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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2017-01159-02

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2017-01159-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 3 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera: QUINTO: INTEGRAR el Comité de Verificación para el cumplimiento de la sentencia, el cual estará constituido por i) el Magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander, quien lo presidirá; ii) el actor popular; iii) el Agente del Ministerio Público Calle 12 # 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 Núm. único de radicación: 680012333000201701159-02 que actuó en el presente proceso o el que delegue especialmente el Procurador General de la Nación; y iv) los delegados del Municipio de Lebrija, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB, el Departamento de Santander, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija, quienes velarán por el cumplimiento de lo ordenado en esta sentencia y en los términos aquí dispuestos. En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo de Santander, en el marco del comité de verificación de cumplimiento, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 3 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998. QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de Santander, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2017-01159-02

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 680012333000201701159-02
Actores: José Salvador Cuevas, Ludwing Mantilla Castro y otros1
Demandados: Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Nación –
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento de Santander,
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -
CDMB- y Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija ESP.2
Vinculados: Municipio de Lebrija3

Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB- contra
la sentencia de 3 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Los señores José Salvador Cuevas, Ludwing Mantilla Castro, Deicy Teherán
Herrera, Luis David Cuevas Velásquez, Cecilia García Castañeda, Oscar Burgos

1 Deicy Teherán Herrera, Luis David Cuevas Velásquez, Cecilia García Castañeda, Oscar Burgos Ruíz, Juan

Carlos Moreno Hernández, Beatríz Amaya De Aguilar, Jasmín Rivera Jaimes, Carlos Andrés Baez Monares y
María Velandia Prada.
2 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 41_ED_059 CARATULA.pdf(.PDF) NroActua

2.
3 Entidad vinculada a través de auto proferido por el Tribunal Administrativo de Santander el 3 de agosto de

2018.

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Núm. único de radicación: 680012333000201701159-02

Ruíz, Juan Carlos Moreno Hernández, Beatríz Amaya De Aguilar, Jasmín Rivera
Jaimes, Carlos Andrés Baez Monares y María Velandia Prada presentaron
demanda4 contra la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Nación
– Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento de Santander, la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -
CDMB- y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija ESP., en
ejercicio del respectivo medio de control, con el objeto de obtener la protección de
los derechos e intereses colectivos: i) al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública; y ii) al goce de un ambiente sano, de
conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se ORDENE realizar la limpieza, descontaminación y recuperación de
Humedal el Pantano (Municipio de Girón), Quebrada Arrayanes, Quebrada Pantano
Viejo, Quebrada los Gaques, Quebrada Guacharacales, Quebrada los Cauchos,
Quebrada Potrero Cerrado, Quebrada la mesa de motoso, Quebrada La puentana,
Nacimientos de la Trinidad, Nacimientos de Palma Seca, Quebrada La mojarrera,
Quebrada Piedras negras, Quebrada la Angula, El charco del Águila, Quebrada la
Pantanera, Quebrada Chirili, Quebrada de seferino, El Oso, Puyana, Cantabria,
Nacimiento y Quebrada Mis ojitos, El salto del Mico y Quebrada las Raíces y demás
quebradas y cuencas del municipio de Lebrija. Se remita(sic) evidencias al respecto.
2. Se ORDENE realizar apertura del jagüey y/o lago, ubicado en la vereda pantano
del municipio de Girón, Finca Chimita, en el predio del señor JULIO DAZA ORDOÑEZ;
el cual obstruye el paso libre del agua a la quebrada la Angula en la parte Alta.
3. Se ORDENE la suspensión de las concesiones de agua desde el Jagüey del señor
JULIO DAZA ORDOÑEZ, pasando por el Humedal el Pantano, a llegar a la represa
de piedras negras, las cuales NO cuentan con los permisos ambientales.
4. Se ORDENE realizar la reforestación de las zonas colindantes y/o aledañas al
Humedal el Pantano (Girón), Quebrada Arrayanes, Quebrada Pantano Viejo,
Quebrada los Gaques, Quebrada Potrero Cerrado, Quebrada la mesa de motoso,
Quebrada Guacharacales, Quebrada los Cauchos, Quebrada La puentana,
Nacimientos de la Trinidad, Nacimientos de Palma Seca, Quebrada La mojarrera,
Quebrada Piedras negras, Quebrada la Angula, El charco del Águila, Quebrada la
Pantanera, Quebrada Chirili, Quebrada de seferino, El Oso, Puyana, Cantabria,
Nacimiento y Quebrada Mis ojitos, El salto del Mico y Quebrada las Raíces y demás
quebradas y cuencas del municipio de Lebrija.
5. Se ORDENE realizar la recuperación de la faja o franja de protección o ronda del
Humedal el Pantano, Quebrada Arrayanes, Quebrada Pantano Viejo, Quebrada los
Gaques, Quebrada Potrero Cerrado, Quebrada la mesa de motoso, Quebrada
Guacharacales, Quebrada los Cauchos, Quebrada La puentana, Nacimientos de la
Trinidad, Nacimientos de Palma Seca, Quebrada La mojarrera, Quebrada Piedras
negras, Quebrada la Angula, El charco del Águila, Quebrada la Pantanera, Quebrada
Chirili, Quebrada de seferino, El Oso, Puyana, Cantabria, Nacimiento y Quebrada Mis
ojitos, El salto del Mico y Quebrada las Raíces y demás quebradas y cuencas del
municipio de Lebrija. Se remita evidencias al respecto.

4 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_02DEMANDAYANEXOSPD(.pdf)
NroActua 2.

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6. Se ORDENE realizar el control y seguimiento en los barrios la popa, el centro, villa
Claudia san Jorge, el pesebre, laureles, granjas de bellavista, brisas de campo alegre,
campo alegre 1, 2 y 3, santa bárbara del municipio de Lebrija; en los cuales se
disponen residuos sólidos y basuras por bultos en las calles y/o directamente a las
fuentes hídricas Quebrada la Angula, las Raíces, Guacharacales. 7. Se OFICIE a la INSPECCIÓN DE POLICÍA del municipio de Lebrija, para que de
aplicación al comparendo ambiental y al nuevo código de Policía en materia de
cuidado a nuestras fuentes hídricas. 8. Se ORDENA a las entidades accionadas a adelantar los trámites administrativos,
interadministrativos y presupuestarios necesarios para garantizar los estándares de
potabilidad y accesibilidad de agua, según los parámetros técnicos y legales que
regulan la materia. 9. Se ORDENE a las entidades accionadas, se destine inmediatamente el
presupuesto requerido para la adecuación y construcción de las redes de acueducto
y alcantarillado que garanticen la apropiada y continúa prestación del servicio de agua
potable y alcantarillado, atendiendo estándares de salubridad, suficiencia,
permanencia, continuidad y eficiencia. 10. Se ORDENE a las entidades accionadas a incluir al municipio de Lebrija dentro
del Plan Departamental de Aguas del Departamento de Santander y el Plan Nacional
de Aguas, con el fin de garantizar el suministro de agua potable las 24 horas del día
y los 365 días del año, en excelente calidad de potabilidad para el consumo humano
y con los estándares legales. 11. Se ORDENE a las entidades accionadas a intervenir con planes y programas
concretos, ejecutables a corto, mediano y largo plazo, a efectos de que en el siguiente
año fiscal, procedan a solucionar el problema de agua potable que afecta a la
comunidad del municipio de Lebrija. 12. Se ORDENE a las entidades accionadas a realizar de forma provisional el
suministro del servicio de agua potable a la comunidad del municipio de Lebrija, las
24 horas del día y los 365 días del año, ya sea por carro tanques, aguas subterráneas
u otros sistemas de provisión de agua potable, hasta que se asegure de forma
definitiva el acceso al servicio público de acueducto a dicho municipio. 13. Se ORDENE a las entidades accionadas a realizar el tratamiento, control y manejo
de las fuentes hídricas de las cuales proviene el agua que se suministra a la
comunidad del municipio de Lebrija. 14. Se ORDENE a las entidades accionadas a realizar pruebas del agua, control y
seguimiento sobre la periodicidad y mantenimiento que se le realiza al agua que se
suministra a la comunidad del municipio de Lebrija. 15. Se ORDENE a las entidades accionadas a GARANTIZAR EN DEBIDA FORMA
EL AGUA POTABLE DURANTE LAS VEINTICUATRO (24) HORAS DEL DIA,
DURANTE TODO LOS DIAS DEL AÑO, a la comunidad del municipio de Lebrija, La
cantidad de agua a proveer por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS y
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP debe obedecer al volumen mínimo razonable
establecido por la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS), con el
objetivo de asegurar la satisfacción de todas las necesidades salud. 16. Se ORDENE a las entidades accionadas a garantizar la calidad del suministro de
AGUA POTABLE y saneamiento básico a la comunidad del municipio de Lebrija; ya
que los habitantes del municipio a la fecha no cuentan con la prestación continua,
eficiente y de forma continua del suministro de agua potable. 17. Se ORDENE a las entidades accionadas, que en un término razonable, diseñen
e implementen planes de contingencia que contemplen las medidas provisionales
idóneas y necesarias para asegurar el goce efectivo al servicio público de agua
potable a la comunidad del municipio de Lebrija, señalando medidas que les permita
vivir digna y sanamente. 18. Se ORDENE a las entidades accionadas a ejecutar acciones técnicas y legales
indispensables, para evitar mayor daño ambiental, en las fuentes hídricas del
municipio de Lebrija.

19. Se ORDENE a las entidades accionadas, INMEDIATAMENTE la implementación,
construcción y montaje de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR-,
para tratar el 100% de las aguas negras y vertidas del municipio de Lebrija. 20. Se ORDENE las entidades accionadas la construcción de muros de contención y
demás obras civiles, que eviten de manera efectiva los posibles daños a la vida

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humana y daños materiales, por el desbordamiento de las quebradas del municipio
de Lebrija, enunciadas en la primera pretensión. 21. Se ORDENE a las entidades accionadas a dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 80 de la Constitución Política Colombiana de 1991, frente al postulado que
afirma que “[…] El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental
[…]”
22. Se ORDENE a las entidades accionadas a realizar la destinación de los recursos
económicos necesarios para la adquisición de los predios necesarios para efectuar la
protección de las fuentes hídricas del municipio de Lebrija. 23. Se ORDENE a las entidades accionadas la adopción de forma inmediata de las
medidas necesarias de protección, recuperación y descontaminación de las fuentes
hídricas del municipio de Lebrija; con el fin de evitar continuar con el daño contingente,
hacer cesar las afectaciones ambientales, las amenazas, la vulneración o agravio
sobre los mismos, evitar continuar con el deterioro de la salud a los usuarios y
habitantes de la región, eliminar las malas condiciones fitosanitarias y recuperar las
quebradas en su estado natural. De manera que se eviten lo[s] perjuicios que se
vienen ocasionando, sobre el derecho a gozar de un ambiente sano, el espacio
público y los ecosistemas como fuentes de vida. 24. Se ORDENE a las entidades accionadas que dé inicio en un término razonable al
diseño de una Política Pública en materia de suministro de calidad y eficiente del
recurso hídrico para los habitantes del municipio de Lebrija; teniendo ésta como
objetivo el superar de manera definitiva la situación de desabastecimiento de agua
potable en el municipio, respetando el derecho al agua necesaria para asegurar un
mínimo vital en dignidad a la comunidad. 25. Se ORDENE a las entidades accionadas que definan y adopten los mecanismos
idóneos para verificar el nivel de consumo de agua y proceder a su cobro conforme a
los parámetros establecidos en la Observación General No. 15 del 2002 del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. 26. Se ORDENE al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE que
en el término improrrogable de cuatro (04) meses presente proyecto de ley, creando
un CONSEJO ESTRATÉGICO para la recuperación y el tratamiento de la
contaminación de las fuentes hídricas del municipio de Lebrija y se adopten las
medidas necesarias para que los habitantes del municipio cuenten con el suministro
continuo, permanente y de calidad del agua potable. 27. Se RECUPERE, DESCONTAMINE Y PROTEJA. La quebrada
GUACHARACALES, desde su inicio hasta el punto máximo de contaminación que se
encuentra en el barrio el Centro del mismo municipio, puntualmente en la Calle 12
No. 5 – 71, donde se evidencia descargas de […] [heces] de animales, fluidos y
desechos. 28. Se ORDENE la canalización de La quebrada GUACHARACALES, desde la
carrera 7 hasta la calle 5 del municipio de Lebrija. 29. Se ORDENE el cambio de tubería con mayor capacidad y la construcción
inmediata de plantas de tratamiento de aguas residuales para los barrios el paraíso,
Alpines de la popa, el centro, altos de la popa, ciudadela Jorge ríos cortes el cual tiene
600 apartamentos construido y realizan la descarga directa de las aguas negras,
30. Se ORDENE la terminación de la canalización de la quebrada las raíces, desde
la carrera 7 hasta la carrera 5 junto al vivero del municipio de Lebrija. 31. Se ORDENE la canalización de las aguas lluvias del sector ubicado desde la calle
15 con carrera 14 hasta llegar a la calle 13 con carrera 13, del municipio de Lebrija. Lo anterior para proteger la quebrada y nacimiento mis ojitos. 32. Se ORDENE la terminación de la canalización de la quebrada las raíces, desde
la carrera 10 hasta llegar a la quebrada la Angula, del municipio de Lebrija. 33.

Se ORDENE el cambio de tubería de aguas negras, desde la calle 15 con carrera
14 hasta llegar a la calle 13 con carrera 13, del municipio de Lebrija. Lo anterior por
encontrarse la tubería averiada y generando contaminación a la quebrada y
nacimiento mis ojitos. 34. Se ORDENE la canalización de las aguas lluvias del sector ubicado desde la calle
15 con carrera 14 hasta llegar a la calle 13 con carrera 13, del municipio de Lebrija. Lo anterior para proteger la quebrada y nacimiento mis ojitos.

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35. Se ORDENE la canalización de la quebrada las raíces, guacharacales y chirili,
que realizan su paso por el barrio Rosales y pinos de bellavista del municipio de
Lebrija. Y los respectivos colectores separando las aguas negras con las aguas lluvias
del mismo sector […]”5.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

3.1. Las fuentes hídricas del Municipio de Lebrija se encuentran contaminadas;
adicionalmente, los habitantes no cuentan con agua óptima para consumo humano
ni con permanencia en su suministro.

3.2. En reiteradas ocasiones han acudido a las autoridades para solicitar medidas
que permitan el consumo seguro de agua; sin embargo, no se han adoptado las
disposiciones necesarias, no se ha garantizado el acceso permanente del agua
potable, ni la protección de las fuentes hídricas, ni la instalación y funcionamiento
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR para el tratamiento de las
aguas vertidas. En consecuencia, la comunidad consume aguas lluvias, tiene
inconvenientes de salud como graves enfermedades respiratorias y en la piel,
generación de malos olores y criaderos de zancudos que transmiten el dengue,
entre otras situaciones.

3.3. A pesar de lo anterior, la empresa prestadora del servicio público sí realiza de
forma periódica el cobro del servicio de acueducto por un monto elevado y, a juicio
del actor, desproporcionado pese a no contar con la prestación del servicio de
calidad, de forma permanente y continua.

Contestaciones de la demanda

4. La Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio6 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas7, así:

4.1. Por la naturaleza del tema no es competencia del Ministerio en el sentido de
tener como pretensiones la realización de obras y acciones que competen a las
entidades territoriales; en ese sentido, no es la parte llamada a responder por la
eventual vulneración de derechos e intereses colectivos invocados.

5 Transcripción literal del texto de la demanda. Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:

1_ED_001DemandaAccionPopular.pdf(.PDF) NroActua 2.
6 Por intermedio de apoderado.
7 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_09CONTESTACIONDEMAN(.pdf) NroActua 2.

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4.2. En ese aspecto, destacó que es un órgano de gestión encargado de fijar o
formular las políticas a nivel nacional en materia de vivienda, desarrollo urbano,
ordenamiento territorial y uso del suelo, dentro de lo cual se encuentra lo
relacionado con agua potable y saneamiento básico.

4.3. Asimismo, resaltó que el Municipio de Lebrija puso en práctica lo previsto en
la Resolución 1063 de 2016, la cual establece los requisitos de presentación,
viabilización y aprobación de proyectos en el sector de agua potable y saneamiento
básico que requieran apoyo financiero de la Nación.

4.4. En virtud de lo anterior, el Municipio de Lebrija radicó ante el Ministerio de
Vivienda, mediante oficio núm. 2017ER0126317, el proyecto denominado
“OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO
LEBRIJA [-] SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE
BUCARAMANGA AMB”, y en respuesta el Ministerio le comunicó8 concepto de
viabilidad del proyecto, por un valor de $20.999.136.703 M/cte.

4.5. Atendiendo a ello, el 10 de noviembre de 2017 se suscribió el Convenio
Interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero núm. 311, entre el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Financiera de Desarrollo Territorial
S.A. -FINDETER- y el Municipio de Lebrija; cuyo objeto es “[…] [a]unar esfuerzos
para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado
‘OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO
LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN
DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB’ […]”.

4.6. Para dar constancia del cumplimiento del Ministerio, resaltó que el Municipio
de Lebrija, a la fecha de la presentación del escrito de contestación, se encontraba
en proceso de escrituración y registro de las servidumbres, por lo que no cumplía
los requisitos mínimos para continuar con la ejecución del proyecto; precisando que
tal circunstancia fue ajena a la voluntad de la entidad nacional.

4.7. En lo manifestado propuso las excepciones denominadas i) “falta de
legitimación en la causa por pasiva”; ii) “actuación de la entidad dentro del marco
legal de funciones y competencias”; y iii) “falta de demostración de la afectación de
los derechos por parte del Fondo Nacional de Vivienda”.

8 Mediante Oficio núm. 2017EE0103405 de 9 de noviembre de 2017.

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5. El Municipio de Lebrija9 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas con fundamento en los siguientes argumentos10:

5.1. El agua suministrada en el Municipio está certificada con pruebas
fisicoquímicas y microbiológicas, como apta para el consumo humano.

5.2. Para dar respuesta a la intermitencia del servicio se suscribió Convenio de
Cooperación Técnica y Apoyo Financiero núm. 311 de 10 de noviembre de 2017,
entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Financiera de Desarrollo
Territorial S.A. -FINDETER-, el Departamento de Santander y el Municipio de
Lebrija; sobre todo frente a la carencia del recurso hídrico en las temporadas de
verano, donde el desabastecimiento es grave.

5.3. Adicional al Convenio mencionado, se estaban en gestión otros dos
proyectos:

“[…] - La optimización y ampliación del embalse Piedras Negras del Municipio, del
cual se aporta el Estudio y Diseño, (se anexa presentación)

• Los Estudios y Diseños para la optimización y mejoramiento de la Represa Pico
del Águila, (se anexa presentación) […]”.

5.4. La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija ESP. ha realizado
labores de arborización en la zona del Pozo del Águila y en la Represa Piedras
Negras; y realiza el cobro por la prestación del servicio público de acueducto
correspondiente a las tarifas establecidas en los lineamientos de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

6. El Departamento de Santander11 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos12:

6.1. Al igual que la Nación, tiene funciones complementarias y subsidiarias, que
apoyan las correspondientes a las entidades territoriales municipales, las cuales
operan cuando la magnitud de la responsabilidad supera la capacidad o el ámbito
de los Municipios.

6.2. En ese sentido, el competente es el Municipio debido a que tienen la
obligación de contar con la información actualizada y completa de las condiciones

9 Por intermedio de apoderado.
10 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_12CONTESTACIONDEMAN(.pdf) NroActua 2.
11 Por intermedio de apoderada.
12 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_08CONTESTACIONDEMAN(.pdf) NroActua 2.

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de seguridad y estabilidad de los terrenos, además de adoptar las medidas
pertinentes para evitar la consolidación de un daño en la población.

6.3. Teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad con la Ley 1523 de 24 de
abril de 201213, las funciones de la “[…] Dirección de Gestión del Riesgo de
Desastres son de asesoría, orientación, coordinación y apoyo a los entes
territoriales mas no la de construcción de obras […]”.

6.4. Por último, propuso la excepción denominada “falta de legitimación en la
causa material por pasiva”.

7. La Corporación Autónoma Regional de Santander14 contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones formuladas, así15:

7.1. El Municipio de Lebrija está fuera de su jurisdicción, dicha entidad territorial
se encuentra en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga -CDMB-.

7.2. Respecto a otro asunto, la prestación de los servicios públicos está a cargo
de los municipios o en quien aquel delegue, no en las Corporaciones Autónomas
Regionales.

7.3. Como excepción propuso la denominada: “falta de legitimación en la causa
por pasiva”.

8. La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija ESP.16
contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así17:

8.1. Frente a la calidad del agua manifestó que el agua es tratada con productos
químicos y es apta para el consumo humano cumpliendo con los parámetros
establecidos sobre calidad del agua en el Decreto 1575 de 9 de mayo de 200718.
Con cifras, señaló que, hasta agosto del año 2018, “[…] se [presentó] un promedio
de una (1) queja mensual por la calidad del agua, de aproximadamente 5000
usuarios que tiene la empresa. Estas quejas [fueron] atendidas de manera

13 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional

de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
14 Por intermedio de apoderado.
15 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_18CONTESTACIONDEMAN(.pdf) NroActua 2.
16 Por intermedio de apoderado.
17 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_20CONTESTACIONDEMAN(.pdf) NroActua 2.
18 “Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo

Humano”.

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inmediata por la empresa, y en algunos casos son producto de la inadecuada
limpieza de los tanques de almacenamiento de agua internos, los cuales son
responsabilidad de los usuarios […]”.

8.2. Cuentan con monitoreo de una empresa debidamente acreditada y avalada
por las normas de calidad autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social,
la cual realiza pruebas microbiológicas, químicas y físicas de laboratorio analizando
la calidad del agua. Se toman muestras de calidad de agua cruda, luego en su
proceso de potabilización y en los puntos de muestreo certificados por la Secretaría
de Salud del Departamento.

8.3. Asimismo, señaló que cumple con condiciones de accesibilidad, calidad para
el consumo humano y no discriminación, teniendo en cuenta que las interrupciones
en la prestación del servicio acaecen debido a los altos consumos y la constante
disminución de los niveles del principal afluente de agua que surte al Municipio. Se
trata de la represa Piedras Negras. Y como medida de contingencia, en los términos
de la Ley 1523, se iniciaron jornadas de racionamiento para proteger el recurso
hídrico.

8.4. En cuanto a las medidas de protección y recuperación de las fuentes hídricas
del Municipio, informó que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga -CDMB- es la entidad competente para ejecutar
programas, políticas, planes y proyectos en materia de medio ambiente. Asimismo,
está encargada de la administración, manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables.

8.5. Para ordenar la limpieza, descontaminación y reforestación aledaña de las
fuentes hídricas del Municipio, debe haber un diagnóstico previo que permita
establecer en qué sitios específicos se presenta dicha contaminación.

8.6. La Empresa frecuentemente realiza labores de control en las calles del
Municipio y lugares donde la comunidad presenta quejas por constante e
inadecuada disposición de residuos con el propósito de realizar la respectiva
remoción.

8.7. Sobre la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, manifestó que
“[…] es una necesidad sentida no solo del Municipio de Lebrija sin[o] de los
Municipios del área Metropolitana de Bucaramanga, que vierten sus aguas
servidas a ríos y quebradas que recorren el Municipio de Lebrija, pero para ello
hay que hacer una inversión de aproximadamente 20 mil millones de pesos, dinero

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con el que no cuenta un municipio de 6Ta categoría como Lebrija, por lo que el
llamado es a la administración nacional o departamental que cuentan con estos
recursos […]” (Destacado fuera de texto).

8.8. En el Concejo del Municipio se encontraba un proyecto de acuerdo mediante
el cual se faculta al alcalde para declarar de utilidad pública e interés social unos
predios necesarios para la ejecución de trabajos de ampliación del embalse Piedras
Negras.

8.9. Se ha trabajado mancomunadamente con el Municipio para afrontar las
problemáticas de intermitencia en el servicio y se han realizado planeaciones a
corto, mediano y largo plazo en las cuales se destacan: i) Trabajos de dragado en
la estación de emergencia “El Águila” y en el embalse “Piedras Negras” para
aumentar su capacidad de almacenamiento; ii) estudios geo eléctricos contratados
para identificar posibles sitios aptos para realizar exploración de pozos profundos o
subterráneos como medidas alternas de abastecimiento; iii) estudios y diseños para
realzar el muro de la estación de emergencia El Águila, con el fin de incrementar la
capacidad de almacenamiento; iv) campañas de ahorro y uso eficiente del agua; y
v) se mantienen activos los sistemas de vigilancia, atención y control frente a la
reducción de recurso hídrico para actuar en caso que puedan escasear al límite.

8.10. Se está adelantando el proyecto que tiene por objeto suministrar agua
potable desde la red del acueducto metropolitana de Bucaramanga al Municipio de
Lebrija, el cual se encontraba en etapa de ejecución, donde ya se definieron las
condiciones técnicas para la construcción de las redes, los tramos y lugares por
donde se conducirán las mismas, de acuerdo al presupuesto ya definido en el
mentado proyecto.

Audiencia de pacto de cumplimiento

9. El Tribunal Administrativo de Santander celebró la audiencia de Pacto de
Cumplimiento el 8 de noviembre de 201819, sin que existiera propuesta de acuerdo,
por lo cual se declaró fallida.

Sentencia proferida, en primera instancia

10. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 3 de febrero
de 2023, resolvió:

19Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_23ACTAAUDIENCIADE
NroActua 2.

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“[…] PRIMERO. Amparar los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y al
acceso a una infraestructura de servicios públicos que garanticen la salubridad
pública de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO. Ordenar al Municipio de Lebrija que, dentro del plazo máximo de un
(1) año, contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia, adelante coordinadamente
con la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija, el Departamento de
Santander, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, todos los
proyectos, estudios técnicos y diligencias administrativas, financieras y
presupuestales que sean necesarias para lograr la construcción de la planta de
tratamiento de aguas residuales en el municipio de Lebrija Santander, obra que
deberá culminarse dentro de los tres (3) años siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

TERCERO. Ordenar al Departamento de Santander, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija
E.S.P., y a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga - CDMB, para que, en el marco de sus competencias constitucionales
y legales, brinden apoyo financiero, técnico y administrativo al municipio de Lebrija,
para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio
de Lebrija Santander.

CUARTO. Para lograr lo anteriormente ordenado, el municipio de Lebrija, el
Departamento de Santander, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, la
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P., y la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, en
el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia,
deberán elaborar un cronograma de trabajo que contenga las medidas que sean
pertinentes para la protección de los derechos colectivos amparados, precisando las
actividades a cargo de cada una de las entidades involucradas.

QUINTO. Ordenar la conformación del Comité de verificación que deberá estar
integrado por el actor popular, un representante del Municipio de Lebrija, el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento de Santander, la CDMB, la Empresa
de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija y el personero municipal de Lebrija, con
el propósito de que realicen seguimiento y adopten las medidas necesarias para el
cabal cumplimiento de la presente sentencia.

SEXTO. Sin condena en costas. De conformidad con lo expuesto en precedencia.

SÉPTIMO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVENSE las diligencias, previas las
constancias y anotaciones de rigor en el aplicativo SAMAI […]”20.

Consideraciones del Tribunal

11. El Tribunal planteó el siguiente problema jurídico:

“[…] [D]eterminar si los demandados son responsables de la vulneración de los
derechos colectivos invocados en la demanda debido a la contaminación de las
fuentes hídricas del municipio de Lebrija, la falta de permanencia en el suministro
de agua potable y que la misma no es apta para el consumo humano, y finalmente,

20 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_8_680012333000201701(.pdf) NroActua

2.

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que el ente territorial no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales.
[…]”21.

12. El Tribunal consideró que, no se encuentra probado técnicamente que en las
fuentes hídricas del Municipio de Lebrija se presenta contaminación, teniendo en
cuenta que se aportaron imágenes que no permiten tener claridad si corresponden
a cada una de las quebradas señaladas en el escrito de la demanda, ni que fuera
necesaria la canalización o construcción de muros de contención debido a que las
quebradas del Municipio no están en peligro de desbordamiento.

13. Contrario a lo anterior, el Tribunal encontró probado que la Empresa de
Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija cuenta con un concepto favorable,
expedido por la Secretaría de Salud del Departamento de Santander, para captar el
agua de las fuentes hídricas de Águila y Piedras Negras y suministrarla a los
habitantes del Municipio.

14. El Tribunal mencionó las medidas adelantadas por las autoridades en el caso
concreto y, en ese sentido, el Municipio de Lebrija realizó estudios para la compra
de predios en las zonas aledañas al Embalse Piedras Negras; y la Subdirección de
Evaluación y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB- visitó la zona de “[…]
manchadores, la batea y puente guineo […]”, en donde realizó un reconocimiento al
cuerpo de agua para determinar si existían vertimientos que pudieran estar
afectando el recurso hídrico, como resultado no se determinaron descargas ni
vertimientos al mismo.

15. Frente al suministro de agua potable, el Tribunal encontró demostrado que
en épocas de verano disminuyen los niveles del Embalse Piedras Negras por la falta
de pluviosidad y, debido a que es el único punto de abastecimiento para el
Municipio, es inevitable la discontinuidad del suministro de agua potable. En ese
sentido, adujo que, para evitar un posible desabastecimiento total de agua, en
ocasiones el Municipio se vio en la necesidad de declarar emergencia sanitaria e
iniciar racionamientos de agua.

16. El Tribunal destacó que el Municipio de Lebrija presentó, ante el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, un proyecto denominado “Optimización del
suministro de agua potable para el municipio de Lebrija Santander, mediante la
construcción de la conducción desde el acueducto metropolitano de Bucaramanga

21 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_8_680012333000201701(.pdf) NroActua

2. Página 10.

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(AMB)”. Como resultado de dicho proyecto se suscribió, entre el Ministerio, la
entidad Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER- y el Municipio de
Lebrija; el Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero
núm. 311 de 2017, el cual ya se encontraba en etapa de ejecución.

17. De lo anterior, se encontraron múltiples certificaciones de la empresa
prestadora de servicios públicos en las cuales indicó que, desde finales de 2018 y
marzo de 2019, el servicio de agua potable se ha prestado continuamente y con
óptima calidad a todos los usuarios del Municipio.

18. El Tribunal concluyó que en el Municipio de Lebrija es necesaria la
construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR-. Al
respecto, manifestó que la entidad territorial afirmó no contar con los recursos
necesarios para ello, frente a lo cual el Tribunal insistió en que, el Municipio tiene la
responsabilidad principal de efectuar todas las actuaciones necesarias para que se
cuente con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas.

19. En ese sentido agregó que no contar con ese sistema genera consecuencias
de impacto ambiental negativo en razón de la presencia de aguas domésticas
residuales que discurren libremente, la emanación de olores ofensivos y la
presencia de vectores, que pueden ocasionar graves afectaciones sobre la salud de
los habitantes.

20. El principal competente es el Municipio, sin embargo, en virtud de los
principios de coordinación y complementariedad, en el marco de sus competencias
y de manera subsidiaria, i) el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; ii) el
Departamento de Santander; iii) la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Lebrija; y iv) la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga -CDMB- tienen responsabilidad de, entre otras, apoyar, inspeccionar,
controlar factores de riesgo y asesorar a las entidades territoriales municipales en
el marco de la construcción de la adopción de medidas como las que son objeto del
proceso.

21. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga -CDMB-, de acuerdo a las funciones reconocidas en el artículo 31 de
la Ley 99 de 22 de diciembre de 199322, debe intervenir con acciones de control,
vigilancia, sanción, asesoría y apoyo a programas ambientales que desarrollen las

22 “[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones […]”.

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entidades territoriales en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
por lo tanto, deberá ejercer dichas atribuciones para la construcción de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en colaboración al Municipio de Lebrija.

Recurso de apelación

22. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga -CDMB-23 interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con fundamento en
los siguientes argumentos:

22.1. El Tribunal no tiene en cuenta la necesaria evidencia del nexo entre los
elementos fácticos demostrados y la participación real de la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB- en la
materialización del daño; solamente tuvo en cuenta la normativa de las funciones
previstas en los artículos 4, 12 y 17 del artículo 3124 de la Ley 99.

22.2. Se omitió la participación de la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB- en actividades como: i)
seguimiento de los predios donde se presentaba contaminación; ii) reforestación
alrededor de las represas; iii) sellamiento de dicha zona para mejorar las
condiciones del agua; iv) revisión de ciertos lugares en los que si se encontró algún
tipo de contaminación y por ende se realizaron los correctivos pertinentes; v)
adquisición de predios, sacando todos los permisos y licencias que requiere ese tipo
de proyectos; vi) seguimiento a las fuentes hídricas y, en los sectores en que se
evidenciaron fuentes contaminadas con basuras o mal uso de los habitantes, se
realizaron procesos pedagógicos con la comunidad frente al buen uso del agua y la
gestión adecuada de las basuras; y vii) limpieza llevada a cabo en algunos sectores.

22.3. En ese sentido, no está probada que haya alguna acción u omisión de la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -
CDMB- en la materialización de la afectación de los derechos e intereses colectivos
invocados; por lo tanto, no es posible imputarle responsabilidad.

22.4. De conformidad con lo señalado, el Tribunal comete una imprudencia en la
interpretación debido a que dicha entidad carece de las competencias funcionales
para el desarrollo de la infraestructura de una Planta de Tratamiento de Aguas

23 Cfr. índice 192 del sistema de gestión judicial, SAMAI, núm. único de radicación: 680012333000201701159-

00. Archivo denominado: 11_RECEPCIONDEMEMORIAL_RECURSOAPELACIONRAD(.pdf) NroActua 192.
24 Sobre las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.

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Residuales -PTAR-; más bien, como autoridad ambiental le corresponde “[…]
brindar asesoría a los entes municipales, por expreso mandato constitucional y
legal, encontrándose a cargo de estos las políticas públicas que propender por un
ambiente y continua prestación de servicios públicos en su localidad, en este caso
el del agua, siendo este un problema que no se ha solucionado en más de 30 años
por las diferentes administraciones municipales […]”.

22.5. Adicionalmente, el apoyo técnico que debe prestar al Municipio, a realizar en
virtud de los principios de subsidiariedad y complementariedad, está fuera de la
órbita de apoyo financiero o elaboración de la obra.

22.6. En el mismo escrito propuso excepciones denominadas: i) “falta de
legitimación en la causa por pasiva”; ii) “haber actuado conforme los postulados
legales y con[s]titucionales”; iii) “inexistencia de una omisión o acción transgresora
de los derechos colectivos por parte de la CDMB, en atención a su órbita de
competencia”; y iv) “a la CDMB no le asiste responsabilidad por acción u omisión en
los hechos relatados en la demanda”.

El trámite del proceso, en segunda instancia

23. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander profirió
auto de 25 de abril de 202325 mediante el cual i) se concedió, en efecto devolutivo,
el recurso de apelación presentado por la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB-; y ii) se rechazó por extemporáneo
el recurso de apelación presentado por el actor popular contra la sentencia
proferida, en primera instancia.

24. El Despacho sustanciador profirió auto de 26 de octubre de 202326 mediante
el cual admitió el recurso de apelación interpuesto por la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB- contra la
sentencia de 3 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

25. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo y

25 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_22_68001233300020170
Índice: 2.
26 Índice 6 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 6.

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desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
al goce de un ambiente sano; v) el marco normativo del Sistema Nacional Ambiental
-SINA-; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de las competencias de
las Corporaciones Autónomas Regionales en materia de colaboración a los
Municipios; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública; viii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de las facultades del
juez popular; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

26. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201927, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15028 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.

27. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

28. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandada en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida el 3 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander, de conformidad con los artículos 32029 y 32830 de la Ley 1564 de 12 de

27 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
28 “[…] Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en Segunda Instancia y Cambio de
Radicación. Modificado por los artículos 615 de la Ley 1564 de 2012 y 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo
de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación […]”.
29 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
30 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.

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julio de 201231, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 472.

Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar si, en el caso sub examine, la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB- tiene o no
competencia en las actividades de protección a los derechos e intereses colectivos
al goce de un ambiente sano y al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública, por cuenta de la construcción de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR en el Municipio de Lebrija en los términos
ordenados por el Tribunal Administrativo de Santander.

30. Y, en consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 3 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, en primera instancia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

31. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

32. Y, que en desarrollo de esta norma constitucional, el legislador expidió la Ley
472 que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

33. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

31 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

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34. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

35. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”32.

36. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

37. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho al goce de un
ambiente sano

38. Visto el artículo 79 de la Constitución Política, todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano.

39. La Corte Constitucional ha resaltado la importancia del medio ambiente sano
como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente no sólo
se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés universal,
y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos de 'tercera
generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están por nacer,
toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve, el planeta
desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como sujeto
universal del derecho […]”33.

40. En ese orden de ideas, la Sección Primera del Consejo de Estado ha hecho
alusión a las distintas dimensiones de este derecho, destacando que ostenta la
calidad de: “[…] (i) derecho fundamental (por encontrarse estrechamente ligado con
los derechos fundamentales a la vida y a la salud); (ii) de derecho-deber (todos son
titulares del derecho a gozar de un ambiente sano pero, además, tienen la
obligación correlativa de protegerlo); (iii) de objetivo social (conservación de las
condiciones del medio ambiente para garantizar el aprovechamiento de los recursos
naturales por parte de las generaciones presentes y futuras); (iv) de deber del
Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo de los recursos,
educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e imposición las sanciones
a que haya lugar); y (v) de derecho colectivo, de conformidad con lo previsto en el
artículo 88 superior […]”34.

Marco normativo del Sistema Nacional Ambiental -SINA-

41. La Ley 99 creó el Sistema Nacional Ambiental, como el conjunto de
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que
permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales 35.

33 Corte Constitucional, Sentencia C-699/2015. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. M.P.: Diana Fajardo Rivera, 18 de octubre de
2017.
34 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.

núm. único de radicación 76001-23-31-000- 2011-01300-01(AP).
35 Artículo 4.º de la Ley 99.

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42. De acuerdo con el artículo 4.º ejusdem, el Sistema Nacional Ambiental está
integrado por los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución
Nacional, en la Ley 99 y en la normativa ambiental que la desarrolle; por la normativa
relacionada con el medio ambiente; por las entidades del Estado responsables de
la política y de la acción ambiental; por las organizaciones comunitarias y no
gubernamentales relacionadas con la problemática ambiental; las fuentes y
recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio ambiente; y por
las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de producción de
información, investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo ambiental.

43. Los componentes institucionales del Sistema Nacional Ambiental –SINA-, en
orden jerárquico, son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las
corporaciones autónomas regionales, los departamentos, los distritos y los
municipios. En efecto, en la Ley 99, se establecieron funciones y competencias a
cargo de cada una de estas entidades, en relación con la protección del medio
ambiente.

44. En este contexto, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, le
corresponde coordinar el Sistema Nacional Ambiental –SINA-, para asegurar la
adopción y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos destinados a
garantizar el cumplimiento de los deberes, así como de los derechos del Estado y
de los particulares en relación con el medio ambiente y con el patrimonio natural de
la Nación36. En efecto, el numeral 4.º del artículo 5.º de la Ley 99, previó como
función de esa entidad “[…] Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la
ejecución armónica de las actividades en materia ambiental, de las entidades
integrantes del Sistema Nacional Ambiental, SINA […]”.

45. Además, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le corresponde,
entre otras cosas:

45.1. Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables; establecer reglas y criterios de ordenamiento ambiental de
uso territorial para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recurso naturales
renovables y del medio ambiente; regular las condiciones generales para el
saneamiento del ambiente, el uso manejo, aprovechamiento, conservación,
restauración y recuperación de los recursos naturales, con el objeto de impedir,
reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes.

36 Artículo 2.º Ibidem.

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45.2. Preparar los planes y programas en materia ambiental o respecto a los
recursos naturales renovables; establecer criterios ambientales que deben ser
incorporados en la formulación de las políticas sectoriales; determinar las normas
ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre el medio
ambiente a las que deben sujetarse los centros urbanos, asentamientos humanos,
entre otros; expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del
territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre uso
del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar las pautas generales
para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo
especial.

45.3. Definir la ejecución de programas y proyectos que la Nación, o en asocio con
otras entidades públicas, deba adelantar para el saneamiento del medio ambiente
o en relación con el manejo, aprovechamiento, conservación, recuperación o
protección de los recursos naturales renovables y del medio ambiente; dirimir las
discrepancias entre entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, que
susciten con motivo del ejercicio de funciones y establecer criterios o adoptar
decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en relación con la aplicación de las
normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales renovables o del medio ambiente; y hacer evaluación,
seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan, incidir
en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás autoridades las
acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus
efectos37.

46. De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
es el ente rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables38.

47. Ahora bien, las corporaciones autónomas regionales tienen como objeto la
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible39. De conformidad con los
numerales 4.º, 7.º y 24 del artículo 31 de la Ley 99, en el Sistema Nacional Ambiental
–SINA-, estas entidades ejercen, las siguientes funciones:

37 Artículo 5.º Ibidem.
38 Decreto 3570 de 27 de septiembre de 2011, “Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
39 Artículo 30 Ley 99.

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47.1. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos
de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y
entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental –SINA- en el área de su
jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de
su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en
sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia
de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales.

47.2. Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos
y vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como con las
entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental –SINA-,
estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales
renovables.

47.3. Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las
entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que
forman parte del Sistema Nacional Ambiental –SINA- y prestar asistencia técnica a
entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de
los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma
que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

48. Ahora bien, a los departamentos les corresponde promover y ejecutar
programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio
ambiente y los recursos naturales renovables; expedir, con sujeción a las normas
superiores, las disposiciones departamentales especiales relacionadas con el
medio ambiente; dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las
corporaciones autónomas regionales, a los municipios y a las demás entidades
territoriales que se creen en el ámbito departamental, en la ejecución de programas
y proyectos en las tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables; ejercer, en coordinación con las demás entidades
del Sistema Nacional Ambiental –SINA- y con sujeción a la distribución legal de
competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del
Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho a un
ambiente sano; promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes
directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras

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y con las corporaciones autónomas regionales, obras y proyectos de irrigación,
drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de
cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de
cuencas hidrográficas; entre otras40.

49. Por último, a los municipios y distritos, en materia ambiental, tienen a cargo
las funciones de promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales
y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Asimismo:

49.1. Elaborar los planes programas y proyectos ambientales municipales
articulados a los planes, programas y proyectos regionales, departamentales y
nacionales; dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias
superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del
patrimonio ecológico del municipio; adoptar los planes, programas y proyectos de
desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables, que hayan sido
discutidos y aprobadas a nivel regional, conforme a las normas de planificación
ambiental de que trata la presente ley.

49.2. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo
ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental; colaborar
con las corporaciones autónomas regionales, en la elaboración de los planes
regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarias para la
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; ejercer, a
través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía
Nacional y en Coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional
Ambiental –SINA-, con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones
de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con
el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en
materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.

49.3. Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las
disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio y las
regulaciones sobre usos del suelo; ejecutar obras o proyectos de descontaminación
de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del municipio, así
como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y
sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire; y promover, cofinanciar

40 Artículo 64 Ibidem.

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o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del
Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas
Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras,
defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para
el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas.

50. En relación con las competencias de la autoridad ambiental en materia de
saneamiento, esta Sala reiterará las consideraciones expuestas por la Sección
Primera en sentencia de 14 de diciembre de 202241.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las competencias de las
Corporaciones Autónomas Regionales en materia de colaboración con los
Municipios

51. La Constitución de 1991 atribuye al legislador la función de reglamentar la
creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un
régimen de autonomía42, las cuales se conciben como organismos administrativos
que forman parte de la estructura estatal “dentro de un régimen de autonomía”, con
identidad propia, autonomía e independencia.

52. Así, la Ley 99 reordenó el sector público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y definió a
dichas corporaciones autónomas regionales en el artículo 23, como:

"[…] entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por
las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio
y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por
su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas
del Ministerio del Medio Ambiente […]”.

53. En lo concerniente a su objeto, la Ley establece que éste se circunscribe a la
“[…] ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración,

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de diciembre

de 2022 con número único de radicación 760012333000201701795-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
42 El artículo 150, numeral 7 de la Constitución señala: “[…] ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer

las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […] 7. Determinar la estructura de la administración
nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica;
reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen
de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y
sociedades de economía mixta […]”.

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manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente […]”43.

54. Finalmente, en cuanto a sus funciones de asesorar y acompañar a, entre
otras, las entidades territoriales, el artículo 31 de la Ley 99 establece que dentro de
las funciones de las corporaciones autónomas regionales se encuentran:

“[…] 2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;
[…]

4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades
integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en
especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión
territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus
programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y
coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades
territoriales;
[…]

5. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su
jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de
que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten;
[…]

8. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme
a las directrices de la política nacional;
[…]

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
[…]

20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables […]” (Destacado fuera de texto).

43 Cfr. artículo 30.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e interés
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública

55. Vistos los artículos 2.°, 24 y 366 de la Constitución Política sobre el deber del
Estado de asegurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de
la población, comoquiera que, el artículo 2.° de la Constitución Política señala que
“[…] [l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares […]”. El artículo 24 ibidem establece el derecho de todos
los colombianos de circular libremente por el territorio nacional. Y, el artículo 366 de
la Constitución, dispone que “[…] [e]l bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado […]”.

56. Estas disposiciones constituyen un fundamento esencial para el derecho
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, que ha sido considerado por la Sección Primera del Consejo de Estado
como una prerrogativa, según la cual, la comunidad puede acceder a las
infraestructuras que sirvan para “la buena gestión de la salubridad pública”, que
integra el conjunto de elementos y servicios propicios para garantizar la salud.

57. Así, en sentencia de 19 de abril de 2007, el Consejo de Estado se pronunció
sobre el alcance del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública:

"[…] El derecho o interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública, detenta un origen constitucional, pues en el
artículo 88 alusivo a las acciones populares se indica el de la ‘salubridad’ como
derecho susceptible de protección a través de esta acción constitucional. Así mismo,
en la lista enunciativa de derechos e intereses colectivos susceptibles de amparo a
través de este instrumento, contenida en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, se
consagra de manera textual en su literal h.

Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la
posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que
velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la
estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.
[…]

El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del
‘acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública’. Es
un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad,
es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo
determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra
‘infraestructura’ la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios
que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una

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organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública. Por lo
tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
implica, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse
de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención, buscando
disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en un espacio
de tiempo determinado44.

Se observa así, que este específico derecho o interés colectivo no puede
confundirse con la salud de la comunidad, toda vez que se refiere más bien a la
posibilidad de esta de acceder a infraestructuras que sirvan para protegerla. Se
verifica entonces una relación comunidad - bienes y/o comunidad - organización; de
tal modo que solo se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo,
cuando se logre demostrar la imposibilidad de acceso a una infraestructura de
servicios determinada; se insiste no es el acceso a los servicios, sino a la
infraestructura de estos.

Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho o interés
colectivo, se obtendrá a través de órdenes orientadas a acceder a infraestructuras
de servicios […]”45 (Destacado fuera de texto).

58. En pronunciamientos posteriores, la Sala ha considerado que el derecho al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica
que “[…] las construcciones y edificaciones estén adaptadas de tal forma que eviten
a las personas contraer enfermedades o, que se generen focos de contaminación o
epidemias que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria […]”46.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de las facultades del juez
popular

59. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos, el cual establece “[…] [L]a
sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá
contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando
se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública
no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias
para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés
colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer
definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o
el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en
las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del
demandante […]”.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre

de 2002. C.P. Ligia López Díaz, radicación número: AP- 533. En esta decisión se discutía la naturaleza colectiva
que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández

Enríquez, radicación número: 540012331000200300266-01(AP).
46 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2018, radicación número: 680012333000

201500848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019,
radicación número: 850012333000201400034-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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60. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia 47, ha
considerado sobre los poderes del juez popular que “[…] resulta de gran importancia
precisar que de acuerdo con la Ley reguladora de la acción popular, la misma se
ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior si ello fuere posible- (Artículo 2 Ley 472 de 1998 / Artículo 144
Ley 1437 de 2011)-, cuando quiera que por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares, sean violados o amenazados – (Artículo 9 Ley 472 de
1998) -. Casos en los que corresponde al juez adoptar las órdenes de hacer o de
no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar al pago de
perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de las
conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del
derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible -(Artículo 34 Ley
472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos vulnerados,
como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.

61. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos. […] Lo anterior guarda coherencia con el artículo 2º
de la Constitución Política al establecer que ‘las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’ […]”.
(Subrayas originales del texto).

Análisis del caso concreto

62. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

47 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno, Sentencia de 18 de marzo de 2014, proceso identificado con el número único de
radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Sentencia de 21 de agosto de 2020, proceso
identificado con el número único de radicación 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP). Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Sentencia de 15 de mayo de
2014, proceso identificado con el número único de radicación 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).

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63. En ese orden de ideas, la Sala limitará su pronunciamiento a los precisos
argumentos expuestos por la entidad apelante, con la claridad de que no se
abordarán asuntos o materias que no fueron apeladas, entre ellas, la situación de
existencia de una vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos al
goce de un ambiente sano y al acceso a una infraestructura de servicios públicos
que garanticen la salubridad pública, con ocasión de la problemática planteada, así
como las órdenes de protección impartidas a autoridades diversas a la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.

64. Adicionalmente, el análisis de la Sala tendrá en consideración que los
argumentos presentados por la entidad apelante están orientados a controvertir
exclusivamente su competencia en torno a la superación de la situación de amenaza
y vulneración de los derechos e intereses colectivos.

La competencia de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga -CDMB-, en el caso concreto

65. La Sala procederá a estudiar las competencias de la autoridad recurrente con
el objeto de determinar su responsabilidad en torno a la superación de la vulneración
o amenaza de los derechos e intereses colectivos del caso concreto. En ese orden
y en armonía con el problema jurídico planteado, se determinará si son procedentes
o no las medidas impartidas por el Tribunal, en especial, las relativas a la
participación de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga -CDMB- como agente obligado.

66. En relación con las corporaciones autónomas regionales, se reitera que, de
conformidad con la Ley 99, en especial, su artículo 31, se trata de autoridades que
están facultadas para: i) ejercer funciones de vigilancia y control en las materias
propias de su competencia; ii) imponer y ejecutar las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección
ambiental; iii) asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos
en materia ambiental; y iv) ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación
con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y
obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección
o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente.

67. En ese sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación en
concepto de 22 de noviembre de 200148, analizado por esta Sala en sentencia de

48 Radicación número: 1382.

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23 de febrero de 202349, consideró que las Corporaciones Autónomas Regionales
estaban sometidas al derecho público y, en consecuencia, a los principios de
legalidad y de la improrrogabilidad de la competencia, lo cual implica que solamente
pueden ejercer las funciones previstas en la Constitución y la ley.

68. Observando lo anterior, la Ley 99 no les otorgó la competencia para
desarrollar actividades de prestación directa de servicios públicos domiciliarios; sin
embargo, sus funciones se encuentran en concurrencia con la competencia de
construcción de obras que solucionen las necesidades de saneamiento ambiental
atribuida a los Municipios.

69. Asimismo, si bien las corporaciones autónomas regionales no tienen
competencias para la prestación de servicios públicos domiciliarios, la Sala50 ha
concluido que gozan de amplias facultades para invertir en proyectos de
infraestructura, como es el caso de las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales, que permitan la descontaminación o recuperación del medio ambiente
y de los recursos naturales renovables.

70. Para esos fines pueden, por un lado, destinar recursos de la línea de
redescuento con tasa compensada a la que se refiere el Decreto 3333 de 5 de
septiembre de 200851, “[…] para financiar y cofinanciar estudios, diseños e inversión
en interceptores, emisarios finales, sistemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas, rellenos sanitarios municipales o regionales, y financiar o cofinanciar
los demás proyectos del componente ambiental de su competencia, en el marco los
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) […]” (Destacado fuera de texto).

71. Y, por el otro, realizar inversión en obras de infraestructura en el sector de
agua potable y saneamiento básico para ser entregadas como aportes a los
municipios o empresas operadoras de servicios públicos, en los términos del artículo
22 de la Ley 1450 de 16 de junio de 201152.

72. En el recurso de apelación, la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB- solicitó la revocatoria de la

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña

Garzón, sentencia de 23 de febrero de 2023 con núm. único de radicación 760012333000201800656-01 (AP).
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez

Sánchez, sentencia de 16 de mayo de 2019 con núm. único de radicación 850012333000201400230-01.
51 Por el cual se regula una línea de redescuento, con tasa compensada, de la Financiera de Desarrollo

Territorial S. A., Findeter, para el Financiamiento de las Inversiones en Agua, FIA, dentro de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA y se modifica el
Decreto 280 del 31 de enero de 2006.
52 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.

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sentencia proferida en primera instancia ciñéndose a que no es la autoridad
competente para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales - PTAR debido a que las competencias legales no le facultan para
ejecutar esa clase de proyectos, las cuales son función de las entidades territoriales
municipales.

73. En el mismo escrito resaltó lo señalado en los testimonios recaudados en el
proceso, en cuanto se mencionaron las múltiples actividades de la Corporación
Autónoma encaminadas a la protección del medio ambiente en asuntos como la
reforestación alrededor de las represas, el sellamiento de las mismas para mejorar
las condiciones del agua, adquisición de predios, seguimiento a fuentes hídricas,
procesos pedagógicos con la comunidad para el buen uso del agua y de las
basuras, entre otras.

74. No obstante, afirmó que “[…] en su condición de autoridad ambiental y
conforme a sus competencias, le asiste un deber de prestar colaboración y
acompañamiento en el cumplimiento de las órdenes proferidas, y a brindar asesoría
técnica con el fin de materializar el proyecto de la PTAR […] en virtud de su
competencia subsidiaria o complementaria […]”.

75. Como asunto importante a resaltar y, en relación con el factor territorial de
competencia, la Sala destaca que el área de influencia de la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB- está integrada por
los siguientes trece (13) municipios: Bucaramanga Floridablanca, Girón,
Piedecuesta, Vetas, California, Suratá, Matanza, Charta, Tona, El Playón, Rionegro
y Lebrija, este último objeto de esta acción popular.

76. En atención a lo mencionado, la Sala considera que en el caso concreto y sin
desconocer que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga -CDMB ha realizado actuaciones tendientes a la protección de la
cuenca en el área de su jurisdicción que, como ella misma lo indica en su recurso,
se ha traducido en actividades como como: i) seguimiento de los predios donde se
presentaba contaminación; ii) reforestación alrededor de las represas; iii)
sellamiento de dicha zona para mejorar las condiciones del agua; iv) revisión de
ciertos lugares en los que si se encontró algún tipo de contaminación y por ende se
realizaron los correctivos pertinentes; v) adquisición de predios, sacando todos los
permisos y licencias que requiere ese tipo de proyectos; vi) seguimiento a las
fuentes hídricas y realización de procesos pedagógicos con la comunidad frente al
buen uso del agua y la gestión adecuada de las basuras; y vii) limpieza llevada a

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cabo en algunos sectores; la Sala considera que es necesaria la participación de
dicha Corporación no solamente con el propósito de garantizar el cumplimiento de
las órdenes impartidas en la sentencia, sino porque su apoyo, asesoría y asistencia
permanente durante todo el trámite de diagnóstico, prefactibilidad, diseño, impulso,
financiación y ejecución de los proyectos de infraestructura ambiental, permitirá el
restablecimiento de los derechos e intereses colectivos conculcados.

77. En este punto, la Sala precisa que, contrario a lo manifestado por la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga,
las órdenes impartidas no obedecen a la determinación de la existencia de una
acción u omisión por parte de esa entidad, que implique amenaza o vulneración de
los derechos e intereses colectivos invocados y, por ende, responsabilidad en ese
sentido, como lo alega en el recurso de apelación, sino que su comparecencia al
proceso y las órdenes impartidas se fundamentan en, por un lado, su condición de
“[…] entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el interés colectivo
afectado […]”53; y, por el otro, en que el ejercicio de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, en los términos explicados, son “[…]
necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o
del interés colectivo […]”54 o, al menos, superar la situación evidenciada en torno a
los derechos e intereses colectivos objeto de pronunciamiento, en especial, el
relativo al goce de un ambiente sano en materia de saneamiento básico.

78. Es por lo anterior que la autoridad ambiental debe apoyar al Municipio, este
último como principal obligado, en torno a la ejecución del proyecto ordenado en la
sentencia proferida en primera instancia; apoyo que deberá enmarcarse en las
precisas competencias constitucionales, legales y reglamentarias de la Corporación
Autónoma Regional y en tanto sus actos estén orientados a la defensa, protección,
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables.

79. Aunado a ello y en los términos explicados supra, la Corporación Autónoma
Regional deberá contribuir, si es pertinente y en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias y en los términos explicados
anteriormente, con inversión económica orientada a garantizar la protección del
medio ambiente y el saneamiento en la zona objeto de esta acción popular. Es decir,

53 En los términos del inciso final del artículo 21 de la Ley 472, sobre notificación del auto admisorio de la

demanda, que establece que el trámite se comunicará y, por ende, se vinculará a “[…] la entidad administrativa
encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado […]”.
54 Así lo establece el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia. Asimismo, la norma establece en su inciso

final que “[…] [t]ambién comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de
su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]”.

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su participación activa es determinante para el cuidado de las zonas de protección
ambiental, sobre todo en los cuerpos de agua natural que reciben las aguas
residuales.

80. Tal como señaló el Municipio de Lebrija, “[…] [l]a Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales - PTAR es una necesidad sentida no solo del Municipio de Lebrija
sin[o también] de los Municipios [que integran el] […] área Metropolitana de
Bucaramanga que vierten sus aguas servidas a ríos y quebradas que recorren el
Municipio de Lebrija […]”, es una obra relevante para la protección del medio
ambiente. En ese orden de ideas, sin desconocer que en este caso el principal
obligado al cumplimiento de la orden es el Municipio, lo cual no es objeto de análisis
en esta providencia, la Sala reitera que, en este caso, la participación de la
Corporación Autónoma Regional es determinante para la protección de los
derechos porque, por un lado, se orienta a la protección de un elemento relevante
medio ambiental; por el otro, la fuente de la vulneración está relacionada con una
situación de saneamiento ambiental; y, por último, porque las corporaciones
autónomas regionales son autoridades competentes en torno a la protección
específica del medio ambiente, en los términos planteados supra.

81. De esa forma, no se declarará probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga -CDMB- y, por ende, se confirmará en este aspecto la
sentencia proferida, en primera instancia.

Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto

82. El Tribunal, en el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió sobre la conformación del comité de
verificación de cumplimiento, lo siguiente: “[…] QUINTO. Ordenar la conformación
del Comité de verificación que deberá estar integrado por el actor popular, un
representante del Municipio de Lebrija, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
el Departamento de Santander, la CDMB, la Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija y el personero municipal de Lebrija, con el propósito de que
realicen seguimiento y adopten las medidas necesarias para el cabal cumplimiento
de la presente sentencia […]”.

83. La Sala, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia
en acciones populares, y teniendo en cuenta la jurisprudencia de esta Sección,
considera que se debe modificar el precitado ordinal quinto de la parte resolutiva de

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la sentencia de 3 de febrero de 2023, en lo relacionado con la conformación del
Comité de Verificación de cumplimiento, en el sentido de precisar que el Magistrado
Sustanciador del Tribunal deberá presidir el comité, como se precisará en la parte
resolutiva de la sentencia.

84. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo de Santander, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

85. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

Conclusiones de la Sala

86. La Sala modificará el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia
proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Santander, en el
sentido de precisar que el comité de verificación de cumplimiento deberá ser
integrado y presidido por el magistrado ponente del respectivo Tribunal y confirmará
en lo demás la precitada sentencia en atención a que a la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga le asisten competencias
en torno a la superación de la situación de amenaza y vulneración de los derechos
e intereses colectivos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 3
de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará de la siguiente manera:

QUINTO: INTEGRAR el Comité de Verificación para el cumplimiento de la sentencia,
el cual estará constituido por i) el Magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo
de Santander, quien lo presidirá; ii) el actor popular; iii) el Agente del Ministerio Público

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que actuó en el presente proceso o el que delegue especialmente el Procurador
General de la Nación; y iv) los delegados del Municipio de Lebrija, la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB, el
Departamento de Santander, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija, quienes velarán por el
cumplimiento de lo ordenado en esta sentencia y en los términos aquí dispuestos.

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente
es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el Tribunal
Administrativo de Santander, en el marco del comité de verificación de cumplimiento,
podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su
cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 3 de febrero de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Santander, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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