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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2013-00931-01

Fecha
28 de abril de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2013-00931-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 21 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, la cual, en su parte resolutiva, quedará así: “PRIMERO. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa del señor Armando Mina Gallego, respecto de las pretensiones relacionadas con el vehículo de placas VBH559. SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda presentadas por Armando Mina Gallego con relación al vehículo de placas VBH523. TERCERO: DECLARAR probada la excepción de inepta demanda, por indebida escogencia de la acción, respecto de las pretensiones presentadas por France Edien Ariza Sepúlveda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva, CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandante. LIQUÍDENSE por la Secretaría de la Corporación. Conforme el Acuerdo 1887 de 2003 emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fijarán como agencias en derecho el uno por ciento (1%) del valor de las pretensiones de la demanda.” SEGUNDO: CONDENAR al demandante France Edien Ariza Sepúlveda al pago de costas de segunda instancia. Esta condena se liquidará de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia. TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-000-2013-00931-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

28 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 28 de abril de 2025

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00931-01 (69195)
Demandante: Armando Mina Gallego y otro
Demandado: Metrocali S.A. y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: daños causados por la administración - destrucción de vehículo de transporte
público - cancelación de matrícula de vehículo - implementación de sistema integrado de
transporte- improcedencia del medio de control - indebida escogencia de la acción.

Síntesis del caso: la parte actora pretende la reparación del daño causado con el retiro y
chatarrización forzosa de su vehículo del sistema de transporte colectivo de la ciudad
debido a la implementación del sistema integrado de transporte masivo, sin el pago de una
justa indemnización por la imposibilidad de ejercer su actividad económica.

Conoce la Sala el recurso de apelación presentado por la parte
demandante en contra de la Sentencia de 21 de septiembre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.1

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia, 1.4. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 5 de septiembre de 2013, Armando Mina Gallego y France Edien Ariza
Sepúlveda presentaron demanda2, en ejercicio de la acción de reparación
directa, en contra de la Nación - Ministerio de Transporte, el municipio de
Santiago de Cali y Metrocali S.A., con el fin de obtener la reparación del
daño causado con el retiro forzoso de sus vehículos del sistema de transporte
colectivo de la ciudad, su destrucción y la cancelación de matrículas,
debido a la implementación de un sistema integrado de transporte masivo.

1 La Sala es competente para proferir esta providencia según el artículo 150 de Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una
sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo. El tribunal era competente para conocer
el proceso en primera instancia por su cuantía, según el numeral 16 del artículo 152 del mismo Código.
2 Folios 4 al 11 del cuaderno único.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00931-01 (69195)
Demandante: Armando Mina Gallego y otro
Demandado: Metrocali S.A. y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________
2. En la demanda se plantearon las siguientes pretensiones (se trascribe):

“METROCALI S.A, LA NACIÓN A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI son administrativamente responsables por los
perjuicios materiales y morales causados a los Señores ARMANDO MINA GALLEGO
Y FRANCE EDIEN ARIZA SEPULVEDA por la operación administrativa que derivó en
un contrato de cesión de derechos para desintegración física de los vehículos a
una firma concesionaria de METROCALI S.A.
(…)
Condenar, en consecuencia, a la NACION a través de su MINISTERIO DE
TRANSPORTE, AL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y A METROCALI S.A., como
reparación del daño ocasionado, a pagar al señor ARMANDO MINA GALLEGO, o
a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y
moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman en la suma
de $800.000.000.
Condenar, en consecuencia, a la NACION a través de su MINISTERIO DE
TRANSPORTE, AL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y A METROCALI S.A., como
reparación del daño ocasionado, a pagar a la señora FRANCE EDIEN ARIZA
SEPULVEDA, o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden
material y moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman
en la suma de $400.000.000”.

3. Como fundamento de las pretensiones, en síntesis, la parte demandante
refirió que:

4. 1) Armando Mina Gallego era propietario de dos vehículos marca
Internacional, modelos 1993, placas VBH523 y VBH559, y France Edien Ariza
Sepúlveda era propietario del vehículo marca Nissan, modelo 1997, placa
VBQ944. Dichos vehículos estaban destinados a la prestación del servicio de
transporte público colectivo en la ciudad de Cali.

5. 2) El CONPES 2932 de junio de 1997 recomendó la implementación de un
esquema de transporte urbano para la ciudad de Cali y el CONPES 3166 de
mayo de 2002 aprobó el diseño del proyecto del sistema integrado de
transporte masivo. Posteriormente, el CONPES 3504 de diciembre de 2007
planteó nuevas estrategias para la implementación de dicho sistema, y
estableció que debían retirarse los buses que en ese momento estaban en
circulación, para que entraran a operar los buses articulados del sistema
integrado. Así, la Secretaría de Tránsito y Transporte municipal, por medio
de la Resolución 456 de 15 de agosto de 2007, instó a los propietarios de
buses a chatarrizar sus vehículos y ordenó “la cancelación, reestructuración
y desvío de rutas, volviendo el funcionamiento de los pequeños
transportadores cada vez más difícil”.

6. 3) A su vez, Metrocali S.A. contrató cuatro concesionarios que se
encargarían de reducir el número de vehículos de transporte público
colectivo y creó el Fondo de Recuperación Empresarial, Social y Ambiental
(FRESA) para incentivar que los propietarios de buses accedieran a
chatarrizar sus vehículos. El fondo tenía como fin otorgar una compensación

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00931-01 (69195)
Demandante: Armando Mina Gallego y otro
Demandado: Metrocali S.A. y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
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de 1 SMLMV por 30 meses a cada propietario que accediera al programa,
para que pudieran iniciar otros proyectos productivos.

7. 4) Los demandantes cedieron los derechos de chatarrización a una de
las concesionarias de Metrocali S.A. y, mediante las Resoluciones 31965 de
13 de enero de 2011, 33428 de 16 de mayo de 2011, y 36240 de 29 de
diciembre de 2011, la Secretaría de Tránsito y Transporte autorizó la
cancelación de las matrículas, por desintegración física total de los
vehículos.

8. La parte actora afirmó que la parte demandada forzó a los propietarios
de vehículos y los obligó a retirarse de las rutas y ceder sus derechos para la
chatarrización de los buses; además, pese a que creó un fondo para
compensar el impacto económico causado a los propietarios con la
medida, el monto a otorgar era irrisorio y no indemnizaba los perjuicios a
ellos causados como consecuencia de la imposibilidad de ejercer su
actividad productiva. En cualquier caso, al momento de la presentación de
la demanda, esa compensación no se les había pagado, ya que “dicho
fondo empezó a desembolsar a aproximadamente un 5% de los solicitantes
(…) porque aún no se han recolectado los recursos en su totalidad”.

9. Además, alegó que las entidades demandadas, a través de una
“operación administrativa” causaron un daño “consistente en la puesta en
marcha del Sistema Integrado de Transporte Masivo (…) sin hacer reserva,
dentro de los costos operacionales, de las consecuencias de cancelar rutas
de transporte público colectivo y su consecuente eliminación de vehículos”.
Asimismo, crearon un monopolio en el servicio de transporte público de la
ciudad y contrariaron lo dispuesto en el artículo 336 de la Constitución
Política, el cual prevé “[l]a ley que establezca un monopolio no podrá
aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos
que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad
económica lícita”.

1.2. Posición de la parte demandada

10. El Ministerio de Transporte contestó la demanda3. Refirió que no tenía
legitimación pasiva en la causa, toda vez que no tuvo ninguna injerencia en
la implementación del sistema de transporte en la ciudad de Cali, así como
tampoco tenía entre sus funciones vigilar, controlar o sancionar las
actuaciones de la secretaría de tránsito de ese municipio.

11. El municipio de Cali contestó la demanda4. Señaló que Armando Mina
Gallego no estaba legitimado en la causa porque no probó la propiedad

3 Folios 72 al 82, y 100 al 107 del cuaderno único.
4 Folios 132 y 171 del cuaderno único.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00931-01 (69195)
Demandante: Armando Mina Gallego y otro
Demandado: Metrocali S.A. y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
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del vehículo VBH523 y que se configuró la caducidad de la acción, toda vez
que los vehículos fueron destruidos más de dos años antes de la
presentación de la demanda. Aclaró que no era cierto que la entidad
hubiera presionado a los propietarios de vehículos de transporte público
para que salieran de circulación. Indicó que la entidad territorial tenía la
facultad de regular el número de vehículos autorizados para operar en el
área urbana y adoptar las modificaciones y medidas necesarias para
garantizar el interés público y mejorar la prestación del servicio público de
transporte. Por último, precisó que la implementación del sistema integrado
no constituyó la creación de un monopolio, pues el municipio “no se ha
reservado de manera exclusiva la prestación del servicio” y, en todo caso,
la parte actora no probó daño antijurídico indemnizable.

12. Metrocali S.A. contestó la demanda5. Adujo que los permisos para el
servicio público de transporte “no confieren a su titular un derecho
indefinido”, sino que están sujetos a las necesidades de los usuarios y al
interés general. Señaló que la entidad estaba encargada del diseño,
planificación y ejecución de las rutas de transporte, pero no tenía
competencia para autorizar o limitar el tránsito de vehículos. Indicó que la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Cali, con el fin de garantizar una
prestación eficiente del servicio de transporte y la adecuada entrada en
operación del sistema integrado, adoptó estrategias para reducir el número
de vehículos particulares que prestaban el servicio, pero los demandantes
nunca estuvieron obligados a chatarrizar sus vehículos, pues pudieron optar
por otros mecanismos para salir de operación. Finalmente, alegó que la
parte actora cuestionó la legalidad de unos actos proferidos por una
autoridad distinta, y por fuera del término legal para controvertir su
contenido.

1.3. Sentencia de primera instancia

13. El 21 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca profirió Sentencia de primera instancia6 en la que resolvió:

“PRIMERO. DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por activa del señor ARMANDO MINA GALLEGO frente a las pretensiones
que recaían en el vehículo de placas VBH559.
SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por los señores
FRANCE EDIEN ARIZA SEPÚLVEDA y ARMANDO MINA GALLEGO contra la NACIÓN
– MINTRANSPORTE, DISTRITO DE CALI y METROCALI S.A.
TERCERO. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva, CONDÉNASE en costas
de primera instancia a la parte demandante. LIQUÍDENSE por la Secretaría de la
Corporación. Conforme el Acuerdo 1887 de 2003 emanado de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fijarán como agencias en
derecho el uno por ciento (1%) del valor de las pretensiones de la demanda.”

5 Folios 187 al 195 del cuaderno único.
6 Índice 37 del historial de las actuaciones de primera instancia disponible en el aplicativo SAMAI.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00931-01 (69195)
Demandante: Armando Mina Gallego y otro
Demandado: Metrocali S.A. y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
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14. El tribunal indicó que en la licencia de tránsito del vehículo de placas
VBH559 constaba que la sociedad Transportes Cañaveral S.A. era la
propietaria, y no Armando Mina Gallego, por lo que este no tenía
legitimación activa en la causa. Respecto de los otros dos vehículos, señaló
que no se probó el daño, ni que las entidades demandadas hubieran
ejercido coerción sobre los demandantes para que cedieran los derechos
para la desintegración física de los buses, así como tampoco se acreditó
que la implementación del sistema integrado de transporte masivo en Cali
ocasionara un desequilibrio en la igualdad frente a las cargas públicas, que
los demandantes no estuvieran en la obligación de soportar como
integrantes del conglomerado social.

15. Refirió que la parte actora se acogió voluntariamente al fondo creado
por las demandadas para compensar las afectaciones económicas de los
propietarios, asimismo, fueron los demandantes quienes solicitaron ante la
Secretaría de Tránsito y Transporte la autorización para el proceso de
cancelación de la matrícula. Señaló que Metrocali S.A aportó las
Resoluciones No. 110364 de 4 de octubre de 2013 y 912110132 de 16 de
mayo de 2014, proferidas con posterioridad a la presentación de la
demanda, en las cuales reconoció a los actores como beneficiarios del
fondo, y en el transcurso del proceso estos no alegaron el no pago de ese
beneficio.

1.4. Recurso de apelación

16. France Edien Ariza Sepúlveda presentó recurso de apelación7 con el fin
de que se revocara la decisión de primera instancia. Señaló que el sistema
integrado de transporte masivo se estructuró como un monopolio, ya que
para su implementación se debieron eliminar las otras líneas de transporte y
buses tradicionales. Pese a ello, no se cumplió con el mandato constitucional
de indemnizar a los afectados con dicho monopolio. Reprochó el mal
funcionamiento del sistema integrado de transporte, con respecto al buen
servicio que prestaban los antiguos buses, e indicó que el fondo (FRESA)
creado para “mitigar el impacto social de la chatarrización” constituía “la
prueba de que el Municipio de Santiago de Cali reconoce que causó un
daño social”. Por otra parte, refirió que no procedía la condena en costas,
toda vez que el proceso versaba sobre una controversia de “interés
general”.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Análisis
sustantivo; 2.3. Liquidación de perjuicios; 2.4. Costas.

7 Índice 41 del historial de las actuaciones de primera instancia disponible en el aplicativo SAMAI.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00931-01 (69195)
Demandante: Armando Mina Gallego y otro
Demandado: Metrocali S.A. y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
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2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

17. La Sala se pronunciará solo respecto de las pretensiones de France Edien
Ariza Sepúlveda, toda vez que el recurso de apelación fue presentado por
su apoderada. Armando Mina Gallego no otorgó poder a la abogada que
presentó el recurso de apelación, tampoco presentó recurso por separado.
Por ello, las decisiones adoptadas por el tribunal respecto de dicho
demandante no serán objeto de análisis.

18. En la demanda, la parte actora reclamó la reparación del daño que le
causó la implementación del servicio integrado de transporte masivo, ya
que, en su concepto, como consecuencia de la entrada en operación de
los nuevos buses articulados, la administración los obligó a retirar sus
vehículos y ceder los derechos de chatarrización, a cambio de una
compensación irrisoria y sin indemnizar el lucro cesante causado a los
propietarios de buses con ese sistema. El tribunal negó las pretensiones de la
demanda, por considerar que no se probó la coerción, ni el daño, ni un
desequilibrio en las cargas públicas. La parte actora, en su recurso de
apelación, se limitó a insistir en la existencia de un daño por la afectación
económica que padeció.

19. La Sala modificará la Sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda y declarará la inepta demanda por indebida
escogencia de la acción, en concordancia con lo resuelto por la
corporación en casos similares8. En efecto, en los casos en que se ha
demandado al Estado por la implementación del sistema integrado de
transporte masivo en Cali y se ha fundamentado la responsabilidad en la
ilegalidad de las actuaciones de la administración que, de manera forzosa,
obligaron a los propietarios de vehículos a ceder los derechos de
chatarrización9, la Sección ha establecido que el medio de control
procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que,
lo que se reclama es que los actos particulares que autorizaron la
cancelación de la matrícula de los vehículos de transporte urbano fueron
expedidos con falsa motivación, esto es, con base en una manifestación de
voluntad viciada por fuerza o coerción.

2.2. Análisis sustantivo

8 Sentencia de 19 de octubre de 2023, expediente 76001-23-33-000-2013-00444-01 (57003); sentencia de 26 de

enero de 2022, expediente 76001-23-31-000-2010-01504-01 (45481); Sentencia de 2 de julio de 2021, expediente
76001-23-33-000-2014-00854-01(65018).
9 En otros casos, en los que también se ha demandado la responsabilidad del Estado por la implementación del

sistema integrado de transporte masivo en Cali, pero no se ha cuestionado la legalidad de los actos de la
administración, sino que se ha aceptado la licitud de las medidas de reducción de vehículos de trasporte
tradicional por corresponder con el interés general y se ha reclamado por los perjuicios que ese hecho lícito generó
a los propietarios de buses, la Sección ha establecido que el medio de control procedente sí es la reparación
directa. Al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de Sección Tercera, Sentencia
de 21 de octubre de 2022, expediente 76001-23-33-000-2014-01420-01 (68.804); Sentencia de 14 de julio de 2023,
expediente 76001-23-33-000-2014-01369-01 (69345); y Sentencia de 17 de junio de 2024, expediente 76001-23-33-
000-2014-00902-01 (68.163).

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00931-01 (69195)
Demandante: Armando Mina Gallego y otro
Demandado: Metrocali S.A. y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
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20. En el expediente está probado que France Edien Ariza Sepúlveda era
propietario del vehículo marca Nissan, color blanco, placas VBQ944 10. El
demandante presentó una solicitud (sin fecha) ante la Secretaría de Tránsito
y Transporte de Cali para iniciar el proceso de desintegración física de su
vehículo, el cual, según se afirmó en el documento estaba “vinculado a la
empresa Ponce perteneciente al servicio público de colectivo radio de
acción municipal”11. El 15 de diciembre de 2011, la Secretaría de Tránsito y
Transporte informó a la empresa Siderúrgica de Occidente S.A. (encargada
de la chatarrización de los vehículos) que se había autorizado la
desintegración física total del vehículo12. El 23 de diciembre de 2011, el
vehículo fue destruido13. El 29 de diciembre de 2011, la Secretaría de Tránsito
y Transporte de Cali, por medio de la Resolución 36240, autorizó la
cancelación de la matrícula por desintegración física total del vehículo de
placas VBQ944. El 4 de octubre de 2013, por medio de la Resolución No. 364,
Metrocali S.A. reconoció como beneficiarios del Fondo de Reconversión,
Empresarial, Social y Ambiental (FRESA) a 994 solicitantes del beneficio, entre
ellos, a France Edien Ariza Sepúlveda14.

21. También está acreditado que el 12 de abril de 2010, por medio de
Resolución 1.10.108, Metrocali S.A. adoptó el reglamento del fondo, en el
cual estableció, entre otras cosas, que tenía por objeto “mitigar el impacto
que ocasiona al pequeño propietario transportador, la enajenación de su
vehículo a los concesionarios de transporte, únicamente con el propósito de
ser desintegrado físicamente, dentro del compromiso de reducción de
oferta de transporte público”. Asimismo, indicó que “la compensación por
vehículo desintegrado físicamente será equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente durante treinta (30) meses de operación del Sistema
MIO”15. Finalmente, el 30 de agosto de 2011, por medio de resolución
1.10.391, Metrocali S.A. modificó el reglamento, entre otras cosas, dispuso
que el pago de la compensación se realizaría en tres grupos: el primer
desembolso para el pago de los beneficiarios que desintegraron su vehículo
antes del 1 de marzo de 2009; el segundo desembolso para el pago de
aquellos beneficiarios que desintegración sus vehículos entre el 1 de marzo
de 2009 y el 21 de octubre de 2019, y el tercer desembolso para el pago de
los beneficiarios que chatarrizaron sus vehículos del 22 de octubre de 2010
en adelante16.

22. Los hechos de la demanda son confusos. Con todo, la Sala evidencia
que el daño reclamado se centra en la afectación que padeció el

10 Licencia de tránsito No. 690676. Folio 257 del cuaderno único.
11 Solicitud del demandante. Folio 127 del cuaderno único.
12 Oficio expedido por la Secretaría y dirigido a Siderúrgica de Occidente S.A. Folio 128 del cuaderno único.
13 Certificación expedida por Siderúrgica de Occidente S.A. Folio 129 del cuaderno único
14 Resolución No. 364 de 4 de octubre de 2013. Folios 268 al 292 del cuaderno único.
15 Resolución 1.10.108 de 12 de abril de 2010. Folios 304 al 308 del cuaderno único.
16 Resolución 1.10.391 de 30 de agosto de 2011. Folios 310 y 311 del cuaderno único.

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00931-01 (69195)
Demandante: Armando Mina Gallego y otro
Demandado: Metrocali S.A. y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
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demandante por la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad
económica consistente en la prestación del servicio público de transporte
urbano. Y, como argumentos que fundamentan la responsabilidad del
Estado por ese daño, la parte actora señaló las actuaciones irregulares de
las demandadas en la implementación del sistema del transporte que
implicaron forzar a los propietarios de los buses tradicionales para que
retiraran sus vehículos de las rutas y cedieran los derechos de chatarrización.

23. En efecto, entre los hechos de la demanda, la parte actora adujo que:
“METROCALI ejerció una fuerte presión a sus concesionarios para permitir la
cancelación de rutas y el retiro de los vehículos que operan el transporte
público colectivo. A su vez, los concesionarios de METROCALI, por medio de
presión, manifestaciones engañosas y evidente coerción, lograron que
aproximadamente 3100 propietarios de vehículos de transporte de
pasajeros, cedieran sus derechos por desintegración física del vehículo”.

24. En contraposición a lo expuesto por la parte actora, en la Resolución
36240 de 29 de diciembre de 2011, la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Cali autorizó la cancelación de la matrícula del vehículo de la demandante,
con fundamento en “[q]ue el señor France Edien Ariza Sepúlveda (…) quien
figura en este registro como propietario, solicitó conforme a la
reglamentación vigente, la cancelación de matrícula por desintegración
física total”.

25. Es decir, la parte actora cuestionó la motivación de la resolución que
canceló la matrícula de su vehículo, en tanto afirmó que ese procedimiento
respondió a presiones e imposiciones de la administración, mientras que en
las consideraciones de la resolución se expresó que el trámite se inició por
solicitud de la demandante. En otras palabras, al afirmar que existieron
presiones, lo que se pretendía demostrar era la falsedad del motivo, esto es
que, en realidad, no se trató de una solicitud de chatarrización, sino de una
chatarrización forzada, sin la voluntad del demandante.

26. En Sentencia de 2 de julio de 202117, en un caso similar, la Subsección A
de la Sección Tercera señaló:

“Tales afirmaciones constituyen un cargo de nulidad frente a las resoluciones
números 36938 del 13 de marzo de 2012; 40409 del 26 de febrero de 2013; 27484
del 24 de agosto de 2009 y 26959 del 2 de junio de 2009, concretamente, que esos
actos administrativos fueron expedidos con falsa motivación18, porque los

17 Expediente 76001-23-33-000-2014-00854-01(65018).
18 Sobre la causal de nulidad de falsa motivación, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado lo

siguiente: La falsa motivación de un acto administrativo es el vicio que afecta el elemento causal del acto,
referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo. Se genera
cuando las razones expuestas por la Administración, para tomar la decisión, son contrarias a la realidad. Así, la
jurisprudencia ha sostenido que la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia
de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública, ii) los
supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o
simuladas, iii) el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) los
motivos que sirven de fundamento al acto no justifican la decisión. Al respecto, ver: Consejo de Estado. Sentencia
doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014).Exp. 63001-23-31-000-2000- 01156-01(27776).

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00931-01 (69195)
Demandante: Armando Mina Gallego y otro
Demandado: Metrocali S.A. y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________
demandantes reprochan que lo consignado en la parte motiva de esos actos
administrativos -que solicitaron, de forma autónoma, la cancelación de las
matrículas de sus vehículos por desintegración física- fue contrario a la realidad -
la cual, según ellos, fue que adelantaron dicho trámite producto de la presión y
coacción por parte de la administración-.

Visto lo anterior, la Sala advierte que, aunque la demanda se formuló como
reparación directa, este no resultaba ser el mecanismo procesal idóneo para
ventilar la reclamación sometida al conocimiento de esta Jurisdicción, porque los
argumentos a partir de los cuales se pretende erigir la responsabilidad del Estado
devienen de cuestionamientos a los fundamentos de hecho de los actos
administrativos mencionados, que originaron los perjuicios aquí reclamados.
(…)
En este orden de ideas, como la causa del daño por el cual se reclama a las
entidades demandadas se concretó con la expedición de actos administrativos,
estos debieron ser controvertidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y dentro del término de caducidad pertinente.”

27. En el mismo sentido, esta Sala de Subsección, en Sentencias de 19 de
octubre de 202319 y 26 de enero de 202220, consideró que ante el
cuestionamiento de los actos que cancelaron las matrículas de los vehículos,
bajo el argumento de la existencia de coerción por parte de las
demandadas para que los propietarios de los vehículos accedieran a dicho
trámite, el medio de control procedente era el de nulidad y restablecimiento
del derecho.

28. Adicionalmente, el argumento de la creación del monopolio sin
indemnización previa coincide, igualmente, con una exigencia de validez
de los actos administrativos, que podría alegarse dentro de la causal de
desconocimiento de normas en las que debería fundarse el acto
administrativo.

Finalmente, en lo que concierne al no pago de la compensación
reconocida, se trata de un asunto propio de un proceso ejecutivo, si se dan
las condiciones propias del título ejecutivo.

2.3. Costas

29. El tribunal, en primera instancia, condenó en costas y agencias en
derecho a la parte actora. En el recurso de apelación se cuestionó dicha
condena. La Sala advierte que, contrario a lo afirmado en el recurso, este
caso no versa sobre un asunto de interés público, la controversia se centra
en los derechos particulares del demandante que reclama una afectación
económica individual por la imposibilidad de usufructuar un bien que era de
su propiedad, por lo cual no hay lugar a modificar la decisión que al
respecto adoptó el tribunal.

19 Expediente 76001-23-33-000-2013-00444-01 (57003).
20 Expediente 76001-23-31-000-2010-01504-01 (45481)

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Radicación: 76001-23-33-000-2013-00931-01 (69195)
Demandante: Armando Mina Gallego y otro
Demandado: Metrocali S.A. y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________
30. Por otra parte, de acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365
(numerales 1 y 3) del CGP, France Edien Ariza Sepúlveda será condenado
en costas en esta instancia. El tribunal de origen liquidará la condena de
manera concentrada, según lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 21 de septiembre de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, la cual, en su parte
resolutiva, quedará así:

“PRIMERO. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa del señor Armando Mina Gallego, respecto de las pretensiones
relacionadas con el vehículo de placas VBH559.
SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda presentadas por Armando
Mina Gallego con relación al vehículo de placas VBH523.
TERCERO: DECLARAR probada la excepción de inepta demanda, por indebida
escogencia de la acción, respecto de las pretensiones presentadas por France
Edien Ariza Sepúlveda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva, CONDENAR en costas de
primera instancia a la parte demandante. LIQUÍDENSE por la Secretaría de la
Corporación. Conforme el Acuerdo 1887 de 2003 emanado de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fijarán como agencias en
derecho el uno por ciento (1%) del valor de las pretensiones de la demanda.”

SEGUNDO: CONDENAR al demandante France Edien Ariza Sepúlveda al
pago de costas de segunda instancia. Esta condena se liquidará de manera
concentrada por el Tribunal de primera instancia.

TERCERO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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