Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2014-00854-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Presupuesto procesal
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2014-00854-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2014-00854-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
2 de julio de 2021
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Niega
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Daño causado por chatarrización de vehículo por implementación de servicio de transporte masivo / INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / DAÑO DERIVADO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / DAÑO CAUSADO POR ACTO ADMINISTRATIVO / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
SÍNTESIS DEL CASO: […] presentaron demanda de reparación directa en contra de las entidades demandadas, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios a ellos causados por la implementación y puesta en funcionamiento del sistema integrado de transporte masivo MIO en Santiago de Cali, circunstancia que los desplazó de su actividad económica, debido a la desintegración física de los vehículos de transporte público de su propiedad.
PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETENCIA / FACTOR FUNCIONAL / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / FACTOR OBJETIVO
El artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del CPACA dispone que los tribunales administrativos conocen en primera instancia, entre otros asuntos, “los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa, razón por la cual se concluye que esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 150 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 615 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 152
COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA – La constituye el recurso de apelación
Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada. […] Bajo esta óptica resulta claro que, aunque la parte actora recurrió formalmente la sentencia dictada por el Tribunal a quo, en su escrito de impugnación únicamente dejó ver su discrepancia con la decisión del a quo de declarar probada la caducidad en relación con […] y, en atención a este contexto, la Sala se limitará a analizar este aspecto, no sin antes precisar que, de encontrar probada esta figura frente a los demás demandantes, la declarará de oficio, pues así lo ha hecho esta Corporación en otras oportunidades.
FUENTE DEL DAÑO – El origen o fuente del daño determina la acción procedente
De manera uniforme y reiterada, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que la fuente o el origen del daño es lo que está llamado a determinar el medio de control procedente para desatar la controversia, circunstancia que, de plano, excluye que esa elección se encuentre reservada al arbitrio o capricho del demandante. Ese planteamiento no se alteró con el régimen normativo contenido en el CPACA, toda vez que, sin perjuicio de la viabilidad de acumular pretensiones de varios medios de control siempre que sean conexas entre sí y que puedan tramitarse por el mismo procedimiento, entre otros requisitos, en todo caso, la pretensión formulada deberá hallar directa correspondencia con el origen del daño irrogado.
PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
[C]uando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública, el medio de control procedente, con apego a lo dispuesto en el artículo 140 del CPACA, será el de reparación directa.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 140
PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
[L]a procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, según los dictados del artículo 138 del CPACA, se circunscribe a los eventos en que “toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138
ADMISIÓN DE LA DEMANDA – Cuando reúna todos los requisitos legales
[S]e precisa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del CPACA, “el juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada”. En esa misma línea y sobre el alcance de este artículo, esta Corporación ha sostenido: Al respecto esta Corporación ha señalado que este cambio introducido por la ley procura la seguridad jurídica y que los accionantes no opten por el medio de control que más les convenga para eludir cargas procesales o, incluso, el término de caducidad. Igualmente, tiene como propósito que no se produzcan decisiones inhibitorias con fundamento en una indebida escogencia de la acción.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 177
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA – Inexistencia / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO DERIVADO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / DAÑO CAUSADO POR ACTO ADMINISTRATIVO – Falsa motivación / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN / INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
[A]unque la parte actora asegura que la operación administrativa consistió en la deficiente implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO, acto seguido alega que el daño se concretó cuando los aquí demandantes chatarrizaron los vehículos de su propiedad, como consecuencia de la supuesta “presión” sobre ellos ejercida. (…) Así pues, de acuerdo con los fundamentos fácticos en que se apoyó la demanda y los medios de prueba obrantes en el proceso, la Sala concluye que la parte actora interpuso el medio de control de reparación directa con el propósito de obtener una declaratoria de responsabilidad por los perjuicios sufridos como consecuencia del “desplazamiento” en su actividad económica de transporte público de pasajeros. Ese daño devino de las actuaciones supuestamente irregulares que desplegaron las accionadas en la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO, tendientes a sacar de operación vehículos de transporte colectivo y a forzar su chatarrización. Según la misma argumentación de la demanda, el origen del menoscabo por cuya indemnización se demandó se concretó con las resoluciones números 36938 del 13 de marzo de 2012; 40409 del 26 de febrero de 2013; 27484 del 24 de agosto de 2009 y 26959 del 2 de junio de 2009, actos administrativos a través de los cuales se autorizó la desintegración de los vehículos de propiedad de los accionantes y se cancelaron sus matrículas, pues ello fue lo que les impidió continuar obteniendo la ganancia derivada de la explotación económica de sus vehículos, a través de la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en Santiago de Cali. Aunado a lo anterior, se destaca la parte considerativa y resolutiva de las resoluciones mencionadas, que coinciden en asegurar que fueron los aquí demandantes, en ese momento propietarios de los vehículos de servicio público, quienes solicitaron la cancelación de esas matrículas por desintegración física, (…) No obstante lo anterior, los demandantes plantearon en la demanda -en la redacción de los hechos números 11 y 12- que ellos no solicitaron el trámite de desintegración física de sus vehículos de forma libre y autónoma, sino como producto de una imposición que ejerció la administración, que se manifestó a través de “presión” y “coerción” sobre los actores (…) Tales afirmaciones constituyen un cargo de nulidad frente a las resoluciones números 36938 del 13 de marzo de 2012; 40409 del 26 de febrero de 2013; 27484 del 24 de agosto de 2009 y 26959 del 2 de junio de 2009, concretamente, que esos actos administrativos fueron expedidos con falsa motivación , porque los demandantes reprochan que lo consignado en la parte motiva de esos actos administrativos -que solicitaron, de forma autónoma, la cancelación de las matrículas de sus vehículos por desintegración física- fue contrario a la realidad -la cual, según ellos, fue que adelantaron dicho trámite producto de la presión y coacción por parte de la administración-. Visto lo anterior, la Sala advierte que, aunque la demanda se formuló como reparación directa, este no resultaba ser el mecanismo procesal idóneo para ventilar la reclamación sometida al conocimiento de esta Jurisdicción, porque los argumentos a partir de los cuales se pretende erigir la responsabilidad del Estado devienen de cuestionamientos a los fundamentos de hecho de los actos administrativos mencionados, que originaron los perjuicios aquí reclamados. Por lo anterior, no le asiste razón a la parte actora, en cuanto aseguró, en su recurso de apelación, que el daño ocasionado a los demandantes era producto de una operación administrativa, mucho menos en que debía considerarse “de tracto sucesivo”.
En este orden de ideas, como la causa del daño por el cual se reclama a las entidades demandadas se concretó con la expedición de actos administrativos, estos debieron ser controvertidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y dentro del término de caducidad pertinente.
INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN / FALLO INHIBITORIO – Improcedencia / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Configurada / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ – Competencia para declarar la caducidad del medio de control
En observancia a la inviabilidad de proferir fallos inhibitorios, la Sala procederá, a continuación, a indagar si el medio de control que procedía fue interpuesto dentro de la oportunidad legal prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o si, por el contrario, se interpuso fuera del término legal. (…) Con el propósito de establecer la oportunidad en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que era el procedente en este caso, debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), al tenor del cual “d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales”. De entrada, se advierte que la sentencia de primera instancia se modificará, para, en su lugar, declarar que respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho -que resultaba ser procedente- operó la caducidad.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164
COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA – Aplicación de sentencia de unificación / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ – Competencia para declarar la falta de legitimación en la causa
Por último, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al unificar su jurisprudencia en relación con el marco de competencia del juez ad quem en virtud del recurso de apelación, aceptó y reiteró que dicho juez puede analizar de manera oficiosa la legitimación en la causa por pasiva o por activa (…) En definitiva y con independencia de que este aspecto no fue advertido por el juez de primera instancia, es evidente que (…) carecen de legitimación en la causa por activa, en la medida en que ninguno de los sujetos mencionados acreditó ser titular del daño alegado en la demanda.
CONDENA EN COSTAS – Procesos de interés público / CONDENA EN COSTAS – Inaplicación de norma del Código General del Proceso por cuanto se cuestiona la procedencia de la condena costas mas no el monto impuesto / CONDENA EN COSTAS – Procedencia
De manera más precisa, la Sala evidencia que la parte actora consideró que la problemática del transporte era de “absoluto interés público” y que, por ello, debía darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA. Ahora, si bien el artículo 366-5 del Código General del Proceso dispone que la liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo es cuestionable a través de los recursos de reposición y apelación en contra del auto que aprueba la liquidación de costas, lo cierto es que esa norma no resulta aplicable a este asunto, por la sencilla razón de que la impugnación está orientada a cuestionar la procedencia de la condena en costas y no el monto de agencias en derecho que se fijó en primera instancia. De este modo, por la vía del recurso de apelación contra la sentencia del a quo, sí resulta viable cuestionar la procedencia de la condena en costas en el sub examine. Aclarado lo anterior, es oportuno precisar que el artículo 188 del CPACA determina que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas y que su liquidación y ejecución se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil, excepto en los procesos en los que se ventile un interés público. En este punto de la providencia se advierte que el alcance de la expresión “procesos en que se ventile un interés público” no se fija, como lo pretende ver el apelante, atendiendo a la “problemática” que aborda el proceso, sino a los criterios jurisprudenciales desarrollados. En efecto, esta Subsección no ha condenado en costas a entidades públicas, cuando resultan vencidas en demandas de repetición y/o los juicios extraordinarios de revisión promovidos en ejercicio del recurso extraordinario especial de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque ha entendido que en esos procesos se ventila un interés público, en la medida en que tienen como finalidad la recuperación y protección del patrimonio público. No sucede lo mismo con los particulares que, al interponer demandas en contra de entidades estatales, abogan por sus propios intereses patrimoniales –y no por el patrimonio público-. Es el caso de los aquí demandantes, quienes pretenden una indemnización por el desplazamiento de su actividad económica, con ocasión de la puesta en funcionamiento del sistema integrado de transporte masivo MIO en Santiago de Cali, motivo por el cual a todos ellos les asiste un interés particular y pecuniario: recuperar los ingresos que dejaron de percibir por la desintegración física total de los vehículos de su propiedad. Por lo expuesto, la Sala considera que no le asiste la razón a la parte actora al interpretar que, por el solo hecho de estar implícita “la problemática del transporte”, se le deba exonerar de las costas, pues esa condena, en los términos previstos en el artículo 365 del CGP, surge de su derrota en el proceso, con independencia de la problemática que abordó la demanda; además porque no resulta aplicable la excepción que contiene el artículo 188 del CPACA, pues en este proceso no se ventila un interés público. Por lo anterior, se confirmará lo consignado en la decisión del 30 de abril de 2019 en cuanto a la condena en costas establecida en primera instancia.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 366 / LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 365
AGENCIAS EN DERECHO – Procedencia
En lo relacionado con esta instancia, la Sala procede a fijar las agencias en derecho correspondientes, para que se tengan en cuenta en la liquidación de costas. Para el efecto, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 del mismo Código, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere. Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de la fijación de las agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia, acerca de la duración y la complejidad de la gestión procesal, se observa que se trata de un proceso de reparación directa en el que la parte demandante resultó vencida en segunda instancia, porque no se accedió a lo pretendido con el recurso de apelación; además, se encuentra acreditada la gestión de los apoderados de las entidades demandadas Ministerio de Transporte y Metrocali S.A. en restructuración empresarial, a través de la defensa ejercida por cada una en su escrito de alegatos en segunda instancia. En relación con el municipio de Santiago de Cali se advierte que, pese a que no presentó alegatos de conclusión, sí debió atender el proceso de manera diligente y oportuna a través de su apoderado judicial. Al respecto, se precisa que si una entidad pública actúa a través de un apoderado, que hace parte de su planta de personal, tiene derecho a que se le fijen agencias en derecho a su favor, pues el hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias en derecho como parte de la condena en costas. De conformidad con el Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura , vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente […] Con fundamento en lo anterior, se fijan como agencias en derecho en esta instancia, a favor de las entidades demandadas, la cifra de $30’500.000, $10’166.666 en favor del Ministerio de Transporte, $10’166.666 en favor del Metrocali S.A. y $10’166.666 en favor del municipio de Santiago de Cali, que se liquida con base en la relación porcentual del 1% sobre las pretensiones que fueron presentadas en este proceso por la parte demandante ($3’050.000.000).
FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 366
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 76001-23-33-000-2014-00854-01(65018)
Actor: JORGE LUIS BUSTAMANTE GAVIRIA Y OTROS
DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (LEY 1437 DE 2011)
Temas: DAÑO CAUSADO POR CHATARRIZACIÓN DE VEHÍCULO / INEPTA DEMANDA POR INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN –la escogencia de la acción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del daño alegado, que en el sub lite se concretó con la expedición de unos actos administrativos / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA NO ERA EL PROCEDENTE - debió adecuarse al de nulidad y restablecimiento del derecho/ CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – la demanda no se presentó en la oportunidad debida / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – frente a algunos demandantes.
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 30 de abril de 2019, decisión en la que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió (se transcribe de forma literal):
PRIMERO.- Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Transporte, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO.- Declarar no probada la excepción de indebida escogencia de la acción propuesta por el municipio de Santiago de Cali.
TERCERO.- Declarar probada la excepción de caducidad propuesta por el municipio de Santiago de Cali y Metrocali respecto de la reclamación relacionada con los vehículos VBG-917 y VBD-086 por parte de las señoras MARITZA MURILLO RIVAS y LUZ GLADYS LAVERDE, respectivamente, por lo expuesto.
CUARTO.- Negar las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo aquí analizado.
QUINTO.- Condenar a la parte vencida en el proceso al pago de las costas de esta instancia, las que deberán ser liquidadas por la Secretaría de esta Corporación.
SEXTO.- Fijar como agencias en derecho el 0.1% del valor de las pretensiones negadas en la sentencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 366 del C.G.P. en concordancia con el numeral 3.1.2 del artículo 6° del Acuerdo 1887 de 2003.
SÉPTIMO.- Una vez ejecutoriada la presente sentencia, hágase devolución de los remanentes por gastos del proceso obrantes dentro del expediente.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Jorge Luis Bustamante Gaviria, Lilian Orfady Ramírez Guerra, José Antonio Roncancio González, Óscar Marino García, Luz Mary Cundumi Copete, Maritza Murillo Rivas y Luz Gladys Laverde Gallego presentaron demanda de reparación directa en contra de las entidades demandadas, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios a ellos causados por la implementación y puesta en funcionamiento del sistema integrado de transporte masivo MIO en Santiago de Cali, circunstancia que los desplazó de su actividad económica, debido a la desintegración física de los vehículos de transporte público de su propiedad.
II. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 14 de agosto de 2014, Jorge Luis Bustamante Gaviria, Lilian Orfady Ramírez Guerra, José Antonio Roncancio González, Óscar Marino García, Luz Mary Cundumi Copete, Maritza Murillo Rivas y Luz Gladys Laverde Gallego, por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Transporte, el municipio de Santiago de Cali y Metrocali S.A., con el fin de que se hiciera la siguiente declaración (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
PRIMERO: METROCALI S.A, LA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI y la NACION - MINISTERIO DE TRANSPORTE, son administrativamente responsables por los daños y perjuicios materiales causados a la demandante (propietaria de vehículo de transporte público colectivo), por los daños económicos causados en su legítimo derecho, falla en el servicio que condujo a la privación definitiva de la libertad de la explotación económica lícita de la industria y el comercio de la prestación del servicio público colectivo urbano de pasajeros de la ciudad de Santiago de Cali con base en los diversos hechos, actuaciones administrativas, operaciones administrativas, acciones y omisiones de las entidades públicas que originaron el respectivo desplazamiento forzoso sin indemnización previa y justa alguna a la demandante propietaria transportadora lesionada en este caso concreto, de las principales vías públicas de la ciudad de Santiago de Cali, sin la posibilidad de reponer en forma legal, real y concreta su vehículo automotor, en su condición de legitima propietaria del mismo.
Como consecuencia de lo anterior, los demandantes solicitaron que se condenara a las entidades demandadas al reconocimiento y pago de los “perjuicios de orden material y moral, objetivados y subjetivados, actuales y futuros, daño emergente y lucro cesante” en las siguientes sumas:
Demandante
Pretensión
Jorge Luis Bustamante Gaviria
$400’000.000
Lilian Orfady Ramírez Guerra
$400’000.000
José Antonio Roncancio González
$400’000.000
Maritza Murillo Rivas
$350’000.000
Luz Mary Cundumi Copete
$350’000.000
Óscar Marino García
$350’000.000
Luz Gladis Laverde Gallego
$800’000.000
2. Hechos
Según se manifestó en la demanda, Metrocali S.A. se encargó de gestionar el diseño, construcción y puesta en marcha del SITM y para la operación del sistema contrató cuatro operadores (GIT, Blanco y Negro Masivo S.A., ETM S.A. y Unimetro S.A.), los que se comprometieron a la reducción del transporte público colectivo para evitar el paralelismo de ambos sistemas.
Metrocali S.A. creó el fondo FRESA -Fondo de Recuperación Empresarial, Social y Ambiental-, como mecanismo de mitigación social para que los propietarios de los buses y busetas que operaban en Santiago de Cali pudieran emprender proyectos productivos, para lo cual recibirían un salario mínimo por 30 meses, producto del 3% de los recursos de operación del MIO.
Se aseguró que, por medio de “presión y manifestaciones engañosas”, se coaccionaron a aproximadamente 2.400 propietarios de vehículos de transporte de pasajeros para que cedieran los derechos de sus automotores por desintegración física total, entre ellos, a los aquí demandantes.
Según la demanda, Metrocali S.A., al crear el fondo FRESA como un medio de indemnización, asumió la responsabilidad de las consecuencias sufridas por los propietarios al chatarrizar sus vehículos; además, se resaltó que dicho fondo no reconoció sumas proporcionales a los perjuicios causados a los propietarios.
3. Trámite en primera instancia
El Tribunal a quo, mediante auto del 20 de octubre de 2014, admitió la demanda y notificó la decisión al Ministerio de Transporte, al municipio de Santiago de Cali, a Metrocali S.A. y al Ministerio Público.
La Nación – Ministerio de Transporte contestó la demanda para solicitar que se negaran sus pretensiones.
Resaltó que, dentro de los objetivos y funciones asignadas a esa entidad, precisados en los artículos 5 y 6 del Decreto 2171 de 1992, no están comprendidos los deberes de vigilancia y control sobre las actuaciones de las secretarías de tránsito municipales.
En línea con lo anterior, advirtió que no es la entidad llamada a responder por el daño alegado en la demanda, en consideración a las delimitadas competencias que se establecen entre el Ministerio del Transporte y sus entidades descentralizadas, al tenor de lo dispuesto en el Decreto 2171 de 1992, la Ley 489 de 1998, el Decreto 101 de 2000 y el Decreto 0087 de 2011, entre otras disposiciones.
Propuso como excepciones la de inexistencia de responsabilidad y de falta de legitimación en la causa por pasiva.
Por su parte, el municipio de Santiago de Cali, en su contestación, se opuso a todas las pretensiones de la demanda.
Señaló que el transporte público es un servicio público de carácter esencial, en el que prevalecen los intereses de la comunidad y que se encuentra debidamente reglamentado en la constitución, la ley y los decretos reglamentarios.
Explicó que, en su condición de autoridad de transporte, gozaba de prerrogativas que le permitían introducir modificaciones a las condiciones en las que los operadores prestaban este servicio público esencial, como la reducción de la capacidad transportadora, pero que, en todo caso, aquellos que se vieron afectados recibieron una indemnización por ello y aceptaron ese acuerdo de manera libre y sin presiones.
Indicó que, aunque se encontraba facultado para desarrollar el proyecto de masificación del transporte público en Santiago de Cali, ello no podía entenderse como un daño que debía ser reparado por vía contenciosa administrativa. También refirió que la implementación del MIO no constituyó un monopolio en la prestación del servicio público de transporte en el municipio de Santiago de Cali.
Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones que denominó “improcedencia de la acción”, “caducidad de la acción”, “inexistencia de daño antijurídico especial indemnizable”, “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “culpa exclusiva de la víctima”.
Por último, Metrocali S.A. contestó la demanda. Como argumento de defensa, indicó que los permisos o matrículas otorgados para la explotación del servicio público de transporte no le confieren un derecho indefinido a su titular, precisamente porque se sujetan a las limitaciones, en aras de la prevalencia del interés general sobre el particular de los beneficiarios del permiso, restricciones y cambios que le proporcionen beneficios a toda la comunidad.
Manifestó que el demandante intentó adecuar la demanda de reparación directa en el título de imputación de falla en el servicio, sin indicar, ni siquiera de manera sucinta, en qué consistían las irregularidades que debían atribuírsele a las entidades demandadas.
Por ello, formuló las siguientes excepciones: “inepta demanda”, “caducidad de la acción” y “falta de legitimación en la causa por pasiva”.
Agotado el trámite legal posterior a la contestación de la demanda, se fijó como fecha para la celebración de la audiencia inicial el 2 de octubre de 2015, oportunidad en la cual el Tribunal a quo declaró no probadas las excepciones denominadas "falta de legitimación en la causa por pasiva", “caducidad de la acción” e “inepta demanda”, formuladas por el municipio de Santiago de Cali y por Metrocali S.A., argumentando que su resolución se llevaría a cabo en la sentencia. La anterior decisión fue apelada por los apoderados de las entidades demandadas mencionadas.
El magistrado conductor de la audiencia determinó –sin entrar en detalle- que era improcedente el recurso de apelación y que lo viable era interponer reposición; concluyó, en últimas, no reponer su decisión, recalcando una vez más que ello sería objeto de estudio al momento de dictar el fallo.
El a quo continuó con la realización de la diligencia y procedió a fijar el litigio en los siguientes términos (se trascribe de forma literal, incluso con los posibles errores):
En primer lugar, habrá de verificarse si en el presente asunto operó o no el fenómeno de caducidad de la acción.
En segundo lugar, establecer si era la acción procedente.
En tercer lugar, establecer la legitimidad por pasiva de las entidades que propusieron dicha excepción.
Finalmente, establecer si la Nación – Ministerio de Transporte, el municipio de Cali y Metrocali S.A., son administrativamente responsables de los perjuicios de orden material y moral alegados por los demandantes, por efecto de la entrada en funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Occidente - MIO, de tal forma que deban ser resarcidos si dicha conducta causó el daño alegado y si es imputable a los demandados o no, esto supeditado al establecimiento de la supuesta conducta que alegan las partes.
En caso de proceder la condena, determinar si el demandante precisó correctamente los perjuicios, en caso contrario aludir a las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 206 del CGP.
La fijación del litigio fue puesta a consideración de las partes, quienes manifestaron expresamente su aceptación. Posteriormente, el magistrado conductor de la audiencia decretó las pruebas pedidas por las partes y la diligencia concluyó con fijación de fecha para la celebración de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011.
Posteriormente, el 29 de octubre de 2015, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y una vez agotado su objeto, el Tribunal a quo dio aplicación a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, en el sentido de prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento para, en su lugar, ordenar la presentación de alegatos de conclusión por escrito y el concepto del representante del Ministerio Público.
El municipio de Santiago de Cali, Metrocali S.A. y el Ministerio de Transporte reiteraron los argumentos expuestos en sus contestaciones a la demanda, respectivamente.
La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.
5. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 30 de abril de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró probada, en primer lugar, la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el Ministerio de Transporte y por Metrocali S.A., entendiendo que el daño supuestamente causado a los demandantes no les resultaba imputable, porque esas entidades no tenían dentro de sus funciones adelantar acciones relacionadas con la implementación del sistema de transporte masivo.
En segundo lugar, declaró probada la caducidad de las pretensiones solicitadas por Maritza Murillo Rivas y Luz Gladys Laverde Gallego, con fundamento en que desde el 2 de junio de 2009 y el 24 de agosto de la misma anualidad se presentó la cancelación de las matrículas de sus vehículos, por inservibles, luego, el término para presentar la demanda vencía en junio y agosto de 2011, respectivamente, y esas demandantes solo procedieron de conformidad hasta el 14 de agosto de 2014, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad.
En el caso concreto, después de relacionar las pruebas allegadas al proceso, denegó las súplicas de la demanda y dos fueron los argumentos en su decisión.
El primero, que los actores no probaron por ningún medio idóneo que hubieran sido presionados, coaccionados u obligados por las entidades demandadas para chatarrizar sus vehículos de transporte público colectivo, así como tampoco demostraron que, siendo beneficiarios del “FRESA”, se les hubiera concedido un monto diferente al consagrado, sometiéndolos a una carga excepcional.
El segundo, que las licencias de funcionamiento para operar el servicio público de transporte no constituían derechos adquiridos y que el daño padecido por los demandantes no revestía condiciones de singularidad y desproporcionalidad que implicaran un rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas; asimismo, que las condiciones de prestación del transporte público no permanecían invariables en el tiempo.
6. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación y, para efectos metodológicos, se consignaran de forma textual los argumentos allí expuestos (incluso con posibles errores):
La implementación del MÍO continua en curso aún en la fecha, por lo que se considera de tracto sucesivo, daño que empezó desde el inicio de la implementación, derivando en la chatarrización y las posteriores negativas sistemáticas a desembolsar el subsidio denominado FRESA, hasta la dificultad de los operadores para pagar el pago de los respectivos cupos de los vehículos para cumplir con el contrato de concesión. NO SE BUSCÓ LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES POR CHATARRIZACIÓN, SE BUSCA LA INDEMNIZACIÓN POR UNA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA, que consistió en la implementación del sistema, por lo que no es procedente declarar la caducidad de la acción.
Los actos positivos de ejecución continua o de tracto sucesivo son aquellos que se traducen en un hacer por parte de la autoridad, cuyos efectos no se consuman inmediatamente, sino hasta que se desarrolla un número determinado de actuaciones subsecuentes. En ese sentido, si el acto reclamado establece un procedimiento que se traduce en la consecución de una serie de etapas previamente establecidas, que habrán de culminar con el resultado pretendido por la autoridad, atento a que tiene la misma naturaleza de los señalados, procede conceder la suspensión en el amparo promovido en su contra. En los actos de tracto sucesivo existe una pluralidad de acciones dirigidas a un solo fin, se precisa la realización de acciones periódicas por parte de la autoridad a fin de que en el transcurso del tiempo el acto siga produciendo efectos. Piénsese, por ejemplo, en la intervención de una negociación: el acto de intervención se repite una y otra vez en cada operación contable, comercial o administrativa, llevada a cabo por el funcionario encargado de tal tarea. Precisamente, es debido a la necesaria reiteración de los actos de autoridad que la medida suspensiva solicitada en contra de una intervención o de cualquier otro acto de tracto sucesivo, es procedente porque con ella se impide la realización para el futuro de acciones similares sin invalidar aquellas ya realizadas al momento de decretarlo, ni reparar los daños hasta entonces sufridos, pues esto será materia de la sentencia protectora que en su caso llegare a dictarse. Por el contrato, existe otra categoría de actos, denominados continuos o continuados, en donde no existe una pluralidad de acciones con unidad de intención: el acto se consuma una sola vez, sin necesidad de repetir sucesivamente las acciones de la autoridad y sus efectos se prolongan en el tiempo creando un estado jurídico determinado. La circunstancia de que las acciones de la autoridad no se repitan en el tiempo es justamente lo que impide condenar la medida suspensiva cuando se solicita en contra de esta clase de actos. Para ilustrar este supuesto, piénsese en una clausura. Ya ejecutada la orden respectiva, exteriorizada la colocación de los sellos o marbetes en el local, los efectos de la clausura se prolongan en el tiempo impidiendo la continuación del funcionamiento del giro, sin necesidad de repetir una y otra vez la actuación de la autoridad, en ración de lo cual no puede otorgársele la suspensión para que se reabra la negociación, pues ello significaría volver las cosas a su estado anterior, reponiendo al quejoso en el goce de la garantía supuestamente violada.
En cuanto a la condena en costas, no aplica para los procesos en que se ventile un interés público, es decir, no hay lugar a condena en costas en acciones públicas. La problemática del transporte es de absoluto interés público y la implementación del sistema no afectó solo a los demandados (sic), sino a toda una comunidad de transportadores. En este aspecto, el juez debe atenerse a lo dispuesto en el artículo 188 de la ley 1437 de 2011.
7. Trámite en segunda instancia
El recurso de apelación fue concedido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 16 de agosto de 2019 y posteriormente admitido por esta Corporación, mediante auto del 25 de noviembre de 2019.
El 23 de febrero de 2021, previo a considerar la etapa de alegatos de conclusión, se adelantaron algunas actuaciones, con la finalidad de garantizar el acceso de las partes al expediente.
Posteriormente, mediante providencia del 28 de abril de 2021, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
En esa oportunidad, Metrocali S.A. en restructuración empresarial, resaltó que la parte demandante no probó los elementos de responsabilidad del Estado y el Ministerio de Transporte insistió en su falta de legitimación en la causa por pasiva.
La Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto, en el que solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia. Adujo que, en el presente caso, los actores no demostraron que el daño por ellos soportado cumpliera condiciones de singularidad y/o desproporcionalidad, de manera que se trató de una carga pública que estaban llamados a soportar.
La parte actora y el municipio de Santiago de Cali guardaron silencio.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Competencia
El artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del CPACA dispone que los tribunales administrativos conocen en primera instancia, entre otros asuntos, “los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa, razón por la cual se concluye que esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2. Objeto del recurso de apelación
Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada.
De la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca en primera instancia se destaca que: indicó, en primer lugar, que se había presentado una falla en el servicio producto de una operación administrativa y que, por ello, resultaba procedente la acción de reparación directa; determinó, en segundo lugar, que había operado el fenómeno de la caducidad frente a las pretensiones formuladas por Maritza Murillo Rivas y Luz Gladys Laverde Gallego, con fundamento en que el término para presentar la demanda vencía en junio y agosto de 2011, respectivamente, y ellas solo procedieron de conformidad hasta agosto de 2014 y concluyó, en tercer lugar, que los demás demandantes no probaron por ningún medio idóneo que hubieran sido presionados, coaccionados u obligados por las entidades demandadas para chatarrizar sus vehículos de transporte público colectivo y que, además, el daño por ellos padecido no revestía condiciones de singularidad y desproporcionalidad que implicaran un rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas, motivos por los cuales negó las pretensiones de la demanda.
En desacuerdo con la anterior decisión, la parte actora invocó como argumento de inconformidad, en su recurso de apelación, el que a continuación se transcribe (con errores incluidos):
La implementación del MÍO continua en curso aún en la fecha, por lo que se considera de tracto sucesivo, daño que empezó desde el inicio de la implementación, derivando en la chatarrización y las posteriores negativas sistemáticas a desembolsar el subsidio denominado FRESA, hasta la dificultad de los operadores para pagar el pago de los respectivos cupos de los vehículos para cumplir con el contrato de concesión. NO SE BUSCÓ LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES POR CHATARRIZACIÓN, SE BUSCA LA INDEMNIZACIÓN POR UNA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA, que consistió en la implementación del sistema, por lo que no es procedente declarar la caducidad de la acción.
Tal como se observa del párrafo transcrito, la idea principal del recurso que ahora resuelve la Sala es la improcedencia de la declaratoria de caducidad, en el que la parte actora advirtió, en primer lugar, que no buscó la nulidad de las resoluciones relacionadas con la chatarrización y, en segundo lugar, que el daño ocasionado a los demandantes, producto de una operación administrativa, debía considerarse “de tracto sucesivo”, porque la implementación del MIO continuó produciendo efectos perjudiciales prolongados en el tiempo.
A modo de precisión, se resalta que el Tribunal solo declaró la caducidad de las pretensiones presentadas por Maritza Murillo Rivas y Luz Gladys Laverde Gallego y que frente a los demás demandantes las razones para denegar las pretensiones variaron; pese a lo anterior, la parte recurrente no atacó los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento para negar las pretensiones en relación con Jorge Luis Bustamante Gaviria, Lilian Orfady Ramírez Guerra, José Antonio Roncancio González, Óscar Marino García y Luz Mary Cundumi Copete y, en esa medida, no esgrimió ningún argumento para rebatir la conclusión del a quo concerniente a que no acreditaron la presión y/o coacción por parte de las entidades demandadas para chatarrizar sus vehículos de transporte público colectivo, así como tampoco se indicó porqué el daño por ellos padecido sí implicó un rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas.
Bajo esta óptica resulta claro que, aunque la parte actora recurrió formalmente la sentencia dictada por el Tribunal a quo, en su escrito de impugnación únicamente dejó ver su discrepancia con la decisión del a quo de declarar probada la caducidad en relación con Maritza Murillo Rivas y Luz Gladys Laverde Gallego y, en atención a este contexto, la Sala se limitará a analizar este aspecto, no sin antes precisar que, de encontrar probada esta figura frente a los demás demandantes, la declarará de oficio, pues así lo ha hecho esta Corporación en otras oportunidades.
Ahora, como el plazo de caducidad fijado por ley varía en razón de la acción judicial, lo primero que debe establecer la Sala es si el medio de control de reparación directa resultaba ser el procedente para reclamar los daños aquí reclamados. Así lo determinó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al asegurar que con la demanda no se discutió la legalidad de los actos administrativos que chatarrizaron los vehículos de propiedad de los actores, quienes no se hallaban en desacuerdo con su contenido ni pretendían su nulidad.
De manera uniforme y reiterada, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que la fuente o el origen del daño es lo que está llamado a determinar el medio de control procedente para desatar la controversia, circunstancia que, de plano, excluye que esa elección se encuentre reservada al arbitrio o capricho del demandante.
Ese planteamiento no se alteró con el régimen normativo contenido en el CPACA, toda vez que, sin perjuicio de la viabilidad de acumular pretensiones de varios medios de control siempre que sean conexas entre sí y que puedan tramitarse por el mismo procedimiento, entre otros requisitos, en todo caso, la pretensión formulada deberá hallar directa correspondencia con el origen del daño irrogado.
Así, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública, el medio de control procedente, con apego a lo dispuesto en el artículo 140 del CPACA, será el de reparación directa.
En contraste, la procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, según los dictados del artículo 138 del CPACA, se circunscribe a los eventos en que “toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”.
Además, se precisa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del CPACA, “el juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada”. En esa misma línea y sobre el alcance de este artículo, esta Corporación ha sostenido:
Al respecto esta Corporación ha señalado que este cambio introducido por la ley procura la seguridad jurídica y que los accionantes no opten por el medio de control que más les convenga para eludir cargas procesales o, incluso, el término de caducidad. Igualmente, tiene como propósito que no se produzcan decisiones inhibitorias con fundamento en una indebida escogencia de la acción26.
Con todo lo hasta aquí expuesto, a efectos de verificar si en realidad se formularon pretensiones de reparación directa o lo que se buscó fue cuestionar la legalidad de actos administrativos, resulta necesario hacer un recuento del contenido de la demanda y verificar las pruebas allegadas al proceso.
Pues bien, con la demanda se pretende que se declare la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de Transporte, el municipio de Santiago de Cali y Metrocali S.A., por causarle un daño antijurídico a los demandantes, producto de la “privación de la explotación económica en la prestación del servicio público colectivo urbano de pasajeros en la ciudad de Santiago de Cali, que se materializó en el desplazamiento forzoso, sin indemnización previa y justa a los propietarios lesionados”.
En el acápite 17 de la demanda, en los hechos, la parte actora razonó que la fuente del daño era una operación administrativa, en los siguientes términos (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
La operación administrativa del Estado, consistente en la implementación del sistema integrado de transporte masivo MIO, a través de la firma METROCALI S.A., quien a su vez contrató con varios concesionarios su operación, causó daños y perjuicios a la demandante (sic), pues chatarrizó su vehículo producto de la presión, privando definitivamente de la libertad de explotación económica lícita de la industria y el comercio de la prestación del servicio público esencial de transporte público de pasajeros (se destaca).
Entonces, aunque la parte actora asegura que la operación administrativa consistió en la deficiente implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO, acto seguido alega que el daño se concretó cuando los aquí demandantes chatarrizaron los vehículos de su propiedad, como consecuencia de la supuesta “presión” sobre ellos ejercida.
Así mismo, con los elementos de convicción allegados en legal forma al proceso se encuentran acreditados los siguientes hechos relevantes:
i) Que algunos de los demandantes eran propietarios de automotores tipo microbús, así: Jorge Luis Bustamante Gaviria, del vehículo con placas VBW 582 -según la licencia de tránsito número 4197597-; José Antonio Roncancio González, del vehículo de placas VBR 172 -de conformidad con el certificado de tradición número 0856512-; Luz Gladys Laverde Gallego, del vehículo de placas VBD 086 -de acuerdo con el certificado de tradición número 0809616- y Maritza Murillo Rivas, del vehículo de placas VBG 917 -según el certificado de tradición número 0890143-.
ii) Que la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Santiago de Cali expidió las Resoluciones números 36938 del 13 de marzo de 2012, 40409 del 26 de febrero de 2013, 27484 del 24 de agosto de 2009 y 26959 del 2 de junio de 2009, a través de las cuales autorizó la cancelación, por concepto de desintegración física total, de las matrículas de los vehículos de servicio público colectivo municipal de pasajeros con placas VBW 582, VBR 172, VBD 086 y VBG 917, respectivamente.
iii) Que obra el certificado de reducción de oferta de servicio público colectivo municipal de pasajeros número RO-2798 del 15 de marzo de 2012, en el que se refiere que Jorge Luis Bustamante Gaviria, propietario del vehículo de placas VBW-582, solicitó autorización para iniciar el proceso de desintegración física, para la reducción de oferta del servicio de transporte público colectivo municipal de pasajeros, adelantado por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Santiago de Cali.
Así pues, de acuerdo con los fundamentos fácticos en que se apoyó la demanda y los medios de prueba obrantes en el proceso, la Sala concluye que la parte actora interpuso el medio de control de reparación directa con el propósito de obtener una declaratoria de responsabilidad por los perjuicios sufridos como consecuencia del “desplazamiento” en su actividad económica de transporte público de pasajeros. Ese daño devino de las actuaciones supuestamente irregulares que desplegaron las accionadas en la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO, tendientes a sacar de operación vehículos de transporte colectivo y a forzar su chatarrización.
Según la misma argumentación de la demanda, el origen del menoscabo por cuya indemnización se demandó se concretó con las resoluciones números 36938 del 13 de marzo de 2012; 40409 del 26 de febrero de 2013; 27484 del 24 de agosto de 2009 y 26959 del 2 de junio de 2009, actos administrativos a través de los cuales se autorizó la desintegración de los vehículos de propiedad de los accionantes y se cancelaron sus matrículas, pues ello fue lo que les impidió continuar obteniendo la ganancia derivada de la explotación económica de sus vehículos, a través de la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en Santiago de Cali.
Aunado a lo anterior, se destaca la parte considerativa y resolutiva de las resoluciones mencionadas, que coinciden en asegurar que fueron los aquí demandantes, en ese momento propietarios de los vehículos de servicio público, quienes solicitaron la cancelación de esas matrículas por desintegración física, así (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
CONSIDERANDO
(…)
3. Que el señor (a) (…) identificado con CC. (…), quien figura en el registro como propietario, solicitó conforme a la reglamentación vigente, la cancelación de matrícula por desintegración física total del automotor distinguido con las siguientes características:
(…)
Por lo anteriormente expuesto esta Secretaría
RESUELVE:
Artículo primero: Autorizar la cancelación de matrícula por desintegración física total de vehículo de placas (…) a nombre de (….) identificado con C.C. quien solicitó dicha cancelación ante este organismo de tránsito.
No obstante lo anterior, los demandantes plantearon en la demanda -en la redacción de los hechos números 11 y 12- que ellos no solicitaron el trámite de desintegración física de sus vehículos de forma libre y autónoma, sino como producto de una imposición que ejerció la administración, que se manifestó a través de “presión” y “coerción” sobre los actores:
11. METROCALI ejerció una fuerte presión (…) para permitir la cancelación de rutas y el retiro de los vehículos que operan el transporte público colectivo.
12. A su vez, (…) METROCALI, por medio de presión, manifestaciones engañosas y evidente coersión (sic), lograron que aproximadamente 2400 propietarios de vehículos de transporte de pasajeros, cedieran sus derechos por desintegración física del vehículo.
Tales afirmaciones constituyen un cargo de nulidad frente a las resoluciones números 36938 del 13 de marzo de 2012; 40409 del 26 de febrero de 2013; 27484 del 24 de agosto de 2009 y 26959 del 2 de junio de 2009, concretamente, que esos actos administrativos fueron expedidos con falsa motivación, porque los demandantes reprochan que lo consignado en la parte motiva de esos actos administrativos -que solicitaron, de forma autónoma, la cancelación de las matrículas de sus vehículos por desintegración física- fue contrario a la realidad -la cual, según ellos, fue que adelantaron dicho trámite producto de la presión y coacción por parte de la administración-.
Visto lo anterior, la Sala advierte que, aunque la demanda se formuló como reparación directa, este no resultaba ser el mecanismo procesal idóneo para ventilar la reclamación sometida al conocimiento de esta Jurisdicción, porque los argumentos a partir de los cuales se pretende erigir la responsabilidad del Estado devienen de cuestionamientos a los fundamentos de hecho de los actos administrativos mencionados, que originaron los perjuicios aquí reclamados.
Por lo anterior, no le asiste razón a la parte actora, en cuanto aseguró, en su recurso de apelación, que el daño ocasionado a los demandantes era producto de una operación administrativa, mucho menos en que debía considerarse “de tracto sucesivo”.
En este orden de ideas, como la causa del daño por el cual se reclama a las entidades demandadas se concretó con la expedición de actos administrativos, estos debieron ser controvertidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y dentro del término de caducidad pertinente.
En observancia a la inviabilidad de proferir fallos inhibitorios, la Sala procederá, a continuación, a indagar si el medio de control que procedía fue interpuesto dentro de la oportunidad legal prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o si, por el contrario, se interpuso fuera del término legal.
3. Oportunidad para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Con el propósito de establecer la oportunidad en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que era el procedente en este caso, debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), al tenor del cual “d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.
De entrada, se advierte que la sentencia de primera instancia se modificará, para, en su lugar, declarar que respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho -que resultaba ser procedente- operó la caducidad, no solo frente a Maritza Murillo Rivas y Luz Gladys Laverde Gallego, sino también en relación con Jorge Luis Bustamante Gaviria y José Antonio Roncancio González.
Según se anotó con antelación, cada una de las resoluciones acusadas fueron proferidas en fechas diferentes y si bien no se conoce con exactitud la fecha en que fueron notificadas personalmente a los demandantes mencionados, lo cierto es que en cada uno de esos actos administrativos se especificó que fueron los propietarios de esos automotores quienes solicitaron autorización a la Secretaría para iniciar el proceso de desintegración física, motivo por el cual nada obsta para concluir que Maritza Murillo Rivas, Luz Gladys Laverde Gallego, Jorge Luis Bustamante Gaviria y José Antonio Roncancio González conocieron de su contenido tan pronto se profirieron.
Entonces, en relación con Maritza Murillo Rivas, es claro que, por lo menos, para el 2 de junio de 2009, tenía pleno conocimiento de que se había proferido la Resolución número 26959, que autorizó la cancelación de la matrícula del vehículo de placas VBG-917 del que era propietaria. Así las cosas, el término de cuatro meses contados desde el 3 de junio de 2009 se venció el 3 de octubre de la misma anualidad. Por tanto, al haberse presentado la demanda el 14 de agosto de 2014, se concluye que para este entonces ya había operado la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y que la anterior conclusión no se altera por el hecho de que el 15 de mayo de 2013 hubiera presentado solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos, toda vez que para ese entonces ya había vencido el término de caducidad.
El mismo razonamiento habrá de hacerse con Luz Gladys Laverde Gallego, pues, por lo menos, para el 24 de agosto de 2009 tenía conocimiento de que se había proferido la Resolución número 27484, que autorizó la cancelación de la matrícula del vehículo de placas VBD-086 del que era propietaria. Entonces, el término corrió del 25 de agosto de 2009 al 25 de diciembre de la misma anualidad, por lo que, al estar ese día comprendido dentro del período de vacancia judicial, el plazo para interponerla se corría hasta el primer día hábil siguiente, es decir, el 12 de enero de 2010. La demanda se presentó hasta el 14 de agosto de 2014, por fuera del término previsto para ello, hecho que no se altera porque el 26 de febrero de 2013 Luz Gladys Laverde Gallego presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos Administrativos.
También Jorge Luis Bustamante Gaviria interpuso la demanda el 14 de agosto de 2014, cuando había operado la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que desde el 13 de marzo de 2012 tenía conocimiento de que se había proferido la Resolución número 36938, que autorizó la cancelación de la matrícula del vehículo de placas VBW-582 del que era propietario, luego, el término de cuatro meses contados desde el 13 de marzo de 2012 se venció el 13 de julio de 2012. Además, cuando presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos el 13 de marzo de 2014, ya había vencido el término mencionado.
Por último y en relación con José Antonio Roncancio González, es claro que, por lo menos, para el 26 de febrero de 2013 tenía pleno conocimiento de que se había proferido la Resolución número 40409, que autorizó la cancelación de la matrícula del vehículo de placas VBR-172 del que era propietario, razón por la que, en principio, el último plazo para demandar en término era el 27 de junio de 2013. Sin embargo, el demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 15 de mayo de 2013, cuando aún faltaban 42 días para que venciera el término de caducidad, momento en el cual suspendió hasta el 26 de junio de 2013, día en que la Procuraduría expidió la constancia de que no hubo acuerdo conciliatorio.
De conformidad con lo anterior, el plazo para presentar la demanda se extendió hasta el 9 de agosto de 2013 y como esta se presentó el 14 de agosto de 2014, es forzoso concluir que tampoco resultó oportuna.
4. Falta de legitimación en la causa por activa de Óscar Marino García, Lilian Orfady Ramírez Guerra y Luz Mary Cundumi Copete
Por último, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al unificar su jurisprudencia en relación con el marco de competencia del juez ad quem en virtud del recurso de apelación, aceptó y reiteró que dicho juez puede analizar de manera oficiosa la legitimación en la causa por pasiva o por activa:
En relación con la regla general mencionada, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario; iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.
En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa –por activa o por pasiva– e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluído, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo. (se deja destacado en negrillas y en subrayas en esta oportunidad por la Subsección).
En ese sentido, la Sala advierte que, frente a Óscar Marino García, Lilian Orfady Ramírez Guerra y Luz Mary Cundumi Copete no obra ningún elemento probatorio que le permita a la Sala verificar el momento a partir del cual debe efectuar el conteo de la caducidad. Lo anterior porque tanto Lilian Orfady Ramírez Guerra como Luz Mary Cundumi Copete solo aportaron al proceso los certificados de tradición números 523392 del 27 de junio de 2007 y 0870622 del 7 de noviembre de 2021, expedidos por la Secretaría de Tránsito del municipio de Santiago de Cali, a través de los cuales se consignó que los vehículos de su propiedad, de placas VJG-276 y XYD-073, se encontraban activos; en ese sentido, no allegaron ningún medio de prueba que diera cuenta de la chatarrización de esos automotores.
De otra parte, con la demanda no se aportó ningún medio probatorio relacionado con Óscar Marino García, de quien –no sobra resaltar- ni siquiera se conoce si era o no propietario de algún vehículo que prestara el servicio público de transporte de pasajeros.
En definitiva y con independencia de que este aspecto no fue advertido por el juez de primera instancia, es evidente que Óscar Marino García, Lilian Orfady Ramírez Guerra y Luz Mary Cundumi Copete carecen de legitimación en la causa por activa, en la medida en que ninguno de los sujetos mencionados acreditó ser titular del daño alegado en la demanda.
5. Conclusión
En mérito de lo expuesto, la sentencia de primera instancia se revocará para, en su lugar: i) declarar que respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho -que resultaba ser procedente- operó la caducidad en relación con Maritza Murillo Rivas, Luz Gladys Laverde Gallego, Jorge Luis Bustamante Gaviria y José Antonio Roncancio González; además, ii) declarar la falta de legitimación en la causa por activa de Óscar Marino García, Lilian Orfady Ramírez Guerra y Luz Mary Cundumi Copete.
6. Costas
La parte actora indicó, en su recurso de apelación, que no procedía la condena en costas, afirmación que realizó en los siguientes términos (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
En cuanto a la condena en costas, no aplica para los procesos en que se ventile un interés público, es decir, no hay lugar a condena en costas en acciones públicas. La problemática del transporte es de absoluto interés público y la implementación del sistema no afectó solo a los demandados (sic), sino a toda una comunidad de transportadores. En este aspecto, el juez debe atenerse a lo dispuesto en el artículo 188 de la ley 1437 de 2011.
De manera más precisa, la Sala evidencia que la parte actora consideró que la problemática del transporte era de “absoluto interés público” y que, por ello, debía darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA.
Ahora, si bien el artículo 366-5 del Código General del Proceso dispone que la liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo es cuestionable a través de los recursos de reposición y apelación en contra del auto que aprueba la liquidación de costas, lo cierto es que esa norma no resulta aplicable a este asunto, por la sencilla razón de que la impugnación está orientada a cuestionar la procedencia de la condena en costas y no el monto de agencias en derecho que se fijó en primera instancia. De este modo, por la vía del recurso de apelación contra la sentencia del a quo, sí resulta viable cuestionar la procedencia de la condena en costas en el sub examine.
Aclarado lo anterior, es oportuno precisar que el artículo 188 del CPACA determina que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas y que su liquidación y ejecución se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil, excepto en los procesos en los que se ventile un interés público.
En este punto de la providencia se advierte que el alcance de la expresión “procesos en que se ventile un interés público” no se fija, como lo pretende ver el apelante, atendiendo a la “problemática” que aborda el proceso, sino a los criterios jurisprudenciales desarrollados.
En efecto, esta Subsección no ha condenado en costas a entidades públicas, cuando resultan vencidas en demandas de repetición y/o los juicios extraordinarios de revisión promovidos en ejercicio del recurso extraordinario especial de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque ha entendido que en esos procesos se ventila un interés público, en la medida en que tienen como finalidad la recuperación y protección del patrimonio público.
No sucede lo mismo con los particulares que, al interponer demandas en contra de entidades estatales, abogan por sus propios intereses patrimoniales –y no por el patrimonio público-. Es el caso de los aquí demandantes, quienes pretenden una indemnización por el desplazamiento de su actividad económica, con ocasión de la puesta en funcionamiento del sistema integrado de transporte masivo MIO en Santiago de Cali, motivo por el cual a todos ellos les asiste un interés particular y pecuniario: recuperar los ingresos que dejaron de percibir por la desintegración física total de los vehículos de su propiedad.
Por lo expuesto, la Sala considera que no le asiste la razón a la parte actora al interpretar que, por el solo hecho de estar implícita “la problemática del transporte”, se le deba exonerar de las costas, pues esa condena, en los términos previstos en el artículo 365 del CGP, surge de su derrota en el proceso, con independencia de la problemática que abordó la demanda; además porque no resulta aplicable la excepción que contiene el artículo 188 del CPACA, pues en este proceso no se ventila un interés público.
Por lo anterior, se confirmará lo consignado en la decisión del 30 de abril de 2019 en cuanto a la condena en costas establecida en primera instancia.
En lo relacionado con esta instancia, la Sala procede a fijar las agencias en derecho correspondientes, para que se tengan en cuenta en la liquidación de costas. Para el efecto, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 del mismo Código, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere.
Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de la fijación de las agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia, acerca de la duración y la complejidad de la gestión procesal, se observa que se trata de un proceso de reparación directa en el que la parte demandante resultó vencida en segunda instancia, porque no se accedió a lo pretendido con el recurso de apelación; además, se encuentra acreditada la gestión de los apoderados de las entidades demandadas Ministerio de Transporte y Metrocali S.A. en restructuración empresarial, a través de la defensa ejercida por cada una en su escrito de alegatos en segunda instancia. En relación con el municipio de Santiago de Cali se advierte que, pese a que no presentó alegatos de conclusión, sí debió atender el proceso de manera diligente y oportuna a través de su apoderado judicial.
Al respecto, se precisa que si una entidad pública actúa a través de un apoderado, que hace parte de su planta de personal, tiene derecho a que se le fijen agencias en derecho a su favor, pues el hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias en derecho como parte de la condena en costas.
De conformidad con el Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente:
“ACUERDO 1887 DE 2003
(Junio 26)
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
“(…).
“Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
“(…).
“III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
““(…)
“3.1.3. Segunda instancia.
“Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia” (se destaca).
Con fundamento en lo anterior, se fijan como agencias en derecho en esta instancia, a favor de las entidades demandadas, la cifra de $30’500.000, $10’166.666 en favor del Ministerio de Transporte, $10’166.666 en favor del Metrocali S.A. y $10’166.666 en favor del municipio de Santiago de Cali, que se liquida con base en la relación porcentual del 1% sobre las pretensiones que fueron presentadas en este proceso por la parte demandante ($3’050.000.000).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E
REVOCAR la sentencia proferida el 30 de abril de 2019, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con fundamento en las razones advertidas en la parte considerativa de esta providencia y en su lugar:
PRIMERO: DECLARAR que operó la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que era el procedente, en relación con Maritza Murillo Rivas, Luz Gladys Laverde Gallego, Jorge Luis Bustamante Gaviria y José Antonio Roncancio González.
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Óscar Marino García, Lilian Orfady Ramírez Guerra y Luz Mary Cundumi Copete.
TERCERO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la parte actora en favor de las entidades demandadas Nación – Ministerio de Transporte, Metrocali S.A. y municipio de Santiago de Cali.
Para el efecto, las agencias en derecho de la segunda instancia se fijan en $30’500.000, $10’166.666 en favor de cada una de las entidades antes citadas, de acuerdo con las consideraciones de esa providencia. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.
En cuanto a la condena en costas y agencias en derecho establecidas en primera instancia, se confirma lo consignado en la decisión del 30 de abril de 2019.
CUARTO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
VF
Folio 82 del cuaderno de primera instancia.
Poderes obrantes desde el folio 1 hasta el 10 del cuaderno de primera instancia.
Demanda de folios 67 y 68 del cuaderno de primera instancia.
De esta forma fue consignado en el escrito inicial y en esos términos lo admitió el Tribunal Administrativo de primera instancia.
En atención a que los hechos de la demanda fueron relatados de forma confusa, la Sala efectuará el recuento fáctico de acuerdo con la lectura integral del libelo inicial y de las pruebas allegadas al expediente.
Folio 85 del cuaderno de primera instancia.
Folio 38 del cuaderno de primera instancia.
Folio 40 del cuaderno de primera instancia.
Folio 41 del cuaderno de primera instancia.
Reverso folio 38 del cuaderno de primera instancia.
Folios 106 y 113 del cuaderno de primera instancia.
Folios 181 a 194 del cuaderno de primera instancia.
Folios 155 a 169 del cuaderno de primera instancia.
Folio 191 del cuaderno de primera instancia.
Folio 220 del cuaderno de primera instancia.
Folios 246 a 250 del cuaderno de primera instancia.
Folios 252 a 257 del cuaderno de primera instancia.
Folios 258 a 261 del cuaderno de primera instancia.
Folios 262 a 265 del cuaderno de primera instancia.
Folios 259 a 290 del cuaderno del Consejo de Estado.
Folio 306 del cuaderno del Consejo de Estado.
Índice número 31 de la plataforma tecnológica SAMAI.
Índice número 36 de la plataforma tecnológica SAMAI.
Índice número 39 de la plataforma tecnológica SAMAI.
Índice número 41 de la plataforma tecnológica SAMAI.
Índice número 42 de la plataforma tecnológica SAMAI.
La pretensión mayor, por concepto de “perjuicios de orden material y moral, objetivados y subjetivados, actuales y futuros, daño emergente y lucro cesante” en favor de Luz Gladis Laverde Gallego ascendió a la suma de $800’000.000, monto que excedió los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes ($308’000.000) para la fecha de presentación de la demanda -14 de agosto de 2014-.
Ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación: i) sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente No. 54.675; ii) sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente No. 51.212; iii) auto del 14 de octubre de 2015, expediente No. 48.502, M.P. Hernán Andrade Rincón y iv) sentencia del 9 de abril de 2014, expediente No. 27.550, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009. Expediente: 36.834 (auto). Reiterado en: i) sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección A, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación: 250002326000199902635 – 01 (27.588), 26 de febrero de 2014 y ii) sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicación: 50001-23-31-000-2005-00274-01(39.435), 30 de agosto de 2017.
Folio 45 del cuaderno 1.
Folio 43 del cuaderno 1.
A efectos prácticos y para una mayor comprensión, la Sala relacionará en un cuadro las pruebas allegadas al proceso, así:
Demandante
Pruebas
1. Jorge Luis Bustamante
1.1. Licencia de tránsito número 4197597, en la que figura Jorge Luis Bustamante Gaviria como propietario del vehículo de placas VBW-582 (folio 34 del cuaderno principal). También obra la tarjeta de propiedad número 6968194 del microbús (folio 28 del cuaderno principal). 1.2. Contrato de afiliación del vehículo de placa VBW 582, suscrito el 17 de agosto de 2011 entre Decepaz Ltda. y Jorge Luis Bustamante Gaviria (folios 30 a 32 del cuaderno principal). 1.3. Resolución número 36938, expedida el 13 de marzo de 2012 por la Secretaría de Tránsito Municipal de Cali, a través de la cual se autorizó la cancelación de la matrícula por desintegración física total del vehículo de placas VBW-582, que se encontraba a nombre de Jorge Luis Bustamante Gaviria, quien, según ese documento, “solicitó dicha cancelación ante este organismo de tránsito” (folio 33 del cuaderno principal). 1.4. Certificado número RO-2798 denominado “reducción de oferta de servicio público colectivo municipal de pasajeros” del 15 de marzo de 2012, en el que se especifica que el registro que dejó disponible el vehículo de placas VBW-582 sería usado por “la operadora del Sistema Integrado de Transporte Masivo Blanco y Negro S.A. 2. Lilian Orfady Ramírez Guerra
2.1. Certificado de tradición número 523392 de la Secretaria de Tránsito del municipio de Santiago de Cali, fechado el 27 de junio de 2007, a través del cual se consignó que el vehículo de placas VJG-276 era de propiedad de Lilian Orfady Ramírez Guerra y que su estado era “activo” (folios 38 a 39 del cuaderno principal). 3. José Antonio Roncancio
3.1. Certificado de tradición número 0856512 de la Secretaría de Tránsito del municipio de Santiago de Cali, fechado el 6 de marzo de 2013, se consignó que el vehículo de placas VBR-172 era de propiedad de José Antonio Roncancio González y que el 26 de febrero de 2013 se presentó su cancelación “por inservible” (folios 43 a 44 del cuaderno principal). 3.2. Resolución número 40409, expedida el 26 de febrero de 2013 por la Secretaria de Tránsito Municipal de Cali, a través de la cual se autorizó la cancelación de la matricula por desintegración física total del vehículo de placas VBR-172 (folio 45 del cuaderno principal). 4. Luz Mary Cundumi Copete4.1. Certificado de tradición número 0870622 de la Secretaría de Tránsito del municipio de Santiago de Cali, fechado el 7 de noviembre de 2021, a través del cual se consignó que el vehículo de placas XYD-073 era de propiedad de Luz Mary Cundumi Copete y que su estado era “activo” (folios 52 a 53 del cuaderno principal). 4.2. Contrato de afiliación del vehículo de placa XYD-073, suscrito el 21 de abril de 2007 entre Transportes Cañaveral S.A. y Luz Mary Cundumi (folios 55 a 56 del cuaderno principal). 5. Luz Gladys Laverde Gallego
5.1. Certificado de tradición número 0809616 de la Secretaría de Tránsito del municipio de Santiago de Cali, fechado el 13 de septiembre de 2011, a través del cual se consignó que el vehículo de placas VBD-086 era de propiedad de Luz Mary Cundumi Copete y que su estado era “inservible” (folios 63 y 64 del cuaderno principal). 5.2. Tarjeta de operación del vehículo de placa XYD-073 (folio 50 del cuaderno principal). 5.3. Resolución número 27484, expedida del 24 de agosto de 2009 por la Secretaría de Tránsito Municipal de Cali, a través de la cual se autorizó la cancelación de la matrícula por desintegración física total del vehículo de placas VBD-086, que se encontraba a nombre de Luz Gladys Gallego, quien, según ese documento, “solicitó dicha cancelación ante este organismo de tránsito” (folios 65 a 66 del cuaderno principal). 6. Maritza Murillo Rivas
6.1.
Certificado de tradición número 0890143 de la Secretaría de Tránsito del municipio de Santiago de Cali, fechado el 2 de abril de 2013, a través del cual se consignó que el vehículo de placas VBG-917 era de propiedad de Maritza Murillo Rivas y que el 2 de junio de 2009 se presentó su cancelación “por inservible” (folios 59 y 60 del cuaderno principal). 6.2. Resolución número 26959, expedida el 2 de junio de 2009 por la Secretaría de Tránsito Municipal de Cali, a través de la cual se autorizó la cancelación de la matrícula por desintegración física total del vehículo de placas VBG-917 (folio 61 del cuaderno principal). 7. Oscar Marino
Sin pruebas.
Se especifica que el contenido de las Resoluciones números 36938 del 13 de marzo de 2012; 40409 del 26 de febrero de 2013; 27484 del 24 de agosto de 2009 y 26959 del 2 de junio de 2009 coincide en los puntos transcritos.
Sobre la causal de nulidad de falsa motivación, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:
La falsa motivación de un acto administrativo es el vicio que afecta el elemento causal del acto, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo. Se genera cuando las razones expuestas por la Administración, para tomar la decisión, son contrarias a la realidad. Así, la jurisprudencia ha sostenido que la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública, ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas, iii) el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) los motivos que sirven de fundamento al acto no justifican la decisión.
Al respecto, ver: Consejo de Estado. Sentencia doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014).Exp. 63001-23-31-000-2000- 01156-01(27776
Folios 21 y 22 del cuaderno de primera instancia.
Folios 23 y 24 del cuaderno de primera instancia.
Folios 12 y 13 del cuaderno de primera instancia.
Folios 16 y 17 del cuaderno de primera instancia.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación proferida del 9 de febrero de 2012, expediente 21.060, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Al respecto puede consultarse igualmente la sentencia del 11 de julio de 2014 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente 27.636, M.P. Hernán Andrade Rincón (E).
Folios 38 a 39 del cuaderno principal
Folios 52 a 53 del cuaderno principal.
Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de abril de 2019, exp. 59.139; sentencia de 12 de agosto de 2019, exp. 63.519; sentencia del 20 de noviembre de 2019, exp. 61.003; sentencia del 12 de diciembre de 2019, exp. 64.350; sentencia del 12 de diciembre de 2019, exp. 64.544 y sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 51.949.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión número 25, auto del 11 de junio de 2021, expediente 11001-03-15-000-2019-02240-00.
La demanda se presentó el 14 de agosto de 2014. El Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por el Acuerdo 10554 de agosto 5 de 2016; no obstante, este último solo entró a aplicarse para los procesos judiciales iniciados a partir de su publicación.
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