Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-001-2013-00809-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-001-2013-00809-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-001-2013-00809-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
1 de diciembre de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, primero (1°) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 76001-23-33-001-2013-00809-00 (71.138)
Actor: LAURA AMALFY BOLAÑOS Y OTROS
Demandados: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑO DERIVADO
DE ACTOS ADMINISTRATIVOS – INDEBIDA
ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL
JUDICIAL
Síntesis del caso: debido a la implementación del nuevo sistema integral de transporte masivo
de Cali Mío fueron canceladas las tarjetas de operación de los buses tradicionales de los
demandantes y fueron forzados a chatarrizar los vehículos, sin que se les garantizara una
rentabilidad mínima, lo cual, en criterio de la parte actora, configuró una operación administrativa
causante de un daño antijurídico que debe ser resarcido.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión Oral que resolvió
lo siguiente:
“PRIMERO: NEGAR la excepción de caducidad del medio de control de
reparación directa, según lo explicado en la parte motiva.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte vencida,
de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de la presente
sentencia.
(…)” (fls. 17 y 18 índice 41 SAMAI primera instancia – mayúsculas fijas
del original).
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Expediente 76001-23-33-001-2013-00809-00 (71.138)
Actor: Laura Amálfy Bolaños y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
Mediante escrito presentado el 5 de agosto de 2013 (índice 1 SAMAI primera
instancia) la señora Laura Amálfy Bolaños y otros1 promovieron una demanda
de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Transporte,
Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Tránsito y Transportes y Metrocali
SA con las siguientes súplicas:
“2.1 Declarar Administrativa y Extracontractualmente RESPONSABLES
a: LA NACIÓN- MINISTERIO DE TRANSPORTE, AL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTES y a METRO CALI S. A., por la operación ilegal de
ejecución de la Ley de Transporte Masivo (A Partir de las leyes 105 de
1993, 336 de 1996, 310 de 1996, 688 de 2001, la 769 de 2002 y los
decretos 3109 de 1997 y 170, 171, 172, 172, 175, 175 de 2001 y el 3366
de 2003 lo mismo que los documentos Compes, 2932 de 1997, 3166 de
2002, 3167 de 2002, 3260 de 2003, 3307 de 2004, 3369 de 2005, 3394
de 2005, 3504 de 2007 y 3573 de 2009 y amparado en las leyes
orgánicas de los Planes de Desarrollo contenidas en las Leyes 812 de
2003; 1151 de julio 24 de 2007 y Ley 1450 de junio 16 de 2011 que
corresponde al Plan 2011-2014) al excluirse a los propietarios
tradicionales de buses de transporte masivo de la ciudad de Cali para
pertenecer a una de las operadoras que desarrollan el Sistema o de no
ofrecerles la oportunidad de ingresarlos al sistema y de no garantizar
real y efectivamente una rentabilidad mínima igual a la que se generaba
antes de la intervención de la cancelación de tarjetas de operación a los
pequeños propietarios de buses, con lo que se produjo una falla del
servicio que consecuencialmente origina responsabilidad de las
entidades públicas demandadas y como consecuencia el pago de los
perjuicios económicos solicitados en esta demanda.
2.2 Condenar como consecuencia de la anterior declaración a las
entidades demandadas a pagar a mis poderdantes el valor de los
PERJUICIOS MORALES de la siguiente manera: 200 salarios mínimos
mensuales por los daños morales ocasionados a cada uno de los
perjudicados directos y 100 salarios mínimos mensuales a cada uno de
los familiares que forma el núcleo familiar.
(...).
2.3 Pagar igualmente a los demandantes por PERJUICIOS
MATERIALES por los siguientes Conceptos:
*DAÑO EMERGENTE: Lo que corresponde a los valores de cada uno
de los vehículos que posee cada trasportador y se estima para los
demandantes de la siguiente manera: según el modelo y números de
1
Demandaron 93 transportadores junto con cada uno de sus grupos familiares.
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Expediente 76001-23-33-001-2013-00809-00 (71.138)
Actor: Laura Amálfy Bolaños y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
vehículo.
(...) TOTAL DEL DAÑO EMERGENTE: $ 14.681.237.512
*LUCRO CESANTE: se estima en la vida productiva de cada
transportador a 30 años: fórmula que se aplica del ingreso diario del
valor de pasaje con el promedio del número de pasajeros por los días
laborados.
(...) TOTAL: perjuicios lucro cesante: SETECIENTOS OCHO MIL
MILLONES DE PESOS ($ 708.000.000.000) (…)” (fls. 19 a 38 índice 39
SAMAI primera instancia – mayúsculas sostenidas originales).
1.2 Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda la parte actora narró, en síntesis, lo
siguiente:
1) Los demandantes son antiguos propietarios y conductores de buses
vinculados a diversas empresas de transporte terrestre urbano de pasajeros en
Cali (Valle del Cauca), tales como Coomoepal Ltda, Pance SA, Alameda SA,
Montebello SA y La Ermita Ltda, quienes desarrollaban actividades de dicho
transporte público antes de la implementación del denominado Sistema
Integrado de Transporte Masivo (MIO).
2) En el año 1996 se constituyó la sociedad Metro Cali SA con el propósito de
operar el MIO como parte de la política nacional de modernización del transporte
masivo contenida en las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996, 310 de 1996, 688 de
2001, 769 de 2002 y los decretos 3109 de 1997, 170 a 175 de 2001 y 3366 de
2003, así como también en los documentos CONPES 2932 de 1997 y 3504 de
2007, entre otros.
3) En el año 2006 se adjudicó la operación del sistema de transporte masivo MIO
a cuatro concesionarios en dicha ciudad y los vehículos se chatarrizaron antes
de tiempo debido al acoso permanente de las cuatro operadoras, circunstancia
que demuestra que los pequeños propietarios se quedaron por fuera del sistema
o a los que ingresaron no se les garantizó la rentabilidad mínima que obtenían
en el sistema convencional.
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Actor: Laura Amálfy Bolaños y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
4) En efecto, con la ejecución de la Ley de Transporte Masivo (llamado así al
conjunto de normas mencionadas anteriormente, que establece el marco legal
para los sistemas de transporte público masivo de pasajeros) se produjo la
cancelación de tarjetas de operación a los pequeños propietarios de buses, lo
cual los excluyó de participar como operadores en el nuevo sistema y les impidió
continuar ejerciendo su actividad económica; pese a las obligaciones legales, las
entidades públicas demandadas no les ofrecieron alternativas reales de
vinculación al MIO ni garantizaron una rentabilidad mínima equivalente a la que
percibían antes de la reestructuración.
5) Desde el momento en que se cancelaron las tarjetas de operación de los
vehículos de los pequeños propietarios que se quedaron por fuera del sistema
se originó “un evidente daño”.
6) Se trató de una operación administrativa ilegal de ejecución de la Ley de
Transporte Masivo por cancelar las tarjetas de operación, suprimir rutas y
expedir actos administrativos que impidieron la continuidad de la actividad
transportadora, sin indemnización ni alternativas laborales para los
demandantes, lo cual generó una falla del servicio atribuible a las demandadas.
2. Posición de las entidades demandadas
1) La Nación - Ministerio de Transporte (fls. 1056 a 1066 índice 39 SAMAI
primera instancia) propuso las excepciones de i) “falta de legitimación en la
causa por pasiva”, por cuanto los sistemas de transporte masivo responden a la
autonomía administrativa de cada ente territorial, de suerte que la entidad
solamente actúa como intermediaria para la obtención de cierto porcentaje de
los recursos, pero, de ninguna manera hace parte de la organización
administrativa y planificadora de los proyectos, en este caso, del Sistema de
Transporte Masivo de Santiago de Cali; ii) “inexistencia de la obligación”, por el
hecho de que el ministerio se encuentra desligado de cualquier obligación, en
este caso por el hecho de no tener competencia, funciones ni obligaciones
relacionadas con los hechos de la demanda, y iii) “inexistencia de
responsabilidad”, debido a que la expedición de las tarjetas de operación de los
vehículos de los demandantes y su posterior cancelación fue responsabilidad del
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Expediente 76001-23-33-001-2013-00809-00 (71.138)
Actor: Laura Amálfy Bolaños y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
municipio de Santiago de Cali a través de su Secretaría de Tránsito y Transporte
y no del Ministerio de Transporte; de modo que, en el evento de probarse alguna
responsabilidad corre a cargo del aludido municipio.
2) Por su parte, Metrocali SA (fls. 1111 a 1116 índice 39 SAMAI primera
instancia) se opuso a las súplicas de la demanda, para lo cual esgrimió las
siguientes excepciones: i) “indebida escogencia de la vía procesal”, por el hecho
de que ha debido interponerse la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de los actos administrativos por medio de los cuales se
cancelaron las tarjetas de operación de los transportadores; ii) “caducidad de la
acción” de nulidad y restablecimiento del derecho, porque los actos fueron
expedidos en el año 2007, y, ii) “falta de legitimación en la causa por pasiva”, por
cuanto no hay sustento jurídico ni probatorio que demuestre que esos actos
administrativos fueron expedidos o ejecutados por la sociedad.
3) A su turno, el municipio de Santiago de Cali (fls. 1135 a 1147 índice 39 SAMAI
primera instancia) replicó todas las pretensiones del libelo introductorio y formuló
las excepciones que se exponen a continuación: i) “indebida escogencia de la
vía procesal”, porque debían demandarse los actos administrativos expedidos
por la secretaría de tránsito municipal que cancelaron las tarjetas de operación,
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; ii)
“caducidad de la acción”, porque los actos fueron expedidos en los años 2007 y
2010, esto es, se demandó luego de vencido el término de cuatro (4) meses
legalmente previsto para ese fin, y iii) “inexistencia de la indemnización por daños
y perjuicios materiales e inmateriales”, con fundamento en que el Consejo de
Estado ha establecido que el otorgamiento de una licencia de tránsito o la
autorización de una ruta de transporte no genera derechos adquiridos sobre la
mismas, sino una mera expectativa de explotación transitoria.
3. Audiencia inicial
El magistrado ponente de la primera instancia tuvo por saneado el proceso,
declaró no probadas las excepciones previas propuestas por las entidades
demandadas y en cuanto a la caducidad decidió resolverla en la sentencia, fijó
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Expediente 76001-23-33-001-2013-00809-00 (71.138)
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el litigio2 y decretó las pruebas testimoniales solicitadas por la parte actora, las
cuales se practicaron en la respectiva audiencia de pruebas, en donde, una vez
concluidas ordenó correr traslado para alegar de conclusión (fls. 1280 a 1286 y
1319 a 1322 índice 39 SAMAI primera instancia). La parte actora, el municipio
de Santiago de Cali y Metrocali SA presentaron escritos de alegaciones, en tanto
que las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
4. Trámite relevante en primera instancia
Algunos de los demandantes presentaron desistimiento de las pretensiones
relativas a la indemnización por concepto de daño emergente por el hecho de
que recibieron el valor de los buses reclamado en la demanda, desistimiento
parcial que fue aceptado en auto proferido el 23 de agosto de 2015 (fls. 1239 a
1243 índice 39 SAMAI primera instancia).
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión Oral
en sentencia del 30 de noviembre de 2023 (índice 41 SAMAI expediente primera
instancia) desestimó la excepción de caducidad del medio de control judicial de
reparación directa y denegó las pretensiones de la demanda.
Para el efecto, explicó que el daño se atribuye a la cancelación de tarjetas de
operación de los vehículos de los demandantes, al igual que la exclusión de los
pequeños propietarios tradicionales de buses de transporte masivo para
pertenecer a una de las empresas operadoras que desarrollan el sistema, y por
motivo de no garantizar real y efectivamente una rentabilidad mínima por lo
menos igual a la que se generaba antes de la creación de las empresas
operadoras del sistema, como consecuencia de la implementación del servicio
de transporte masivo de pasajeros de Cali; en ese sentido, como ello ocurrió con
actos administrativos expedidos en los años 2012 y 2013, y la demanda se
2
Lo hizo en los siguientes términos: “[E]l litigio consiste en determinar si las entidades
demandadas son administrativamente responsables por los eventuales perjuicios materiales y
morales que aducen haber sufrido los demandantes, con ocasión a la implementación del
Sistema Integrado de Transporte Masivo – MIO” (fl. 128 índice 39 SAMAI primera instancia).
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Expediente 76001-23-33-001-2013-00809-00 (71.138)
Actor: Laura Amálfy Bolaños y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
presentó en el año 2013, esto es, se hizo dentro del término legalmente
establecido para ello.
En cuanto al fondo del asunto, los demandantes, en su condición de propietarios
que prestaban el servicio público de transporte, no se les causó un daño grave
que no tuvieran el deber jurídico de soportar, puesto que el distrito especial de
Santiago de Cali está autorizado para cancelar las licencias de operación de
transporte público; conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, las
habilitaciones o autorizaciones para prestar el servicio público de transporte no
generan derechos adquiridos ni son inmodificables; se trata de permisos
temporales sujetos a las nuevas condiciones que imponga la regulación legal y
reglamentaria, como la implementación del denominado Sistema de Transporte
Masivo.
La Corte Constitucional ha precisado que la regulación del transporte público
debe garantizar seguridad, comodidad y accesibilidad para los usuarios, de
modo que priorice los sistemas masivos; por lo tanto, la creación del Sistema
MIO en Cali tiene respaldo normativo y jurisprudencial, pues, busca optimizar la
prestación del servicio público de transporte.
Aunado a ello, esta actividad no es libre sino regulada; las licencias no confieren
derechos adquiridos porque el transporte involucra un interés colectivo que
prevalece sobre los intereses individuales; en consecuencia, el retiro de los
vehículos tradicionales y la cancelación de sus matrículas automotrices para dar
paso al nuevo sistema no constituye un daño antijurídico ni una carga
desproporcionada, sino una consecuencia legítima que los transportadores
debían soportar en atención al interés general comprometido en dicha actividad.
6. El recurso de apelación
La parte demandante (índice 44 SAMAI expediente primera instancia) impugnó
el fallo de primera instancia sobre la base de aducir que fue injusto y debe ser
revocado, para en su lugar declarar la responsabilidad patrimonial
extracontractual de las entidades demandadas por la ejecución ilegal de la ley
de transporte masivo que, para la ciudad de Cali, no garantizó a los propietarios
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Expediente 76001-23-33-001-2013-00809-00 (71.138)
Actor: Laura Amálfy Bolaños y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
de buses, busetas y microbuses la rentabilidad mínima que tenían en el sistema
tradicional y los dejó por fuera del nuevo sistema masivo de transporte porque
no han tenido la oportunidad de pertenecer a una de sus operadoras; no se
discute la ilegalidad de los actos administrativos de autoridades de tránsito
municipal ni se controvierte el derecho del Estado a implementar el sistema.
Se trató de una ejecución ilegal que violó el artículo 13 constitucional, toda vez
que, los pequeños transportadores del sistema masivo tradicional no recibieron
la misma protección y trato de las autoridades en la ejecución de las leyes de
transporte masivo; además, el nuevo sistema no llenó las expectativas de los
habitantes de la ciudad por el hecho de no tener la cobertura necesaria y además
haber generado endeudamiento.
7. El concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Esta entidad considera que la sentencia apelada debe ser confirmada (índice 9
SAMAI) por las siguientes razones:
1) El apelante no formuló reparos concretos ni razones claras contra la decisión,
simplemente repitió los argumentos de la demanda; de conformidad con los
artículos 243 y 247 del CPACA la sustentación es requisito indispensable para
que el superior pueda conocer de la apelación; la Corte Constitucional ha dicho
que no es instrumento para “probar suerte” ante el juez superior y el Consejo de
Estado ha precisado que su omisión impide un pronunciamiento de fondo; en
ese orden de ideas, se debe confirmar la sentencia por falta de sustentación
idónea.
2) El daño alegado proviene de los actos administrativos que implementaron el
MIO (Resoluciones números 456 de 2007 y 0408 de 2012); por ende, el medio
de control judicial procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho,
no el de reparación directa.
3) En todo caso, la lesión alegada no trasciende la carga normal que los
demandantes debían soportar en aras del interés colectivo, pues, ellos no tenían
derecho adquirido a una rentabilidad mínima ni a la permanencia en la prestación
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Expediente 76001-23-33-001-2013-00809-00 (71.138)
Actor: Laura Amálfy Bolaños y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
del servicio, dado que este es de interés público y permite al Estado modificar su
organización para mejorar la eficiencia; según lo regulado en la Ley 336 de 1996
y establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, los permisos de
operación son revocables y no generan derechos adquiridos; a su turno, la Corte
Constitucional ha señalado que en la prestación del servicio público de
transporte de pasajeros prevalece el interés general sobre el particular para
garantizar seguridad y eficiencia. El Estado podía reasumir la prestación o
adjudicarla a otros operadores mediante procesos licitatorios sin arbitrariedad;
además, el Decreto 302 de 2007 ofreció alternativas a los pequeños
transportadores para vincular sus vehículos a otras rutas o ciudades; de manera
que, las pérdidas económicas son resultado de una decisión legítima del Estado
y no configuran un daño antijurídico.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis de procedencia del medio de control judicial ejercido
con la demanda, 3) conclusión y, 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
1) Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso las entidades
demandadas son patrimonialmente responsables del supuesto daño antijurídico
consistente en la cancelación de las tarjetas de operación de los vehículos
automotores de los demandantes, quienes quedaron por fuera del nuevo sistema
de transporte terrestre masivo de pasajeros en la ciudad de Cali, y a quienes
ingresaron no se les garantizó una rentabilidad mínima, lo cual configuró una
operación administrativa.
2) La sentencia de primera instancia será revocada y, en su lugar, se declarará
probada la excepción de indebida escogencia del medio de control judicial
ejercido con la demanda propuesta por el municipio de Santiago de Cali y
Metrocali SA, por ser evidente que el origen de la imputación se encuentra en
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Expediente 76001-23-33-001-2013-00809-00 (71.138)
Actor: Laura Amálfy Bolaños y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
unos específicos actos administrativos respecto de los cuales hay reproches de
nulidad, razón por la cual ha debido interponerse el medio de control judicial de
nulidad y restablecimiento del derecho y no el de reparación directa.
3) Lo anterior en concordancia con lo resuelto por la corporación en casos
similares, en los cuales se ha demandado al Estado por la implementación del
sistema integrado de transporte masivo en Cali y se ha fundamentado la
responsabilidad en la ilegalidad de las actuaciones de la administración, la
Sección ha establecido que el medio de control procedente es el de nulidad y
restablecimiento del derecho, por cuanto lo que se reclama es que los actos
particulares que autorizaron la cancelación de la matrícula de los vehículos de
transporte urbano fueron expedidos con falsa motivación3.
2. Análisis de procedencia del medio de control judicial ejercido con la
demanda
1) En la demanda se alega que las entidades accionadas incurrieron en una
supuesta operación administrativa ilegal que le causó un daño antijurídico a
demandantes por el hecho de haber ejecutado el Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Cali con violación de las normas que exigían garantizar a
los demandantes la continuidad de su actividad económica, pues, les fueron
canceladas sus tarjetas de operación y no fueron aceptados en el nuevo sistema,
o quienes fueron aceptados no se les garantizaron una rentabilidad mínima.
2) En ese contexto, la Sala encuentra que en realidad el fundamento de la
demanda es la expedición irregular de los actos administrativos a través de los
cuales se cancelaron las tarjetas de operación de los vehículos automotores
destinados al servicio público de transporte terrestre de pasajeros.
3) Aunque la demanda es confusa e incluso afirma que no cuestiona los actos
administrativos expedidos por la administración, la Sala evidencia que el daño
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 28 de abril de 2025, proceso
no. 76001-23-33-000-2013-00931-01 (69.195), MP Alberto Montaña Palta; del 19 de octubre de
2023, expediente 76001-23-33-000-2013-00444-01 (57.003), MP Martín Bermúdez Muñoz; del
26 de enero de 2022, expediente 76001-23-31-000-2010-01504-01 (45.481), MP Martín
Bermúdez Muñoz; y de la Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, expediente 76001-23-
33-000-2014-00854-01(65.018) MP Marta Nubia Velásquez Rico.
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Expediente 76001-23-33-001-2013-00809-00 (71.138)
Actor: Laura Amálfy Bolaños y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
reclamado se centra en la afectación que dicen haber sufrido los demandantes
por la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad económica consistente en
la prestación del servicio público de transporte urbano de pasajeros, para lo cual
exponen como argumentos que fundamentan la responsabilidad del Estado por
ese daño las actuaciones irregulares de las demandadas en la implementación
del sistema del transporte, que implicaron forzar a los propietarios de los buses
tradicionales para que retiraran sus automotores de las rutas y cedieran los
derechos de chatarrización.
4) En efecto, entre los hechos de la demanda, la parte actora adujo que:
“[Los vehículos] se fueron chatarrizando antes del tiempo estipulado por
parte de los pequeños propietarios de los vehículos, incluso
automotores que tenían aún vigencia de vida útil, todo ello por el acoso
permanente de las cuatro operadoras, lo que demuestra que los
pequeños propietarios que se quedaron por fuera del sistema o los que
ingresaron y no se les garantizó una rentabilidad mínima que venían
obteniendo en el sistema convencional, fueron abandonados a su
suerte, sin ninguna protección por parte del Estado” (fls. 73 y 74 exp.
digital índice 39 SAMAI).
“Por las medidas administrativas tomadas por la Secretaría de Tránsito
se desvincularon más de 2200 vehículos (microbuses y busetas),
eliminándose rutas y modificándose otras. Todas esas actuaciones
significaron para los propietarios de buses una chatarrización que
superó las expectativas (...) [con un] monto aproximado de 1480
vehículos” (fl. 75 ibidem).
“[D]esde el mismo momento en que se cancelan las tarjetas de
operaciones de los vehículos de los pequeños propietarios que se
quedaron por fuera del sistema y retiraron los buses de sus
operaciones, origina un evidente daño y perjuicio contra los
propietarios de los buses y como consecuencia por ese daño debe
condenársele al pago de los perjuicios (…), no solo por excluir o
no aceptar en el sistema al transportador tradicional (propietario
de buses antes de la intervención), sino por no garantizar a los
pequeños propietarios de buses de transporte masivo que
ingresaron a las empresas que licitaron una rentabilidad mínima
por lo menos igual a la que venían generando antes de la creación
de las empresas operadoras del sistema” (fl. 77 ibidem – resalta la
Sala).
5) Lo anterior significa que la parte actora cuestionó las decisiones
administrativas que dejaron a los propietarios de los buses por fuera del nuevo
sistema o sin garantizarles la rentabilidad mínima, en tanto afirmó, entre otras
cosas, que la chatarrización de muchos vehículos respondió al “acoso
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Actor: Laura Amálfy Bolaños y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
permanente de las cuatro operadoras”, con lo cual pretende demostrar una falsa
o una indebida motivación de las decisiones administrativas.
6) En ese sentido, esta misma Subsección se pronunció recientemente el 28 de
abril de 20254 y, con anterioridad5 ya había considerado que ante el
cuestionamiento de los actos que cancelaron las matrículas de los vehículos,
con el argumento de la existencia de coerción por parte de las entidades
demandadas para que los propietarios de los vehículos accedieran a dicho
trámite, el medio de control judicial legalmente procedente era el de nulidad y
restablecimiento del derecho.
7) Asimismo, la parte actora alegó que las medidas de cancelar las referidas
tarjetas de operación, la supresión de rutas y la expedición de actos
administrativos que impidieron la continuidad de la actividad transportadora se
adoptaron sin indemnización ni alternativas laborales; dicho argumento coincide
también con una exigencia de validez de los actos administrativos, que debía
invocarse dentro de la causal de desconocimiento de normas en las que debería
fundarse el acto administrativo.
8) Aunque la parte actora fundamenta la interposición de la demanda a través
del medio de control judicial de reparación directa en el hecho de que se trató de
una operación administrativa que le ocasionó un daño antijurídico, por la
ejecución de dichos actos administrativos, lo cierto es que, su argumentación se
reduce a que esos actos fueron expedidos de manera irregular. En esa
perspectiva entonces, para la Sala es claro que se controvierte la legalidad de
dichos actos, pues, se efectuó una imputación de la que expresamente se deriva
tal cuestionamiento.
9) La Sala no desconoce que en otros casos en los que también se ha
demandado la responsabilidad del Estado por la implementación del sistema
integrado de transporte masivo en Cali, pero, en los que no se ha cuestionado la
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, proceso no. 76001-23-33-000-2013-
00931-01 (69.195), MP Alberto Montaña Palta.
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias proferidas el 19 de octubre de
2023, proceso no. 76001-23-33-000-2013-00444-01 (57.003) y el 26 de enero de 2022, proceso
no. 76001-23-31-000-2010-01504-01 (45481), MP Martín Bermúdez Muñoz.
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Expediente 76001-23-33-001-2013-00809-00 (71.138)
Actor: Laura Amálfy Bolaños y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
legalidad de los actos de la administración, sino que, se ha aceptado la licitud de
las medidas de reducción de vehículos de trasporte tradicional por corresponder
con el interés general y se ha reclamado por los perjuicios que ese hecho lícito
generó a los propietarios de buses, se ha establecido que el medio de control
jurisdiccional procedente sí es la reparación directa6; no obstante, en este
preciso caso en la demanda se observan varios reproches a las decisiones
tomadas por la administración que evidencia que su base no está estructurada
en la premisa de que corresponde a actos o hechos lícitos, sino todo lo contrario,
se reprocha el contenido de las respectivas decisiones y la supuesta ejecución
ilegal de la ley de transporte masivo por el hecho de haber cancelado las tarjetas
de operación y rutas sin ningún tipo de garantías para los transportadores,
decisiones contenidas en actos administrativos particulares7.
10) Por consiguiente, es claro que si el daño tiene origen en un acto
administrativo de carácter particular y concreto el medio de control judicial
procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, para obtener
el resarcimiento del perjuicio es indispensable el pronunciamiento y decisión
preliminar acerca de la legalidad o validez del acto por violación de los preceptos
superiores, para efectos de desvirtuar la presunción de legalidad que revisten
tales actos jurídicos, que hacen obligatorio su cumplimiento y obedecimiento en
los términos del artículo 91 del CPACA.
11) Por lo tanto, aunque la parte actora dijo ejercer, nominalmente, el medio de
control judicial de reparación directa, lo cierto es que, del contenido de los
hechos, de las pretensiones de la demanda y de la causa petendi de la misma
la Sala advierte, sin hesitación alguna, que en este caso no hubo la alegada
operación administrativa, sino que, el fundamento de la demanda se encuentra
en la expedición de unos actos administrativos sin los requisitos de ley y, por
ende, ello implicaba cuestionar su legalidad.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 21 de octubre de 2022,
expediente 76001-23-33-000-2014-01420-01 (68.804); del 14 de julio de 2023, expediente
76001-23-33-000-2014-01369-01 (69.345), MP Marta Nubia Velásquez Rico; y del 17 de junio
de 2024, expediente 76001-23-33-000-2014-00902-01 (68.163), MP José Roberto Sáchica
Méndez.
7
Fls. 128 a 194 expediente digital índice 39 SAMAI primera instancia.
14
Expediente 76001-23-33-001-2013-00809-00 (71.138)
Actor: Laura Amálfy Bolaños y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
12) En consecuencia, desde el punto de vista material, el medio de control
judicial que debió interponerse era el de nulidad y de restablecimiento del
derecho, razón por la cual la Sala encuentra que se incurrió en indebida
escogencia del medio de control judicial, situación que torna improcedente un
pronunciamiento de fondo por cuanto la adecuada escogencia del medio de
control constituye presupuesto de la sentencia de mérito, como lo ha sostenido
esta Sección del Consejo de Estado8.
3. Conclusión
Por haberse interpuesto la demanda con indebida escogencia del medio de
control judicial legalmente procedente se impone revocar la sentencia apelada,
para en su lugar declarar probada esa excepción propuesta por el municipio de
Santiago de Cali y Metrocali SA y, por lo tanto, inhibirse de pronunciarse sobre
el fondo del asunto sometido a juicio.
4. Condena en costas
La condena en costas es procedente de acuerdo con el numeral 1 del artículo
365 del CGP porque a la parte demandante se le resolvió desfavorablemente el
recurso de apelación interpuesto, para lo cual el tribunal de origen liquidará la
condena en costas de manera concentrada, según lo previsto en los artículos
365 y 366 del CGP, con inclusión de las agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA:
1º) Revócanse la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión Oral y, en su
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de abril de 2010, proceso
No. 17811 - 88001-23-31-000-1997-00207-01 (17.811), MP Mauricio Fajardo Gómez.
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Expediente 76001-23-33-001-2013-00809-00 (71.138)
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Reparación directa - apelación de sentencia
lugar, declárase probada la excepción de indebida escogencia del medio de
control judicial de reparación directa e inhíbese de pronunciarse sobre el mérito
de las súplicas de la demanda.
2°) Condénase a la parte demandante a pagar a las entidades demandadas las
costas que se hubieren causado en esta instancia, las cuales serán liquidadas
por el tribunal de origen; inclúyanse igualmente las agencias en derecho en
segunda instancia en favor de las entidades demandadas, tásense de manera
concentrada por el tribunal de primera instancia.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de
la Ley 2213 de 2022.
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