
principios laborales de igualdad de oportunidades y remuneración proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, derivados del artículo 53 de la C.P.

En tal sentido, dirá la Sala que los honorarios pactados son el criterio imperante cuando
el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues en
razón a la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de tasar
objetivamente la indemnización de perjuicios».

Por lo expuesto, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 30, la
Sección Segunda dispuso que «en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse
las prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación de
servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados, ya que no es
dable tener en cuenta, en este caso, el empleo de planta, pues los docentes oficiales
se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente que implica

28 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas
Monsalve. Sentencia de 27 de noviembre de 2014, Expediente: 05001-23-33-000-2012-00275-01,
Referencia: 3222-2013, Actor: David Alejandro Jaramillo Arbeláez; Subsección A, sentencia de 4 de
junio de 2009, Referencia 1221-08, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Subsección A,
sentencia de 21 de octubre de 2009, referencia 2725-08, C.P. Luis Rafael Vergara.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de marzo de 2010,

Referencia: 2168-08, C.P. Alfonso Vargas Rincón.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-

33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

remuneraciones diferenciadas según el grado en el que estén31», esto fue así por la
imposibilidad de calcular la condena con el empleo de planta.

Así las cosas, siempre que se acredite la existencia del cargo en la planta de
personal, las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral reconocida
deben liquidarse con fundamento en los salarios devengados por tales empleados,
pues esto le otorga vigencia al principio de «salario igual por un trabajo de igual
valor» que se deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales32 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la
remuneración de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas33.

En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, el actor tiene derecho al
reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones laborales
legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle, en consideración al
salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las suyas,
como lo son las que desempeñaba un escolta código 205, grado 05, tal y como se
deduce de las obligaciones pactadas en los contratos de prestación de servicios y
en la Resolución 01759 del 17 de agosto de 2004, «(p)or la cual se adopta el Manual
Específico de Funciones y Requisitos de los empleos de la Planta de Personal del
Departamento Administrativo de Seguridad», correspondiente al periodo comprendido
entre el 19 de julio de 2007 y el 16 de enero de 2009.

31 Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”,

artículo 36: “Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de los siguientes
derechos:
(…)
b. Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado del escalafón;
(…)”:
32 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos».
33 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

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Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

Con fundamento en iguales consideraciones, la entidad demandada deberá calcular
el ingreso base de cotización (IBC) pensional de Carlos Arturo Aya Rojas. A la
entidad le corresponderá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que
le correspondía como empleador.

Para estos efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en
caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de
pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.

Así las cosas, por las razones expuestas y en consideración a que la parte
demandada en su recurso de apelación solicitó, ante la existencia del cargo, la
aplicación del criterio explicado con anterioridad, el cual considera que le resulta
más favorable y, por lo tanto, no se desmejoraría su situación en virtud del principio
de la non reformatio in pejus, esta Sala considera necesario modificar la orden
proferida por el tribunal para efectos de precisar que el pago de las prestaciones
laborales reconocidas y el cálculo del IBC deberá realizarse con base en los salarios
devengados por el personal de planta.

Lo anterior, aun cuando en el sub judice no es posible establecer el salario de un
empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las del demandante para
lo época de los hechos, pues no se aportó prueba que lo demostrara34, pero lo cierto
es que la UNP así lo solicitó en su escrito de apelación y es la posición actual de la
Sala frente a este tema.

Ahora bien, es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones
que deberán ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia35
que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a
la declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público (…)», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones sociales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».

En consideración a esto, al demandante le asiste el derecho al reconocimiento de
las prestaciones sociales de carácter legal que devengara un empleado de planta
de la entidad demandada que desarrollaba iguales funciones a las suyas, esto es

34 Si bien se allegó el manual específico de funciones y requisitos de los empleos de la planta de

personal del DAS, que demuestra la existencia del escolta código 205, grado 05, lo cierto es que no
contiene lo relacionado con el salario del cargo.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).

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Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

las del escolta código 205, grado 05, tales como vacaciones, primas, bonificaciones
y cesantías, entre otras.

En igual sentido, si bien en aplicación de las garantías de orden constitucional que
impone a las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para
los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; y la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales, esta Sala ha señalado que en asuntos relativos
a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el reconocimiento y pago de
las diferencias que resulten entre lo que recibió la demandante por concepto de
honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones de dicho cargo de la
entidad; no es menos cierto que, en el presente asunto la entidad demandada funge
como apelante único, razón por la cual en virtud del principio de la non reformatio in
peius no habrá lugar a modificar la sentencia en este aspecto y, en consecuencia,
bajo ese entendido se confirmará.

Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado y la
normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye, como lo estableció el a quo, que
se demostraron los elementos constitutivos de una relación laboral encubierta entre
las partes en el periodo comprendido entre el 19 de julio de 2007 y el 16 de enero
de 2009 y el consecuente pago de las prestaciones laborales que surjan de ello.

2.4.4. En torno a la entidad que debe responder por la condena ante la
supresión del DAS

Ahora, en relación con la entidad obligada a restablecer el derecho que se ordena
en sede judicial, la Sala advierte que contrario a lo señalado por la recurrente, las
obligaciones laborales del DAS fueron asumidas por la UNP, lo que lo acredita como
sucesor procesal, y en tal calidad, deberá ocuparse de las condenas resultantes en
el sub judice.

Al respecto, resulta necesario precisar que el artículo 3 del Decreto 4065 de 2011
señaló que el objetivo de la UNP es «articular, coordinar y ejecutar la prestación del
servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus
actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales,
étnicas, de género, de su calidad de víctima de la violencia, desplazado, activista de
derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir
daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de un
cargo público u otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario, como el
liderazgo sindical, de ONG y de grupos de personas desplazadas, y garantizar la
oportunidad, eficiencia e idoneidad de las medidas que se otorgan».

25

Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

Lo anterior, toda vez que mediante el Decreto Ley 4057 del 31 de octubre de 2011,
el gobierno nacional suprimió el DAS, y en el artículo 3 dispuso que «(l)as funciones
(...) que corresponden al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contempladas
en el Capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2°, del Decreto 643 de 2004, y las
demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes entidades y
organismos, así: (...) 3.4. La función comprendida en el numeral 14 del artículo 2.° del
Decreto 643 de 2004, en el Decreto 1700 de 2010 y las demás que se desprendan de la
misma, se traslada a la Unidad Administrativa denominada Unidad Nacional de
Protección que se creará en decreto separado». (Se resalta).

Por su parte, el artículo 9 del Decreto 1303 de 2014, señaló que los procesos
judiciales, reclamaciones de carácter administrativo, laboral y contractual, en los que
sea parte el DAS y/o su Fondo Rotatorio al cierre de la supresión del primero, serán
notificados a las entidades que hayan asumido las funciones, de acuerdo con la
naturaleza, objeto o sujeto procesal y que si aquellas no fueron atribuidas a alguna
de las entidades de la Rama Ejecutiva, corresponderán a la Agencia de Defensa
Jurídica del Estado.

Finalmente, se observa que la UNP intervino en el proceso de la referencia, ante
esta Corporación, como sucesor procesal del DAS, en virtud de lo dispuesto en el
auto del 8 de mayo de 201736.

En igual sentido se ha pronunciado esta corporación al concluir que «la competencia
de la Fiduprevisora es de carácter residual, y atiende a que el proceso o las funciones no
se hayan trasladado a ninguna otra entidad llamada a suceder procesalmente al extinto
DAS»37.

En este orden de ideas, con fundamento en los elementos de juicio expuestos, se
concluye que la entidad que debe responder por las condenas proferidas en el sub
examine es la UNP, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 del CGP.

Por lo analizado, la Sala confirmará parcialmente la sentencia apelada, pues se
modificará la orden contenida en el ordinal 3º, en cuanto a la liquidación de las
prestaciones laborales a las cuales tendría derecho el demandante y el cálculo del
ingreso base de cotización (IBC), con fundamento en lo ya expuesto.

36
Samai, índice 12, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_C01_19AutoQueResuelve(.pdf) NroActua 12».
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 6 de septiembre de 2018, radicado

250002342000201201137-01 y del 18 de marzo de 2021, radicado 76001-23-33-000-2014-00204-
01 (4087-2018),

26

Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

2.4. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma38.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y revocará la
condena impuesta en primera instancia, por no haberse efectuado el análisis aquí
expuesto.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación laboral
entre Carlos Arturo Aya Rojas y el DAS entre el 19 de julio de 2007 y el 16 de enero
de 2009, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales.

38 En igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

En consecuencia, tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
laborales de orden legal que surjan de ello, para lo cual se tomará como referente
los salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las que
ejecutó en ese periodo, esto es las del escolta 205, grado 05. Con fundamento en
iguales consideraciones, la entidad demandada deberá calcular el ingreso base de
cotización (IBC) pensional, en atención a lo expuesto en la parte considerativa de la
providencia.

La entidad que debe responder por las condenas en favor del demandante ante la
supresión del DAS, es la UNP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar el ordinal 3º de la sentencia proferida el 29 de septiembre de
2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la cual se
accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por Carlos
Arturo Aya Rojas en contra del DAS, hoy UNP, el cual quedará así:

Tercero: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la UNP a reconocer
a Carlos Arturo Aya Rojas las prestaciones laborales de orden legal a las cuales
tiene derecho, para lo cual tomará como referente los salarios de un empleado
de planta que desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó por el tiempo en
el cual se demostró la existencia de la relación laboral (del 19 julio de 2007 al 16
de enero de 2009), esto es las del escolta 205, grado 05.

Con fundamento en iguales consideraciones, la UNP deberá calcular el ingreso
base de cotización (IBC) pensional de Carlos Arturo Aya Rojas. A la entidad le
corresponderá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le
correspondía como empleador.

Para estos efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que
en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la
carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.

Las sumas líquidas de dinero serán actualizadas con el IPC, mes a mes, de
acuerdo con la fecha en que debieron hacerse los pagos.

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Radicado: 76001-23-31-000-2012-00253-01 (4092-2022)
Demandante: Carlos Arturo Aya Rojas

Segundo. Revocar el ordinal 4º de la sentencia proferida el 29 de septiembre de
2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y en su lugar se dispone no
condenar en costas de primera instancia.

Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida, de conformidad con lo
expuesto en esta decisión.

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM.

29

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