Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00865-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2019-00865-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00865-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-00865-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente, Ley
71 de 1988. Vinculación a través de contratos de prestación de
servicios. Efectividad de la prestación
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala de Oralidad, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Consuelo Puertas Arias presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones 4143.0.21.6674 del 9 de septiembre de
2016, por el cual el Fomag le reconoció una pensión de vejez en los términos de las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 efectiva a partir de la fecha del retiro del servicio
1
En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
de docencia, y 4143.0.21.0196 del 20 de enero de 2017 que resolvió un recurso de
reposición interpuesto contra la anterior decisión.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley
71 de 1988, esto es con el 75% de los salarios y primas que percibió en el año
anterior a la adquisición del derecho, a partir del 22 de abril de 2012 «momento en
que cumplió 1000 semanas de cotización, a los 55 años de edad», sin condicionarlo al
retiro del servicio; ii) el pago de las mesadas atrasadas y la inclusión en nómina de
la prestación; iii) el ajuste de valor de las sumas reconocidas; iv) el cumplimiento del
fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; v) los intereses
moratorios a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia; vi) la condena
en costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Consuelo Puertas Arias nació el 22 de abril de 1957, por lo que cuenta con más
de 55 años de edad.
3.2. Laboró como docente al servicio de la Institución Educativa Cristóbal Colón del
municipio de Santiago de Cali a través de contratos de prestación de servicios desde
el 7 de enero de 2003 hasta el 21 de marzo de ese año y en provisionalidad del 21
de abril al 9 de julio de 2003; y en propiedad en la Sede Educativa Técnica de Ballet
Clásico Incolballet a partir del 13 de noviembre de 2003, vinculación que se
encontraba vigente en la fecha en la que se presentó la demanda.
3.3. Cotizó a Colpensiones y al Instituto de Seguros Sociales2 un total de 1.448,86
semanas, entre el 13 de enero de 1975 y el 30 de octubre de 2006, y al Fomag a
partir del 13 de octubre de 2003.
3.4. El 23 de abril de 2015 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación; y a
través de los actos acusados, la entidad le reconoció una pensión de vejez en los
términos de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 efectiva a partir de la fecha del
retiro del servicio de docencia.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15, numerales 1 y
2, de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de
2
En lo que sigue ISS
2
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:
5.1. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se
vincularan después del año 1990, para efectos de las prestaciones económicas y
sociales, se regirían por las disposiciones de las que eran beneficiarios los
servidores públicos del orden nacional; lo cual también era extensivo a los docentes
que realizaran aportes al ISS y en el sector público.
5.2. Lo anterior, permite concluir que «para los servidores públicos docentes vinculadas
después de 1990, se UNIFICÓ EL RÉGIMEN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES, con el
resto de empleados públicos del orden nacional, aplicando así mismo todas aquellas
disposiciones aplicables a los empleados públicos de esta denominación, completando, de
ser necesario las semanas exigidas en el antiguo ISS, como lo estableció el artículo 7 de la
ley 71 de 1988» (sic).
5.3. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que el «[e]l régimen prestacional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculadas al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley»(sic); disposición
que debe ser entendida en el sentido de que «los docentes vinculadas con anterioridad
al año 2003, se le aplican las normas anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir la
Ley 71 de 1988 como trabajadores privados, o prestando el servicio público o privado con
aportes al antiguo ISS, pues si trataba de proteger a los docentes que con alguna edad se
vinculaban al sector público después del 26 de junio de 2003, y que lograban acreditar
trabajo antes de menciona fecha, TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES ANTERIORES
A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE, le son aplicables».
5.4. Es decir que «si el docente se encontraba laborando como docente con anterioridad
al 26 de junio del año 2003, estuviera aportando a alguna de previsión del sector público o
al ISS, es preciso indicar que debe respetársele el régimen de transición que contiene el
art. 81 de ley 812 de 2003» (sic). En ese orden y en consideración a que antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 la demandante efectuó aportes al ISS, se le
debe respetar el régimen contenido en la Ley 71 de 1988. Puesto que, la «expresión
vinculadas, desarrollada expresamente en la norma, se refiere como lo contemplo el
Honorable Consejo de estado, a estar laborando o haber realizado aportes al ISS, como
normatividad aplicable a los servidores públicos del estado, antes del 23 de junio de 2003»
(sic).
5.5. Asimismo, al reconocer la prestación con fundamento en lo dispuesto en la Ley
100 de 1993, el acto acusado vulneró la normatividad que rige a los docentes y la
3
Folios del 1 al 23.
3
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
Ley 812 de 2003 que le permitía acudir a la Ley 71 de 1988.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en que a los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1990 se
les reconocía una pensión de jubilación bajo el régimen general del sector público,
y para los docentes nacionalizados, vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el reconocimiento era con el régimen prestacional al que pertenecen en cada
entidad territorial. Así pues, el régimen de los docentes es igual al de los empleados
públicos del orden nacional, esto es con la Ley 33 de 1985 y los decretos 3135 de
1968 y 1848 de 19694.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad, profirió sentencia
el 8 de septiembre de 2022, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos5:
8.1. El reporte de semanas cotizadas en pensiones de Colpensiones, actualizado al
2 de julio de 2019, da cuenta de un total de tiempo cotizado de 1.500,71 semanas,
con fecha de afiliación del 12 de noviembre de 1974. De acuerdo con lo anterior, la
demandante no tenía derecho al beneficio de disfrutar de la pensión y seguir
percibiendo salario, porque no logró consolidar el derecho pensional de conformidad
con la Ley 91 de 1989 ni con la Ley 33 de 1985, puesto que únicamente completó
13 años, 5 meses y 9 días de servicio al sector público, y se exigía 20 años.
8.2. Aunque por virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, del cual era destinataria, sí tenía derecho a la pensión por aportes, pues
cumplió 55 años de edad el 22 de abril de 2012 y más de 20 años cotizados,
sumados tiempos públicos y privados; para disfrutar de ella era necesario que se
retirara definitivamente del servicio. Lo anterior porque, aunque el retiro «no le daba
derecho a seguir percibiendo el salario (doble asignación del tesoro público), implicaría una
reducción de la tasa de reemplazo frente al derecho pensional que ya le reconoció la entidad
demandada. En efecto, la tasa de reemplazo de la pensión por aportes equivale al 75 %
(artículo 8 del Decreto 2709 de 1994), mientras que la tasa de reemplazo que se le
reconoció en los actos administrativos demandados fue del 80 %».
8.3. Procede la condena en costas en atención al criterio objetivo valorativo porque
se causaron agencias en derecho, toda vez que, la parte demandada intervino en
4
Índice 13 de Samai del tribunal.
5
Índice 35 de Samai del tribunal.
4
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
el proceso por conducto de apoderado judicial.
1.4. El recurso de apelación
9. Consuelo Puertas Arias presentó recurso de apelación con fundamento en lo
siguiente6:
9.1. Tuvo una vinculación como docente oficial antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, tal y como se evidencia en el contrato de prestación de servicios
42110943 del 21 de marzo del 2003, esto es entre el 7 de enero y el 21 de marzo
de 2003, además, por medio de la Resolución 333 del 1° de abril de 2003 fue
nombrada en provisionalidad por el periodo comprendido entre el 21 de abril y el 9
de julio de 2003. Asimismo, efectuó cotizaciones al ISS y tiene una vinculación con
la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali. Por lo que, al ser una
docente vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 era
beneficiaria de las disposiciones que en materia pensional se encontraban vigentes
antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, dentro de las cuales está la Ley 71
de 1988 que permitió el cómputo de los aportes efectuados por los trabajadores en
el sector público y privado.
9.2. De acuerdo con lo anterior, al momento de solicitar la pensión por aportes
acreditó los requisitos previstos en la Ley 71 de 1988 para su reconocimiento, esto
es 55 años de edad y más de 20 años de servicios.
9.3. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 previó que los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales vinculados con anterioridad al 26 de junio de 2003,
fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, están cobijados por el régimen
pensional previsto en las normas que hacían parte del ordenamiento jurídico para
ese momento y, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado7 la
vinculación de los docentes bajo la modalidad de prestación de servicios no
desvirtúa la configuración de los elementos de la relación laboral que, en aplicación
de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad,
merecen una protección especial por parte del Estado.
9.4. De acuerdo con lo anterior, al momento de solicitar la pensión por aportes
acreditó los requisitos previstos en la Ley 71 de 1988 para su reconocimiento, esto
es 55 años de edad y más de 20 años de servicios.
9.5. La condena en costas solo es procedente cuando en el expediente se acredite
su causación, situación que no ocurrió en el sub judice. Asimismo, «nunca tuvo la
6
Índice 39 de Samai del tribunal.
7
Sala Plena, sentencia CESUJ2 n°5 del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-33-000-2013-
00260-01 (00882015).
5
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
voluntad de generar un desgaste del aparato judicial innecesario, por el contrario, siempre
tuvo la expectativa de que sus pretensiones fueran favorables y no se buscaron
mecanismos dilatorios como para que el a quo le asigne una condena en Costas tan
elevadas» (sic).
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar8.
11. Sin embargo, Consuelo puertas Arias se pronunció para reiterar que lo
pretendido es el reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes por haber
cumplido 55 años y 1000 semanas de cotización, sin que le sea exigible el retiro
definitivo del cargo para hacerla efectiva en su condición de docente perteneciente
al régimen de excepción del magisterio, según lo previsto en el artículo 7 la Ley 71
de 1988, toda vez que, cuenta con tiempos como docente oficial antes del 23 de
junio de 2003 y efectuó aportes a Colpensiones, lo que le otorga el derecho a que
le sean aplicadas las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigencia del
artículo 81 de la Ley 812 de 20039.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia10.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia11, se circunscriben a
8
Tal y como se indicó en el auto del 1° de junio de 2023. Índice 5 de Samai.
9
Índice 11 de Samai.
10
Así se desprende del informe secretarial del 2 de mayo de 2024. Índice 9 de Samai.
11
Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
6
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
establecer lo siguiente:
13.1. ¿Lostiempos de servicios prestados por Consuelo Puertas Arias pueden
computarse para acreditar el tiempo de servicio para el reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988?
13.2. ¿La pensión regulada en la Ley 71 de 1988 es compatible con el salario
percibido en ejercicio de la docencia o para recibirla el docente debe retirarse del
servicio?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
14. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte12. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas13.
15. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción14. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»15. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
12
Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
13
Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
14
El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
15
Preámbulo y artículo 6.
7
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
16. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos16. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: «Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
17. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
18. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
16
Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
8
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
19. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200317.
20. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
21. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Vinculados por Las causadas hasta 29 de La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del diciembre de 1989 y en Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional adelante, los reajustes y la hicieren sus veces.
Nacional sustitución de pensiones
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
Las causadas hasta el 31 de Las respectivas entidades
diciembre de 1975 y en territoriales o las cajas de
adelante, los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Vinculados por venía vinculado este personal
nombramiento de Las causadas en el período La Nación o las respectivas
entidad territorial de nacionalización (1 de entidades territoriales o las
antes y después del enero de 1976 – 31 de cajas de previsión, o las
1/1/1976 (Ley 43/75) diciembre de 1980), los entidades que hicieren sus
reajustes y la sustitución de veces (estas entidades deben
pensiones contribuir en los porcentajes
establecidos en el artículo 3 de
Nacionalizado la Ley 43 de 1975).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1 de enero de 1981 y territoriales o las cajas de
el 29 de diciembre de 1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
17
Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
9
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
22. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
23. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
24. La Ley 60 de 199318 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
25. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen
a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas
18
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
10
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria
o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se
dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos
a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben
demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para
los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen
constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de
un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de
1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia
de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993
consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara
que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo
115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido
de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de
pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33
de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley
6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones
‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de
‘especiales’.»
26. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
27. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.2.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988
28. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:
11
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
29. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:
«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes, a
partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de cesantías
aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15
habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al
beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo
permite»19 (se destaca).
30. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.
31. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.
19
Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la
República del 17 de octubre de 1989.
12
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
32. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes20 que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.
33. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.
34. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»21 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
35. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador22. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
20
Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
21
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
22
«[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre
cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de
este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho
al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse
este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá
de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado, Sección Segunda,
13
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
36. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».
37. En este sentido, se debe destacar que la expresión «derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.
38. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación23.
sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
15) CE-SUJ2-010-18.
23
En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan
normas sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la
enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo
104 los define como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de
formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales,
culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se
expide el Estatuto de Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan
14
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
39. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:
39.1. desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el derecho
a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace parte de
los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público nacional»
a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;
39.2. contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;
39.3. impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por aportes
que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y
39.4. desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior24.
40. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1° de enero de 1981 o del 1° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.
41. Si bien el numeral aludido indicó que «cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que «[e]stos pensionados
labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos
en su proceso enseñanza aprendizaje […]».
24
Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.
15
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional », que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor.
42. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.
43. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.
44. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones », lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
45. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
16
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.
46. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.
2.2.3. Régimen jurídico aplicable a los docentes para el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación según la Ley 71 de 1988
47. En el evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, la Ley 71 de 1988 estableció, en su artículo 7, los requisitos de
la pensión de jubilación por aportes en los siguientes términos:
«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo
y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces,
del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre
que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años
o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas».
48. De acuerdo con la norma transcrita, tienen derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión de
cualquier orden y en el ISS, cuando cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si
es hombre.
49. La anterior disposición (artículo 7° de la Ley 71 de 1988) fue reglamentada por el
Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, así:
«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o.
de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más
de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20
años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros
Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren
del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de
invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las
17
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
excepciones previstas en la ley.
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y
retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya
concurrencia entre ellas.
Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes,
se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social,
fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental,
intendencial, comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
[…]
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El
salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones
contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.
Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley».
50. En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por aportes,
los precitados artículos 625 y 8 del Decreto 2709 de 1994 lo establecieron en un 75%
del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios.
2.2.4. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
51. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
25
La citada disposición fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, el cual, en su
artículo 22, preceptuó que: «El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta la edad,
el tiempo de servicio y el monto porcentual de la pensión aplicable a dichos trabajadores. El ingreso
base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 […]». No obstante, esta sección, en sentencia de 15 de mayo de 2014, consejero ponente
Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-25-000-2011-00620 de -00 (2427-11), declaró la
nulidad parcial del aludido artículo 24 el Decreto 1474 de 1997, en cuanto había derogado el artículo
6° del Decreto 2709 de 1994.
18
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1).
52. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200326, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos
pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones».
53. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201927, precisó:
«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los
regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres».
26
«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
27
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
19
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
54. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1
de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
20
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio». [Se resalta]
55. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para
hombres y mujeres en 57 años28. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones».
56. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección29, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:
56.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir
la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad30
y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60
años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 años o más de
cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de reemplazo del
75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y
56.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
28
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
30
A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
21
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización
establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar
el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y
mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores
(artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto
1158 de 199431.
57. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.
58. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes de los
servidores públicos inmersos en esa situación.
2.2.5. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional
59. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores32. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.
60. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
31
Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
32
Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
22
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.
61. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 199333, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación34 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.
62. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1635 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por
el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.
63. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199436 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban
un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto
de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.
33
Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
34
Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
36
«Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».
23
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
64. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de
irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley
solo se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.
65. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y
reglamentaria, pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los
derechos laborales de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de
vinculación que no tiene justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo
expuesto en la sentencia citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la
Ley 60 de 199337 y luego en el artículo 105 de la Ley 115 de 199438; y el hecho de
que los docentes contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los
empleados públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los
derechos laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales
que históricamente se han pretendido eliminar39. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.
66. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:
«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.
37
El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
38 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
39
En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
24
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores.»
67. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un
obstáculo para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las
normas prevén. Una interpretación contraria conllevaría a mantener las
condiciones de desigualdad e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como
principio fundante del Estado social de derecho, de un grupo importante de la
población, que desarrolla una labor trascendental para la sociedad.
68. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado40, sino lo que se evidencia de esa relación, en
armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».
69. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
25
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que
los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»41. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»42.
70. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.
71. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.
72. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció
las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.
73. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación43, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
41
Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
42
Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:
05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.
43
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
26
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.
74. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200344 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar
los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.
75. En efecto, el artículo 2345 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que
no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de
ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2446 y 5747 ibidem permitieron que la entidad
44
«Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
45
«Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
46
«Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
47
«Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».
27
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.
76. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».
2.2.6. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso de
los docentes
77. El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía recibir
dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinaran las
leyes. De esta manera, el constituyente previó la posibilidad de que se establecieran
excepciones a la prohibición, las cuales inicialmente fueron «determinadas» por el
presidente de la República, quien en ejercicio de facultades extraordinarias expidió
el Decreto-ley 1317 de 196048, dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que
provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de
profesorado de tiempo completo49». Asimismo, el artículo 5 del Decreto 224 de 197250
señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía] incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario est[uviera] mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretar[ía el] retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco
(65) años de edad».
78. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida
en el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas» [Se resalta].
79. La anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a través de la
Ley 4ª de 1992, que en su artículo 19, dispuso lo siguiente:
«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes
asignaciones:
48
Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo
64 de la Constitución.
49
Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
50
Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
28
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]». [Se resalta].
80. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó51:
«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]
Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Se resalta].
81. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:
81.1. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: «a los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].
81.2. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que «[e]l régimen prestacional aplicable
a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
51
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado
05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
29
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y
81.3. El artículo 19 de Ley 344 de 199652 dispuso:
«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»
82. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se
advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación con
el salario devengado por el docente, compatibilidad de la cual pueden ser
beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para que les sea
reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios como docentes
oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben ser afiliados al
Fomag.
83. Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
Fomag serían compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es
decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los
requisitos de un régimen determinado.
84. Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996
se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la
compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes. Es decir,
mediante dicha disposición señaló que una vez los servidores públicos adquieran el
derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, tendrían la posibilidad de optar
por una de 2 opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta que cumpla
la edad de retiro forzoso. Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero solo
hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de manera
expresa excluyó a los docentes oficiales. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de
52
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
30
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994.
[…]
La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente,
la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y
dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés
constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido
con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor
formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una razón
constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro forzoso,
para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y
que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [Se resalta].
85. Resulta claro entonces que los servidores públicos podrán disfrutar de la pensión
solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; no obstante, la Ley 344 de 1996
dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente.
86. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de
200253 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en
el sector educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de jubilación,
vejez, gracia o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones docentes o
directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre otros, por
obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.
87. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63
literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se
precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones
de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales
deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales
como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe
remitirse el Gobierno» [Se resalta].
88. En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la remuneración
de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles
de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial
para el sector educativo estatal, prevén que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga
del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
53
«Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente»
31
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley
4ª de 1992»54.
89. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso
de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la
regulación expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones jurisprudenciales
expuestas.
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
90. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
90.1. Consuelo Puertas Arias nació el 22 de abril de 1957, según consta en el registro
civil de nacimiento y en su cédula de ciudadanía55.
90.2. Obraacta de liquidación y anexo 1 con orden de servicio suscrito por la
demandante y el secretario de Educación municipal de Santiago de Cali, en la que
se dispuso56:
«CLAUSULA PRIMERA- OSJETO: Prestar actividades de carácter docente en la
Institución Educativa CRISTOBAL COLON, de conformidad con las estrategias
señaladas en el Plan de Reorganización del Sector Educativo, cuyos objetivos
específicos son incrementar la cobertura del servicio educativo mediante una mejor
distribución y utilización del factor humano vinculado al sector, que responda a su
utilización conforme a una relaciones técnicas para superar la deficiencias encontradas
en la gestión que actualmente tiene el sector educativo estatal en el Municipio de Cali.
CLAUSULA SEGUNDA - TERMINO: Esta orden de servicios tiene un término desde
03/01/07 hasta 03/03/21» (sic)
90.3. De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones57, entre el 12 de
noviembre de 1974 y el 31 de julio de 2010 cotizó un total de 1.500.27 semanas a
Colpensiones.
90.4. Según consta en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral con consecutivo 27950, expedido el 11 de julio de 2019 por la Secretaría de
Educación del municipio de Santiago de Cali, la docente acreditó el siguiente tiempo
de servicios en el magisterio oficial con nombramiento en provisionalidad:
54
Al efecto ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
55
Folios 37 y 38.
56
Folios 39 y 40.
57
Actualizado al 2 de julio de 2019.
32
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y reing.
Institución Educativa Resolución 21/04/2003 9/07/2003
Cristóbal Colon (Cali)
Tiempo total 2 meses y 19 días
90.5. Según consta en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral con consecutivo 27950, expedido el 11 de julio de 2019 por la Secretaría de
Educación del municipio de Santiago de Cali, la docente acreditó el siguiente tiempo
de servicios en el magisterio oficial con nombramiento en provisionalidad:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y reing.
Institución Educativa Cristóbal Resolución 13/11/2003 3/10/2006
Colon (Cali)
2 años, 10 meses y 2
Tiempo total
días
90.6. Según consta en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral con consecutivo 27950, expedido el 11 de julio de 2019 por la Secretaría de
Educación del municipio de Santiago de Cali, la docente acreditó el siguiente tiempo
de servicios en el magisterio oficial con nombramiento en propiedad:
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y reing.
Sede Educativa Tecnica de Ballet
Resolución 12/10/2006 -
Clásico Incoballet -Sede principal
(Cali)
Prom. Propiedad
Sede Educativa Tecnica de Ballet
Resolución 17/12/2007 -
Clásico Incoballet – Sede principal
(Cali)
Traslados
Sede Educativa Rafael Navia Resolución 6/11/2008
Varón – Sede principal (Cali)
Traslados
Sede Educativa El Diamante – Resolución 21/10/2013
Sede Principal (Cali)
Traslados
Sede Educativa Superior
Resolución 21/01/2015
Farrallones de Cali – Sede
Principal (Cali)
Traslados
Sede Educativa Julio Caicedo y Resolución 20/10/2015 1/03/2017
Tellez – Sede principal (Cali)
10 años, 4 meses y 18
Tiempo total
días
33
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
90.7. Mediante Resolución 4143.0.21.6674 del 9 de septiembre de 201658 la
secretaria de educación resolvió la petición presentada por la demandada «radicada
con el número 2015-PENS-011093 de fecha 23/04/2015», en la que reconoció una
pensión de vejez de conformidad con las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 con
fundamento en que, a los docentes no les es aplicable el régimen de transición de
la citada ley por virtud del artículo 279 ejusdem. Así pues, como aquella cumplió el
estatus de pensionada el 22 de abril de 2014, para ese momento le eran exigibles
1.275 semanas, no obstante, acreditó 1.833 por lo que se liquidó con el 80% del
salario promedio mensual devengado durante los últimos 10 años de servicio a la
fecha en la que cumplió el estatus, en cuantía de $982.182, efectiva a partir del
retiro del servicio.
90.8. A través de la Resolución 4143.0.21.0196 del 20 de enero de 201759 la citada
entidad resolvió el recurso de reposición interpuesto por la demandante contra la
decisión anterior en el que solicitó la «revisión de la liquidación de la PENSION DE
VEJEZ en la resolución mencionada, ya que ingresé a la Secretaría de Educación en el año
2003 con nombramiento en provisionalidad. Luego del concurso docente fui nombrada
definitivamente en el año 2006. Solicito lo anterior a la mayor brevedad posible para poder
hacer mi tramite de retiro». No obstante, la entidad territorial decidió confirmar la
decisión inicial por encontrarla ajustada a derecho.
2.3.2. Análisis sustancial
2.3.2.1. Sobre la aptitud legal para el reconocimiento de la pensión de
jubilación. Tiempo de servicio
91. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, Consuelo Puertas Arias
prestó sus servicios así:
Total tiempo de
Entidad Modalidad Cargo Desde Hasta Años Meses Días
servicios
12 de 24 de
Abiaad y CIA
noviembre de diciembre 1 mes 12 días 0 1 12
LTD
1974 de 1974
12 de
cobranzas EF 13 de enero
mayo de 3 meses 29 días 0 3 29
cobra de 1975
1975
9 de 14 de
rodamientos
noviembre de diciembre 1 año 1 mes 5 días 1 1 5
de col
1975 de 1976
58
Folios del 27 al 35.
59
Folios del 24 al 26.
34
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
candle 3 de
7 de marzo de 1 año 6 meses 26
electronica de octubre de 1 6 26
1977 días
Col. 1978
13 de
corp U libre de 1 de octubre 11 años 5 meses
marzo de 11 5 12
col de 1978 12 días
1990
30 de
unidad reg de 25 de mayo de 4 años 6 meses 5
noviembre 4 6 5
salud de Cali 1990 días
de 1994
municipio de
1 de enero de 30 de junio 6 años 5 meses 29
Santiago de 6 5 29
1995 de 2001 días
Cali
contrato
Institución
de 21 de
Educativa 7 de enero de
prestación docente marzo de 2 meses 14 días 0 2 14
CRISTOBAL 2003
de 2003
COLON
servicios
nombramiento
en
provisionalidad Resolución
en la 333 del 1 21 de abril de 9 de julio
docente 2 meses 18 días 0 2 18
Institución de abril de 2003 de 2003
Educativa 2003
Cristóbal
Colon (Cali)
municipio de
1 de mayo de 30 de junio
Santiago de 1 mes 29 días 0 0 0
2003 de 2003
Cali60
municipio de 30 de
1 de agosto de
Santiago de septiembre 1 mes 29 días 0 1 29
2003
Cali de 2003
nombramiento
en
provisionalidad Resolución
13 de 3 de
en la 2108 del 6 2 años 10 meses
docente noviembre de octubre de 2 10 20
Institución de octubre 20 días
2003 2006
Educativa de 2003
Cristóbal
Colon (Cali)
municipio de 1 de 31 de
2 años 10 meses
Santiago de diciembre de octubre de 0 0 0
30 días
Cali61 2003 2006
60
Tiempo de servicio que se tuvo en cuenta por una sola vez por ser concomitante
61
Ibidem
35
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
nombramiento
en propiedad
inicialmente
en la Sede Resolución
Educativa 5024 del 3 12 de octubre 1 de marzo 10 años 4 meses
docente 10 4 17
técnica de de octubre de 2006 de 2017 17 días
Ballet Clásico de 2006
Incoballet -
Sede principal
(Cali)
31 de
Consuelo 1 de junio de 1 años 4 meses 30
octubre de 0 0 0
Puertas62 2009 días
2010
35 46 216
4 7 /30
39 53 7,20
/12 6
4,4
5
92. De acuerdo con lo anterior, acreditó 39 años, 5 meses y 6 días de servicio.
Además, cumplió con los requisitos enunciados en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, por cuanto estuvo vinculada al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, entre el 7 de enero y el 21 de marzo
de 2003 a través de contratos de prestación de servicios y, desde el 21 de abril
hasta el 9 de julio de 2003, con nombramiento en provisionalidad, de manera que sí
resultaba beneficiaria del régimen de transición fijado en ese aparte normativo.
93. Al respecto, es necesario precisar que, es irrelevante que el periodo anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 hubiera sido en virtud de órdenes de
prestación de servicios y no a través de una vinculación legal y reglamentaria o que
no se hubiesen acreditado los aportes a pensión, por cuanto el beneficio del régimen
de transición de la norma antes mencionada no establece alguna condición
adicional al de haber tenido un vínculo al servicio público educativo oficial, bien sea
como docente nacional, nacionalizada o territorial63.
94. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste,
62
Ibidem
63
En ese sentido puede consultarse la sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-
000-2012-00180-01 (1706-2015), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B.
36
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y
reglamentario»64.
95. En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión la forma
de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo para que accedan a los
derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que, desde
el año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal
de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de
servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105,
parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994.
96. De esta manera, aun cuando por alrededor de 2 meses y 14 días, Consuelo
Puertas Arias hubiese estado vinculada a través de una relación contractual, esa
situación desconocía las disposiciones del legislador y desatendían las
interpretaciones judiciales según las cuales la diferenciación entre los docentes de
planta y los contratistas no tenía justificación constitucional en la medida en que
realizaban igual actividad y, en contraste vulneraba los derechos laborales
irrenunciables de aquellos a quienes tenían previsto un régimen o unas
prerrogativas particulares, esto es aquellas contenidas en la ley y no en el contrato.
97. En todo caso, estuvo vinculada con nombramiento en provisionalidad desde el
21 de abril hasta el 9 de julio de 2003, es decir, por un periodo anterior a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003. Vinculación que se omitió en los actos acusados
y pese a estar relacionada en la sentencia recurrida como tiempo de servicio
docente acreditado por la demandante no fue objeto de pronunciamiento, a efectos
de determinar si era o no tiempo útil para el reconocimiento pensional.
98. Así las cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la
realidad laboral de los docentes.
2.3.2.2. Sobre el derecho a la pensión de jubilación por aportes reclamada
99. De acuerdo con el material probatorio allegado al expediente se tiene que si bien
la vinculación inicial de la demandante como docente ocurrió con anterioridad a la
Ley 812 de 2003 (7 de enero de 2003), el régimen prestacional aplicable a su caso
es el de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994, debido a la acumulación de
tiempos públicos y privados.
100. En tanto, como lo encontró el a quo no logró consolidar el derecho pensional en
64
Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015),
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
37
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
virtud del régimen de la Ley 33 de 1985, «porque únicamente completó 13 años, 5
meses y 9 días de servicio al sector público, y la normativa exigía un mínimo de 20 años»
y aunque en el cómputo del tiempo de servició público no se tuvo en cuenta aquel
laborado bajo la relación contractual, sumándolo, tampoco alcanzaba a acreditar los
20 años de servicios públicos, por lo que se debía acudir a la Ley 71 de 1988 que
le permitía la acumulación de estos y los privados para acceder al derecho
prestacional.
101. Ahora bien, en la sentencia recurrida se indicó que por virtud del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 «la docente sí tendría derecho a la
pensión por aportes, pues cumplió 55 años de edad en abril de 2012 y para esa fecha ya
tenía más de 20 años cotizados, sumandos tiempos públicos y privados. Sin embargo, en
ese escenario, para disfrutar de la pensión por aportes era necesario que se retirara
definitivamente del servicio, de ahí que no sea procedente ordenar el reconocimiento de
la pensión por aportes, pues ello, a pesar de que no le daba derecho a seguir percibiendo
el salario (doble asignación del tesoro público), implicaría una reducción de la tasa de
reemplazo frente al derecho pensional que ya le reconoció la entidad demandada» (sic)
[se resalta].
102. No obstante, según se expuso en el marco normativo y jurisprudencial, quienes
tuvieran vinculación al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003 tendrían derecho a adquirir la pensión de jubilación
de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad y 20 de servicios, o
según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60 años si es hombre
o 55 si es mujer, al acreditar 20 años o más de cotizaciones continuas o discontinuas
en el Instituto de Seguros Sociales (hoy Administradora Colombiana de Pensiones)
y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público. En cuyos
casos, según la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de
1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso de los
docentes, que se encuentra vigente, no les era exigible el retiro del servicio a efectos
de reconocerle la prestación bajo los citados regímenes pensionales, en este asunto
el de la Ley 71 de 1988.
103. Al efecto, según el artículo 7 de la citada ley, por ser mujer debía acreditar 55
años de edad y 20 años de cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de
Seguros Sociales (hoy Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias
de las entidades de previsión social del sector público; con una tasa de reemplazo
del 75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios.
104. Así las cosas, contrario a lo determinado por el a quo, la demandante tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes. En cuanto a los
factores se deben incluir aquellos respecto de los cuales se efectuaron cotizaciones
durante el último año de servicios, en aplicación de lo estipulado en los artículos 6
38
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
y 8 del Decreto 2709. El estatus pensional lo adquirió el 22 de abril de 2012, fecha
en la que acreditó los requisitos de edad -55 años- (pues nació el 22 de abril de
195765) y, más de 20 años de aportes acumulados en las diferentes entidades de
previsión social, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y el Decreto
2709 de 1994.
105. Ahora bien, en consideración a la naturaleza de la pensión obliga a que los
aportes se realicen, lo que permite garantizar su financiación. Por ende,
corresponderá al Fomag adelantar las actuaciones administrativas necesarias para
recibir las cotizaciones en favor del demandante, por los períodos en los que estuvo
contratado a través de órdenes de prestación de servicios, pues lo cierto es que se
constituye en un deber de la entidad acudir a los mecanismos legales para recaudar
esas sumas de dinero necesarias para financiar la pensión, pues así se desprende
de la lectura de los artículos 2 de la Ley 33 de 1985 y 24 y 57 de la Ley 100 de 1993,
en armonía con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003. Además,
podrá reclamar la cuota parte a las demás entidades de previsión social o fondos
pensionales en los que realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del
Decreto 2709 de 1994.
106. Asimismo, Consuelo Puertas Arias tendrá la carga de realizar los aportes que
tenía a su cargo en calidad de trabajadora [en el porcentaje que le correspondía]
por el tiempo vinculada a través de la relación contractual, salvo que acredite que
los efectuó.
107. Por otro lado, comoquiera que entre la adquisición del estatus pensional de la
demandante (22 de abril de 2012) y la petición de reconocimiento pensional (23 de
abril de 2015)66 trascurrieron más de 3 años [esto es 3 años y 1 día], según el
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, por ende, el pago de las correspondientes
mesadas procede a partir del 23 de abril 2012.
108. Por otra parte, si bien es cierto el tribunal de instancia como argumento para
negar las pretensiones de la demanda indicó que no había lugar a reconocer la
pensión por aportes puesto que ello implicaría una disminución de la tasa de
reemplazo frente al derecho pensional reconocido por la entidad demandada de un
80% a un 75%, también lo es que aquella afirmación se hizo en circunstancias
diferentes a las reconocidas en esta providencia, por cuanto, en la sentencia
recurrida la posible aplicación de la Ley 71 de 1988 se analizó en virtud de la
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 de la cual era beneficiaria
y que a su juicio, implicaba el retiro del servicio para que el reconocimiento pensional
65
Según el Registro Civil de Nacimiento de Consuelo Puertas Arias aportado con la demanda.
66
Fecha que se indicó en la Resolución 4143.0.21.6674 del 9 de septiembre de 2019 comoquiera
que, no se aportó la petición y en todo caso no fue objeto de controversia.
39
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
fuese efectivo, pero además, con el IBL señalado en la referida Ley 100; pero nada
se dijo sobre la transición del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 que le permite acudir
con todos los requisitos a la norma anterior, y la compatibilidad de la pensión y el
salario de los docentes.
109. Aunado, tanto en la demanda y, especialmente, en el recurso de apelación
Consuelo Puertas Arias insistió en que le fuera reconocido el régimen pensional de
la Ley 71 de 1988 como beneficiaria de la transición contenida en la Ley 812 de
2003, por lo que, hasta lo aquí expuesto, se acompasa con los argumentos objeto
de disenso presentados en el recurso de apelación. La Sala precisa que la entidad
hará la liquidación y, en todo caso, incluirá en nómina solo aquella que más beneficie
a la demandante.
110. Así las cosas, se impone a revocar la sentencia apelada y en su lugar se
anularán las resoluciones 4143.0.21.6674 del 9 de septiembre de 2016, por el cual
el Fomag le reconoció una pensión de vejez en los términos de las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003 efectiva a partir de la fecha del retiro del servicio de docencia,
y 4143.0.21.0196 del 20 de enero de 2017 que resolvió un recurso de reposición
interpuesto contra la anterior decisión. Y a título de restablecimiento del derecho se
condenará a la nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación por aportes a partir del 22 de abril de 2012, con el 75% de los
factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el último año de servicio
anterior a esa fecha, por virtud de la Ley 71 de 1988 y en los artículos 6 y 8 del
Decreto 2709 de 1994.
111. En este punto, esta Sala debe precisar que la omisión del empleador de realizar
los descuentos en el porcentaje a su cargo y los del empleado, destinados a las
cotizaciones para el sistema pensional que de conformidad con la ley debiera hacer,
no es un asunto que sea oponible al interesado para que la pensión reclamada le
sea reconocida y liquidada, pues lo cierto es que las entidades de previsión deben
adelantar las gestiones pertinentes para su cobro, tal y como lo dispuso esta
corporación en la sentencia de unificación del 28 de julio de 202267.
2.3.2.3. En torno a la compatibilidad entre el salario y la pensión
112. Al respecto, la Sala se permite reiterar que el propósito del legislador ha sido
permitir que aquellas personas con derecho a una pensión de vejez y que se
desempeñen como docentes oficiales, puedan seguir ejerciendo el empleo, sin que
por ello deba restringirse la efectividad de la pensión. Por tal razón, no es dable
67
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022,
radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
40
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
condicionar el reconocimiento de la prestación a la desvinculación del servicio.
113. A tal conclusión ha llegado esta Subsección en asuntos similares en los que ha
señalado68 que «si bien la letra g del artículo 19 de la mencionada Ley 4ª se refiere a las
asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales
pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a quienes se jubilen con
posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las disposiciones que para esa
época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con la
regulación vigente a la promulgación de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual no es dable
condicionar la pensión de jubilación del demandante a la desvinculación del servicio,
máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás
normas concordantes»69.
114. En efecto, esta interpretación se ha estructurado en antecedentes de esta
corporación en los que se ha concluido que la excepción prevista en el literal g) del
artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992 «no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión
ordinaria y/o gracia con posterioridad»70 [Se resalta].
115. Lo
anterior guarda correspondencia con lo expuesto en esta decisión, de
manera que el disfrute de la prestación no debe condicionarse al retiro del servicio
«dado que es precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder a los
beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del
Decreto 224 según el cual ‘el ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce
de la pensión de jubilación’»71.
116. En este punto resulta necesario precisar que el artículo 15, numeral 3, literal b),
de la aludida Ley 91 dispuso que i) a los docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional que habían gozado en cada
entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes; y ii) aquellos que
ingresaron a partir del 1° de enero de 1990, nacionales y nacionalizados, tendrían
derecho a una pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de
pensiones del sector público nacional, de acuerdo con los artículos 17 de la Ley 6ª
de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de
la Ley 33 de 1985.
68
En igual sentido, ver las siguientes sentencias de esta Subsección: i) del 8 de agosto de 2019,
expediente 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y ii) del
25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César
Palomino Cortés.
69
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicado
05001-23-33-000-2021-01482-01 (3388-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
70
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2009,
radicado 05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-08), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
71
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado
05001-23-33-000-2014-00331-01(0509-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
41
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
117. Además, el artículo 6 de la Ley 60 de 199372 dispuso la incorporación del
personal docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así
como la conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del indicado
fondo. Sobre el particular, el Consejo de Estado73 precisó que «los docentes
nacionales y nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales y distritales
de educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en
cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a
la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente
(salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las autoridades locales
no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones
dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales
resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-
1 de la Ley 100/93».
118. Ahora bien, la Ley 344 de 1996 sí mantuvo la vigencia de la aludida
compatibilidad pues aun cuando ordenó que la asignación pensional se pagara
después de haberse producido la terminación de los servicios, advirtió que esto se
daría «[s]in perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994»
que, como se dijo, permiten la compatibilidad entre el salario y la pensión; y de
acuerdo con la Real Academia Española, la expresión sin perjuicio de significa
«dejando a salvo»74.
119. En tal medida, la demandante tenía derecho a que se le reconociera el derecho
pensional con efectividad desde el momento en que adquirió el estatus jurídico, sin
que se le hubiese condicionado a su retiro del servicio por no ser incompatible con
el ejercicio de la docencia.
72
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
73
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2006,
radicado 19001-23-31-000-2002-00594-01(5198-04), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
74
https://dle.rae.es/perjuicio#31keUjC
42
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
2.4. Costas
120. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
121. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
122. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma75.
123. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
124. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala revocará y se abstendrá de
condenar en costas.
3. Conclusión
125. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que a Consuelo Puertas Arias
como beneficiaria de la Ley 71 de 1988, le será reconocida la pensión de jubilación
por aportes, con inclusión de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones
durante el último año de servicio. En consecuencia, se revocará la sentencia
75
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
43
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
proferida el 8 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala de Oralidad, y en su lugar se accederá a las pretensiones de la
demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad, que denegó las pretensiones
de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y
en su lugar se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad de las resoluciones resoluciones 4143.0.21.6674 del
9 de septiembre de 2016 y 4143.0.21.0196 del 20 de enero de 2017, por medio de
las cuales el Fomag le reconoció una pensión de vejez en los términos de las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003 y que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra
la anterior decisión, respectivamente.
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes a partir del 23 de abril
de 2012, con el 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante
el último año de servicio anterior a la fecha del retiro, por virtud de la Ley 71 de 1988
y en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994.
Cuarto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Quinto. La nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), podrá reclamar la cuota parte a las
demás entidades de previsión social o fondos pensionales en los que Consuelo
Puertas Arias realizó cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto
2709 de 1994.
44
Radicado: 76001-23-33-000-2019-00865-01(0315-2023)
Demandante: Consuelo Puertas Arias
Sexto. La pensión por aportes reconocida es compatible con el salario que devengó
Consuelo Puertas Arias mientras continuó con el ejercicio de la docencia oficial. No
lo será en otro tipo de empleos.
Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Octavo. Revocar la condena en costas.
Noveno. Sin condena en costas en esta instancia.
Décimo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Undécimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024).
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
45
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.