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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01119-01

Fecha
31 de octubre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01119-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el ordinal 7° de la sentencia proferida el 31 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, a través de la cual se accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por Juan Pablo Bravo Calpa en contra del DAS, hoy UNP, en tanto condenó en costas a la entidad para, en su lugar, no condenar en costas de primera instancia. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Aclaración de voto JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM 28

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2013-01119-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

31 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2013-01119-01 (4286-2023)
Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa
Demandado: Departamento Administrativo de Seguridad1, hoy Unidad
Nacional de Protección2

Tema: Relación laboral encubierta

Sentencia de segunda instancia
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 31 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Juan Pablo Bravo Calpa presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio E-1300.05.201311808-30661 del 4 de julio de
2013, por medio del cual la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del extinto DAS le
negó la existencia de una relación laboral y el reconocimiento de las prestaciones
sociales que se derivaban de ella por sus servicios como escolta entre el 1º de
junio de 2003 y el 31 de diciembre de 2010.

1
En lo que sigue DAS.
2
En lo sucesivo UNP. Mediante auto del 16 de junio de 2015 se admitió como sucesora procesal
del extinguido DAS a la UNP. Samai, índice 5, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_C02_14OtrosAutosAceptarALaUnidadNacionalDeProtecciónComoSucesoraProcesalDelDas
(.pdf) NroActua 5».
3
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2013-01119-01 (4286-2023)
Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes por
el periodo reclamado; ii) el pago de las prestaciones sociales que de ello se
derivaban, tales como las cesantías y sus intereses, las vacaciones, las dotaciones
y las primas de servicios, de antigüedad y de riesgo; iii) la devolución de las sumas
pagadas por concepto de aportes a la seguridad social (salud, pensión, caja de
compensación familiar y ARL), retención en la fuente y pólizas; iv) el
reconocimiento de la indemnización por despido injusto y de las sanciones
moratorias a las que haya lugar; v) la indexación de la sumas que resultaren de lo
que se llegare a resolver; y vi) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Juan Pablo Bravo Calpa laboró de manera continua e ininterrumpida como
escolta en el DAS entre el 1º de junio de 2003 y el 31 de diciembre de 2010, a
través de contratos de prestación de servicios. Durante su vinculación prestó sus
servicios de manera personal, bajo la continua subordinación y dependencia de
sus superiores, en el horario y fechas señaladas y en los diferentes lugares y sedes
determinadas por el empleador.

3.2. El salario promedio mensual que devengó durante el último año de servicios
fue de $1.638.000, el cual era pagado como contraprestación por las labores
ejercidas.

3.3. Lasfunciones que desarrolló eran propias del DAS y eran iguales a las
desempeñadas por los escoltas de la planta de personal de la entidad, entre las
que se encontraba el manejo de vehículos y de armas.

3.4. El 27 de junio de 2013, solicitó al DAS el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella por
sus servicios como escolta por el periodo reclamado; sin embargo, fue negada
mediante el Oficio E-1300.05.201311808-30661 del 4 de julio de 2013, expedido
por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 53, 83 y 122 de la
Constitución Política; 131, 132, 135, 137 y 152 del «Código Contencioso

2

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Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

Administrativo»; 10, 22 a 24, 37, 65, 127 y 152 el Código Sustantivo del Trabajo;
167 del Código Civil; y los decretos 2146 de 1989 y 1951 de 1993.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:

5.1. El DAS desconoció el principio de primacía de la realidad sobre las formas, no
obstante haberse configurado los elementos propios de una relación laboral, toda
vez que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de manera personal
como escolta, de forma continua e ininterrumpida y subordinado o dependiente;
esto último consistente en la actitud por parte de la entidad contratante de impartirle
órdenes e instrucciones a través de sus superiores inmediatos en relación con la
forma en que debía cumplir con sus funciones, bajo la fijación de un horario de
trabajo impuesto para la prestación de sus servicios y con una remuneración como
retribución por las labores que realizaba.

5.2. La entidad le proporcionaba los elementos oficiales para la realización de sus
actividades y recibía comunicaciones y memorandos sobre la forma de realizar sus
labores e instrucciones y el uso y manejo de la dotación, entre otros, así como el
de tener disponibilidad de tiempo como escolta.

5.3. El trato que se le dio vulneró el principio de igualdad, el derecho al trabajo y
demás garantías laborales, toda vez que por desarrollar idénticas funciones a las
del personal vinculado de forma legal y reglamentaria debió recibir un trato igual
que el de los escoltas de planta de la entidad; no obstante, no fue así.

5.4. El DAS utilizó los contratos de prestación de servicios para disfrazar la relación
laboral que existió y así evitar el pago de las prestaciones sociales a las que se
tendría derecho por ley.

1.2. Contestación de la demanda

6. La UNP se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en las
siguientes consideraciones5:

6.1. Esa entidad no fue la que expidió el acto acusado, y la función administrativa
bajo la cual se circunscribe no le impone reconocer y pagar obligaciones laborales
ni liquidación de contratos, en tanto no le fue asignada. A ella solo le corresponde

4
Samai, índice 5, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_C01_01DemandaAdjuntaPoderYAnexos(.pdf) NroActua 5».
5
Ibidem, documento «ED_C02_01ContestacionDeLaDemandaDas(.pdf) NroActua 5».

3

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Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

la labor de protección, que es netamente operativa. Por lo tanto, no es la llamada
a restablecer un derecho que no vulneró.

6.2. La Fiduprevisora es la que debe responder en los términos de lo dispuesto en
el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015, pues en este caso la UNP no es sucesora
procesal del DAS.

6.3. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de una eventual condena, debe tenerse en
cuenta la equidad e igualdad salarial que debía tener el actor con un escolta
vinculado a la planta de personal del extinto DAS, además, de la prescripción
trienal de los derechos que le puedan asistir.

6.4. Por último, propuso las excepciones de: i) buena fe; ii) inexistencia de la
obligación; iii) pago; y iv) falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral,
en sentencia proferida el 31 de marzo de 2023 accedió de manera parcial a las
pretensiones de la demanda. Al efecto dispuso lo siguiente6:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No.
No. E-1300.05.201311808-30661 del 4 de julio de 2013, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa del presente proveído.

SEGUNDO: DECLARAR la existencia de una relación laboral entre el señor JUAN
PABLO BRAVO CALPA y el extinto DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
SEGURIDAD – DAS EN SUPRESIÓN, cuyo sucesor procesal es la UNIDAD
NACIONAL DE PROTECCIÓN, desde el 1° de junio de 2003 hasta el 31 de diciembre
de 2010, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho condenar a la UNIDAD NACIONAL
DE PROTECCIÓN, a reconocer y pagar a favor del señor JUAN PABLO BRAVO
CALPA el valor equivalente a las prestaciones sociales comunes que devengan los
escoltas de planta de la entidad, liquidados conforme a los valores pactados en los
contratos, por el periodo comprendido entre el 1° de junio de 2003 hasta el 31 de
diciembre de 2010, con base en lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho condenar a la UNIDAD NACIONAL
DE PROTECCIÓN a tomar durante el tiempo comprendido entre el 1° de junio de 2003
hasta el 31 de diciembre de 2010, el ingreso base de cotización (IBC) pensional del
señor JUAN PABLO BRAVO CALPA (honorarios pactados), mes a mes, y si existe
diferencia entre los aportes realizados al Sistema General de Seguridad Social como

6
Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 55, actuación «Sentencia», documento
«21_SENTENCIA(.pdf) NroActua 55».

4

Radicado: 76001-23-33-000-2013-01119-01 (4286-2023)
Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la
suma faltante por concepto de aportes a pensión en el porcentaje que le correspondía
como empleador; igualmente deberá devolver al demandante, si es del caso, las sumas
pagadas en exceso por concepto de dichos aportes. Para tal fin, se deberán tener en
cuenta los pagos y/o cotizaciones efectuadas por el demandante al mencionado
sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar,
según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda» (sic).

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:

8.1. Con fundamento en las pruebas documentales es posible declarar la existencia
de la relación laboral entre las partes por el periodo comprendido entre el 1º de
junio de 2003 y el 31 de diciembre de 2010, toda vez que se acreditaron los
elementos para su configuración, esto es la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación.

8.2. Lo anterior, toda vez que Juan Pablo Bravo Calpa i) prestó sus servicios como
escolta de manera personal y permanente; ii) recibió una remuneración mensual
por las actividades que ejerció; iii) las tareas que desarrolló fueron conforme con
las órdenes impartidas por parte del DAS; iv) no desarrolló labores ocasionales o
temporales para las cuales la Ley 80 de 1993 previó la figura del contrato de
prestación de servicios; y v) tampoco sostuvo una relación de coordinación con la
entidad.

8.3. Así entonces, el actor tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones
sociales generadas con ocasión de sus servicios, las que se liquidarán con base
en los honorarios derivados de los contratos de prestación de servicios, por el
periodo comprendido entre el 1° de junio de 2003 y el 31 de diciembre de 2010.

8.4. LaUNP deberá tomar durante ese tiempo el ingreso base de cotización7
pensional del demandante (honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia
entre los aportes realizados al Sistema General de Seguridad Social como
contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones
la suma faltante por concepto de aportes en el porcentaje que le correspondía
como empleador; igualmente deberá devolver a aquel, si es del caso, las sumas
pagadas en exceso por concepto de dichos aportes.

8.5. Para tal fin, se deberán tener en cuenta los pagos y/o cotizaciones efectuadas

7
En adelante IBC.

5

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Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

por el actor al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, él
tendrá la carga de pagar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía
como trabajador.

8.6. No operó el fenómeno jurídico de la prescripción, toda vez que la reclamación
(27 de junio de 2013) de los períodos contractuales tuvo lugar dentro del término
de 3 años siguientes a la culminación de las relaciones respectivas (31 de
diciembre de 2010), en las que no se presentaron interrupciones superiores a 30
días hábiles.

8.7. No hay lugar al reconocimiento y pago de las indemnizaciones reclamadas, así
como de las dotaciones y de la devolución del dinero pagado por el actor por
concepto de pólizas de seguros, en atención a que, tal y como lo ha considerado
el Consejo de Estado8, los efectos patrimoniales de la declaratoria de un «contrato
realidad» se contraen al pago de las prestaciones sociales a título de
restablecimiento del derecho.

8.8. Asimismo, de la sanción moratoria por falta de pago de las cesantías, en la
medida en que la obligación de pagar las prestaciones sociales surge con la
sentencia9, y del reintegro de los dineros descontados por concepto de retención
en la fuente, puesto que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho no es el mecanismo idóneo para ventilar tal súplica, pues esa figura reviste
un cobro anticipado de un impuesto, esto es, un concepto tributario, que desborda
el objeto de la controversia laboral planteada en el sub lite10.

8.9. La UNP es la que se encuentra obligada al pago de la condena y no la
Fiduprevisora SA, toda vez que las funciones que desempeñaban los escoltas del
extinto DAS le fueron trasladadas como entidad receptora, de acuerdo con la
naturaleza, objeto y sujeto procesal.

8.10. Hay lugar a la condena en costas, en la medida en que la entidad fue la parte
vencida, en consideración a las previsiones de los artículos 188 del CPACA y 365
del Código General del Proceso11.

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 26 de julio de 2018, radicado 68001-23-31-000-2010-00799-01, MP César Palomino
Cortés.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 6 de mayo de 2021, radicado 50001-23-31-000-2011-00304-01. MP Carmelo
Perdomo Cuéter.
10
Ibidem.
11
En lo que sigue CGP.

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Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

1.4. El recurso de apelación

9. La UNP interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara la decisión del
a quo con fundamento en los siguientes argumentos12:

9.1. El demandante no logró demostrar que efectivamente prestó sus servicios de
forma dependiente y subordinada en la entidad, pues las actividades para las
cuales fue contratado debían ser desarrolladas dentro de unos parámetros
mínimos de realización, es decir que se trató de una relación coordinada entre el
contratista y la contratante con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las
actividades.

9.2. Entre las partes lo que existió fue una relación contractual que obedeció a lo
establecido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual autorizó a las entidades
públicas para celebrar contratos de prestación de servicios con el objeto de realizar
actividades no solo de carácter permanente, sino las que de manera excepcional
se requirieran para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y estas no pudieran realizarse con el personal de
planta o requieran conocimientos especializados; sin embargo, estos no generan
un vínculo laboral ni el derecho a percibir prestaciones sociales.

9.3. Toda actividad contractual requiere de una vigilancia y control por parte del
contratante, máxime cuando en este caso la labor contratada es especialísima,
puesto que de ella depende la vida de quienes son beneficiaros del programa, lo
que justifica que se hubiese designado un supervisor. Debe tenerse en cuenta que
una vez el escolta salía de las instalaciones del DAS, las órdenes y sugerencias
las impartía el protegido. Además, en las misiones era completamente autónomo,
nunca se le entregó un manual de funciones ni se le asignó un horario,
simplemente se le indicó que debía asistir a la entidad para hacerle entrega de las
herramientas de trabajo (armas, chalecos, vehículos blindados) que, por su
carácter de alta seguridad, no podían dejarse en manos de los contratistas. Lo
anterior desvirtúa que la relación fuera subordinada.

9.4. La UNP no está legitimada en la causa por pasiva, pues en este caso no es
sucesora procesal del DAS, sino que debe responder la Fiduprevisora SA en los
términos de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015.

9.5. Si bien la UNP fue asignataria de la función de protección que tenía el DAS,

12
Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 59, actuación «Apelación de
Sentencia», documento, «22_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 59».

7

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Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

esta no tiene relación con los hechos demandados, ya que es una netamente
operativa y aunque varios escoltas fueron incorporados a la nueva planta de la
unidad, lo cierto es que otras entidades también fueron receptoras de estos
trabajadores.

9.6. En virtud de lo dispuesto en los decretos 4057, 4066, 4067 y 4070 de 2011, la
única carga administrativa laboral que recibió la UNP fue la de incorporación de
personal, de manera que aquella bajo la cual se circunscribe el reconocimiento y
pago de obligaciones laborales, no le fue asignada.

9.7. El a quo no realizó un análisis de la temeridad o mala fe para condenar en
costas.

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. Concepto del Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación13, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si entre Juan Pablo Bravo Calpa y el
DAS se configuró una relación laboral? y si ¿aquel tiene derecho al reconocimiento
y pago de las prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral?, de ser así,
¿cuál es la entidad que debe responder por las condenas ante la supresión del
DAS?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

13. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de

13
Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

8

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Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

14. Por su parte, el Decreto 2209 de 199814 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

15. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta.
De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una
relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

16. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.

17. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto

14
«Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

9

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Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

18. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización16, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».

19. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»17 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

15
Aprobada el 11 de abril de 1919.
16
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
17
Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

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Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

20. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».

21. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de
prestación de servicios.

22. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación18 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

11

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Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales19». (Resalta la Sala).

23. Asíentonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,
como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

24. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

25. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

26. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la

19
«En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

12

Radicado: 76001-23-33-000-2013-01119-01 (4286-2023)
Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

labor contratada.

27. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202120 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud
efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

28. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».

29. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

13

Radicado: 76001-23-33-000-2013-01119-01 (4286-2023)
Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Lo probado dentro del proceso

30. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

30.1. Certificación del 11 de enero de 201121, suscrita por el responsable de Área
de Protección del DAS, Seccional Valle del Cauca, contratos de prestación de
servicios22, junto con sus certificaciones de cumplimiento y actas de inicio y
liquidación, según los cuales entre el demandante y esa entidad se suscribieron
los siguientes:

Contrato de
Valor Interrupción
prestación de Duración Objeto
mensual días hábiles
servicios
01-06-2003
014 de 2003 $1.300.000 a -
30-11-2003
01-12-2003 «El Contratista en virtud de sus
127 de 2003 $1.300.000 a condiciones personales se -
30-04-2004 compromete para con el D.A.S. a
01-05-2004 prestar los servicios de protección;
009 de 2004 y
$1.390.000 a con sede principal en la ciudad de -
adición
28-02-2005 Cali-Valle y eventualmente en la
01-03-2005 ciudad donde se asigne el esquema
8 de 2005 y
$1.390.000 a protectivo, dentro del componente -
adición
30-08-2005 seguridad a perdonas, del Programa
31-08-2005 de Protección a Dirigentes
209 de 2005 $1.390.000 a Sindicales, Organizaciones Sociales -
28-02-2006 y Defensores de Derechos
01-03-2006 Humanos, conforme a las medidas
6 de 2006 $1.458.110 a de seguridad aprobadas por el -
30-11-2006 Comité de Reglamentación y
01-12-2006 evaluación de riesgos del Ministerio
113 de 2006 $1.458.110 a del Interior y de Justicia». (Sic). -
30-06-2007
01-07-2007
010 de 2007 $1.500.000 a -
31-12-2007
01-01-2008 «El Contratista en virtud de sus
124 de 2008 $1.575.000 a condiciones personales se -
31-12-2008 compromete para con el D.A.S. a
01-01-2009 prestar los servicios de protección;
022 de 2009 y con sede principal en la ciudad de
$1.575.000 a -
adiciones Cali-Valle y eventualmente en la
28-09-2009
29-09-2009 ciudad donde se asigne el esquema
19 de 2009 y protectivo, dentro del componente
$1.575.000 a -
adición seguridad a perdonas, del Programa
17-12-2009
18-12-2009 de Protección a Dirigentes
175 de 2009 $1.638.000 a Sindicales, Organizaciones Sociales -
31-03-2010 y Defensores de Derechos

21
Samai, índice 5, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_C01_01DemandaAdjuntaPoderYAnexos(.pdf) NroActua 5», folio 52.
22
Ibidem, 53 a 138.

14

Radicado: 76001-23-33-000-2013-01119-01 (4286-2023)
Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

01-04-2010 Humanos, conforme a las medidas
004 de 2010 y
$1.638.000 a de seguridad aprobadas por el -
adición
31-07-2010 Comité de Reglamentación y
01-08-2010 evaluación de riesgos del Ministerio
078 de 2010 $1.638.000 a del Interior y de Justicia». (Sic). -
31-12-2010

30.2. Enlos contratos de prestación de servicios se pactaron, entre otras, las
siguientes obligaciones:

«1. Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el
DAS a través del supervisor, o por su protegido. 2. Realizar las de índole protectivo
previa autorización para cumplir con la actividad encomendada, o destinación del
funcionario competente del Departamento Administrativo de Seguridad. 3- Presentar
para su revisión en la dependencia de Control de Armamento, Radios y Vehículos del
DAS, o en la que haga sus veces, los elementos logísticos de dotación, dentro de los
últimos cinco (5) días de cada mes. 4.- Al terminar el servicio y cuando por alguna
circunstancia, el contratista no se encuentre prestando el servicio para el cual fue
contratado deberá hacer entrega de los elementos en la misma dependencia
diariamente. 5.- Observar excelente conducta social, laboral y buenas relaciones
interpersonales con los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad,
con sus compañeros y con la persona protegida. 6. No ingerir bebidas embriagantes,
sustancias alucinógenas o psicotrópicas. 7. Respetar las normas de tránsito y de
convivencia ciudadana, y colaborar con las autoridades civiles, militares y de policía 8.
Informar oportunamente a la Oficina de Protección Especial del DAS, los
desplazamientos que por la naturaleza del contrato deba hacer a otras ciudades y las
novedades que se presenten en el servicio. 9.- Mantener en buen estado los elementos
logísticos entregados por el DAS y velar por su buen uso y cuidado, los cuales deberán
destinarse en forma exclusiva para el servicio objeto del presente contrato. 10.
Observar en forma permanente las instrucciones impartidas en la relacionado con el
uso de armas, técnicas protectivas y las demás que se relacionen con las actividades
propias del objeto del presente contrato. 11- Informar al Supervisor del contrato las
novedades de servicio relacionadas con permisos, incapacidades u otras
circunstancias que suspendan o interrumpan la ejecución del contrato, caso en el cual
se efectuarán los descuentos correspondientes al valor diario por el tiempo en que no
se preste el servicio. Estos descuentos podrán hacerse efectivos durante el tiempo de
ejecución del contrato o en la liquidación del mismo, previa certificación del supervisor.
12. Observar las medidas de seguridad preventivas para el manejo de las armas de
fuego, evitando poner en riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos. 13.
Presentar en forma oportuna la documentación mensual al Supervisor del contrato, la
cual se requerirá para expedir la certificación del pago de los honorarios y gastos de
viaje estipulados en la cláusula tercera del presente contrato». (Sic).

30.3. Actas de entrega y recibo del armamento del actor como escolta del 31 de
marzo, 1° de abril, 31 de julio, 1° de agosto y 27 de diciembre de 201023.

30.4. Órdenes de trabajo del demandante24.

23
Ibidem, folios 139 a 143.
24
Ibidem, folios 144 a 206.

15

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Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

30.5. Certificación del 22 de diciembre de 200825, suscrita por la coordinadora
administrativa del DAS, Seccional Valle del Cauca, en la que se informó:

«Que el SEÑOR BRAVO CALPA JUAN PABLO […] tiene en la actualidad el contrato
de prestación de servicios No .124 vigente desde el 01 Enero de 2008 hasta el 31 de
diciembre de 2008. Que hace parte del componente de protección a personas que se
encuentran en situación de riesgo contra su vida. integridad, seguridad o libertad por
causas relacionadas con la violencia política, o con el Conflicto Armado Interno,
Programa liderado por el Ministerio del Interior y Justicia, devengando honorarios
mensuales de $1.575.000 m/cte. El contrato le viene siendo renovado desde el 01 06
2003» (sic).

30.6. Certificación del 31 de julio de 200926, a través de la cual la coordinadora
administrativa del DAS, Seccional Valle del Cauca, señaló:

«Que el SEÑOR BRAVO CALPA JUAN PABLO […] tiene en la actualidad el contrato
de prestación de servicios No. 022 vigente desde el 01 de Julio de 2009 hasta el 29 de
Agosto de 2009. Que hace parte del componente de protección a personas que se
encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad. seguridad o libertad por
causes relacionadas con la violencia política, o con el - Conflicto Armado Interno,
Programa liderado por el ministerio del interior y justicia, con ingresos mensuales por
valor de $1.575.000 m/cte. El contrato le viene siendo renovado desde el 01 06 2003»
(sic).

30.7. Certificación del 4 de enero de 201027, por medio de la cual el subdirector del
DAS, Seccional Valle del Cauca, indicó:

«Que el señor JUAN PABLO BRAVO CALPA, […], presta sus servicios al
Departamento Administrativo de Seguridad DAS, bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios No. 175. como ESCOLTA CONTRATISTA, dentro del
Programa Especial de Protección del Gobierno Nacional Decreto 2816 de 2006» (sic).

30.8. Certificación del 11 de agosto de 201028, suscrita por el subdirector del DAS,
Seccional Valle del Cauca, en la que se informó lo siguiente:

«Que el señor JUAN PABLO BRAVO CALPA, […], presta sus servicios al
Departamento Administrativo de seguridad DAS, bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios No. 078, como ESCOLTA CONTRATISTA, dentro del programa
Especial de Protección Especial de Gobierno Nacional Decreto 2816 de 2006» (sic).

30.9. El 27 de junio de 2013, Juan Pablo Bravo Calpa le solicitó al DAS el

25
Ibidem, folio 211.
26
Ibidem, folio 210.
27
Ibidem, folio 209.
28
Ibidem, folio 208.

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Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

reconocimiento de la existencia de una relación laboral por sus servicios como
escolta entre el 1° de junio de 2003 y el 31 de diciembre de 2010 y el pago de las
prestaciones sociales que se derivaban de ello29. Esta petición fue negada
mediante el Oficio E-1300.05.201311808-30661 del 4 de julio de 201330, expedido
por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, toda vez que entre las partes
únicamente hubo varias relaciones contractuales cuyo objeto fue la prestación de
servicios de protección por parte del contratista a personas amenazadas por la
situación de violencia del país.

2.3.3. Sobre la existencia de una relación laboral encubierta

40. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos del recurso de
apelación, la Sala analizará a continuación si se acreditaron los elementos que
permiten configurar una relación laboral entre Juan Pablo Bravo Calpa y el DAS
entre el 1° de junio de 2003 y el 31 de diciembre de 2010.

2.3.3.1. Prestación personal del servicio

41. De las pruebas relacionadas, se tiene que el actor prestó sus servicios como
escolta en el DAS a través de contratos de prestación de servicios celebrados de
manera directa con la entidad, ejecutados entre el 1° de junio de 2003 y el 31 de
diciembre de 2010. En virtud de lo señalado en tales documentos «(e)l Contratista
en virtud de sus condiciones personales se compromet(ió) con el D.A.S. a prestar los
servicios de protección» y se estableció una cláusula de expresa prohibición de ceder
el contrato «sin la autorización previa, expresa y escrita del D.A.S.», lo que permite
advertir que fue él y no a través de otra persona quien ejecutó la labor contratada.

42. En consecuencia, de las copias de los contratos de prestación de servicios,
certificaciones y demás pruebas documentales, se advierte que el demandante en
efecto fue contratado para desarrollar funciones de escolta al servicio del DAS
entre el 1º de junio de 2003 y el 31 de diciembre de 2010.

2.3.1.2. Remuneración

43. Ahora bien, aquel percibió una remuneración31 por el trabajo realizado, tal y
como se evidencia en los contratos de prestación de servicios que suscribió, sus
actas de inició y liquidación, constancia y certificaciones, en los que se advierte
que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la

29
Ibidem, folios 33 a 38.
30
Ibidem, folios 30 a 32.
31
$1.300.000, $1.390.000, $1.458.110, $1.500.000, $1.575.000 y $1.638.000.

17

Radicado: 76001-23-33-000-2013-01119-01 (4286-2023)
Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de
su denominación (honorarios o salario).

2.3.1.3. Continuada subordinación o dependencia

44. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas, la Sala
encuentra que las funciones desempeñadas por el demandante no se realizaron
de forma autónoma e independiente, sino que estuvo sujeto a horarios y órdenes
que son de naturaleza subordinada pues atienden al control de un superior para
ejecutar las obligaciones contractuales, por lo que existe una sujeción de él hacia
la entidad demandada y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la
posibilidad de disponer de su servicio, y aquel, a su vez, tenía la obligación
correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi por parte del
DAS.

45. En efecto, para esta Sala, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo
y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.

46. Esto se advierte luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las funciones
que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos por el
demandante y el DAS, de las órdenes de servicio y demás pruebas documentales
aportadas. En ellos se aprecian actividades que exigen para su ejecución
necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una
valoración bajo las reglas de la sana crítica, encuentra que es posible determinar
la existencia de una relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo
de la entidad contratante de emplear de modo permanente y continuo los servicios
del demandante, pues la labor se desarrolló por espacio de alrededor de 7 años, 6
meses y 30 días.

47. En efecto, Juan Pablo Bravo Calpa prestó sus servicios como escolta en el DAS
y desarrolló, entre otras funciones, las de «(c)umplir con las actividades de protección
en el lugar que le sea asignado por el DAS o por su protegido», «(r)ealizar las
actividades de índole protectivo previa autorización para cumplir con la actividad
encomendada, o destinación del funcionario competente del Departamento Administrativo
de Seguridad», «(o)bservar en forma permanente las instrucciones impartidas en lo
relacionado con el uso de armas, técnicas protectivas y las demás que se relacionen
con las actividades propias del objeto del presente contrato», e «(i)nformar al Supervisor
del contrato las novedades de servicio relacionadas con permisos, incapacidades u otras
circunstancias que suspendan o interrumpan la ejecución del contrato, caso en el cual se
efectuarán los descuentos correspondientes al valor diario por el tiempo en que no
se preste el servicio. Estos descuentos podrán hacerse efectivos durante el tiempo de

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Radicado: 76001-23-33-000-2013-01119-01 (4286-2023)
Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

ejecución del contrato o en la liquidación del mismo, previa certificación del supervisor»
(sic). [Se resalta].

48. Las anteriores obligaciones ponen en evidencia que el DAS, en su calidad de
empleador, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo del actor y que este
no realizó sus labores en forma autónoma e independiente, pues estas tienen
relación de correspondencia con el ejercicio del poder subordinante por parte de la
entidad, la que incluso podía realizar descuentos durante el tiempo de ejecución
del contrato, como consecuencia de la solicitud de permisos o incapacidades.

49. Aunado a lo expuesto, la Sala encuentra que en las órdenes de trabajo, el DAS
le indicó a su escolta contratista las condiciones en que debía desarrollar el objeto
contractual, esto es si lo debía hacer por vía aérea o terrestre, el vehículo previsto
para la misión, le recordó el deber de dar estricto cumplimiento a las normas y
medidas preventivas de seguridad; coordinar con las autoridades civiles, policiales
y la Fuerza Pública, el apoyo necesario para llevar a cabo la misión; presentarse
ante el correspondiente director del DAS en el lugar a donde se dirigían, y en caso
de que la entidad no tuviera representación, ante el comando de policía de la
jurisdicción; una vez finalizado el servicio debían devolver la misión con el
correspondiente informe de cumplimiento; tenían que legalizar las misiones u
órdenes de trabajo el día de su finalización o, a más tardar el día hábil siguiente,
con el cumplido o certificación de permanencia, so pena de que no se les
reconocerían viáticos.

50. En este punto, se aclara que la situación descrita en el sub judice no
corresponde a la que es propia del principio de coordinación, que «consiste en la
sincronización de las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte
el contratante para la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable
que exista una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con
independencia, pero en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su
contraparte, respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto
suscrito»32.

51. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»33.

32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
33
Ibidem.

19

Radicado: 76001-23-33-000-2013-01119-01 (4286-2023)
Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

52. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte del demandante no tuvo
independencia, pues debía seguir las precisas instrucciones en cuanto a las
condiciones de modo, tiempo y lugar, toda vez que el éxito de la misión dependía
de la observancia del esquema de seguridad propuesto por sus superiores y, por
tanto, desvirtúa el carácter autónomo propio de un contratista.

53. Esta Sala no puede desconocer que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
3 del Decreto 512 de 1989 la misión del DAS era «suministrar a las dependencias
oficiales que lo requieran, según la naturaleza de sus funciones, las informaciones
relacionadas con la seguridad interior y exterior del Estado y la integridad del régimen
constitucional; colaborar en la protección de las personas residentes en Colombia, y
prestar a las autoridades los auxilios operativos y técnicos que soliciten con arreglo a la
ley» y, como consecuencia de ello, le correspondía «prestar servicios de seguridad
personal a quienes por razón del cargo, posición, funciones o motivos especiales puedan
ser objeto de atentados contra su persona o bienes, cuando de ellos pudieren derivarse
perturbaciones del orden público»34. Con fundamento en lo anterior y luego de
contrastarlo con las obligaciones contractuales de Juan Pablo Bravo Calpa, se
advierte que este realizó funciones propias de la misión institucional del DAS y que
tales labores ostentaron el carácter de permanentes, lo que evidencia la necesidad
del servicio.

54. Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909
de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio. Por tanto, la
ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue
contratado el demandante no es un argumento que enerve las consideraciones
expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte
de la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la
subordinación de la entidad.

55. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, el
demandante haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron
planteadas en los contratos de prestación de servicios, y que se acudiera a su
celebración ante la insuficiencia de personal de planta que desarrollara esas
labores, resulta indiferente en una situación como la expuesta pues «ni aún el
consentimiento puede considerarse como argumento válido para que el trabajador
renuncie a los beneficios prestacionales que la ley prevé en su favor»35, tal y como lo

34
Decreto 512 de 1989.
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,
radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

20

Radicado: 76001-23-33-000-2013-01119-01 (4286-2023)
Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

señaló el artículo 53 de la Constitución Política.

56. Además, valga precisar que la posibilidad de contratar a que alude el artículo 32
de la Ley 80 de 1993 no puede ser entendida como una carta abierta a efectos de
desconocer derechos y garantías laborales, pues lo cierto es que tal y como se
advirtió en esta decisión, la naturaleza contractual con la cual se revistió la
vinculación del demandante y el DAS se desnaturalizó al desarrollarse sin
autonomía ni independencia, las cuales se constituyen en las características
propias de la referida relación contractual.

57. Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para los periodos comprendidos entre
el 1º de junio de 2003 y el 31 de diciembre de 2010, afirmación que se desprende
de los contratos, las certificaciones y las demás pruebas documentales.

2.3.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

58. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de
las prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con
la declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

59. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación36 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días
hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, 9 de septiembre
de 2021. Asunto: sentencia de unificación de jurisprudencia conforme con artículo 271 del CPACA.
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho. Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-
01 (1317-2016). Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

21

Radicado: 76001-23-33-000-2013-01119-01 (4286-2023)
Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo
respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no
procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de
aquellos hubiesen podido generarse».

60. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el
que la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30)
días hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia
del 9 de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir
que no hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para
efectos de la prescripción de derechos laborales».

61. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201637, proferida
por el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

62. Así, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con
el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos

37
SUJ2-005-16.

22

Radicado: 76001-23-33-000-2013-01119-01 (4286-2023)
Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual»38.

63. En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 27 de junio de
201339, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues
no transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 31 de diciembre de 2010 y que
entre una vinculación y otra no se presentaron interrupciones superiores a 30 días
hábiles que implicaran la solución de continuidad en la prestación del servicio y le
exigieran presentar la reclamación administrativa.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

64. Por lo analizado, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores
que por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendrá que realizarse
en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios, correspondientes al periodo
comprendido entre el 1º de junio de 2003 y el 31 de diciembre de 2010.

65. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales40 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de

38
Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
39
Samai, índice 5, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_C01_01DemandaAdjuntaPoderYAnexos(.pdf) NroActua 5», folio 38.
40
«Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).

23

Radicado: 76001-23-33-000-2013-01119-01 (4286-2023)
Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas
cuando se trata de hipótesis distintas41.

66. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendrá
que calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional. De manera que se
deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía
al empleador. Para estos efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad
de que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá
la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.

67. Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia42 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones laborales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».

68. En consideración a esto, al actor le asiste el derecho al reconocimiento de las
prestaciones laborales de carácter legal que devengara un empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales como vacaciones, primas,
bonificaciones y cesantías, entre otras.

69. Lo explicado con anterioridad, que es la posición adoptada por la Sala para la
liquidación de las prestaciones laborales a la cuales tendría derecho el
demandante y para el cálculo del ingreso base de cotización (IBC), daría lugar a la
modificación de la orden proferida por el a quo al establecer que la entidad
demandada debía realizar la liquidación «conforme a los valores pactados en los
contratos»; no obstante, al ser la entidad el apelante único en este asunto, no se
modificará la providencia en este aspecto con el ánimo de no desmejorar su
situación en virtud del principio de la non reformatio in pejus.

70. En igual sentido, si bien en aplicación de las garantías de orden constitucional
que impone a las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades
para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad
y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en

41
Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
42
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016,
radicado 66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).

24

Radicado: 76001-23-33-000-2013-01119-01 (4286-2023)
Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

normas laborales; y la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales, esta Sala ha señalado que en asuntos
relativos a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el reconocimiento y
pago de las diferencias que resulten entre lo que recibió el demandante por
concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones de dicho
cargo de la entidad; no es menos cierto que, en el presente asunto la entidad
demandada funge como apelante único, razón por la cual en virtud del mencionado
principio no habrá lugar a modificar la sentencia en este aspecto y, en
consecuencia, bajo ese entendido se confirmará.

71. Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado
y la normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye, como lo estableció el a quo,
que se demostraron los elementos constitutivos de una relación laboral encubierta
entre Juan Pablo Bravo Calpa y el DAS en el periodo comprendido entre el 1º de
junio de 2003 y el 31 de diciembre de 2010 y el consecuente pago de las
prestaciones laborales que surjan de ello.

2.4.4. En torno a la entidad que debe responder por la condena ante la
supresión del DAS

72. Ahora, en relación con la entidad obligada a restablecer el derecho que se
ordena en sede judicial, la Sala advierte que contrario a lo señalado por la
recurrente, las obligaciones laborales del DAS fueron asumidas por la UNP, lo que
lo acredita como sucesor procesal, y en tal calidad, deberá ocuparse de las
condenas resultantes en el sub judice.

73. Al respecto, resulta necesario precisar que el artículo 3 del Decreto 4065 de
2011 señaló que el objetivo de la UNP es «articular, coordinar y ejecutar la prestación
del servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus
actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias,
culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima de la violencia, desplazado,
activista de derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o
extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón
al ejercicio de un cargo público u otras actividades que pueden generar riesgo
extraordinario, como el liderazgo sindical, de ONG y de grupos de personas desplazadas,
y garantizar la oportunidad, eficiencia e idoneidad de las medidas que se otorgan».

74. Lo anterior, toda vez que mediante el Decreto Ley 4057 del 31 de octubre de
2011, el gobierno nacional suprimió el DAS, y en el artículo 3 dispuso que «(l)as
funciones (...) que corresponden al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),
contempladas en el Capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2°, del Decreto 643
de 2004, y las demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes

25

Radicado: 76001-23-33-000-2013-01119-01 (4286-2023)
Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

entidades y organismos, así: (...) 3.4. La función comprendida en el numeral 14 del artículo
2.° del Decreto 643 de 2004, en el Decreto 1700 de 2010 y las demás que se desprendan
de la misma, se traslada a la Unidad Administrativa denominada Unidad Nacional de
Protección que se creará en decreto separado» (se resalta).

75. Por su parte, el artículo 9 del Decreto 1303 de 2014, señaló que los procesos
judiciales, reclamaciones de carácter administrativo, laboral y contractual, en los
que sea parte el DAS y/o su Fondo Rotatorio al cierre de la supresión del primero,
serán notificados a las entidades que hayan asumido las funciones, de acuerdo
con la naturaleza, objeto o sujeto procesal y que si aquellas no fueron atribuidas a
alguna de las entidades de la Rama Ejecutiva, corresponderán a la Agencia de
Defensa Jurídica del Estado.

76. Finalmente, se observa que la UNP intervino en el proceso de la referencia, ante
esta Corporación, como sucesor procesal del DAS, en virtud de lo dispuesto en el
auto del 16 de junio de 201543.

77. En igual sentido se ha pronunciado esta corporación al concluir que «la
competencia de la Fiduprevisora es de carácter residual, y atiende a que el proceso o las
funciones no se hayan trasladado a ninguna otra entidad llamada a suceder procesalmente
al extinto DAS»44.

78. En este orden de ideas, con fundamento en los elementos de juicio expuestos,
se concluye que la entidad que debe responder por las condenas proferidas en el
sub examine es la UNP, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 del CGP.

2.5. Costas

79. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

43
Samai, índice 5, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_C02_14OtrosAutosAceptarALaUnidadNacionalDeProtecciónComoSucesoraProcesalDelDas
(.pdf) NroActua 5».
44
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 6 de septiembre de 2018, radicado
250002342000201201137-01 y del 18 de marzo de 2021, radicado 76001-23-33-000-2014-00204-
01 (4087-2018),

26

Radicado: 76001-23-33-000-2013-01119-01 (4286-2023)
Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

80. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

81. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma45.

82. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

83. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y
revocará la condena impuesta en primera instancia, por no haberse efectuado el
análisis aquí expuesto.

3. Conclusión

84. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre Juan Pablo Bravo Calpa y el DAS entre el 1º de junio de 2003 y el 31
de diciembre de 2010, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales.

85. En consecuencia, tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
laborales de orden legal que surjan de ello, para lo cual se tomará como referente
lo honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios. Con
fundamento en iguales consideraciones, la entidad demandada deberá calcular el
ingreso base de cotización (IBC) pensional, en atención a lo expuesto en la parte
considerativa de la providencia.

86. La entidad que debe responder por las condenas en favor del demandante ante
la supresión del DAS, es la UNP.

45
En igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 76001-23-33-000-2013-01119-01 (4286-2023)
Demandante: Juan Pablo Bravo Calpa

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el ordinal 7° de la sentencia proferida el 31 de marzo de 2023
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral,
a través de la cual se accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda
incoada por Juan Pablo Bravo Calpa en contra del DAS, hoy UNP, en tanto
condenó en costas a la entidad para, en su lugar, no condenar en costas de primera
instancia.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida, de conformidad con lo
expuesto en esta decisión.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Aclaración de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

28

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