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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2012-00064-02

Fecha
27 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2012-00064-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)1
Demandantes: Ferney Arturo Ortega Fajardo y Ferney Vidales Moreno
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Tema: bonificación por compensación establecida en el Decreto 610 de 1998.
Subtema 1: prescripción.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 8 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de
Conjueces, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

Los accionantes, en calidad de magistrados de tribunal, solicitaron el reconocimiento
de la bonificación judicial prevista en el Decreto 610 de 1998, teniendo en cuenta que
los ingresos totales anuales de los magistrados de las altas cortes en la liquidación de
tal emolumento deben coincidir con los ingresos totales anuales de los congresistas,
de acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992.

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en cuanto ordenó
el reajuste de la bonificación por compensación equivalente al 80 %, de lo que por todo
concepto devengan los magistrados de las altas cortes, teniendo en cuenta en la base
de la liquidación el valor que por concepto de cesantías percibían los congresistas.

La Subsección confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, toda vez
que no se configuró la prescripción del derecho de los demandantes al reajuste de la
bonificación por compensación con la inclusión de la prima especial de servicios del

1 Expediente híbrido.

1

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
Demandantes: Ferney Arturo Ortega Fajardo y otro
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

artículo 15 de la Ley 4 de 1992, en la reliquidación de la bonificación por compensación
de los accionantes. Lo anterior, comoquiera que la reclamación administrativa se
presentó dentro del plazo otorgado para el efecto. A su vez, se adicionará la
providencia impugnada en cuanto a ordenar la reliquidación del pago de aportes a
pensión por las diferencias dejadas de pagar por la bonificación por compensación.
Asimismo, en lo relativo a aclarar que lo reconocido será procedente siempre y cuando
la suma a pagar ordenada no se haya sufragado por la entidad previamente, y que lo
reconocido no podrá exceder los topes fijados por el Gobierno nacional.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Los señores Ferney Arturo Ortega Fajardo y Ferney Vidales Moreno, mediante
apoderado judicial, presentaron demanda el 17 de julio de 20122, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con las siguientes pretensiones3:

2. Se declare la nulidad de los oficios, sin número, del 5 de marzo de 2012,
mediante los cuales la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali les negó
el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación, equivalente al 80 % de
lo que devengue por todo concepto salarial un magistrado de alta corte, de
conformidad con el Decreto 610 de 1998. A su vez, pidieron que los ingresos totales
anuales de los magistrados de las altas cortes en la liquidación de la bonificación
deben coincidir con los ingresos totales anuales de los congresistas, de acuerdo con
los artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992.

3. A título de restablecimiento del derecho, la parte accionante solicitó que con
fundamento en el Decreto 610 de 1998 se ordene reconocer el reajuste de su
remuneración equivalente al 80 % de lo que por todo concepto perciben los
magistrados de altas cortes, para el caso del señor Ferney Arturo Ortega Fajardo,
desde el 9 de febrero de 2011 y para el señor Ferney Vidales Moreno desde el 10 de
agosto de 2011, ambos, hasta el día en que se profiera el fallo; esto, en su condición
de magistrados de tribunal. A su vez, el pago indexado de las diferencias existentes
entre el 70 % y el 80 %.

4. Pidió que se condene a la accionada al pago retroactivo de las diferencias entre
lo que ha percibido y lo que debió recibir como remuneración, de manera indexada y
con los respectivos intereses moratorios, teniendo en cuenta que los ingresos totales
anuales de los magistrados de altas cortes, que se toma como referencia para liquidar
el 80 % de los magistrados de tribunal, en aplicación del Decreto 610 de 1998, deben
coincidir con los ingresos totales anuales de los congresistas de la República, según
los artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992.

2
Expediente físico, fol. 99.
3 Expediente físico, fols. 85 a 99.

2

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
Demandantes: Ferney Arturo Ortega Fajardo y otro
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

5. También, solicitó que se reliquiden los salarios y las prestaciones sociales
tomando como factor la diferencia existente por el no reconocimiento y pago del 10 %
que se reclama, en lo referente al señor Ferney Arturo Ortega Fajardo, desde el 9 de
febrero de 2011 y al señor Ferney Vidales Moreno a partir del 10 de agosto de 2011,
en calidad de magistrados de tribunal.

6. Requirió que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad
demandada, y que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de lo dispuesto
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo (en
adelante CPACA).

2.1.1. Hechos

7. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

8. Los señores Ferney Arturo Ortega Fajardo y Ferney Vidales Moreno prestaron
sus servicios a la Rama Judicial, vinculados al cargo de magistrado del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali; el primero, a partir del 9 de febrero de 2011 y el
segundo, desde el 10 de agosto de 2011, ambos, vinculados a la fecha de presentación
de la demanda, según se señaló.

9. Durante la vinculación de los demandantes, la entidad les reconoció la
bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004, equivalente al 70 % del valor
total devengado anualmente por un magistrado de alta corte, a diferencia de otros
trabajadores que con las mismas funciones percibieron el 80 %. La norma en mención
fue declarada nula por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, en la sentencia
del 14 de diciembre de 20114. Por lo tanto, la entidad debe pagar la bonificación por
compensación del Decreto 610 de 1998 que iguale el 80 % de lo devengado
anualmente por un magistrado de alta corte.

10. El 17 de febrero de 2012, los accionantes solicitaron el pago de la bonificación
por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80 % de los
ingresos que por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes; además de
la diferencia entre lo que se recibió y lo que debía devengarse por concepto de la
referida bonificación. Lo anterior, teniendo en cuenta para su liquidación el
reconocimiento y pago de todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los congresistas (artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992).
Sin embargo, estas peticiones fueron negadas a través de los oficios, sin número, del
5 de marzo de 2012, que se acusan.

4
Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.

3

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
Demandantes: Ferney Arturo Ortega Fajardo y otro
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

11. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

• De la Constitución Política, los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150 —
numeral 19, literal e)—, 228, 277—numerales 1 y 7— y 280.
• Ley 22 de 1967.
• Ley 10 de 1987.
• Ley 63 de 1988.
• De la Ley 4 de 1992, los artículos 1, 2, 15 y 16.
• De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 26.
• Convenios 95, 100 y 111 de la OIT.
• Decreto 610 de 1998.

12. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el Decreto
4040 de 2004 fue anulado por el Consejo de Estado, en la sentencia del 14 de
diciembre de 2011; decisión que tiene efectos retroactivos. Por ello, el Decreto 610 de
1998 volvió a ser aplicable.

13. Indicó que los actos administrativos demandados están viciados de nulidad por
desconocer que la ley fija expresamente la asignación salarial de los funcionarios de
la Rama Judicial. Igualmente, aseveró que se desconocen los derechos al debido
proceso, al trabajo en condiciones dignas y justas, y a una remuneración mínima vital
y móvil.

14. Afirmó que los demandantes tienen derecho al pago del 80 % de los ingresos
mensuales recibidos por los magistrados de alta corte, que deben ser iguales a los de
los congresistas, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

2.2. Contestación de la demanda

15. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones
de «inexistencia de la causa para demandar, prescripción trienal de los derechos
laborales e innominada»5.

16. Adujo que la prima especial de servicios a que tienen derecho los magistrados
de las altas cortes no ostenta carácter salarial, para efectos de equiparar sus ingresos
con los de los congresistas. Por consiguiente, no es procedente tenerla en cuenta en
la liquidación de la bonificación por compensación de la que son beneficiarios los
magistrados de tribunal y los magistrados auxiliares de las altas cortes, con el fin de
igualar sus ingresos al 70 % o 80 % de lo que por todo concepto devenguen los
magistrados de alta corte, según lo previsto en los decretos 4040 de 2004 y 610 de
1998.

5 Expediente físico, fols. 205 a 209.

4

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
Demandantes: Ferney Arturo Ortega Fajardo y otro
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

17. Sostuvo que las cesantías no son un ingreso permanente y el artículo 16 de la
Ley 4 de 1992 establece tácitamente que las prestaciones de los magistrados son
diferentes a las de los congresistas. Por ende, la Rama Judicial no puede aplicar
equivalencias entre el valor que se liquida por concepto de cesantías a los congresistas
y aquel que se reconoce a los magistrados de altas cortes y que, además, se utiliza
para la liquidación de la bonificación por compensación, según lo dispuesto en el
Decreto 610 de 1998. Ello superaría lo establecido en la ley, contraviniendo el principio
de no superar lo devengado por los congresistas.

18. Resaltó que aun cuando se ha reconocido la inclusión de las cesantías de los
congresistas en la liquidación de la prima especial de servicios de los magistrados de
las altas cortes, ello solo se ha realizado a través de sentencias que tienen efectos
inter-partes y que por tanto no se pueden extender al asunto bajo estudio.

19. Afirmó que la entidad ha liquidado las bonificaciones decretadas por el Gobierno
nacional con respeto a las normas vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano,
toda vez que como autoridad administrativa no tiene la facultad de interpretar las leyes
e inaplicarlas.

20. Manifestó que en el presente caso operó la prescripción trienal de los derechos
reclamados, de conformidad con los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, toda vez
que solo hasta el mes de «septiembre de 2012» se presentó la reclamación ante la
entidad.

2.3. Sentencia de primera instancia

21. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Conjueces, mediante
sentencia del 8 de noviembre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas. Así, ordenó lo siguiente6:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del oficio del 5 de marzo de 2012, que negó el
reajuste salarial y prestacional a Ferney Arturo Ortega Fajardo con una remuneración
equivalente al 80 % de lo devengado por todo concepto por los magistrados de alta corte.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del oficio del 5 de marzo de 2012, que negó el
reajuste salarial y prestacional a Ferney Vidales Moreno con una remuneración
equivalente al 80 % de lo devengado por todo concepto por los magistrados de alta corte.

TERCERO: ORDENAR a la Rama Judicial que reajuste, a favor de Ferney Arturo Ortega
Fajardo, la bonificación por compensación, de tal forma que la remuneración a partir del
9 de febrero de 2011 fuera equivalente al 80 % de lo que por todo concepto devengaban
los magistrados de alta corte, teniendo en cuenta que la base para liquidar esa
bonificación por compensación, esto es, lo que por todo concepto devengaban los

6
Samai, radicado 76001233300620120006400, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 60, expediente
digital, archivo 12_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf).

5

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
Demandantes: Ferney Arturo Ortega Fajardo y otro
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

magistrados de alta corte, debe incluir el valor que por concepto de cesantías percibían
los congresistas.

CUARTO: ORDENAR a la Rama Judicial que pague las diferencias que resulten entre
lo efectivamente pagado a Ferney Arturo Ortega Fajardo a partir del 9 de febrero de 2011
y lo que debía pagarse de haber liquidado correctamente la bonificación por
compensación, en los términos del punto anterior.

QUINTO: ORDENAR a la Rama Judicial que reajuste, a favor de Ferney Vidales Moreno,
la bonificación por compensación, de tal forma que la remuneración a partir del 10 de
agosto de 2011 fuera equivalente al 80 % de lo que por todo concepto devengaban los
magistrados de alta corte, teniendo en cuenta que la base para liquidar esa bonificación
por compensación, esto es, lo que por todo concepto devengaban los magistrados de
alta corte, debe incluir el valor que por concepto de cesantías percibían los congresistas.

SEXTO: ORDENAR a la Rama Judicial que pague las diferencias que resulten entre lo
efectivamente pagado a Ferney Vidales Moreno a partir del 10 de agosto de 2011 y lo
que debía pagarse de haber liquidado correctamente la bonificación por compensación,
en los términos del punto anterior.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO: NO CONDENAR EN COSTAS, por lo expuesto en la parte considerativa.

22. Señaló que como los demandantes ostentaron el cargo de magistrados de
tribunal son beneficiarios de la bonificación por compensación. No obstante, al haberse
vinculado en el año 2011 hubo un periodo en el que percibieron la bonificación de
gestión judicial prevista en el Decreto 4040 de 2004, que generaba que, sumada a los
demás ingresos laborales, la remuneración fuera equivalente al 70 % de lo que por
todo concepto devengaban los magistrados de las altas cortes, es decir, una diferencia
porcentual de 10 puntos menos con relación a los decretos 610 de 1998 y 1102 de
2012.

23. Precisó que en la situación jurídica de los accionantes no había operado el
fenómeno de prescripción. Ello, teniendo en cuenta que entre la fecha en la que
comenzaron a prestar sus servicios (2011) y aquella en la que quedó ejecutoriada la
sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 (27 de enero de 2012) no
transcurrieron más de tres años. En tal sentido, se podía reclamar el derecho vía
administrativa y luego, en sede judicial, como en efecto se hizo.

24. Resaltó que la entidad accionada debió resolver la petición de los demandantes
con fundamento en el Decreto 610 de 1998, toda vez que para el momento en el que
se presentó la reclamación administrativa (febrero de 2012) el Decreto 4040 de 2004
ya no hacía parte del ordenamiento jurídico, y en ese sentido, acceder al
reconocimiento de la bonificación por compensación, de manera que la remuneración
de los accionantes fuera equivalente al 80 % de lo que por todo concepto devengaban
los magistrados de las altas cortes.

6

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
Demandantes: Ferney Arturo Ortega Fajardo y otro
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

25. Definió que en la base para liquidar la bonificación por compensación también
debía incluirse el valor que por concepto de cesantías percibían los congresistas.

2.4. Recurso de apelación

26. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia. Bajo los siguientes
argumentos7:

27. En primer lugar, realizó un recuento normativo y jurisprudencial acerca de la
bonificación por compensación (decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012) y también
sobre la bonificación de gestión judicial (Decreto 4040 de 2004), para concluir cómo
se debe contabilizar el término de prescripción de acuerdo con las reglas establecidas
por esta corporación en las sentencias del 18 de mayo de 2016 y 2 de septiembre de
2019.

28. Indicó que según se analizó en el fallo del año 2016, hay lugar a la reliquidación
de la prima especial del artículo 15 de la Ley 4 de 1992 con la inclusión de las cesantías
de los congresistas, a la cual tienen derecho los magistrados de las altas cortes, y a
reconocer su incidencia en la bonificación por compensación, cuyos beneficiarios son
los magistrados de tribunales y equivalentes.

29. Alegó que la sentencia del 18 de mayo de 2016 no precisó que la regla fijada
para el cómputo de la prescripción de los derechos que se originaban del
reconocimiento de la bonificación por compensación en el 80 % de los ingresos
laborales anuales de los magistrados de las altas cortes, se aplicara a las
reclamaciones sobre el reajuste de esa bonificación incluida la incidencia de la
reliquidación de la prima especial de servicios (artículo 15 de la Ley 4 de 1992) con las
cesantías de los congresistas.

30. Afirmó que entender que la tesis de la prescripción de la decisión en mención se
extiende a la incidencia de la reliquidación de la prima especial en la bonificación,
generaría una desigualdad injustificada e irrazonable en relación con los magistrados
de las altas cortes que también reclaman la reliquidación de dicho emolumento, a
quienes sí se les ha aplicado la regla general de prescripción trienal.

31. Resaltó que ambos derechos tienen orígenes diferentes. Por su parte, la
bonificación liquidada en el 80 % de los ingresos anuales de los magistrados de las
altas cortes, se originó dada la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de
2004, y la posterior declaratoria de nulidad de esta última norma; mientras que, la prima
especial existe desde que se expidió la Ley 4 de 1992 (artículo 15) y el Decreto 10 de
1993, sin que frente a ello haya existido discusión o dualidad jurídica.

7
Samai, radicado 76001233300620120006400, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 64, expediente
digital, archivo 15_RECEPCIONRECURSOAPELACION_APELACIONDESAJF(.pdf).

7

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
Demandantes: Ferney Arturo Ortega Fajardo y otro
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

32. Sostuvo que en los asuntos relacionados con la prima especial del artículo 15 o
la incidencia de tal emolumento en la liquidación por compensación debe aplicarse la
regla general de prescripción trienal prevista en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de
1969; de manera que el interesado cuenta con tres años para reclamar el derecho a
partir de su vinculación, momento desde el que se hace exigible el derecho.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

33. Mediante auto del 9 de abril de 2025, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia8.

2.6. Ministerio Público

34. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto9.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

35. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

36. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en la alzada, corresponde a la Sala definir si:

37. ¿Se configuró la prescripción del derecho de los demandantes al reajuste de la
bonificación por compensación con la inclusión de la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los
congresistas?

38. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes temas:
bonificación por compensación, bonificación de gestión judicial y prescripción.

8
Samai, índice 16, expediente digital, archivo 13Autoqueadmite_13922023Autoadmiteap(.pdf).
9 Samai, índice19, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).

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Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
Demandantes: Ferney Arturo Ortega Fajardo y otro
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

39. A partir de lo anterior se destacarán los hechos probados más relevantes y en el
acápite de análisis del caso concreto se resolverá el problema jurídico formulado.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. Bonificación por compensación

40. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro de
una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería una
nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de
los magistrados10 de segundo nivel tomando como referencia cierto porcentaje de lo
percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un mecanismo
de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los magistrados del primer
nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho contexto fue explicado por la
Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 201311, en los siguientes términos:

En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4 a, el Decreto
610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces para
considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional de
funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30 % de sus
ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente y que se
requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el Gobierno tomó la
decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel como un cierto
porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían sido igualados a
los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación o anclaje entre niveles
jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de hecho, en Leyes de finales
de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin embargo, no habían sido
debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98 buscaba crear un mecanismo gradual
de cumplimiento de tales esquemas de anclaje para generar, ahora sí, una política de
"nivelación salarial". Para el año de 1998, el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46
% de los ingresos de los magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía
una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema
escalonado de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60 % de lo
percibido, por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el
segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados al 70 y luego al 80 %. Con
ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario idéntico al que ya se
había intentado en la Ley 4 a entre funcionarios del primer nivel y los propios congresistas.
Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la "prima especial" de la Ley
4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación" y se aclaró en el artículo 1º del
Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para las pensiones, tal y como ya se había
afirmado en la Ley 332/96.

10 Y autoridades equivalentes.
11
M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-
681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley 4 de
1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.

9

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
Demandantes: Ferney Arturo Ortega Fajardo y otro
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

41. En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 199812, que creó la
bonificación por compensación, así:

ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta
por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.

42. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios generales
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al
secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Decreto 1239 de
199813 dictado por el presidente de la República.

43. En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las características
que a continuación se enuncian:

a) Carácter permanente;

b) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos términos
que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;

c) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;

d) los beneficiarios son los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los Magistrados
Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo
Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los
Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de
Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios generales de la Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al secretario Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura;

e) se paga mensualmente;

12
Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
Los Decreto 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor: Pablo Julio Cáceres Corrales.
13 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.

10

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
Demandantes: Ferney Arturo Ortega Fajardo y otro
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

f) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;

g) inicialmente correspondía al 60 % de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70 % (2000);

h) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80 % (2001), de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de alta corte;

i) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales» debe igualar el 80 % de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de alta corte.

44. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201614, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos
al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto
10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60 %, 70 % y 80 % “… de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”
(subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente».

45. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera que
«el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los
jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría
violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política
de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente
con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por
compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo
2º del Decreto 610 de 1998».

46. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado por
los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener en
cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la prima
especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».

47. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación por
compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos
anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte y los

14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, Rad. 25000-23-
25-000-2010-00246-02(0845-15).

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Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
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ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar el
ingreso laboral de éstos últimos en un 80 % a partir del año 2001»15.

48. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la sentencia
del 2 de septiembre de 201916, reiteró que la bonificación por compensación hace parte
de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada, tal como lo explicó la Corte
Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La referida providencia también señaló
que, en virtud de Decreto 610 de 1998, los ingresos laborales de sus destinatarios, a
partir del año 2001, serían iguales al ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte. Ciertamente, resaltó
que «el 80% de la bonificación por compensación para los magistrados y cargos
homologados es un límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la
prima especial de servicios y de ningún otro beneficio económico laboral».

49. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación17. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410
(2002) y 2.491.911 (2003).

50. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente
395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable el Decreto 610
de 1998.

3.3.1.1. Bonificación de gestión judicial

51. El Decreto 4040 de 200418, en el artículo 1, creó la bonificación de gestión judicial;
determinó que era incompatible con la bonificación por compensación, y que el valor
correspondía a un porcentaje del 70 % del valor integrado por la asignación básica y
los demás ingresos laborales de lo que por todo concepto devengaran los magistrados
de las altas cortes, cuyos destinatarios eran los funcionarios de la Rama Judicial, la
Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa.

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, Rad. 25000-23-

42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-

23-33-000-2016-00041-02(2204-18). Aclarada en auto del 7 de octubre de 2019.
17
En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001,
663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por ejemplo,
para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999),
2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
18 Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

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Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

52. La norma indicaba que la bonificación solo era factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y era parte integral del
ingreso base de liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado.

53. Los destinatarios eran los magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional, magistrados auxiliares de las altas cortes, abogados asistentes y abogados
auxiliares del Consejo de Estado, fiscales delegados ante Tribunales de Distrito,
fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, directores ejecutivos seccionales
de Administración Judicial, y secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Igualmente, tenían derecho a ella quienes ingresaron, con
posterioridad a la publicación de este decreto, a la Procuraduría General de la Nación,
en empleos en los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio
Público ante los magistrados de Tribunal a que se refiere el presente artículo.

54. En el artículo 2 se indicó que los destinatarios «podrán optar al reconocimiento y
pago de la Bonificación de Gestión Judicial, […] siempre y cuando se encuentren en
una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado acciones judiciales
relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los
términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; b) Los que no han
efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver
litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».

55. Sin embargo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14 de
diciembre de 201119 declaró la nulidad del citado Decreto 4040 de 2004, en atención
a que para tener derecho a la bonificación de gestión judicial, los destinatarios debían
desistir de las demandas para obtener el pago de la bonificación por compensación
del Decreto 610 de 1998 o celebrar contratos de transacción. Se estimó que el Decreto
4040 de 2004 otorgó validez a la transacción sobre el pago de la bonificación por
compensación del 80 %, pese a que los derechos laborales no pueden ser objeto de
negociación por las partes, dada su naturaleza de derecho adquirido y porque se violó
el principio de progresividad. Insistió entonces en que constitucionalmente está
prohibido renunciar a los derechos adquiridos o transar sobre derechos ciertos e
indiscutibles.

56. La Sala de Conjueces precisó que para una misma categoría de servidores
judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían
dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en
el 80 % de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto
4040 de 2004 la establecía en el 70 %, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.

13

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

57. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.

58. Luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el presidente de
la República dictó el Decreto 1102 de 201220, según el cual a partir del 27 de enero de
2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los beneficiarios 21
equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales
iguale el 80 % de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de
las altas cortes, con la connotación de ser «factor salarial para efecto del ingreso base
de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad
Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003».

59. El artículo segundo del referido Decreto 1102 de 2012 indicó que «como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del decreto 4040 de 2004, los servidores
que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los
mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1.° del
presente decreto».

3.3.1.2. Sobre la prescripción

60. La Sección Segunda analizó el tema de la prescripción de los derechos laborales
en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020 dictada por la Sección
Segunda22, en la cual se identificaron los elementos de la citada figura, así: «i) […] se
predica de manera general respecto aquellos de contenido patrimonial, con excepción
de aquellos en los que el legislador ha establecido que de acuerdo con su naturaleza
no pueden extinguirse, verbigracia, el derecho a la pensión, dado que solo son objeto
de ella, las mesadas pensionales no reclamadas oportunamente; ii) la inactividad
prolongada del titular, denota que no tiene interés en el servicio o la prestación debida,
salvo que sea forzada por encontrarse imposibilitado para actuar; y iii) el transcurso
del tiempo, que de manera concreta será el plazo legal dentro del cual se debe exigir
el cumplimiento de la obligación, so pena de que se extinga».

61. En el citado fallo, la Sección Segunda explicó que el término de prescripción
empieza a correr desde cuando la obligación es exigible, y adujo que el efecto es la
«extinción de la pretensión y del derecho subjetivo mismo, que se producen en razón

20 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
21 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,

Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores
Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-SII-022-2020, exp. 08001-23-33-000-2013-00666-01
(0833-2016).

14

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
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de la sentencia judicial que acoge la correspondiente excepción propuesta por el
demandado o la declaratoria de oficio por el juez».

62. En el campo de lo contencioso-administrativo, la prescripción protege el
patrimonio público, el interés general, la seguridad jurídica, al impedir que se
reconozcan derechos reclamados de forma tardía. Así pues, el juez «como director del
proceso, [tiene la obligación] de analizar de manera oficiosa si en el asunto sometido
a su conocimiento ha operado o no este fenómeno extintivo, sin perjuicio, claro está,
de la no reformatio in pejus (art. 187 del CPACA). De manera que la prescripción
extintiva puede invocarse por vía de excepción o declararse de oficio»23.

63. Ahora bien, cabe destacar que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 regula la
prescripción al indicar que:

Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en
tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo
por un lapso igual.

64. Este precepto fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en el artículo
102 señala:

Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y
en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado
oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

65. Sobre este aspecto, en el fallo del 18 de mayo de 201624, la Sala de Conjueces
abordó el estudio de la prescripción del derecho al pago de la bonificación por
compensación. Para el efecto, sostuvo que el derecho debe ser exigible, pero que para
los destinatarios «existía la disyuntiva», entre el Decreto 610 de 1998 y el Decreto
4040 de 2004, de modo que «resultaba imposible referirse a la exigibilidad del
derecho». En este contexto, la providencia determinó que «solo puede hablarse de
exigibilidad de la bonificación por compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del
fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012», cuando
quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 201125, que declaró la nulidad
del Decreto 4040 de 2004.

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023, exp.
080012333000201200200-02 (2459-2014).
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02, actor: Jorge
Luis Quiroz Alemán y otros.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.

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66. No obstante, en el fallo del 2 de septiembre de 201926, la Sala de Conjueces
abordó nuevamente el tema del derecho al pago de la bonificación por compensación
para lo cual precisó que la sentencia de 2016 «no fijó ninguna regla respecto de la
prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación de que trata el
Decreto 610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de 2004», por ello,
consideró que previo al Decreto 4040 de 2004 «el único régimen vigente respecto de
la bonificación por compensación era el Decreto 610 de 1998 y el derecho era
plenamente exigible».

67. Adujo que del «período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló
el Decreto 2668 de 199827 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, procede
decretar la prescripción. Durante este lapso no hubo dualidad de normas y, por lo tanto,
los beneficiarios de que trata el artículo 2° del Decreto 610 de 1998 tenían la
oportunidad de interrumpirla». En consecuencia, el fallo estableció que por regla
general operó la prescripción del derecho al pago de la bonificación por compensación
entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, salvo que la persona
demuestre que reclamó antes de esta última fecha.

68. Nótese que el auto del 7 de octubre de 2019, que aclaró la providencia del 2 de
septiembre de 2019, expuso las siguientes consideraciones sobre la prescripción:

no existe prescripción de la bonificación por compensación entre el 2 de diciembre de
2004 y el 27 de enero de 2012 -vigencia del Decreto 4040 de 2004- porque durante dicho
periodo, como es ampliamente conocido, hubo coexistencia de regímenes. Al salir de la
vida jurídica, el 27 de enero de 2012 dicho decreto, los destinatarios podían efectuar
reclamaciones hasta el 27 de enero de 2015, sin que los afectara la prescripción; por
fuera de ese término hacia atrás, se cuenta la prescripción desde el 3 de diciembre de
2004 -fecha de entrada en vigencia del D. 4040- hasta el 5 de octubre de 2001 -fecha en
la que cobró ejecutoria la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998-,
con la excepción de quienes hayan interrumpido la prescripción por haber presentado
reclamación durante el tiempo que no hubo coexistencia de regímenes -5 de octubre de
2001 al 2 de diciembre de 2004.

69. En síntesis, acorde con las providencias previamente citadas de la Sala de
Conjueces, se extrae que:

a) Entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 operó por regla
general la prescripción de la bonificación por compensación, si no se interpuso
reclamación;
b) entre el 3 de diciembre de 2004 (fecha de vigencia del Decreto 4040 de 2004)
y el 28 de enero de 2012 no operó la prescripción, pues el derecho no era exigible
dada la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004;
c) a partir del 28 de enero de 2012, empezó a correr el término de prescripción

26
Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, sentencia del 25 de septiembre
de 2001.

16

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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

trienal sin excepciones.

70. Ahora bien, esta Subsección precisa que la prescripción se interrumpe con la
reclamación administrativa ante la administración, por el término de tres años. Esta
interrupción solo es efectiva si se acude a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en el mismo plazo; sin perjuicio de los términos para interponer el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 164 del CPACA).

3.4. Hechos probados relevantes

71. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

72. Los señores Ferney Arturo Ortega Fajardo y Ferney Vidales Moreno
desempeñaron el cargo de magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali desde el 9 de febrero de 2011 y el 10 de agosto de 2011, respectivamente,
vinculados al momento de la presentación de la demanda28.

73. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial certificó, el 7 de febrero de
2011, los ingresos de los «magistrados» en las anualidades de 2001 a 201029.

74. El 17 de febrero de 2012, los demandantes solicitaron a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali el reconocimiento y pago de la
bonificación por compensación, equivalente al 80 % de lo que devengue por todo
concepto salarial un magistrado de alta corte, de conformidad con el Decreto 610 de
1998. También pidieron que los ingresos totales anuales de los magistrados de las
altas cortes en la liquidación de la bonificación coincidieran con los ingresos totales
anuales de los congresistas, de acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992 30.

75. Mediante oficios, sin número, del 5 de marzo de 2012, la entidad demandada
negó lo solicitado. Indicó que si bien la sentencia proferida por el Consejo de Estado
el 14 de diciembre de 2011, que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, daba
lugar a que se apliquen las disposiciones sobre la bonificación por compensación
previstas en el Decreto 610 de 1998, lo cierto era que los ajustes de remuneración de
los funcionarios judiciales estaban sujetos a la asignación de recursos por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por tal razón, señaló que se estaban
elaborando los cálculos respectivos de las diferencias salariales para pagarles a todos
los magistrados a nivel nacional, con el fin de obtener la adición presupuestal que
permita atender la reclamación en la oportunidad debida31.

28 Según se narró en el hecho segundo de la demanda, sin que hubiese sido controvertido por la parte demandada.

A su vez el Tribunal lo tuvo por cierto. Ver: Expediente físico, fols. 86, 205 a 209; y Samai, radicado
76001233300620120006400, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 60, expediente digital, archivo
12_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf), pág. 8.
29 Expediente físico, fols. 137 a 139.

30
Expediente físico, fols. 2 y 4.
31 Expediente físico, fols. 3 y 5.

17

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3.5. Caso concreto

76. En el asunto bajo análisis, la parte recurrente solicitó que se declare la
prescripción trienal de la incidencia de la prima especial de servicios del artículo 15 de
la Ley 4 de 1992, teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los congresistas, en
la liquidación de la bonificación por compensación, de acuerdo con los decretos 3135
de 1968 y 1848 de 1969.

77. Alegó que la sentencia del 18 de mayo de 2016 no precisó que la regla fijada
para el cómputo de la prescripción de los derechos que se originaban del
reconocimiento de la bonificación por compensación en el 80 % de los ingresos
laborales anuales de los magistrados de las altas cortes, se aplicara a las
reclamaciones sobre el reajuste de esa bonificación incluida la incidencia de la
reliquidación de la prima especial de servicios (artículo 15 de la Ley 4 de 1992) con las
cesantías de los congresistas. Por consiguiente, el término de prescripción debía
contabilizarse desde la vinculación de los demandantes, momento en el que se hizo
exigible el derecho.

78. Al respecto, se tiene que el Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda. En tal sentido, ordenó el reajuste de la bonificación por compensación
teniendo en cuenta el 80 % de los ingresos totales anuales de los magistrados de las
altas cortes incluyendo todos los ingresos laborales devengados por los congresistas,
de conformidad con el artículo 15 de la Ley 4 de 1992; así como las respectivas
diferencias entre lo efectivamente pagado y lo que se debía pagar. Ello, sin que
hubiese declarado la prescripción de derecho alguno.

79. Así, la Sala procederá a definir si en el presente asunto se configuró la
prescripción del derecho de los demandantes al reajuste de la bonificación por
compensación con la inclusión de la prima especial de servicios del artículo 15 de la
Ley 4 de 1992, teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los congresistas.

80. En punto, se aclara que la Sala solo se pronunciará sobre el motivo de reproche
aducido por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia, sin que se
analice de fondo el derecho a la bonificación por compensación ni la incidencia del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 en su base de liquidación. Esto, toda vez que, si bien
el Tribunal accedió al reconocimiento y pago de las diferencias por concepto de la
bonificación por compensación teniendo en cuenta dicha norma, lo cierto es que la
entidad recurrente no discutió en la apelación dicha decisión.

81. En primer lugar, resulta importante precisar que en la sentencia del 18 de mayo
de 201632 dictada por esta corporación, que invoca la entidad accionada, en la que se

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02, actor: Jorge

Luis Quiroz Alemán y otros.

18

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
Demandantes: Ferney Arturo Ortega Fajardo y otro
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

determinó que en la reliquidación de la bonificación por compensación debe incluirse
la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, liquidada sobre todos
los ingresos totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas,
incluidas las cesantías, se fijó un criterio sobre el conteo de la prescripción.

82. Al respecto, se definió que el derecho a la bonificación por compensación debe
ser exigible, pero que para los destinatarios «existía la disyuntiva», entre el Decreto
610 de 1998 y el Decreto 4040 de 2004, de modo que «resultaba imposible referirse a
la exigibilidad del derecho». En este contexto, la providencia señaló que «solo puede
hablarse de exigibilidad de la bonificación por compensación, a partir de la fecha de
ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de
2012», cuando quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 201133, que
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004.

83. Sobre el particular, la Sala considera que al haberse definido la manera como
operaría la prescripción de la bonificación por compensación con la inclusión en la
base de liquidación de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de
1992, dada la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes (Decreto 610 de
1998 y Decreto 4040 de 2004), se estableció un criterio claro que se entiende cobija la
incidencia del artículo 15 en mención. Ello, toda vez que contrario a lo afirmado por la
entidad recurrente, no puede tratarse dicha norma, en el caso de los beneficiarios de
la bonificación por compensación, como un derecho autónomo e independiente de tal
emolumento; en la medida en que hace parte de la base de liquidación de este.

84. En efecto, reconocer que los beneficiarios de la bonificación por compensación
tienen derecho a que esta equivalga a una cifra que sumada a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales iguale el 80 %, no el 70 % como lo señalaba
el Decreto 4040 de 2004, de los ingresos que por todo concepto perciben los
magistrados de las altas cortes, supone a su vez que deba efectuarse una debida
liquidación de las prestaciones de estos, por ejemplo, la prima especial del artículo 15
de la Ley 4 de 1992; de manera tal que (a) la debida delimitación del referido porcentaje
y (b) la base sobre la que se aplica, constituyen elementos de la misma acreencia, que
no pueden fraccionarse al momento de establecer cómo debió reconocerse.

85. Por tal motivo, si la jurisprudencia de esta corporación, debido a la dualidad
normativa derivaba de la vigencia simultánea de los decretos 610 de 1998 y 4040 de
2004, consideró que el derecho a reclamar la diferencia del 10 % se hizo exigible con
la ejecutoria de la sentencia que anuló la segunda de las normas, el reconocimiento
de aquella (la aludida diferencia) no puede separarse de la correcta delimitación de la
base sobre la que se aplica el porcentaje del 80 %, so pena de fraccionar los elementos
que componen la acreencia reclamada, lo cual no es de recibo.

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.

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Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
Demandantes: Ferney Arturo Ortega Fajardo y otro
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

86. Cuestión diferente tendría lugar, cuando a propósito de la bonificación por
compensación, la controversia se desarrolló al margen de la aplicación de los decretos
610 de 1998 y 4040 de 2004; es decir, cuando resulta ajena a la dualidad normativa
que permitió un entendimiento particular del fenómeno de la prescripción, evento en el
cual no existen circunstancias especiales para considerar que el derecho reclamado
se hizo exigible desde el instante en que su titular reunió las condiciones legalmente
previstas para disfrutar de él.

87. En este orden de ideas, corresponde en el caso concreto hacer el análisis de la
prescripción alegada por la parte demandada, de acuerdo con las reglas que sobre el
tema se han establecido para el reconocimiento de la bonificación por compensación,
en escenarios como el analizado en esta oportunidad, frente a la aplicación simultánea
de los referidos decretos.

88. Ahora bien, como se explicó en las consideraciones expuestas en el numeral
3.3.1.2. de esta sentencia, en relación con prescripción de la bonificación por
compensación deben tenerse en cuenta tres escenarios: el primero, durante el que
estuvo vigente el Decreto 610 de 1998, antes de que entrara en vigor el Decreto 4040
del 3 de diciembre de 2004; el segundo, cuando las anteriores normas rigieron
simultáneamente; y el tercero, con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia que
anuló el Decreto 4040 de 2004, lo que tuvo lugar el 27 de enero de 2012, instante a
partir del cual se retornó al monto del 80 % de la referida bonificación, como lo
señalaba el Decreto 610 de 1998 y lo reiteró el Decreto 1102 de 2012.

89. La anterior distinción es relevante, entre otras razones, porque respecto de lo
causado en la época en la que estuvieron vigentes simultáneamente los decretos 610
de 1998 y 4040 de 2004, es decir, del 3 de diciembre de 2004 y el 27 de enero de
2012, la prescripción no operó, pues no había claridad de la exigibilidad del derecho,
a diferencia de lo que ocurre en los otros 2 escenarios.

90. Al aplicar las consideraciones expuestas al caso concreto, se precisa que las
diferencias a las que tiene derecho los accionantes, conforme lo definió el juez de
primera instancia34, se generaron, en cuanto al señor Ferney Arturo Ortega Fajardo a
partir del 9 de febrero de 2011 y el señor Ferney Vidales Moreno desde el 10 de agosto
de 2011, es decir, durante la dualidad normativa de los decretos 610 de 1998 y 4040
de 2004. Por tal razón, la exigibilidad de las acreencias, conforme se indicó con
anterioridad, tuvo lugar después de la ejecutoria de la sentencia que anuló la segunda
de las normas, esto es, desde el 28 de enero de 2012; instante a partir del cual debía
presentarse la reclamación correspondiente dentro de los 3 años siguientes para evitar
el fenómeno de la prescripción, lo cual en efecto ocurrió. Ello, comoquiera que la
petición se radicó el 17 de febrero de 2012 y el plazo para hacerlo fenecía el 28 de
enero de 2015.

34 Tema sobre el que no existe controversia, toda vez que no alegado por la entidad accionada en el recurso de

apelación.

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Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
Demandantes: Ferney Arturo Ortega Fajardo y otro
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

91. En consecuencia, se estima que no se configuró la prescripción del derecho al
pago de las diferencias reclamadas a título de la bonificación por compensación con
la inclusión de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992,
liquidada sobre todos los ingresos totales anuales de carácter permanente
devengados por los congresistas. Por consiguiente, al no prosperar el cargo de
apelación contra la sentencia de primera instancia, hay lugar a confirmarla, aunque
con las precisiones que a continuación se realizan, respecto de los aportes a seguridad
social correspondientes a la prestación reconocida y algunos aspectos a tener en
cuenta para evitar pagos dobles o por encima de los límites previstos por el
ordenamiento jurídico.

3.6. Consideraciones adicionales

92. Al ser el derecho a la seguridad social irrenunciable35 e imprescriptible36, se
adicionará la sentencia para disponer que la entidad reliquide y pague los aportes
hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por las diferencias
dejadas de pagar por la bonificación por compensación, así:

• A favor del señor Ferney Arturo Ortega Fajardo, desde el 9 de febrero de 2011 y
hasta su permanencia en el cargo que le otorgue el reconocimiento.

• A favor del señor Ferney Vidales Moreno, desde el 10 de agosto de 2011 y hasta su
permanencia en el cargo que le otorgue el reconocimiento.

93. También se adicionará la decisión apelada, en el sentido de aclarar que lo
reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será procedente siempre y
cuando la suma a pagar por concepto de la reliquidación ordenada no se haya
sufragado por la entidad accionada previamente. Por lo que concierne a esta hacer la
verificación correspondiente. Asimismo, en cuanto a que lo reconocido por el Tribunal
no podrá exceder los topes fijados por el Gobierno nacional.

3.7. Conclusión de la decisión

94. Se confirmará parcialmente la sentencia apelada, toda vez que no se configuró
la prescripción del derecho de los demandantes al reajuste de la bonificación por
compensación. Ello, comoquiera que la reclamación administrativa se presentó el 17

35 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios

mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-

01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes
para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues
aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones
sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales».

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Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
Demandantes: Ferney Arturo Ortega Fajardo y otro
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

de febrero de 2012, esto es, dentro del plazo otorgado para el efecto, el cual fenecía
el 28 de enero de 2015.

95. A su vez, se adicionará el fallo en cuanto a ordenar a la accionada a efectuar el
pago de aportes a pensión a favor de los accionantes por las diferencias dejadas de
pagar por la bonificación por compensación. Asimismo, en lo relativo a aclarar que lo
reconocido será procedente siempre y cuando la suma a pagar por concepto de la
reliquidación ordenada no se haya sufragado por la entidad accionada previamente, y
que lo reconocido por el Tribunal no podrá exceder los topes fijados por el Gobierno
nacional.

3.8. Costas

96. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 37 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada el 8 de noviembre de 2022 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Conjueces, de conformidad con
las razones expuestas en esta providencia.

Segundo. Adicionar la sentencia impugnada, así:

Décimo. Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 76001-23-33-000-2012-00064-02 (1392-2023)
Demandantes: Ferney Arturo Ortega Fajardo y otro
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Judicial a reliquidar y pagar los aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones en favor del señor Ferney Arturo Ortega Fajardo desde el 9 de febrero de
2011 y del señor Ferney Vidales Moreno a partir del 10 de agosto de 2011, ambos, hasta
su permanencia en el cargo que les otorgue el reconocimiento. Esto, con ocasión de las
diferencias surgidas a causa del reajuste ordenado a título de bonificación por
compensación.

En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope salarial
fijado por el Gobierno nacional.

Lo reconocido será procedente siempre y cuando la suma a pagar por concepto de la
reliquidación ordenada no se haya sufragado por la entidad accionada previamente.

Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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