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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2018-00656-01

Fecha
23 de febrero de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2018-00656-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 19 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así: “[…] CUARTO: ORDENAR la conformación de un comité para la verificación del cumplimiento de esta sentencia que estará conformado por el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quien lo presidirá y un representante de: i) la DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL VALLE DEL CAUCA en calidad de accionante, ii) el MUNICIPIO DE YUMBO, iii) la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, y iv) un delegado de la Procuraduría General de la Nación, como representante del Ministerio Público […]”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado. TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 43 Número único de radicación: 76001-23-33-000-2018-00656-01 Actora: DEFENSORÍA DEL PUEBLO -REGIONAL VALLE DEL CAUCA

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2018-00656-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

23 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2018-00656-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actor: DEFENSORÍA DEL PUEBLO -REGIONAL VALLE DEL CAUCA

TESIS: EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SIN EL DEBIDO
TRATAMIENTO POR PARTE DE LA COMUNIDAD DEL SECTOR DE
VILLA REAL A LA QUEBRADA ARROYO HONDO O EL PEDREGAL DEL
CORREGIMIENTO DE DAPA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO (VALLE
DEL CAUCA), VULNERA LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LA
COMUNIDAD. COMPETENCIAS DE LAS CORPORACIONES
AUTÓNOMAS REGIONALES EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADO COMO VULNERADOS: EL GOCE
DE UN AMBIENTE SANO, A LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS
RECURSOS NATURALES PARA GARANTIZAR SU DESARROLLO
SOSTENIBLE, SU CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN O
RESTITUCIÓN, LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES Y
VEGETALES, LA PROTECCIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL
IMPORTANCIA ECOLÓGICA, DE LOS ECOSISTEMAS SITUADOS EN
ZONASFRONTERIZAS, A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS
Y AL ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE
GARANTICE LA SALUBRIDAD PÚBLICA.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA1

contra la sentencia de 19 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal

1 En adelante CVC.

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Actora: DEFENSORÍA DEL PUEBLO -REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Administrativo del Valle del Cauca2, que declaró la amenaza de

los derechos colectivos invocados.

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

La DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL VALLE DEL CAUCA3,

actuando a través de apoderada, en ejercicio de la acción popular

prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada

por la Ley 472 de 5 de agosto de 19984, presentó demanda ante el

Tribunal contra el MUNICIPIO DE YUMBO5 y la CVC, tendiente a

que se protegieran los derechos colectivos al goce de un ambiente

sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y

aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución;

la conservación de las especies animales y vegetales, la protección

de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas

situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la

comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio

2 En adelante el Tribunal
3 En adelante la Defensoría.
4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5 En adelante el Municipio.

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ambiente, a la seguridad y salubridad públicas y al acceso a una

infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.

I.2. Hechos

Afirmó que la CVC realizó una visita de seguimiento y control en el

sector de “Arroyo Hondo” el 12 de abril de 2012, en la que constató

que la quebrada El Muerto tenía trazas de contaminación por aguas

residuales, situación que fue informada por parte de la entidad al

MUNICIPIO. Posteriormente, la autoridad ambiental practicó visita

el 10 de septiembre de 2015, en la cual pudo establecer que el

problema radicaba en el asentamiento del sector conocido como Villa

Real.

Puso de presente que en el año 2015 se tramitó una acción de tutela

en contra de los aquí demandados, que perseguía hacer cesar de

manera inmediata el vertimiento de aguas servidas a la quebrada

“NN o El Muerto”, ubicada en el kilómetro 1 de la vía Dapa – Yumbo,

en la que el MUNICIPIO afirmó que, en principio, el encargado del

acueducto y del vertimiento de aguas residuales era LA EMPRESA

DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO, pero que debido a que la

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cobertura no llegaba a zona rural, entonces la responsabilidad

radicaba en la CVC.

Agregó que, en el trámite de la referida tutela, el juez de primera

instancia amparó los derechos fundamentales, decisión que fue

revocada por el Tribunal Superior de Cali, por existir otras acciones

para la defensa de los derechos colectivos.

Manifestó que el MUNICIPIO y la CVC son conocedores del

vertimiento de aguas residuales domésticas que la comunidad de

Villa Real hace a la quebrada El Muerto que desemboca en la

quebrada Arroyo Hondo de la localidad de Dapa, razón por la cual

deben emprender acciones para hacer cesar de manera inmediata la

vulneración de los derechos colectivos invocados como vulnerados.

I.3. Pretensiones

La actora solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Amparar los siguientes derechos e intereses colectivos
a la comunidad asentada en el Km 1 de la vía a Dapa que se está viendo
afectada por la contaminación y los malos olores de la quebrada NN o
El Muerto aguas abajo después del puente ubicado en el asentamiento
denominado Villa Real: a) el goce de un ambiente sano, b) la existencia
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de

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los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, La conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial
importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad
relacionados con la preservación y restauración del medio
ambiente, c) la seguridad y salubridad públicas, d) el acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.

SEGUNDO: Ordene al Municipio de Yumbo a través de su Alcalde
Municipal, hacer los estudios y apropiaciones correspondientes en su
presupuesto; y agotar todos los trámites administrativos necesarios,
para que se construya una planta de tratamiento de aguas residuales
(PTAR) con capacidad suficiente para recoger todas las aguas residuales
domesticas que vierten a la quebrada NN o el muerto, especialmente
las que vierten los habitantes del asentamiento denominado Villa Real,
o vereda Villa Real.

TERCERO: Ordene a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL VALLE DEL CAUCA (CVC), que cumpla con la función misional a
que está obligada por la ley para controlar, vigilar y sancionar que se
cumplan los parámetros y protocolos necesarios en la solución de este
problema ambiental de vertimiento de aguas residuales a la quebrada
NN o el muerto por parte de los habitantes del asentamiento o vereda
Villa Real y los demás integrantes de la comunidad asentada en la rivera
de la quebrada citada. Que realice los estudios y agote todos los trámites
administrativos necesarios, para vigilar que realmente se construya una
planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) con capacidad
suficiente para recoger todas las aguas residuales domesticas que se
vierten a la quebrada NN o el muerto, especialmente las que vierten los
habitantes del asentamiento denominado Villa Real o vereda Villa Real.

CUARTO: Condenar en costas y gastos del proceso a los accionados,
en favor del Fondo para la Defenso de los Derechos e Intereses
Colectivos de la Defensoría del Pueblo […]”.

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I.4. Defensa

I.4.1.- LA EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE

YUMBO – ESPY S.A. E.S.P.6 argumentó que es una empresa

constituida con capital 100% público, que tiene a su cargo la

prestación del servicio público domiciliario de acueducto en la zona

de ladera y de alcantarillado en todo el perímetro urbano del

MUNICIPIO, este último servicio únicamente en el perímetro

urbano del ente territorial, por lo que no tiene operación en la zona

rural.

Puso de presente que por medio del convenio interadministrativo

núm. 110-11-01-1442 de 2014, suscrito con el MUNICIPIO,

convino que ejecutaría las actividades tendientes a la formulación del

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV del

corregimiento de Dapa, con base en lo cual celebró el contrato de

consultoría núm. CC-002-2014, para la formulación del referido

instrumento.

Aseguró que luego de la presentación del PSMV ante la CVC ésta

expidió la Resolución núm. 0100 -0710-0428 de 2017, por medio de

6 Vinculada por el Tribunal en auto de 19 de agosto de 2020.

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la cual aprobó el PSMV del centro poblado del corregimiento de Dapa

del MUNICIPIO e indicó que le correspondía ejecutar las acciones o

inversiones del plan, motivo por el que interpuso recurso de

reposición el que fue decidido a través de la Resolución núm. 0100-

0710-0959 de 4 de diciembre de 2017, en el sentido de establecer la

obligación en cabeza del ente territorial.

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,

para lo cual argumentó que no es la prestadora de los servicios de

alcantarillado en la zona rural del MUNICIPIO; y que no tiene redes

en el corregimiento de Dapa, en el cual el servicio es suministrado

por varias juntas administradoras de los servicios públicos de

acueducto y alcantarillado registradas ante la Superintendencia de

Servicios Públicos.

I.4.2.- El MUNICIPIO afirmó que, en conjunto con la CVC, se

encuentra tramitando las gestiones necesarias para darle solución a

la problemática aquí planteada, para lo cual suscribió el contrato de

consultoría núm. 180.10.02.014-2017 que tiene por objeto los

estudios técnicos y diseños para la construcción de los sistemas de

recolección, transporte, tratamiento y evacuación de aguas

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residuales y pluviales en los corregimientos de San Marcos y Dapa

del ente territorial.

Informó que la obra de construcción de la Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales (PTAR) estaba ejecutada en un 75%, pero que

existían dificultades en la gestión predial, pues aun cuando se

contaba con concepto probable por parte de la CVC, se debía realizar

un estudio de inundabilidad que impone la extensión de los plazos

del contrato de consultoría.

Concluyó que no le era posible iniciar obras diferentes a la

construcción de la PTAR, ya que la canalización de las aguas

residuales generaría un gasto adicional e “inútil”, debido a que la

construcción de la mencionada planta busca recoger todas las aguas

y llevarlas a la plata de tratamiento.

I.4.3.- La CVC argumentó que si bien es la máxima autoridad en

materia ambiental en el Valle del Cauca, lo cierto es que en el marco

de las funciones que legal y constitucionalmente le fueron asignadas

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no se encuentra la prestación del servicio público de acueducto y

alcantarillado.

Indicó que mediante la Resolución núm. 0710-0428 de 20 de junio

de 2017, modificada parcialmente por la Resolución núm. 0710-959

de 4 de julio de 2017, aprobó el PSMV del MUNICIPIO.

Afirmó que los encargados de la prestación del servicio público de

acueducto y alcantarillado son el MUNICIPIO y la ESPY S.A. E.S.P.,

motivo por el que no vulneró derecho colectivo alguno.

Informó que abrió pliego de cargos dentro del proceso sancionatorio

núm. 0711-039-004-129-2015, con ocasión de los malos olores

causados por el manejo de vertimientos de aguas servidas sobre la

quebrada El Muerto del barrio Villa Real del ente territorial.

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 6 de julio

de 2021, la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio

de las partes.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 19 de agosto de 2021, accedió a las

súplicas de la demanda, para lo cual adujo lo siguiente:

Se refirió al marco normativo y jurisprudencial de las acciones

populares, a los derechos colectivos invocados por el actor y a los

hechos probados en el presente caso, e indicó que la CVC inició un

proceso sancionatorio ambiental en contra del MUNICIPIO por el

vertimiento de aguas residuales domésticas generadas por el

asentamiento ilegal Villa Real a la quebrada denominada “El

Pedregal”, en el corregimiento de Dapa.

Aseguró que dentro de dicho proceso se formuló pliego de cargos por

conducir aguas residuales a la referida quebrada sin el debido

tratamiento, el cual culminó con la Resolución 0710 núm. 0713-

001302 de 28 de septiembre de 2018 en la que se declaró

responsable al MUNICIPIO por no adelantar las acciones

pertinentes frente al vertimiento de aguas residuales domésticas

generadas por el asentamiento Villa Real a la quebrada El Pedregal.

Conforme con lo anterior, consideró que estaba acreditada la

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afectación a los derechos e intereses colectivos invocados en la

demanda.

Enunció las actuaciones adelantadas con ocasión de la sanción

impuesta y destacó que a través de la Resolución 0100 núm. 0710-

428 de 20 de junio de 2017 se aprobó el PSMV del centro poblado

del corregimiento de Dapa del MUNICIPIO; y que de acuerdo con

el plan aprobado por la CVC, se estableció como plazo para la

culminación de las obras de construcción de la red de alcantarillado

y puesta en funcionamiento de la PTAR del sector Las Pilas, el año

2021.

Afirmó que no se desconocía la situación en el sector de Villa Real y

las afectaciones ambientales que ha sufrido la quebrada NN o El

Pedregal, por lo que se optó por la eliminación de vertimientos sobre

el cuerpo de agua.

Señaló que de acuerdo con lo informado por el ente territorial, en el

2017 se apropiaron recursos y se suscribió un contrato de consultoría

para la elaboración de los diseños de redes de alcantarillado y PTAR

del sector de Pilas – Dapa, el cual se desarrollo en el año 2018;

igualmente, que estaba pendiente un ajuste técnico para el concepto

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final de la CVC y el trámite del permiso de vertimientos que, además

de incluir los diseños, requería demostrar la propiedad del bien a

intervenir, proceso que estaba pendiente de surtir el respectivo

avaluó, oferta y compra.

Destacó que el MUNICIPIO adjuntó un cronograma de actividades,

en el cual se indicó que la entrega de las obras en funcionamiento

sería en diciembre de 2020.

Consideró que existió vulneración de los derechos colectivos

invocados por la parte actora, pues se logró acreditar la falta de

tratamiento de aguas residuales en el asentamiento denominado Villa

Real, en el corregimiento de Dapa del MUNICIPIO.

Mencionó lo dispuesto en la Resolución núm. 1433 de 2004, expedida

por el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE, sobre los PSMV, para indicar que aun cuando el sector

objeto de la acción cuenta con la aprobación de dicho plan, lo cierto

es que no se habían ejecutado las obras necesarias para solucionar

la problemática, es decir, la PTAR y/o las redes de alcantarillado que

recolecten las aguas servidas por encontrarse pendientes algunas

actividades importantes como la negociación de predios.

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Señaló que era deber de los municipios asegurar que se preste a sus

habitantes, de manera eficiente, los servicios públicos domiciliarios a

través de empresas de servicios públicos, las cuales pueden ser de

carácter oficial, privado o mixto; además, el alcalde tiene dentro de

sus funciones impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad

fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental para garantizar

adecuadas condiciones de vida de la población.

Se refirió a las Corporaciones Autónomas Regionales y a sus

funciones conforme lo establecido en la Ley 99 de 22 de diciembre

de 19937, así como a la jurisprudencia del Consejo de Estado, para

señalar que tenían competencia para la ejecución de obras que

permitieran garantizar el saneamiento ambiental, lo cual comprendía

la realización de diseños y estudios para la construcción de la

infraestructura necesaria para tal propósito.

Aseguró, frente a las empresas de servicios públicos, que de acuerdo

con la ley eran las encargadas de la construcción, ampliación,

rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de los servicios

7 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

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públicos domiciliarios; no obstante, en el presente caso, de acuerdo

con la Resolución 0100 núm. 0710-0959 de 4 de diciembre de 2017,

que modificó el acto administrativo por medio del cual se aprobó el

PSMV del MUNICIPIO, el propietario de las redes de alcantarillado

en el corregimiento de Dapa es el ente territorial; y que, por su parte,

la ESPY S.A. E.S.P. actúa como gestor del ente territorial, motivo

por el que declaró probada la excepción de falta de legitimación en

la causa por pasiva respecto de la prestadora del servicio, al no tener

competencia en materia de servicios públicos en la zona rural de

Yumbo.

Estimó que los llamados a responder por la afectación de los derechos

colectivos en el presente caso eran el MUNICIPIO y la CVC, quienes

deberían dar continuidad al trámite ya iniciado de la construcción de

la PTAR y/o redes de alcantarillado que recolectarán las aguas del

asentamiento Villa Real, ubicado en el corregimiento de Dapa.

En virtud de lo anterior, el Tribunal profirió las siguientes órdenes:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la vulneración de los derechos e
intereses colectivos contenidos en los literales a), c), g) y h) del
artículo 4 de la Ley 472 de 1998 por parte del MUNICIPIO DE
YUMBO y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA – CVC, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de este proveído.

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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, PROTEGER los
derechos e intereses colectivos contenidos en los literales a), c), g)
y h) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, y en consecuencia,
ORDENAR al MUNICIPIO DE YUMBO y a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE VALLE DEL CAUCA – CVC, que una
vez ejecutoriada la presente providencia, adelanten en el marco de
sus competencias, las siguientes actividades relacionadas con la
falta de tratamiento de aguas residuales en el asentamiento
denominado Villa Real, ubicado en el corregimiento de Dapa, en la
jurisdicción del MUNICIPIO DE YUMBO:

i) La adquisición predial en un término máximo de 7 meses; ii) los
trámites para permiso de vertimientos en un término máximo de 3
meses; y iii) la construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales – PTAR y/o redes de alcantarillado que recolectarán las
aguas a manejar en un término máximo de 15 meses.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva de la EMPRESA OFICIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P. – ESPY, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente
proveído.

CUARTO: ORDENAR la conformación de un comité para la
verificación del cumplimiento de esta sentencia que estará
conformado por un representante de: i) la DEFENSORÍA DEL
PUEBLO – REGIONAL VALLE DEL CAUCA en calidad de
accionante, ii) el MUNICIPIO DE YUMBO, iii) la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, y iv) un
delegado de la Procuraduría General de la Nación, como
representante del Ministerio Público.

QUINTO: NO CONDENAR EN COSTAS en esta instancia […]”.

III.- FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

La CVC argumentó que la sentencia de primera instancia desconoció

los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso, referentes a

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la carga de la prueba y la necesidad de la prueba, respectivamente,

así como el artículo 230 Constitucional.

Indicó, frente al numeral 2 de la sentencia, que el Tribunal no tuvo

en cuenta sus competencias legalmente asignadas, pues de acuerdo

con el artículo 31 de la Ley 99 las corporaciones autónomas

regionales no tienen a su cargo la prestación de servicios públicos

domiciliarios, pues son del resorte del MUNICIPIO y de la ESPY

S.A. E.S.P.

Recalcó que conforme al artículo 367 Constitucional y a los artículos

5º y 6º de la Ley 142 el encargado de la prestación de servicios

públicos es el MUNICIPIO, motivo por el que debió declararse su

falta de legitimación en la causa por pasiva.

Puso de presente que sus funciones se circunscriben a la aprobación

del PSMV y a la imposición de sanciones al ente territorial por el

incumplimiento de la normatividad ambiental, aspectos que, como

quedó probado, se cumplieron a cabalidad, pues aprobó el plan

presentado y adelantó un proceso sancionatorio ambiental en contra

del MUNICIPIO (expediente núm. 0711-039-004-129-2015),

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dentro del cual se elevó pliego de cargos y se impuso la respectiva

sanción.

Aseguró que expidió la Resolución 0100 núm. 0690-0305 de 2020,

por medio de la cual se adoptaron criterios para acceder al fondo de

cofinanciación de diseños y obras para la descontaminación del

recurso hídrico de centros poblados nucleados, en la que se

establecieron los proyectos a ejecutar, dentro de los cuales se

encuentra la gestión integral del recurso hídrico.

Pidió, teniendo en cuenta los argumentos expuestos, que se revoque

o modifique el numeral 2 de la sentencia de primera instancia en el

sentido de excluirla de las órdenes.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

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contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

Conforme se advirtió en precedencia, los hechos que dieron origen a

la presente acción son, en esencia que la comunidad de Villa Real del

corregimiento de Dapa del MUNICIPIO vierte aguas residuales

domésticas sin tratamiento en la quebrada Arroyo Hondo o el

Pedregal, desde el año 2010, sin que las autoridades ambientales

responsables adelanten las acciones necesarias para que la

contaminación cese.

La acción fue conocida en primera instancia por el Tribunal que, en

sentencia de 19 de agosto de 2021, encontró probados los hechos

que dieron origen a la acción y consideró que aun cuando el sector

contaba con PSMV, lo cierto era que no se habían ejecutado las obras

necesarias para solucionar la problemática, es decir, la construcción

de la PTAR y/o las redes de alcantarillado que recolecten las aguas

servidas, por encontrarse pendientes algunas actividades

importantes como la negociación de predios, cuya competencia

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recaía en el MUNICIPIO y la CVC por ser las máximas autoridades

ambientales en ese territorio.

Estimó procedente declarar la falta de legitimación en la causa por

pasiva de la ESPY S.A. E.S.P. en atención a que de acuerdo con la

Resolución 0100 núm. 0710-0959 de 2017, expedida por la CVC, el

propietario de las redes de alcantarillado en el corregimiento de Dapa

es el MUNICIPIO, mientras que la empresa prestadora del servicio

actuó como gestor del ente territorial.

Inconforme con la anterior decisión, la CVC interpuso recurso de

apelación en el que solicitó la revocatoria o modificación del numeral

2 de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, al

estimar que no se tuvieron en cuenta las competencias que

legalmente le fueron asignadas, en las que no se advierte que tenga

a su cargo la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo cual le

corresponde al MUNICIPIO y/o a la respectiva empresa de servicios

públicos y, por ende, no es la llamada a cumplir la orden de

construcción de la PTAR.

Estimó que debió declararse su falta de legitimación en la causa por

pasiva, no solo porque no es la encargada de prestar el servicio

público de acueducto y alcantarillado sino porque en el presente caso

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sus funciones se circunscriben a la aprobación del PSMV y a la

imposición de sanciones al ente territorial por el incumplimiento de

la normatividad ambiental, aspectos que, como quedó probado, se

cumplieron a cabalidad.

Problema jurídico

Con fundamento en lo anterior, corresponde a la Sala determinar si

hay lugar a declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva

de la CVC por carecer de competencias para la prestación de

servicios públicos; o si, por el contrario, debe confirmarse la decisión

del Tribunal que declaró que también afectó los derechos colectivos

de la comunidad.

Caso concreto

Previo a resolver el problema jurídico planteado, se debe precisar

que la recurrente no cuestiona lo dicho por el Tribunal en cuanto al

hecho generador de la vulneración de los derechos colectivos, esto

es, el vertimiento de aguas residuales domésticas sin el debido

tratamiento a la quebrada Arroyo Hondo o El Pedregal, producidas

por el asentamiento Villa Real del corregimiento de Dapa del

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MUNICIPIO, razón por la que se prohijarán las consideraciones del

a quo sobre dicho asunto, el cual consideró que:

“[…] 7.1. Con relación al daño y la presunta vulneración de los
derechos e intereses colectivos invocados en la demanda se tiene
que, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL
CAUCA – CVC tramitó en contra del MUNICIPIO DE YUMBO un
procedimiento sancionatorio ambiental relacionado con el
vertimiento de aguas residuales domésticas generadas por el
asentamiento ilegal denominado “Villa Real” a la quebrada
denominada “El Pedregal”, ubicada en el corregimiento de Dapa,
jurisdicción del MUNICIPIO DE YUMBO.

Dentro del aludido procedimiento fue proferido auto de formulación
de pliego de cargos, en el cual se tuvo en cuenta un informe de
visita realizado el 10 de septiembre de 2015 en el que se consignó
que: “De acuerdo a lo observado en la visita se concluye que el
problema radica en el asentamiento subnormal del sector Villa Real
el cual al no tener el sistema básico de alcantarillado o sistemas
sépticos en sus predios descarga directamente sus aguas
residuales domésticas a la quebrada El Pedregal la cual es afluente
del río Arroyohondo generando contaminación a las fuentes
hídricas, olores ofensivos y vectores que afectan la salud humana”.

[…] Así las cosas, para la Sala es evidente que se encuentra
debidamente acreditada la afectación a los derechos e intereses
colectivos invocados en la demanda por la falta de tratamiento de
aguas residuales en el asentamiento denominado Villa Real,
ubicado en el corregimiento de Dapa, en la jurisdicción del
MUNICIPIO DE YUMBO.

[…] 7.3. Entonces, según lo expuesto hasta este punto debe
indicarse que no existe discusión alguna en cuanto a la vulneración
de los derechos colectivos invocados por la parte actora. Lo
anterior, teniendo en cuenta que tanto las pruebas recaudadas,
como lo alegado por las entidades accionadas y la vinculada,
coinciden en acreditar que existe falta de tratamiento de aguas
residuales en el asentamiento denominado Villa Real, ubicado en el
corregimiento de Dapa, en la jurisdicción del MUNICIPIO DE YUMBO
[…]”.

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Precisado lo anterior, procede la Sala a desatar el problema jurídico

planteado, esto es, si la CVC se encuentra legitimada en la causa por

pasiva para adelantar las acciones necesarias para hacer cesar la

vulneración a los derechos colectivos amparados por el Juez de

primera instancia, para lo cual es preciso referirse a las competencias

de las corporaciones autónomas regionales en materia de prestación

de servicios públicos de acueducto y saneamiento básico.

De las competencias de las Corporaciones Autónomas

Regionales en materia de prestación de servicios públicos de

acueducto y saneamiento básico8

Las Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con lo

previsto en el artículo 23 de la Ley 99, son "[…] entes corporativos de

carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades

territoriales que por sus características constituyen geográficamente un

mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o

hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera,

patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de

8 En este aparte se exponen las consideraciones efectuadas por la Sala en las sentencias de

21 de enero de 2021 (Expediente núm. 66001 23 31 000 2010 00287 02) y 21 de mayo de
2021 (Expediente núm. 76001-23-33-000-2016-01827-01 (AP), C.p: Nubia Margoth Peña Garzón) .

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administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los

recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible,

de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio

del Medio Ambiente […]”.

En relación con el objeto de estas entidades, la Ley 99 en su artículo

30 prevé que es la “[…] ejecución de las políticas, planes, programas y

proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así

como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales

vigentes sobre su disposición, administración, manejo y

aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices

expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente […]”.

El artículo 31 de la Ley 99, prevé las funciones de las CAR, de las

cuales se destacan las siguientes: i) ejercer como máxima autoridad

ambiental en el área de su jurisdicción (numeral 2); ii) promover y

desarrollar la participación comunitaria en programas de protección

ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los

recursos naturales renovables (numeral 3); y iii) coordinar el proceso

de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo

medioambiental que deban formular los diferentes organismos y

entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA), en el

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área de su jurisdicción y, en especial, asesorar a los Departamentos,

Distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición

de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos

en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales

renovables (numeral 4).

La Sala hace especial énfasis en la función prevista en el numeral 20

ídem, que ordena a las CAR lo siguiente:

“[…] 20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación
con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo
sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea
necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables […]” (Resaltado de la Sala).

Respecto de dicha función, la Sala en sentencia de 21 de junio de

20189 efectuó un análisis de lo señalado por la Sala de Consulta y

Servicio Civil de esta Corporación en concepto de 22 de noviembre

de 200110, a través del cual resolvió una consulta efectuada por el

Ministro de Ambiente sobre las competencias de la Corporación

Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga para la prestación

del servicio de alcantarillado y saneamiento básico a los Municipios

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero
Ponente: Hernando Sánchez Sánchez, Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil
dieciocho (2018), Radicación número: 15001-23-31-000-2011-00206-01(AP)
10 Radicación número: 1382

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de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, de acuerdo con las

disposiciones de las leyes 99 y 142 de 11 de julio de 199411.

En dicha oportunidad, la Sala de Consulta consideró que las

Corporaciones Autónomas Regionales estaban sometidas al derecho

público y, por tanto, a los principios de legalidad y de la

improrrogabilidad de la competencia, lo que implica que solamente

pueden ejercer las funciones previstas por la Constitución y la Ley;

en consecuencia, la Ley 99 no les otorgó la competencia para

desarrollar actividades de prestación directa de servicios públicos

domiciliarios.

Asimismo, y en atención al referido concepto, la Sección resaltó que

la aludida función (numeral 20, artículo 31) comprende la ejecución

de obras de saneamiento básico dentro de su jurisdicción territorial,

como lo son las de acueducto y alcantarillado, pero en

concurrencia con la competencia atribuida a los Municipios

relacionada con la construcción de obras que demanden el progreso

municipal y la solución de necesidades de saneamiento ambiental y

de garantía de prestación de los servicios públicos.

11 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras

disposiciones”.

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De igual forma, la Sala precisó que las obras de infraestructura en

mención están limitadas en su alcance por la Ley 142, pues esta

prevé los sujetos prestadores de los servicios, estableció un criterio

de especialidad orgánica y excluyó la posibilidad de que sujetos

distintos a los allí autorizados presten el servicio o desarrollen esta

actividad económica; no obstante, en aras de solucionar las

necesidades de saneamiento ambiental y de conformidad con las

demás funciones previstas en la Ley, las Corporaciones Autónomas

Regionales pueden intervenir en la defensa y protección o para la

descontaminación o recuperación del medio ambiente y los

recursos naturales renovables.

Lo anterior fue expuesto por la Sala en los siguientes términos:

75. “[…] Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación en virtud de la consulta efectuada por el Ministro del
Medio Ambiente a la Sala sobre las competencias de la Corporación
Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga, para la
prestación del servicio de alcantarillado y saneamiento básico a los
municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, de acuerdo con
las disposiciones de las leyes 99 y 142, mediante auto de 22 de
noviembre de 200112, señaló que la ley 99 al definir las
corporaciones autónomas regionales como “entes corporativos
de carácter público”, las sometió al derecho público y por tanto
a los principios de legalidad y de la improrrogabilidad de la

12 Radicación número: 1382

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competencia13, según los cuales esta sólo puede ejercer las
funciones públicas que la Constitución o el legislador le autorizan.
Así las cosas, al ser autoridades ambientales, definen las
políticas del medio ambiente, lo planifican y ejercen poder
de policía en los casos de permisos, concesiones o por
incumplimiento de normas ambientales, pero, adujo que la ley
99 no les otorga competencia para desarrollar actividades de
prestación directa de servicios públicos domiciliarios.

76. La competencia señalada en el artículo 31, numeral 20, de la
ley 99 a las corporaciones autónomas regionales, para la
construcción, mantenimiento, administración, ejecución y
operación de obras públicas de infraestructura, destinadas a “la
defensa y protección o para la descontaminación o recuperación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables”,
comprende la ejecución de obras de saneamiento básico
entre ellas las de acueducto y alcantarillado, dentro de su
jurisdicción territorial, en concurrencia con la competencia
atribuida a los municipios para “[…] construir las obras que
demande el progreso municipal y la solución de necesidades de
saneamiento ambiental y de garantía de prestación de los
servicios públicos […]” (Destaca la Sala).

77. Esta competencia de las corporaciones tiene por objeto las
obras de infraestructura, la cual encuentra en la legislación especial
de servicios públicos domiciliarios un límite en sus alcances, toda
vez que la ley 142 establece los sujetos prestadores de los
servicios, siguiendo un criterio de especialidad orgánica,
excluyendo la posibilidad de que otros sujetos allí no
comprendidos, cumplan dichas funciones de prestación de servicio
o desarrollo de dicha actividad económica, sin embargo con el fin
de dar soluciones a las necesidades de saneamiento ambiental y
en ejercicio de las demás funciones atribuidas por la ley, dichas
autoridades ambientales podrán intervenir para la defensa y
protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables […]”.

13 Competencia administrativa. Los organismos y entidades administrativos deberán ejercer

con exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata,
respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la ordenanza,
el acuerdo o el reglamento respectivo (ley 489 de 1998, art. 5).

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En igual sentido, se advierte que la Sala, en sentencia de 16 de mayo

de 201914 sostuvo que de conformidad con el artículo 22 de la Ley

1450 de 16 de julio de 201115, las Corporaciones Autónomas

Regionales pese a que pueden invertir en obras de infraestructura

que garanticen el agua potable y el saneamiento básico, ello no indica

que están autorizadas para prestar dicho servicio público, por cuanto

no fueron definidos como sujetos prestadores por la Ley 142.

Por lo anterior, en dicha oportunidad la Sala concluyó que las

Corporaciones Autónomas Regionales gozan de amplias facultades

para invertir en proyectos de infraestructura, como es el caso de las

PTAR16, que permitan la descontaminación o recuperación del medio

ambiente y de los recursos naturales renovables.

Al respecto, la Sala en la providencia en comento adujo que:

“[…] 160. Los numerales 6.º y 20 del artículo 31 de la Ley 99,
previeron como funciones de estas autoridades ambientales la
celebración de contratos y convenios con las entidades territoriales
cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente, para
ejecutar, de mejor manera, alguna o algunas de sus funciones, así
como ejecutar, administrar, operar y mantener con las entidades

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero
ponente Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de 16 de mayo de 2019, expediente núm.
85001-23-33-000-2014-00230-01.
15 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014
16 Según la sentencia en comento, así lo autorizó del artículo 1.º del Decreto 41 de 12 de

enero de 2011 (“Por el cual se modifica el artículo 3° del Decreto 3333 de 2008”)

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territoriales proyectos y obras de infraestructura cuya realización sea
necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables;
lo cual comprende la ejecución de obras que permitan
garantizar la prestación de los servicios domiciliarios y el
saneamiento ambiental.

161. En relación con las inversiones en obras de infraestructura de
estas entidades en el sector de agua potable y saneamiento
básico, la Ley 1450 de 16 de julio de 201117, en el artículo 2218,
prevé:

“[…] ARTÍCULO 22. INVERSIONES DE LAS CORPORACIONES
AUTÓNOMAS REGIONALES EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO. Las obras de infraestructura del sector de agua
potable y saneamiento básico financiadas con recursos de las
Corporaciones Autónomas Regionales, podrán ser entregadas como
aportes a municipios o a las Empresas de Servicios Públicos que operen
estos servicios en el municipio, de acuerdo con lo que este determine,
bajo la condición de que trata el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley
142 de 1994 o las normas que la modifiquen o sustituyan.

En ningún caso la entrega de aportes bajo condición por las
Corporaciones Autónomas Regionales se constituye como detrimento
patrimonial del Estado. Las Corporaciones Autónomas Regionales no
podrán exigir contraprestaciones por la entrega de las obras de las que
trata este artículo.

La ejecución de los recursos de destinación específica para el sector de
agua potable y saneamiento básico por las Corporaciones Autónomas
Regionales, deberá efectuarse en el marco de los PDA, lo anterior sin
perjuicio de las inversiones que puedan realizar las mismas en los
municipios de su jurisdicción no vinculados al PDA.

PARÁGRAFO. Las Corporaciones Autónomas Regionales no podrán
participar en la composición accionaria, propiedad, administración y
operación de un prestador de servicios públicos domiciliarios. El presente
parágrafo no se aplicará a las Corporaciones Autónomas Regionales que
sean accionistas o hayan efectuado sus inversiones con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1151 de 2007 […]”.

17 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014
18 Esta norma está vigente según lo dispuesto en el artículo 267 de la Ley 1753 de 9 de
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

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162. De acuerdo con esta norma, si bien las corporaciones
autónomas regionales pueden realizar inversiones en obras de
infraestructura que garanticen el agua potable y el
saneamiento básico, no tienen competencia para prestar los
servicios públicos domiciliarios.

163. En efecto, el artículo 15 de la Ley 142 establece cuáles son
los sujetos prestadores de los servicios, siguiendo un criterio de
especialidad orgánica, dentro de los cuales no incluyó a esas
autoridades ambientales:

“[…] ARTÍCULO 15. PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS.
Pueden prestar los servicios públicos:

15.1. Las empresas de servicios públicos.

15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas
mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal,
los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios
públicos.

15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su
administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme
a lo dispuesto en esta Ley.

15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar
servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o
zonas urbanas específicas.

15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante
los períodos de transición previstos en esta Ley.

15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o
nacional que al momento de expedirse esta Ley estén prestando
cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el
parágrafo del artículo 17 […]”.

164. En efecto, las corporaciones autónomas regionales no son
sujetos prestadores de los servicios públicos domiciliarios, sino
entidades creadas con el objeto de proteger el medio ambiente y
los recursos naturales. En esta misma línea de pensamiento, esta
Sección, en sentencia proferida, en segunda instancia, el 3 de
diciembre de 2018, consideró:

“[…] Esta competencia de las corporaciones tiene por objeto las
obras de infraestructura, la cual encuentra en la legislación especial
de servicios públicos domiciliarios un límite en sus alcances, toda
vez que la ley 142 establece los sujetos prestadores de los servicios,
siguiendo un criterio de especialidad orgánica, excluyendo la
posibilidad de que otros sujetos allí no comprendidos,

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cumplan dichas funciones de prestación de servicio o
desarrollo de dicha actividad económica, sin embargo con el fin
de dar soluciones a las necesidades de saneamiento ambiental y en
ejercicio de las demás funciones atribuidas por la ley, dichas
autoridades ambientales podrán intervenir para la defensa y
protección o para la descontaminación o recuperación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables […]”19
(Resaltado fuera de texto original).

164. Ahora bien, el último inciso del artículo 1.º del Decreto 41 de
12 de enero de 201120 prevé que “[…] Las corporaciones
autónomas regionales y de desarrollo sostenibles podrán destinar
los recursos de la línea prevista en el presente decreto, para
financiar y cofinanciar estudios, diseños e inversión en
interceptores, emisarios finales, sistemas de tratamiento de
aguas residuales domésticas, rellenos sanitarios
municipales o regionales, y financiar o cofinanciar los demás
proyectos del componente ambiental de su competencia, en
el marco los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)
[…]” (Resaltado fuera de texto original).

165. En conclusión, a pesar que las corporaciones autónomas
regionales, por disposición legal, no tienen competencia para la
prestación directa de los servicios públicos domiciliarios, gozan de
amplias facultades para invertir en proyectos de
infraestructura, como sucede con las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales, que permitan la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y de
los recursos naturales renovables.

166. En efecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
sentencia proferida el 19 de julio de 2018, teniendo en cuenta el
marco normativo expuesto, concluyó que en materia de protección
y recuperación ambiental, las entidades territoriales y las
corporaciones autónomas deben actuar de manera coordinada y
brindado cooperación entre sí, de acuerdo con las competencias
específicas a su cargo. Además en esta sentencia, se consideró lo
siguiente:

“[…] En ese orden, la Sala considera necesaria la adopción de
medidas para proteger los derechos colectivos amenazados y
vulnerados en este caso concreto por la falta de uso y

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr.
Hernando Sánchez Sánchez, sentencia proferida el 3 de diciembre de 2018, núm. único de
radicación 76001233100020110149301
20“Por el cual se modifica el artículo 3° del Decreto 3333 de 2008”

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mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del
Barrio del Barrio Antonio Nariño.
151. En ese orden y con el fin de mitigar la amenaza y vulneración
advertida por la falta de funcionamiento de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales, esta Sección ordenará al Municipio de
Barrancabermeja y a la Corporación Autónoma Regional de
Santander que de manera conjunta y coordinada, en el marco
de las atribuciones y competencias de cada una, desarrollen
las labores de ejecución, administración, operación y
mantenimiento de las obras de infraestructura necesarias
para la recuperación y puesta en funcionamiento de esa
Planta de Tratamiento […]”21 (Resaltado fuera de texto original)
[…]”.

Conforme con lo expuesto en precedencia, la Sala concluye que si

bien la competencia señalada en el numeral 20 del artículo 31 de la

Ley 99, incluye obras de saneamiento básico, entre ellas, las de

acueducto y alcantarillado, en concurrencia con la competencia de

los municipios de adelantar obras necesarias para el progreso

municipal y la solución de saneamiento ambiental y garantía de

prestación de servicios públicos, esta se encuentra limitada por la

legislación especial de servicios públicos, lo que significa que la

intervención de las Corporaciones Autónomas Regionales se justifica

en tanto sea para la defensa y protección o para la

descontaminación o recuperación del medio ambiente y los

recursos naturales renovables.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo

de Estado, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, sentencia proferida el 19 de julio de 2018, el
núm. único de identificación 680012331000201100882-01(AP)

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Siendo ello así, se advierte que si bien la CVC no está en la obligación

de prestar el servicio público de acueducto y alcantarillado, sí debe

ejecutar, administrar, operar y mantener, en coordinación con la

entidad territorial, proyectos, programas de desarrollo sostenible y

obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la

defensa y protección o para la descontaminación o

recuperación del medio ambiente y los recursos naturales

renovables.

Lo dicho implica que la CVC, como encargada de administrar y

proteger en su jurisdicción el medio ambiente y los recursos

naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, está

llamada a ejecutar todas las acciones que sean necesarias

para la defensa y protección del medio ambiente y los

recursos naturales.

Aclarado lo anterior, la Sala determinará si la CVC debe ser

destinataria de la orden contenida en el numeral 2 de la parte

resolutiva de la sentencia apelada, en el cual se dispuso lo siguiente:

“[…] SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, PROTEGER
los derechos e intereses colectivos contenidos en los literales a),
c), g) y h) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, y en consecuencia,
ORDENAR al MUNICIPIO DE YUMBO y a la CORPORACIÓN

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AUTÓNOMA REGIONAL DE VALLE DEL CAUCA – CVC, que una
vez ejecutoriada la presente providencia, adelanten en el marco de
sus competencias, las siguientes actividades relacionadas con la
falta de tratamiento de aguas residuales en el asentamiento
denominado Villa Real, ubicado en el corregimiento de Dapa, en la
jurisdicción del MUNICIPIO DE YUMBO:
i) La adquisición predial en un término máximo de 7 meses; ii) los
trámites para permiso de vertimientos en un término máximo de 3
meses; y iii) la construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales – PTAR y/o redes de alcantarillado que recolectarán las
aguas a manejar en un término máximo de 15 meses […]”
(Destacado de la Sala).

En el expediente está probado que la CVC aprobó el PSMV del centro

poblado del corregimiento de Dapa, presentado por parte del

MUNICIPIO, a través de la ESPY S.A. E.S.P., por medio de la

Resolución 0100 núm. 0710-0428 de 20 de junio de 2017.

También se encuentra acreditado que desde el año 2015, la CVC

adelantó un proceso sancionatorio ambiental en contra del ente

territorial por el vertimiento de aguas residuales domésticas

generadas por el asentamiento ilegal denominado “Villa Real” a la

quebrada Arroyo Hondo o el Pedregal, el cual culminó en el año 2018

con la imposición de una sanción ambiental al ente territorial, como

consta en la Resolución 0710 núm. 001302 de 28 de septiembre de

ese año.

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Igualmente, está demostrado que el MUNICIPIO celebró el contrato

de consultoría núm. 180-10-05-014-2017 de 18 se septiembre de

2017, que tenía por objeto la elaboración de los estudios técnicos y

diseños para la construcción de los sistemas de recolección,

transporte, tratamiento y evaluación de aguas residuales y pluviales

en los corregimientos de San Marcos y Dapa, proceso en el cual

participó la CVC al emitir conceptos sobre la viabilidad de

construcción de la PTAR del sector objeto de la presente acción y al

efectuar las respectivas visitas a los lotes donde se llevarían a cabo

las obras.

Siendo ello así, resulta claro para la Sala que, de acuerdo con el

marco normativo previamente expuesto, el principal obligado en el

cumplimiento de la orden contenida en el numeral segundo de la

parte resolutiva de la sentencia apelada es el MUNICIPIO, quien

emprendió acciones para lograr la construcción de una PTAR que

permita que cesen los vertimientos de aguas residuales a la quebrada

Arroyo Hondo o el Pedregal del corregimiento de Dapa.

Pese a ello, como se explicó en precedencia, si bien las Corporaciones

Autónomas Regionales tienen competencia para efectuar obras de

saneamiento básico como son las de acueducto y alcantarillado, lo

que las legitima en la causa por pasiva en casos como el aquí

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planteado, lo cierto es que dicha intervención solamente se

justifica cuando esté de por medio la protección del medio

ambiente y los recursos naturales renovables.

En consecuencia, comoquiera que en el caso concreto la orden

impartida por el Tribunal propende, principalmente, por el

saneamiento ambiental en el asentamiento denominado Villa Real,

ubicado en el corregimiento de Dapa, en la jurisdicción del

MUNICIPIO, el cual se ha visto afectado por el vertimiento directo

de aguas residuales a la quebrada Arroyo Hondo o el Pedregal, cuya

problemática se remedia a través de la construcción de una PTAR, la

Sala considera que se encuentra justificada la intervención de la CVC

para la ejecución de dichas órdenes, habida consideración que el

asunto controvertido tiene relación directa con la defensa y

protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Es decir que, en virtud del numeral 20 del artículo 31 de la Ley 99,

la CVC tiene la función de ejecutar obras de saneamiento básico en

su jurisdicción, dentro de las cuales, se reitera, se encuentran las de

acueducto, eso sí, en concurrencia con la competencia atribuida al

MUNCIPIO relacionada con la construcción de obras que demanden

el progreso municipal y la solución de necesidades de saneamiento

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ambiental y de garantía de prestación de los servicios públicos,

facultad esta que encuentra su límite en la Ley 142 que dispone

quiénes son los sujetos prestadores de los servicios.

Lo anterior pone de manifiesto que aun cuando la CVC tiene la

potestad de participar en la atención de las necesidades de

saneamiento ambiental, lo cierto es que lo hace en el marco de las

funciones y atribuciones que legalmente le han sido asignadas, lo

que, para el caso concreto, podría implicar: i) la celebración de

contratos y convenios; ii) prestar asesoría al MUNICIPIO; iii)

otorgar los permisos, autorizaciones o licencias ambientales que se

requieran, siempre que se cumplan con los requisitos para el efecto,

lo que descarta que le corresponda la solicitud de permiso de

vertimientos; iv) evaluar, controlar y efectuar el seguimiento

ambiental a los vertimientos a la quebrada; v) ejecutar, en

coordinación con el MUNICIPIO, las obras de infraestructura que se

requiera para la descontaminación de la quebrada, que para el

asunto en estudio lo sería la construcción de la PTAR; vi) adelantar

los procesos administrativos y judiciales a que hubiere lugar para la

expropiación de los bienes, con el fin de realizar las obras

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requeridas22, entre otros, cuyas competencias deben realizarse en

estrecha coordinación con el ente territorial accionado 23, sin que por

ello pueda entenderse que le corresponda la prestación del servicio

22 Ley 99, artículo 3. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las

siguientes funciones:
[…]
6) Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y
privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera
alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones
administrativas;
[…]
8) Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental
formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices
de la política nacional;
9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;
[…]
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos,
a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas
funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos
concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
[…]
20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización
sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables;
[…]
26) Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia
ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional de
Regalías o con otros de destinación semejante
[…]
27) Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales en las entidades de derecho
público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una vez surtida la
etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus
funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las
mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley;
23 Ut Supra: “[…] PARÁGRAFO 4. Las Corporaciones Autónomas Regionales realizarán sus

tareas en estrecha coordinación con las entidades territoriales y con los organismos a las
que éstas hayan asignado responsabilidades de su competencia; […]”.

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de acueducto y alcantarillado, pues, como se expuso, dicha función

está en cabeza del MUNICIPIO.

Además de lo anterior, la Sala precisa que mediante la Resolución

núm. 0100 núm. 0690 - 0305 de 202024, la CVC adoptó los criterios

para que las administraciones municipales accedan al Fondo de

Cofinanciación de Diseños y Obras para la Descontaminación del

Recurso Hídrico en centros poblados nucleados, el cual le permite a

la autoridad ambiental invertir los recursos de dicho Fondo en el

cumplimiento de órdenes judiciales, aun cuando los municipios no

hubiesen presentado la solicitud, cuyas obras comprenden la

construcción de la PTAR y de los interceptores y emisarios

finales.

Siendo ello así, la Sala advierte que el numeral segundo de la parte

resolutiva de la sentencia apelada debe ser entendido en los

siguientes términos: i) la CVC se encuentra facultada para que, en

coordinación con el MUNICIPIO, construya la PTAR y los

interceptores y emisarios finales; ii) la construcción del

24 Resolución visible en la página web de la CVC, la cual se incorpora en el presente proceso

en virtud de lo ordenado en el artículo 177 del Código General del Proceso. Dicho acto puede
ser consultado en el siguiente enlace: file:///C:/Users/lmartinezm/Downloads/Resolucion-0100-
0690-0305-2020-22-may-202-Adopci%C3%B3n-Criterios-Fondo-de-Cofinanciaci%C3%B3n.pdf

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alcantarillado, si a ello hubiere lugar, le corresponde solamente al

ente territorial en atención a su obligación de asegurar la prestación

de los servicios públicos en el territorio de su jurisdicción 25; y iii) la

presentación de la solicitud del permiso de vertimientos es de

competencia exclusiva del MUNICIPIO26. Una vez ello ocurra, la CVC

cuenta con el término indicado en la orden apelada, esto es, tres

meses, para expedir el correspondiente permiso, siempre y cuando

se cumpla con los requisitos de ley, cuyo plazo está acorde con los

términos previstos por el artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto 1076 de

26 de mayo de 2015.

Asimismo, la Sala precisa que el contrato de consultoría suscrito en

el año 2017 por parte del ente territorial para la elaboración de

estudios técnicos y diseños para la construcción de los sistemas de

recolección, transporte, tratamiento y evaluación de aguas residuales

25 Constitución Política, Artículo 365: “Losservicios públicos son inherentes a la finalidad
social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes
del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de
dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley
aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno
decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá
indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas
del ejercicio de una actividad lícita”.
26 Decreto 1076 de 2015, “ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento.

Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental
competente, el respectivo permiso de vertimientos”.

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y pluviales en los corregimientos de San Marcos y Dapa, debe servir

de referencia para el MUNICIPIO y la CVC en la ejecución de la

orden impartida por el Tribunal en el numeral segundo de la

providencia apelada, máxime si se tiene en cuenta que la autoridad

ambiental ha emitido conceptos en el marco del mismo.

Por último, la Sala encuentra que aun cuando la CVC ha actuado

diligentemente al tramitar y aprobar el PSMV presentado por el

MUNICIPIO, al adelantar el proceso sancionatorio ambiental en

contra del ente territorial y, además, al emitir los respectivos

conceptos y realizar las visitas necesarias en el marco del contrato

de consultoría núm. 180-10-05-014-2017, lo cierto es que dichas

actuaciones no la eximen de dar cumplimiento a lo ordenado por el

Tribunal.

Por lo tanto, la Sala confirmará en dicho aspecto el fallo apelado

conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia,

pero en los términos expuestos en la presente sentencia.

Ahora, en relación con el Comité de Verificación, la Sala advierte que,

de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 472, este también debe estar

conformado por el Juez, quien lo presidirá. En consecuencia, debido

a que el Magistrado ponente del Tribunal no está incluido en el

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comité de verificación, se modificará el numeral cuarto de la parte

resolutiva de la sentencia, en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de

la sentencia de 19 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:

“[…] CUARTO: ORDENAR la conformación de un comité para la
verificación del cumplimiento de esta sentencia que estará
conformado por el magistrado ponente del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, quien lo presidirá y un representante de: i) la
DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL VALLE DEL CAUCA en
calidad de accionante, ii) el MUNICIPIO DE YUMBO, iii) la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –
CVC, y iv) un delegado de la Procuraduría General de la Nación,
como representante del Ministerio Público […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al

Tribunal de origen.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala, en la sesión del día 23 de febrero de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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