Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00451-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00451-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00451-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00451-01 (4997-2024)
Demandante: Neiva Ledy Larrahondo Muñoz
Demandados: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) y departamento
del Valle del Cauca (Secretaría de Educación
Departamental)
Tema: Pensión ordinaria de docente – Ley 33 de 1985 –
vinculaciones al servicio docente antes de la Ley 812
de 2003 – MODIFICA, ADICIONA Y CONFIRMA la
sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
el recurso de apelación interpuesto por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) contra la sentencia proferida el 2 de abril de
2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda. Se anuncia que se modificará, adicionará y
confirmará dicha providencia.
II. ANTECEDENTES
Demanda
1. La accionante interpuso demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad
de los siguientes actos administrativos:
i) Resolución 00755 del 13 de marzo de 2019, expedida por la Secretaría de
Educación Departamental del Valle del Cauca y aprobada por el FOMAG,
por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación.
ii) Oficio 1.210.30-66.10 SADE 523651 del 11 de marzo de 2020, por el cual
la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca negó el
reconocimiento pensional nuevamente.
iii) Acto ficto negativo configurado porque las demandadas no dieron
respuesta a una petición radicada el 27 de febrero de 2020, la cual iba
encaminada a obtener la indexación de la primera mesada más el pago
del retroactivo pensional y de los intereses moratorios.
1
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Demandante: Neiva Ledy Larrahondo Muñoz
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) otorgar y pagar a su favor
una pensión de jubilación con base en la Ley 33 de 1985, liquidada con inclusión
del promedio mensual devengado en el año anterior a la consolidación del estatus
jurídico, efectiva desde el 16 de mayo de 2015; ii) cancelar el retroactivo causado,
de manera actualizada; iii) indexar la primera mesada pensional; iv) reconocer
los intereses de que tratan los artículos 189, 192, 193 y 195 del CPACA; v)
condenar en costas a la parte demandada; y vi) dar cumplimiento a la sentencia
dentro de los 30 días siguientes a su ejecutoria.
3. Como concepto de violación argumentó que los actos acusados
incurrieron en falsa motivación, desviación de poder e infracción de normas
superiores1 teniendo en cuenta que se vinculó a la docencia oficial el 1.° de marzo
de 1977, por lo que su régimen pensional es el previsto en la Ley 33 de 1985, de
acuerdo con la Ley 812 de 2003.
Contestaciones de la demanda
4. Las entidades accionadas se opusieron a las pretensiones de la demanda
por las razones que se resumen a continuación:
5. La Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca
manifestó que le corresponde al FOMAG conocer del presente asunto, y que la
actora se vinculó a la docencia oficial el 23 de diciembre de 2003, por lo que su
situación pensional está regida por la Ley 100 de 1993, cuyos requisitos no
cumple para acceder a la pensión.
6. Planteó las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
cobro de lo no debido, prescripción y la innominada; y solicitó condenar en costas
a la demandante.
7. El FOMAG indicó que la accionante se vinculó como docente en propiedad
después del año 2003, motivo por el cual le es aplicable el régimen de prima
media con prestación definida regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
8. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación o cobro de lo no
debido y la genérica.
Sentencia apelada
9. Mediante sentencia del 2 de abril de 2024, el Tribunal declaró la nulidad
de los actos acusados y la prescripción de las mesadas pensionales causadas
antes del 27 de febrero de 2017. Adicionalmente, le ordenó al FOMAG reconocer
y pagar una pensión de jubilación a favor de la demandante, con base en la Ley
33 de 1985, equivalente al 75 % de lo devengado «en el último año de servicio» 2,
1
Artículos 2, 13, 25, 48, 53, 58, 93 y 209 de la Constitución Política; Leyes 33 de 1985, 91 de
1989, 100 de 1993 (artículo 279) y 812 de 2003 (artículo 81); y Decretos 1848 de 1969 y 1045 de
1978.
2
Así se indicó en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia; sin embargo, en la parte
considerativa se expresó lo siguiente:
2
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Demandante: Neiva Ledy Larrahondo Muñoz
con inclusión de los factores salariales sobre los que se hicieron aportes, e
indexar los valores adeudados.
10. Determinó que la actora nació el 29 de mayo de 1956 y que estuvo
vinculada como docente oficial de la siguiente manera: i) en propiedad, desde el
1.° de marzo de 1977 hasta el 24 de septiembre de 1990; ii) a través de órdenes
de prestación de servicios, de forma interrumpida, entre el 20 de agosto de 1996
y el 19 de diciembre de 2003; y iii) en provisionalidad, sin continuidad, entre el
23 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2019.
11. Sostuvo que el régimen pensional de la demandante es el previsto en la
Ley 33 de 1985, ya que se vinculó al servicio educativo oficial el 1.° de marzo de
1977.
12. Expuso que los períodos laborados mediante contratos de prestación de
servicios deben tenerse en cuenta para el reconocimiento pensional porque la
labor de los docentes contratistas no es ajena a la subordinación según la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
13. Concluyó que la accionante consolidó el estatus pensional el 29 de mayo
de 2011, cuando cumplió 55 años de edad, pues para esa fecha acumulaba 23
años, 1 mes y 21 días de servicio como docente.
14. Precisó que el FOMAG está facultado para cobrarle a «la administración
departamental» las cotizaciones que no hizo como empleadora durante los
períodos en que la demandante estuvo vinculada a través de contratos de
prestación de servicios; y que esta última debe acreditar la realización de sus
aportes en esos lapsos, so pena de que deba pagarlos o completarlos en la
proporción que le correspondía como trabajadora.
15. Estimó que se causó la prescripción trienal de las mesadas pensionales
anteriores al 27 de febrero de 2017, toda vez que el estatus pensional se
consolidó el 29 de mayo de 2011 y la reclamación administrativa se promovió el
27 de febrero de 2020.
16. Finalmente, condenó en costas de primera instancia a «la parte vencida»3,
con fundamento en los artículos 188 del CPACA y 365.1 del CGP.
«62. Así las cosas, la señora NEIVA LEDY LARRAHONDO MUÑOZ tiene derecho al
reconocimiento de una pensión de jubilación liquidada teniendo en cuenta las disposiciones
contenidas en la Ley 33 de 1985, de manera que su mesada pensional debe calcularse sobre un
75% de lo devengado en el último año, anterior a la adquisición del estatus pensional, pero
incluyendo como factores salariales solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, tal como lo dispuso en
reciente pronunciamiento la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
a través de la sentencia del 25 de abril de 2019».
3
En la contestación de la demanda, la Secretaría de Educación Departamental del Valle del
Cauca propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, la cual fue resuelta
en los siguientes términos en la sentencia de primera instancia:
«37. Se acreditó que la demandante presentó petición ante la Secretaría de Educación
Departamental del Valle del Cauca el 27 de febrero de 2020, donde solicitó el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación conforme la Ley 33 de 1985, dependencia que según las voces
3
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Recurso de apelación
17. Inconforme con la decisión, el FOMAG interpuso recurso de apelación
sobre la base de que la demandante ingresó a la docencia oficial el 12 de junio
de 20174, por lo cual no le es aplicable la Ley 33 de 1985, sino las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
18. También adujo que los factores salariales que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son aquellos sobre los cuales se hicieron los aportes.
19. Puso de presente que la actora no realizó cotizaciones durante el período
en que estuvo vinculada mediante contratos de prestación de servicios, por lo
que no es beneficiaria del derecho pensional.
20. Solicitó revocar la sentencia proferida por el Tribunal en punto del
reconocimiento pensional, y no imponer condena en costas en segunda
instancia, en tanto no ha realizado actos dilatorios ni temerarios.
Intervención en segunda instancia
21. Ninguna de las partes presentó alegatos de conclusión en esta fase
procesal.
22. El Ministerio Público presentó concepto a través del cual solicitó confirmar
la sentencia apelada, teniendo en cuenta que la demandante ingresó al servicio
docente antes de que entrara en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo cual tiene
derecho a una pensión de jubilación con base en la Ley 33 de 1985, ya que
cumple los requisitos que esta última establece.
III. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
23. La Sala debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿la demandante se
vinculó al servicio educativo oficial antes de que entrara en vigencia la Ley 812
de 2003 y, por consiguiente, cumple las condiciones para que se le reconozca y
pague una pensión de jubilación con base en la Ley 33 de 1985?
El caso concreto
24. Con el fin de adoptar la decisión correspondiente, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos y pruebas:
i) La demandante nació el 29 de mayo de 19565.
del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 era la encargada para recibir las solicitudes dirigidas al
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, con lo cual se acredita
la legitimación en la causa por pasiva de esta última en el caso de marras».
4
En otro aparte del recurso, el Fomag indicó que la demandante se habría vinculado a la docencia
oficial el 23 de enero de 2006.
5
Índice 3 de SAMAI del tribunal. Documento «002 ANEXOS - NEIVA
LARRAHONDO_pagenumber.pdf».
4
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ii) De acuerdo con las pruebas documentales allegadas al proceso, la actora
acredita los siguientes tiempos de servicio como docente oficial:
Desde - Entidad contratante o
Tipo de vinculación Tiempo
Hasta empleadora
1/3/1977 a Nombramiento en Municipio de Patía
4956 días
24/9/19906 propiedad (Cauca)
20/8/1996 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
134 días
31/12/19967 de servicios (Valle del Cauca)
13/1/1997 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
18 días
30/1/19978 de servicios (Valle del Cauca)
1/2/1997 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
59 días
31/3/19979 de servicios (Valle del Cauca)
1/4/1997 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
91 días
30/6/199710 de servicios (Valle del Cauca)
9/9/1997 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
102 días
19/12/199711 de servicios (Valle del Cauca)
21/1/1998 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
69 días
30/3/199812 de servicios (Valle del Cauca)
1/4/1998 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
30 días
30/4/199813 de servicios (Valle del Cauca)
1/5/1998 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
30 días
30/5/199814 de servicios (Valle del Cauca)
1/6/1998 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
30 días
30/6/199815 de servicios (Valle del Cauca)
24/8/1998 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
119 días
20/12/199816 de servicios (Valle del Cauca)
12/1/1999 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
170 días
30/6/199917 de servicios (Valle del Cauca)
23/8/1999 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
31 días
22/9/199918 de servicios (Valle del Cauca)
11/1/2000 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
172 días
30/6/200019 de servicios (Valle del Cauca)
22/8/2000 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
116 días
15/12/200020 de servicios (Valle del Cauca)
1/4/2001 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
91 días
30/6/200121 de servicios (Valle del Cauca)
10/9/2001 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
97 días
15/12/200122 de servicios (Valle del Cauca)
8/1/2002 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
52 días
28/2/200223 de servicios (Valle del Cauca)
1/3/2002 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
122 días
30/6/200224 de servicios (Valle del Cauca)
6
Ibidem. Certificación electrónica de tiempos laborados expedida el 27 de diciembre de 2019.
7
Índice 12 de SAMAI del tribunal. Documento «3.Expediente administrativo a nombre de la
señora NEIVA LEDY LARRAHONDO MUÑOZ1_compressed.pdf».
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
20
Ibidem.
21
Ibidem.
22
Ibidem.
23
Ibidem.
24
Ibidem.
5
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Demandante: Neiva Ledy Larrahondo Muñoz
1/7/2002 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
19 días
19/7/200225 de servicios (Valle del Cauca)
20/8/2002 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
42 días
30/9/200226 de servicios (Valle del Cauca)
1/10/2002 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
74 días
13/12/200227 de servicios (Valle del Cauca)
7/1/2003 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
83 días
30/3/200328 de servicios (Valle del Cauca)
1/4/2003 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
91 días
30/6/200329 de servicios (Valle del Cauca)
1/7/2003 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
18 días
18/7/200330 de servicios (Valle del Cauca)
25/8/2003 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
37 días
30/9/200331 de servicios (Valle del Cauca)
1/10/2003 a Orden de prestación Municipio de Candelaria
80 días
19/12/200332 de servicios (Valle del Cauca)
23/12/2003 Nombramiento en Departamento del Valle
1477 días
a 7/1/200833 provisionalidad del Cauca
17/8/2010 a Nombramiento en Departamento del Valle
33 días
18/9/201034 provisionalidad del Cauca
6/2/2013 a Nombramiento en Departamento del Valle
1425 días
31/12/201635 provisionalidad del Cauca
6/7/2017 a
27/11/2019 Nombramiento en Departamento del Valle
875 días
(fecha de provisionalidad del Cauca
certificado)36
10743 días, equivalentes
TIEMPO TOTAL DE SERVICIO a 29 años, 10 meses y 3
días
25. El artículo 320 del Código General del Proceso establece que el recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
solamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que aquella se revoque o se reforme. A su turno, el artículo 328 ibidem dispone
que el juez de segunda instancia deberá pronunciarse, únicamente, sobre los
argumentos expuestos por quien apela, sin perjuicio de las determinaciones que
deba tomar de oficio o según la ley.
26. Por otra parte, el inciso 2.° del artículo 187 del CPACA dispone que «[e]n
la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
25
Ibidem.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Ibidem. Certificado de tiempo de servicio expedido el 19 de octubre de 2006 por la Secretaría
de Educación Departamental del Valle del Cauca.
29
Ibidem.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
Ibidem.
33
Índice 3 de SAMAI del tribunal. Documento «002 ANEXOS - NEIVA
LARRAHONDO_pagenumber.pdf». Formato único para la expedición de certificado de historia
laboral expedido el 27 de noviembre de 2019. Acta de posesión en documento «3.Expediente
administrativo a nombre de la señora NEIVA LEDY LARRAHONDO MUÑOZ1_compressed.pdf».
34
Ibidem. Formato único para la expedición de certificado de historia laboral expedido el 27 de
noviembre de 2019.
35
Ibidem. Formato único para la expedición de certificado de historia laboral expedido el 27 de
noviembre de 2019.
36
Ibidem. Formato único para la expedición de certificado de historia laboral expedido el 27 de
noviembre de 2019.
6
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Demandante: Neiva Ledy Larrahondo Muñoz
que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el
superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin
perjuicio de la no reformatio in pejus».
Estudio del recurso de apelación interpuesto por el FOMAG
27. En este caso, la Sala no realizará ningún pronunciamiento sobre el
momento de consolidación del estatus pensional y la fecha de efectividad de las
mesadas, ya que la entidad accionada no cuestionó la sentencia de primera
instancia frente a estos puntos.
28. Además, en el recurso de apelación se plantearon razones para no
imponer condena en costas en segunda instancia, pero nada se dijo sobre la
condena impuesta por el Tribunal en primera instancia, por lo que se mantendrá
lo resuelto en la sentencia impugnada sobre este último aspecto.
29. En ese contexto, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el
parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política (adicionado por
el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005) y la Sentencia de Unificación SUJ-
014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, el régimen pensional de los docentes
vinculados al servicio educativo oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 (27 de junio de 2003) es el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de
1985.
30. En esas condiciones, la Sala comparte la decisión del Tribunal en tanto
determinó que la situación pensional de la demandante está regida por la Ley 33
de 1985, pues demostró que tuvo vinculaciones a la docencia oficial antes del 27
de junio de 2003, cuando entró en vigor la Ley 812 de 2003, en propiedad (desde
el 1.° de marzo de 1977 hasta el 24 de septiembre de 1990) y a través de
contratos de prestación de servicios (entre el 20 de agosto de 1996 y el 30 de
junio de 2003, de manera interrumpida).
31. Sobre el particular, en la Sección Segunda del Consejo de Estado existe
una jurisprudencia pacífica y reiterada según la cual los períodos en los que un
docente hubiere laborado en el sector público a través de contratos de prestación
de servicios, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son
válidos para efectos de acceder al régimen pensional de que trata la Ley 33 de
1985 y acreditar los 20 años de servicio que esta última exige para adquirir el
derecho a una pensión de jubilación, teniendo en cuenta que la labor desarrollada
en dichos lapsos es propia e inherente a la condición de docente oficial y se
ejecuta en el marco de verdaderos vínculos de naturaleza laboral, con
independencia de la denominación contractual que se les designe37.
37
Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-
33-000-2016-00082-01 (4676-2017); sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001-23-
33-000-2018-00183-01 (4650-2019); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-
33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
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Demandante: Neiva Ledy Larrahondo Muñoz
32. Por otro lado, el FOMAG puso de presente que no había recibido aportes
pensionales a favor de la demandante durante los períodos en que estuvo
vinculada mediante contratos de prestación de servicios (entre el 20 de agosto
de 1996 y el 19 de diciembre de 2003, de forma interrumpida); sin embargo, tal
circunstancia no constituye un obstáculo para reconocer el derecho pensional,
sino que demuestra la necesidad de que dicha entidad adelante las respectivas
actuaciones administrativas de cobro de los aportes contra la actora y la entidad
territorial contratante, tal como lo dispuso el Tribunal en la sentencia apelada.
33. Por otro lado, la parte recurrente adujo que la mesada pensional debe
liquidarse con inclusión de los salariales sobre los cuales se realizaron los
aportes, planteamiento que coincide con lo decidido por el Tribunal, de suerte
que lo expuesto en el recurso de apelación sobre este aspecto no constituye un
reproche contra lo resuelto en primera instancia.
Estudio de oficio
34. Con base en el inciso 2.° del artículo 187 del CPACA, y comoquiera que
lo que se definirá a continuación no implica una desmejora en la situación jurídica
del FOMAG, dada su condición de apelante único, la Sala modificará y adicionará
la sentencia de primera instancia en los siguientes sentidos:
i) En la parte considerativa del fallo del 2 de abril de 2024 se indicó que el
ingreso base de liquidación está constituido por el promedio de los factores
salariales devengados por la demandante durante el año anterior a la
consolidación del estatus pensional, sobre los cuales se realizaron las
cotizaciones; sin embargo, en la parte resolutiva se señaló que la mesada
pensional se liquidaría «sobre un 75% de lo devengado en el último año
de servicio», teniendo en cuenta los factores respecto de los cuales se
hicieron los aportes.
Ante la divergencia advertida, la Sala modificará la sentencia proferida por
el Tribunal a fin de precisar que el ingreso base de liquidación comprende
el promedio mensual de los factores salariales devengados en el año
anterior a la consolidación del estatus pensional, sobre los cuales se
efectuaron las cotizaciones correspondientes38, previstos en la Ley 62 de
1985 y en normas posteriores que hayan establecido su carácter salarial
para efectos pensionales. En caso de que no se hubieren realizado
aportes sobre ellos, el FOMAG podrá descontarle a la demandante, del
valor del retroactivo que resulte a su favor, el porcentaje que esta debía
asumir como trabajadora.
ii) En la parte considerativa del fallo impugnado39, el Tribunal señaló que el
FOMAG está facultado para adelantar el cobro del porcentaje de los
38
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2020, expediente 15001-23-33-000-
2015-00620-01 (0496-2017).
39
Lo pertinente no quedó consignado en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00451-01 (4997-2024)
Demandante: Neiva Ledy Larrahondo Muñoz
aportes pensionales que «la administración departamental» no realizó y
que le correspondían en su condición de empleadora, durante los períodos
en que la demandante se desempeñó como docente vinculada a través de
contratos de prestación de servicios.
No obstante, la Sala observa que la actora no suscribió tales contratos con
el departamento del Valle del Cauca, sino con el municipio de Candelaria
(Valle del Cauca), entre el 20 de agosto de 1996 y el 19 de diciembre de
2003, de manera interrumpida.
Por consiguiente, se adicionará un ordinal en la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia a fin de precisar que el FOMAG tendrá que
adelantar las respectivas acciones de cobro de aportes contra el citado
municipio, mas no contra el departamento.
Lo anterior no compromete las garantías procesales del municipio de
Candelaria (Valle del Cauca), el cual no fue vinculado a esta controversia,
ya que solo se está impartiendo una orden dirigida al FOMAG, tendiente a
adelantar una actuación de cobro de aportes40.
Condena en costas de segunda instancia
35. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil (hoy Código General del Proceso); y que en todo caso la condena al
respecto se impondrá «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
36. Al revisar el caso concreto, la Sala considera que no se debe imponer
condena en costas de segunda instancia porque, con ocasión al recurso de
apelación interpuesto, se determinó la necesidad de modificar y adicionar de
oficio la sentencia de primera instancia, en los términos ya explicados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 2 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
el cual quedará así:
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación
(Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio)
40
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-
00103-01 (3083-2022).
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00451-01 (4997-2024)
Demandante: Neiva Ledy Larrahondo Muñoz
reconocer y pagar a favor de la señora Neiva Ledy Larrahondo Muñoz una pensión
de jubilación con base en la Ley 33 de 1985, liquidada con el 75 % del promedio
mensual de los factores salariales devengados durante el año anterior a la
consolidación del estatus pensional y sobre los cuales se realizaron aportes,
previstos en la Ley 62 de 1985 y en normas posteriores que hayan establecido su
carácter salarial para efectos pensionales. En caso de que no se hubieren
realizado aportes sobre ellos, el FOMAG podrá descontarle a la demandante, del
valor del retroactivo que resulte a su favor, el porcentaje que esta debía asumir
como trabajadora.
SEGUNDO: ADICIONAR un ordinal octavo a la parte resolutiva de la sentencia
del 2 de abril de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en los siguientes términos:
OCTAVO. ORDENAR al FOMAG adelantar las acciones de cobro contra el
municipio de Candelaria (Valle del Cauca), a fin de obtener el pago del porcentaje
de los aportes pensionales que dicha entidad tenía que haber asumido en su
condición de empleadora de la demandante y que no realizó, durante el tiempo en
que esta última estuvo vinculada a través de contratos de prestación de servicios,
entre el 20 de agosto de 1996 y el 19 de diciembre de 2003, de manera
interrumpida. Igual gestión promoverá contra la accionante, en caso de que no
haya realizado las cotizaciones en el porcentaje que le correspondía como
trabajadora, en el lapso referido.
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia.
CUARTO. Sin condena en costas de segunda instancia.
QUINTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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