Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00422-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00422-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2016-00422-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2016-00422-01 (4531-2021)
Demandante: Alba Ruby Imbago Valenzuela
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Temas: Nivelación salarial por cumplimiento de funciones de un cargo de
mayor jerarquía. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, contra
la sentencia proferida el veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Alba Ruby Imbago Valenzuela instauró demanda contra el departamento
del Valle del Cauca en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES 1
Que se declare la nulidad del Oficio 0102-035-01 del 9 de noviembre de 2015.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la
diferencia salarial y prestacional existente y causada entre los empleos de
profesional universitario código 219-01 en el cual se encuentra vinculada y el de
profesional especializado código 222-07, cargo cuyas funciones ejerce desde el 1
de marzo de 2003 hasta la fecha.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1 Demanda folios 106 a 117.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601-350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2016-00422-01 (4531-2021)
Que ingresó a prestar los servicios en la gobernación del Valle del Cauca el 16 de
julio de 1996 en el cargo de profesional – ciencias económicas en el Departamento
Administrativo de Planeación.
Que mediante Decreto 0119 del 23 de febrero de 2000 fue incorporada al empleo
de profesional universitario código 340 grado 09 y a través de Decreto 0616 del 29
de septiembre de 2000 fue encargada como profesional especializado código 335
grado 11 adscrito a la Secretaría de Planeación, el cual se dio por terminado con la
expedición del Decreto 0087 de 2003 donde se ordenó el reintegro al cargo de
profesional universitario 340-01 a partir del 1 de marzo de 2003, según la nueva
nomenclatura y escala de remuneración prevista en el Decreto 651 del 8 de abril de
2002.
Que a pesar de que formalmente se terminó el encargo y que se había suprimido el
cargo de profesional especializado desde marzo de 2003, los distintos secretarios
de planeación y jefes inmediatos continuaron fijando las obligaciones y funciones
del empleo de profesional especializado, las que se han cumplido de manera
ininterrumpida hasta la fecha.
Que en el año 2008 se modificó nuevamente la escala de remuneración y el código
de los empleos, los cuales quedaron así:
Profesional universitario 219-01
Profesional especializado 222-07
Que en diciembre de 2014 presentó derecho de petición donde pidió la diferencia
salarial, solicitud que, ante el silencio de la administración, se reiteró el 3 de agosto
de 2015 sin obtener respuesta, por lo que presentó acción de tutela donde se ordenó
a la entidad resolver las peticiones presentadas, situación por la que se profirió el
acto administrativo acusado.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó como vulnerados los artículos 2, 6, 25, 29, 53, 125 y 209 de la Constitución
Política, el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, artículos 44, 103, 137 y
138 del CPACA.
Sostuvo que todo trabajo debe ser remunerado de acuerdo con las actividades,
funciones y responsabilidades que tenga asignado el empleo, esa es la razón de
ser para que existan en las entidades públicas los manuales de funciones y
requisitos y las escalas de remuneración, lo que permite distinguir entre uno y otro
empleo.
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-00422-01 (4531-2021)
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 8 de agosto de 2016.2 La entidad no contestó.3
El 13 de julio de 2017 se llevó a cabo la audiencia inicial 4 y la audiencia de pruebas
se celebró el 29 de agosto de 2017.5
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de la
demanda. En consecuencia, declaró la nulidad del acto acusado y ordenó a la
demanda a reconocer y pagar a la señora Alba Ruby Imbago Valenzuela la
diferencia salarial y prestacional existente entre el cargo de profesional universitario,
código 219, grado 01 y el de profesional especializado, código 222, grado 07, de
conformidad con la nomenclatura definida en el Decreto departamental 0699 de
2005, por el periodo comprendido entre enero 1º de 2009 y diciembre 31 de 2012.
Para ello realizó un estudio de la constancia expedida por el subsecretario de
Recursos Humanos del departamento del Valle del Cauca, el 24 de enero de 2011,
donde se certificaron los cargos y funciones desempeñadas, para luego considerar
que si bien la demandante ocupó el de profesional especializado código 222, grado
07 en encargo6 entre el 4 de octubre de 2000 y el 28 de febrero de 2003, cumplía
con los requisitos para su ejercicio, teniendo en cuenta no solo la designación que
se había efectuado en precedencia, sino también que esta situación no fue discutida
por la demandada y al hecho de que el manual de funciones y competencias
laborales continuó siendo el mismo hasta el año 2011, cuando fue ajustado.
Que una vez finalizó el encargo en el empleo de profesional especializado, la
demandante siguió ejerciendo las funciones de este, entre los años 2009 a 2012, lo
que se concluye esencialmente al constatar los documentos donde se dice que
como funcionaria de la Secretaría de Planeación, Subsecretaría de Estudios
Socioeconómicos, desempeñó labores como:
• Ser el enlace de la Secretaría de Planeación Departamental para adelantar informe
de rendición de cuentas, de acuerdo con la Circular interna 291 del 10 de noviembre
de 2009.
• Facilitadora institucional del SIG según oficio de reconocimiento SAD 111664 del
25 de marzo de 2010, suscrito por el representante de la Dirección Gerente de
Implementación del SGC-MECI de la Secretaría de Planeación y mención honorífica
del 21 de octubre de 2011.
2 Folio 120.
3 Folio 130.
4 Folios 144 y 145.
5 Folios 169 y 170.
6 De conformidad con la nomenclatura definida en el Decreto Departamental 0699 de 2005.
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-00422-01 (4531-2021)
• Coordinadora departamental de estratificación de la gobernación, conforme se
indica en los oficios de 22 de febrero y 16 de junio de 2011, firmados por el
coordinador de estratificación del DANE y el secretario de planeación
departamental.
• Apoyo profesional en el tema de regalías en la Subsecretaría de Inversión y
Gestión de Recursos, Banco de Proyectos, señalado en oficio del 23 de agosto de
2012 suscrito por el secretario de planeación departamental.
Que las anteriores labores y en especial las de coordinar el proyecto de
estratificación, apoyar en el Sistema Integral de Gestión y los temas de regalías,
son funciones muy puntuales que, de manera expresa, la entidad demandada
certificó que debían ser ejecutadas por un profesional especializado código 222,
grado 07.
Que a pesar de que la demandante reasumió el cargo de profesional universitaria,
aquella ejerció labores durante los años 2009 y 2012 que eran propias del empleo
de profesional especializado, información que resulta consonante con lo declarado
en los testimonios que se practicaron dentro del proceso, rendidos por los señores
Miriam de la Cruz Quiceno Ramírez y José Fredy Lenis, quienes manifestaron ser
compañeros de trabajo y tener un vínculo de amistad con la actora, asegurando de
manera general y sin mayor certeza que la misma siempre había desempeñado las
funciones correspondientes al profesional especializado, sin dar fe o señalar una
fecha concreta de los periodos en que les constara la prestación de ese servicio.
RECURSO DE APELACIÓN
La entidad demandada interpuso recurso de apelación expresando que con la
documentación referida por el tribunal lo que se está demostrando es que la
demandante siguió ejerciendo las funciones de su cargo inicial el cual corresponde
a profesional universitario grado 340-01.
Que con la constancia expedida por el subsecretario de Recursos Humanos del 24
de enero de 2011, lo que se establece no es que la señora Imbago Valenzuela,
después de haber terminado su encargo mediante Decreto 0087 de 2003, haya
continuado ejerciendo funciones de especialista pues si se observa detenidamente
la referida certificación en ningún momento se hace alusión a las funciones del cargo
de especialista por lo que considera lo allí anotado no se puede descontextualizar.
Que el jefe inmediato puede asignar otras funciones diferentes a las expresamente
contempladas en el respectivo manual de funciones y requisitos de la entidad, de
acuerdo con las necesidades del servicio, los fines y objetivos propios de cada
entidad, pero, dentro del contexto de las funciones propias del funcionario y de
acuerdo al cargo que ejerce y para el cual ha sido nombrado.
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-00422-01 (4531-2021)
Que con las pruebas testimoniales tampoco se puede tener certeza de que la
demandante haya ejercido de manera continua por más de trece años las funciones
de profesional especializada.
Que el empleado público que pretenda el reconocimiento de la nivelación salarial
deberá acreditar que cumplió la misma función asignada al cargo de cual reclama
el salario, que el empleado tiene idénticas responsabilidades y categorías y además
que reúne los requisitos que se exija para ocuparlo. Cumpliendo estos presupuestos
es posible emplear el principio de a trabajo igual, salario igual, establecido en el
artículo 53 de la Constitución.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 23 de febrero de 2022 se admitió el recurso de apelación. Las partes guardaron
silencio.
El Ministerio Público emitió concepto en el que solicitó se confirme la sentencia de
primera instancia para lo cual precisó que si bien la demandante retornó
formalmente al empleo de profesional universitario en virtud del Decreto 87 del 25
de febrero de 2003, con el que se dio por terminado su encargo como profesional
especializado, continuó desarrollando funciones propias como profesional
especializado código 222-07, por lo cual tiene derecho a la nivelación salarial de
conformidad con la nomenclatura definida en el Decreto 0699 de 2005, pues,
además de cumplir los requisitos para desempeñarlo, acreditó que entre los años
2009 y 2012 ejerció funciones propias de tal cargo de conformidad con los
testimonios de los señores Myrian de la Cruz Quiceno Ramírez y José Fredy Lenis.
Que los documentos que obran en el expediente dan cuenta de que, a pesar de
haberse reincorporado formalmente como profesional universitario una vez se dio
por terminado el encargo de profesional especializado, conservó las labores de
coordinación del proyecto de estratificación y continuó apoyando el sistema de
gestión integral de los temas referentes a las regalías.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala debe determinar si es ajustada a derecho la decisión de acceder a las
pretensiones de la demanda o si, por el contrario, no está acreditado que la
demandante tiene derecho a que le sean reconocidas las diferencias salariales y
prestacionales entre el cargo de profesional universitario respecto del empleo de
profesional especializada.
Nivelación salarial cuando las funciones se equiparan a un cargo de mayor
jerarquía
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-00422-01 (4531-2021)
En materia de equivalencia de esquemas remunerativos cuando se alega por la
parte activa el desempeño de facto de una misma posición jerárquica al interior de
una entidad, pero con menor salario al de su par, esta Subsección precisó las
condiciones para la procedencia de tal clase de pretensiones, al indicar: 7
Quien pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que cumple
resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor salario, debe
acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que este, b) contaba con la misma
preparación y c) debe acreditar los requisitos que exige el empleo. El incumplimiento
de esta carga procesal trae consecuencias desfavorables para la parte por cuanto al
no probar los supuestos de hecho que alega se somete a que la decisión se profiera
en su contra, ya sea con fundamento en lo probado por la otra parte o por la ausencia
de pruebas que avalen sus alegatos .
Respecto de este planteamiento, la Corte Constitucional también ha precisado: 8
En estas condiciones, “el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios de
sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hallándose todos en igualdad
de condiciones”. Sin embargo, es preciso advertir que la igualdad predicada obedece
a criterios objetivos y no meramente formales, aceptando entonces homogeneidad
entre los iguales, pero admitiendo también diferenciación ante situaciones
desiguales...”
[…]
7.- Respecto del tema específico de la igualdad en materia salarial, ya la Corte se
pronunció para determinar los eventos en los cuales ella debe ser igual entre dos
trabajadores. Esto ocurre cuando se reúnen los siguientes presupuestos fácticos: i)
ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma
preparación, iv) coinciden en el horario y, finalmente, cuando (v) las responsabilidades
son iguales.
Lo anterior se sustenta en la medida en que el juicio de igualdad en el ámbito de las
controversias derivadas del trabajo no puede ser formal sino objetivo y material, tal
como lo ha reiterado la Corte Constitucional: 9
Por lo tanto no toda desigualdad o diferencia de trato en materia salarial constituye
una vulneración de la Constitución, pues se sigue aquí la regla general la cual señala
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado: 25000-
23-42-000-2018-01389-01 (3074-2021), posición reiterada en sentencia del 29 de febrero de 2023 radicado
25000-23-42-000-2018-01454-01 (3652-2022).
8 Sentencias T- 027 de 1997, SU-111 de 1997 y T-272 de 1997 Corte Constitucional. Esa Corporación también
señaló al respecto en la sentencia del 19 de julio de 2007 Radicado 454 A-2007 lo siguiente: «Al respecto, se
ha afirmado que ''en materia salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma
categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas responsabilidades, deben ser remunerados en la
misma forma y cuantía, sin que la predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda
interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en relación con la
cantidad y calidad de trabajo'' Sentencia SU-519 de 1997 […]».
9 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente: T-
3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha corporación en el expediente:
D-113. Se aclara en este punto que a pesar de que la primera de las providencias referidas es de revisión de
tutela con efectos inter partes, lo cierto es que dentro de su parte considerativa se desarrolló una regla
jurisprudencial de aplicación homogénea en clave de precedente relacionada con lo casos en los que se invoca
la igualdad para efectos de nivelación salarial.
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-00422-01 (4531-2021)
que un trato diferente sólo se convierte en discriminatorio (y en esa medida en
constitucionalmente prohibido) cuando no obedece a causas objetivas y razonables,
mientras que el trato desigual es conforme a la Carta cuando la razón de la diferencia
se fundamenta en criterios válidos constitucionalmente. En consecuencia no toda
diferencia salarial entre trabajadores que desempeñan el mismo cargo vulnera el
principio “a trabajo igual salario igual”, como quiera que es posible encontrar razones
objetivas que autorizan el trato diferente.”
6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional,
propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse
ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo
régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo, son comparables y,
no obstante ello, reciben una remuneración diferente. Se insiste entonces en que la
discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro
objetivo, discernible y razonable, que justifique la diferenciación.
Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de evaluación
y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura institucional de las dependencias
públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima facie análogos; y (iii)
la distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se generan
diferentes escalas salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles
para el acceso a dichos empleos.» (Cursiva según la transcripción).
Estas consideraciones implican que en los asuntos donde se afirma una presunta
igualdad basada en el ejercicio homogéneo de funciones que le corresponden a un
empleo con mejor remuneración, y en el cumplimiento exacto de requisitos o perfiles
para desempeñar la misma actividad, tales hechos tendrán que valorarse en
conjunto con todas las condiciones particulares de cada cargo en contraste desde
diferentes aristas objetivas, en orden de fijar un criterio de equiparación viable en lo
relativo a la nivelación salarial, en la medida en que un examen adecuado para
hallar un trato discriminatorio únicamente puede ser predicado entre pares exactos
y no entre similares con ciertas divergencias.10
En materia de pruebas, esta Subsección,11 tiene dicho:
Conforme a lo esbozado, se precisa que quien pretenda el pago de una diferencia en
su remuneración porque considera que las funciones y demás condiciones que
cumple resultan asimilables a las de otro empleo cuya asignación es mayor, debe
acreditar necesariamente que existe un criterio de igualdad entre los dos para poder
evidenciar si se presenta un trato disímil injustificado, aspecto que solo se logra si se
comprueba fehacientemente que quien está en la supuesta situación desfavorable: a)
cumplía las mismas funciones y tenía iguales responsabilidades que las de la plaza
comparada, b) contaba con idéntica preparación o perfil al de un funcionario que
ocupa el cargo contrastado, y c) acreditaba la totalidad de requisitos exigidos para
desempeñar el empleo cotejado.
10 La mentada tesis jurídica ya fue advertida por esta misma Subsección en sentencia del 15 de julio de 2021,
proferida en el proceso con radicado: 73001-23-33-000-2016-00616-01 (0047-2018).
11 Ibidem.
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-00422-01 (4531-2021)
Resolución del caso concreto
En atención a los elementos probatorios que reposan en el expediente, la
Subsección advierte desde ya que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca debe ser revocada. Lo anterior, en razón a que,
la comparación realizada entre las funciones que la actora ejecutó en su calidad de
Profesional Universitario y aquellas que -según su dicho- correspondían al empleo
de Profesional Especializado, no reflejan la similitud necesaria para avalar la
nivelación salarial reclamada.
Uno de los argumentos de reproche que propuso la entidad demandada es que con
la constancia expedida por el subsecretario de Recursos Humanos del
departamento del Valle del Cauca, del 24 de enero de 2011, no se establece que la
señora Imbago Valenzuela después de haber terminado el encargo haya continuado
ejerciendo funciones de especialista, por lo que el referido documento no se puede
descontextualizar.
Revisada la constancia expedida el 24 de enero de 2011 12, se encuentra que la
conclusión a la que arribó el tribunal de que las funciones ejercidas por la
demandante cuando perteneció a los equipos conformados por los Decretos 1011
del 30 de septiembre de 2008 13 y 1529 de 6 de noviembre de 2009, 14 fueron
ejercidas en el cargo de profesional especializado código 222 grado 07, resulta
inexacta.
En efecto, de la lectura del documento, el cual no se transcribirá in extenso dado su
contenido, se advierte que lo que certificó el subsecretario de Recursos Humanos
fue:
• Que la señora Alba Ruby Imbago Valenzuela labora en la gobernación del
Valle del Cauca desde el 16 de julio de 1996 hasta esa fecha.
• Las funciones del cargo de profesional universitario código 219, grado 01
(cargo titular) en la Secretaría de Planeación (Subsecretaría de Estudios
Socioeconómicos y Subsecretaría de Proyectos de Inversión y Gestión de
Recursos) y en la Secretaría de Vivienda y Desarrollo (Área Social y Vivienda
Rural y Urbana).
• Las funciones del cargo de profesional especializado 15 (encargo) (2 años,
4 meses, 28 días) en la Secretaría de Planeación (Subsecretaría de Estudios
Socioeconómicos).
• Funciones ejercidas cuando perteneció a los equipos conformados por
Decretos 1011 del 30 de septiembre de 2008 y 1529 de 6 de noviembre de
12 Folios 26 a 30 Cuaderno físico de primera instancia.
13 A través del cual se conformó el Equipo de Agentes de Cambio de la Gobernación del Valle del Cauca para
la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, (SGC) y del Modelo Están dar de
Control Interno (MECI)
14 Por el cual se conformó el Equipo operativo del Sistema Integrado de Gestión (E-SIG26), de la Gobernación
del Valle del Cauca para el diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión, (SIG).
15 En el certificado no se especifica código o grado.
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-00422-01 (4531-2021)
2009.
El tribunal al realizar un cuadro comparativo a manera de conclusión del certificado
que obra en el expediente, incurre en las siguientes imprecisiones:
1. No se tiene certeza de que el cargo de profesional especializado certificado sea
el correspondiente al código 222, grado 07, que se pide en la demanda, pues no se
especifica dato alguno al respecto, como tampoco obran elementos probatorios en
el expediente que permitan establecer cuáles son las funciones de este empleo.
Repárese que el Decreto 651 del 8 de abril de 2002, referido por la demandante,
por el cual se expidió el manual de funciones y requisitos de los empleos de la planta
de personal del departamento del Valle del Cauca no reposa en el expediente,
situación que fue advertida de manera puntual por el tribunal en la sentencia 16,
escenario que permite a la Sala cuestionar por qué la primera instancia concluyó
que el manual de funciones y competencias laborales continuó siendo el mismo
hasta el año 2011, cuando no existe prueba que sustente lo dicho.
Resulta importante precisar que, según la demandante, una vez finalizó su encargo
como profesional especializado código 3351117 en el año 2003,18 continuó
ejerciendo iguales funciones hasta el año 2015. Adicionalmente en la demanda se
indicó que en el año 2008 se modificó la escala de remuneración y el código de los
empleos, afirmación que no encuentra sustento probatorio alguno en el expediente.
Entonces si las funciones certificadas pertenecen a las ejercidas durante el encargo
de «profesional especializado código 33511», no son las correspondientes al
empleo pretendido en la demanda código 222, grado 07, nomenclatura que
aparentemente fue variada, lo que implicaría estudiar con detenimiento, para
efectos de acceder a las pretensiones, cuáles fueron las funciones y requisitos
determinados a través de los correspondientes actos administrativos y si en efecto
fueron cumplidas a cabalidad por la demandante.
2. Las funciones ejercidas por la demandante cuando perteneció a los equipos
conformados por Decretos 1011 del 30 de septiembre de 2008 y 1529 de 6 de
noviembre de 2009, no fueron en el empleo de profesional especializado código
222, grado 07, pues de la lectura del documento, como atrás se indicó, no se
desprende dicha conclusión.
3. Sostuvo el tribunal que la nivelación salarial pretendida con respecto al cargo de
profesional especializado código 222, grado 07 de conformidad con la nomenclatura
definida en el Decreto 0699 de 2005 estaba llamada a prosperar, sin advertir que
16 Ver página 17 de la providencia de primera instancia.
17 Cargo para el cual fue encargada mediante Decreto 0616 del 29 de septiembre de 2000 (folios 26 a 28).
18 A través de Decreto 0087 del 25 de febrero de 2003 (folios 30 a 33)
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Radicación: 76001-23-33-000-2016-00422-01 (4531-2021)
en el expediente no reposa el mencionado decreto para que pueda considerarse en
el presente asunto que esa nomenclatura efectivamente está allí contenida.
De hecho, de la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que sobre
ese acto administrativo solamente se hace mención en la parte considerativa del
Decreto 1338 del 21 de septiembre de 2009 19 por medio del cual se incorporó a la
demandante en la planta de cargos de la gobernación del Valle del Cauca en el
cargo de profesional universitario código 219, grado 01.
Conforme a lo expuesto y debido a la falta de evidencia que respalde la tesis de l a
parte activa sobre la supuesta discriminación salarial a la que se vio sometida, para
la Subsección resulta claro que se configura un incumplimiento frente a la carga
probatoria en lo que respecta a la demostración de los supuestos de hecho y
jurídicos que alega para el reclamo de su derecho, mandato que se encuentra
contenido en el artículo 167 del CGP.
Ahora, el tribunal consideró que una vez finalizó el encargo en el empleo de
profesional especializado, la señora Imbago Valenzuela siguió ejerciendo las
funciones propias de aquel cargo «por lo menos, sin asomo de duda, entre los
años 2009 a 2012, lo que se concluye esencialmente al constatar los
documentos visibles a folios 34 y siguientes»20
Los documentos a los cuales hace referencia el tribunal son los siguientes:
Circular interna 23 del 10 de noviembre de 2009 del secretario de planeación
departamental donde se designó algunos funcionarios, entre ellos a la demandante,
como enlaces para la rendición de cuentas. 21
Oficio SAD 111664 del 25 de marzo de 2010 dirigido a la demandante en su calidad
de profesional universitaria de la Secretaría de Planeación por el secretario de
planeación departamental a través del cual la gerencia del Proyecto Sistema
Integrado de Gestión, le hace un reconocimiento especial por su labor como
facilitadora institucional del SIG. 22
Mención honorífica concedida a la demandante el 21 de octubre de 2011, firmada
por el secretario de Planeación Departamental. 23 En el referido documento se
refieren a la señora Alba Ruby también como profesional universitaria de la
Secretaría de Planeación.
19 Folios 31 a 33 cuaderno físico antecedentes administrativos.
20 Negrillas para resaltar.
21 Folios 36 y 37.
22 Folio 34.
23 Folio 35 .
10
Radicación: 76001-23-33-000-2016-00422-01 (4531-2021)
Oficio 243 del 22 de febrero de 2011 firmado por el coordinador de estatificación del
DANE y dirigida al secretario de Planeación Departamental donde se indica lo
siguiente: 24
En atención a su solicitud, le manifestamos que conforme la coordinación
previamente establecida durante los meses anteriores con la doctora Alba Ruby
Imbago Valenzuela, Coordinadora Departamental de Estratificación de la
Gobernación, se programó que un funcionario del Grupo de Estratificación de esta
entidad se desplazará a su ciudad los días 9, 10 y 11 de marzo, con el fin de
adelantar un taller para los funcionarios de la Gobernación y de los municipios del
Departamento del Valle del Cauca, sobre los aplicativos en mención.
Oficio 76385 del 16 de junio de 2011 firmado por el secretario de Planeación
Departamental y dirigido al coordinador nacional de estratificación, que en su parte
final consignó:25
Para mayor información pueden comunicarse con la profesional Alba Ruby Imbago
Valenzuela, Coordinadora Departamental Estratificación […]
Oficio 130-025 del 23 de agosto de 2012 dirigido a la demandante en su calidad de
profesional universitaria de la Secretaría de Planeación donde se le informó que
a partir de esa fecha deberá prestar su apoyo profesional en el tema de regalías en
la Subsecretaría de Inversión y Gestión de Recursos, en el cual además se precisa
que esa redistribución de funciones sería temporal, mientras se realiza el proceso
de contratación respectivo. 26
La Subsección encuentra que los elementos probatorios relacionados no logran
acreditar que la demandante, “sin asomo de duda”, durante los años 2009 a 2012,
ejerció en su integridad las funciones de profesional especializado código 222,
grado 07, ello porque no se tiene certeza en el expediente de cuáles son las
asignadas a ese cargo, al no contar con el decreto que dispuso el manual de
funciones y requisitos.
Ahora, solo en gracia de discusión, si se pudiera asegurar probatoriamente que la
certificación expedida por Recursos Humanos corresponde a ese empleo, los
documentos enlistados no permiten concluir indefectiblemente, como lo aseguró el
a quo, que la demandante durante los años 2009 a 2012, ejerció todas las funciones
de ese cargo, pues las simples referencias que se advierte en los oficios no llevan
a concluir que debe accederse a la nivelación pretendida.
En cuanto al otro aspecto de reproche que señaló la entidad en el recurso, referido
a los testimonios, esta Subsección le haya razón, precisamente porque el tribunal
tampoco le atribuyó mayor peso probatorio a los mismos 27, toda vez que las
24 Folio 38.
25 Folio 39.
26 Folio 40.
27 Página 21 de la providencia de primera instancia.
11
Radicación: 76001-23-33-000-2016-00422-01 (4531-2021)
declaraciones de los señores Miriam de la Cruz Quiceno Ramírez y José Fredy
Lenis, no fueron puntuales en cuanto a las funciones, requisitos y responsabilidades
del cargo que se pretende la nivelación, como tampoco los periodos para los cuales,
presuntamente, la demandante ejerció dichas labores.
Se considera que es necesario precisar que si bien el tribunal tuvo como
fundamento principal de la decisión una sentencia proferida por el Consejo de
Estado en el año 2019 28, aunque sus supuestos fácticos pueden ser similares, el
sustento probatorio es totalmente diferente.
Porque las conclusiones a las que se arribó en la sentencia del año 2019 tenían
fundamento en los elementos probatorios aportados y recaudados en ese proceso,
sin que sea procedente trasladar varios de los argumentos allí plasmados sin
constatar que probatoriamente tengan sustento en el presente asunto.
En efecto, del análisis de las pruebas aquí recaudadas, en armonía con el marco
normativo, se concluye que la parte actora no acreditó que las funciones del cargo
del cual solicita la nivelación salarial fueron cumplidas en su integridad, por lo que
no hay lugar a acceder a las pretensiones.
La única conclusión a la que se puede arribar en atención a los elementos
probatorios es que no se demostraron los elementos que jurisprudencialmente se
han trazado para estudiar la equivalencia de esquemas remunerativos cuando se
alega el desempeño de una posición jerárquica superior.
Por las razones anotadas, se revocará la sentencia apelada que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria,
malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2081 de 2021, en el que se indicó que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A de esta Sección, ha adoptado una la postura en virtud de la cual, se
28 Radicado: 760012331000201100572 01 (4858-2018)
12
Radicación: 76001-23-33-000-2016-00422-01 (4531-2021)
deberá analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al
inciso 2 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, se observa del recurso de apelación, que no carece de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas, por el contrario, se
expusieron argumentos razonables en defensa jurídica de los interes es de la parte.
En consecuencia, no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Revocar la sentencia proferida el veintiséis (26) de febrero de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió
parcialmente a los pedimentos de la demanda.
En su lugar, se dispone Negar las pretensiones planteadas en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Alba Ruby Imbago
Valenzuela contra el departamento del Valle, en atención a lo expuesto en la parte
considerativa.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen y
realizar las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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