Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01112-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01112-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-01112-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001 23 33 000 2021 01112 01 (6602-2024)
Demandante: Martha Cecilia López López
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1 (UGPP)
Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la vinculación
docente. Tiempos de servicio docente en plazas del orden territorial
y nacionalizado. Valoración probatoria de certificaciones laborales
en contraste con actos administrativos de nombramiento.
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia y accede a las pretensiones
de la demanda al encontrar demostrado la calidad de docente
nacionalizada a partir de 1995.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
de primera instancia del 26 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
Demanda2
1. La parte actora interpuso el medio de control de la referencia con el fin de que se
declare la nulidad de las Resoluciones 31553 del 9 de julio de 2008 y UGM 017229 del
17 de noviembre de 2011, mediante las cuales la extinta CAJANAL (actualmente UGPP)
le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
2. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocerle dicha pensión aplicando el 75 % del promedio de lo devengado
durante el último año de servicios, a partir del momento en que adquirió la calidad de
pensionada, es decir, desde el 1° de diciembre de 2006. Igualmente, pidió que se ordene
1
En adelante UGPP
2
Índice 3 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, expediente digital, archivo
001DemandaPensionGracia.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001 23 33 000 2021 01112 01 (6602-2024)
Demandante: Martha Cecilia López López
su inclusión en la nómina de pensionados una vez se le reconozca el derecho con el pago
de las mesadas atrasadas correspondientes.
3. Requirió también el pago de los reajustes previstos en las Leyes 71 de 1988 y 100
de 1993 junto con los intereses moratorios, así como la condena en costas a la parte
demandada.
4. Como fundamento de sus pretensiones, expuso que nació el 1° de diciembre de
1954 y prestó sus servicios al departamento del Quindío entre el 14 de abril de 1975 y el
24 de agosto de 1984, en establecimientos públicos del municipio de Buenavista
(Quindío), mediante nombramiento efectuado por la gobernadora (e) a través del Decreto
0160 del 14 de abril de 1975.
5. Posteriormente, se desempeñó como docente en el departamento del Chocó entre
el 1° de agosto de 1983 y el 13 de febrero de 1985, al servicio del municipio de El Valle
(Chocó) en la Normal Santa Teresita, designada mediante el Decreto 685 del 1° de agosto
de 1983 expedido por el gobernador y la secretaria de educación de dicho ente territorial.
6. Más adelante, se vinculó como docente en el departamento de Antioquia,
específicamente en el municipio de San Jerónimo, desde el 12 de febrero de 1985 hasta
el 30 de enero de 1987, a través de nombramiento realizado por la Secretaría de
Educación Departamental mediante el Decreto 0349 del 7 de marzo de 1985, en la
Normal Genoveva Díaz. Finalmente, fue nombrada por la gobernación del Valle del
Cauca a partir del 9 de noviembre de 1985.
7. En virtud de lo anterior, indicó que el 9 de julio de 2008 presentó solicitud para el
reconocimiento de la pensión gracia, la cual fue negada mediante los actos
administrativos acusados bajo el argumento de que no cumplía los requisitos legales para
acceder a dicha prestación en la medida en que sus vinculaciones se realizaron como
docente del orden nacional.
Contestación de la demanda3
8. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
argumentando que la parte actora no tiene derecho al reconocimiento de la pensión
gracia ya que de manera errónea pretende que se le computen a su favor tiempos de
servicio de carácter nacional, lo cual resulta contrario a la normativa legal y a la
jurisprudencia vigente.
9. Indicó que tiene naturaleza nacional la vinculación de la demandante con la
Secretaría de Educación del Valle del Cauca a partir del 9 de noviembre de 1995, motivo
por el cual no cumple con el requisito de 20 años de servicios como docente territorial y/o
nacionalizada para acceder a la prestación reclamada.
3
Índice 13 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, archivo 202101112 - MARTHA CECILIA LOPEZ
– CONTESTACION.
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Demandante: Martha Cecilia López López
10. Propuso las excepciones de que denominó: «caducidad de la acción»,
«inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido», «Ausencia de vicios
en los actos demandados», «prescripción», «buena fe» y la «innominada».
Sentencia apelada4
11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 26 de
septiembre de 2024, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo
de condenar en costas en primera instancia.
12. La decisión se fundamentó que, aunque se acreditó la vinculación anterior al 31
de diciembre de 1980 y el desempeño como docente nacionalizada durante 10 años y 1
día, dicho periodo resulta insuficiente para cumplir con el requisito de 20 años de servicio
exigido por la normativa para el reconocimiento de la pensión gracia. Además, se
consideró que el nombramiento efectuado en virtud del Decreto 1758 del 30 de octubre
de 1995 no puede ser contabilizado para efectos de la prestación, debido a su naturaleza
nacional.
Recurso de apelación5
13. La demandante solicitó revocar la sentencia de primer grado y, en su lugar,
acceder a las pretensiones. Al respecto, alegó que se incurrió en un error al considerar
como nacional su vinculación docente a partir del Decreto 1758 del 30 de octubre de
1995, expedido por el departamento del Valle del Cauca. Sostuvo que el nombramiento
se realizó conforme a lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, de suerte que la plaza asignada
tiene carácter territorial.
14. Añadió que según el acta de posesión la plaza denominada Seccional Centro
Docente Rural 26, Próspero Pinzón, Distrito Educativo 7 Zarzal ostenta carácter
departamental conforme a lo establecido en la Ley 91 de 1989, por lo que le asiste el
derecho al reconocimiento de la pensión objeto de demanda.
15. Finalmente, cuestionó que el Tribunal haya considerado que las certificaciones
laborales clasificaron todas sus vinculaciones como nacionales, cuando en realidad
desempeñó sus funciones en plazas de naturaleza territorial.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
16. Mediante auto del 5 de diciembre de 20246 se admitió el recurso de apelación.
Asimismo, se le advirtió a la parte demandada que disponía hasta la ejecutoria de dicha
4
Índice 48 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, archivo
47_Sentencia_NYRL20210111200UGPPS_0_20240926152158253.
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Índice 51 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, archivo
48_760012333000202101112002MemorialWeb20241016203158.
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Índice 4 de SAMAI del Consejo de Estado, archivo 7_7_760012333000202101112011YYY01132113,
archivo 4_Autoqueadmite_66022024AdmiteDteLEY_0_20241206131115426.
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Demandante: Martha Cecilia López López
providencia para pronunciarse en torno a la alzada y se indicó que el Ministerio Público
tenía hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para emitir el concepto.
17. En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio Público7 presentó concepto solicitando
la confirmación del fallo de primera instancia al considerar que la parte demandante no
logró acreditar los 20 años de servicios como docente territorial y/o nacionalizada
teniendo en cuenta que desde 1995 su vinculación fue de carácter nacional, tiempo que
no resulta computable para efectos de la pensión gracia.
18. La entidad demandada se abstuvo de emitir pronunciamiento en esta etapa.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
19. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.
Problema jurídico
20. En atención a los reparos concretos planteados en el recurso de apelación,
corresponde a esta Sala evaluar si la demandante ha demostrado de manera adecuada
el requisito de la vinculación docente, ya sea de carácter territorial o nacionalizada,
durante un periodo de 20 años. En particular, se centrará en la discusión probatoria
relacionada con el vínculo docente establecido a partir de su nombramiento como
Seccional en el Centro Docente Rural No. 25 Próspero Pinzón de la Vereda Coconuco
en el municipio de Versalles (Valle del Cauca), Distrito Educativo No. 7, a partir del 9 de
noviembre de 1995.
21. En caso afirmativo, esta Sala constatará si se acreditaron los demás requisitos
exigidos por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989, como son: i)
haberse vinculado como docente nacionalizada y/o territorial (municipal o departamental)
antes del 31 de diciembre de 1980; ii) contar con más de 50 años de vida; iii) ejercer la
docencia con honradez, consagración y buena conducta; iv) no haber recibido o recibir
otra pensión o recompensa de carácter nacional.
Análisis del problema jurídico
22. En el expediente se observa el Decreto 1758 del 30 de octubre de 19958, el cual
fue firmado por el gobernador del Valle del Cauca, el secretario de educación
7
Índice 9 de SAMAI del Consejo de Estado, archivo 7_7_760012333000202101112011YYY01132113.
8
Índice 29 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
26_AllegaMemorial_UGM1722917DENOVIEMBR_20240516143249, folio 7 a 9.
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departamental y el representante del Ministerio de Educación Nacional. En el encabezado
del acto se establece que el nombramiento fue realizado por el gobernador en ejercicio
de las facultades legales con intervención del Fondo Educativo Regional del Valle del
Cauca (FER).
23. Mediante el Decreto 2191 del 19 de noviembre de 1998, el gobernador del
Departamento del Valle del Cauca trasladó a la demandante, por solicitud propia, al
Centro Docente # 6 Antonia Santos Corregimiento Holguín en el municipio de la Victoria,
en reemplazo de Melba Marmolejo García. Tomó posesión el 4 de diciembre de 1998.
24. Por la Resolución 2601 del 21 de julio de 2000, la Secretaria de Educación del
Departamento del Valle del Cauca trasladó a la actora al Centro Docente No. 3 Santa
Teresita en el muncipio de La Victoria.
25. A través del Decreto 864 del 14 de mayo de 2002, el gobernador del Departamento
del Valle del Cauca, ordenó la conversión del Centro Docente #3 Santa Teresita del
muncipio de La Victoria en Unidad Docente Santa Teresita e incorporó a la planta de
cargos a la demandante. Tomó posesión el 23 de mayo de 2002.
26. Por medio del Decreto 0237 del 11 de febrero de 2004, el gobernador del Valle del
Cauca incorporó a la actora en la planta de personal docente del ente territorial.
27. El secretario de Educacion del Departamento del Valle del Cauca, en virtud de la
Resolución 0624 del 25 de febrero de 2013, le aceptó la renuncia a la demandante como
docente en propiedad de la Institución Educativa Santa Teresita ubicada en el muncipio
de La Victoria, Grupo de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal No. 6 Sede Zarzal.
28. Al tiempo que se avizora el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral expedido por la Fiduciaria La Previsora S.A. el 14 de febrero de 2020, en
representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)9,
donde se detalla que la actora ostentó un vínculo docente con carácter nacional.
29. La Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca expidió certificado
de tiempo de servicios del 30 de junio de 200910, en el cual se registró que la actora
presta sus servicios en el nivel básica secundaria, desde el 30 de octubre de 2004 hasta
el 27 de febrero de 2004, con vinculación en propiedad como docente nacional en forma
continua.
30. Valoradas estas pruebas en conjunto, para la Sala es claro que el nombramiento
público efectuado por el gobernador del Valle del Cauca mediante el Decreto 1758 del 30
de octubre de 199511 encuadra en la definición que el artículo 1° de la Ley 91 de 1989
tiene para el personal nacionalizado, puesto que fue realizado por la entidad territorial
9
Índice 32 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, archivo Índice 29 del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, archivo 27_760012333000202101112002MemorialWeb2024517215533, folios 9 a 10.
10
Ibidem, folio 69.
11
Índice 29 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
26_AllegaMemorial_UGM1722917DENOVIEMBR_20240516143249, folio 7 a 9.
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atendiendo la autorización presupuestal previa del delegado del Ministerio de Educación
Nacional que consagran los artículos 6 y 10 Ley 43 de 1975.
31. En efecto, la participación de dicho delegado no implicó que se trate de un docente
nacional, sino que atiende a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, que
estableció que «[e]n adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito
Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de
maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar
la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en
ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
32. En relación con este tema, la Sala Plena de esta Sección, en sentencia de
unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201812, determinó que la
condición de docente nacional no se adquiere simplemente por la participación de un
delegado del Ministerio de Educación en el acto administrativo de nombramiento, ni por
el hecho de que los salarios sean financiados con recursos del situado fiscal. De igual
forma, no se considera relevante que las autoridades territoriales actúen como
presidentes de las Juntas Administradoras de los Fondos Educativos Regionales. Lo que
realmente importa es la plaza que se va a ocupar13. El criterio interpretativo se unificó en
estos términos:
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto
con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados
para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
33. Se puede deducir con claridad que no se trató de un nombramiento de carácter
nacional, como lo consideró el Tribunal, en cuanto no hubo ejercicio de facultades
nominadoras del Gobierno Nacional14.
34. De otro lado, el a quo y la entidad demandada le dan el carácter nacional al vínculo
con base en la información contenida en la certificación expedida por el FOMAG y la
certificación expedida por la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca.
Empero, dichas calificaciones carecen de la entidad necesaria para que la Sala modifique
su postura respecto a la nacionalización de la plaza. Esto se fundamenta en que, en la
sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018, se establecieron
directrices pertinentes a la prueba de la calidad docente consolidando así la siguiente
regla jurisprudencial:
12
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
13
Reiterado en las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del
23 de marzo de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023,
radicado 54001 23 33 000 2017 00661 01 (0605– 2019).
14
Ley 91 de 1989, artículo 1: «[..] Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.»
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Demandante: Martha Cecilia López López
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad
que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en
su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. (Negrillas de la Sala)
35. De tal suerte que, en estos casos, el juez debe examinar el expediente con el fin
de verificar la existencia de actos administrativos que le permitan determinar la naturaleza
jurídica del vínculo o de la plaza docente en cuestión. Esto es fundamental, toda vez que
el contenido del acto administrativo de nombramiento proporciona al fallador información
crucial sobre las condiciones jurídicas del cargo a desempeñar, así como las
implicaciones a las que quedó sujeto el servidor. No obstante, en ausencia de estos
documentos, el juez tiene la opción de recurrir a otros que deben ser analizados en
conjunto bajo las reglas de la sana crítica, tales como las certificaciones emitidas por las
autoridades nominadoras, constatando que la veracidad de la información contenida en
ellas sea indiscutible.
36. En relación con lo anterior, se considera que, a pesar de que las certificaciones
indican que la vinculación iniciada en 1995 fue de carácter nacional, esto no justifica
otorgarles un mayor valor probatorio tras el análisis realizado al contenido de los Decretos
1758 del 30 de octubre de 1995, 2191 del 19 de noviembre de 1998, la Resolución 2601
del 21 de julio de 2000, el Decreto 864 del 14 de mayo de 2002 y Decreto 0237 del 11 de
febrero de 2004. Esta postura se sustenta en que dichos actos administrativos ofrecieron
una mayor claridad a la Sala, permitiéndole formarse un convencimiento libre de que ese
período no era nacional, sino nacionalizado.
37. Por tal motivo, es certero que los aludidos documentos restaron el valor probatorio
de las certificaciones del FOMAG y la Secretaría de Educación Departamental del Valle
del Cauca en cuanto al tipo de vinculación de la actora, ya que facilitaron un análisis
exhaustivo de las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon su designación. Sin
perjuicio de que este tipo de certificados se fundamentan en los actos administrativos
emitidos por la autoridad nominadora, por lo que es posible que al consultarlos
directamente se obtenga una mayor certeza sobre la veracidad del tipo de nombramiento
realizado.
38. En definitiva, la información contenida en las referidas certificaciones laborales fue
desvirtuada a través de otras pruebas documentales que admitieron lo contrario y que
ofrecieron más elementos de juicio al fallador, siendo en este caso los actos
administrativos donde constaba el vínculo docente15.
39. Puestas de este modo las cosas, el intervalo comprendido entre el 9 de noviembre
de 1995 y el 26 de febrero de 200816, que abarca un total de 13 años, 3 meses y 18
15
En aplicación de la regla probatoria contenida en la sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de
junio de 2018.
16
Esta es la fecha en que la actora elevó la solicitud. Sin embargo, le fue aceptada la renuncia en virtud de
la Resolución 0624 del 25 de febrero de 2013.
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días, es apto para contabilizarse como tiempo de servicio en calidad de docente
nacionalizada. Sin embargo, es necesario que la Sala analice si la actora cumple con los
demás requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia solicitada.
40. Respecto a la vinculación territorial y/o nacionalizada anterior a 1980, se encontró
acreditado que la demandante prestó servicios docentes en virtud de la designación
realizada por el Departamento del Quindío a través del Decreto 160 del 14 de abril de
197517, entre el 17 de abril de 1975 al 24 de enero de 1982. Sin embargo, del certificado
emitido por la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, se estableció que le
fueron concedidos 4 meses de licencia voluntaria.
41. Para la Sala, esta designación fue como docente de carácter territorial habida
cuenta que fue realizada por el gobernador departamental sin la autorización, aprobación
ni intervención previa del Ministerio de Educación Nacional. A saber, el gobernador actuó
como máxima autoridad administrativa disponiendo de la planta docente adscrita a ese
ente territorial.
42. De este modo, la actora contó con vinculación como docente
territorial/departamental con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, dándose por
satisfecho también este requisito18. En total, sirvió un tiempo de 6 años, 4 meses y 7
días.
43. También se ha comprobado que la demandante fue designada mediante el
Decreto Departamental 685 de agosto de 198319 como profesora en comisión en la
institución Norma Santa Teresita del Valle, ubicada en el municipio de Bahía Solano,
desempeñándose como docente nacionalizada. Su vinculación docente se extendió
hasta el 13 de febrero de 1985, fecha en la que se le aceptó la renuncia20.
44. Tanto el acto de nombramiento como el de aceptación de la renuncia fueron
expedidos por el gobernador del Chocó, quien actuó en ejercicio de sus atribuciones
nominadoras, sin intervención ni aprobación del Gobierno Nacional. Por lo tanto, este
periodo será reconocido como tiempo laborado en calidad de docente territorial
(departamental), en contraposición a lo certificado por la autoridad nominadora, que lo
calificó como nacionalizado.
45. Es importante resaltar que la Secretaría de Educación Departamental del Chocó
certificó como extremos temporales el periodo comprendido entre el 1° de agosto de
1983 y el 13 de febrero de 1985, aspecto que no fue objeto de apelación por ninguna de
las partes. En consecuencia, se validará y confirmará este tiempo para efectos del
cómputo de los 20 años de servicios, por un total de 1 año, 6 meses y 12 días.
17
Índice 29 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, archivo
27_760012333000202101112002MemorialWeb2024517215533, folios 85 a 86.
18
Este periodo de 6 años, 5 meses y 8 días (descontada la licencia voluntaria) es acumulable para el
requisito de los 20 años de servicios y así contabilizar la fecha de estatus pensional.
19
Demanda, archivo ® 002AnexosDemandaPensionGracia», págs. 25, 26 y 29.
20
Índice 29 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, archivo
32_760012333000202101112007MemorialWeb2024517215534, folio 103.
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Radicación: 76001 23 33 000 2021 01112 01 (6602-2024)
Demandante: Martha Cecilia López López
46. Seguidamente, el gobernador del departamento de Antioquia, en su calidad de
presidente de la junta del Fondo Educativo Regional (FER), designó a la demandante
como profesora de tiempo completo en la Normal Genoveva Díaz, ubicada en el municipio
de San Jerónimo, Distrito Educativo 10, Núcleo 1003. Este nombramiento se realizó
mediante el Decreto 0349 del 7 de marzo de 1985 y la docente desempeñó dicho cargo
entre el 12 de febrero de 198521 y el 30 de enero de 1987.
47. A su vez, en el expediente obra el Formato Único para Expedición de Certificado
de Historia Laboral fechado el 22 de noviembre de 2007, mediante el cual la Secretaría
de Educación Departamental de Antioquia califica este tiempo como de carácter
nacionalizado. Esta calificación es coherente con la facultad nominadora ejercida por el
gobernador, en su condición de presidente de la Junta del Fondo Educativo Regional de
Antioquia.
48. A propósito, es menester señalar que las designaciones realizadas en los distritos
educativos se pueden situar dentro de la ejecución del proceso de nacionalización de la
educación, tal como lo establece la Ley 43 de 1975, así como en el marco de la
descentralización de los servicios educativos prevista en el Decreto Extraordinario 102
de 197622. Esto se debe a que los distritos educativos fueron posteriormente integrados
formalmente en la estructura organizacional educativa mediante los Decretos 0179 23 y
018124, ambos del 22 de enero de 1982. Además, los distritos educativos eran
determinados en cada entidad territorial por la Junta Administradora del Fondo Educativo
Regional25.
49. De este modo, el tiempo servido por la demandante como docente entre el 12 de
febrero de 1985 y el 30 de enero de 1987 (1 año, 11 meses y 19 días) será reconocido
para efectos de la pensión gracia ya que corresponde a labores docentes bajo régimen
nacionalizado.
50. En conclusión, la libelista acreditó un total de 23 años, 1 mes y 26 días como docente
territorial y nacionalizada, con lo cual se cumple el requisito de los 20 años de servicios en tal
condición, tal como se discrimina en la siguiente gráfica:
Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 17/04/1975 24/01/1982 7 4 6
Territorial 01/08/1983 13/02/1985 12 6 1
21
Ibidem, folio 82
22
Por el cual se descentraliza la administración de los planteles nacionales de educación y se dictan otras
disposiciones.
23
Por el cual se determinan y definen los cargos docentes directivos, sé dictan normas sobre jornada
laboral, asignación académica y otras disposiciones relacionadas con el trabajo de los funcionarios
docentes directivos y docentes, en los establecimientos oficiales de educación pre-escolar, básica y media
vocacional.
24
Por el cual se adopta y se reglamenta el programa de "Mapa Educativo" como sistema de planificación
y administración de la educación en Colombia y se dictan otras disposiciones. Link: https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1709830
25
Decreto 0181 de 1982, artículo 4.
9
Radicación: 76001 23 33 000 2021 01112 01 (6602-2024)
Demandante: Martha Cecilia López López
Nacionalizada 12/02/1985 30/01/1987 19 11 1
Nacionalizada 09/11/1995 26/02/2008 18 3 13
TOTAL 26 1 23
51. En consecuencia, la actora cumplió con todos los requisitos exigidos para acceder
a la pensión gracia. No solo demostró los requisitos previamente analizados, sino que
también acreditó haber cumplido 50 años de edad el 1° de diciembre de 2004. Además,
no se encontraron reproches que cuestionen su desempeño en el ámbito educativo, lo
que permite concluir que también se satisface la exigencia de honradez, dedicación y
buena conducta. Finalmente, no se evidencia que perciba una doble compensación o
erogación nacional incompatible con la pensión gracia.
Análisis del estatus pensional y la prescripción
52. Esta Corporación26 ha señalado que la configuración de la prescripción de
mesadas pensionales requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no
se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se haya
hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso igual, tal como
lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al presente caso.
53. Para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer, a partir del
cual debe iniciarse el cómputo del término mencionado, es necesario considerar que esta
fecha se concretó el 31 de diciembre de 2005, cuando la demandante acreditó su estatus
pensional tras cumplir 20 años de servicio como docente territorial y nacionalizada; esta
fecha es posterior a la que corresponde a su cumpleaños número 50, es decir, el 1 de
diciembre de 2004.
54. De las pruebas presentadas en el expediente se desprende que la actora solicitó
el reconocimiento pensional el 26 de febrero de 200827, lo que dio origen a la expedición
de los actos administrativos acusados, esto es, dentro de los 3 años siguientes a la
causación del derecho.
55. Sin embargo, la actora presentó la demanda el 17 de noviembre de 2021, es
decir, fuera del plazo de los 3 años subsiguientes a la interrupción causada con la
presentación de la solicitud de reconocimiento pensional; razón por la cual se debe
declarar probada la prescripción de las mesadas causadas a su favor antes del 17 de
noviembre de 2018, que corresponde a los 3 años previos a la presentación de la
demanda.
56. Sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, esta Colegiatura 28 ha
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
27
Índice 29 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, archivo
27_760012333000202101112002MemorialWeb2024517215533, folios 89 a 90.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-
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Radicación: 76001 23 33 000 2021 01112 01 (6602-2024)
Demandante: Martha Cecilia López López
entendido que una vez se haga exigible el derecho y ante la presentación de la solicitud
de reconocimiento pensional, la parte interesada debe presentar en el término de los 3
años la demanda judicial, de lo contrario, se somete a la activación del término
prescriptivo y la pérdida del derecho de las prestaciones periódicas causadas.
57. En conclusión, se revocará la sentencia apelada y se declarará la nulidad de los
actos administrativos acusados. Subsiguientemente, se ordenará el reconocimiento y
pago de la pensión gracia en favor de la actora, en cuantía equivalente al 75% del
promedio de los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del
estatus pensional, esto es, entre el 31 de diciembre de 2004 y el 30 de diciembre de
2005, pero con efectos fiscales a partir del 17 de noviembre de 2018 en aplicación al
fenómeno de la prescripción trienal.
58. La liquidación se realizará con fundamento en los artículos 4° de la Ley 4 de 1966,
5° del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
Corporación relacionadas con el monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia
debe liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional»29.
59. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
60. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice vigente a la
fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por tratarse de prestaciones de
tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por mes.
61. No se reconocerán los intereses moratorios solicitados por la demandante, pues
esta Corporación ha precisado que conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993,
aquellos solo proceden «en los casos en los que el pago de las mesadas pensionales no
se discute porque está en firme el reconocimiento de la prestación a quien ostenta la
calidad de pensionado y lo que se presenta es una negativa de la entidad a efectuar el
pago»30.
33-000-2016-00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-
2016).
29
Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado:
i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de
2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-
23-33- 000-2014-00462-01 (1644-19).
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 27 de agosto de 2020, radicado: 76001-23-33-000-2016-01824-01 (2923-2019)
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Radicación: 76001 23 33 000 2021 01112 01 (6602-2024)
Demandante: Martha Cecilia López López
Condena en costas
62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
63. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
64. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
65. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada en ambas
instancias por cuanto se revoca totalmente la sentencia apelada y se acceden a las
peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 26 de septiembre de 2024 emitida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho incoada por la señora Martha Cecilia López López contra
la UGPP.
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 31553 del 9 de julio de 2008 y
UGM 017229 del 17 de noviembre de 2011, por medio de las cuales la UGPP le negó a
la señora Martha Cecilia López López el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a reconocer y pagar una pensión
gracia a favor de la señora Martha Cecilia López López, en cuantía del 75 % del promedio
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Radicación: 76001 23 33 000 2021 01112 01 (6602-2024)
Demandante: Martha Cecilia López López
de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su
estatus pensional, esto es, del 31 de diciembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2005,
pero con efectos fiscales a partir del 17 de noviembre de 2018 en aplicación a la
prescripción trienal de las mesadas causadas con anterioridad a esa fecha, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en la parte motiva de esta sentencia.
QUINTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo
señalado en el artículo 192 del CPACA.
SEXTO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
SÉPTIMO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
13
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