Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2014-00902-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Transporte masivo mio
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2014-00902-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2014-00902-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
17 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 76001-23-33-000-2014-00902-01 (68.163)
Actor: Gloria Inés Gaviria Sarria y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
Temas: REPARACIÓN DIRECTA POR IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE
TRANSPORTE MASIVO MIO / DAÑO ANTIJURÍDICO – elemento estructural de la
responsabilidad patrimonial del Estado – artículo 90 de la Constitución Política – le
corresponde a la parte actora acreditar su configuración. OPERACIÓN DEL TRANSPORTE
PÚBLICO - el servicio será prestado únicamente por empresas de transporte públicas o
privadas, formadas por personas naturales o jurídicas legalmente constituidas y autorizadas
para tal fin / OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO – requiere habilitación o licencia
de funcionamiento otorgada por la autoridad competente - el permiso para prestar el servicio
público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo
autorizado bajo las condiciones en él establecidas / SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR COLECTIVO METROPOLITANO, DISTRITAL Y MUNICIPAL
DE PASAJEROS - la autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las
necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se
sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda / LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO PARA OPERAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE – no
genera derechos adquiridos a favor de los operadores, se trata de derechos temporales de
operación, sujetos a las nuevas condiciones y modificaciones que se deriven de la regulación
legal y reglamentaria, que busca, en todo caso, coordinarlos con los derechos e intereses
de la comunidad.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a
través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Se persigue la declaratoria de responsabilidad por la implementación del sistema
integrado de transporte masivo -MIO-, circunstancia que conllevó al retiro de
circulación del vehículo de propiedad de las demandantes, que prestaba el servicio
público de transporte colectivo en la ciudad de Cali.
I. SENTENCIA APELADA
1. Corresponde a la proferida el 28 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, mediante la cual se decidió la demanda de reparación directa
instaurada el 25 de agosto de 20141 por Gloria Inés Gaviria Sarria (copropietaria del
vehículo), Ruth Derly Acosta Gaviria (hija), Luis Gildardo Oliva Ortega (compañero
permanente), Deissy Andrea Palta Gaviria (copropietaria del vehículo), quien actúa
en nombre propio y en representación de sus menores hijos Carlos Manuel y
Valentina Ruiz Palta y Camila Andrea Vanegas Palta (hija), contra la Nación –
Ministerio de Transporte, el hoy distrito de Santiago de Cali2 y Metrocali S.A., con el
1 Folio 180, c. 1.
2 Santiago de Cali fue recategorizado como distrito mediante la Ley 1933 de 2018, situación que no tiene
incidencia procesal en su calidad de parte en el presente proceso.
1
Radicación número: 76001-23-33-000-2014-00902-01 (68.163)
Actor: Gloria Inés Gaviria Sarria y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
fin de que se les declare patrimonial y solidariamente responsables, a título de daño
especial, por impedir de manera definitiva la circulación del vehículo tipo buseta con
placas VBT788 de propiedad de las mencionadas demandantes, con el que se
prestaba el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la ciudad de Cali,
debido a la implementación del sistema integrado de transporte masivo en esa
ciudad. Como consecuencia, solicitaron el reconocimiento de perjuicios materiales,
en la modalidad de daño emergente3 y lucro cesante4, morales5; daño a bienes
constitucionalmente protegidos6.
2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, se indicó que las señoras Gloria
Inés Gaviria Sarria y Deissy Andrea Palta Gaviria eran propietarias del vehículo tipo
buseta identificado con placas VBT788, modelo 1998 y, desde ese año, vincularon
dicho vehículo a la empresa Blanco y Negro S.A. para la prestación del servicio
público de transporte colectivo de pasajeros en Santiago de Cali, actividad comercial
de la cual obtenían los recursos económicos para atender sus necesidades básicas
y las de sus hijos, toda vez que mensualmente les generaba una rentabilidad neta
de $13’263.000.
3. Con ocasión de la reestructuración del servicio público de transporte colectivo de
pasajeros, la Secretaría de Tránsito y Transporte de esa ciudad profirió la Resolución
No. 4152.0.9.91158 del 3 de julio de 2012, a través de la cual: (i) canceló la ruta No.
4 de la sociedad Blanco y Negro S.A. por abandono y la ruta No. 7 de la misma
sociedad por “paralelismo” con el MIO y, (ii) revocó todos los actos administrativos
por medio de los cuales se habían constituido situaciones jurídicas particulares sobre
las rutas canceladas.
4. Por virtud de tales medidas, el municipio de Santiago de Cali ofreció pagar a las
propietarias de la buseta VBT788 la suma de $60’000.000 por concepto de cupo y
valor del vehículo, pues aún le quedaban seis años de vida útil cuando salió de
circulación; sin embargo, para la fecha en que se presentó la demanda dicha suma
no había sido pagada.
5. Agregaron que si bien el retiro de las demandantes de la prestación del servicio
de transporte público en Cali fue una decisión adoptada en razón del interés general,
que se concretó con actuaciones lícitas -como la celebración de los contratos de
concesión con los actuales operadores del SITM-, les ocasionó un daño que no se
encontraban en el deber jurídico de soportar, porque fueron privadas de la actividad
económica que desarrollaban, sin ser indemnizadas previa y plenamente, de ahí que
3 A favor de las señoras Deissy Andrea Palta Gaviria y Gloria Inés Gaviria Sarria, la suma de $2’520.000 por
concepto de pago de parqueadero.
4 A favor de las señoras Deissy Andrea Palta Gaviria y Gloria Inés Gaviria Sarria las siguientes sumas: (i)
$316’775.136 por “lucro cesante pasado”, representado en los dineros dejados de percibir desde el 1° de
septiembre -retiro de circulación del vehículo- de 2012 hasta la presentación de la demanda, (ii) $640’189.284
por concepto de “lucro cesante futuro”, representado en los dineros dejados de percibir desde la presentación
de la demanda hasta la vida útil del vehículo, (iii) $1.591.560.000 por concepto de lucro cesante futuro,
representado en los dineros dejados de percibir por reposición del vehículo.
5 Solicitaron la suma de $61’600.000 a favor de las señoras Deissy Andrea Palta Gaviria y Gloria Inés Gaviria
Sarria (para cada una) y $30’800.000 a favor de Ruth Derly Acosta Gaviria, Luis Gildardo Oliva Ortega, Carlos
Manuel y Valentina Ruiz Palta y Camila Andrea Vanegas Palta (para cada uno).
6 A favor de las señoras Deissy Andrea Palta Gaviria y Gloria Inés Gaviria Sarria, la suma de $61’600.000,
para cada una.
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Radicación número: 76001-23-33-000-2014-00902-01 (68.163)
Actor: Gloria Inés Gaviria Sarria y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
se configurara un daño especial, el cual debía ser reparado con fundamento en los
artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 26, 29, 90 y 333 de la Constitución Política 7.
La defensa
6. La Nación – Ministerio de Transporte se opuso a las pretensiones de la
demanda y en su defensa formuló la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, por cuanto no estaba en su ámbito competencial vigilar y sancionar las
actuaciones de los diferentes organismos de tránsito del territorio colombiano, pues
sus funciones se ceñían a la planificación, regulación y expedición de normativa en
materia de transporte, de conformidad con los Decretos 2171 de 1992, 101 de 2000
y 2053 de 20038.
7. El municipio de Santiago de Cali, igualmente se opuso a las pretensiones, para
lo cual propuso las excepciones que denominó: (i) inexistencia del daño antijurídico
y (ii) carencia del derecho a ser indemnizados. Sobre la primera dijo que las
propietarias del vehículo con placas VBT788 junto con el gerente de la empresa
Blanco y Negro S.A. solicitaron voluntariamente el cambio de radio de acción de ese
automotor de municipal a nacional, al tiempo que pidieron que el registro que quedó
disponible en el servicio público de transporte colectivo municipal fuera “aplicado a
la operadora del SITM Blanco y Negro Masivo S.A.”, por lo que optaron válidamente
por hacer la renovación del vehículo en el sistema integrado de transporte masivo de
la ciudad de Cali -MIO-, suprimiendo la posibilidad de realizar la reposición, de
conformidad con lo previsto en los artículos 2 de la Ley 688 de 2001 y 6 del Decreto
municipal 411.20.0302 de 2007.
8.Agregó que por virtud del cambio del radio de acción la buseta continuaba activa
en el registro municipal automotor -RMA- y, por ende, estaba habilitada para
continuar prestando el servicio público de transporte y, en todo caso, los permisos
de operación de transporte no constituyen derechos adquiridos, pues están limitados
por el interés público y son esencialmente revocables por las autoridades legitimadas
para promover y mejorar el servicio público de transporte.
9. Sobre la segunda excepción adujo que la implementación del SITM, así como la
celebración de los contratos de concesión suscritos entre Metrocali S.A. y los
actuales operadores del mismo no produjeron un daño anormal o superior a aquel
que deben soportar los transportadores, a quienes se les garantizaron sus derechos
al permitirles participar en la licitación pública MC-DT-001-2006, pues los
concesionarios son pequeños y grandes empresarios que invirtieron sus recursos y
participaron a prorrata de sus aportes, al tiempo que dichos negocios jurídicos
generan efectos inter partes, sin que tengan la virtualidad de ocasionar un daño
especial a terceros9.
10. Metrocali S.A. formuló las siguientes excepciones; (i) indebida escogencia del
medio de control y caducidad, en tanto que el daño alegado por la parte actora tuvo
origen en los actos administrativos que cancelaron las tarjetas de operación; por
7 Folios 150 a 179 (demanda) y folios 190 a 201 (subsanación).
8 Folios 238 a 245, c. 1.
9 Folios 270 a 298, c. 1.
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Radicación número: 76001-23-33-000-2014-00902-01 (68.163)
Actor: Gloria Inés Gaviria Sarria y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
ende, el medio de control procedente era el de nulidad y restablecimiento del
derecho, el cual debió ser ejercido en el término de cuatro meses siguientes a la
notificación o comunicación de esa decisión. Anotó que de considerarse procedente
el medio de control de reparación directa, igualmente, las pretensiones debían ser
negadas, puesto que en materia de licencias de operación no existen derechos
adquiridos y, en esa medida, los transportadores tenían la obligación de soportar las
consecuencias que se derivaran de la modificación o cancelación de las mismas y,
(ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no se soportó jurídica ni
fácticamente la incidencia causal de dicha sociedad en la causación del supuesto
daño10.
11. Agotada la audiencia inicial11 y concluida la etapa probatoria12, al alegar de
conclusión, la parte actora reiteró íntegramente los argumentos expuestos en la
demanda13; por su parte, el Ministerio de Transporte insistió en que no le asistía
legitimación material en la causa por pasiva y agregó que no se acreditaron los
presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado en el sub
examine14. Metrocali S.A. añadió que no obraban elementos de prueba que
permitieran determinar la concreción de los daños y perjuicios solicitados por la parte
actora; a su vez, el entonces municipio de Cali sostuvo que las pruebas
documentales allegadas desvirtuaban lo afirmado en la demanda, pues no se
acreditó un daño antijurídico que fuera imputable a esa entidad; por el contrario, los
testimonios dieron cuenta de que los demandantes recibían rentas de otras
10 Folios 322 a 333, c. 1.
11 Acta de la audiencia visible de folios 361 a 366, c. 1. En dicha audiencia se declararon no probadas las
excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva de Metrocali S.A. y del Ministerio de Transporte;
(ii) “indebida escogencia del medio de control” e, (iii) inepta demanda.
12 En la audiencia inicial celebrada el 9 de agosto de 2016, el Tribunal a quo decretó las siguientes pruebas:
Documentales: 1. Copia de las cédulas de los señores Gloria Inés Gaviria Sarria, Deissy Andrea Palta Gaviria
y Luis Gildardo Oliva Ortega y los registros civiles de nacimiento de Ruth Derly Acosta, Carlos Manuel Ruiz,
Valentina Ruiz y Camila Andrea Vanegas Palta. 2. Copia de la declaración extrajuicio para demostrar la
convivencia de los compañeros permanentes. 3. Copia del certificado de tradición del vehículo de placa VBT-
778, expedido por la Secretaria de Tránsito y Transporte de Santiago de Cali. 4. Copia de la licencia de tránsito
del vehículo de placa VBT-778, expedida por el Ministerio de Transporte. 5. Cuenta de rodamiento y control
del vehículo de placa VBT-778 desde el 8 hasta el 31 de agosto de 2012, expedida por la sociedad Blanco y
Negro S.A., con la que se pretende demostrar el número de pasajeros que se movilizaban en el vehículo mes
a mes y los gastos fijos. 5. Copia del certificado de existencia y representación legal de la empresa Blanco y
Negro S.A. y de Metrocali S.A. 6. Copia de la Resolución 4152.0.9.9 1158 del 3 de julio de 2012. 7.
Comunicación de la empresa Blanco y Negro S.A. informando la fecha hasta cuándo se permite la circulación
de los buses. 8. Fotografías del vehículo mencionado. 9. Declaración extrajuicio rendida por Alexandra
Casallas Niño, con la que se pretende demostrar los perjuicios materiales, por concepto de parqueadero de
la buseta. 10. Acta de audiencia y constancia de no conciliación, proferidas por la Procuraduría 18 Judicial I
para asuntos administrativos. 11. Contratos de concesión 1, 2, 3 y 4 suscritos para la operación del MIO. 12.
Oficio del 14 de septiembre de 2016. 13. Oficio 2015415200078451 del 1° de abril de 2015 con los siguientes
anexos: 13.1 Certificado de tradición del vehículo de placas VBT788. 13.2. Copia de la carta de aceptación
de la empresa de buses Blanco y Negro del 3 de abril de 1998. 13.3. Resolución 4152.0.9.9. 1405 del 9 de
agosto de 2012. 13.4. Copia del documento mediante el cual las propietarias del vehículo de placas VBT788
solicitaron voluntariamente el cambio de radio de acción del mismo. 13.5. Copia de la carta de aceptación de
la vinculación del referido vehículo suscrita el 27 de octubre de 2014, por el gerente y el representante legal
de la sociedad Vallecaucana de Transportes S.A. 13.6. Copia de la certificación del cambio del radio de acción
para vehículos de servicio público colectivo municipal de pasajeros – Certificado No. 00875-11-14CRAC del
7 de noviembre de 2014. 13.7. Copia del certificado No. RO 3944 del 20 de noviembre de 2004 de reducción
de oferta de servicio público colectivo municipal de pasajeros. Oficios y requerimientos: 1. A la Secretaría
de Santiago de Cali, para que remita copia auténtica de los documentos relacionados con la habilitación de la
empresa Blanco y Negro S.A. y copia auténtica de todos los actos administrativos relacionados con la
autorización y posterior cancelación de las rutas No. 4, 6, 7 y 9, que habían sido autorizadas a la empresa
Blanco y Negro S.A., rutas con las cuales operaba el vehículo de placas VBT-788. 2. A la empresa Blanco y
Negro S.A., para que se sirva remitir al proceso el contrato de vinculación de la buseta de placas VBT-788.
Testimonios: José Alberto Mora, Faizuly Porras Menguan, Martín Portilla Vitel, Lucy Pérez González, Jaime
Alberto Bravo, Diego Fernando Aguilera y Alexandra Casallas Niño.
13 Folios 460 a 466, c. 1.
14 Folios 444 a 451, c. 1.
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Radicación número: 76001-23-33-000-2014-00902-01 (68.163)
Actor: Gloria Inés Gaviria Sarria y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
actividades económicas y que ninguno de los declarantes tenía certeza sobre qué
había acontecido con la buseta identificada con placas VBT788 15. El Ministerio
Público guardó silencio.
La decisión objeto de impugnación
12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las súplicas de la demanda
al considerar que no se acreditó un daño indemnizable, por cuanto las propietarias
del automotor objeto de la litis solicitaron el cambio del radio de acción como
alternativa para la reducción de oferta de transporte colectivo, conforme lo señala el
Decreto 411.20.0302 del 15 de julio de 2007, lo que permitió que siguieran prestando
el servicio de transporte público, pero vinculadas con la sociedad Vallecaucana de
Transportes S.A., tal y como se extrae del oficio del 30 de junio de 2015, expedido
por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santiago de Cali y la carta de
aceptación y cambio de empresa del vehículo mencionado.
13. Agregó que la actividad económica que se desarrolla a través de la prestación
del servicio público de transporte de pasajeros es regulada, requiere de la
correspondiente habilitación, la cual no consolida una situación jurídica inmutable,
ya que puede ser modificada o revocada en cualquier momento, en virtud del interés
general, precisamente porque el transporte público compromete uno colectivo frente
al cual debe ceder el de los particulares16.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
14. La parte actora pidió que se revocara la anterior decisión y se accediera a las
pretensiones de la demanda. Respecto de la solicitud de cambio de radio de acción
del vehículo tipo buseta con placas VBT788, se limitó a manifestar que la realizaron
“obligados por las circunstancias que los rodeaban en ese momento”, pues les
habían cancelado las rutas que previamente les habían autorizado para prestar el
servicio público de transporte, y el Estado “ejerciendo todo su poder coercitivo e
influyente” quebrantó la voluntad de sus asociados a través de las resoluciones que
cancelaron las rutas 4, 6, 7 y 9, sacándolo de circulación desde julio de 2012 hasta
el año 2014 cuando la Sociedad Vallecaucana de Transporte S.A. aceptó vincular a
su empresa el referido vehículo.
15. Con base en lo anterior, sostuvo que aunque no existía duda de que los actos
administrativos expedidos con ocasión de la reestructuración del servicio público de
transporte en Cali eran legales, se les generó un daño que no estaban obligadas a
soportar, en tanto fueron privadas de su actividad económica, la cual estaba
amparada constitucionalmente por los artículos 333 y 334 y, por tal motivo, la
Administración debía indemnizar los perjuicios causados bajo los preceptos del
artículo 90 superior17.
16. Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del
15 Folios 472 a 482, c, 1.
16 Folios 519 a 523, c. Ppal.
17 SAMAI (expediente del tribunal), índice 34.
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Radicación número: 76001-23-33-000-2014-00902-01 (68.163)
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Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
artículo 247 de la Ley 1437 de 201118. El Ministerio Público al rendir su concepto19
señaló que con los elementos de convicción aportados se probó que la buseta con
placas VBT788 lejos de ser chatarrizada, como lo afirmaron los testigos en sus
declaraciones, o de estar inmovilizada en un parqueadero, dado que se retiró de
circulación -según lo narrado en la demanda-, se encuentra activa y con autorización
para la prestación del servicio de transporte público intermunicipal de pasajeros y,
en ese sentido, no se acreditó la concreción de un daño antijurídico, puesto que las
señoras Gloria Inés Gaviria Sierra y Deissy Andrea Palta Gaviria solicitaron de
manera voluntaria el cambio de radio de acción del vehículo de su propiedad; ello
con el propósito de continuar con su explotación económica20.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
17. Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad o vicio que
impida dictar sentencia, y analizados los presupuestos procesales correspondientes,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación.
Objeto de la apelación
En los términos de la sentencia y el recurso de apelación, el debate en esta instancia
se circunscribe a verificar si se encuentra acreditado un daño. En caso afirmativo se
procederá a estudiar los elementos de la responsabilidad que, de estar acreditados,
conducirían a atribuir el deber de repararlo por parte del Estado.
Consideración previa: medio de control procedente en el asunto sub examine
18. Sin perjuicio de la ruta de análisis antes propuesta, previo a dar inicio a la misma,
la Sala estima necesario referirse a la causa petendi de la demanda, dado que en
procesos con supuestos de hecho similares, la Subsección ha determinado que el
medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho21.
19. Sin perjuicio de lo anterior, se debe señalar que en la demanda la parte actora
fue enfática en indicar que lo pretendido no era cuestionar la legalidad de las
decisiones con las cuales se implementó el nuevo sistema integrado de transporte
de pasajeros en Santiago de Cali, sino la reparación de los perjuicios ocasionados
con tales decisiones que, calificándolas como ajustadas al ordenamiento legal,
18 Modificada por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20212. Dado que el recurso de apelación se interpuso el 2
de septiembre de 2021, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones del CPACA con las
reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021; ello, en atención a lo previsto en el artículo 86 de la misma
norma. Artículo 247. “Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las
sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
“(…)
“5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos
por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar
traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez
(10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso” (negrilla
fuera del texto).
19 CPACA. “Art. 247… 6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta
antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia”.
20 SAMAI: índice 10.
21 Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencia del 4 de junio de 2021, expediente: 51.054; del 23 de abril de 2021, expediente: 53.909 y, del 2
de julio de 2021, expediente: 65.018.
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Radicación número: 76001-23-33-000-2014-00902-01 (68.163)
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Referencia: Reparación directa
implicaron el retiro de la prestación del servicio público de transporte en aras del
interés general, de ahí que se le debiera indemnizar con fundamento en el título de
imputación de daño especial22.
20. En el acápite del fundamento jurídico de la demanda, los demandantes
sostuvieron que las accionadas debían indemnizarlos en virtud del sistema normativo
que rige al Estado Social de Derecho, en tanto que se quebrantó el equilibrio ante
las cargas públicas, toda vez que a través de los contratos 1, 2, 3 y 4 la
Administración entregó en concesión la prestación del servicio público de transporte
masivo de pasajeros en la ciudad de Santiago de Cali, “con el fin descongestionar
las vías y proporcionar a los habitantes de ese municipio un mejor y más moderno
servicio de transporte”, es decir, en beneficio del interés general; no obstante, privó
a las demandantes “de ejercer la actividad comercial de transporte público de
pasajeros de servicio urbano en la ciudad de Cali”, de la cual derivaban su sustento
económico.
21. Aunque no tan concordante con el rumbo argumentativo de la demanda, en la
alzada, la parte accionante, a la vez que cuestionó que el Estado le impuso la
decisión de reorganizar las rutas e implementar el sistema de transporte masivo,
adujo que “la acción de la Administración fue lícita”, pues los contratos que
entregaron en concesión, la prestación del servicio público de transporte y los
diferentes actos administrativos que se expidieron para la restructuración del servicio
público “son legales pero causaron perjuicios a los demandantes”, los cuales no
estaban llamados a soportar y, por tanto, debían de ser resarcidos bajo el régimen
de daño especial.
22. En ese contexto, el medio de control de reparación directa ejercido es el
adecuado para resolver la controversia planteada en el sub-lite, pues, como en
anteriores oportunidades lo explicó esta Subsección23, no se trata de un asunto en
el que se demanda por la chatarrización de vehículos de transporte público como
22 La pretensión principal es del siguiente tenor literal: “Primera: DECLARAR que la NACIÓN-MINISTERIO
DEL TRANSPORTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y METROCALI S.A. son… responsables por los
daños y perjuicios causados a las señoras y señores GLORIA GAVIRIA SARRIA RUTH DERLY ACOSTA
GAVIRIA (hija) Y LUIS GILDARDO OLIVA ORTEGA, (Compañero permanente) y DEISY ANDREA PALTA,
quien actúa en nombre propio y representación de sus hijos menores…Y CAMILA ANDREA VANEGAS
PALTA, como consecuencia de la implementación del SERVICIO DE TRANSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS DENTRO DEL SISTEMA PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE SANTIAGO DE CALI,
imputados bajo el régimen del Daño Especial”.
23 Al respecto, es importante precisar que en los procesos identificados con los números internos 53.909 y
65.018 las demandas tuvieron como origen la desmaterialización de los vehículos de transporte público, como
consecuencia de sendos actos administrativos que así lo ordenaron, a diferencia de lo que ocurre en el caso
bajo estudio, en el cual la parte demandante estructuró la responsabilidad de la entidad demandada en el
título de imputación de daño especial, sin cuestionar la legalidad de actos administrativos, ni referirse a
presiones o actuaciones relacionadas con la chatarrización de su automotor, como ocurrió en los casos antes
mencionados. En este sentido, el hecho de que la demandante atribuya la responsabilidad a la actuación legal
de la entidad demandante, con ocasión de la implementación del sistema integrado de transporte masivo MIO
en Cali, en circunstancias que supuestamente implicaron un desequilibrio del principio de igualdad frente a
las cargas públicas, sin mencionar la desmaterialización del vehículo y sin cuestionar la legalidad de actos
administrativos, faculta a la Sala para examinar la controversia desde la óptica de la reparación directa, como
ya lo hizo en un pronunciamiento reciente. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
21 de octubre de 2022, exp. 68804. En igual sentido, consultar Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2022, exp. 56560. En dicha providencia se analizó la
responsabilidad patrimonial del Área Metropolitana de Bucaramanga y otros, por la implementación del
sistema de transporte masivo, sin que se cuestionara la legalidad de los actos administrativos que lo
antecedieron.
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Radicación número: 76001-23-33-000-2014-00902-01 (68.163)
Actor: Gloria Inés Gaviria Sarria y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
consecuencia de actos administrativos particulares que así lo disponen, evento en el
cual el cauce procesal para controvertir esa decisión sería el de nulidad y
restablecimiento del derecho, sino que lo que se pretende es la reparación de un
daño calificado como anormal y grave, el cual habría sido causado con ocasión de
una actividad legítima de la Administración, de ahí la procedencia de la reparación
directa.
Prueba del daño en el caso concreto
23. Ab initio, la Sala anuncia que confirmará la sentencia apelada, dado que, a partir
de los elementos de convicción allegados, no es posible inferir la existencia del daño
alegado por la parte actora, consistente en la imposibilidad de continuar ejerciendo
su actividad económica derivada de la prestación del servicio público de transporte,
conforme al siguiente razonamiento.
24. La cláusula general de responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la
Constitución Política es el fundamento con el cual se resuelve todo debate acerca de
la obligación de reparar a cargo del Estado, cuyos elementos esenciales son el daño
antijurídico y la imputación. El daño es el primer elemento de la responsabilidad y
para que se entienda debidamente estructurado la parte interesada debe demostrar
que es cierto, en la medida en que aparezca como una disminución patrimonial o
extrapatrimonial para el demandante, sin que pueda ser resarcido lo eventual o
hipotético; antijurídico, porque se configura la lesión a un derecho o a un interés
legítimo que no debe ser tolerada por la víctima, es decir, el ordenamiento no impone
el deber jurídico de soportarlo, y personal, por cuanto la víctima debe ser
determinada o determinable, comoquiera que es a quien deberá otorgarse la
indemnización en caso de que concurran los requisitos restantes.
25. La noción de daño antijurídico permite establecer que no toda lesión a un
derecho es indemnizable, sobre todo si la misma es resultado de una actividad lícita,
pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que
exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones
exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad, en tanto que
solamente pueden originar su responsabilidad patrimonial aquellas restricciones que
“superen la normal tolerancia o que impidan el goce normal y adecuado del derecho
garantizado en normas jurídicas”24.
26. En ese sentido, para evitar el fracaso del proceso por insuficiencia de prueba, el
demandante agraviado debe acreditar los daños efectivamente materializados, que
no están justificados por la ley o el derecho y que pueden cuantificarse o estimarse
dinerariamente. Lo anterior, por cuanto en aquellos casos en los cuales se está en
presencia de una falta de prueba respecto del daño antijurídico, dicha circunstancia
torna inocuo adelantar un análisis respecto del elemento de la imputación.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre
de 2005, exp. 12158.
8
Radicación número: 76001-23-33-000-2014-00902-01 (68.163)
Actor: Gloria Inés Gaviria Sarria y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
27. Los elementos de prueba allegados al proceso acreditan que las señoras Gloria
Inés Gaviria Sarria y Deissy Andrea Palta Gaviria son propietarias del vehículo con
placas: VBT788, marca: Mazda, clase: buseta, modelo: 1998, desde el 17 de marzo
de 2004, de conformidad con el certificado de tradición expedido el 23 de abril de
2014 por la Secretaría de Tránsito y Transporte25 y la licencia de tránsito 291428226.
28. Mediante comunicación del 3 de abril de 1998, la gerente de la empresa de buses
Blanco y Negro S.A. informó a la Secretaría de Tránsito de Santiago de Cali que
aceptó la vinculación del vehículo tipo buseta con placas VBT877 de propiedad en
ese momento del señor Luis Alberto Mora, quien posteriormente se lo vendió a las
señoras Gloria Inés Gaviria Sarria y Deissy Andrea Palta Gaviria27.
29. El 7 de julio de 1999, la gerente de la sociedad Blanco y Negro S.A. y la señora
Gloria Inés Gaviria Sarria (contratista), suscribieron el “contrato de afiliación buseta
134”, por medio del cual, “EL CONTRATISTA procede a afiliar a la EMPRESA, el
vehículo de su exclusiva propiedad y cuyas características son: CLASE: BUSETA.
MARCA: MAZDA. MODELO: 1998, MOTOR: C-121947. CAPACIDAD: 30
PASAJEROS. PLACAS: VBT788. COLOR: BLANCO Y NEGRO. Este automotor
laborará en la(s) ruta(s) que tiene adjudicada(s) la EMPRESA”28.
30. El 3 de julio de 2012, el Secretario de Tránsito y Transporte de Santiago de Cali
profirió la Resolución 4152.0.9.0 1158, por medio del cual canceló la ruta No. 4 por
abandono y la ruta No. 7 por paralelismo con el SITM-MIO, de la empresa Blanco y
Negro S.A. y, como consecuencia, “quedan (sic) revocadas todas aquellas
resoluciones y actos administrativos anteriores por medio de las cuales se haya
determinado alguna situación legal sobre las rutas aquí CANCELADAS”. En dicha
resolución se plasmaron como considerandos, en resumen (se transcribe de manera
literal):
“Que de acuerdo al esquema de transición establecido para la implementación
del Sistema Integrado de Transporte Masivo -MIO, se establece que con base
en el carácter de revocabilidad de los permisos de ruta previstos en el artículo
del Decreto Nacional 170 de 2001, la Secretaría revocará la totalidad de
permisos de ruta, que establezcan rutas sobre los corredores del SITM o sobre
las zonas exclusividad del SITM.
“Que de conformidad con el Anexo 1 Esquema de Transición establece en su
aparte final que ‘La revocación de autorizaciones y permisos de ruta de
vehículos de transporte colectivo a que se ha hecho referencia será llevada
cabo de manera concomitante con la introducción de vehículos vinculados al
SITM, de conformidad con el plan diseñado por Metro Cali’.
“(…)
“ Que de conformidad con el Informe Técnico ‘Verificación y Análisis del
cumplimiento de recorridos y Servicios que presta la Empresa de Transporte
BLANCO Y NEGRO SA con sus rutas urbanas autorizadas’, realizado por el
Grupo Técnico de la Secretaria de Tránsito, se determinó que la Ruta 4
presenta abandono de dicha ruta, por lo tanto se procederá a su Cancelación,
e igualmente de conformidad con el Oficio del 01 de junio de 2012, presentado
25 Folios 12 y 13, c. 1.
26 Folio 15, c. 1.
27 Folio259, c. 1.
28 Folios 414 y 415, c. 1.
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Radicación número: 76001-23-33-000-2014-00902-01 (68.163)
Actor: Gloria Inés Gaviria Sarria y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
por METRO CALI S.A., sobre el Plan de Implementación de la Fase ll de la
Reestructuración de Rutas para la Implementación del Sistema Integrado de
Transporte Masivo, en el cual determina que la Ruta 7 (13) de la empresa de
transporte público colectivo BLANCO Y NEGRO SA, presenta en la actualidad
un paralelismo con el SITM-MIO en un 99.14%, hecho que conforme las normas
señaladas permite determinar la CANCELACIÓN de las rutas 4 y 6 (sic)
señaladas”29.
31. A través de Resolución 4152.0.21 1251 del 16 de julio de 201230, el Secretario
de Tránsito y Transporte de Santiago de Cali canceló las rutas No. 6 y 9 de la
empresa de transporte Blanco y Negro S.A. a partir del 1º de septiembre de 2012,
dado que se encontraban en “clara competencia con el Sistema Integrado de
Transporte Masivo”, pues presentaban un paralelismo del 96.50% y 98.67%,
respectivamente y, por virtud de lo anterior dispuso que quedaban revocados todos
aquellos actos administrativos anteriores por medio de los cuales se hubiera
determinado alguna situación legal a la empresa sobre las rutas canceladas.
32. Luego, a través de Resolución 4152.0.9.9 1405 del 9 de agosto de 2012, el
Secretario de Tránsito y Transporte de Santiago de Cali canceló “la Habilitación o
Licencia de Funcionamiento de la Empresa de Transportes (sic) BLANCO Y
NEGRO S.A., por las razones expuestas en la presente Resolución, a partir del 02
de septiembre del 2012” (artículo 1). Además, estableció que quedaban revocadas
todas aquellas resoluciones y actos administrativos anteriores por medio de los
cuales se hubiera determinado alguna situación legal sobre la habilitación de la
empresa Blanco y Negro S.A., “en especial la Resolución 0146 del 15 de noviembre
de 2001”31.
33. En la parte motiva, de la Resolución 4152.0.9.9 1405 de 2012, se señaló, en
síntesis (se transcribe de manera literal):
“Que la Secretaria de Tránsito procedió mediante tas Resoluciones Nos, 709,
710 y 711 de diciembre de 2007, procedió a la Cancelación de las Rutas 1, 1A
y 2 respectivamente, por Abandono; mediante la Resolución No.
4152.0.9.9.0729 del 16 de mayo de 2012 se Canceló las Rutas 2Ejec., 2A, 2B,
3, 3A, 5, 1-6, 6-1, 7A y 8; mediante la Resolución No. 4152.0.21.1158 del 03 de
Julio de 2012, se determina la Cancelación de las Rutas 4 y 7 por Paralelismo
con el Sistema Integrado de Transporte Masivo a partir del 01 de septiembre
de 2012; y mediante la Resolución NO. 4152.0.21.1251 del 16 de Julio de 2012
procede a Cancelar, igualmente a partir del 01 de septiembre, la Ruta 6 y 9 a
la Empresa de Transportes BLANCO Y NEGRO S.A., quedando con todos
éstos actos administrativos, completamente cancelados los servicios que
le habían sido autorizados a la Empresa, perdiendo de esta manera las
condiciones inicialmente exigidas y acreditadas para el otorgamiento de
la Habilitación, y por lo tanto procede la Cancelación de la Habilitación de
la empresa señalada”32 (negrilla añadida).
34.Como consecuencia de lo anterior, el 30 de julio de 2012 la gerencia de Blanco
y Negro S.A. informó a los propietarios de los vehículos afiliados a su empresa que,
29 Folios 402 a 404, c. 1.
30 Folios 396 a 398, c. 1
31 Folios 260 a 262, c. 1.
32 Ibidem.
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Referencia: Reparación directa
de acuerdo con las Resoluciones 4152.0.21.1158 y 4152.0.21.1251 de 2012,
expedidas por la Secretaria de Tránsito, se “cancelan las rutas que venimos
prestando”, por lo que “me permito informarles que la empresa solo realizará el
despacho de los vehículos hasta el 31 de agosto de 2012. A partir del 1º de
septiembre ya no tendremos autorización para seguir operando y por lo tanto (sic)
ya no tendrán cubrimiento en las pólizas RCE y RCC”33.
35. El 29 de agosto de 2014, las señoras Gloria Inés Gaviria Sarria y Deissy Andrea
Palta Gaviria y el representante legal de Blanco y Negro Masivo S.A. suscribieron la
solicitud para el cambio de radio de acción del vehículo de placas VBT788
perteneciente al servicio público colectivo municipal de pasajeros de la ciudad de
Cali, cuyo contenido es del siguiente tenor literal (con posibles errores incluidos):
“Nosotros, Gloria Inés Gaviria identificada con la cédula de ciudadanía… y
Deissy Andrea Palta Gaviria identificada con la cedula de ciudadanía…
cordialmente solicitamos a la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal,
nos autorice iniciar el proceso de cambio de radio de acción del vehículo
de placas VBT788 vinculado en la actualidad a Empresa de Buses Blanco
y Negro S.A. perteneciente al servicio público colectivo municipal de
pasajeros, conforme a lo establecido en el acuerdo 0051 de 1993 del
Ministerio de Transporte y pliego de condiciones de la licitación MC-DT-OOI
de 2006 en su cláusula 4.3 que establece dentro de las alternativas para
reducción de oferta La desvinculación del Sistema de Transporte
público Colectivo de la Ciudad de Santiago de Cali y su cambio de radio
de acción, lo cual deberá demostrarse de manera oficial y concreta.
“Con el fin de dar cumplimiento al compromiso asumido por los concesionarios
de operación en la Licitación No MCDTOOI de 2006 ‘Concesiones para la
prestación del servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros del
Sistema MIO en Santiago de Cali’, le informo que una vez sea aprobada mi
solicitud previo requisito de los requisitos establecidos para tal fin,
solicito que el registro que queda disponible en el servicio colectivo
municipal producto de este radio de acción sea aplicado a la operadora
del Sistema Integrado de Transporte Masivo Blanco y Negro Masivo
S.A.”34 (negrilla añadida).
36. El 27 de octubre de 2014, el gerente de la sociedad Vallecaucana de Transporte
S.A. (transporte intermunicipal) suscribió la carta de aceptación y cambio de empresa
del vehículo de placas VBT788 dirigida al Ministerio de Transporte – Regional Valle
del Cauca y a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cali35 y, mediante Oficio
00875-11-14CRAC del 7 de noviembre de 2014, emitido por esta última entidad se
certificó el cambio de radio de acción del vehículo de servicio público colectivo
municipal de pasajeros, en los siguientes términos (se transcribe literalmente):
“Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1996,
Decreto 170 de 2001 y la cláusula 4.3 del pliego de condiciones de la Licitación MC-
DT-OOI de 2006, este organismo de tránsito CERTIFICA que:
“1. AI Señor(a) GLORIA INES GAVIRIA SARRIA, DEISSY ANDREA PALTA
GAVIRIA identificados (a) con C.C… quienes figuran en este registro como
propietario(s) y mediante solicitud No.00874-1114SCRAC tramitó ante la
33 Folio 143, c. 1.
34 Folio 266, c. 1
35 Folios 267, c. 1
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Referencia: Reparación directa
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal y se le autorizó la
desvinculación de la Empresa de transportes BLANCO Y NEGRO S.A
transporte público colectivo municipal de pasajeros y su cambio de
radio de acción a nacional a la Empresa de transportes SOCIEDAD
VALLECAUCANA S.A al vehículo de placas VBT788 quien tiene las
siguientes características…
“A partir de la fecha el automotor de placas VBT788 NO afecta la capacidad
transportadora del servicio público colectivo municipal de pasajeros y el
registro disponible será contado en la operadora del Sistema Integrado de
Transporte Masivo BLANCO Y NEGRO MASIVO S.A conforme a lo estipulado
por el propietario en la solicitud No.00875-11-14 SC”36 (se destaca).
37. Asimismo, mediante Oficio RO 3944 del 20 de noviembre de 2014 (documento
de reducción de oferta de servicio público colectivo municipal de pasajeros),
proferido por la Secretaria de Tránsito y Transporte de Santiago de Cali, se certificó
que, a partir de la fecha, el automotor de placas VBT788 “disminuirá la capacidad
transportadora del servicio público de transporte público colectivo municipal de
pasajeros y el registro disponible será contado en la operadora del Sistema
Integrado de Transporte Masivo BLANCO Y NEGRO MASIVO S.A., conforme a lo
estipulado por el propietario en la solicitud de autorización No. 00875-11-
14SCRAC”37.
38. La anterior información fue corroborada por medio de oficio 2015415200078451
del 1 de abril de 2015, expedido por el grupo de Registro Automotor y Licencias de
Conducción del municipio de Cali, el cual fue dirigido a la Subdirectora Técnica de
la Dirección Jurídica de la Alcaldía de Cali, en el que, con relación a los
antecedentes del vehículo tipo buseta de placas VBT788, se indicó (se transcribe
de manera literal, incluidos posibles errores):
“a. El vehículo fue matriculado el 16 de abril de 1998 afiliado a la empresa
BLANCO Y NEGRO S.A. según carta de aceptación de la empresa y cupo
número 00011142.
“b. El día 21 de noviembre de 2012 se aplicó en el sistema Qx de la Secretaria
de Transito, la cancelación de la Tarjeta de Operación No. 214372 la cual fue
expedida el 16/11/2011 con fecha de vencimiento al 7/12/13, de conformidad
con el Articulo 3 de la resolución No. 4152.0.9.9.1405 de agosto 9 de 2012 ‘Por
medio de la cual se cancela la habilitación de la empresa de Transportes Blanco
y Negro S.A. y se dictan otras disposiciones’.
“c. El día 6 de noviembre de 2014 los propietarios del vehículo en
mención, GLORIA INES GAVIRIA SIERRA y DEYSSY ANDREA PALTA
GAVIRIA identificadas… radicaron en el programa servicios de tránsito
SOLICITUD PARA CAMBIO DE RADIO DE ACCION DE VEHICULOS DE
SERVICIOS PUBLICO COLECTIVO MUNICIPAL DE PASAJEROS, con
aplicación de dicho cupo a la operadora del Sistema Integrado de Transporte
Masivo BLANCO Y NEGRO MASIVO S.A.
“d. Para dicho cambio de radio de acción fue aportada la carta de aceptación
del vehículo de placas VBT788 a la SOCIEDAD VALLECAUCANA DE
TRANSPORTES S.A. en la modalidad de Servicio Publico INTERMUNICIPAL.
36 Folio 268, c, 1.
37 Folio 269, c. 1.
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Referencia: Reparación directa
“e. La Secretaria de Tránsito con el lleno de los requisitos aprobó el tramite
solicitado y emitió el CERTIFICADO DE CAMBIO DE RADIO DE ACCION
PARA VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO COLECTIVO MUNICIPAL DE
PASAJEROS No. 00875-11-14CRAC con fecha noviembre 7 de 2014.
“f. Como este vehículo fue censado y adquirió el derecho para hacer parte del
proceso de reducción de oferta, la Secretaria de Tránsito emitió el respectivo
CERTIFICADO DE REDUCCION DE OFERTA No. 3944 por CAMBIO DE
RADIO DE ACCION con destino al operador BLANCO Y NEGRO MASIVO
S.A., el 20 de noviembre de 2014.
g. Actualmente este vehículo figura ACTIVO con radio de acción NACIONAL
y afiliación a la empresa SOCIEDAD VALLECAUCANA DE TRANSPORTES
S.A, con relación a si tiene Tarjeta de Operación vigente en dicha modalidad
se deberá elevar consulta al Ministerio de Transporte Territorial Valle del Cauca
entidad encargada de regular el transporte INTERMUNICIPAL”38 (negrilla
añadida).
39. La prueba recaudada permite a la Sala colegir que no se configuró un daño
pasible de indemnización en el sub júdice, pues conforme lo expresó la parte actora
en la demanda y en el escrito de apelación, el daño se concretó con el retiro de
circulación del vehículo de propiedad de las señoras Gloria Inés Gaviria Sierra y
Deissy Andrea Palta Gaviria, en virtud de las medidas de reestructuración de rutas
para la implementación del sistema integrado de transporte masivo en Cali, lo que
según su dicho les impidió continuar ejerciendo su actividad comercial derivada de
la prestación del servicio público de transporte, circunstancia que no se acreditó en
el proceso; por el contrario, las pruebas documentales demuestran que el referido
vehículo actualmente está vinculado a la sociedad Vallecaucana de Transportes S.A.
y que “figura activo con radio de acción nacional”, conforme a la normativa vigente,
hecho determinante que fue omitido por la parte actora en su demanda.
40. Considera la Sala importante destacar que la operación del transporte público en
Colombia es un servicio público, inherente a la finalidad social del Estado y sujeto a
la intervención y reglamentación de las autoridades competentes, en cuya prestación
juega un papel decisivo la participación del sector privado. El legislador 39, definió
este servicio como “... una industria encaminada a garantizar la movilización de
personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las
infraestructuras del sector [aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre], en
condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una
contraprestación económica”40.
41. La Ley 336 de 1996, “por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte”,
en armonía con la Ley 105 de 1993, le otorga “El carácter de servicio público
esencial...” y resalta la prelación del interés general sobre el particular,
especialmente en lo que tiene que ver con la garantía de la prestación del servicio y
la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones establecidas
en la Constitución, la ley y los reglamentos. El citado estatuto dispone en el capítulo
tercero que el servicio será prestado únicamente por empresas de transporte
38 Folio 256, c.1.
39 En acatamiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política, según el cual todo colombiano
puede circular libremente por el territorio nacional.
40 Artículo 3 de la Ley 105 de 1993, concordante con lo dispuesto en los artículos 1 y 5 de la Ley 336 de 1996.
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públicas o privadas, formadas por personas naturales o jurídicas legalmente
constituidas y autorizadas para tal fin.
42. Para efectos de la prestación del servicio, la Ley 366 de 1996 previó en su
artículo 11 la expedición de una habilitación o licencia de funcionamiento otorgada
por la autoridad competente, que es conferida al solicitante previo cumplimiento de
ciertos requisitos necesarios para garantizar a los usuarios una óptima, eficiente y
continua e ininterrumpida prestación del servicio de transporte público. Por su parte,
el artículo 18 ibidem establece que “[E]l permiso para prestar el servicio público de
transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo
autorizado bajo las condiciones en él establecidas”.
43. El Decreto 170 de 2001, “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de
Pasajeros”, en su artículo 34 determinó que la autoridad competente podrá en
cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar
oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones
normales de demanda. El municipio de Santiago de Cali mediante Acuerdo Municipal
16 del 27 de noviembre de 1998, autorizó la participación de dicho ente territorial en
la conformación de una sociedad, que se denominó Metrocali S.A., “para el desarrollo
del sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros”41.
44. Mediante Resolución 205 del 21 de junio de 2006, Metrocali S.A. convocó a la
Licitación Pública MC-DT-001 de 2006, para la celebración de contratos de
“Concesión para la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros
dentro del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali – Operación
de Transporte de Servicio Troncal, Auxiliar y Alimentador del Sistema MIO”.
45. La Licitación tuvo por objeto seleccionar cinco (5) concesionarios, para “otorgar
en concesión no exclusiva, conjunta y simultánea con otros concesionarios, y
exclusiva respecto de otros Operadores de Transporte Colectivo, la explotación del
Servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros del Sistema MIO, en los
términos, bajo las condiciones y con las limitaciones previstas en el contrato” 42.
Como consecuencia de lo anterior, la Secretaría de Tránsito y Transporte de ese
municipio se comprometió a “revocar gradualmente los permisos de rutas o
autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte colectivo sobre
las zonas exclusivas del SITM”43.
46. Adicionalmente, los oferentes de dicha licitación se comprometieron a suprimir
la oferta de transporte público colectivo propuesta en la Licitación MC-DT-OOI -
Proforma 4, que estableció eliminar un número determinado vehículos del Servicio
público de transporte colectivo por cada uno de los vehículos que esté en la
obligación de vincular al Sistema MIO.
41 Información consultada el 20 de mayo de 2024 en la página de la Alcaldía del municipio de Santiago de Cali
“ACUERDO 16 DEL 98 PDF1.PDF”.
42 Cd obrante a folio 436, c., 1.
43 Folios 261 y 262, c. 1.
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47. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 4.11.20.03.02 del 15 de junio de 200744
y la cláusula 4.3 “Compromiso de reducción de oferta de transporte público colectivo
del pliego de condiciones de la licitación MC-DT-OOI de 2006”, tal obligación podía
cumplirse mediante alguna de las siguientes alternativas o una combinación de las
mismas:
“i. La desintegración física de los vehículos de Transporte Público Colectivo de
Santiago de Cali de acuerdo con el procedimiento que para el efecto establezca
la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Santiago de Cali previa
demostración oficial y concreta antes de vincular flota al Sistema MIO.
“ii. La desintegración física de vehículos que se encuentran matriculados en
cualquier parte del país, de acuerdo con el procedimiento que para el efecto
establezca la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Santiago de
Cali, previa la demostración oficial y concreta de que los citados vehículos
están en reemplazo de igual número de vehículos del Sistema de Transporte
Público Colectivo en Santiago de Cali. Igualmente debe demostrarse también
de manera oficial y concreta, que los vehículos del Sistema de Transporte
Público Colectivo en Santiago de Cali reemplazados, hayan sido desvinculados
del Sistema de Transporte Colectivo de la ciudad de Santiago de Cali,
trasladados y se encuentren operando en otra ciudad, antes de vincular flota al
Sistema MIO.
“iii. La desvinculación de los vehículos pertenecientes al Sistema de Transporte
Público Colectivo de Santiago de Cali y su incorporación al Sistema MIO, previo
el cumplimiento de las tipologías y requerimientos técnicos y tecnológicos
exigidos por Metro Cali S.A
“iv. La desvinculación del Sistema de Transporte Público Colectivo de la ciudad
de Santiago de Cali y su vinculación en otro municipio, lo cual deberá
demostrarse de manera oficial y concreta.
“v. La desvinculación del Sistema de Transporte Público Colectivo de la
ciudad de Santiago de Cali y su cambio de radio de acción, lo cual deberá
demostrarse de manera oficial y concreta en los términos establecidos por
Metro Cali S.A.” (destaca la Sala).
48. Bajo ese contexto, como lo revela el documento del 29 de agosto de 201445, las
señoras Gloria Inés Gaviria Sarria, Deissy Andrea Palta Gaviria y el representante
legal de Blanco y Negro Masivo S.A. optaron de manera voluntaria por la última de
las alternativas transcritas, es decir, la desvinculación del vehículo de placas VBT788
del sistema de transporte público colectivo municipal para incorporarlo en el radio de
acción nacional o intermunicipal, con lo cual quedó disponible el registro en favor del
concesionario Blanco y Negro Masivo S.A., conforme se observa del contenido de la
certificación RO 3944 del 20 de noviembre de 2014 de “reducción de oferta de
servicio público colectivo municipal de pasajeros”, situación que evidencia la
deliberada determinación de migrar a un servicio intermunicipal.
49. En el citado escrito se señaló que “cordialmente solicitamos a la Secretaria de
Tránsito y Transporte Municipal, nos autorice iniciar el proceso de cambio de radio
de acción del vehículo de placas VBT788 vinculado en la actualidad a Empresa de
Buses Blanco y Negro S.A. perteneciente al servicio público colectivo municipal de
44 Información consultada el 20 de mayo de 2024 en la página de la Alcaldía del municipio de Santiago de
Cali. “DECRETO0302JUNIO2007.pdf”.
45 Ver párrafo 35 de la sentencia.
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pasajeros, conforme a lo establecido en el acuerdo 0051 de 1993 del Ministerio de
Transporte y pliego de condiciones de la licitación MC-DT-OOI de 2006 en su
cláusula 4.3”. De hecho, la parte actora gestionó el trámite ante la sociedad
Vallecaucana de Transportes S.A. para que su vehículo fuera vinculado a esa
empresa, frente a lo cual recibió una respuesta positiva, lo que le permitió seguir
prestando el servicio de transporte público, pero en un radio de acción diferente.
50. Ahora, si el daño que la parte actora considera le fue causado consiste en el
tiempo que el vehículo de su propiedad estuvo fuera de circulación, esto es, desde
el 1° de septiembre de 2012 que la empresa Blanco y Negro S.A. le informó a las
señoras Gloria Inés Gaviria Sarria y Deissy Andrea Palta Gaviria que solo hasta el
31 de agosto de ese año realizaría el “despacho de vehículos”, hasta el 7 de
noviembre de 2014 que la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santiago de Cali
autorizó el cambio de radio de acción del automotor con placas VBT788, hecho que
ni siquiera se alega en esos términos en la demanda ni mucho menos en el recurso
de apelación46, lo cierto es que no existe en el expediente prueba alguna que permita
determinar por qué las demandantes se tardaron más de dos años en realizar dicha
solicitud, la cual como se deduce de los hechos probados estaba a cargo de las
propietarias del vehículo, razón por la que no cabría endilgar responsabilidad por
esta circunstancia a la demandada.
51. Adicional a ello, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional47 y del Consejo de Estado48, no puede considerarse que el
otorgamiento de licencias para operar el servicio público de transporte genere
derechos adquiridos a favor de los operadores del mismo. Se trata “simplemente de
derechos temporales de operación, sujetos a las nuevas condiciones y
modificaciones que se deriven de la regulación legal y reglamentaria, que busca, en
todo caso, coordinarlos con los derechos e intereses de la comunidad”. Lo anterior,
encuentra respaldo constitucional en los principios fundantes y fines esenciales del
Estado, como lo son la prevalencia del interés general y el bienestar y mejoramiento
de la calidad de vida de la población (arts. 1°, 2° y 366 C.P.).
52. Así, cuando se trata de situaciones particulares y concretas que nacen y se
desarrollan en el marco de relaciones que tienen un vínculo con la utilidad pública o
el interés social, surge un derecho que, si bien protege la posición o relación jurídica,
no resulta inmodificable. La intervención estatal en el otorgamiento y prórroga de las
licencias, reviste una importancia mayor tratándose de aquellas que se dan para
ejercer una actividad que si bien beneficia al autorizado, implica la prestación de un
servicio público.
46 De conformidad con las pretensiones y el fundamento fáctico de la demanda se puede colegir que el daño
invocado consiste la imposibilidad de continuar prestando el servicio público de transporte, de donde derivaba
el sustento económico de los demandantes, cuyas utilidades dejadas de percibir se reclaman desde “el día 1°
de septiembre del año 2012… hasta la presentación de la demanda, veinticinco (25) de agosto de 2014” -
pretensión cuarta- y, “desde la presentación de la demanda… hasta la vida útil del vehículo” (negrilla
añadida) -pretensión quinta-, lo que evidencia que su reclamación no se circunscribe al espacio de tiempo
indicado, es decir, desde el 1° de septiembre de 2012 hasta el 7 de noviembre de 2014 que la parte actora
radicó la solicitud del cambio del radio de acción, pues en ninguna parte lo alegó en esos términos.
47 Sentencia C-043 de 1998.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
14 de julio de 2023, exp: 69.345.
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Radicación número: 76001-23-33-000-2014-00902-01 (68.163)
Actor: Gloria Inés Gaviria Sarria y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
53. En estos casos, la Administración goza de ciertos derechos y prerrogativas ante
los beneficiarios de las mismas como son: (i) el derecho a introducir las
modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y
funcionamiento del servicio; (ii) el derecho a exigir al operador del servicio la
adaptación del mismo a las nuevas demandas o conveniencias para los usuarios;
(iii) la prerrogativa de vigilancia y control sobre la actividad desarrollada, el cual se
justifica por el interés público que aquella involucra; (iv) el derecho a exigir del
operador del servicio el cumplimiento debido y la ejecución del mismo; y, (v) el
derecho a revocar la licencia de funcionamiento antes de cumplirse el plazo
estipulado, por razones de interés público o por circunstancias previamente definidas
en la Constitución, la ley o los reglamentos49.
54. Bajo este escenario, estima la Sala que no se demostró la existencia de un daño
concreto u objetivamente verificable, en tanto que para la fecha de la última
certificación -1 de abril de 2015- de los antecedentes del vehículo tipo buseta de
placas VBT788, expedido por el grupo de Registro Automotor y Licencias de
Conducción del municipio de Cali, se indicó que “Actualmente este vehículo figura
ACTIVO con radio de acción NACIONAL y afiliación a la empresa SOCIEDAD
VALLECAUCANA DE TRANSPORTES S.A…”; además, por tratarse de una
actividad en la que media el interés general, la habilitación o autorización para prestar
el servicio público de transporte es esencialmente revocable y, por ello, puede ser
afectada por determinaciones de la Administración dirigidas a la optimización del
servicio, como ocurrió en el presente asunto, razón por la cual no se configuró un
daño excesivo o anormal.
55. Tal conclusión no se modifica por el hecho de que la parte actora aduzca la
configuración de un daño especial, pues dicha teoría no implica la presunción de los
elementos de la responsabilidad como pareciera entenderlo la parte impugnante,
sino que permite fundar la obligación de indemnizar del Estado en un régimen
objetivo, “en el que si bien no tiene injerencia la calificación subjetiva de la conducta
-por lo cual no se requiere probar la falla del servicio ni se acepta que el demandado
se exonere con prueba de que su actuación fue diligente- los demás elementos de
la responsabilidad permanecen y deben ser acreditados por la parte
demandante, recayendo sobre la demandada demostrar por medio de hechos
objetivos el rompimiento del nexo de causalidad, únicos con vocación para
exonerarla de responsabilidad”50.
56. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta lo referido por esta
Subsección en un caso de similares características, en el que se indicó que las
decisiones que adoptan las autoridades competentes en el marco de su gestión
como reguladoras de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros,
“no pueden ni deben entenderse como generadoras de daños automáticos a las
empresas o a los transportadores que ejercen la actividad”, por lo que la reparación
de perjuicios que se pudieran ocasionar está sujeta a la verificación en cada caso de
los elementos que estructuran la responsabilidad51.
49 Al respecto, ver sentencia C-043 de 1998 de la Corte Constitucional.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de
2000, exp. 11401.
51 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2022, exp. 56560.
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Radicación número: 76001-23-33-000-2014-00902-01 (68.163)
Actor: Gloria Inés Gaviria Sarria y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
57. En ese orden de ideas, no existió una real afectación de un derecho o interés
protegido jurídicamente, es decir, no se verificó la configuración de daño susceptible
de indemnización, requisito ineludible de toda reparación, circunstancia que impone
confirmar la sentencia apelada, que negó las súplicas de la demanda.
Condena en costas
58. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas en esta instancia, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el Código General del Proceso. El artículo
365 del citado Estatuto, en su numeral 1, dispone que se condenará en costas a
la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación.
59. Atendiendo a lo ordenado en la citada norma, se condenará en costas a la parte
demandante, quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia y se le resolvió desfavorablemente.
60. Adicionalmente, el artículo 361 ibidem prevé que las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la
controversia. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de reparación
directa con cuantía que implicó que la parte demandada vencedora tuviera que
designar (Ministerio de Transporte y Municipio de Santiago de Cali) y sufragar
abogados (Metrocali S.A.) que ejercieran la defensa judicial de sus intereses,
expensas que se generan por la sola vigilancia del proceso52, motivo por el cual la
Sala fijará las agencias en derecho en la suma equivalente al uno por ciento (1%)
del valor de las pretensiones negadas, esto es, la suma de veintinueve millones
cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos
$29.454.44453, que se dividirá en partes iguales a favor de cada una de las entidades
demandadas.
61. Como en este caso la parte actora se encuentra integrada en forma plural, la
condena en costas será pagada por cada uno de los demandantes, en función de su
particular interés en las resultas del proceso, según dispone el numeral 6 del artículo
365 del CGP54. Sin embargo, se precisa que la condena correspondiente a las
pretensiones indemnizatorias de Carlos Manuel y Valentina Ruiz Palta serán
asumidas por su representante legal, la señora Deissy Andrea Palta Gaviria, habida
cuenta de que para la fecha en que se presentó la demanda, contaban con 12 y 13
años, respectivamente. Las agencias en derecho se asumirán en los siguientes
porcentajes:
52 Sobre las laborales de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijas agencias en derecho se
pueden consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 19 de
marzo de 2021, exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico; del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de
febrero de 2023, exp. 69.319, auto de 9 de abril de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19
de marzo de 2021, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 65.193.
53 El total de las pretensiones solicitadas equivalen a la suma de $2.945’444.420
54 “Artículo 365 (…) 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas
por partes iguales entre ellos”.
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Radicación número: 76001-23-33-000-2014-00902-01 (68.163)
Actor: Gloria Inés Gaviria Sarria y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
Porcentaje
respecto de
Pretensión del
la totalidad
Demandante proceso de
de las
reparación directa
pretensione
s
Deissy Andrea Palta Gaviria $1.460’222.210 49,5%
Gloria Inés Gaviria Sarria $1.398’622.210 47,4%
Ruth Darly Acosta Gaviria $30’800.000 1.04%
Luis Gildardo Oliva Ortega $30’800.000 1.04%
Camila Andrea Vanegas Palta $30’800.000 1,04%
TOTAL $2.945’444.420 100%
62.Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso.
63. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de febrero de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por la segunda instancia a la parte
demandante, en favor de la Nación – Ministerio de Transporte, Metrocali S.A. y el
municipio de Santiago de Cali. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en
la suma de veintinueve millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y cuatro pesos ($29.454.444), la cual se dividirá en partes iguales a favor
de cada una de las entidades demandadas. Las costas se liquidarán de manera
concentrada en el Tribunal a quo, en los términos señalados en el artículo 366 del
Código General del Proceso y teniendo en cuenta los siguientes porcentajes a
cargo de los demandantes:
Porcentaje respecto de la totalidad
Demandante
de las pretensiones
Deissy Andrea Palta Gaviria 49,5%
Gloria Inés Gaviria Sarria 47,4%
Ruth Darly Acosta Gaviria 1.04%
Luis Gildardo Oliva Ortega 1.04%
Camila Andrea Vanegas Palta 1,04%
TOTAL 100%
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Radicación número: 76001-23-33-000-2014-00902-01 (68.163)
Actor: Gloria Inés Gaviria Sarria y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación directa
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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