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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00710-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00710-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 31 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR la nulidad de la Resolución 36-49-0422 del 31 de mayo de 2021, por medio de la cual la entidad accionada negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes a la señora Inés Sánchez Restrepo. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a favor de la señora Inés Sánchez Restrepo, desde el 25 de diciembre de 2018, una pensión de jubilación por aportes con el 75% del promedio de los factores salariales dispuestos en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994; así como la Ley 62 de 1985 y demás normas especiales, que hayan servido de base de cotizaciones a seguridad social en pensión, en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada, en aplicación de la Ley 71 de 1988, sin que deba acreditar el retiro del servicio docente. Las sumas que resulten deberán ser actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida para el efecto, según la cual el valor presente (R) se determinará de multiplicar el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de adquisición del estatus pensional de la demandante). La fórmula que debe aplicar es la siguiente: R = Rh. índice final__ índice inicial CUARTO: La Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio podrá reclamar la cuota parte a las demás 25 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 76001-23-33-000-2021-00710-01 (1733-2024) Demandante: Inés Sánchez Restrepo Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio entidades de previsión social o fondos de pensiones en los que la demandante realizó […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-00710-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de marzo de 2025

Radicación: 76001-23-33-000-2021-00710-01 (1733-2024)
Demandante: Inés Sánchez Restrepo
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá D.C., seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00710-01 (1733-2024)
Demandante: Inés Sánchez Restrepo
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente antes de la Ley
812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 31 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la
cual negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Inés Sánchez Restrepo solicitó la nulidad del acto administrativo a través
del cual la Secretaría de Educación del Municipio de Jamundí, Valle del Cauca, le negó
el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes. Manifestó que en
calidad de docente oficial tiene derecho al reconocimiento y pago de esta según el
régimen previsto en la Ley 71 de 1988, toda vez que se vinculó al servicio docente con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito presentado el 15 de julio de 2021, la señora Inés Sánchez
Restrepo por conducto de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan1.

1 Samai, gestión otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 2 a 23.
1

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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00710-01 (1733-2024)
Demandante: Inés Sánchez Restrepo
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 36-49-
0422 del 31 de mayo de 2021, por medio de la cual la entidad accionada negó el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes a la señora Inés
Sánchez Restrepo, bajo el argumento de que le era aplicable el régimen de prima
media de la Ley 100 de 19932.

3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar una pensión de jubilación por aportes a favor de la accionante, a
partir del 25 de diciembre de 2018, equivalente al 75% de los salarios devengados
durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus pensional.

4. Solicitó que se condene al pago de las mesadas dejadas de cancelar desde la
fecha de consolidación del estatus pensional hasta el día en que se haga efectivo el
pago, sumas que deberán ajustarse de acuerdo con el IPC; y de los intereses de mora
por los valores adeudados, de conformidad con el artículo 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).
También, que se dé cumplimiento al fallo según los artículos 189, 192, 194 y 195 del
CPACA; y se condene en costas a la parte vencida como lo señala el artículo 188 del
ibidem.

2.1.2. Hechos

5. La Sala los sintetiza así3:

6. La señora Inés Sánchez Restrepo nació el 25 de diciembre de 1963 y realizó
aportes para pensión al antiguo Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), hoy
Colpensiones, en el sector privado, por un total de 857 días.

7. La demandante laboró como docente al servicio de la Secretaría de Educación
del Municipio de Jamundí, Valle del Cauca, durante 8.772 días, así:

Tipo de Desde Hasta Aportes Días
vinculación
OPS 01/09/1994 30/12/1994 Colpensiones 120
OPS 02/01/1995 30/06/1995 Colpensiones 179
OPS 22/08/1995 30/12/1995 Colpensiones 129
OPS 01/01/1996 17/07/1996 Colpensiones 197
OPS 02/09/1996 30/12/1996 Colpensiones 119
OPS 13/01/1997 12/05/1997 Colpensiones 120
OPS 01/06/1997 30/07/1997 Colpensiones 60
OPS 19/08/1997 31/12/1997 Colpensiones 133
OPS 09/01/1998 09/05/1998 N/A 120
OPS 11/05/1998 30/06/1998 N/A 50
OPS 01/09/1998 30/12/1998 N/A 120
OPS 18/01/1999 30/06/1999 N/A 163

2 Samai, gestión otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 2 a 3.
3 Samai, gestión otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 3 a 8.
2

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Demandante: Inés Sánchez Restrepo
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

OPS 11/10/1999 17/12/1999 N/A 67
OPS 17/01/2000 30/06/2000 N/A 164
OPS 04/09/2000 15/12/2000 N/A 102
OPS 22/01/2001 21/04/2001 N/A 90
OPS 23/04/2001 30/06/2001 N/A 68
OPS 01/09/2001 14/12/2001 N/A 104
OPS 15/01/2002 28/02/2002 N/A 44
OPS 04/03/2002 19/07/2002 N/A 136
OPS 01/09/2002 19/11/2002 N/A 78
Provisional 19/11/2002 11/08/2004 FNPSM 621
Provisional 12/08/2004 07/01/2008 FNPSM 1.226
Periodo de prueba 08/01/2008 06/10/2008 FNPSM 269
Propiedad 07/10/2008 09/09/2020 FNPSM 4.293

8. La accionante acredita más de 55 años y 9.629 días de servicios, que equivalen
a más de 20 años. Ello quiere decir que cumple con los requisitos exigidos por la Ley
71 de 1988 para ser beneficiaria de una pensión de jubilación por aportes, por virtud
de la Ley 812 de 2003.

9. Mediante la Resolución 36-49-0422 del 31 de mayo de 2021, la accionada negó
el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes a favor de la
demandante, sin tener en cuenta la totalidad de los tiempos laborados; exigiéndole 57
años de edad y haber cotizado 1.300 semanas para efectos del reconocimiento
pensional, con fundamento en la Ley 100 de 1993.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

• Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 58 y 243.
• Ley 6 de 1945, artículo 17.
• Ley 71 de 1988, artículo 7.
• Ley 91 de 1989, artículo 15.
• Ley 100 de 1993, artículo 279.
• Ley 812 de 2003, artículo 81.
• Acto Legislativo 01 de 2005.
• Decreto 2277 de 1979, artículos 1 y 2, literal f) del artículo 36.

10. La parte demandante afirmó que el acto administrativo acusado contraría las
normas en que debía fundarse. La entidad accionada negó el reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes a la que tiene derecho la accionante, con fundamento
en la Ley 100 de 1993, disposición que no le es aplicable, pues se vinculó al servicio
docente el 1 de septiembre de 1994 por orden de prestación de servicios, y el 19 de
noviembre de 2002 como docente en provisionalidad, es decir, antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 20034.

11. Indicó que de acuerdo con el artículo 81 de la referida ley, los docentes
vinculados hasta el 26 de junio de 2003 conservan el régimen excepcional de
pensiones, esto es, las leyes 33 y 62 de 1985 y la Ley 71 de 1988; y aquellos
educadores que por primera vez ingresan al magisterio oficial a partir del 27 de junio

4 Samai, gestión otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 9 a 23.
3

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Demandante: Inés Sánchez Restrepo
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de 2003, deben ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y sus derechos pensionales se rigen por las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003.

12. Sostuvo que el régimen pensional aplicable a la señora Sánchez Restrepo es el
previsto en la Ley 71 de 1988, por cuanto efectuó cotizaciones a los sectores público
y privado; de modo que como a la fecha de presentación de la demanda acreditaba
tener más de 55 años y más de 20 años de aportes, es acreedora de una pensión de
jubilación por aportes.

2.2. Contestación de la demanda

13. La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda con las siguientes
consideraciones5:

14. El artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981, nacionales o nacionalizados, y aquellos nombrados a partir
del 1 de enero de 1990, tenían derecho, mientras cumplan con los requisitos, a una
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año
y gozarían del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional.

15. Posteriormente, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que, a partir de
su entrada en vigor (27 de junio de 2003), a los docentes oficiales les era aplicable el
régimen pensional de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
a excepción del requisito de edad para la pensión de vejez, que sería de 57 años para
hombres y mujeres. Asimismo, previó que para el caso de los docentes oficiales
vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, aplicaría el
régimen prestacional de la Ley 91 de 1989.

16. En el caso particular no resulta viable el reconocimiento y pago de una pensión
de jubilación por aportes a favor de la accionante, teniendo en cuenta la fecha en la
que se vinculó a la docencia oficial y «la pérdida de continuidad de la relación laboral
con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

2.3. Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 31 de mayo
de 2023, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó a la parte
accionante al pago de costas. La providencia se fundó en los siguientes argumentos6:

18. El legislador expidió la Ley 71 de 1988, que en el artículo 7 estableció la llamada
«pensión de jubilación por acumulación de aportes», es decir, aquella que se obtiene
de la suma de los tiempos de cotización en los sectores público y privado. Por virtud
de la ley, los empleados oficiales y los trabajadores particulares que acreditaran, 55
años si es mujer y 60 años si es varón y, 20 años de aportes sufragados en cualquier
tiempo en una o varias entidades de previsión social o las que hagan sus veces, con
los efectuados en el Seguro Social, tendrían derecho a recibir la prestación de

5 Samai, gestión otros despachos, índice 11.
6 Samai, gestión otros despachos, índice 21.

4

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Demandante: Inés Sánchez Restrepo
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jubilación dada la acumulación de aportes derivados de la relación de trabajo de
carácter particular y oficial.

19. Luego, se profirió la Ley 100 de 1993 que en su artículo 36 dispuso que la edad
para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que, a la entrada en vigor
de la misma ley, acreditaran 35 o más años de edad, siendo mujeres, o 40 o más años
de edad, siendo hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, sería el establecido
en el régimen anterior. Estos son: el Decreto 546 de 1971; las leyes 33 de 1985 y 71
de 1988; y el Decreto 758 de 1990.

20. El referido régimen de transición, según el parágrafo transitorio 4 del Acto
Legislativo 01 de 2005, no podría extenderse después del 31 de julio de 2010, excepto
para quienes estando en el régimen tuviesen al menos 750 semanas cotizadas o su
equivalente en tiempo de servicios para el momento en que entró en vigencia.

21. El tribunal señaló que la señora Inés Sánchez Restrepo nació el 25 de diciembre
de 1963, de modo que, al 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigor de la Ley 100
de 1993 para empleados del orden territorial, tenía 31 años; por ende, no cumple con
el requisito de la edad para ser beneficiaria del régimen de transición. Tampoco se
acreditó el tiempo de servicios, puesto que según el reporte de semanas cotizadas a
Colpensiones que obra en el expediente, la demandante comenzó a laborar desde el
24 de septiembre de 1991 y había cotizado para el 30 de junio de 1995: 159,44
semanas.

22. Afirmó que como se evidenció que la accionante no está amparada por el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, no puede acceder a la pensión por
aportes de la Ley 71 de 1988. A su vez, destacó que tampoco podría obtener su
derecho pensional en aplicación de la Ley 33 de 1985, toda vez que dicha prestación
solo se reconoce a los docentes oficiales que demuestren 20 años de servicios en el
sector docente; situación que no se predica de la señora Sánchez Restrepo, quien, a
la fecha de la demanda, conforme se probó, únicamente contaba con «16 años y 11
meses de labores oficiales» como afiliada al FOMAG.

23. Señaló que la única alternativa con que cuenta la demandante es que su
derecho pensional se examine bajo las reglas del Sistema General de Pensiones
establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, que exige 1.300 semanas de
cotización, las cuales, como bien se indicó en el acto acusado, no se encuentran
probadas.

24. Finalmente, decidió condenar en costas a la parte actora, de conformidad con
el artículo 188 del CPACA, las cuales se liquidarán de acuerdo con el artículo 366 del
CGP. En cuanto a las agencias en derecho, las fijó en 1 SMMLV.

2.4. Recurso de apelación

25. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia. Solicita que se revoque
la decisión y, en su lugar, se reconozca a su favor una pensión de jubilación por
aportes. Ello, bajo los siguientes argumentos7:
7 Samai, gestión otros despachos, índice 24.

5

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Sociales del Magisterio

26. Contrario a lo señalado por el tribunal, en el asunto concreto no debe acudirse
al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 para que sea posible disfrutar de la Ley
71 de 1988, toda vez que la aplicación de la norma anterior en el caso de los docentes
no deviene de dicho régimen, sino de lo previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003. Ello, aunado al hecho de que los docentes vinculados antes de la entrada en
vigor de dicha ley se encuentran exceptuados de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con
los artículos 11 y 279 ibidem, y conforme lo ha estudiado en su jurisprudencia el
Consejo de Estado8.

27. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que, a partir de su entrada en
vigor, a los docentes oficiales les era aplicable el régimen pensional de prima media
dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a excepción del requisito de edad
para la pensión de vejez, que sería de 57 años para hombres y mujeres. En cambio,
en el caso de los docentes oficiales vinculados con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, aplicaría el régimen prestacional de la Ley 91 de 1989, que,
por la remisión de esta, es el contenido en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.

28. Alegó que la demandante cotizó al ISS, hoy Colpensiones, cuando laboró en el
sector privado, del 24 de septiembre de 1991 hasta el 30 de junio de 1994; luego, el 1
de septiembre de 1994 se vinculó al servicio de la docencia oficial, y fue nombrada en
provisionalidad, a partir del 19 de noviembre de 2002, es decir, antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003. Por consiguiente, al acreditar más de 55 años, y haber
efectuado cotizaciones a los sectores público y privado durante más de 20 años, tiene
derecho al reconocimiento y pago de una pensión por aportes, según lo previsto en la
Ley 71 de 1988.

2.5. Trámite procesal

29. Mediante auto del 9 de agosto de 2024, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia9.

2.6. Ministerio Público

30. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto10.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

31. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo

8 Cita. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del

28 de agosto de 2018, Rad. 52001-23-33-2012-00143-01; sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019; Subsección A, sentencia del 24 de febrero de 2022, Rad. 63001-23-33-000-2018-00183-01; Sección
Tercera, Subsección A, sentencia de tutela del 6 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-03766-00.
9 Samai, índice 05.
10 Samai, índice 10.

6

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Demandante: Inés Sánchez Restrepo
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Sociales del Magisterio

de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

32. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir si:

33. ¿La señora Inés Sánchez Restrepo tiene derecho a que, en su condición de
docente oficial, se le reconozca y pague una pensión de jubilación en aplicación de las
leyes 33 de 1985 o 71 de 1988, con fundamento en la Ley 91 de 1989, teniendo en
cuenta que se vinculó por primera vez al servicio antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003?

34. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio; (ii) el régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019; (iii) sobre el cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de
prestación de servicios para el reconocimiento pensional; (iv) el reconocimiento
pensional a la luz de la Ley 71 de 1988 para los docentes; y (v) la compatibilidad de la
pensión y la prestación del servicio docente.

35. A partir de las anteriores consideraciones: (vi) se destacarán los hechos
probados más relevantes y, (vii) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverá
el problema jurídico planteado.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Del régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

36. El régimen pensional de los docentes oficiales se encuentra exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que establece: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

37. Esta excepción se debe a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198911, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

38. La Ley 91 de 1989 establece un esquema especial de financiamiento que difiere
del régimen general. En su artículo 8° dispone un sistema de aportes donde los
docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la nación
11 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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Sociales del Magisterio

aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por
servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituye una de
las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

39. La naturaleza exceptuada del régimen se refuerza con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que establece reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1° de enero de 1990.

40. Es importante señalar que la normativa especial para los docentes se mantiene
incluso después de la expedición de la Ley 812 de 200312. Aunque esta norma (en su
artículo 81) estableció que los docentes vinculados a partir de su vigencia (27 de junio
de 2003) se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, mantuvo una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años
para hombres y mujeres. Esto confirma que, incluso bajo el nuevo esquema, los
docentes mantienen características especiales que justifican su tratamiento
diferenciado.

41. El Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del régimen, al
establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo
oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta».

42. La excepción del régimen general se justifica, entonces, no solo por la existencia
de un sistema especial de administración y financiamiento, sino también por la
necesidad de mantener la unidad en el manejo de las prestaciones sociales del
magisterio, garantizando así la sostenibilidad financiera del sistema y la adecuada
prestación del servicio público de educación.

3.3.2. Del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201913

43. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

44. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812
de 2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a
la pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:
12 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.

45.231, de 27 de junio de 2003.
13 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-

S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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45. (i) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional, establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:

En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.

46. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1° de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1° de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:

✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75%.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (i) el periodo del último año de
servicio docente y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

47. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de
liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza
salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica
(Decreto 2354 de 2018)14.

48. (ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:
14 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.

15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad
que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir
en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994
sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

49. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:

✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65%-85%15, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (ii) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.

50. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.

51. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección16, tales como:

15 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
16 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01
(0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.

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(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su
vigencia.
(ii) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).
52. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.

3.3.3. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento pensional

53. Continuando con el análisis de la aplicación de la Ley 812 de 2003, y debido a
que en no pocas oportunidades se alega que la vinculación mediante contratos de
prestación de servicios no es válida para acreditar el ejercicio de la función oficial
docente, se subraya que el Consejo de Estado ha sostenido todo lo contrario por varias
razones a saber:

54. En primer lugar, porque la definición legal de la labor docente contenida en el
artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en
planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición que
se centra en la naturaleza material de la actividad, independientemente de la forma de
vinculación.

55. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los
docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes-empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y subordinada
a los reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido, como se indicó
en sentencia de unificación del 25 de agosto de 201617:

(…) la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa
el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
– empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en
el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos
y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por
el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016. Radicado número 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-
2015).
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igualdad, los docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.

56. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través
de contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración
de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente
se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma
contractual18»19. (se destaca).

57. Lo anterior, en especial, cuando «las reclamaciones de los aportes pensionales
adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por
su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas de la
prescripción extintiva, y por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier
momento, puesto que la administración no puede sustraerse del pago de los
respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede
repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con
la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una
relación de trabajo»20.

58. Por tanto, siguiendo la lógica establecida para la aplicación de la Ley 812 de
2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes del
27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985, independientemente
de que posteriormente haya tenido interrupciones en el servicio o se haya vinculado
bajo otras modalidades.

59. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: primero,
que la propia Ley 812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de
vinculación, centrándose únicamente en el momento temporal de ingreso al servicio; y
segundo, que de acuerdo con la sentencia C-555 de 1994 proferida por la Corte
Constitucional, que analizó la constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley
60 de 1993 y el parágrafo 3 del artículo 105 de la Ley 115 de 199421, la diferenciación
de los docentes vinculados como empleados públicos y los contratados por prestación
de servicios, en atención a que ambos grupos realizan una actividad igual, no puede
significar el desconocimiento de derechos y garantías laborales que son
irrenunciables.

60. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional
docente, el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido
18 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación

de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales
obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
20 Ibidem.
21 «Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero del artículo 6o

de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo académico siguiente, hasta cuando
puedan ser vinculados a la planta de personal docente territorial».
12

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mediante contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen
anterior.

3.3.4. Del reconocimiento pensional a la luz de la Ley 71 de 1988 para los
docentes

61. La necesidad de revisar la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 en materia de
pensiones docentes surge de una realidad práctica: muchos educadores han prestado
servicios tanto en el sector público como en el privado durante su vida laboral,
acumulando aportes en diferentes regímenes pensionales. Esta situación genera un
interrogante jurídico fundamental, pues si bien los docentes están exceptuados del
régimen general de pensiones por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y tienen su
propio régimen en la Ley 91 de 1989, existía discusión si podían acceder a los
beneficios de la pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988.

62. La discusión cobra especial relevancia para aquellos docentes vinculados antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pues en algunos casos, la aplicación de
la Ley 71 de 1988 podría resultar más favorable que el régimen previsto en la Ley 33
de 1985, especialmente cuando no alcanzan el tiempo de servicio requerido
exclusivamente en el sector público, pero sí cuentan con el tiempo necesario al sumar
sus aportes en diferentes sectores.

63. En efecto, la Ley 71 de 1988 establece un régimen específico para la pensión
por aportes, con los siguientes requisitos según su artículo 7:

• Para mujeres: 55 años.
• Para hombres: 60 años.
• 20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de
previsión social del sector público y el ISS (hoy Colpensiones).
• Tasa de reemplazo: 75% del salario promedio base para los aportes durante el
último año de servicios.

64. Respecto al ingreso base de liquidación, el Decreto 2709 de 1994 que
reglamentó esta ley, establece en sus artículos 6 y 8 que la pensión se liquida con el
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios. Ello, con la inclusión de los factores previstos en la Ley 62 de 198522 y demás
normas especiales que creen emolumentos con carácter de factor salarial, y que en
consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.

65. Ahora bien, sobre la referida discusión esta Subsección recientemente,
mediante sentencia del 30 de enero de 202523 expuso a saber, cinco razones
fundamentales por las cuales la Ley 71 de 1988 es aplicable a los docentes:

(i) La intención legislativa expresada en los debates de la Ley 91 de 1989 incluía
la aplicación de la Ley 71 de 1988, al considerar que esta última hacía parte del
«régimen vigente para los pensionados del sector público nacional».

22 En aplicación del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).

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(ii) La Ley 71 de 1988 «de manera explícita señaló que regula las pensiones de
todos los servidores públicos, sin excepción», por lo que encaja en la remisión
que hace la Ley 91 de 1989 (art. 15, literal b), para efectos pensionales de los
docentes, al régimen del sector público nacional.
(iii) La Ley 71 de 1988 hace parte de la normativa que contiene los «derechos
mínimos» en materia pensional aplicables al sector público en general, que no
pueden ser desconocidos a ningún servidor público.
Dicho de otro modo, excluir a los docentes del artículo 7 de la Ley 71 de 1988
supondría suprimir uno de estos derechos esenciales, al impedirles completar
el requisito de tiempo de servicios mediante la acumulación de aportes en
sectores público y privado.

(iv) No existe mandato legal que exija a los docentes ejercer durante toda su vida
laboral la enseñanza en el sector público para acceder a los beneficios
pensionales.
(v) Si bien «Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por
sus reglas todos los empleados públicos salvo “los empleados oficiales que
trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la
Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un
régimen especial de pensiones”, lo cierto es que tal enunciado normativo que
establece una excepción tan estricta no implica que a los docentes no los pueda
gobernar otra norma en temas pensionales porque las leyes 71 de 1988 y 91
de 1989 se expidieron con posterioridad».

66. Es importante aclarar que la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 no reemplaza ni
excluye la posibilidad que tienen los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003
de pensionarse exclusivamente con tiempo público bajo la Ley 33 de 1985. Por el
contrario, constituye una opción adicional y favorable para aquellos docentes que han
acumulado tiempos tanto en el sector público como en el privado. Esta interpretación
se alinea con el principio de favorabilidad en materia laboral, pues amplía las
posibilidades de acceso a la pensión sin eliminar las ya existentes.

67. En conclusión, la sentencia precisó que la Ley 71 de 1988 es aplicable a los
docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como parte del "régimen vigente
para los pensionados del sector público nacional" al que remite la Ley 91 de 1989. La
Ley 71 de 1988 establece una modalidad pensional que requiere 55 años para mujeres
y 60 para hombres y 20 años de aportes, los cuales pueden ser acumulados entre el
sector público y privado. En cualquier caso, la pensión se liquidará con el 75% del
promedio del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicios.

68. Ahora bien, no puede perderse de vista que la sentencia del 30 de enero de
2025 se pronunció frente a la situación particular de una docente vinculada con
anterioridad a la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, las consideraciones desarrolladas en
ella no pueden entenderse como una imposibilidad de la aplicación de la Ley 71 de
1988 a quienes iniciaron su vinculación laboral docente después del 27 de junio de
2003. Esto se debe a que esta podría ser la norma a tener en cuenta por vía del
régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en especial,
cuando la normatividad anterior resulta más favorable.
14

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69. Lo anterior supondría, según la interpretación que se ha hecho del señalado
artículo 36, en especial en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo de esta Corporación24, la aplicación de la normatividad
anterior (v.gr. la Ley 71) en cuanto a tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo,
pero no respecto del ingreso base de liquidación, pues este se calcularía a partir de
los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993.

3.3.2. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente

70. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades25, sobre la
presunta incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las
prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:

(i) El Decreto 224 de 197226 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia
no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
(ii) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197927 que señaló que el goce de la pensión
no sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se
advierte, fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante
sentencia del 20 febrero de 1981.
(iii) La Ley 60 de 199328 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia29, esta
compatibilidad al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía
este beneficio.
(iv) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2° del Decreto 2709 de
1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se
retiren del servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».

24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, M.P. César

Palomino Cortés, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
25 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, Rad. 15001

23 31 000 2004 02695 01 (0133-10), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 25 de septiembre
de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César Palomino Cortés. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023,
M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2024, Rad. 05001-
23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
26 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
27
«Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
28 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos

151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.».
29 Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.

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Demandante: Inés Sánchez Restrepo
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(v) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley
4 de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro
público, consagra «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley
beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual
tratándose del régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que
no hace alusión a los docentes pensionados para el momento en que entró en
vigor la norma, sino a las disposiciones que para la misma fecha beneficiaban
a los docentes pensionados. Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto
de 201930 se reiteró:
«Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez
Maldonado, sostuvo:

Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que
el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes
pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran
beneficiando de la normatividad que les permitía percibir simultáneamente pensión
y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión gracia, siempre y cuando
cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes
a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo
establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año
y 115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4 de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el
artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65)
años de edad'.

Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.

El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio civil de
esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de 22 de
noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10), C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero».

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-

2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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(vi) El artículo 1931 de la Ley 344 de 199632, al dejar a salvo lo dispuesto en las
leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de las que se
desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión
del ejercicio docente»33.

(vii) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 45 34 del Decreto
1278 de 200235, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-
1157 de 200336), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la
que no fue habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en
providencia del 20 de noviembre de 202437 indicó:

Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública38.

Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad.

71. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los
que se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea
vinculados con anterioridad39 o posterioridad40 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de

31 «ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor

público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o
continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse
producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
32 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
34 «ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos,

el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
35 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
36 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20

de noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
38 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en la sentencia del 22 de junio

de 2023, rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). En
esta providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes
vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
40 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01
(3118-2022). En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario

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acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan
sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no
con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar
esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto
que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.

72. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración
está limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble asignación
del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la función
docente oficial.

73. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen exceptuado del magisterio.

3.4. Hechos probados

74. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:

75. La señora Inés Sánchez Restrepo nació el 25 de diciembre de 1963, según
copia de la cédula de ciudadanía41, por lo tanto, para el 24 de septiembre de 202042,
fecha de la reclamación pensional ante la Secretaría de Educación del Municipio de
Jamundí, Valle del Cauca, contaba con 56 años.

76. La accionante tiene un total de 269,57 semanas cotizadas al ISS, hoy
Colpensiones, desde el 24 de septiembre de 1991, de acuerdo con el reporte de
semanas cotizadas en pensiones de dicha entidad, actualizado a 4 de febrero de 2020
que reposa en el expediente43. De estas, 122,43 semanas44, que equivalen a 2 años,
4 meses y 17 días, corresponden a aportes en el sector privado, y las demás (147,14)
en el sector público45. Así, se señala que las 147,14 semanas restantes (lapso
comprendido entre el 13 de octubre de 1994 y el 31 de mayo de 1998) que, según se
evidencia, conciernen a cotizaciones del municipio de Jamundí (sector público), serán

y pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición
de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo
con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue
un requisito o límite establecido por el legislador».
41 Samai, gestión otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 34, 105.
42 Samai, gestión otros despachos, índice 03, 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua

3, págs. 93 a 101.
43 Samai, gestión otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, pág. 36.
44 Total de la sumatoria de los tiempos servidos a: Caip Club de Leones del 24/09/1991 al 29/08/1993, que equivalen

a 100,86 semanas; Taller de Anik &CIA del 31/01/1994 al 30/06/1994, que corresponden a 21,57 semanas. Esto,
según reporte de semanas cotizadas en pensiones de Colpensiones, actualizado al 4 de febrero de 2020, que obra
en Samai, gestión otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, pág. 36.
45
Cotizaciones efectuadas por el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, en fechas que según se contrasta con el
certificado laboral aportado, que se relaciona a continuación, corresponde al servicio prestado a este en calidad de
docente oficial.
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tenidas en cuenta a continuación, en tanto coinciden con los periodos prestados por la
demandante al servicio de la docencia oficial.

77. La demandante prestó sus servicios a la Secretaría de Educación del Municipio
de Jamundí, Valle del Cauca, como docente, según el certificado de tiempo de
servicios expedido por la misma entidad el 9 de septiembre de 202046, por un total de
24 años, 4 meses y 15 días, conforme se detalla a continuación:

Tipo de Desde Hasta Días Meses
vinculación
OPS47 01/09/1994 30/12/1994 120 4 meses
OPS 02/01/1995 30/06/1995 179 5 meses, 29 días
OPS 22/08/1995 30/12/1995 129 4 meses, 9 días
OPS 01/01/1996 17/07/1996 197 6 meses, 17 días
OPS48 02/09/1996 30/12/1996 119 3 meses, 29 días
OPS49 13/01/1997 12/05/1997 120 4 meses
OPS 01/06/1997 30/07/1997 60 2 meses
OPS50 19/08/1997 31/12/1997 133 4 meses, 13 días
OPS51 09/01/1998 09/05/1998 121 4 meses, 1 días
OPS52 11/05/1998 30/06/1998 50 1 mes, 20 días
OPS53 01/09/1998 30/12/1998 120 4 meses
OPS54 18/01/1999 30/06/1999 163 5 meses, 13 días
OPS55 11/10/1999 17/12/1999 67 2 meses, 7 días
OPS56 17/01/2000 30/06/2000 164 5 meses, 14 días
OPS57 04/09/2000 15/12/2000 102 3 meses, 12 días
OPS58 22/01/2001 21/04/2001 90 3 meses

46 Samai, gestión otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 37 a 41.
47 Contrato 509 del 23 de septiembre de 1994, visible en Samai, gestión otros despachos, índice 03,

1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 42 a 44.
48 Acta de posesión 085 del 2 de septiembre de 1996, que obra en Samai, gestión otros despachos, índice 03,

1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, pág. 49.
49 Resolución 002 del 13 de enero de 1997 «Por medio de la cual se ordena prestación del servicio como docente

mientras se realiza concurso», obrante en Samai, gestión otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 50 a 52.
50 Resolución 069 del 19 de agosto de 1997 «Por medio de la cual se ordena prestación del servicio como docente

mientras se realiza concurso», obrante en Samai, gestión otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 53 a 56.
51 Resolución 042 del 9 de enero de 1998 «Por medio de la cual se ordena prestación del servicio como docente

mientras se realiza concurso», obrante en Samai, gestión otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 57 a 58.
52 Resolución 083 del 18 de mayo de 1998 «Por medio de la cual se ordena prestación del servicio como docente

mientras se realiza concurso», obrante en Samai, gestión otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 59 a 60.
53 Resolución 095 del 7 de septiembre de 1998 «Por medio de la cual se ordena prestación del servicio como

docente mientras se realiza concurso», obrante en Samai, gestión otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 61 a 62.
54 Orden de prestación de servicios 033 del 18 de enero de 1999, visto en Samai, gestión otros despachos, índice

03, 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 63 a 64.
55 Orden de prestación de servicios 075 de 1999, visible en Samai, gestión otros despachos, índice 03,

1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 65 a 66.
56 Orden de prestación de servicios 042 del 2000, que obra en Samai, gestión otros despachos, índice 03,

1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 67 a 68.
57 Orden de prestación de servicios 042 del 2000, visto en Samai, gestión otros despachos, índice 03,

1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs.69 a 70.
58 Orden de prestación de servicios 046 del 22 de enero de 2001, que obra en Samai, gestión otros despachos,

índice 03, 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 71 a 72.
19

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Demandante: Inés Sánchez Restrepo
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

OPS59 23/04/2001 30/06/2001 68 2 meses, 8 días
OPS 01/09/2001 14/12/2001 104 3 meses, 14 días
OPS60 15/01/2002 28/02/2002 44 1 mes, 14 días
OPS61 04/03/2002 19/07/2002 136 4 meses, 16 días
OPS 01/09/2002 19/11/2002 79 2 meses, 19 días
Provisional62 20/11/2002 11/08/2004 622 1 año, 8 meses, 22
días
Provisional63 12/08/2004 07/01/2008 1.226 3 años, 4 meses, 26
días
Periodo de 08/01/2008 06/10/2008 269 8 meses, 29 días
prueba64
Propiedad65 07/10/2008 07/02/2010 481 1 año, 4 meses, 1 día
Propiedad 08/02/2010 09/09/2020 3.812 10 años, 7 meses, 2
días

78. El 24 de septiembre de 202066, la accionante solicitó a la entidad accionada el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes. No obstante,
mediante la Resolución 36-49-0422 del 31 de mayo de 2021, la Secretaría de
Educación Municipal de Jamundí, Valle del Cauca, negó el reconocimiento y pago de
la pensión de jubilación prevista en la Ley 71 de 1988, al considerar que como la
docente se afilió al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a partir
del 12 de agosto de 2004, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003, se le debía aplicar el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003. Así, determinó que como a la fecha la accionante solo acreditaba 7.777
días de cotización y no las 1.300 semanas que exige el referido régimen, no tenía
derecho al reconocimiento de una pensión67.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

79. La parte recurrente afirmó que la señora Inés Sánchez Restrepo se vinculó al
servicio docente el 1 de septiembre de 1994, esto es, antes de la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003); en tal sentido y comoquiera que realizó
59 Orden de prestación de servicios 152 del 2001, visto en Samai, gestión otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, pág. 73.
60 Orden de prestación de servicios 003 del 10 de abril de 2002, que obra en Samai, gestión otros despachos, índice

03, 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 74 a 75.
61 Orden de prestación de servicios del 10 de abril de 2002, visible en Samai, gestión otros despachos, índice 03,

1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 76 a 77.
62 Resolución 153 del 19 de noviembre de 2002 «Por la cual se hace un nombramiento en provisionalidad» y acta

de posesión del 19 de noviembre de 2002, que obran en Samai, gestión otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 78 a 80.
63 Decreto 1193 del 11 de agosto de 2004 «Por el cual se hacen unas incorporaciones de docentes provisionales

de origen municipal, en la planta de cargos de la Secretaría de Educación Departamental, correspondiente al
municipio de Jamundí» y Acta de posesión 2004-2925 del 12 de agosto de 2004, visibles en Samai, gestión otros
despachos, índice 03, 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 81 a 83.
64 Resolución 0850 del 21 de diciembre de 2007 «Por medio de la cual se nombran en periodo de prueba unos

docentes de la Secretaría de Educación Departamental» y Acta de posesión 2008-1342 del 8 de enero de 2008,
obrantes en Samai, gestión otros despachos, índice 03, 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF)
NroActua 3, págs. 84 a 87.
65 Decreto 1017 del 1 de octubre de 2008 «Por medio de la cual se nombran en propiedad, se dispone la inscripción

en el escalafón docente a unos docentes (…)» y Acta de posesión 0954 del 7 de octubre de 2008, visibles en
Samai, gestión otros despachos, índice 03, 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3,
págs. 88 a 91.
66 Samai, gestión otros despachos, índice 03, 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua

3, págs. 93 a 101.
67 Samai, gestión otros despachos, índice 03, 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua

3, págs. 30 a 32.
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Demandante: Inés Sánchez Restrepo
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cotizaciones en el sector privado a partir del 24 de septiembre de 1991, es beneficiaria
de una pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.

80. Sobre el punto, se evidencia en el acto acusado que la entidad accionada negó
la pensión por aportes pretendida, al señalar que como la demandante se afilió al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a partir del 12 de agosto de
2004, luego de la Ley 812 de 2003, le era aplicable el régimen de prima media de las
leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

81. Al respecto, de acuerdo con la documental que reposa en el expediente, se
observa que la señora Sánchez Restrepo laboró como docente a través de contrato
de prestación de servicios, del 1 de septiembre de 1994 al 19 de noviembre de 2002,
según el certificado de tiempo de servicios expedido por la misma entidad el 9 de
septiembre de 202068.

82. Sobre el particular, conforme se estudió en el acápite del marco normativo de
esta providencia, se destaca que los docentes vinculados mediante contratos de
prestación de servicios no ejercen su labor de manera independiente, pues al igual
que los docentes-empleados públicos, desempeñan sus funciones de manera
personal y subordinada a los reglamentos propios del servicio público de la educación.
Tan es así que, como lo definió la Sección Segunda de esta corporación en la
sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016 69, carecen de
autonomía en el desarrollo de su actividad, pues se someten a directrices, inspección
y vigilancia de las autoridades educativas; y sus funciones las ejercen durante una
jornada laboral que está sometida a un calendario académico, lo que los hace
merecedores de una protección especial por parte del Estado.

83. A su vez, la reclamación del reconocimiento de una pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, en el
curso de un proceso ordinario es posible, según lo ha estudiado esta corporación, (i)
cuando se persiga la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o
(ii) en aquellos casos en los que solo se pretenda para efectos pensionales el cómputo
de los periodos laborados bajo esa forma contractual. Escenario este último en el que
como lo ha definido la jurisprudencia70:

(…) es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia
de la entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se
reglamenta el Decreto 3135»71 permite la acumulación de tiempos de servicio con la
68 Samai, gestión otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAYANEXOS(.PDF) NroActua 3, págs. 37 a 41.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación

jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016. Radicado número 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-
2015).
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de

febrero de 2020. Radicado número 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015); sentencia del 13 de febrero del
2020. Radicado número 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
71 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará

al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para
tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de
tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a
ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará
directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos de acumulación de tiempo de

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posibilidad de exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la
pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la
entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios
la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de
servicios en cada una de aquellas.

84. Así, la Sala estima que el periodo laborado por la accionante a través de
contratos de prestación de servicios, resulta válido para contabilizar el tiempo de
servicios con efectos pensionales, en virtud de los principios de primacía de la realidad
sobre las formalidades e igualdad, toda vez que, según se expuso en el marco
normativo y jurisprudencial de esta sentencia, dicha modalidad de vinculación docente
no desvirtúa el carácter personal de la labor ni es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación.

85. En este orden de ideas, con el fin de definir el régimen pensional aplicable a la
accionante, se recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 o el
establecido en la Ley 71 de 1988, cuando acumulen aportes por servicios prestados
en los sectores oficial y privado, teniendo en cuenta que la Ley 91 de 1989 no lo
restringió. En cambio, a aquellos docentes vinculados con posterioridad, afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el
régimen de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

86. Adicionalmente, es necesario subrayar que la interrupción o suspensión del
servicio oficial docente no puede ser óbice para determinar el régimen pensional que
cobija la situación jurídica, pues como quedó visto antes en esta providencia, la
corporación72 ha avalado el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal
docente, considerando la totalidad de los periodos laborados, aun cuando existiere
discontinuidad entre estos.

87. Aclarado lo anterior, y según se detalló en el acápite de hechos probados de
esta sentencia, se tiene que la señora Inés Sánchez Restrepo laboró por primera vez
al servicio docente, a través de contratos de prestación de servicios, el 1 de septiembre
de 1994, es decir, antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de
2003). Por ende, le es aplicable la Ley 91 de 1989 y comoquiera que según se probó
en el plenario, acumuló tiempos de servicio públicos y privados, durante 26 años, 9

servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948
y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la
entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de
reconocimiento de la pensión».
72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18

de septiembre de 2020. Radicado número 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
Criterio reiterado por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de 2022. Radicado número
25000-23-42-000-2019-00143-01 (3061-2021).
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meses y 2 días73, es beneficiaria del régimen pensional previsto en la Ley 71 de
1988.

88. En tal sentido, se destaca que, según el artículo 7 de la mencionada ley, por ser
mujer debía acreditar 55 años de edad y 20 años de cotizaciones continuas o
discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) y en una o varias
de las entidades de previsión social del sector público; en ambos casos, con una tasa
de reemplazo del 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el
último año de servicio, de conformidad con la Ley 71 de 1988 y los artículos 6 y 8 del
Decreto 2709 de 1994; así como la Ley 62 de 1985 y demás normas especiales.

89. Así, toda vez que la señora Sánchez Restrepo cumplió 55 años el 25 de
diciembre de 2018 y acumuló, como se dijo antes, un total de 26 años, 9 meses y 2
días de cotización, al momento en que presentó la solicitud pensional (24 de
septiembre de 2020), se considera que tiene derecho al reconocimiento de una
pensión de jubilación por aportes, en aplicación de lo previsto en los artículos 6 y 8 del
Decreto 2709.

90. En punto al estatus pensional, se estima que lo adquirió el 25 de diciembre de
2018, fecha en la que cumplió 55 años (nació el 25 de diciembre de 1963), instante
para el cual tenía más 20 años de aportes (los cuales alcanzó el 8 de diciembre de
201374) acumulados en las diferentes entidades de previsión social, de conformidad
con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994.

91. Por ende, se revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, se declarará la nulidad del acto
administrativo acusado. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho se
condenará al FOMAG al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes
a favor de la demandante con el 75% del promedio de los factores salariales dispuestos
en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994; así como la Ley 62 de 1985 y demás
normas especiales, que hayan servido de base de cotizaciones a seguridad social en
pensión, en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada, en aplicación
de la Ley 71 de 1988, sin que deba acreditar el retiro del servicio docente, como se
explicó en el numeral 3.3.5. de esta providencia.

92. Sobre el punto, si bien el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994 estableció que la
pensión por aportes se liquida con el 75% del salario promedio que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicios, en este caso, como se ha dispuesto en
otras oportunidades por la sala, debido a que no hay incompatibilidad entre la función
docente y el derecho al goce pensional, la pensión que se reconoce debe calcularse
con el promedio de lo devengado durante el año anterior a aquel en el que la docente

73 Total que resulta de la suma del tiempo de servicios prestados al sector privado: 2 años y 4 meses, 17 días, y el

periodo servido al sector público: 24 años, 4 meses, 15 días. Esto, según el reporte de semanas cotizadas en
pensiones de Colpensiones, actualizado a 4 de febrero de 2020, y el certificado de tiempo de servicios expedido
por la Secretaría de Educación Municipal de Jamundí, Valle del Cauca el 9 de septiembre de 2020, que reposan
en el expediente.
74
De acuerdo con la siguiente operación: 1. Al 19 de noviembre de 2002, la accionante tenía un total de 8 años, 11
meses, 12 días de servicio (2 años, 4 meses, 17 días del ISS; y 6 años, 6 meses y 25 días del municipio de Jamundí
OPS); 2. Si a 20 años se le restan los 8 años, 11 meses, 12 días, se tiene que a la demandante le faltaban 11 años,
18 días para completar los 20 años de servicio; 3. Como el siguiente periodo laboral de la demandante lo inició el
20 de noviembre de 2002, a esa fecha se suman 11 años, 18 días, lo que arroja: 8 de diciembre de 2013.
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adquirió el estatus de pensionada, porque una vez consolidado este puede percibir la
pensión sin necesidad de retirarse del servicio.

93. Finalmente, se aclara que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio podrá reclamar la cuota parte a las entidades de previsión social o fondos
pensionales en los que cotizó la demandante de conformidad con el artículo 11 del
Decreto 2709 de 1994.

94. Por otro lado, resulta oportuno precisar que como entre la adquisición del
estatus pensional (25 de diciembre de 2018) y la petición de reconocimiento (24 de
septiembre de 2020) no transcurrieron más de tres años, el término de prescripción se
interrumpió por un plazo igual (artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado en
el Decreto 1848 de 1969), dentro del cual, incluso, se presentó la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho objeto de estudio en los términos establecidos por el
CPACA, el 15 de julio de 2021, lo que quiere decir que no operó el fenómeno prescriptivo
de mesada alguna.

3.6. Conclusión de la decisión

95. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, se
concluye que como la señora Inés Sánchez Restrepo se vinculó con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional que le es aplicable es el
previsto en la Ley 71 de 1988. Así, al haberse probado que tiene más de 55 años de
edad y 20 de cotizaciones en los sectores público y privado, se estima que tiene
derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes.

3.7. Costas

96. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 75 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

75 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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97. Además, como se accede a las pretensiones de la demanda, lo que implica
revocar la sentencia de primera instancia, tampoco hay lugar a mantener la condena
en costas a la parte demandante, que en su momento se impuso bajo un criterio
objetivo - valorativo.

3.8. Otros aspectos

98. Finalmente, se reconocerá personería jurídica para actuar al profesional del
derecho al que se le confirió poder general para representar a la entidad accionada,
quien, a su vez, en debida forma sustituyó este.

99. Seguidamente, se aceptará la renuncia al poder de sustitución allegada, por
cumplir con los requisitos del artículo 76 del C.G.P.

100. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 31 de mayo de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR la nulidad de la Resolución 36-49-0422 del 31
de mayo de 2021, por medio de la cual la entidad accionada negó el reconocimiento y
pago de una pensión de jubilación por aportes a la señora Inés Sánchez Restrepo.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación-
Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio a reconocer y pagar a favor de la señora Inés Sánchez Restrepo, desde el
25 de diciembre de 2018, una pensión de jubilación por aportes con el 75% del
promedio de los factores salariales dispuestos en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709
de 1994; así como la Ley 62 de 1985 y demás normas especiales, que hayan servido
de base de cotizaciones a seguridad social en pensión, en el año anterior a la
adquisición del estatus de pensionada, en aplicación de la Ley 71 de 1988, sin que
deba acreditar el retiro del servicio docente.

Las sumas que resulten deberán ser actualizadas de acuerdo con la fórmula
establecida para el efecto, según la cual el valor presente (R) se determinará de
multiplicar el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de
precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por
el índice inicial (vigente a la fecha de adquisición del estatus pensional de la
demandante). La fórmula que debe aplicar es la siguiente:

R = Rh. índice final__
índice inicial

CUARTO: La Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio podrá reclamar la cuota parte a las demás

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Demandante: Inés Sánchez Restrepo
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio

entidades de previsión social o fondos de pensiones en los que la demandante realizó
cotizaciones de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.

QUINTO: Sin condena en costas en segunda instancia.

SEXTO: RECONOCER personería al abogado Martín Orlando Méndez Amador
identificado con cédula de ciudadanía 1.022.367.970 de Bogotá y tarjeta profesional
277.445 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado principal
de la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en los términos de la escritura pública 0234 del 12 de marzo
de 2024, visible a índice 09 de Samai; y, al abogado Yonny Alexander Parra Varela
identificado con cédula de ciudadanía 1.144.109.611 de Cali y tarjeta profesional
383.687 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado sustituto
de la entidad, para los efectos de la sustitución que obra a índice 09 de Samai.

SÉPTIMO: ACEPTAR la renuncia al poder presentada por el abogado Yonny
Alexander Parra Varela, apoderado sustituto de la parte demandada, por cumplir con
los requisitos previstos en el artículo 76 del CGP, visible a índice 12 de Samai.

OCTAVO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

TAP/JCBB

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