Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00816-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00816-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00816-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00816-02 (1591-2025)
Demandante: Diana Marcela Palomeque Abuhatab y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Reconocimiento de prima especial.
Principio de congruencia. Prescripción de valores
adeudados a excepción de aportes a pensión y salud.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintinueve (29) de abril de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. Los señores Álvaro Fernando Rodríguez Nariño, Luz Nelly Ávila Vásquez,
Rocío Escobar Pulgarín, Gilma Rosa Tobar Morera, Diana Marcela Palomeque
Abuhatab, Luz Marina Montaño Galarza y Melba Esther Tapia Vásquez interpusieron
demanda contra la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con
el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
1 Cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido respecto de la prima
especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se debatía un asunto similar,
el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión que se encuentra ejecutoriada,
por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.
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2. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Oficio No.
20210060104811 del 21 de abril de 2021, No. 20210060103661 del 20 de abril de
2021, No. 20210060104871 del 21 de abril de 2021, No. 20210060104831 del 21 de
abril de 2021 y No. 20210060103701 del 20 de abril de 2021 por medio de los cuales
la FGN les negó el reconocimiento de la prima especial en un 30 % adicional a la
asignación básica y la correspondiente reliquidación de sus prestaciones sociales.
3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada que se
reconozca y pague la prima especial de servicios como un incremento adicional del
salario básico y/o asignación mensual, en un porcentaje no inferior al 30 % ni superior
al 60 % prevista en la Ley 476 de 1998.
4. Que se reconozca y pague las prestaciones sociales sobre el 100 % de sus
salarios básicos, esto es, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título
de prima especial, desde la fecha de vinculación, a la actualidad y los que se causen
hacia el futuro. Que la prima especial sea constitutiva de factor salarial para
determinar el ingreso base de liquidación de la pensión y se cancele el retroactivo
que con todo ello se cause.
5. Que se actualicen las sumas reconocidas, se dé cumplimiento a la sentencia
en los términos de ley y se condene en costas a la demandada.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que han prestado sus servicios de manera ininterrumpida a la Fiscalía
General de la Nación en los cargos de fiscal, los cuales seguían vigentes al menos
a la fecha de presentación de la demanda, y solicitaron a la demandada reconocer y
pagar el reajuste de la asignación básica mensual, la reliquidación de prestaciones
sociales y el reconocimiento de la prima especial sin carácter salarial. Petición que
se negó a través de los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Consideran violados el preámbulo y los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución
Política; 1 y 14 de la Ley 4.ª de 1992; Ley 476 de 1998; 14 de la Ley 50 de 1990; 152
de la Ley 270 de 1996 y la Convención Americana de Derechos Humanos, Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convenios 95,100 y 111 de la OIT y el
Convenio 151 de la OIT.
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8. Que la demandada con su negativa de reconocer y cancelar a los
demandantes la prima especial de servicios desde el momento de su vinculación a
la entidad en un porcentaje que no fue inferior al 30 % ni superior al 60 % del real
valor de sus remuneraciones básicas mensuales, violó de forma flagrante los
tratados internacionales, las normas supralegales y las leyes que protegen el salario
de los trabajadores.
9. Que lo mismo aconteció cuando la FGN no les reliquidó y pagó las
prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico, es decir, con la inclusión
del 30 % que había sido excluido a título de prima especial, dentro de ello sus
cotizaciones a pensión.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
10. El 31 de enero de 2023 fue admitida la demanda. La entidad2 se opuso a las
pretensiones bajo el argumento de que liquidó y pagó la asignación salarial y
prestacional de los actores, conforme a lo dispuesto en los decretos que expidió el
Gobierno nacional para cada vigencia fiscal.
11. Que, desde el 2003 y en adelante los decretos que fijaron el régimen salarial
y prestacional para los servidores de la Fiscalía General de la Nación no
contemplaron la prima especial, por lo que, de accederse a lo pretendido, se entraría
a reconocer un derecho del cual no son beneficiarios.
12. Propuso como excepciones las de prescripción y cobro de lo no debido.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del veintinueve
(29) de abril de dos mil veinticinco (2025)3, accedió parcialmente a las pretensiones
luego de considerar que hasta el año 2002, los decretos salariales que
reglamentaron de manera expresa la prima especial de servicios eran aplicados bajo
la interpretación de que tal emolumento hacía parte del salario, por lo que, resultaba
posible que, hasta ese momento, las prestaciones sociales se les liquidara sobre la
base del 70 % del mismo, salvo prueba en contrario.
14. Que, partir del año 2003, los decretos que establecen el régimen salarial de
la Fiscalía General de la Nación no regularon la prima especial de servicios, debido
a que el Gobierno no reprodujo la expresión reprochada del artículo 7 del Decreto
685 de 2002, por lo que, aun a pesar de ese vacío reglamentario, y mientras no se
demuestre lo contrario, procede el reconocimiento de la prima especial del 30 %
2 Documento 25_CONTESTACIONDEDEMANDA. Contestación ALVARO FERNANDO RODRIGUEZ NARIÑO y
otros - 30% - Cali.pdf
3 Índice 00046 Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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como sobresueldo, bajo la aplicación de principio de progresividad y no regresividad
de los derechos sociales, sin la orden de reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100 % de la asignación básica, puesto que este valor no debió ser castigado
con el 30 % de la prima especial de servicios.
15. Con base en lo anterior, declaró la nulidad parcial de los actos demandados y
a título de restablecimiento del derecho, condenó a la entidad a reconocer la prima
especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, liquidándola
como un incremento del 30 % respecto del 100 % del salario básico, así: En favor de
Álvaro Fernando Rodríguez Nariño a partir del 15 de marzo de 2018 y hasta el 31 de
diciembre de 2020; de Luz Nelly Ávila Vásquez a partir del 15 de marzo de 2018 y
hasta el 31 de diciembre de 2020, de Rocío Escobar Pulgarín a partir del 15 de marzo
de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2020, de Gilma Rosa Tobar Morera del 26 de
marzo de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2020, de Diana Marcela Palomeque
Abuhatab a partir del 19 de marzo de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2020, de
Luz Marina Montaño Galarza a partir del 23 de marzo de 2018 y hasta el 31 de
diciembre de 2020 y de Melba Esther Tapia Vásquez a partir del 31 de marzo de
2018 y hasta el 31 de diciembre de 2020. Además, dispuso que, en todo caso según
los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como fiscales, sin que en
ningún caso pueda superarse el tope máximo establecido por el Gobierno nacional.
16. Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción de los valores
reconocidos así: al señor Álvaro Fernando Rodríguez Nariño en el periodo
comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 hasta el 14 de marzo de 2018; a Luz
Nelly Ávila Vásquez en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2011
hasta el 14 de marzo de 2018, Rocío Escobar Pulgarín en el periodo comprendido
entre el 1 de abril de 2004 hasta el 14 de marzo de 2018, Gilma Rosa Tobar Morera
en el periodo comprendido entre el 9 de septiembre de 1998 hasta el 25 de marzo
de 2018, Diana Marcela Palomeque Abuhatab en el periodo comprendido entre el 10
de julio de 2014 hasta el 18 de marzo de 2018, Luz Marina Montaño Galarza en el
periodo comprendido entre el 9 de septiembre de 1998 hasta el 22 de marzo de 2018
y Melba Esther Tapia Vásquez en el periodo comprendido entre el 9 de septiembre
de 1998 hasta el 30 de marzo de 2018.
17. Dispuso la extinción del derecho al pago de la reliquidación de las
prestaciones salariales y sociales reconocidos para los períodos de 9 de septiembre
de 1998 hasta 31 de diciembre de 2002, respecto de los demandantes Gilma Rosa
Tobar Morera, Luz Marina Montaño Galarza y Melba Esther Tapia Vásquez.
18. Declaró la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de social en pensión
que se deben realizar en favor de los demandantes así: A Álvaro Fernando
Rodríguez Nariño en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 hasta
el 14 de marzo de 2018, Luz Nelly Ávila Vásquez en el periodo comprendido entre el
1 de septiembre de 2011 hasta el 14 de marzo de 2018, Rocío Escobar Pulgarín en
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el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2004 hasta el 14 de marzo de 2018,
Gilma Rosa Tobar Morera en el periodo comprendido entre el 9 de septiembre de
1998 hasta el 25 de marzo de 2018, Diana Marcela Palomeque Abuhatab en el
periodo comprendido entre el 10 de julio de 2014 hasta el 18 de marzo de 2018, Luz
Marina Montaño Galarza en el periodo comprendido entre el 9 de septiembre de
1998 hasta el 22 de marzo de 2018, Melba Esther Tapia Vásquez en el periodo
comprendido entre el 9 de septiembre de 1998 hasta el 30 de marzo de 2018.
19. Además, indicó se deben realizar los aportes al sistema de seguridad social
en salud por el periodo declarado imprescriptible.
RECURSO DE APELACIÓN
20. La parte demandada4 interpuso recurso de apelación bajo el argumento de
que en la sentencia del 15 de diciembre de 2020 no se menciona lo relacionado con
la reliquidación de prestaciones sociales en pensión y salud durante toda la relación
laboral.
21. Hizo referencia a que, en sentencia del 3 de mayo de 2022 Exp. 15001-23-
33-000-2016-00409-02, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, revocó una decisión de primera instancia en donde se ordenó el pago de
aportes a pensión durante toda la relación laboral al alegar que los mismos son
imprescriptibles; y que, en igual sentido el Tribunal Administrativo de Antioquia en
sentencia del 11 de julio de 2024, confirmó una decisión de primera instancia en la
que se había negado el pago de aportes a pensión durante toda la relación laboral.
22. Precisó que es necesario e ineludible resaltar que ni la Ley 4.ª de 1992, ni la
sentencia del 15 de diciembre de 2020 le dieron alcance a la prima especial del 30%
para los aportes a seguridad social en salud.
23. Que, como el tema de los aportes a la seguridad social no fue solicitado en la
demanda, la decisión se extralimitó lo que condujo a un fallo ultra petita. Que, de
conformidad con el principio de congruencia, al juez de la causa solo le resulta
permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo
excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por más de lo
pedido.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
4 Índice 00049 Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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24. El 7 de julio de 2025 se admitió el recurso de apelación.
25. La parte demandante5 dentro del término manifestó que en materia de las
cotizaciones a salud y pensión reprochadas por la entidad demandada se atiene a lo
que determina la jurisprudencia vigente al respecto.
26. El agente del Ministerio Público no emitió concepto.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
27. En el entendido de que solo apeló la parte demandada, deberán analizarse
únicamente los reparos de su recurso, razón por la cual el problema que estudiará
la subsección es determinar si operó la figura jurídica de la prescripción sobre los
aportes a pensión y salud, y si tal decisión no podría emitirse al no haber sido
contemplada en la sentencia del 15 de diciembre de 2020, o por no haberse
pretendido expresamente en la demanda.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
28. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
29. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante
el Decreto 53 de 1993, el cual sería de obligatorio cumplimiento para quienes
ingresaran con posterioridad a la vigencia de tal normativa.
30. Adicionalmente se dispuso que quienes hubiesen estado vinculados antes del
28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por mantener la regulación
5 Índice 0008 de Samai
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propia del Decreto 2699 de 1991, o bien por el definido en el primer decreto en
mención, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 19926
que excluyó para estos efectos el beneficio de la prima especial.
31. Respecto del alcance de dicho emolumento, el artículo 1.º de la Ley 332 de 19967
contempló que este haber constituye parte del ingreso básico solo para efectos de
la liquidación de la pensión de jubilación a quienes fueran titulares de este derecho.
32. Sin embargo, con la expedición de Ley 476 de 1998 se aclaró dicha disposición
«[…] en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de
1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la
escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con
posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de
servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores
que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del
salario base de liquidación de la pensión de jubilación. […]».
33. Ahora bien, se destaca que los artículos de los decretos salariales emitidos por
el Gobierno nacional que regulaban la prima especial para los servidores de la
Fiscalía General de la Nación durante el período comprendido entre 1993 y 2002,
fueron anulados por el Consejo de Estado8 al haber identificado que resultaba ilegal
considerar tal emolumento en un 30 % como un componente integrador de la
asignación básica, en la medida en que tal disposición implicaba la pérdida del valor
real de la remuneración mensual fijada cada año.
34. Por su parte, ante estas decisiones de nulidad, posteriormente los decretos que
fijaron la remuneración mensual de tales empleados del ente acusador, en especial
desde la expedición del Decreto 3549 de 2003 en adelante, lo que hicieron fue dejar
de regular la prima especial, por lo que, si bien reconocieron el 100 % del salario
básico, lo cierto es que se abstuvieron de pagar de manera adicional el referido haber
laboral.
35. Esto es, en esencia se desconoció la consolidación del derecho contemplado en
el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, pues si bien se dejó de descontar de la base de
la asignación como se hacía previamente, tampoco se concedió como un
componente agregado al salario, ello al menos hasta el 1.º de enero de 2021 cuando
6 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la
Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
7 Artículo 6: «el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos se
considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional,
jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, jefe Unidad Regional de Fiscalía,
Fiscal ante Tribunal de Distrito, fiscal regional, jefe Unidad Seccional de Fiscalía, Fiscal Seccional, secretario
general, directores nacionales, directores regionales, directores Seccionales, jefes de Oficina, jefes de División».
8 En sentencia del 14 de febrero de 2002 (197-99) se anuló el artículo 7° del Decreto 38 de 1999. En sentencia
del 15 de julio de 2004 (3531-02) se anuló el artículo 7º del Decreto 685 de 2002. En sentencia del 15 de abril
de 2004 (71201) se anuló el artículo 8° del Decreto 2743 de 2000. En sentencia del 25 de noviembre de 2004
(4419-01) se anuló el artículo 7° del Decreto 1480 de 2001. En sentencia del 3 de marzo de 2005 (17021-2005)
se anularon el artículo 6 del Decreto 53 de 1993 y 7° de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996 y
52 de 1997. En sentencia del 13 de septiembre de 2007 (0478-03) se anularon los artículos 7° y 8° de los
Decretos 50 de 1998 y 2729 de 2001.
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entró en vigencia el Decreto 272 de 2021, por el cual se estableció adecuadamente
la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.
36. Precisamente sobre la materia, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado mediante la sentencia del 15 de diciembre de 2020 9, abordó un
caso relativo al reconocimiento de la prima especial de servicios para los servidores
de la FGN en la que se determinó10 que:
«[…] 1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia,
al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten
a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de
1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.”
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969. […]».
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez
ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-2017-
00568-01(5472-18).
10 Estos mismos planteamientos se han reiterado en sentencias del Consejo de Estado proferidas el 6 de junio
de 2023, radicaciones: 05001233300020150165102 (3578-2018), 730012333000201700551 01 (2276-2019), 10
de septiembre de 2024, radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021), y 5 de noviembre 2024,
radicación: 25000-2342-000-2020-00137-02 (0687-2022).
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37. De conformidad con este recuento normativo y jurisprudencial se concluye
que, si bien la prima especial fue creada en virtud de la Ley 4.ª de 1992 con efectos
desde 1993, lo cierto es que, en el caso de los fiscales, la efectividad de su
reconocimiento dependerá de la fecha de su vinculación en razón del régimen
salarial creado con el Decreto 53 de 1993.
38. Al respecto es de resaltar que, el artículo 14 de la ley en mención excluyó
expresamente de este emolumento a quienes «[…] opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º.) de enero
de 1993. […]». Pues bien, fue solo hasta la expedición de la Ley 476 de 1998 que
se aclaró que dicha excepción no cobijaba a los acogidos a la regulación del Decreto
53 de 1993 o a los vinculados con posterioridad a dicha norma.
39. En consecuencia, el pago de la prima especial se causó desde 1993 solo para
los fiscales vinculados antes de ese año o que decidieron no se acogerse a esta
última disposición, mientras que para quienes ingresaron en esta clase de cargos
con posterioridad o se sometieron expresamente al nuevo régimen, tal derecho sería
efectivo desde 1998, ya que fue a partir de ese momento en que se resolvió su
situación jurídica frente a la titularidad de dicho haber laboral.
40. En virtud de estas precisiones jurisprudenciales es que esta corporación
mediante sentencia del 21 de septiembre de 202211, declaró la nulidad de algunos
artículos de los decretos salariales anuales, expedidos entre 1993 y 2017, en la cual
señaló que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al 30%
del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
Resolución del caso concreto
41. La parte demandada en su calidad de apelante única solicitó exclusivamente que
se revoque la condena al pago de aportes a pensión y salud sin prescripción.
42. Al respecto la sala considera que, en relación con el estudio de dicha figura
jurídica en cuanto a los aportes destinados al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, debe tenerse en cuenta que estos constituyen un derecho
imprescriptible e irrenunciable12 y, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
11 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
12 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «[…] la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. […]».
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00816-02 (1591-2025)
la Ley 100 de 199313 son obligatorios, no solo por su naturaleza parafiscal, sino por
la sostenibilidad del propio sistema.14
43. Ahora, frente a las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, esta sala destaca que tal punto fue abordado en sentencia del 4 de
septiembre de 2025,15 en la que se recordó que los mencionados giros constituyen
contribuciones parafiscales que, entendidos como tributos según la Sección Cuarta
del Consejo de Estado,16 tienen una naturaleza de imprescriptibilidad y de
obligatoriedad de recaudo basado en los principios de universalidad y solidaridad, lo
cual convalida la carga de reconocerlos y pagarlos sobre el cálculo de un IBC, incluso
sin importar que las normas de un régimen salarial los contemple o no, o al margen
también de la disponibilidad del servicio a título de contraprestación.
44. Lo anterior encuentra respaldado también en las sentencias C-179 de 1997, y
específicamente en la SU-480 del 25 de septiembre de 1997,17 a partir de las cuales
la Corte Constitucional ratificó que los aportes al sistema de salud, al igual que los
demás tributos, a excepción de las tasas, tienen una naturaleza jurídica impositiva
13 «[…] ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los afiliados
y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen. […]»
14 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-23-
42-0002017-05349-02 (2828-2021).
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4
de septiembre de 2025. Radicado 25000-23-42-000-2019-00139-01 (4887-2023).
16 Sentencias de 31 de agosto de 2006, Exp. 14008 C.P. Ligia López Díaz y 30 de octubre de 2008, Exp. 16099.
17 En dicha providencia se precisó con claridad lo siguiente: «[…] Hay que admitir que al delegarse la prestación
del servicio público de salud a una entidad particular, ésta ocupa el lugar del Estado para algo muy importante
cual es la prestación de un servicio público; pero eso no excluye que la entidad aspire obtener una legítima
ganancia. Así está diseñado el sistema. Pero, lo principal es que se tenga conciencia de que lo que se recauda
no pertenece a las EPS, ni mucho menos entra al presupuesto nacional ni a los presupuestos de las entidades
territoriales, sino que pertenece al sistema general de seguridad social en salud, es, pues, una contribución
parafiscal. Por tal razón, la Corte no puede ser indiferente al equilibrio estructural del Sistema Nacional de
Seguridad Social en Salud, al plan obligatorio de salud del régimen subsidiario y a los principios de universalidad
y solidaridad que deben ir paralelos. La vigilancia de estos preceptos forma parte de uno de los objetivos del
Estado social de derecho: la solución de las necesidades insatisfechas de salud (art. 366 C.P.).
[…] Lo importante para el sistema es que los recursos lleguen y que se destinen a la función propia de la
seguridad social. Recursos que tienen el carácter de parafiscal.
Como es sabido, los recursos parafiscales “son recursos públicos, pertenecen al Estado, aunque están
destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o sector que los tributa”[8], por eso se invierten
exclusivamente en beneficio de éstos. Significa lo anterior que las cotizaciones que hacen los usuarios del
sistema de salud, al igual que, como ya se dijo, toda clase de tarifas, copagos, bonificaciones y similares y los
aportes del presupuesto nacional, son dineros públicos que las EPS y el Fondo de solidaridad y garantía
administran sin que en ningún instante se confundan ni con patrimonio de la EPS, ni con el presupuesto nacional
o de entidades territoriales, porque no dependen de circunstancias distintas a la atención al afiliado.
Si los aportes del presupuesto nacional y las cuotas de los afiliados al sistema de seguridad social son recursos
parafiscales, su manejo estará al margen de las normas presupuestales y administrativas que rigen los recursos
fiscales provenientes de impuestos y tasas, a menos que el ordenamiento jurídico específicamente lo ordene.
(Como es el caso del estatuto general de contratación, art. 218 de la ley 100 de 1993). Por lo tanto no le son
aplicables las normas orgánicas del presupuesto ya que el Estado es un mero recaudador de esos recursos que
tienen una finalidad específica: atender las necesidades de salud. En consecuencia las Entidades nacionales o
territoriales que participen en el proceso de gestión de estos recursos no pueden confundirlos con los propios y
deben acelerar su entrega a sus destinatarios. Ni mucho menos las EPS pueden considerar esos recursos
parafiscales como parte de su patrimonio […]» (Líneas intencionales).
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derivada del poder estatal de recaudo, sin que se pueda predicar correlativamente
un beneficio directo para el sujeto pasivo de dicha carga.
45. Es decir, la contribución parafiscal como la cotización bajo estudio se paga
porque es una obligación de todo afiliado para financiar el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, al margen de que acceda o no al mismo por factores
internos o externos a su voluntad, tanto así que tales recursos no son de propiedad
del cotizante, tampoco hacen parte del patrimonio de las EPS o de las diferentes
administradoras especiales, y mucho menos constituyen partidas del presupuesto
nacional.
46. En realidad, estos son giros de dinero que se efectúan con el fin de que sean
compensados18 bajo la figura de la UPC, la cual la ADRES distribuye por afiliado a
las distintas EPS o EOC, luego de realizar los respectivos abonos a las subcuentas
respectivas del sistema, sin que este concepto se encuentre condicionado a la
prestación o no de un servicio específico respecto de cada usuario cotizante, ya que
lo que se busca es cubrir todas las tecnologías en salud previstas en el plan de
beneficios y que hayan sido facturadas en determinados períodos, indistintamente
de la que haya recibido una u otra persona, pues en cada caso podrá ser mayor o
menor el costo generado por la atención, lo cual hace que el valor de la cotización
individual no se vea necesariamente reflejado en lo suministrado al paciente.
47. Como se observa, el aporte en salud de cada obligado es fundamental para que
se puedan financiar todos los tratamientos, medicamentos, dispositivos, consultas y
demás componentes de la atención en salubridad de cada uno de los usuarios del
sistema, y no solo de quien realiza la contribución, ello precisamente en
cumplimiento de los principios esenciales aludidos anteriormente.19
48. Como fundamento de lo anterior, basta con precisar que los artículos 157 de la
18 Decreto 780 de 2016 (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social). ARTÍCULO 2.6.1.1.2.1. Definición del proceso de Compensación. Se entiende por
compensación, el proceso mediante el cual se descuentan de las cotizaciones recaudadas íntegramente e
identificadas de manera plena por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás Entidades Obligadas a
Compensar (EOC), para cada periodo al que pertenece el pago de la cotización; los recursos destinados a
financiar la subcuenta de Promoción de la Salud del Fosyga, los de solidaridad del Régimen de Subsidios en
Salud que financian la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga y los recursos que el Sistema reconoce a las EPS
y a las EOC por concepto de Unidades de Pago por Capitación (UPC).
Como resultado de lo anterior, los recursos provenientes del superávit de las cotizaciones recaudadas se
trasladarán a las respectivas subcuentas del Fosyga y este, a su vez, girará o trasladará a las cuentas de las
EPS y EOC las sumas que resulten a su favor.
En el proceso de compensación se reconocerán a las EPS y EOC los recursos para financiar las actividades de
promoción y prevención. De igual forma, se reconocerán los recursos de la cotización a las EPS y a las EOC
para que estas entidades paguen las incapacidades por enfermedad general a los afiliados cotizantes.
19 Tanto es así que, si se presenta mora en el pago de las cotizaciones de los pensionados, las administradoras
no pueden compensar sino hasta que se reporte dicho abono, tal como lo prevé el artículo 2.1.9.7 del mencionado
Decreto 780 de 2016, lo cual afecta gravemente la sostenibilidad del sistema y la prestación efectiva de los
servicios.
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Ley 100 de 199320 y 2.1.4.1. del Decreto 780 de 201621 prevén que todo colombiano
participará en el servicio de salud, dentro de los cuales algunos actúan como
afiliados cotizantes obligatorios, entre estos, los trabajadores privados o servidores
públicos sin distinción de su calidad o régimen aplicables, quienes junto con sus
respectivos empleadores tienen a cargo en sus correspondientes proporciones la
totalidad del aporte según los artículos 160, 161, 202 y 204 de la primera norma.
49. Además, tal como lo precisó el tribunal de origen, el aporte al SGSSS es
obligatorio, calculado sobre el ingreso base de cotización que, según el parágrafo 1.º
del artículo 204 de la Ley 100 de 1993,22 debe ser exactamente igual al que se tenga
en cuenta para el sistema pensional.
50. Lo anterior corrobora la premisa relativa a que, si la prima especial de servicios
del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 es factor salarial para la liquidación de la pensión
de jubilación, al punto de que se realizan aportes sobre tal emolumento,
necesariamente debe seguirse la misma interpretación para entender que dicho
haber laboral también hace parte del IBC para cotizar a salud.
51. Esto hace que, ante su reconocimiento en vía judicial, tiene que ordenarse el
reconocimiento de estos pagos, aun a pesar de que lo propio no se haya previsto
expresamente en las normas reglamentarias de la ley en mención o que no hubiese
sido materia de pronunciamiento explícito en sentencias como la del 15 de diciembre
de 2020 proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, lo que desvirtúa
este argumento de apelación.
52. Sobre el punto debe tenerse en cuenta que el Sistema de Seguridad Social
Integral tiene precisamente esa denominación porque integra o congloba unos
subsistemas que buscan gestionar los riesgos derivados de la actividad laboral a
través de un modelo de aseguramiento que se sustenta en la prestación de servicios
públicos esenciales asociados a derechos fundamentales por medio de una
20 «[…] ARTÍCULO 157. Tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. A partir de
la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema
General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o
subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato de
trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de
pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el
capítulo I del Título III de la presente Ley. […]» (Subrayado intencional).
21 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”. ARTÍCULO
2.1.4.1. Afiliados al régimen contributivo. Pertenecerán al Régimen Contributivo del Sistema General de
Seguridad Social en Salud
1. Como cotizantes:
[…] 1.3. Los pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sobrevivientes, sustitutos o pensión gracia tanto del
sector público como del sector privado.
22 «[…] La base de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos, afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, será la misma contemplada en
el Sistema General de Pensiones […]»
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estructura de financiación parafiscal derivada del pago de cotizaciones obligatorias,
imprescriptibles e irrenunciables.
53. Es decir, bajo el símil de una prima de seguro, lo que se busca es cubrir las
contingencias propias del sistema, pero con la diferencia de que el pago de cada
cotizante no se ve reflejado en una contraprestación directa y proporcional al abono,
sino en la fuente de garantía de cobertura generalizada para toda la población
protegida en virtud del principio de solidaridad.
54. A manera de ejemplo, el artículo 2.1.8.4 del Decreto 780 de 2016 (Reglamentario
Único del sector Salud), consagró expresamente en su inciso 2.º lo siguiente: «[…]
Reconocida la pensión de vejez, la entidad administradora o pagadora de pensiones, del
valor de las mesadas pensionales retroactivas descontará el valor de las cotizaciones en
salud y las girará al Fosyga o quien haga sus veces, sin que la EPS tenga derecho a
compensar por estas. […]». Lo expuesto denota cómo incluso cuando un pensionado
no ha recibido su mesada, por concepto de retroactivo también deben realizarse
pagos a título de cotización en salud, pues como se observa, ese dinero no hará
parte de las EPS, sino que entrará a financiar el sistema a través de la actual
administradora (ADRES).
55. Por lo mismo, ante un reconocimiento judicial de un retroactivo por concepto de
un pago laboral susceptible de ser un componente del IBC para seguridad social, tal
como lo es la prima especial concedida a favor de los demandantes, resulta
consecuente que la entidad demandada tenga que reconocer no solo los aportes a
pensión, sino también los de salud, tal como lo ordenó el juez de origen.
56. Bajo este contexto se concluye que, sí surgía para la parte accionada el deber
de efectuar el respectivo cálculo con el fin de determinar el monto de los aportes a
pensión y salud adeudados por el interregno objeto de condena, así hayan prescrito
las demás sumas relacionadas con la prima especial, porque, en todo caso, tal haber
laboral sí debió ser incluido en el IBC para cotizar al SGSS, al margen de que se
haya hecho o no alusión a este punto en la sentencia del 15 de diciembre de 2020
como lo manifestó la entidad apelante, ya que se trata de una obligación legal y no
judicial.
57. Incluso, por esa misma razón se descarta el argumento de la parte recurrente
sobre la imposibilidad de ordenar este reajuste en materia de seguridad social al no
haber sido una pretensión expresa del reclamante y, por tanto, constituir en su
consideración un fallo por fuera de lo pedido y sin congruencia.
58. Nótese que al margen de que tales pagos se hubiesen solicitado o no en vía
administrativa o judicial, lo cierto es que estos corresponden a un deber y un derecho
derivado de normas de orden público que no pueden ser desatendidos o renunciados
ante la falta de petición explícita en ese sentido, tanto así que este tipo de condenas
pueden ser objeto de pronunciamiento judicial de oficio, sin que incluso sea
necesario hacerlo, porque las mismas entidades empleadoras están obligadas a
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efectuar estos reconocimientos de conformidad con la ley, sin que tenga que mediar
una sentencia que así los conmine.
59. En consecuencia, estos argumentos son suficientes para confirmar la sentencia
recurrida al no haber otros argumentos distintos de oposición sobre los cuales deba
emitirse decisión de fondo.
De la condena en costas en segunda instancia
60. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
61. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
62. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta
la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
63. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el veintinueve (29) de abril de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
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14
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00816-02 (1591-2025)
Segundo: CONDENAR en costas a la parte demandada en segunda instancia, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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