Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00445-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-00445-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2015-00445-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00445-01 (0809-2023)1
Demandante: Gladys Padilla de Figueroa
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: sustitución pensional. Subtema 1: cónyuge supérstite. Subtema 2:
acreditación de cinco años de convivencia. Subtema 3: separación de hecho.
Subtema 4: enfoque de género.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 22 de septiembre de 2022, que
accedió a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La demandante, en la calidad de cónyuge supérstite, solicita la nulidad del acto
administrativo dictado por la UGPP, que le negó el reconocimiento de la sustitución
pensional. En sustento de su pretensión, aduce que el derecho pensional es
imprescriptible y que acreditó el requisito de convivencia con el jubilado fallecido. El
tribunal accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que sí acreditó el
requisito de convivencia con el causante y, por tanto, ordenó el reconocimiento de la
sustitución pensional.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. La señora Gladys Padilla de Figueroa, mediante apoderado judicial, presentó
demanda2, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
1 Expediente híbrido: conformado simultáneamente por documentos físicos y electrónicos, que a pesar de estar
separados, forman una sola unidad documental por razones del proceso, trámite o actuación. Acuerdo PCSJA20-
11567 de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura.
2 27 de abril de 2015.
Radicación: 76001-23-33-000-2015-00445-01 (0809-2023)
Demandante: Gladys Padilla de Figueroa
Demandado: UGPP
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) con las siguientes
pretensiones:
2. Se declare la nulidad de la Resolución UGM 037797 del 12 de marzo de 2012,
proferida por el liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social que negó el
reconocimiento de la sustitución pensional.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene el reconocimiento
de la sustitución pensional, en la calidad de cónyuge supérstite, a partir del
fallecimiento del señor Libardo Figueroa López, pero efectiva por prescripción desde
el 24 de mayo de 2008.
4. Igualmente, pidió el reconocimiento de intereses moratorios, así como el pago
de las mesadas retroactivas; y, que se condene en costas a la entidad demandada3.
2.1.1. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. El señor Libardo Figueroa López prestó sus servicios como empleado público,
CAJANAL le reconoció una pensión de vejez, a través de la Resolución 2330 del 8 de
marzo de 1999, y falleció el 7 de junio de 2003.
7. El 3 de agosto de 1963, Libardo Figueroa López y Gladys Padilla de Figueroa
se unieron mediante matrimonio católico. Según se indica en la demanda convivieron
durante 39 años, 10 meses y 4 días, hasta el 7 de junio de 2003, fecha de fallecimiento
de Libardo Figueroa López. La actora relata que durante el matrimonio tuvieron 10
hijos y que ella dependía económicamente de su cónyuge.
8. A través de la Resolución 12882 del 25 de junio de 2004, CAJANAL reconoció la
sustitución pensional a Andrés Felipe Figueroa, en la calidad de hijo del pensionado
fallecido, en el monto del 100%, y hasta cumplir la edad de 25 años, en el año 2005.
9. El 24 de mayo de 2011, Gladys Padilla de Figueroa solicitó a CAJANAL el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional, que fue negada mediante la
Resolución UGM 37797 del 12 de marzo de 2012, con fundamento en que la
reclamación se presentó 8 años después del fallecimiento del causante.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
10. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
De la Constitución Política, los artículos 11, 13, 29, 48 y 53.
De la Ley 100 de 1993, los artículos 46 y 47, modificados por el artículo 13 de la Ley
797 de 2003.
De la Ley 1437 de 2011, el artículo 164.
3 Folios 49-55.
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Demandante: Gladys Padilla de Figueroa
Demandado: UGPP
11. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que los
derechos pensionales son imprescriptibles, en consecuencia, el acto administrativo
demandado está viciado de nulidad, porque le negó el reconocimiento de la sustitución
pensional, pese a que podía demandar en cualquier tiempo el reconocimiento de las
prestaciones periódicas.
2.2. Contestación de la demanda
12. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda, al
indicar que la convivencia entre la actora y el señor Libardo Figueroa López es un
hecho que debe ser probado en el proceso. Así, en consonancia con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional4 en el sistema jurídico colombiano se da prevalencia al
criterio material de convivencia efectiva, para determinar quién es el beneficiario de la
sustitución pensional.
13. Además, resaltó que, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 44 de 1980, la
interesada tuvo la oportunidad de comparecer ante la entidad, cuando el menor Andrés
Felipe Figueroa solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional; sin embargo, no
hizo manifestación alguna ante la administración y finalmente se expidió la Resolución
12882 del 25 de junio de 2004, que otorgó la pensión al hijo del jubilado.
14. Propuso las excepciones de cobro de lo no debido, ausencia de vicios en los
actos demandados y prescripción5.
2.3. Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 22 de
septiembre de 2022, declaró la nulidad de la Resolución UGM 37797 del 12 de marzo
de 2012. A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la UGPP que reconociera la
sustitución pensional a favor de la señora Gladys Padilla de Figueroa «en los términos
de la Ley 33 de 1973 y Ley 12 de 1975» al ser beneficiaria del señor Libardo Figueroa
López. Declaró probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas antes
del 27 de abril de 2012. Ordenó la actualización de las sumas adeudadas y condenó
en costas a la entidad demandada. Como sustento de la decisión, el tribunal expuso
los siguientes argumentos:
16. La sustitución pensional es una prestación que se otorga a los beneficiarios del
pensionado. Esta figura está regulada en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993,
modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.
17. En el caso concreto, la accionante reclamó el reconocimiento de la sustitución
pensional, con ocasión del fallecimiento del señor Libardo Figueroa López. Pensión
negada por CAJANAL en el acto demandado, con fundamento en que se publicó un
aviso de prensa el lunes 8 de septiembre de 2003, no obstante, la actora presentó la
reclamación el 25 de mayo de 2011, es decir, 8 años después del fallecimiento del
causante.
4 Sentencia C-081 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.
5 Folios 103 a 110.
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Demandado: UGPP
18. En el proceso se acreditó la existencia del matrimonio y que la pareja tuvo hijos
que en la actualidad son mayores de edad. Agregó que como el vínculo no fue disuelto,
la sociedad conyugal estaba vigente. Asimismo, la accionante demostró que era
beneficiaria del servicio de salud del pensionado, por ende, probó la dependencia
económica. Por consiguiente, el tribunal concluyó que la demandante, en la calidad de
cónyuge supérstite sí tenía derecho al reconocimiento y pago de la sustitución
pensional, puesto que la pareja procreó hijos y no se liquidó la sociedad conyugal.
19. Así pues, en contraposición a lo expresado por la entidad, el tribunal citó
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia6, para considerar que la actora tiene
derecho al reconocimiento y pago de la sustitución pensional «así no haya ejercido
inmediatamente la reclamación de este derecho, puesto que la falta de reclamación no
autoriza en forma alguna el desconocimiento del derecho válidamente adquirido que
se puede reclamar en cualquier tiempo, dado el carácter vitalicio e imprescriptible que
acompaña el derecho pensional».
20. En cuanto a la prescripción, el tribunal señaló que el derecho a la sustitución
pensional se causó a partir de la fecha de fallecimiento del señor Libardo Figueroa
López, el 7 de junio de 2003, y que la demandante interpuso la reclamación
administrativa el 25 de mayo de 2011; no obstante, la demanda se presentó el 27 de
abril de 2015, por lo tanto, declaró la prescripción de las mesadas causadas antes del
27 de abril de 2012.
21. Condenó en costas a la entidad por resultar vencida en el proceso, en aplicación
del numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso7.
2.4. Recurso de apelación de la parte demandada
22. La UGPP, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, para que se revoque y en su lugar se nieguen las pretensiones
de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:
23. La actora no tiene derecho a la sustitución pensional, debido a que la normativa
aplicable para la fecha de deceso del causante era la Ley 100 de 1993, cuyos artículos
46, 47 y 74 fueron modificados por la Ley 797 de 2003. Estos preceptos exigen que la
cónyuge supérstite acredite que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su
muerte y convivido no menos de cinco años continuos con anterioridad a la muerte. En
el mismo sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-566 de 19988 precisó que
la exigencia de demostrar la convivencia efectiva con el pensionado en los años
anteriores al fallecimiento es imprescindible para conceder el derecho a la sustitución
pensional.
24. Por consiguiente, la demandante no acreditó el tiempo de convivencia con el
causante. Señaló que este requisito no se establece de las declaraciones
juramentadas de los señores José Eulogio Balcázar Flor y Orlando Trochez.
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 4 de agosto de 2021, SL3572-2021, radicación
89547, M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz.
7 Samai, índice 50, plataforma del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, proceso
76001233300920150044500.
8 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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25. Indicó que en la audiencia de pruebas se practicó el testimonio de José Eulogio
Balcázar Flor, como yerno de la actora, quien manifestó que la pareja no convivió y
que solamente durante un tiempo le envió dinero para sus hijos.
26. Por tanto, para la entidad las pruebas recaudadas en el proceso determinan que
«no existió una convivencia efectiva durante los cinco años anteriores al fallecimiento
del causante». Sobre la dependencia económica, la UGPP señaló que no es lógico que
si la demandante dependía del causante, haya pedido la sustitución pensional ocho
años después de fallecimiento.
27. En último lugar, solicitó que se revoque la condena en costas, comoquiera que el
proceso se desarrolló con celeridad, y obró conforme a derecho en todas las etapas
del proceso9.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
28. Mediante auto del 9 de agosto de 202410, el ponente admitió el recurso de
apelación conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y dado que las partes no
pidieron pruebas el expediente pasó al despacho para dictar sentencia.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
29. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
30. En escrito del 16 de octubre de 2024, la parte demandante insistió en que es una
persona de la tercera edad y que pidió el reconocimiento de la sustitución pensional
en el año 2011, por tanto, requirió que se dicte sentencia11. La solicitud se reiteró el 21
de octubre, el 17 de diciembre de 2024, el 20 de marzo y el 8 de mayo de 2025.
3.2. Problema jurídico
31. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, que accedió a las pretensiones de la demanda, y teniendo
en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en
el recurso, corresponde a la Sala definir si:
32. ¿La cónyuge supérstite del causante tiene derecho al reconocimiento de la
sustitución pensional al haber acreditado el requisito de convivencia, así como la
dependencia económica?
9 Samai, índice 53, plataforma Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, proceso 76001233300920150044500.
10 Samai, índice 20.
11 Samai, índice 28.
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3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
33. De conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por
los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes y la sustitución los miembros del grupo familiar del beneficiario de la
prestación que fallezca, en el siguiente orden:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y
haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad
a su muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso,
el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a
dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido».
34. Esta corporación ha resaltado que la finalidad de la sustitución pensional «es la
protección de la familia, entendida como el conjunto de personas allegadas al
trabajador que dependían económicamente de él y que quedan desamparadas a
causa de su fallecimiento»12. En consonancia, la Corte Constitucional ha precisado
que la finalidad de la sustitución pensional es salvaguardar o mantener el nivel de vida
que tenía el beneficiario antes del deceso del pensionado13.
35. Ahora bien, en cuanto a la norma que rige el derecho pensional, la Sección
Segunda, en sentencia del 25 de abril de 201314, precisó que «el derecho a la pensión
de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado». Por tanto,
la Sección estableció que «rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29 de
201015 y noviembre 1º de 201216, en las que, en materia de sustitución pensional se
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2018. Radicado 08001-
23-31-000-2010-00983-01(3178-15).
13 Sentencia T-085 de 2021.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-
000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
15 Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la que
se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975, a pesar
de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.
16 Radicación No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, en que se
reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a pesar de
que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo Arenas
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aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio
de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación de tal
figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de
beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una
posterior».
36. Por otra parte, la jurisprudencia también ha abordado el requisito de convivencia
en el contexto de la sustitución pensional. Así se ha determinado que debe ser
examinada y determinada según las particularidades relevantes de cada caso en
concreto. Por ello, aun en los eventos en que los cónyuges o compañeros no residen
en el mismo techo, por motivos de salud, trabajo o fuerza mayor, ello no conduce
obligatoriamente a establecer que desaparece la comunidad de vida, siempre y cuando
continúen los lazos afectivos de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y
ayuda mutua17.
37. Asimismo, esta corporación ha explicado que incluso la cónyuge separada de
hecho con sociedad conyugal vigente tiene derecho a la sustitución pensional, en
atención a que el legislador ponderó los criterios de sociedad patrimonial existente y
convivencia efectiva, siempre y cuando haya existido convivencia por 5 años, así18:
El artículo 4719 de la Ley 100 de 1993 en el inciso 3 del literal b) reguló, en la segunda
parte, quién es el beneficiario de la pensión de sobrevivientes cuando en los últimos
cinco años, antes del fallecimiento del causante en los siguientes términos: “no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una
separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una
cuota parte de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge
con la cual existe la sociedad conyugal vigente”.
La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de esta norma en la sentencia C-336
de 201420, en donde se determinó que el precepto en comento no viola el derecho a la
igualdad de la compañera permanente que debe compartir la pensión de sobrevivientes
con la cónyuge separada de hecho, pues no se está frente a idénticos supuestos
fácticos, pues la cónyuge con sociedad conyugal vigente y que no convivía al momento
de la muerte con el causante, y la última compañera permanente, pertenecen a grupos
diferentes. A este respecto se retomó la jurisprudencia constitucional que indica la
diferenciación existente entre el matrimonio y la unión marital de hecho.
Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el complejo
problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la Ley 100 de
1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones, y éstas no
tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su momento
aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir, susceptibles de
discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa legislación anterior, y así
se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio constitucional de la sostenibilidad
financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005 queda en entredicho, con una extensión
tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”.
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL-65192017 (57055), del 10 de mayo de 2017,
M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, proceso con radicado
19001-23-33-000-2013-00214-01 (1392-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
19 Modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
20 M.P. Mauricio González Cuervo.
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Demandado: UGPP
Se explicó que la separación de hecho, aunque suspenda la convivencia y el apoyo
mutuo, no limita los efectos de la sociedad patrimonial conformada en razón del
matrimonio, de ahí que no nazca a la vida jurídica la sociedad patrimonial de hecho
entre compañeros permanentes. Así, se expone en la providencia que el legislador en
la norma demandada “ponderó los criterios de la sociedad patrimonial existente entre
los consortes y la convivencia efectiva consolida (sic) con antelación al inicio de la unión
marital de hecho, mediante la asignación de una cuota parte de la pensión”21.
Resaltó la Corte que es constitucionalmente justificada la medida adoptada “en tanto
que ambos beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de
hecho- cumplen con el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos
patrimoniales de cada institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo
efectos jurídicos ya que la separación de hecho no resta efectos a la sociedad
patrimonial existente entre el causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese
a que el de cujus conviviera por el término mínimo de cinco años con un compañero
permanente, la sociedad de hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la
del matrimonio”.
38. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de abril de
201822, consideró que «en tratándose de la relación del afiliado o pensionado con su
cónyuge, esta Corporación ha defendido el criterio según el cual la convivencia por un
lapso no inferior a 5 años puede ocurrir en cualquier tiempo, siempre que el vínculo
matrimonial se mantenga intacto», así:
Entonces la convivencia de 5 años con el cónyuge con lazo matrimonial vigente, puede
darse en cualquier tiempo, así no se verifique una comunidad de vida al momento de
la muerte del (la) afiliado (a) o pensionado (a), dado que: (i) el legislador de 2003 tuvo
en mente la situación de un grupo social, integrado a más de las veces por mujeres
cuyos trabajos históricamente han sido relegados al cuidado del hogar y que, por
consiguiente, podían quedar en estado de vulnerabilidad o inminente miseria ante el
abandono de su consorte y su posterior deceso; (ii) esta dimensión sociológica debe
servir de parámetro interpretativo, a modo de un reconocimiento que la seguridad social
hace a la pareja que durante largo periodo contribuyó a la consolidación de la pensión,
mediante un trabajo que hasta hace poco no gozaba de valor económico o relevancia
social; y (iii) es lógico pensar que si con arreglo al último inciso del literal b) del artículo
13 de la Ley 797 de 2003, en los eventos de convivencia no simultánea, el cónyuge
separado de hecho tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en forma compartida,
también debe tener derecho a esa prestación ante la inexistencia de compañero (a)
permanente.
39. En sentencia del 16 de octubre de 201923, la Corte Suprema de Justicia señaló
que el propósito del legislador en la regulación de la pensión de sobrevivientes es la
perdurabilidad que se evidencia en la comunidad de vida, la ayuda mutua, el apoyo
económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual. Dicha prestación
también tiene como finalidad proteger «al cónyuge supérstite que entregó parte de su
existencia a la conformación de un común proyecto de vida, que inclusive coadyuvó
con su compañía y su fortaleza a que el trabajador construyera la pensión, ello
precisamente, en virtud del principio de solidaridad del que es partícipe el derecho a la
seguridad social». Indicó la Corte que «tal postura toma más fuerza si con
21 Ídem.
22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL1399-2018, radicación 45779, M.P. Clara Cecilia
Dueñas Quevedo.
23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL5141-2019, radicación 68121, M.P. Rigoberto Echeverri
Bueno.
8
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posterioridad a la separación o a la liquidación de la sociedad conyugal, además de
persistir esa comunidad de vida, no existió una convivencia simultánea con otro
compañero permanente».
40. Además, la Corte Constitucional, en el fallo C-515 de 2019, resaltó que el cónyuge
separado de hecho con sociedad conyugal vigente preserva todos los efectos
patrimoniales del matrimonio. Para la Corte «si bien existe una ruptura de la
cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido por lo menos 5
años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por terminada su sociedad
conyugal, al punto que preservan el vínculo económico y los derechos que de este se
derivan»24. En ese sentido, «el requisito de la vigencia de la sociedad conyugal tiene
la finalidad de concretar el objeto de la pensión de sobrevivientes, esto es, proteger el
núcleo familiar del causante que resulta afectado por su deceso»25.
41. La sentencia C-515 de 2019 también precisó que según el legislador la vigencia
de la sociedad conyugal con el cónyuge separado de hecho y que no convivió con el
causante en los 5 años anteriores al fallecimiento, es condición necesaria para
reconocer este derecho pensional al cónyuge supérstite, dado que «mantuvo el vínculo
patrimonial con el causante, guiada por los principios que definen la pensión de
sobrevivientes26»27.
42. A su turno, la Sección Segunda, Subsección A28, del Consejo de Estado determinó
que en los eventos de inexistencia de la convivencia simultánea y cuando está vigente
la sociedad conyugal, el cónyuge supérstite tiene derecho a la sustitución pensional,
acorde con el inciso 3, literal b, del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, «siempre que acredite la vida en común con el
consorte durante al menos 5 años en cualquier momento»29.
43. En otras palabras, a modo de síntesis es dable afirmar que el requisito de
convivencia para que el cónyuge sea beneficiario de la sustitución pensional o de la
pensión de sobrevivientes, obliga a un análisis de las particularidades de cada caso, y
que incluso para la cónyuge separada de hecho la convivencia puede ser de 5 años
en cualquier tiempo.
24 Corte Constitucional, sentencia C-515 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
25 Idem.
26 En la sentencia C-1035 de 2008, la Corte explicó que los principios que definen la pensión de sobrevivientes y
sustitución pensional, según corresponda, son: “(i) Principio de estabilidad económica y social para los allegados
del causante, cuyo objeto es que a través de la sustitución pensional se mantengan, al menos en el mismo grado
de seguridad social y económica, a los beneficiarios afectados con la muerte del pensionado, que de no ser así
conduciría a una desprotección y a una posible miseria, de allí la necesidad de establecer los grados de prelación
para efectos de determinar las personas más cercanas al causante y que más dependían del mismo. (ii) Principio
de reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus allegados, el cual busca impedir que con ocasión de la muerte
de uno de los miembros de la pareja, el otro se vea en la obligación de soportar las cargas materiales y espirituales
que conlleva el deceso. (iii) Principio material para la definición del beneficiario, que consiste en determinar, bajo el
criterio material acogido por el legislador, quien es el beneficiario de la sustitución pensional, el cual se obtiene de
verificar quien tuvo mayor convivencia efectiva al momento de la muerte del pensionado”.
27 Corte Constitucional, sentencia C-515 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2024, proceso con
radicado 54001-23-33-000-2019-00096-01 (2191-2024), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
29 Frente a la postura de la Corporación sobre la vigencia de la sociedad patrimonial para efectos de hacerse
beneficiario del derecho. Ver: sentencia del 23 de septiembre de 2015. Expediente: 25000-23-25-000-2008-00580-
01(3789-13); del 24 de agosto de 2016. Expediente: 11001-03-15-000-2016-01576-00 (AC); del 25 de abril de 2024.
Expediente: 25000 23 42 000 2017 04554 01 (1853-2021).
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3.4. Hechos probados relevantes
44. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
45.Mediante la Resolución 2330 del 8 de marzo de 1999, la Caja Nacional de
Previsión Social reconoció una pensión de vejez al señor Libardo Figueroa López, por
haber laborado 11.271 días, el último cargo que desempeñó fue registrador especial30.
46. El señor Libardo Figueroa López contrajo matrimonio con Gladys Padilla el 3 de
agosto de 1963, como consta en el registro civil de matrimonio31. El pensionado falleció
el 7 de junio de 2003, según el registro civil de defunción32. En la demanda, la actora
afirma que tuvieron 10 hijos, sin embargo, solo se aportaron los registros civiles de los
siguientes hijos: María del Pilar, Claudia Patricia, Clara Janneth, William Vladimir,
Mónica Liliana, Verónica y Juan Carlos Figueroa Padilla33.
47. Obra en el proceso, el carné de Comfenalco en el que aparece como trabajador el
causante y en la calidad de persona a cargo, la señora Gladys Padilla de Figueroa,
con fecha de vencimiento agosto de 199534.
48. Los señores José Eulogio Balcázar Flor y Orlando Trochez rindieron una
declaración extraprocesal bajo juramento en la que indicaron35:
Manifestamos que conocemos de vista, trato y comunicación desde hace 10 y 28 años
respectivamente a la señora Gladys Padilla De Figueroa (…) por el trato directo y personal
que de ella hemos tenido sabemos y nos consta que convivió bajo el vínculo del
matrimonio católico durante 40 años desde 1963 con el señor quien en vida respondió al
nombre de Libardo Figueroa López; compartiendo techo, mesa y lecho. De esta unión
procrearon 10 hijos (…). De igual manera manifestamos que la señora Gladys Padilla de
Figueroa dependía económicamente y en todo sentido de su esposo Libardo Figueroa
López, ya que ella no labora actualmente, no recibe pensión ni jubilación por parte de
ninguna entidad pública ni privada y era su esposo quien se encargaba de velar por su
manutención y bienestar. Igualmente declaramos que la convivencia con su esposo
Libardo Figueroa López fue continua e ininterrumpida hasta el momento de su
fallecimiento ocurrido el día 3 de julio de 2003 (sic: 7 de junio de 2003) y que el señor
Libardo Figueroa López procreó 2 hijos de una relación anterior, quienes de igual manera
dependían de su padre.
49. En la audiencia del 19 de junio de 2019, el tribunal citó al señor José Eulogio
Balcázar Flor para que rindiera testimonio36. El testigo manifestó ser el yerno de la
accionante. Al ser interrogado sobre los hechos que motivaron su citación, el señor
Balcázar indicó que conocía a la actora desde hace 37 años y que vivía con una de
sus hijas. Señaló que el señor Libardo Figueroa López había convivido con la señora
Gladys Padilla y que tenía hijos de relaciones anteriores.
30 Folios 11 a 14.
31 Folio 19.
32 Folio 9.
33 Folios 21 a 27.
34 Folio 28.
35 Folio 20.
36 Folios 176 a 179.
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50. Respecto a los ingresos de la señora Gladys Padilla, mencionó que ella trabaja
junto con una de sus hijas. Afirmó haber conocido al señor Libardo y, al preguntársele
con quién convivió en los últimos años de su vida, relató que durante ese tiempo
Libardo vivía con su anterior pareja, la señora Ana Elvia, pero desde hacía bastante
tiempo colaboraba económicamente con doña Gladys. Precisó que aunque convivía
con su pareja anterior, visitaba ocasionalmente a la señora Gladys, pero no conocía
mayores detalles al respecto.
51. Al preguntársele si en los últimos cinco años Libardo convivió de manera
simultánea con la señora Gladys y con su anterior pareja, respondió que vivía con su
pareja anterior y solo frecuentaba a la señora Gladys. Aclaró que el señor Libardo le
brindó apoyo económico a la señora Gladys porque se hacía responsable por sus hijas,
pero con el tiempo dejó de ayudarla, por lo que ella tuvo que asumir los gastos por su
cuenta. Finalmente, indicó que durante los últimos cinco años de su vida, el señor
Libardo residía con la señora Ana Elvia, quien ya había fallecido.
3.5. Caso concreto
52. En el asunto bajo análisis, la accionante en la calidad de cónyuge supérstite
solicita la nulidad del acto administrativo expedido por la UGPP que le negó el
reconocimiento de la sustitución pensional, con fundamento en que reclamó pasados
ocho años del fallecimiento del pensionado. Por el contrario, la parte actora en la
demanda alega que el derecho pensional es imprescriptible.
53. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de la
demanda. Así, ordenó el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de la
señora Gladys Padilla de Figueroa al considerar que acreditó la calidad de cónyuge
supérstite desde el 3 de agosto de 1963. Resaltó que la sociedad conyugal estuvo
vigente hasta el fallecimiento del pensionado, que tuvieron siete hijos y ella dependía
económicamente del causante.
54. Inconforme con esta decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación, puesto
que, en su criterio, no se acreditaron los requisitos de convivencia de cinco años
anteriores al fallecimiento ni la dependencia económica. Además, solicitó que se
revoque la condena en costas.
55. Con el objeto de resolver el recurso de apelación, se destaca que en el proceso
la parte actora probó que CAJANAL le reconoció al señor Libardo Figueroa López una
pensión de vejez, a través de la Resolución 2330 del 8 de marzo de 199937, y que
falleció el 7 de junio de 200338. Además, se acreditó que el jubilado contrajo matrimonio
con la señora Gladys Padilla el 3 de agosto de 196339 y que tuvieron los siguientes
hijos: María del Pilar, Claudia Patricia, Clara Janneth, William Vladimir, Mónica Liliana,
Verónica y Juan Carlos Figueroa Padilla40.
37 Folios 11 a 14.
38 Folio 9.
39 Folio 19.
40 Folios 21 a 27.
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• Norma aplicable para el reconocimiento de la sustitución pensional
56. Ahora bien, en primer lugar, se debe precisar que en atención a la fecha de
fallecimiento del señor Libardo Figueroa López, el 7 de junio de 2003, la norma que
gobierna el derecho a la sustitución pensional es la vigente para la fecha de la
contingencia, es decir, la data de la muerte del pensionado. Para el caso bajo estudio
entonces impera remitirse a la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 46 y 47 de
la Ley 100 de 1993, la cual entró en vigencia el 29 de enero de 2003.
57. Esto acorde con la sentencia de la Sección Segunda del 25 de abril de 201341,
criterio que fue reiterado en el fallo del 11 de agosto de 202242 al indicar que «se
aplican las normas del Sistema General de Pensiones sobre convivencia en materia
de pensión de sobrevivientes, si son los preceptos vigentes para la fecha del
fallecimiento, sin perjuicio de los derechos adquiridos bajo normas anteriores».
58. Aunado a lo anterior, el Acto Legislativo 01 de 2005 indica que «los requisitos y
beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán
los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones».
59. En este orden de ideas, la norma aplicable para definir el derecho a la
sustitución pensional de la señora Gladys Padilla son los artículos 12 y 13 de la Ley
797 de 2003, que modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en el sentido
que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes «los miembros del grupo familiar
del pensionado por vejez […] que fallezca», y en el caso del cónyuge supérstite debe
acreditar que haya convivido 5 años con el causante.
• Requisito de convivencia de 5 años
60. Ahora bien, tal como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial la
cónyuge con sociedad conyugal vigente puede demostrar el requisito de cinco años
de convivencia en cualquier tiempo, dado que:
i) La separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente
entre el causante y su cónyuge sobreviviente;
ii) la Ley 797 de 2003 buscó proteger al grupo social integrado principalmente
por mujeres con trabajos relegados al cuidado del hogar y que estaban
sumidas en una situación de vulnerabilidad como resultado del abandono
del esposo y su posterior deceso;
iii) «esta dimensión sociológica debe servir de parámetro interpretativo, a modo
de un reconocimiento que la seguridad social hace a la pareja que durante
largo periodo contribuyó a la consolidación de la pensión, mediante un
trabajo que hasta hace poco no gozaba de valor económico o relevancia
social»43;
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-
000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, proceso con radicado 23001-23-33-
000-2014-00444-01 (1655-2017).
43 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL1399-2018, radicación 45779, M.P. Clara Cecilia
Dueñas Quevedo.
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iv) acorde con una interpretación lógica es dable «pensar que si con arreglo al
último inciso del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en los
eventos de convivencia no simultánea, el cónyuge separado de hecho tiene
derecho a la pensión de sobrevivientes en forma compartida, también debe
tener derecho a esa prestación ante la inexistencia de compañero (a)
permanente»44.
61. Por consiguiente, la cónyuge supérstite puede acreditar el requisito de cinco
años previos al fallecimiento, o si estuvo separada de hecho la convivencia por dicho
lapso puede ser en cualquier tiempo.
62. Así las cosas, pese a que el tribunal en la parte resolutiva del fallo de primera
instancia haya indicado que ordenaba la sustitución pensional en los términos de la
«Ley 33 de 1973 y la Ley 12 de 1975», lo cierto es que en la parte motiva de la
providencia citó los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley
797 de 2003. De donde se colige que en realidad las normas aplicables son las del
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
63. Decantado lo anterior, frente a la convivencia la Sala precisa que la señora
Gladys Padilla de Figueroa tiene la calidad de cónyuge supérstite, cuya sociedad
conyugal estaba vigente para el momento del deceso del señor Libardo Figueroa
López. Además, afirma que procrearon 10 hijos, de los cuales en el proceso solo
constan los registros civiles de siete de ellos nacidos en los años 1965, 1966, 1970,
1972, 1974 y 197745. También fue aportado al proceso el carné de Comfenalco en el
que aparece como trabajador el causante y la señora Gladys Padilla de Figueroa, en
la calidad de persona a cargo, con fecha de vencimiento de agosto de 1995.
64. Al trámite se aportaron las declaraciones extrajuicio de los señores José Eulogio
Balcázar Flor y Orlando Trochez quienes se refirieron a la convivencia por más de 40
años desde el año 1963 entre el causante y la actora. Sin embargo, en el proceso
solamente declaró el señor José Eulogio Balcázar Flor, yerno de la accionante. A partir
de lo dicho por el declarante en comento, se destaca que indicó que conocía a la
accionante desde hacía más de 37 años y que había convivido con el señor Libardo
Figueroa López. Señaló que tuvieron varios hijos, que durante un tiempo el señor
Libardo envió dinero para sus gastos, pero que después se desentendió, aunque
seguía visitando ocasionalmente a la señora Gladys. Finalizó indicando que durante
los últimos años de vida el pensionado tuvo otra pareja, quien también falleció
65. Pruebas que son valoradas en conjunto (art. 176 Código General del Proceso),
sin perder de vista que la labor del juez es garantizar la justicia material y proteger los
derechos fundamentales de los sectores más vulnerables de la población, como la
actora, quien es una persona de la tercera edad, que no tiene otros recursos. Por ende,
del estudio de las pruebas se resalta que la unión inició en el año 1963, que la
evidencia del proyecto de vida en común se infiere de que como esposos decidieron
tener 7 hijos, bajo una concepción de familia protegida por el legislador y la
Constitución Política. Una posición contraria, en cuanto a la carga probatoria de la
accionante, pasaría por alto, la prohibición de revictimizarla como adulta mayor, en
tanto, corresponde a las autoridades aplicar el requisito de convivencia de cinco años,
44 Idem.
45 Folios 21 a 27. Si bien en la demanda se indica que fueron 10, al proceso solo se aportaron 7 registros civiles.
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previsto por el legislador, observando cada caso en particular, y el contexto social e
histórico en el que se dio la convivencia, así como las barreras sociales y culturales a
las que se han visto sometidas las mujeres.
66. Por tanto, la Subsección considera que la señora Gladys Padilla de Figueroa sí
convivió durante cinco años con el señor Libardo Figueroa López, aunque no fueron
inmediatamente antes del fallecimiento. Pues bien, tal como se explicó en precedencia,
la cónyuge separada de hecho con sociedad conyugal vigente sí tiene derecho a la
sustitución pensional, debido a que la sociedad patrimonial continúa surtiendo efectos
y puede acreditar la convivencia de 5 años en cualquier tiempo.
67. Ello, de cara a una interpretación sociológica y que busca proteger a las mujeres
que se dedicaron al hogar y convivieron mucho tiempo con sus parejas, como grupo
vulnerable de la población. Ciertamente, en el presente caso constituyen pruebas de
la convivencia las declaraciones de los señores José Eulogio Balcázar Flor (yerno de
la accionante) y Orlando Trochez, la afiliación a Comfenalco y que la pareja procreó 7
hijos.
68. Asimismo, es una obligación del operador jurídico aplicar la perspectiva de
género, puesto que «se trata de una exigencia que encuentra claro fundamento en los
mandatos constitucionales de igualdad y de no discriminación por razones de
género»46, cuyo propósito es erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres.
Para la Subsección esta perspectiva irradia la resolución de los conflictos de
sustitución pensional, en casos como el presente, dado que el matrimonio se celebró
en el año 1963 y la pareja tuvo 7 hijos desde 1965, por tanto, dicho enfoque debe
incidir en la interpretación de los requisitos legales, en concreto, la convivencia de la
pareja, pese a que estuvieran separados de hecho en los últimos años de la vida del
pensionado.
69. Así la jurisprudencia constitucional47 ha determinado que las decisiones
judiciales deben tener un enfoque de género en la apreciación probatoria de las
pruebas en asuntos pensionales. Por ello, la Corte explicó que, en algunos casos, las
administradoras de pensiones niegan la sustitución pensional a las mujeres a partir de
aspectos como cuánto dinero se requiere para que un beneficiario sea dependiente,
se penaliza el trabajo informal, o se «exige en algunos casos cohabitación entre
cónyuges sin comprender que cada familia se expresa de distintas maneras y que no
todas se encuentran parametrizadas o cuentan con un estándar de comportamiento».
Entonces, a juicio de la Corte ese análisis estereotipado contribuye a reproducir
inequidades. Nótese que, en el presente caso, el acto demandado negó la sustitución
bajo el argumento que la cónyuge presentó la solicitud 8 años después del
fallecimiento del causante, sin que la entidad tuviera en cuenta que el derecho al
reconocimiento pensional es imprescriptible, así como que la pareja estaba casada,
procreó 7 hijos, y que la accionante después de un tiempo tuvo que encargarse sola
de los gastos de sus hijos.
46 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
47 Corte Constitucional, sentencia SU 471 de 2023.
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• Dependencia económica
70. Por otra parte, en lo que concierne al requisito de dependencia económica, la
Sala destaca que los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los
artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, no prevén expresamente esta exigencia para
el cónyuge supérstite, sino para los hijos menores de 18 años; los padres del causante;
y, los hermanos inválidos (lits. c, d y e. art. 47). Ciertamente, la dependencia
económica para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solo se exige para
los ascendientes del causante, hijos inválidos y hermanos en condición de invalidez,
no para el cónyuge.
71. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-066 de 201648 estudió una
acción pública de inconstitucionalidad contra los literales c) y e) del artículo 13 de la
Ley 797 de 2003, en la que el interesado manifestaba que la exigencia de dependencia
económica de los hijos y hermanos inválidos respecto del causante configuraba un
trato discriminatorio frente al cónyuge o compañero permanente «ya que a éstos tan
solo se les exige el vínculo sin la necesidad de prueba de la dependencia […]
imponiendo una carga desproporcionada e irrazonable a los hermanos e hijos en
condición de discapacidad». Sin embargo, la Corte entendió que «es legítimo
establecer condiciones de acceso para los beneficios pensionales, en tanto que la
propia Constitución autoriza al Legislador para configurar el Sistema Pensional, y
definir los requisitos para su reconocimiento».
72. En todo caso, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que dentro
de los indicios que acreditan la solidaridad y apoyo mutuo se encuentra la dependencia
económica49. Por ello, en los casos donde se demuestra el apoyo y dependencia
económica, se infieren los lazos de solidaridad y la vocación de permanencia de la
unión que dan lugar a tener por probada la convivencia en sentido amplio. Así, en el
caso concreto, no se puede pasar por alto que la pareja tuvo 7 hijos, que para el año
1995 la actora era beneficiaria del servicio de salud del señor Libardo Figueroa López,
y que el testigo José Eulogio Balcázar Flor declaró que el causante le enviaba dinero
a la accionante para la manutención de sus hijos.
73. En este orden de ideas, en respuesta al problema jurídico, la Subsección
concluye que las pruebas aportadas al proceso demuestran que la señora Gladys
Padilla de Figueroa sí acreditó la convivencia con el jubilado fallecido durante el tiempo
de cinco años y que la norma que rige el derecho pensional es la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003, por tanto, se confirmará parcialmente el fallo de
primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, en este entendido.
Sin embargo, se revocará la condena en costas impuesta a la parte demandada, como
pasa a explicarse.
48 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2012, proceso con radicado
25000-23-25-000-2010-00860-01 (2475-2011), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
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4. Costas
74. En lo concerniente a la condena en costas, se observa que según el criterio
mayoritario de la Sección Segunda es menester analizar la conducta procesal de la
parte vencida; así pues, como en el asunto bajo estudio no se observa que la parte
demandada haya desconocido el principio de buena fe al contestar la demanda y
actuar en el proceso e interponer el recurso de apelación, por tanto, se impone revocar
la condena en costas impuesta en la primera instancia.
75. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario50 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte haya
incurrido en las anteriores conductas.
5. Conclusión
76. A partir del estudio de la normativa que regula la materia, de los precedentes
jurisprudenciales y acorde con la valoración en conjunto de los hechos probados en el
proceso, según los principios de la sana crítica, la Subsección concluye que la señora
Gladys Padilla de Figueroa tiene derecho a la sustitución pensional, en la calidad de
cónyuge supérstite del señor Libardo Figueroa López, toda vez que tenían la sociedad
conyugal vigente y convivieron durante 5 años, razón por la cual se confirma la decisión
de acceder a las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el 22 de septiembre de 2022, que accedió a las
50 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 76001-23-33-000-2015-00445-01 (0809-2023)
Demandante: Gladys Padilla de Figueroa
Demandado: UGPP
pretensiones de la demanda, salvo la condena en costas a la parte demandada, que
se revoca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias.
TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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