Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01186-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-01186-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2013-01186-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2013-01186-01 (4504-2021)
Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
Demandado: Departamento Administrativo de Seguridad1, hoy Unidad
Nacional de Protección2
Tema: Relación laboral encubierta
Sentencia de segunda instancia
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Javier Eduardo López Guerrero presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 40566 del 29 de agosto de 2013, por
medio del cual el jefe de la oficina asesora jurídica del DAS, en proceso de
supresión, le negó la existencia de una relación laboral y el reconocimiento de las
prestaciones sociales que se derivaban de ella por sus servicios como escolta entre
el 1° de junio de 2006 y el 31 de marzo de 2011.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que: i) se declarara la existencia de la relación laboral entre las partes por el
periodo alegado; ii) se reconocieran los conceptos salariales y prestacionales que
1 En lo que sigue DAS.
2 En lo sucesivo UNP. Mediante auto del 6 de marzo de 2015 se admitió como sucesora procesal
del extinguido DAS a la UNP, tal y como se advierte a folios 216 a 218 del cuaderno 1.
3 En adelante CPACA.
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Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
de ello se derivaban, tales como cesantías y sus intereses, primas de servicio,
antigüedad riesgo, clima e instalación, viáticos, vacaciones, bonificación por
servicios prestados y dotaciones, con base en lo devengado por un empleado de
planta que desarrollaba iguales funciones a las suyas; iii) se devolvieran las sumas
de dinero pagadas por concepto de seguridad social en salud y pensión,
retenciones y pólizas; iv) se otorgaran los subsidios de la caja de compensación
familiar y la indemnización por despido injusto; v) se reconociera la sanción
moratoria; vi) se indexaran las sumas que resultaren; y vii) se condenara en costas
a la parte vencida.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• Javier Eduardo López Guerrero laboró de manera continua e ininterrumpida como
escolta en el DAS en el departamento del Valle del Cauca en el distrito de Cali,
dentro del programa de «Servicio de Protección a Personas», entre el 1° de junio de
2006 y el 31 de marzo de 2011 a través de contratos de prestación de servicios,
periodo en el que prestó sus servicios bajo la continua subordinación y
dependencia de sus superiores, en el horario y fechas señaladas y en los diferentes
lugares y sedes determinadas por el empleador.
• El salario promedio que devengó durante el último año de servicios fue de
$2.704.074.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 53 y 122 de la
Constitución Política; y 138, 150, 152 y 156 del CPACA; y los decretos 2146 de
189; y 1951 de 1993.
En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:
• El DAS desconoció el principio de primacía de la realidad sobre las formas, no
obstante haberse configurado los elementos propios de una relación laboral;
además, vulneró el artículo 53 de la Constitución Política, toda vez que se acreditó
la existencia de un trabajo desarrollado de manera personal como escolta, de
forma permanente e ininterrumpida y subordinado o dependiente; esto último
consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartirle
órdenes e instrucciones a través de sus superiores inmediatos en relación con la
forma en que debía cumplir con sus funciones, bajo la fijación de un horario de
4 Folios 139 a 146 del cuaderno 1.
2
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trabajo impuesto para la prestación de sus servicios y con una remuneración
mensual (honorarios) como retribución por las labores que realizaba.
• Debía tener disponibilidad de tiempo, la entidad le proporcionaba los elementos
oficiales y recibía comunicaciones y memorandos sobre instrucciones en el uso y
manejo de la dotación, entre otros.
• El trato que se le dio vulneró el principio de igualdad y el derecho al trabajo y
demás garantías laborales, toda vez que por desarrollar idénticas funciones que el
personal vinculado de forma legal y reglamentaria debió recibir un trato igual al que
reciben los escoltas de planta de la entidad; sin embargo, no fue así.
1.2. Contestación de la demanda5
El DAS se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en las
siguientes consideraciones6:
• Lo que existió entre las partes fue relación contractual que obedeció a lo estatuido
por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual autorizó a las entidades públicas
para celebrar contratos de prestación de servicios con el objeto de realizar
actividades no solamente de carácter permanente, sino las que de manera
excepcional se requieran para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad y estas no puedan realizarse con el
personal de planta o requieran conocimientos especializados; no obstante, estos
no generan un vínculo laboral ni el derecho a percibir prestaciones sociales.
• La vinculación del demandante no lo fue como empleado o servidor público, sino
como contratista por medio de la celebración del contrato estatal de prestación de
servicios de protección. El hecho de haber trabajado para el Estado en ningún caso
le puede conferir a aquel la primera condición dicha, así las actividades que
desempeñó hayan sido similares a las de un empleado de planta.
• No se demostró la acreditación del elemento de la subordinación o dependencia
para la declaratoria de la relación laboral entre las partes, toda vez que el actor
desarrolló sus funciones de forma autónoma e independiente.
• La relación contractual en ningún momento fue subordinada, esta se dio con
órdenes que obedecieron a labores de coordinación con funciones de apoyo a la
administración de carácter especializado.
5 Mediante auto del 28 de abril de 2015 se admitió como sucesora procesal del extinguido DAS a
la UNP, tal y como se advierte a folios 335 y 336.
6 Folios 169 a 183 del cuaderno 1.
3
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Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
• El posible cumplimiento de un horario, junto con el uso de las instalaciones,
automáticamente, no cambia la naturaleza de la relación contractual, la que se dio
con libre voluntad del contratado, por lo cual adolece de los elementos propios de
una relación laboral.
• El demandante aceptó de manera voluntaria las condiciones contractuales
acordadas, sobre unas funciones de carácter temporal cuya determinación no
correspondió solamente al DAS sino también al Ministerio del Interior y de Justicia,
donde su «esquema de misiones» fue previamente acordado.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia proferida el 24 de
septiembre de 2019, accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda.
Al efecto dispuso lo siguiente7:
«Primero: Reconocer como sucesora procesal de la demandada DAS a la Unidad
Nacional de Protección (UNP), ésta última a quien le corresponderá cumplir con las
obligaciones impuestas en esta providencia.
Segundo: Declarar no probadas las excepciones de buena fe, inexistencia de la
obligación y falta de legitimación en la causa por pasiva, propuestas por la Nación -
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) hoy Unidad Nacional de Protección
(UNP).
Tercero: Declarar la nulidad del Oficio DAS. Número 40566 de fecha veintinueve (29)
de agosto de dos mil trece (2013), mediante el cual se desconoce la existencia de una
relación laboral, unos "haberes", unas acreencias laborales, legales y reglamentarias
entre el señor Javier Eduardo López Guerrero y el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) hoy Unidad Nacional de Protección (UNP).
Cuarto.- Declarar la existencia de una relación laboral de derecho público entre el
señor Javier Eduardo López Guerrero identificado con la cédula de ciudadanía No.
76.330.035 y la Nación Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Supresión
hoy Unidad Nacional de Protección (UNP), desde el 1 de junio de 2006 hasta el 31 de
marzo de 2011.
Quinto: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a La Unidad Nacional de
Protección (UNP), a reconocer y a pagar a favor del señor Javier Eduardo López
Guerrero todas y cada una de las prestaciones sociales que resulten entre lo que recibió
el actor por concepto de los contratos de prestación de servicios y lo que en el mismo
periodo hubiese percibido un escolta de planta de la entidad, pero liquidadas conforme
se pactó en el contrato de prestación de servicios dentro del lapso de tiempo
comprendido entre el 1 de junio de 2006 hasta el 31 de marzo de 2011.
Sexto: Ordenar a la Unidad Nacional de Protección (UNP), tomar durante el tiempo
comprendido entre el 1 de junio de 2006 hasta el 31 de marzo de 2011 el ingreso base
de cotización (IBC) pensional del demandante (los honorarios pactados), mes a mes, y
7 Folios 282 a 295 del cuaderno 1.
4
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Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron
efectuar, cotizar al respectivo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Los aportes a
pensión deberán ser actualizados a valor presente a través del ejercicio de un cálculo
actuarial de suerte que se tenga una cifra real de lo que le corresponde sufragar
al empleador y al actor, según el caso.
En ese sentido, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema
General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duraron los referidos
vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese
diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el
porcentaje que le incumbía como trabajador.
Sétimo: Negar las demás pretensiones de la demanda.
Octavo: Dar cumplimiento al fallo en los términos previsto en el art. 187 y 192 de la ley
1437 de 2011.
(…)» (sic).
Para tal efecto se pronunció en estos términos:
• En atención a las pruebas documentales, es posible declarar la existencia de la
relación laboral entre las partes por el periodo comprendido entre el 1° de junio de
2006 y el 31 de marzo de 2011, toda vez que se acreditaron los elementos para su
configuración, esto es la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación.
• Lo anterior, toda vez que Javier Eduardo López Guerrero i) fue contratado por el
DAS, lo que implicó que fue quien prestó el servicio; ii) en los contratos de
prestación de servicios suscritos entre las partes se pactó una remuneración
mensual por las labores prestadas; iii) no tenía libertad para realizar las funciones
encomendadas, las que fueron permanentes, continuas y prestadas en un horario
con disponibilidad las 24 horas del día, el cual era impuesto y determinado; y iv)
las tareas que desarrolló fueron conforme con las órdenes y directrices impartidas
por parte de la dirección seccional y el área de protección especial, las que no
podían ser ejecutadas de manera autónoma e independiente.
• Así entonces, el actor tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones
sociales generadas con ocasión de sus servicios, las que se liquidarán con base
en los honorarios derivados de los contratos de prestación de servicios. Asimismo,
al cómputo del tiempo laborado para efectos pensionales.
• No operó el fenómeno jurídico de la prescripción, toda vez que reclamación de
los períodos contractuales tuvo lugar dentro del término de 3 años siguientes a la
culminación de las relaciones respectivas, en las que no se presentaron
interrupciones superiores a 30 días hábiles.
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Radicado: 76001-23-33-000-2013-01186-01 (4504-2021)
Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
• El hecho de que se constituyan los elementos configurativos de una relación
laboral, en virtud del principio de la realidad sobre las formalidades, «ello no implica
que la persona obtenga la condición de empleado público, ya que no median los
componentes para una relación de carácter legal y reglamentaria en armonía con el
artículo 122 superior (…)8».
• Es improcedente el reconocimiento de los intereses moratorios por el no pago de
las cesantías, puesto que es a partir de la ejecutoria de la sentencia que declara la
relación laboral que se genera la obligación de pago de tal emolumento.
• No hay lugar a la condena en costas, en la medida en que la parte actora no
acreditó o demostró la ocurrencia de gastos en la instancia, en consideración a las
previsiones de los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso9.
1.4. El recurso de apelación
La UNP interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara la decisión del a
quo con fundamento en los siguientes argumentos10:
• Existió una indebida valoración de las pruebas, pues el demandante no logró
demostrar la acreditación de los elementos para declarar la existencia de una
relación laboral entre las partes, en especial la subordinación o dependencia, pues
aquel prestó sus servicios de forma autónoma e independiente a favor de la entidad
demandada.
• Las actividades para las cuales fue contratado el actor debían ser desarrolladas
dentro de unos parámetros mínimos de realización, es decir que se trató de una
relación coordinada entre el contratista y el contratante con el fin de garantizar la
adecuada ejecución de las actividades.
• Entre las partes lo que existió fue relación contractual que obedeció a lo
establecido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual autorizó a las entidades
públicas para celebrar contratos de prestación de servicios con el objeto de realizar
actividades no solamente de carácter permanente, sino las que de manera
excepcional se requieran para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad y estas no puedan realizarse con el
personal de planta o requieran conocimientos especializados; sin embargo, estos
no generan un vínculo laboral ni el derecho a percibir prestaciones sociales.
8 «Sección Segunda – Subsección B – Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, providencia
del veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 76001-23-33-000-
2011-01059-01(2139-15)».
9 En lo que sigue CGP.
10 Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 33.
6
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Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
• Toda actividad contractual requiere de una vigilancia y control por parte del
contratante, máxime cuando en este caso la labor contratada es especialísima,
puesto que de ella depende la vida de quienes son beneficiaros del programa, lo
que justifica que se hubiese designado un supervisor. Debe tenerse en cuenta que
una vez el escolta salía de las instalaciones del DAS, las órdenes y sugerencias
las impartía el protegido. Además, en las misiones eran completamente
autónomos, nunca se le entregó un manual de funciones ni se le asignó un horario,
simplemente se le indicó que debía asistir a las instalaciones de la entidad para
hacerle entrega de las herramientas de trabajo (armas, chalecos, vehículos
blindados) que, por su carácter de alta seguridad, no podían dejarse en manos de
los contratistas. Lo anterior desvirtúa que la relación fuera subordinada.
• Tal y como se advierte de lo certificado por el DAS los escoltas vinculados a
través de contratos de prestación de servicios pactaron honorarios más altos que
el total del promedio mensual devengado por los de la planta de personal. En tal
sentido, si lo que se pretende es la aplicación del principio «a trabajo igual, salario
igual», debe declararse que la base salarial de la liquidación es la de los empleos
de planta, por ser la que se equipara a la realidad laboral que se homologa con la
decisión recurrida, y tenerse en cuenta los emolumentos pagados de más, para
que estos «sean descontados del valor de las pretensiones».
• La UNP no está legitimada en la causa por pasiva, pues en este caso no es
sucesora procesal del DAS, sino que debe responder la Fiduprevisora en los
términos de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015.
• Si bien la UNP fue asignataria de la función de protección que tenía el DAS, esta
no tiene relación con los hechos demandados, ya que es una netamente operativa
y aunque varios escoltas fueron incorporados a la nueva planta de la unidad, lo
cierto es que otras entidades también fueron receptoras de estos trabajadores.
• En virtud de lo dispuesto en los decretos 4057, 4066, 4067 y 4070 de 2011, la
única carga administrativa laboral que recibió la UNP fue la de incorporación de
personal, de manera que aquella bajo la cual se circunscribe el reconocimiento y
pago de obligaciones labores, no le fue asignada.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
Las partes presentaron alegatos de conclusión en los que reiteraron los
argumentos expuestos en las instancias procesales previas.
1.6. Concepto del Ministerio Público
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Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
Consisten en determinar ¿si entre Javier Eduardo López Guerrero y el DAS se
configuró una relación laboral?, si ¿aquel tiene derecho al reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral?, y de ser así, ¿cuál
es la entidad que debe responder por las condenas en favor del demandante ante
la supresión del DAS?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 posibilita celebrar contratos de
prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3º. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
Por su parte, el Decreto 2209 de 199811 precisó que «(l)os contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
11 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de
planta o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales»,
contenidas en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció
que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral
personal subordinada y dependiente.
De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral,
entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la
norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Resalta la Sala].
Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)12 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización13, desarrolló el
principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se halle
12 Aprobada el 11 de abril de 1919.
13 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
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Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».
Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»14 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».
Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos
o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
14 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación15 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales16». (Resalta la Sala).
Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación
y dependencia del trabajador respecto del empleador.
Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
16 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
11
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01186-01 (4504-2021)
Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es, que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202117 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud
efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
12
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01186-01 (4504-2021)
Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es, la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.3. Lo probado en el proceso
Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
• Certificación del 20 de abril de 201118, suscrita por el director del DAS en
supresión, seccional Valle del Cauca, actas de inicio y liquidación y contratos de
prestación de servicios, según los cuales entre el demandante y esa entidad se
suscribieron los siguientes19:
Contrato de
Valor Interrupción
prestación de Duración Objeto
mensual días hábiles
servicios
01-06-2006
12 de 2006 y
$1.458.110 a -
adición
30-11-2006
01-12-2006
157 de 2006 $1458.110 a -
30-06-2007
01-07-2007
058 de 2007 $1.500.000 a -
31-12-2007
01-01-2008
169 de 2007 $1.575.000 a «El Contratista en virtud de sus -
31-12-2008 condiciones personales se
compromete para con el D.A.S. a
01-01-2009
056 de 2008 y prestar los servicios de protección;
$1.575.000 a -
adiciones con sede principal en la ciudad de
28-09-2009
Cali-Valle y eventualmente en la
29-09-2009
53 de 2009 y ciudad donde se asigne el esquema
$1.575.000 a -
adición protectivo, dentro del componente
17-12-2009
seguridad a perdonas, del Programa
18-12-2009 de Protección a Dirigentes
205 de 2009 a Sindicales, Organizaciones Sociales -
$1.638.000
31-03-2010 y Defensores de Derechos
01-04-2010 Humanos, conforme a las medidas
031 de 2010 y
$1.638.000 a de seguridad aprobadas por el -
adición
31-07-2010 Comité de Reglamentación y
01-08-2010 evaluación de riesgos del Ministerio
104 de 2010 y
$1.638.000 a del Interior y de Justicia». (Sic). -
adición
27-12-2010
28-12-2010
176 de 2010 $1.638.000 a -
31-03-2011
18 Folio 20 del cuaderno 1.
19 Folios 58 a 118 del cuaderno 1 y 103 a 172 del cuaderno 2.
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Radicado: 76001-23-33-000-2013-01186-01 (4504-2021)
Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
En los contratos de prestación de servicios se pactaron, entre otras, las siguientes
obligaciones:
«1. Cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el
DAS a través del supervisor, o por su protegido. 2. Realizar las de índole protectivo
previa autorización para cumplir con la actividad encomendada, o destinación del
funcionario competente del Departamento Administrativo de Seguridad. 3- Presentar
para su revisión en la dependencia de Control de Armamento, Radios y Vehículos del
DAS, o en la que haga sus veces, los elementos logísticos de dotación, dentro de los
últimos cinco (5) días de cada mes. 4.- Al terminar el servicio y cuando por alguna
circunstancia, el contratista no se encuentre prestando el servicio para el cual fue
contratado deberá hacer entrega de los elementos en la misma dependencia
diariamente. 5.- Observar excelente conducta social, laboral y buenas relaciones
interpersonales con los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad,
con sus compañeros y con la persona protegida. 6. No ingerir bebidas embriagantes,
sustancias alucinógenas o psicotrópicas. 7. Respetar las normas de tránsito y de
convivencia ciudadana, y colaborar con las autoridades civiles, militares y de policía 8.
Informar oportunamente a la Oficina de Protección Especial del DAS, los
desplazamientos que por la naturaleza del contrato deba hacer a otras ciudades y las
novedades que se presenten en el servicio. 9.- Mantener en buen estado los elementos
logísticos entregados por el DAS y velar por su buen uso y cuidado, los cuales deberán
destinarse en forma exclusiva para el servicio objeto del presente contrato. 10.
Observar en forma permanente las instrucciones impartidas en la relacionado con el
uso de armas, técnicas protectivas y las demás que se relacionen con las actividades
propias del objeto del presente contrato. 11- Informar al Supervisor del contrato las
novedades de servicio relacionadas con permisos, incapacidades u otras
circunstancias que suspendan o interrumpan la ejecución del contrato, caso en el cual
se efectuarán los descuentos correspondientes al valor diario por el tiempo en que no
se preste el servicio. Estos descuentos podrán hacerse efectivos durante el tiempo de
ejecución del contrato o en la liquidación del mismo, previa certificación del supervisor.
12. Observar las medidas de seguridad preventivas para el manejo de las armas de
fuego, evitando poner en riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos. 13.
Presentar en forma oportuna la documentación mensual al Supervisor del contrato, la
cual se requerirá para expedir la certificación del pago de los honorarios y gastos de
viaje estipulados en la cláusula tercera del presente contrato». (Sic).
• Resolución 01759 del 17 de agosto de 200420, «(p)or la cual se adopta el Manual
Específico de Funciones y Requisitos de los empleos de la Planta de Personal del
Departamento Administrativo de Seguridad», en la que consta la existencia en la planta
de personal de la entidad del cargo de escolta código 205, grado 05, de la siguiente
manera:
«(…)
Oficina de Protección Especial
I. Identificación y ubicación del cargo
Denominación del cargo: Agente Escolta (Nivel Central y
Seccional)
Area: Operativa Código 205 Grado 05
20 Folios 124 y 125 del cuaderno 1.
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Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
II. Funciones Generales
Prestar los servicios de protección a personas contra riesgos, peligros o amenazas
que puedan afectar su integridad
III. Descripción de Funciones
1. Realizar las actividades tendientes a lograr la protección de las personas a las
cuales el DAS los presta servicio de seguridad, según el programa para el cual fue
nombrado, utilizando los medios logísticos adecuados dentro del marco jurídico que
señala la ley y los reglamentos:
2. Conducir los vehículos de la Institución cuando las necesidades del servicio lo
requieran previo cumplimiento de los requisitos legales;
3. Reportar oportunamente al superior inmediato sobre los desplazamientos que
realice el protegido dentro y fuera de la ciudad;
4. Mantener en buen estado el vehículo, equipo, armas y demás elementos de
dotación;
5. Contribuir con sugerencias, Iniciativas y propuestas que propicien un eficiente
servicio de seguridad;
6. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel, la naturaleza
y el área de desempeño del cargo.
(…)» (sic).
• Certificaciones de permanencia del contratista21.
• Comunicaciones suscritas por los protegidos en las cuales autorizan al
demandante algunos días de descanso y en las que solicitan su acompañamiento
fuera de la cabecera departamental y municipal22.
• Órdenes de trabajo del demandante23.
• Actas de entrega y recibo del armamento del actor como escolta del 26 de marzo
y 8 de junio de 2009 y 31 de marzo, 1° de abril, 31 de julio, 1° de agosto y 27 y 28
de diciembre de 201024.
• El 16 de agosto de 2013, Javier Eduardo López Guerrero le solicitó al DAS el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre el 1° de junio de 2006
y el 31 de marzo de 2011 y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban
21 Folios 39 a 44.
22 Folios 136 al 162.
23 Folios 21 a 38.
24 Folios 45 a 57.
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Radicado: 76001-23-33-000-2013-01186-01 (4504-2021)
Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
de ello25. Esta petición fue negada mediante el Oficio 40566 del 29 de agosto de
201326, expedida por el jefe de la oficina asesora jurídica de la entidad, toda vez
que entre las partes únicamente hubo varias relaciones contractuales cuyo objeto
fue la prestación de servicios de protección por parte del contratista a personas
amenazadas por la situación de violencia del país.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral
Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si en el sub judice se acreditaron
los elementos que permiten configurar una relación de trabajo entre Javier Eduardo
López Guerrero y el DAS.
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
De las pruebas relacionadas, se tiene que el actor prestó sus servicios como
escolta en el DAS a través de contratos de prestación de servicios ejecutados entre
el 1° de junio de 2006 y el 31 de marzo de 2011. En virtud de lo señalado en tales
documentos «(e)l Contratista en virtud de sus condiciones personales se compromet(ió)
con el D.A.S. a prestar los servicios de protección» y se estableció una cláusula de
expresa prohibición de ceder el contrato «sin la autorización previa, expresa y escrita
del D.A.S.», lo que permite advertir que fue él y no a través de otras personas quien
ejecutó la labor contratada.
En consecuencia, de las copias de los contratos de prestación de servicios,
certificación y demás pruebas documentales, se advierte que el demandante en
efecto fue contratado para desarrollar funciones de escolta al servicio del DAS
entre el 1° de junio de 2006 y el 31 de marzo de 2011.
2.4.1.2. Remuneración
Ahora bien, Javier Eduardo López Guerrero percibió una remuneración27 por el
trabajo realizado, tal y como se evidencia en los contratos de prestación de
servicios que suscribió y sus actas de inició y liquidación, en los que se advierte
que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la
remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de
su denominación (honorarios o salario).
2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia
25 Folios 11 a 19.
26 Folios 31 al 34.
27 $1.458.110, $1.500.000, $1.575.000 y $1.638.000.
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Radicado: 76001-23-33-000-2013-01186-01 (4504-2021)
Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
En este punto, la Sala encuentra que las funciones desempeñadas por el
demandante no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que este
estuvo sujeto a horarios y órdenes, propias de la naturaleza de una relación
subordinada pues atienden al control de un superior para llevar acabo la ejecución
de los contratos, por lo que existe una sujeción de aquel hacia la entidad accionada
y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de
su servicio, quien a su vez tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que
evidencia el ejercicio del ius variandi por parte del DAS.
En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive
con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrollara sus
labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.
Esto se advierte luego de contrastado el objeto y las obligaciones que se
establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre los
extremos procesales, de la certificación aportada, de las órdenes de servicio o
misiones y demás pruebas documentales aportadas. En ellos se aprecian
actividades que exigen para su ejecución necesaria dependencia y subordinación,
por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las reglas de la sana crítica de
tales pruebas, encuentra que es posible determinar la existencia de una relación
laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de
emplear de modo permanente y continuo los servicios del demandante, pues la
labor se desarrolló por espacio de 4 años y 10 meses aproximadamente.
En efecto, Javier Eduardo López Guerrero prestó sus servicios como escolta en el
DAS y cumplió, entre otras funciones, las de «(c)umplir con las actividades de
protección en el lugar que le sea asignado por el DAS o por su protegido», «(r)ealizar las
actividades de índole protectivo previa autorización para cumplir con la actividad
encomendada, o destinación del funcionario competente del Departamento Administrativo
de Seguridad», «(o)bservar en forma permanente las instrucciones impartidas en lo
relacionado con el uso de armas, técnicas protectivas y las demás que se relacionen con
las actividades propias del objeto del presente contrato», e «(i)nformar al Supervisor del
contrato las novedades de servicio relacionadas con permisos, incapacidades u otras
circunstancias que suspendan o interrumpan la ejecución del contrato, caso en el cual se
efectuarán los descuentos correspondientes al valor diario por el tiempo en que no se
preste el servicio. Estos descuentos podrán hacerse efectivos durante el tiempo de
ejecución del contrato o en la liquidación del mismo, previa certificación del supervisor».
Las anteriores obligaciones ponen en evidencia que el DAS, en su calidad de
empleador, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo del actor y que este
no realizó sus labores en forma autónoma e independiente, pues estas tienen
relación de correspondencia con el ejercicio del poder subordinante por parte de la
entidad, quien incluso podía realizar descuentos durante el tiempo de ejecución del
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Radicado: 76001-23-33-000-2013-01186-01 (4504-2021)
Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
contrato, como consecuencia de la solicitud de permisos o incapacidades.
Aunado a lo expuesto, la Sala encuentra que en las órdenes de trabajo, el DAS le
indicó a su escolta contratista, las condiciones en que debía desarrollar el objeto
contractual, esto es, si lo debía hacer por vía aérea o terrestre, el vehículo previsto
para la misión, le recordó el deber de dar estricto cumplimiento a las normas y
medidas preventivas de seguridad; coordinar con las autoridades civiles, policiales
y la Fuerza Pública, el apoyo necesario para llevar a cabo la misión; presentarse
ante el correspondiente director del DAS en el lugar a donde se dirigían, y en caso
de que la entidad no tuviera representación, ante el comando de policía de la
jurisdicción; una vez finalizado el servicio debían devolver la misión con el
correspondiente informe de cumplimiento; tenían que legalizar las misiones u
órdenes de trabajo el día de su finalización o, a más tardar el día hábil siguiente,
con el cumplido o certificación de permanencia, so pena de que no se les
reconocerían viáticos.
En este punto, se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde
a la que es propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización
de las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante
para la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»28.
Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»29.
Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte del demandante no tuvo
independencia, pues debía seguir las precisas instrucciones en cuanto a las
condiciones de modo, tiempo y lugar, toda vez que el éxito de la misión dependía
de la observancia del esquema de seguridad propuesto por sus superiores y, por
tanto, desvirtúa el carácter autónomo propio de un contratista.
Esta Sala no puede desconocer que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3
del Decreto 512 de 1989 la misión del DAS era «suministrar a las dependencias
oficiales que lo requieran, según la naturaleza de sus funciones, las informaciones
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
29 Ibidem.
18
Radicado: 76001-23-33-000-2013-01186-01 (4504-2021)
Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
relacionadas con la seguridad interior y exterior del Estado y la integridad del régimen
constitucional; colaborar en la protección de las personas residentes en Colombia, y
prestar a las autoridades los auxilios operativos y técnicos que soliciten con arreglo a la
ley» y, como consecuencia de ello, le correspondía «prestar servicios de seguridad
personal a quienes por razón del cargo, posición, funciones o motivos especiales puedan
ser objeto de atentados contra su persona o bienes, cuando de ellos pudieren derivarse
perturbaciones del orden público»30. Con fundamento en lo anterior y luego de
contrastarlo con las obligaciones contractuales de Javier Eduardo López Guerrero,
se advierte que este realizó funciones propias de la misión institucional del DAS y
que tales labores ostentaron el carácter de permanencia, lo que evidencia la
necesidad del servicio.
Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909 de
2004, la entidad no hubiese hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio. Por consiguiente,
la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue
contratado el demandante no es un argumento que enerve las consideraciones
expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte
de la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la
subordinación de la entidad.
Así las cosas, para el periodo comprendido entre el 1° de junio de 2006 y el 31 de
marzo de 2011 se encuentran acreditados los elementos de la relación laboral.
2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación31 dispuso que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días
hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
30 Decreto 512 de 1989.
31Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.
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Radicado: 76001-23-33-000-2013-01186-01 (4504-2021)
Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo
respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no
procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de
aquellos hubiesen podido generarse».
Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del
9 de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de
la prescripción de derechos laborales».
Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201632, proferida por
el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:
«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
32 SUJ2-005-16.
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Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).
Así, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el
Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual»33.
En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 16 de agosto de
201334, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues
no transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 31 de marzo de 2011 y que entre
una vinculación y otra no se presentaron interrupciones superiores a 30 días
hábiles que implicaran la solución de continuidad en la prestación del servicio y le
exigieran presentar la reclamación administrativa.
2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
En primer lugar, esta Sala advierte que el a quo ordenó la liquidación de la condena
con base en los honorarios contractuales; sin embargo, se resalta que, si bien, tal
y como se expuso en la sentencia del 4 de febrero de 2016 35, los honorarios son
el criterio imperante únicamente cuando el cargo desempeñado por el contratista
no existe en la planta de personal, pues en razón a la inexistencia del cargo, dichos
emolumentos son la única forma de tasar objetivamente la indemnización de
perjuicios. Esto señaló en aquella oportunidad:
«[L]a Sala, ha acudido a los honorarios pactados, como punto de partida para la
reparación de los daños en este tipo de controversias, siendo este el criterio imperante
cuando el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal,
pues en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal, dichos emolumentos
son la única forma de tasar objetivamente la indemnización de perjuicios, ya que de
otra forma se incurría en subjetivismos por parte de la administración, a la hora de
definir la identidad o equivalencia con otro empleo existente en la planta de la entidad,
con el riesgo de reabrir la controversia al momento de ejecutar la sentencia.
No obstante, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, las Subsecciones
A y B de la Sección Segunda, también han tenido en cuenta, de manera excepcional,
33 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
34 Folio 11.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de febrero de 2016,
radicado 81001-23-33-000-2012-00020-01(0316-14), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
como criterio para la reparación del daño, el salario devengado por un empleado de
planta de la entidad, en aquellos casos en que se ha demostrado que el empleo
desarrollado por el contratista demandante existe en la planta de personal y es
desempeñado en igualdad de condiciones que los servidores públicos de planta36, o
cuando los honorarios pactados son inferiores al salario devengado por un empleado
de planta de la entidad con las mismas funciones desarrolladas37.
En este orden de ideas, la Sala considera oportuno y necesario precisar cuál es el
criterio imperante para el reconocimiento de la reparación de los daños derivados de la
existencia del contrato realidad, dependiendo si las actividades contratadas bajo la
modalidad de prestación de servicios son iguales a las funciones asignadas a empleos
existentes en la planta de personal de la entidad o si no lo son, pues según el caso, el
parámetro objetivo para la tasación de perjuicios podrá variar, en aplicación de los
principios laborales de igualdad de oportunidades y remuneración proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, derivados del artículo 53 de la C.P.
En tal sentido, dirá la Sala que los honorarios pactados son el criterio imperante cuando
el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues en
razón a la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de tasar
objetivamente la indemnización de perjuicios».
Por lo expuesto, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 38, la
Sección Segunda dispuso que «en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de
calcularse las prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de
prestación de servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados,
ya que no es dable tener en cuenta, en este caso, el empleo de planta, pues los
docentes oficiales se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente que
implica remuneraciones diferenciadas según el grado en el que estén39», esto fue
así por la imposibilidad de calcular la condena con el empleo de planta.
No es menos cierto que, siempre que se acredite la existencia del cargo en la
planta de personal, las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral
reconocida deben liquidarse con fundamento en los salarios devengados por tales
empleados, pues esto le otorga vigencia al principio de «salario igual por un trabajo
de igual valor» que se deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos
36 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas
Monsalve. Sentencia de 27 de noviembre de 2014, Expediente: 05001-23-33-000-2012-00275-01,
Referencia: 3222-2013, Actor: David Alejandro Jaramillo Arbeláez; Subsección A, sentencia de 4
de junio de 2009, Referencia 1221-08, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Subsección A,
sentencia de 21 de octubre de 2009, referencia 2725-08, C.P. Luis Rafael Vergara.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de marzo de 2010,
Referencia: 2168-08, C.P. Alfonso Vargas Rincón.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
39 Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”,
artículo 36: “Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de los
siguientes derechos:
(…)
b. Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado del escalafón;
(…)”:
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Radicado: 76001-23-33-000-2013-01186-01 (4504-2021)
Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
Económicos, Sociales y Culturales40 frente al cual la Corte Constitucional ha
señalado que la remuneración de los trabajadores en general debe estar acorde
con los criterios de proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes
se encuentren en igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de
diversidad de reglas cuando se trata de hipótesis distintas41.
En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, el actor tiene derecho al
reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones laborales
legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle, en consideración al
salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las suyas,
correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de junio de 2006 y el 31 de
marzo de 2011.
Sin embargo, en ente demandado deberá calcular el ingreso base de cotización
(IBC)42 pensional de Javier Eduardo López Guerrero, que corresponde a los
salarios de un empleado de planta que desarrollara sus funciones para el periodo
comprendido entre el 1° de junio de 2006 y el 31 de marzo de 2011. La entidad
deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía
como empleador.
Para estos efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que
en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga
de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.
Así las cosas, por las razones expuestas y en consideración a que la parte
demandada en su recurso de apelación solicitó, ante la existencia del cargo, la
aplicación del criterio explicado con anterioridad, el cual considera que le resulta
más favorable y, por lo tanto, no se desmejoraría su situación en virtud del principio
de la non reformatio in pejus, esta Sala considera necesario modificar la orden
40 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos».
41 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
42 En adelante IBC.
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Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
proferida por el tribunal para efectos de precisar que el pago de las prestaciones
laborales reconocidas y el cálculo del IBC deberá realizarse con como base en los
salarios devengados por el personal de planta.
Lo anterior, aun cuando en el sub judice no es posible establecer el salario de un
empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las del demandante, pues
no se aportó prueba que lo demostrara, toda vez que la UNP así lo solicitó en su
alzada y es la posición actual de la Sala frente a este tema.
Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia 43 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público (…)», lo que
no impide que se reconozcan las prestaciones sociales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».
En consideración a esto, al demandante le asiste el derecho al reconocimiento de
las prestaciones sociales de carácter legal que devengara un empleado de planta
de la entidad demandada que desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales
como vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.
Ahora, si bien el actor no solicitó expresamente que se reajustaran los salarios
percibidos, esto es las diferencias entre lo recibido por concepto de honorarios y lo
devengado por un empleado de planta, la Sala encuentra necesario exponer las
siguientes consideraciones al advertir que es un aspecto que se encuentra
íntimamente ligado con el consecuente restablecimiento del derecho cuando se
reconoce la existencia de una relación laboral pues de las pretensiones no puede
escindirse el reconocimiento del reajuste salarial al estar este íntimamente ligado
con el de las prestaciones, en tanto que estas se componen entre otros de la
asignación básica.
Si bien en oportunidades anteriores esta Subsección ha señalado que por el
reconocimiento de una relación laboral «no surge el derecho al reconocimiento y pago
de las diferencias salariales»44; esta Sala modifica su postura para señalar que en
estos asuntos el restablecimiento del derecho comporta, además, el
reconocimiento y pago de la diferencia que pueda existir entre lo devengado por
los empleados de planta de la entidad y los honorarios que le fueron pagados a los
contratistas.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016,
radicado 66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016,
radicado 66001-23-33-000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
Lo anterior tiene soporte en las garantías de orden constitucional que impone a las
autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales45, en virtud de los cuales le corresponde al
juez proteger a los trabajadores de las arbitrariedades que se puedan presentar en
sus condiciones laborales.
En efecto situaciones como las planteadas en el sub judice plantean un dilema que
debe resolverse a la luz de los principios y derechos garantizados por la
Constitución Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que
evite vaciar el contenido y alcance los derechos en pugna, que no son otros que
los de los trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que debe
existir proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una
lógica consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»46.
Así las cosas, en casos como el que es objeto de estudio por la Sala, a pesar de
tratarse de funciones similares a las de los empleados de planta, los contratistas
no reciben la remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública,
pues la retribución por los servicios prestados es denominado honorarios, los
cuales son consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se
desnaturalizó, lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y
la especial protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada
con la dignidad humana y la justicia material.
Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los contratistas
que acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de una
verdadera relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional al
que se ha aludido a lo largo de esta decisión y aplicarlo en su integridad para así
eliminar las diferencias surgidas en esa relación contractual que encubría una
laboral.
De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en material laboral, al
advertir que la carga de igualdad se rompió, pues el contratista fue remunerado en
forma disímil a los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos
necesarios para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad
salarial.
45 Artículo 53 de la Constitución Política.
46 Sentencia T-102 de 1995.
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Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
Sobre el particular, valga señalar que la Corte Constitucional ha indicado que en
«tratándose de derechos fundamentales de aplicación inmediata, el juez administrativo a
efecto de asegurar su vigencia y goce efectivos debe aplicar la correspondiente norma
constitucional, en forma oficiosa, así la demanda no la haya invocado expresamente»47,
esto efectiviza y asegura la defensa de los derechos fundamentales. En tal sentido,
la necesidad de proteger los derechos constitucionales fundamentales impone un
cambio en el papel del juez que se sustenta entre otras en la «aplicación preferente
de la Constitución frente a las demás normas jurídicas y así mismo el efecto integrador
que debe dársele a sus disposiciones con respecto a las demás normas del ordenamiento
jurídico (…) La necesidad de dar prevalencia al derecho sustancial (art. 228 C.P.), más
aún cuando este emana de la Constitución y busca hacer efectivas la protección y la
vigencia de los derechos fundamentales» (sic)48.
Así las cosas, la negativa a reconocer el reajuste salarial constituye no solo una
vulneración a la legislación laboral contenida en el ordenamiento interno, sino
también a los tratados internacionales ratificados por Colombia, los cuales al tenor
del artículo 93 de la Constitución hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Ahora, si bien en aplicación de las garantías de orden constitucional que impone a
las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales, esta Sala ha señalado que en asuntos
relativos a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el reconocimiento y
pago de las diferencias que resulten entre lo que recibió la demandante por
concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones de dicho
cargo de la entidad; no es menos cierto que, en el presente asunto la entidad
demandada funge como apelante único, razón por la cual en virtud del principio de
la non reformatio in peius no habrá lugar a modificar la sentencia en este aspecto
y, en consecuencia, bajo ese entendido se confirmará la sentencia de primera
instancia.
Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio analizado y
la normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye, como lo estableció el a quo,
que se demostraron los elementos constitutivos de una relación laboral encubierta
entre las partes en el periodo comprendido entre el 1° de junio de 2006 al 31 de
marzo de 2011 y el consecuente pago de las prestaciones laborales que surjan de
ello.
47 Sentencia C-197 de 1999.
48 Sentencia SU-039 de 1997.
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Ahora, en relación con la entidad obligada a restablecer el derecho que se ordena
en sede judicial, la Sala advierte que contrario a lo señalado por el recurrente, las
obligaciones laborales del DAS fueron asumidas por la UNP, lo que lo acredita
como sucesor procesal, y en tal calidad, deberá ocuparse de las condenas
resultantes en el sub judice.
Al respecto, resulta necesario precisar que el artículo 3 del Decreto 4065 de 2011
señaló que el objetivo de la UNP es «articular, coordinar y ejecutar la prestación del
servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus
actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias,
culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima de la violencia, desplazado,
activista de derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o
extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón
al ejercicio de un cargo público u otras actividades que pueden generar riesgo
extraordinario, como el liderazgo sindical, de ONG y de grupos de personas desplazadas,
y garantizar la oportunidad, eficiencia e idoneidad de las medidas que se otorgan».
Lo anterior, toda vez que mediante el Decreto Ley 4057 del 31 de octubre de 2011,
el gobierno nacional suprimió el DAS, y en el artículo 3 dispuso que «(l)as funciones
(...) que corresponden al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contempladas
en el Capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2°, del Decreto 643 de 2004, y las
demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes entidades y
organismos, así: (...) 3.4. La función comprendida en el numeral 14 del artículo 2.° del
Decreto 643 de 2004, en el Decreto 1700 de 2010 y las demás que se desprendan de la
misma, se traslada a la Unidad Administrativa denominada Unidad Nacional de
Protección que se creará en decreto separado». (Se resalta).
Por su parte, el artículo 9 del Decreto 1303 de 2014, señaló que los procesos
judiciales, reclamaciones de carácter administrativo, laboral y contractual, en los
que sea parte el DAS y/o su Fondo Rotatorio al cierre de la supresión del primero,
serán notificados a las entidades que hayan asumido las funciones, de acuerdo
con la naturaleza, objeto o sujeto procesal y que si aquellas no fueron atribuidas a
alguna de las entidades de la Rama Ejecutiva, corresponderán a la Agencia de
Defensa Jurídica del Estado.
Finalmente, se observa que la UNP intervino en el proceso de la referencia, ante
esta Corporación, como sucesor procesal del DAS, en virtud de lo dispuesto en el
auto del 6 de marzo de 2015. En igual sentido se ha pronunciado esta corporación
al concluir que «la competencia de la Fiduprevisora es de carácter residual, y atiende a
que el proceso o las funciones no se hayan trasladado a ninguna otra entidad llamada a
suceder procesalmente al extinto DAS»49.
49Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 6 de septiembre de 2018, radicado
250002342000201201137-01 y del 18 de marzo de 2021, radicado 76001-23-33-000-2014-00204-
01 (4087-2018),
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Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
En este orden de ideas, con fundamento en los elementos de juicio expuestos, se
concluye que la entidad que debe responder por las condenas proferidas en el sub
examine es la UNP, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 del CGP.
Por lo analizado a lo largo de la providencia, la Sala confirmará parcialmente la
sentencia apelada, pues se modificarán las órdenes contenidas en los ordinales 5°
y 6°, en cuanto a la liquidación de las prestaciones laborales a la cuales tendría
derecho el demandante y el cálculo del ingreso base de cotización (IBC), con
fundamento en lo expuesto a lo largo de esta decisión.
2.4. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma50.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
50En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la
parte demandada.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación laboral
entre Javier Eduardo López Guerrero y el DAS entre el 1° de junio de 2006 y el 31
de marzo de 2011, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales.
En consecuencia, tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
laborales de orden legal que surjan de ello, para lo cual se tomará como referente
los salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las que
ejecutó en ese periodo.
La entidad que debe responder por las condenas en favor del demandante ante la
supresión del DAS, es la UNP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar los ordinales 5° y 6° de la sentencia proferida el 24 de
septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de
la cual se accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada
por Javier Eduardo López Guerrero en contra del DAS, hoy UNP, los cuales
quedarán así:
Quinto. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la UNP a reconocer
a Javier Eduardo López Guerrero las prestaciones laborales de orden legal a las
cuales tiene derecho, para lo cual tomará como referente los salarios de un
empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó por el
tiempo en el cual se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, entre
el 1° junio de 2006 y el 31 de marzo de 2011.
Sexto. Como consecuencia la UNP deberá calcular el IBC pensional de Javier
Eduardo López Guerrero que corresponde a los salarios de un empleado de
planta que desarrollara sus funciones para el periodo comprendido entre el 1°
junio de 2006 y el 31 de marzo de 2011. La entidad deberá cotizar al respectivo
fondo pensional en el porcentaje que le correspondía como empleador.
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Demandante: Javier Eduardo López Guerrero
Para estos efectos, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que
en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la
carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida, de conformidad con lo
expuesto en esta decisión.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
30
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