Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00337-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2016-00337-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00337-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2016-00337-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Cali 1
Tema: Prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 15 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
de Cauca, Sala de Conjueces, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Nancy Escalante Arias presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que
1 En adelante DEAJ.
2 Samai tribunales. Índice 47. CD1. 2-Digitalización-Contrato 104 de 2020-SASI-2020-09 (.rar). DDA
Dra. Escalante Arias (Juez).
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
se declarara la nulidad de las resoluciones 2082 del 22 de agosto de 2014 mediante
las cuales se negó la petición de «reliquidación y pago retroactivo, indexado, con los
respectivos intereses moratorios y sanciones por el no pago de todas de todas las
prestaciones sociales – primas, vacaciones, cesantías, intereses de las cesantías, y las
demás a las que haya lugar –, teniendo en cuenta el 100% del salario mensual de la
accionante incluyendo la prima especial de servicios» [sic], y 4492 del 23 de julio de 2015
que resolvió el recurso de apelación y confirmó la anterior decisión.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la inclusión de la prima especial
de servicios como factor salarial y/o salario; ii) la reliquidación y pago del retroactivo
indexado con los intereses moratorios de todas las prestaciones sociales «prima de
navidad, vacaciones, cesantías, intereses de las cesantías, bonificaciones y las demás a
las que haya lugar y que resulten probadas en la presente acción»; iii) la consignación de
las cesantías y sus intereses en el fondo en la que está afiliada; iv) el pago de las
sanción por mora en el pago de las cesantías desde el año 1994 y hasta que se
haga efectivo el pago; v) el pago actualizado de la condena; y vi) la condena en
costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes señaló los siguientes:
3.1. Nancy Escalante Arias se desempeñó como: juez promiscuo municipal desde el
16 de enero de 1991 hasta el 10 de enero de 2000; juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad de Buga desde el 11 de enero de 2000 hasta el 14 de junio
de 2001 y desde el 23 de agosto de 2001 hasta el 31 de octubre de 2001; y juez
penal municipal de Buga desde el 1º de noviembre de 2001 «hasta la fecha».
3.2. La DEAJ liquidó las prestaciones sociales desde su posesión en el cargo, sin la
inclusión del 30% de la prima especial como factor salarial, lo que vulneró su
derecho a recibir en forma íntegra, completa y oportuna las acreencias laborales y
prestacionales.
3.3. El 19 de agosto de 2014 presentó una petición ante la demandada en la que
solicitó «la reliquidación y pago retroactivo, indexado, con los respectivos intereses
moratorios y sanciones de mora por el no pago de todas sus prestaciones sociales primas,
vacaciones, cesantías, intereses de las cesantías, bonificaciones y las demás a las que
haya lugar, teniendo en cuenta el 100% de su salario mensual, incluyendo la Prima Especial
de Servicio».
3.4. Mediante la Resolución 2082 de 22 de agosto de 2014, notificada el 6 de octubre
de 2014, la DESAJ de Cali negó el pago de las prestaciones reclamadas. La parte
2
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
demandante presentó recurso de apelación el cual fue resuelto por la entidad
mediante la Resolución 4492 de 23 de julio de 2015 en la que confirmó la decisión
inicial.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, señaló los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150.19 literal
e), 228, 277.1 y 227.7 de la Constitución Política; 280.1 del Acto Legislativo 03 de
2002; Ley 22 de 1967; 1, 2, 10 y 14 de la Ley 4ª de 1992; 152 de la Ley 270 de
1996; 12 del Decreto 717 de 1978; el Decreto 610 de 1998; y los Convenios 95, 100
y 111 de la OIT.
5. En cuanto al concepto de violación, se expuso lo siguiente:
6. El Consejo de Estado se pronunció sobre la ilegalidad de los decretos salariales
expedidos entre los años 1993 y 2003 para los funcionarios de la Fiscalía General
de la Nación y estimó que el 30% de la prima sí era de carácter salarial, bajo los
argumentos expuestos en la sentencia del 14 de febrero de 2002, en atención a lo
anterior, se debía aplicar ese derecho a los magistrados de tribunales, conforme
con los principios de igualdad, equidad, y justicia y en consecuencia se debió pagar
el 30% que no se había reconocido ni pagado desde la fecha de posesión en el
cargo hasta la fecha en que permaneció en este y de las prestaciones sociales.
7. La DEAJ liquidó las prestaciones sociales con la exclusión de la prima especial
como factor salarial, situación que vulneró sus derechos laborales y prestacionales
y en consecuencia debió reliquidarlas y pagarlas de forma retroactiva, indexada y
con los intereses moratorios, con base en el 100% del salario y la inclusión de la
prima especial como factor salarial, así como también debía pagar la sanción por
mora en el pago de las cesantías del parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995.
8. El Consejo de Estado en sentencia del 29 de abril de 2014, expediente 11001-03-
25-000-2007-00087-00 (1686-07) declaró la nulidad de los decretos salariales
desde el año 1993 hasta el 2007, argumentó que el gobierno nacional hizo una
interpretación errónea y aplicó indebidamente la Ley 4ª de 1992, lo que causó una
disminución de las prestaciones sociales y en consecuencia no se dio cumplimiento
al artículo 14 de la mencionada norma.
1.2. Contestación de la demanda
3
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
9. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda por las razones que se
expresan a continuación4:
10. Le pagó a la demandante sus salarios y demás prestaciones sociales conforme
con la normatividad vigente y el régimen al cual pertenecía.
11. Elartículo 150 de la Constitución Política estableció que correspondía al
Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública, y regular el
régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.
12. En ejercicio de esas facultades expidió la Ley 4ª de 1992 que facultó al gobierno
nacional para que fijara el régimen salarial y prestacional para los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial por lo cual expedía anualmente los decretos que
fijaron tal remuneración.
13. El Decreto 57 de 1993 estableció el nuevo régimen salarial y prestacional de los
servidores de la Rama Judicial y señaló en su artículo 6 la creación de una prima
sin carácter salarial del 30% del salario básico mensual, para los jueces de la
república, entre otros funcionarios.
14. El Consejo de Estado en sentencia del 29 de abril de 2014 declaró la nulidad de
los decretos salariales expedidos por el gobierno nacional desde el año 2003 hasta
el 2007, pues consideró que contravino los criterios fijados por el legislador e
interpretó y aplicó de manera errada e indebida la Ley 4ª de 1992.
15. Los efectos de la citada sentencia solo tenía consecuencias hacia futuro, no era
posible que produjera efectos retroactivos, ya que no era de carácter particular.
16. No era viable la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión del
30% de la prima especial como factor salarial, ni el pago de las diferencias que
surgieron de la interpretación de la Ley 4ª de 1992 y los decretos salariales, toda
vez que habría implicado para la administración un desacato del ordenamiento legal
vigente para la época. El gobierno nacional era el expresamente facultado para la
expedición de los decretos salariales y quien tenía la potestad de determinar el 30%
de la remuneración mensual para que fuese considerada como prima especial sin
carácter salarial.
4 Samai índice tribunals Índice 47. 3_ExpedienteDigital_CuadernoPrincipalPar (.pdf), páginas 74 a
84.
4
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
17. La administración realizó el pago de la prima especial en cumplimiento de las
normas y decretos anuales, que no ofrecían dudas sobre su interpretación y
aplicación.
18. Acceder a las pretensiones modificaría el régimen salarial y prestacional fijado
por la ley y superaría los montos máximos de ingresos fijados por el legislador para
el cargo ejercido por la demandante.
19. Propuso las siguientes excepciones i) inexistencia de causa para demandar; ii)
prescripción trienal de derechos laborales; y iii) excepción innominada.
1.3. La sentencia apelada
20. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Conjueces, en sentencia
del 15 de mayo de 20255, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
sin condena en costas. En tal sentido ordenó lo siguiente:
« PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de “Inexistencia de causa para
demandar” formulada por la parte demandada según lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 2082 del 22 de agosto de 2014 y
Resolución No. 4492 del 23 de julio de 2015.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la parte demandada
a reliquidar y pagar las prestaciones sociales (prima de navidad, prima de servicios,
vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados) de la
señora Nancy Escalante Arias, a partir del 7 de enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre
de 2020, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante
como Juez de la República, teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del
100% de la remuneración básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente
a título de prima especial. La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en
esta sentencia siempre y cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 7 de
enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte
demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se
estableció de manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada
mensualmente como una suma adicional a la asignación básica.
CUARTO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de PRESCRIPCIÓN de los
valores reconocidos con anterioridad al 19 de agosto de 2011 de acuerdo con lo expuesto
en la parte considerativa de esta providencia.
QUINTO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011, aplicando la siguiente fórmula
de actualización: R= Rh Índice Final/Índice Inicial.
5 Samai tribunals. Índice 95.
5
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
La entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social por el
tiempo reconocido en la presente providencia, además, queda facultada para realizar los
respectivos descuentos de ley.
SEXTO: DECLARAR la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social
en pensiones que se deben realizar en favor de la parte demandante, señora Nancy
Escalante Arias en los periodos que fungió como Juez, a partir del 19 de diciembre de
1996 y hasta el 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta en la base de liquidación
pensional la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un
sobresueldo y sobre el 100% de la asignación básica mensual. También deberán
realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el periodo declarado
imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 204 de la Ley 100
de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al Sistema de Seguridad Social en
Salud debe ser igual a la contemplada en el Sistema General de Pensiones. En atención
al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada debe realizar los aportes
al sistema de seguridad social integral; además, queda facultada para realizar los
respectivos descuentos de ley al demandante con la finalidad de que se realicen los
mismos.
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: Sin condena en costas en esta instancia.
[…] ».(sic)
21. Para tal efecto, se pronunció en los siguientes términos:
21.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no tenía carácter salarial,
únicamente incidía en las cotizaciones al sistema de seguridad social, por lo que no
procedía esa pretensión pues la misma norma desestimó el carácter de factor
salarial del emolumento, decisión legislativa que fue avalada por la Corte
Constitucional en sentencia C-279 de 1996 de la cual no era posible separarse por
su fuerza de cosa juzgada constitucional y sus efectos erga omnes.
21.2. Respecto de la reliquidación de las prestaciones sociales a partir del
«menoscabo» que sufrió el salario básico en un porcentaje del 30% que fue
catalogado erróneamente como prima especial, el Consejo de Estado determinó
que la prima especial de servicios debía ser considerada como un incremento del
salario básico, y por tanto, que sus beneficiarios tenían el derecho al pago de las
diferencias surgidas ante el pago indebido y a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de la asignación básica, esto era, con inclusión del 30%
excluido por concepto de prima especial.
21.3. La prima especial no podía ser tratada como una parte del salario básico, lo
contrario habría vulnerado los principios de progresividad, favorabilidad, equidad y
remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.
6
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
21.4. Las dificultades económicas de una entidad pública no constituían razón
suficiente para la sustracción de sus obligaciones salariales y prestacionales. La
falta de presupuesto no podía condicionar la legalidad de los actos acusados y el
reconocimiento del derecho reclamado, pues bastaba con que la demandante haya
cumplido con las condiciones legales y jurisprudenciales exigidas, como sucedió en
el caso concreto.
21.5. La vigencia del artículo 8 del Decreto 194 de 2014 se extendió hasta la fecha
de expedición del Decreto 272 de 2021, en la medida en que en este decreto se
estableció y precisó que la prima especial corresponde a una suma adicional a la
asignación básica de cada empleo, en atención a la declaratoria de nulidad de los
decretos que crearon la prima referida y con el fin de acatar las sentencias de
unificación que el Consejo de Estado profirió en la materia.
21.6. La fecha de vinculación de la demandante en el cargo de juez de la República
fue el 16 de septiembre de 1985 hasta la actualidad; no obstante, el beneficio sólo
se comenzó a sufragar desde el 7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia
del Decreto 57 de 1993 que lo reglamentó.
21.7. En relación con la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria
ante el pago incompleto de las cesantías e intereses a las cesantías, el Consejo de
Estado6 aclaró que dicha sanción no se originaba ante la tardanza en el pago de
una diferencia generada por la reliquidación o ajuste de la prestación, debido a que
la normatividad no lo previó. La sanción moratoria procedía por la omisión total del
reconocimiento del emolumento, en el caso concreto, el reconocimiento adicional
se originó a partir de una reliquidación salarial y prestacional.
21.8. La demandante radicó su reclamación administrativa el 19 de agosto de 2014,
más de 3 años después de que se había hecho exigible el derecho [7 de enero de
1993], por lo que resultaron prescritas las sumas anteriores al 19 de agosto de 2011,
sin embargo, la prescripción no operó respecto de las cotizaciones a seguridad
social debido a su carácter imprescriptible, de conformidad con el artículo 1º de la
Ley 332 de 1996, además, por mandato de la misma, la prima especial hacía parte
del ingreso base para la liquidación de la pensión de jubilación y vejez.
1.4. El recurso de apelación
21.9. La DEAJ presentó recurso de apelación con fundamento en la imposibilidad
presupuestal para reconocer a los jueces las diferencias reclamadas debido a que
6 «Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección A, sentencia del 11 de noviembre de 2021,
radicación 17001-23-33 000-2018-00429-01 (4929-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas».
7
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
no contaba con ninguna apropiación presupuestal del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público que permitiera cubrir el reconocimiento de dichas acreencias
laborales y que, a la fecha de presentación del recurso de apelación, no se habían
asignado recursos para pagar los mayores valores que se generarían para conciliar
la prima especial del 30%, que recalcó, no era de carácter salarial.
21.10. Adicional a lo anterior, reiteró las excepciones propuestas en la contestación
de la demanda.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
22. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar7.
1.6. El Ministerio Público
23. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
24. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia, se circunscribe a establecer
¿si las limitaciones presupuestales por parte de la DEAJ pueden condicionar el
reconocimiento del derecho reclamado o el cumplimiento de la condena?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
26. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del congreso nacional y de la fuerza pública.
27. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
7 Samai tribunales índice 100.
8
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:
«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial8 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio
Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los
Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de
Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de
1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].
28. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto [artículos 1 y 2].
29. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».
30. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de
8 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de
24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta
libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
9
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados
del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores
Delegados de la Procuraduría General de la Nación».
31. Luego, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994,
43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474
de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006,
618 de 20079, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del
2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470
del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar10».
32. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.
33. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.
34. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
9 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la prima
especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados por la
Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de radicado
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
10 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales
no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
10
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201911, fijó, entre otras, las siguientes
pautas:
«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
1. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente
2. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
3. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
4. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
5. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.»
35. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201912.
36. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-
2016-00041-02(2204-2018).
11
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
201413 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,
pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].
14
37. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a
un valor adicional al salario básico.
2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión
38. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
13 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
Declaró la nulidad de los siguientes artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de
1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del
Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47
de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9
del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto
64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37
de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000;
9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto
1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724
de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de
2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568
de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de
2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005;
6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del
Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto
621 de 2007; y 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
14 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la sentencia del 31 de octubre de 2012,
Expediente 2001-0642, conjuez ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
12
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
39. En la sentencia del 2 de septiembre de 201915, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, a partir de la fecha de exigibilidad del derecho.
40. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».
41. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.
42. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior16 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.
43. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).
16 «ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley».
13
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
44. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0517 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor medida con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
45. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
45.1. Nancy Escalante Arias se vinculó a la Rama Judicial desde el 16 de septiembre
de 1985 «hasta la fecha», tal y como se evidencia en la constancia del 24 de abril de
202518 expedida por la DEAJ; periodo en el que desempeñó los siguientes cargos:
Cargo Desde Hasta
JUEZ MUNICIPAL 16 de septiembre de 1985 15 de enero de 1991
JUEZ MUNICIPAL 16 de enero de 1991 10 de enero de 2000
JUEZ CIRCUITO 11 de enero de 2000 5 de abril de 2000
JUEZ MUNICIPAL 6 de abril de 2000 11 de abril de 2000
JUEZ CIRCUITO 12 de abril de 2000 31 de octubre de 2001
JUEZ MUNICIPAL 1 de noviembre de 2001 La fecha.
45.2. La remuneración mensual fue fraccionada, como se evidencia, por ejemplo, en
el «Informe de Histórico Acumulados Concepto/Empleado»19 así:
DEVENGADO 31 de marzo de 2000 31 de marzo de 2015
SUELDO BASICO $ 2.332.085,00 $ 3.642.878,00
PRIMA ESPECIAL $ 699.626,00 $ 1.092.864,00
SERVICIOS(2)
Total pagado $ 3.031.711 $ 4.735.742
17 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01
(0088-2015)
18 Samai tribunales. Índice 90. 42RecibeMemorial_RV_PruebasTramiteInc (.zip). TSER
ESCALANTE ARIAS NANCY.
19 Archivo 2000-2015 ibidem.
14
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
Remuneración mensual básica para el Remuneración mensual básica para el
cargo de juez del circuito Decreto 2740 cargo de juez municipal Decreto 1257
del año 2000 de 2015
$ 3.311.538 $ 4.956.427,57
45.3. El 19 de agosto de 201420 la demandante solicitó a la DEAJ i) la reliquidación y
pago retroactivo, indexado con los respectivos intereses moratorios y sanciones por
el no pago de todas las prestaciones sociales, primas, bonificaciones, cesantías,
intereses de las cesantías, y las demás a que haya lugar, con base en el 100% del
salario mensual, con la inclusión de la prima especial como factor salarial, desde el
16 de enero de 1991 hasta la fecha efectiva de pago.
45.4. La DEAJ emitió la Resolución 2082 del 22 de agosto de 201421 mediante la
cual negó la petición de la demandante con fundamento en que el gobierno nacional
expedía anualmente los decretos sobre el aumento salarial ante lo cual la DEAJ
solo daba estricto cumplimiento a lo ordenado por el gobierno; ii) la prima especial
no tenía un carácter salarial; iii) la DEAJ estaba sometida al imperio de la ley y dio
estricto cumplimiento, en razón de lo anterior, no tenía facultades de interpretación
e inaplicación, debido a que era una competencia de los jueces a través de sus
sentencias, el proceder de la administración estuvo circunscrito a la aplicación
correcta de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993.
45.5. El 8 de octubre de 2014 Nancy Escalante Arias presentó recurso de apelación22
contra la Resolución 2082 del 22 de agosto de 2014 con fundamento en que la DEAJ
excluyó la prima especial de carácter salarial de las prestaciones sociales
liquidadas, por lo que, vulneró su derecho a recibir en forma íntegra, completa y
oportuna sus acreencias laborales y prestacionales, en deuda de lo correspondiente
al 30% de prima especial.
45.6. Mediante la Resolución 4492 del 23 de julio de 2015 la entidad demandada
confirmó la resolución recurrida y negó lo solicitado por la demandante.
2.3.2. Análisis sustancial del caso concreto
46. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de los actos acusados y, a
título de restablecimiento del derecho condenó a la entidad demandada a la
reliquidación y pago «de las prestaciones sociales (prima de navidad, prima de servicios,
20 Samai tribunales. Índice 47. 4_ExpedienteDigital_CuadernoPrincipalPar (.pdf), páginas 5 a 11
21 Páginas 12 a 15 ibidem.
22 Páginas 16 a 17 ibidem.
15
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, de la
demandante a partir del 7 de enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre de 2020, en todo
caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como Juez de la
República, teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100% de la
remuneración básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de
prima especial»; y ii) a realizar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones y
en salud desde el 19 de diciembre de 1996 y hasta el 31 de diciembre de 2020, teniendo
en cuenta en la base de liquidación pensional la prima especial de que trata el artículo 14
de la Ley 4a de 1992 como un sobre sueldo y sobre el 100% de la asignación mensual».
47. La DEAJ cuestionó la anterior decisión con fundamento en que la entidad no
contaba con la apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público que permitiera cubrir el reconocimiento de dichas acreencias
laborales y que, a la fecha de presentación del recurso de apelación, no se habían
asignado recursos presupuestales para pagar los mayores valores que se
generarían para conciliar la prima especial del 30%, que recalcó, no era de carácter
salarial. Además, reiteró las excepciones propuestas en la contestación de la
demanda.
2.3.2.1. En torno a la prima especial de servicio del 30% prevista en la Ley 4ª
de 1992
48. La prima especial de servicios del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 constituye un emolumento adicional al salario básico mensual, que solo tiene
carácter salarial para efectos pensionales. Así lo definió expresamente la Ley 332
de 1996 al disponer que esta prestación solo integra el ingreso base de liquidación
para la pensión de jubilación, lo que excluye cualquier incidencia en otras
prestaciones sociales.
49. Este criterio ha sido reiterado por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
entre otras, en las sentencias del 2 de septiembre de 201923 y 15 de diciembre de
202024, en las cuales se precisó que dicha prestación únicamente puede
considerarse como factor salarial para efectos pensionales, de manera que su
reconocimiento en otros ámbitos implicaría desconocer el marco legal y exceder la
voluntad del legislador.
50. Esta tesis se acompasa con lo definido por la Corte Constitucional24 al declarar
la exequibilidad del aparte «sin carácter salarial» que previó el legislador en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, situación a la que quedó sujeta la prima especial de
servicios contenida en dicha norma. Al respecto la Corte precisó que «[e]l considerar
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
24 Al respecto ver las sentencias C-279 de 1996; C-052 de 1999.
16
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del
especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al
trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
51. Ahora bien, en el proceso se demostró que Nancy Escalante Arias se desempeñó
como juez municipal y de circuito durante varios periodos desde el 16 de septiembre
de 1985, por lo menos, hasta el 24 de abril de 2025 fecha en que se expidió la
constancia de los cargos desempeñados, en ese entendido era beneficiaria de la
prima especial prevista en la Ley 4 de 1992, emolumento que debió ser reconocido
como un valor adicional a su ingreso y no como un descuento de este.
52. Sin embargo, la demandante pretendió que se reconociera la prima especial de
servicios como factor salarial y se reliquidaran y pagaran todas sus prestaciones
sociales «para lo cual deberá incluirse en nómina, es decir que se proceda a pagar el
mayor valor de la diferencia entre el valor a reliquidar y lo pagado ya como carga
prestacional», pretensión que no prosperó en primera instancia.
53. En ese sentido la Sala advierte que las pretensiones se fundaron en una premisa
inexacta, pues la prima especial de servicios no tiene carácter salarial. El gobierno
nacional reglamentó el pago de esta prestación en el 30% dentro del salario básico
de los servidores, y no como un emolumento adicional.
54. Como consecuencia de lo anterior, se ha determinado que hay lugar al
reconocimiento del 30% restante de la remuneración mensual dejada de pagar y la
reliquidación de las prestaciones sociales que fueron calculadas con una base
salarial desmejorada y se pagó como si se tratara de la prima especial de servicio y
no a que tal beneficio tenga carácter salarial.
55. Así las cosas, de acuerdo con la posición del Consejo de Estado sobre el
particular, la prima especial de servicios debe ser reconocida de manera adicional
al salario básico fijado por el gobierno nacional para cada anualidad y no debe
entenderse contenida en la asignación básica, pero de ningún modo se determinó
que tuviera carácter salarial para el cálculo de las prestaciones sociales con
excepción de los aportes pensionales.
56. No obstante, el a quo reconoció la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales teniendo en cuenta «una base de liquidación del 100% de la remuneración
básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial»
cuando lo realmente pretendido por la demandante era que se tenga la prima
especial de servicios como factor salarial, por lo que el tribunal excedió lo pretendido
17
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
en la demanda.
57. Sin embargo, comoquiera que la entidad demandada no alegó dicha situación, la
sala no hará pronunciamiento alguno al respecto, en tanto no fue objeto del recurso
de apelación.
2.3.2.2. En torno a la imposibilidad presupuestal para el pago de las sumas
reclamadas
57. En relación con este argumento la Sala destaca que, de conformidad con lo
previsto en el parágrafo del artículo 334 de la Constitución, ninguna autoridad puede
invocar la sostenibilidad fiscal para limitar, afectar o negar la protección de los
derechos fundamentales. En concordancia con lo señalado por la Corte
Constitucional25, esta situación no es una justificación que valide el incumplimiento
de las obligaciones laborales y prestacionales por parte de las entidades públicas,
de tal manera que carece de sustento legal y jurisprudencial para afectar el derecho
reclamado; por lo tanto, le corresponde a la administración reconocer y pagar los
derechos causados a pesar de las dificultades financieras que se pudieran
presentar, para lo cual deberá «cre[ar] una partida presupuestal, si no existiere, o […]
reali[zar] las operaciones necesarias para obtener los fondos, bajo el entendido de que los
créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan de prelación constitucional».
58. En consecuencia, la alegada imposibilidad económica y presupuestal de la
entidad no constituye una razón válida para justificar la negativa del derecho
reconocido a la demandante, pues las limitaciones financieras no exoneran a la
administración del cumplimiento de sus obligaciones laborales y prestacionales. Por
lo tanto, se confirmará la decisión del tribunal que declaró la nulidad de los actos
demandados y ordenó el restablecimiento del derecho.
2.3.2.3. En torno al fenómeno de la prescripción
59. De conformidad con lo previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y
102 del Decreto 1848 de 1969 «[l]as acciones que emanan de los derechos consagrados
en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir
de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible» lo que impone
considerar de un lado, la fecha de la norma que creó el emolumento reclamado; y
del otro, y con mayor importancia, implica analizar las fechas en las que se prestó
el servicio, de manera que se pueda predicar la existencia de un derecho.
60. Esto es así, porque la inclusión del 30% de la prima especial de servicios como
factor salarial no se hizo exigible a partir de la sentencia de « unificación» proferida
25 Ver sentencias SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.
18
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
por el Consejo de Estado el 29 de abril de 2014, sino por virtud de lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y los decretos que año a año establecían el
salario.
61. En este caso, Nancy Escalante Arias presentó la reclamación el 19 de agosto de
2014, por lo tanto, los periodos reclamados anteriores al 19 de agosto de 2011 se
encontraban afectados por el fenómeno de la prescripción tal como lo determinó el
a quo.
62. Así las cosas, se adicionará y modificará el ordinal tercero de la sentencia
apelada para precisar que lo reconocido en la sentencia de primera instancia opera
desde el 19 de agosto de 2011 y hasta tanto se desempeñe en alguno de los cargos
que la hace beneficiaria de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, teniendo en cuenta la entrada en vigencia del Decreto 272 de
2021, que regularizó su pago con efectos desde el 1 de enero de 2021, sin que en
ningún caso se supere los topes fijados por el gobierno nacional.
63. Ahora bien, el a quo ordenó el pago de los aportes al sistema de seguridad social
en pensiones a partir del 1 de diciembre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2020,
teniendo en cuenta la base de liquidación pensional y la prima especial como un
«sobresueldo» no obstante, la orden debe ser modificada, teniendo en cuenta que
desde el 7 de enero de 1993 fecha de entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993,
hasta la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996, esto es desde el 19 de diciembre
de 1996, los aportes deben calcularse con base en el 100% de la remuneración
básica mensual al estar comprobado el fraccionamiento del salario y que la
demandante ostento el cargo de juez en ese periodo. Asimismo, desde la entrada
en vigencia de la Ley 332 de 1996 en adelante los aportes deberán calcularse con
base en el 100% de la remuneración básica mensual más el 30% correspondiente
a la prima especial de servicios. Por lo cual se modificará y se adicionará el ordinal
sexto de la sentencia apelada en este sentido.
64. El cumplimiento de la condena estará condicionado a que la entidad demandada
no haya realizado otro pago a la parte demandante por los conceptos aquí
reconocidos.
65. Frente a la reiteración de las excepciones propuestas en la contestación de la
demanda, esta Sala advierte que el apelante no realizó manifestación o explicación
por lo menos somera frente a la inconformidad con la sentencia de primera
instancia, en todo caso la prescripción se analizó y se trató en esta instancia. Ahora
bien, respecto de la inexistencia de causa para demandar, se reitera que la
demandante tenía interés y causa para reclamar el reconocimiento y pago de su
19
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
salarios y prestaciones sociales.
2.4. Costas
66. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
67. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
68. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma26.
69. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
70. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
3. Conclusión
71. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la imposibilidad
económica y presupuestal invocada por la entidad no constituye justificación válida
para incumplir con las obligaciones laborales y prestacionales.
26En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
20
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
72. Por otra parte, se adicionará y modificará el ordinal tercero de la sentencia
apelada para precisar que lo reconocido en la sentencia de primera instancia opera
desde el 19 de agosto de 2011 y hasta tanto se desempeñe en alguno de los cargos
que la hacen beneficiaria de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, teniendo en cuenta la entrada en vigencia del Decreto 272 de
2021, sin que en ningún caso se supere los topes fijados por el gobierno nacional.
73. También se modificará y adicionará el ordinal sexto de la sentencia apelada para
efectos de precisar que los aportes a seguridad social en pensiones deberán
realizarse con base en las siguientes reglas: i) desde el 7 de enero de 1993 fecha
de entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993, hasta la entrada en vigencia de la
Ley 332 de 1996, los aportes deben calcularse con base en el 100% de la
remuneración básica mensual; ii) desde la entrada en vigencia de la mencionada
ley esto es desde el 19 de diciembre de 1996 y hasta la fecha en que la demandante
haya fungido en el cargo que la hace beneficiaria de dicha prima, los aportes se
calcularán con base en el 100% de la remuneración básica mensual más el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios.
74. En consecuencia, la Sala confirmará parcialmente la sentencia proferida el 15 de
mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Conjueces.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia del 15 de mayo de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, Sala de Conjueces.
Segundo. Modificar y adicionar el ordinal tercero de la sentencia de primera
instancia el cual quedará de la siguiente manera:
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la parte demandada a
reliquidar y pagar las prestaciones sociales (prima de navidad, prima de servicios,
vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados) a
Nancy Escalante Arias, a partir del 19 de agosto de 2011 y hasta el 31 de diciembre de
2020, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como
juez de la República, teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100%
de la remuneración básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título
de prima especial. La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta
sentencia siempre y cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 19 de agosto
de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte actora, sin
pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de
21
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como
una suma adicional a la asignación básica.
El cumplimiento de la condena estará condicionado a que la entidad demandada no haya
realizado otro pago a la parte demandante por los conceptos aquí reconocidos y en ningún
caso podrá superar los topes fijados por el gobierno nacional.
Tercero. Modificar y adicionar el ordinal sexto de la sentencia de primera instancia
el cual quedará así:
SEXTO: DECLARAR la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social
en pensiones, por lo cual la entidad demandada deberá reconocer y pagar la diferencia
en los aportes realizados a favor de la parte demandante, Nancy Escalante Arias, con
base en las siguientes reglas: i) desde el 7 de enero de 1993 fecha de entrada en vigencia
del Decreto 57 de 1993 que reglamentó la Ley 4ª de 1992, y hasta la entrada en vigencia
de la Ley 332 de 1996 los aportes se calcularán con base en el 100% de la remuneración
básica mensual; ii) desde la entrada en vigencia de la mencionada ley esto es desde el
19 de diciembre de 1996 y hasta la fecha en que la demandante haya fungido en el cargo
que la hace beneficiaria de dicha prima, los aportes se calcularán con base en el 100%
de la remuneración básica mensual más el 30% correspondiente a la prima especial de
servicios. También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud
por el periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1º del
artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al
Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual a la prevista en el Sistema General
de Pensiones. En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad
demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social integral; además,
queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley al con la finalidad de que
estos se realicen.
El cumplimiento de la condena estará condicionado a que la entidad demandada no haya
realizado otro pago a la parte demandante por los conceptos aquí reconocidos y en ningún
caso podrá superar los topes fijados por el gobierno nacional.
Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
22
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00337-02 (2831-2025)
Demandante: Nancy Escalante Arias
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SSPS
23
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.