RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 76001-23-33-000-2021-01205-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2021-01205-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2021-01205-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de mayo de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Demandante: María Victoria Toro Álvarez Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01 SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 76001-23-33-000-2021-01205-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

28 de julio de 2022

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación No: 76001-23-33-000-2021-01205-01
Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Acto de nombramiento de la señora Ligia Stella
Chávez Ortiz, como contralora departamental del
Valle del Cauca, período 2022-2025.

Tema: Elección de los contralores del orden
territorial. Pertinencia como criterio de
aplicación de las normas de la elección del
Contralor General de la Nación. Fecha de
Elección.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 26 de mayo de 2022, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. La señora María Victoria Toro Álvarez, el 16 de diciembre de 2021, en
ejercicio del medio de control contenido en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011,
solicitó la nulidad del acto de elección de la señora Ligia Stella Chávez Ortiz como
contralora departamental del Valle del Cauca para el período 2022 – 2025.

1.1. Pretensiones

2. Elevó de manera principal la siguiente:

“Se DECLARE LA NULIDAD ELECTORAL de la resolución 168 del 30 de
noviembre del 2021 “Por medio del cual se elige a la señora contralora del valle en
la honorable asamblea del valle del cauca”, expedida por la Asamblea
Departamental del Valle del Cauca”

3. De forma subsidiaria solicitó:

“Que se DECLARE LA NULIDAD ELECTORAL de la resolución 168 del 30 de
noviembre del 2021 “Por medio del cual se elige a la señora contralora del valle en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

la honorable asamblea del valle del cauca”, expedida por la Asamblea
Departamental del Valle del Cauca; la cual vulnera los artículos 1,4,29,272 y 299 de
la Constitución Política de Colombia; la ley 56 de 1993; los artículos 3,5,6,11 y 19 de
la ley 1904 de 2018; el artículo 6 del acto legislativo 04 de 2019; los artículos
3,4,5,6,7,8 y 16 de la resolución 728 de 2019, la ley 111 de 1996, y, la resolución
785 de 2021.

Que se ordene a la Asamblea Departamental del Valle del Cauca a reconocer la
irregularidad del acto administrativo expedido, retrotraer los efectos de los actos
administrativos expedidos y por lo tanto iniciar nuevamente el proceso de elección
de contralor departamental dentro de los términos y reglas contenidos en los
artículos 1,4,29,272 y 299 de la Constitución Política de Colombia; la ley 56 de
1993; los artículos 3,5,6,11 y 19(sic) de la ley 1904 de 2018; el artículo 6 del acto
legislativo 04 de 2019; los artículos 3,4,5,6,7,8 y 16 de la resolución 728 de 2019, la
ley 111 de 1996, y, la resolución 785 de 2021”.

1.2. Hechos

4. Señaló que la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, mediante
Resolución No. 168 del 30 de noviembre de 2021, eligió a la demandada en el
cargo de contralora de la entidad territorial.

5. Indicó, que con el acto electoral se vulneraron varias normas
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial aquellas que establecen
los plazos y términos en que se debe surtir el proceso de selección de candidatos
y su posterior elección.

6. Refirió, también que en el trámite de la designación, se desconocieron las
disposiciones normativas que regulan la escogencia de la institución de educación
superior encargada de apoyar el proceso de selección del contralor departamental
de Valle del Cauca.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

7. Argumentó que la elección es contraria a los artículos 1, 4, 29, 272 y 299
de la Constitución Política; 3, 5, 6, 11 y 19 de la Ley 1904 de 2018; el 6 del Acto
Legislativo 04 de 2019; 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 16 de la Resolución 0728 de 2019, la Ley
56 de 1993, la Ley 111 de 1996 y la Resolución 785 de 2021, para lo cual elevó
los siguientes cargos de nulidad:

8. Afirmó que en el proceso eleccionario del contralor departamental del Valle
del Cauca se desconocieron los plazos y términos que establecen las normas
superiores para su realización, debido a que el mismo fue efectuado el 1º de
diciembre de 2021, cuando las disposiciones indican que la designación debía
concretarse entre el primer día de marzo y el último de abril del año 2022, es decir
en las sesiones ordinarias correspondientes al último año del período
constitucional de la respectiva corporación.

9. Adujo que la elección de los contralores territoriales debe adelantarse de la
misma manera como se realiza la designación del Contralor General de la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

República, conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley 1904 de 2018 en el que se
enuncia que “el Congreso elegirá al Contralor General de la República en el primer mes
de las sesiones ordinarias, por mayoría absoluta de los votos de sus miembros y para un
período institucional igual al del Presidente de la República”.

10. Refirió que la Asamblea Departamental del Valle del Cauca debió realizar
una convocatoria o un convenio para escoger la institución educativa que
apoyaría la elección aquí cuestionada, y por el contrario, en este caso, no fue
claro el proceso de selección de esta entidad, dado que no se hizo de forma
pública ni respetando el principio de anualidad, lo que generó una trasgresión del
principio de trasparencia inherente a las actuaciones que se adelanten en los
asuntos de contratación estatal.

11. Además, indicó que se vulneraron los principios de la planeación y la
anualidad, por cuanto se contrató a una institución para adelantar el proceso
eleccionario en el año 2021, cuando la normatividad indica que la designación
debe hacerse en el año 2022, por lo cual, afirmó que “tomar medidas para evitar el
detrimento fiscal y hacer cumplir las leyes del ordenamiento jurídico colombiano y
proteger los intereses y derechos del interés general”.

1.4. Trámite procesal de primera instancia

12. La demanda fue presentada el 16 de diciembre de 2021 y se admitió el 26
de enero de 2022.

1.4.1. Contestación de la demanda

13. La Asamblea Departamental del Valle del Cauca aseguró que en la
Resolución No. 134 del 30 de agosto de 2021, por medio del cual se efectuó la
convocatoria para la elección del contralor departamental del Valle del Cauca
para el período 2022-2025, se respetaron los parámetros que debían evaluarse,
entre los cuales se destacaron, los criterios de ponderación que aseguran la
igualdad de oportunidades, la inscripción de los aspirantes, la publicación de la
lista de admitidos, el día en que se iba a realizar la prueba de conocimientos, el
trámite de las reclamaciones y recurso, la entrevista, entre otros.

14. Refirió que la convocatoria se realizó con 3 meses de antelación a la
elección, como lo indica el artículo 3º1 de la Resolución 0728 de 20192 dictada
por el Contralor General de la República y reiteró que con cada uno de los
puntos del cronograma de la convocatoria se cumplió con lo indicado en el acto
citado (R. 0728 de 2019) y la Ley 1904 de 2018.

1
La convocatoria es el aviso público a través del cual la respectiva corporación pública territorial invita a todos los
ciudadanos a participar en el proceso de elección de contralor, la cual debe realizarse mínimo con tres (3) meses de
antelación a la sesión de elección. PARÁGRAFO TRANSITORIO. El término dispuesto en este artículo no será obligatorio
en las convocatorias para la elección de contralores territoriales cuyo periodo inicia en el año 2020.
2
"Por la cual se establecen los términos generales de las convocatorias públicas de selección de contralores territoriales"

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

15. Afirmó que también al iniciar la selección de las instituciones que
apoyarían el concurso, se invitó a que participaran a las Universidades Libre de
Cali, San Buenaventura, Tecnológica de Pereira, de Cartagena, a la Fundación
Universitaria del Área Andina y a la del Atlántico; sin embargo, se indicó que la
de Cartagena fue la única que presentó propuesta; además, se corroboró su
idoneidad para adelantar el concurso, por lo que fue contratada garantizando el
debido proceso y los principios de selección objetiva, trasparencia, planeación y
con observancia de las normas propias de la contratación estatal.

16. La demandada propuso las excepciones de falta de integración del
contradictorio e ineptitud del escrito inicial y se opuso a la totalidad de las
pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que la convocatoria para la
designación del contralor respetó las disposiciones que regulan la materia, en
especial el artículo 272 Superior, modificado por el artículo 6 del acto legislativo
04 de 2019 y las Resoluciones 0728 de 2019 y 785 de 2021.

17. Relató que la asamblea mediante el mecanismo de la selección
abreviada para contratar a la institución universitaria que apoyaría
logísticamente el proceso de elección del contralor de acuerdo con las
exigencias del artículo 5 de la Ley 1904 de 2018, para lo cual invitó a varias
universidades a participar, sin embargo, resultó favorecida la de Cartagena.

18. Agregó que en la convocatoria efectuada mediante Resolución No. 134
del 30 de agosto de 2021, se fijó el procedimiento, las etapas y el cronograma a
desarrollar, actuaciones que fueron divulgadas en la página web de la entidad.

19. Precisó que la Ley 1904 de 2019 es aplicable a la elección de los
contralores territoriales cuando exista un vacío normativo; sin embargo, en este
asunto no se presenta, debido a que “mediante el artículo 3 de la Resolución 728
de 2019, al disponer que la convocatoria pública debe realizarse mínimo con 3 meses
de antelación a la sesión de elección, lo que en este caso se cumplió́ , pues fue dicho
término (fue) el que trascurrió́ entre la fecha de la Resolución 134 de agosto 30 de
2021 (Convocatoria Pública) y la fecha de la elección (30 de noviembre de 2021),
acorde con el cronograma establecido en la convocatoria pública”.

20. Para lo cual concluyó que en este caso la designación no podía hacerse
en el 2022, por cuanto el período del contralor departamental comienza el 1 de
enero del mencionado año.

1.4.2. Auto mediante el cual se decidieron las excepciones, se fijó el litigio y
se decretaron pruebas.

21. El 5 de abril de 2022, se resolvieron las excepciones previas formuladas
por la parte demandada3, se declaró de oficio la de falta de legitimación en la

3
Se negaron las excepciones de inepta demanda y falta de integración del contradictorio propuestas por la demandada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

causa por pasiva del departamento del Valle del Cauca y se fijó el litigio de la
siguiente forma:

“Si la Asamblea Departamental del Valle del Cauca vulneró el plazo legal con el
que contaba, respecto al periodo de la sesión ordinaria respectiva de la
Corporación para surtir la elección del Contralor Departamental del Valle del
Cauca para el periodo 2022-2025, de acuerdo con las previsiones de la Ley 1904
de 2018 “Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a
la elección de Contralor General de la República por el Congreso de la
República”

O si por el contrario, dicha Ley no resulta aplicable de forma integral e
inescindible para la elección de Contralores Territoriales, toda vez que estos son
cobijados por el régimen jurídico contemplado en las Resoluciones 728 de 2019 y
785 de 2021, dictadas por la Contraloría General de la Nación en desarrollo del
Acto Legislativo 04 de 2019 “Por medio del cual se reforma el Régimen de
Control Fiscal”, el cual dispone concretamente sobre el aspecto temporal de
dicha elección, que la convocatoria pública debe realizarse minino con tres (3)
meses de antelación a la sesión de elección.

Si el acto enjuiciado viola el sistema anual del presupuesto, contenido en la Ley
111 de 1996, en cuanto a la contratación por parte de la Corporación con una
institución educativa para adelantar el proceso de selección del Contralor
departamental durante el año de 2021, sin que hubiera sido incluido dicho gasto
dentro del presupuesto de esa vigencia fiscal; o si, por el contrario, dicha
actuación se surtió́ de conformidad con el principio de eficiencia del gasto del
ente territorial.

Si el acto demandado violó el principio de transparencia y publicidad de acuerdo
con la Ley 1904 de 2018, por no realizarse una convocatoria para la escogencia
de la institución educativa que acompañaría el proceso de selección del Contralor
Departamental a través de concurso público; o si por el contrario dicho trámite se
surtió́ con respeto del debido proceso y normas y principios que regulan dichos
concursos”.

22. Sobre las pruebas se dispuso, tener como tales las allegadas por la parte
demandante en su escrito de demanda; en lo tocante a la demandada y al
departamento del Valle de Cauca las que fueron aportadas con sus escritos de
contestación.

1.4.3. Alegatos de conclusión

23. La demandada insistió sobre los argumentos expuestos en el escrito de
contestación, agregando que según el artículo 125 Superior, el período de los
contralores es institucional, el cual para el presente caso inició el 1 de enero de
2022 y finaliza el 31 de diciembre de 2025, por lo que la designación debía
hacerse en el año 2021, como en efecto sucedió, para lo cual se atendió el
plazo establecido en la Resolución 0728 de 2019, que indica que la
convocatoria deberá surtirse por lo menos con tres meses de antelación a la
reunión eleccionaria.

24. De otra parte, manifestó que si bien la demandante aduce que se vulneró
la norma rectora de contratación estatal, por cuanto adquirió obligaciones con

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

una institución educativa para realizar el proceso eleccionario de contralor en el
2021, lo cierto es que dicha circunstancia no se subsume en ninguna de las
causales de nulidad contenidas en la Ley 1437 de 2011, por el contrario la
actuación de la Asamblea Departamental de Valle del Cauca para concretar la
elección controvertida, se surtió con apego a los presupuestos de la Ley 80 de
1993 y sus normas complementarias.

25. La demandante solicitó fueran concedidas las pretensiones de la
demanda.

26. La Asamblea Departamental de Valle del Cauca adujo que la
Resolución No. 168 del 30 de noviembre de 2021 fue expedida con fundamento
en las normas en que regulan la materia, reiterando que hubo estricto
cumplimiento de la Ley 1904 de 2018 y de la Resolución No. 0728 de 2019.

27. El Ministerio Público, sobre el primer cargo, indicó que Resolución No.
168 del 30 de noviembre de 2021 fue proferida de acuerdo con el plazo previsto
en el artículo 3 de la Resolución 0728 de 2019, el cual indica que la
convocatoria para la designación debe hacerse 3 meses antes de la sesión
electoral.

28. En lo referente al segundo y tercer cargo, señaló que no estaban
llamados a prosperar, debido a que la mesa directiva de la corporación, en
consonancia con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1904 de 2018, el 23 de
agosto de 2021, procedió a invitar de manera pública a varias instituciones para
que presentaran una propuesta y poder participar en el proceso contractual que
tendría como fin definir la entidad que apoyaría el trámite eleccionario que
ahora se controvierte; sin embargo, a pesar de lo indicado, solo la Universidad
de Cartagena, respondió el llamado efectuado por la Asamblea del Valle del
Cauca.

29. Así mismo, indicó que luego de un análisis de la institución se suscribió el
contrato interadministrativo No. 001-202 del 30 de agosto de 2021, pues se
consideró que la entidad era idónea para apoyar este tipo de procesos
eleccionarios.

1.4.4. Fallo de primera instancia

30. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante sentencia del 26
de mayo de 2022, negó las pretensiones formuladas por las siguientes
razones:

31. Frente al primer problema jurídico planteado, señaló que por medio de la
Resolución 134 de 30 de agosto de 2021, la mesa directiva de la asamblea
expidió la convocatoria para la elección del contralor departamental para el
período 2022-2025, la cual fue cumplida a cabalidad, según el acta No. 066-21
del 3 de noviembre de 2021, contentiva de lo ocurrido en la sesión plenaria

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

ordinaria de la duma, en donde se designó a la persona que debía ocupar el
cargo, lo cual se materializó en la Resolución 168 de la misma fecha.

32. Luego explicó que la demandante señaló que se debe declarar la nulidad
de la elección, debido a que la asamblea no tenía la competencia temporal para
efectuar la designación controvertida, ello teniendo en cuenta que para ello
debió adelantar el proceso electoral en las sesiones ordinarias inmediatamente
siguientes a la finalización del período del contralor saliente.

33. En esa medida, indicó que para determinar el tiempo que la asamblea y
los concejos elegirán al contralor, sea departamental o municipal, se deberá
acudir a lo normado en los artículos 3 y 13 de la Resolución No. 0728 del 18 de
noviembre de 2019, en desarrollo del Acto Legislativo 04 de 2019, que dispone
la obligación de garantizar la elección oportuna de los contralores territoriales a
través de la respectiva convocatoria pública la cual será realizada con mínimo 3
meses de antelación a la elección.

34. En ese orden de ideas, aseguró que no es posible aplicar de manera
directa a la designación cuestionada, la normatividad que rige la elección del
Contralor General de la República, debido a que el período institucional de los
contralores territoriales es de 4 años, el cual no puede coincidir con el de los
gobernadores o alcaldes, mientras que la autoridad fiscal nacional será
designada por el congreso para un tiempo igual, el cual será concurrente con el
del presidente.

35. De acuerdo con lo anterior, precisó el a-quo que la acusación no estaba
llamada a prosperar debido a que la “Mesa Directiva efectuó la convocatoria pública
para la elección del Contralor Departamental para el período 2022-2025, el día 30 de
Agosto de 2021, mediante la Resolución No. 134, realizando posteriormente la
respectiva sesión plenaria ordinaria en la que se llevó a cabo dicha elección el día 30
de noviembre de 2021 ”.

36. Sobre el segundo problema jurídico, referente a la supuesta falta de
apropiación presupuestal dentro de la respectiva vigencia fiscal para contratar a
la institución de educación superior para realizar el proceso eleccionario,
aseguró que no era un asunto propio del medio de control de nulidad electoral,
además que se trata de un tema que no tiene incidencia directa en el proceso
electoral al no ser determinante para la formación del acto controvertido, debido
a que atendía a una cuestión propia e inherente al proceso de contratación
estatal.

37. Agregó que las corporaciones públicas, llámense asambleas o concejos,
pueden utilizar sus recursos propios para celebrar contratos con instituciones de
educación superior para llevar a cabo el proceso de selección de contralor a
través del respectivo concurso de méritos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

38. Sobre el tercer problema jurídico, referente a que se acusa que la duma
departamental debió realizar una convocatoria para escoger a la institución que
apoyaría el proceso electoral, lo cual no sucedió en este caso, indicó que
contrario a lo manifestado por el demandante la Asamblea Departamental de
Valle del Cauca realizó una invitación a varias instituciones de educación
superior, para que apoyaran el trámite de la convocatoria pública de selección
del contralor departamental para el período 2022-2025.

39. De acuerdo con lo narrado, solamente la Universidad de Cartagena
presentó la Resolución No. 01968 de 12 de febrero de 2018 mediante la cual el
Ministerio de Educación Nacional renovó la acreditación institucional de alta
calidad, así como la Resolución CNSC 20181000129105 del 18 de septiembre
de 2018, documento por el cual la Comisión Nacional de Servicio Civil acreditó
a la institución educativa como entidad idónea para adelantar concursos o
procesos de selección de ingreso a empleos públicos.

40. Por lo señalado, relató que se celebró un contrato interadministrativo
entre la Asamblea del Valle del Cauca y la Universidad de Cartagena con el fin
de que apoyara el proceso de selección que se controvierte, de acuerdo con los
postulados de la Ley 80 de 1993.

41. Reiteró que, a pesar de lo indicado, no es competencia del juez electoral
realizar algún estudio sobre la contratación efectuada debido que para ello
existen otros medios jurídicos para controvertir su legalidad.

1.5. Trámite de segunda instancia

1.5.1. Admisión del recurso de apelación

42. Por medio de auto del 1º de julio de 2022, al encontrar reunidos los
requisitos del medio de impugnación, la magistrada directora del proceso
admitió el recurso de apelación propuesto por la parte demandante.

1.5.2. Recurso de apelación

43. La demandante reiteró que la Resolución No. 168 del 30 de noviembre
de 2021, por la cual se eligió a la contralora del Valle del Cauca, vulneró “los
artículos 1,4,29,272 y 299 de la Constitución Política de Colombia; la ley 56 de 1993;
los artículos 3,5,6,11 y 19 de la ley 1904 de 2018; el artículo 6 del acto legislativo 04 de
2019; los artículos 3,4,5,6,7,8 y 16 de la resolución 728 de 2019, la ley 111 de 1996, y,
la resolución 785 de 2021”.

44. Lo anterior, en consideración a que para la designación controvertida se
debió aplicar la legislación nacional que regula la elección del Contralor General
de la República, de acuerdo con los conceptos 2274 y 2276 de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que a juicio del demandante
son de 2015, en los que se dispone que “mientras el Legislador no expida normas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

especiales para regular las convocatorias públicas requeridas para elegir a los
contralores territoriales (artículo 272 de la Constitución), dichas convocatorias deben
regirse por las disposiciones de la Ley 1904 de 2018, «en lo que correspondan». Esta
última expresión, a juicio del Consejo de Estado, se reitera, debe ser entendida como
sinónimo o equivalente de «en lo pertinente». Por lo tanto, las normas de la Ley 1904
de 2018 deben utilizarse para la elección de los contralores territoriales, en cuanto
puedan aplicarse efectivamente para tal fin y sean compatibles con la naturaleza
jurídica y el régimen constitucional y legal al que están sometidas las respectivas
contralorías, las entidades territoriales a cuyo nivel pertenecen y las corporaciones de
elección popular de ese mismo orden (asambleas y concejos)”.

45. Aseguró que el Acto Legislativo 4 de 2019, deberá ser aplicado a
cualquier elección de contralores departamentales, municipales y distritales,
adelantada a partir del 18 de septiembre de 2019, según lo dispone el parágrafo
transitorio 1º del artículo 272 superior.

46. Refirió que las Resoluciones 0728 de 2019 y 0785 de 2021 no
establecen cual es la fecha exacta en que se deben realizar las elecciones de
los contralores, en esa medida es necesario aplicar la Ley 1904 de 2018, que
en su artículo 3 indica que la elección del Contralor General de la República, se
hará “de una lista de diez (10) elegibles previamente seleccionados por la Comisión
definida por esta ley el Congreso erigirá al Contralor General de la República en el
primer mes de las sesiones ordinarias, por mayoría absoluta de los votos de sus
miembros y para un período institucional igual al del presidente de la República”.
Adicionalmente dispuso que la convocatoria deberá efectuarse, “en un término no
inferior a dos meses previos al inicio de la primera legislatura que comienza el 20 de
julio del año en que inicia también el período constitucional del presidente de la
república”.

47. De acuerdo con lo señalado la elección de los “contralores territoriales
deberá hacerse en el tercer año de período de las respectivas sesiones ordinarias de
las distintas corporaciones según sea el caso (Asambleas Departamentales, Consejos
Municipales y Concejos Distritales)”.

48. En esa medida, en atención al marco trascrito, indicó que la designación
de los contralores territoriales habrá de realizarse entre el primer día de marzo y
el último de abril, del tercer año del período constitucional de la correspondiente
corporación territorial, por lo tanto, a su juicio la elección controvertida no fue
efectuada de manera correcta en cuanto al aspecto temporal.

49. Permitir que se haga la elección de contralores departamentales en
cualquier sesión distinta a la establecida por ley como ocurrió en el presente
caso, “abriría una peligrosa e ilegal puerta para que el congreso de la República acoja
esta tesis y elija al Contralor General en cualquier sesión ”. Además, agregó que la el
proceso electoral de contralores se encuentre plenamente reglada, por ello mal
haría la asamblea departamental en realizar una designación como la
controvertida, en cualquier fecha cuando dicho asunto se encuentra plenamente
indicado en la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

50. Afirmó que, si bien la Resolución 0728 de 2019 enuncia que la
convocatoria debería realizarse 3 meses antes de la sesión electoral, lo cierto
es que ello no facultaba a la Asamblea para que eligiera por fuera del límite
temporal mencionado.

1.5.3. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.3.1. Parte demandante

51. Reiteró los argumentos del recurso de alzada y la demanda.

1.5.3.2. Asamblea Departamental de Valle del Cauca

52. Precisó que no había mérito para acceder a las súplicas de la demanda,
debido a que el a-quo fue acucioso en analizar los elementos probatorios
allegados al expediente, de los cuales puede concluir que el acto electoral, esto
es, la Resolución 168 de 2021, es legal debido a que para su expedición se
respetaron los parámetros establecidos en la ley y los reglamentos que regulan
la materia.

1.5.3.3. La demandada

53. Argumentó, que la Asamblea Departamental de Valle del Cauca no
vulneró el plazo legal para elegir a la Contralora Ligia Stella Chávez Ortiz,
debido a que para su designación se dio aplicación a la Constitución Política, la
Ley 1904 de 2018 y las Resoluciones 0728 de 2019 y 785 de 2021.

1.6. Concepto del Ministerio Público

54. La agente del Ministerio Público, deprecó la negativa de la alzada para lo
cual indicó que no era posible aplicar la legislación nacional a la elección de los
contralores municipales, departamentales o distritales, debido que son
designaciones distintas, en esa medida explicó en primer lugar que la fecha de
las sesiones del congreso y las corporaciones territoriales, no son las mismas,
así como tampoco lo es el período que dura su mandato.

55. De otra parte aseguró que la designación efectuada por el legislativo es
por lista de elegibles y mayoría absoluta, mientras que las corporaciones
territoriales es por terna y además en la sesión eleccionaria se tienen en cuenta
es el número de los asistentes a la misma.

56. Además refirió que el período del Contralor de la República es igual al del
presidente y el de los departamentales, municipales o distritales, no puede
coincidir con el de los gobernadores o alcaldes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

57. En ese orden concluyó que “contrario a lo expuesto por la recurrente, es claro
que la duma departamental del Valle del Cauca, sí podía adelantar la convocatoria en
los términos realizados, pues no existía, ni existe, norma integrante de nuestro
ordenamiento constitucional y legal, que de manera clara e inequívoca establezca una
cortapisa momentánea, como la que sí existe para la escogencia del Contralor General
de la República”.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

58. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para tramitar,
en segunda instancia, el presente proceso en virtud de lo consagrado en los
artículos 1504, 152.7, literal b5 y 2436 de la Ley 1437 de 2011, al igual que lo
normado en el artículo 13 del Acuerdo N°. 80 de 2019 –Reglamento del
Consejo de Estado–, expedido por la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

59. El inciso 1° del artículo 320 del Código General del Proceso indica que “el
recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que
el superior revoque o reforme la decisión”. Asimismo, el artículo 322 del mismo
estatuto relativo a los requisitos del mencionado medio de impugnación, enuncia la
formulación de “los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales
versará la sustentación que hará ante el superior”, “las razones de su inconformidad
con la providencia apelada” (destacado fuera de texto), so pena de que como dice
el último inciso, del numeral 2° de la anterior norma:

“Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera
oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión
adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma
prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso
de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado.” (énfasis
propio)

60. En consonancia con lo dicho, el inciso 1° del artículo 328 del Código
General del Proceso prescribe en cuanto a la competencia del superior, que “(e)l
juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.”

4
“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los
tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
5
“De la nulidad de la elección de los contralores departamentales.”
6
“Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: (…) 5. El que
decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

61. Se destacan algunos apartes de las anteriores disposiciones, comoquiera que
reflejan que es de la esencia del recurso de apelación la sustentación con razones
claras y sobre todo concretas, por las cuales la decisión judicial de primera
instancia es revocable o reformable, a tal punto que el análisis que emprenderá el
juez de segunda instancia “únicamente” se circunscribe a los reproches
efectuados por el apelante, salvo en los asuntos que en virtud de la ley puede
ejercer su facultad de oficio.

62. De la pretensión principal del recurso de apelación, que no es otra que la
revocatoria o reforma de una decisión judicial dictada en primera instancia, se
desprende la exigencia de formular reparos concretos, motivos de inconformidad y
razones específicas por las que se considera que aquella es incorrecta, que no
está total o parcialmente en consonancia con el ordenamiento jurídico, pues en el
evento de no contar con la debida sustentación, de no formularse reparos
determinados, en estricto sentido no hay asuntos que ameriten el pronunciamiento
del superior funcional7, de allí que incluso se brinde la posibilidad de declarar
desierta la impugnación.

63. Bajo el mismo razonamiento, en principio tampoco es de recibo que al hacerse
ejercicio del recurso de apelación se plantee el estudio de asuntos que no fueron
ventilados en primera instancia, pues prima facie no resulta válido formular como
razón para revocar o reformar la decisión proferida por el juez de primer grado
asuntos no debatidos, es decir, so pretexto de considerar que éste se equivocó en
el análisis que emprendió al decidir la controversia, exponer temas que no fueron
discutidos en las oportunidades legalmente establecidas, lo cual también puede
afectar el derecho a la defensa de la contraparte, toda vez que con anterioridad no
ha tenido la oportunidad de rebatir los argumentos nuevos.

64. Precisado lo anterior, de manera previa a resolver los argumentos de
apelación es pertinente indicar cuales fueron los planteamientos que no hicieron
parte de la demanda y la fijación del litigio, de la siguiente forma:

Nuevo cargo:
El demandante para justificar la aplicación de la legislación electoral del Contralor
General de la República, indicó que se debían tener en cuenta los conceptos
2274 y 2276 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que a
juicio del demandante son de 2015, en los que se dispone que “ mientras el
Legislador no expida normas especiales para regular las convocatorias públicas
requeridas para elegir a los contralores territoriales (artículo 272 de la Constitución),
dichas convocatorias deben regirse por las disposiciones de la Ley 1904 de 2018, «en lo
que correspondan». Esta última expresión, a juicio del Consejo de Estado, se reitera,
debe ser entendida como sinónimo o equivalente de «en lo pertinente». Por lo tanto, las
normas de la Ley 1904 de 2018 deben utilizarse para la elección de los contralores

7
En reciente fallo de la Sección se indicó: “Sobre el particular, se tiene que el punto referente a que el demandado incurrió
en la causal de nulidad de doble militancia por respaldar a un aspirante distinto al que avaló el partido político del que forma
parte, no contiene un reparo concreto dirigido a cuestionar la providencia de primera instancia, omisión que impide a la Sala
emitir pronunciamiento alguno acerca de esa manifestación.” Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, sentencia del 10 de marzo de 2022, Rad. 25000-23-41-000-2019-01029-01, 25000-23-41-000-2019-01098-
01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

territoriales, en cuanto puedan aplicarse efectivamente para tal fin y sean compatibles
con la naturaleza jurídica y el régimen constitucional y legal al que están sometidas las
respectivas contralorías, las entidades territoriales a cuyo nivel pertenecen y las
corporaciones de elección popular de ese mismo orden (asambleas y concejos)

65. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la Sala Electoral, considera
que este argumento es un cargo nuevo, por cuanto no fue invocado como
reproche de nulidad de la demanda.

66. No obstante lo anterior, es necesario recordar en primer lugar, que el
artículo 28 de la Ley 1437 de 20118 señala que los conceptos proferidos en
respuesta a una petición ciudadana, no serán de obligatorio cumplimiento.

67. En segundo lugar, al consultarlos no fue posible acceder a estos, debido
a que no fue posible identificarlos plenamente, en la medida en que presentan
una inconsistencia en su fecha, debido a que el recurrente invoca que son del
2015, cuando de lo que se lee en la reproducción de éstos versan sobre
regulaciones que fueron expedidas en el 2018.

68. En tercer lugar, se observa de los apartes trascritos que atienden al
asunto objeto de controversia, es decir la aplicación de la norma nacional a la
elección de contralores territoriales, lo cual será dilucidado en el caso concreto,
en ese orden no se considera necesario proferir algún pronunciamiento al
respecto.

69. Aclarado lo anterior es pertinente circunscribir el objeto de la presente
controversia de la siguiente forma:

2.3. Problema jurídico

70. El asunto sub júdice se centra en determinar, si es nula la Resolución 168
del 30 de noviembre de 2021 proferida por la Asamblea Departamental del Valle
del Cauca, para lo cual, se deberá dar respuesta al siguiente interrogante:

¿ Es nula la Resolución 168 del 30 de noviembre de 2021, por cuanto se
profirió con infracción del artículo 272 de la Constitución Política, la Ley
1904 de 2018 y la Resolución 0728 de 2019, en la medida en que la
designación debió ser realizada en la primera sesión ordinaria del último
año del período de los miembros de la asamblea, esto es en el año 2022,
en consonancia con el período en el que se debe adelantar el proceso
elección del Contralor General de la República ?

8
ALCANCE DE LOS CONCEPTOS. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el
siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones
realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

71. Para resolver el anterior planteamiento, se hace necesario precisar el
régimen de los contralores departamentales, cómo es el proceso eleccionario y el
período de estos y de los gobernadores y alcaldes, para después, en el caso
concreto, analizar cada uno de los asuntos previstos en los problemas
planteados.

2.4. Evolución de los modelos eleccionarios adoptados por la Constitución
Política de 1991 para la designación de los contralores territoriales

72. El estudio de la Carta Política colombiana permite advertir 3 modelos
eleccionarios desde su aparición el 4 de julio de 1991 en lo que se refiere a la
designación de los contralores territoriales y, por consiguiente, de los
departamentales.

73. De esta manera, la Sala resaltará brevemente los principales rasgos de
cada sistema, haciendo hincapié en los preceptos que rigen la escogencia de
estos funcionarios en la actualidad, así:

2.4.1. Modelo original acogido en el texto Superior

74. El artículo 272 de la Constitución es la disposición normativa que desde
1991 ha determinado el arquetipo eleccionario de los contralores departamentales,
distritales y municipales en el país.

75. En su texto original, el modelo de designación estuvo caracterizado por la
participación de 2 autoridades públicas, a saber: (I) las corporaciones
administrativas de elección popular (asambleas y concejos distritales o
municipales) y (II) los tribunales superiores y administrativos ubicados en cada uno
de los departamentos.

76. En ese sentido, la elección fue asignada a las corporaciones públicas
territoriales de ternas conformadas por 2 candidatos postulados por los tribunales
superiores y 1 aspirante avalado por el tribunal administrativo con jurisdicción en la
región.

77. En su literalidad, el artículo 272 original de la Constitución prescribió:

“Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar
las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía
administrativa y presupuestal.

Igualmente les corresponde elegir contralor para período igual al del gobernador o
alcalde, según el caso, de ternas integradas con dos candidatos presentados por
el tribunal superior de distrito judicial y uno por el correspondiente tribunal de
lo contencioso-administrativo.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

78. De cara a este esquema primigenio, la Sección Quinta del Consejo de
Estado avanza los siguientes comentarios:

• La participación de las corporaciones públicas de elección popular en la
designación de los contralores territoriales se sustentó en el marco de la
Asamblea Nacional Constituyente en la necesidad de materializar los
preceptos del artículo 14 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 17899-10 de acuerdo con el cual, “Todos los Ciudadanos tienen el
derecho de comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, la
necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y
de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración.”

De esta manera, se garantizaba la participación indirecta de los
administrados en el control y fiscalización de los recursos públicos, mediante
la elección del contralor territorial.

• La proposición del modelo tuvo como origen la propuesta del constituyente
Luis Guillermo Roa, con algunas modificaciones. En efecto, Roa planteó en
su propuesta11 de Constitución que “En relación con el régimen fiscal de las
entidades territoriales se establezca que sus respectivos contralores sean elegidos
por las asambleas o concejos según el caso de ternas enviadas por los tribunales
superiores de distrito judicial”12.

En el desarrollo de los debates, esta proposición fue modificada otorgando
igualmente participación a los tribunales administrativos 13.

• Este esquema de elección imitó en mucho el procedimiento acogido
originariamente para la escogencia del contralor general de la República, en
el que el Congreso en pleno elegía de terna compuesta por un aspirante
postulado por la Corte Constitucional, uno por la Corte Suprema de Justicia
y otro por el Consejo de Estado14.

79. Pero más allá de lo anterior, se debe destacar, por la importancia para el
asunto conocido en esta ocasión, que se trató de la primera oportunidad en la que,
bajo la vigencia de la Constitución de 1991, se habló del sistema de ternas para la
elección de los contralores territoriales.

2.4.2. Las modificaciones introducidas por el Acto Legislativo No. 02 de 2015

80. Tras 24 años de vigencia, el arquetipo inicialmente concebido por la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue alterado por la irrupción del Acto
Legislativo No. 02 del 1º de julio de 2015.

9
Aprobada el 26 de agosto de ese año por la Asamblea Nacional Constituyente francesa.
10
Ver: Gaceta constitucional No. 077 del 20 de mayo de 1991.
11
No. 115.
12
Gaceta constitucional No. 077 del 20 de mayo de 1991.
13
Artículo 6º del articulado propuesto en sesión del 20 de mayo de 1991.
14
Texto original del artículo 267 de la Carta Política de 1991.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

81. En esta nueva estructura, el constituyente derivado conservó la potestad
eleccionaria en cabeza de las asambleas, concejos distritales y municipales,
según el caso, eliminando el mecanismo de la terna, como sustrato para la
designación.

82. Así las cosas, los contralores territoriales eran elegidos por las
corporaciones públicas instaladas en cada uno de los departamentos, distritos y
municipios, mediante convocatoria pública y a la luz de los principios de
transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de
género conforme a la ley.

83. En su descripción gramatical, el inciso 4º del artículo 272 constitucional,
alterado por el artículo 23 del Acto Legislativo No. 02 de 2015 –conocido como el
de equilibrio de poderes– previó:

“Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las
Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, mediante
convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia,
publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para periodo
igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso.” (Negrilla fuera de texto)

84. Se suprimía entonces la indicación a la terna como preludio de la elección,
estableciéndose que la convocatoria pública sería desde ese momento el
mecanismo para la designación de los contralores territoriales.

85. En este punto, se subraya que la erradicación de la terna estuvo motivada
por el reequilibrio de poderes pregonado por el Acto Legislativo No. 02 de 2015,
que pretendió eliminar las funciones electorales de la Rama Judicial y, por
consiguiente, las de postulación de ternados que, en un primer momento, como se
vio, había sido asignada a los tribunales superiores y administrativos en
Colombia15 en el contexto de la designación del contralor departamental, distrital y
municipal.

2.4.3. Régimen actual: la aparición del Acto Legislativo No. 04 de 2019

86. El 18 de septiembre de 2019 entró en vigor el Acto Legislativo No. 04 de
2019, por medio del cual se persiguió el fortalecimiento de la fiscalización de los
recursos públicos, mediante un importante cúmulo de medidas que se extendieron
hasta la reviviscencia, en ciertos eventos, del control preventivo y concomitante de
la Contraloría General de la República16, que en el pasado había generado
reticencias por los riesgos de coadministración a los que éste podía dar lugar17.

15
Ver en ese sentido: Exposición de motivos al proyecto de Acto Legislativo que culminó con la aprobación del Acto
Legislativo No. 02 de 2015, denominado como el de reequilibrio de poderes. En ese sentido, en el capítulo III de la
exposición de motivos se estudiaron las causas inmediatas del desequilibrio reinante entre las ramas del Poder Público,
estableciendo que uno de los factores que catalizaba este fenómeno era aquel de las facultades nominadores –de
postulación y elección– dadas a la Rama Judicial, a través de sus altas cortes.
16
Artículo 267 de la Constitución.
17
En la Gaceta No. 77 del 20 de mayo de 1991, se expresó respecto de este punto: “El control previo, generalizado en
Colombia, ha sido funesto para la administración pública, pues ha desvirtuado el objetivo de la Contraloría al permitirle
ejercer abusivamente una cierta coadministración que ha redundado en un gran poder unipersonal del contralor y se ha
prestado también para una engorrosa tramitología que degenera en corruptelas.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

87. En lo que toca a la estructura de elección de los contralores territoriales, el
artículo 4º del Acto Legislativo No. 04 de 2019, modificatorio del artículo 272 de la
Carta Política, consagra:

“Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por
las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, de terna
conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria
pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad,
objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para un periodo de
cuatro años que no podrá coincidir con el periodo del correspondiente
gobernador y alcalde.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. La siguiente elección de todos los
contralores territoriales se hará para un período de dos años ”.

88. De lo anterior, es pertinente colegir que con el propósito de que la
designación de los contralores no coincida con el de los gobernadores y alcaldes,
el parágrafo transitorio hizo la enunciada precisión, lo que quiere decir que dentro
de dos años a partir de la vigencia de la reforma, las asambleas deberán realizar
una nueva elección de contralores, lo cuales si tendrán un período de 4 años. Al
respecto la Sala de Servicio y Consulta Civil del Consejo de Estado, dispuso18:

“Con este fin (hacer que el periodo de tales contralores no coincida con el de
los gobernadores y alcaldes), el parágrafo transitorio 1º de la norma que se
comenta dispone: «La siguiente elección de todos los contralores territoriales
se hará para un período de dos años». De esta manera, dentro de dos años,
las asambleas y los concejos tendrán que hacer una nueva elección de
contralores territoriales, quienes sí tendrán un periodo de cuatro años, así
como todos los que sean elegidos de forma subsiguiente.

La Sala considera que dicho periodo sigue siendo institucional, fijo u objetivo (y no
personal), a la luz de la finalidad perseguida por el Constituyente derivado, en el
sentido de que el periodo de los contralores territoriales no debe coincidir, ahora,
con el de los gobernadores o alcaldes respectivos, y de lo dispuesto por el parágrafo
del artículo 125 de la Carta Política, adicionado por el artículo 6 del Acto Legislativo
1 de 200319:

Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para
cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o
elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo
harán por el resto del período para el cual este fue elegido.

Ahora bien, es importante mencionar que el Acto Legislativo 4 de 2019 entró en
vigencia «a partir de la fecha de su promulgación», según lo dispuesto
expresamente en su artículo 7, lo que ocurrió el 18 de septiembre de 2019 ”.

89. Además, se desprende que en nuestros días la designación del contralor
departamental –asunto analizado en el sub lite se distingue por los siguientes
estadios:

18
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 12 de noviembre de 2019. Radicación 11001-03-06-
000-2019-00186-00. Magistrado Ponente: Álvaro Namén Vargas
19
«Por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

• Fase 1: La realización de una convocatoria pública guiada por los principios
de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad
de género, de acuerdo con la ley que, en la actualidad, y mientras se expide
un estatuto especial para el caso de los contralores territoriales, es la Ley
190420 de 2018, marco normativo de ese procedimiento de designación.

• Fase 2: La puesta en marcha de la convocatoria debe dar lugar a la
integración de una terna compuesta por las personas que hayan alcanzado
los mayores puntajes en el desarrollo de las pruebas practicadas en el
trámite –examen de conocimiento y valoración de la formación profesional,
de la experiencia, de la actividad docente y producción de obras en el ámbito
fiscal–.

• Fase 3: La elección de uno de los ternados como contralor por la asamblea
departamental.

90. De esta manera, la terna surge de nuevo en el procedimiento de
escogencia del contralor territorial y, en especial del departamental, como requisito
indispensable y esencial para el correcto desarrollo del trámite, una vez ha sido
compuesta.

91. Así, su debida conformación estará garantizada previa a la elección, pues,
como lo indica, el artículo 272 Superior “los contralores departamentales (…) serán
elegidos por las asambleas departamentales (…) de terna conformada por quienes
obtengan los mayores puntajes en la convocatoria…”; lo que implica que para su
existencia debe salvaguardarse incluso hasta el último momento del curso del
proceso, esto es, hasta antes de que la corporación pública competente inicie en
plenaria sus respectivas votaciones, para la escogencia del nuevo contralor
territorial.

92. Se destaca que la integridad de la terna –su mantenimiento para que esté
siempre conformada por los 3 ciudadanos que han obtenido los mejores puntajes
dentro de la convocatoria– ha sido un aspecto tratado por la reglamentación que
guía este tipo de procedimientos, cuyo origen se encuentra en la facultad
normativa dada al contralor general de la República por parte del artículo 6º del
Acto Legislativo No. 04 de 2019:

“La Contraloría General de la República desarrollará los términos generales para el
proceso de convocatoria pública de selección de los contralores departamentales,
municipales y distritales.”

93. Con fundamento en ello, y a la luz de los parámetros jurídicos fijados por el
artículo 272 de la Constitución y las directrices contenidas en la Ley 1904 de 2018

20
“Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de Contralor General de la República
por el Congreso de la República.” En el artículo 11 de la Ley 1904 de 2018 se prescribe: “Las disposiciones contenidas en la
presente ley serán aplicables en lo que correspondan a la elección de los contralores departamentales, distritales, y
municipales, en tanto el Congreso de la República expida disposiciones especiales para la materia.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

–que hoy regula de forma analógica el trámite de designación de los contralores
territoriales–, el contralor general de la República expidió la Resolución No. 0728
del 18 de noviembre de 2019, por la cual estableció los términos generales de
las convocatorias públicas para la elección de los contralores departamentales,
distritales y municipales21.

94. En su artículo 3º, la resolución en comento precisó:

“La convocatoria es el aviso público a través del cual la respectiva
corporación pública territorial invita a todos los ciudadanos a participar en el
proceso de elección de contralor, la cual debe realizarse mínimo con tres (3)
meses de antelación a la sesión de elección ”.

95. De esta forma, se observa en cuanto a los plazos señalados en la
regulación para efectos de desarrollar el proceso eleccionario, estableció que la
convocatoria mediante la cual se invita a la comunidad a participar del mismo, se
indicó que ésta debería realizarse con una antelación mínima de 3 meses a la
designación.

96. Por su parte el artículo 4 dispone que “la convocatoria pública se hará con una
antelación mínima de diez (10) días calendario antes de la fecha de inicio de inscripciones
(…). En cuanto a las reclamaciones dispone en su artículo 6 que “la convocatoria
deberá establecer una etapa de reclamaciones contra el listado de admitidos y no
admitidos con ocasión de los resultados de la verificación de requisitos mínimos, con un
término mínimo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los
resultados (…)”.

97. Por último, estableció una disposición de transición el cual enuncia que:

ARTÍCULO 16. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN LAS CONVOCATORIAS Y
PROCESOS DE SELECCIÓN EN CURSO. Las convocatorias públicas o procesos
de selección para proveer el cargo de contralor que se encuentren en curso al
momento de la publicación de la presente resolución, deberán ceñirse a las
normas constitucionales contenidas en el Acto Legislativo 04 de 2019, a la Ley
1904 de 2018 y a las reglas aquí previstas por la Contraloría General de la
República.

Para estos efectos, la respectiva corporación pública estudiará la procedencia de
revocar, modificar, adecuar o suspender el proceso adelantado, con miras al
cumplimiento cabal de los términos generales para la convocatoria pública de
selección establecidos en este reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 del Acto Legislativo 004 de 2019.

La antelación de la convocatoria pública a la que se refiere el artículo 3 no será
aplicable a la convocatoria de contralores territoriales cuyo periodo inicia en el año
2020, así mismo, los demás términos establecidos en la presente resolución
podrán reducirse con miras a culminar estos procesos.

21
De esta manera, la Resolución No. 0728 de 2019 dispone: “La presente resolución tiene por objeto desarrollar los
términos generales para el proceso de convocatoria pública de selección de los contralores departamentales, municipales y
distritales, teniendo como referente vinculante el marco normativo contenido en el artículo 272 de la Constitución
Política y la Ley 1904 de 2018 en los aspectos pertinentes.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

La siguiente elección de todos los contralores territoriales se hará para un
período de dos años, en los términos del parágrafo transitorio 1 del artículo 4
del Acto Legislativo 04 de 2019, que culminará el 31 de diciembre del año
2021.

98. Del anterior panorama, caracterizado por este recuento normativo, puede
arribarse a las siguientes conclusiones necesarias para abordar el caso concreto:

• Los Contralores departamentales serán elegidos por las asambleas de
una terna que surja de quienes ocupen los puntajes más altos en la
convocatoria pública, la cual deberá está regida por los principios
transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad
de género conforme a la ley.

• Que a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 04 de 2019,
se desarrollaría una elección de contralores territoriales para un período
de 2 años, que finalizaría el 31 de diciembre de 2021.

• Sin embargo, luego de dicha transición, las elecciones siguientes y las
sucesivas será para un período de 4 años, los cuales no podrán
coincidir con el del correspondiente alcalde y gobernador.

• De las normas que regulan el proceso eleccionario no se puede deducir
en qué plazo debe llevarse a cabo el proceso de elección, pues
simplemente se determina que la convocatoria se realizará como
mínimo tres (3) meses antes a la reunión electoral.

99. De las anteriores conclusiones, es necesario establecer cuál es período de
los alcaldes y gobernadores con el fin de dar solución al caso concreto, y
determinar si con esos elementos es posible determinar la fecha en que se debe
elegir a los contralores territoriales.

2.4.4. Sobre el período de los alcaldes y gobernadores.

100. El artículo 303 Superior, modificado el artículo 1º del acto legislativo No. 2
de 2002, dispuso que “(…) los gobernadores serán elegidos popularmente para
períodos institucionales de cuatro (4) años y no podrán ser reelegidos para el período
siguiente (…)”.

101. Por su parte, el artículo 314 de la Constitución Política de 1991, modificado
el artículo 3º del Acto Legislativo No. 2 de 2002 “en cada municipio habrá un alcalde,
jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido
popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido
para el período siguiente (…)”.

102. Adicionalmente el Acto Legislativo No. 2 de 2002 en su artículo 7 previó una
disposición transitoria en la que se indicó que “el último domingo del mes de octubre

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

del año 2007, se elegirán alcaldes y Gobernadores para todos los Municipios, Distritos y
Departamentos del país, para períodos institucionales de cuatro años, que se iniciarán el
1° de enero del año 2008”.

2.5. Caso concreto

2.5.1. Sobre la aplicación de la fecha de la elección del Contralor General de
la República a la designación de los contralores territoriales.

103. Alega el recurrente, en reiteración a lo propuesto en la demanda, que el
acto de elección cuestionado desconoce la Ley 1904 de 2018, en la medida en
que no se atendió el plazo dispuesto en el artículo 3º de la referida regulación, el
cual enuncia que “el Congreso elegirá al Contralor General de la República en el primer
mes de las sesiones ordinarias, por mayoría absoluta de los votos de sus miembros y
para un período institucional igual al del Presidente de la República”.

104. De acuerdo con lo anterior, considera que la designación del Contralor
Departamental de Valle del Cauca, debió realizarse al inicio del año 2022 por la
asamblea departamental y no en el 2021 como en efecto se hizo en esta
oportunidad.

105. Con el propósito de resolver el cargo propuesto en el recurso de alzada, es
necesario hacer un recuento de las regulaciones que se han aplicado a la elección
de los contralores territoriales.

106. En este punto, se observan dos estadios, el primero de ellos alusivo a la
aplicación exclusiva y analógica de la Ley 1904 de 201822 en donde se señaló que
las reglas de la convocatoria para la elección del Contralor General de la
República, estableciendo que el congreso tendría a su cargo dicha designación de
una lista de 10 aspirantes, lo cual sería llevado a cabo en el primer mes de las
sesiones ordinarias, para un período igual al del presidente.

107. Adicionalmente, en la misma regulación se estableció un parágrafo
transitorio en su artículo 12, en el cual se refirió que mientras el Congreso de la
República regula la elección de los servidores públicos que deban ser realizadas
por las corporaciones públicas se aplicaría a ésta dicha normatividad de manera
analógica23.

22
ARTÍCULO 3o. ELECCIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. De una lista de diez (10) elegibles
previamente seleccionados por la Comisión definida por esta ley el Congreso elegirá al Contralor General de la República
en el primer mes de las sesiones ordinarias, por mayoría absoluta de los votos de sus miembros y para un período
institucional igual al del Presidente de la República.
PARÁGRAFO 1. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta se realizará una segunda votación
entre los dos candidatos que obtuvieron las más altas votaciones.
PARÁGRAFO 2. La lista de elegibles en lo posible respetará los criterios de equidad de género.
23
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo modificado por el artículo 153 de la Ley 2200 de 2022. El nuevo texto es el
siguiente:> Mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las
corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente
ley se aplicará por analogía. Para el caso de la elección de los secretarios de los concejos municipales de entidades
territoriales de categorías 4a, 5a y 6a y con el fin de preservar sus finanzas territoriales, no se aplicará lo dispuesto en el
presente parágrafo transitorio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

108. En este aspecto, se precisa que si bien la norma señalada en el párrafo
anterior había sido derogada por el inciso 2º del artículo 336 de la Ley 1955 de
2019 “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, lo cierto es que
esta última disposición, sobre este aspecto fue declarada inexequible por la
sentencia C-133 del 13 de mayo de 202124, por considerarla trasgresora de los
principios de consecutividad, identidad flexible y unidad de materia, lo que se
tradujo en “la reviviscencia o reincorporación al ordenamiento jurídico del parágrafo
transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018”.

109. De lo anunciado, es pertinente aducir que para ese momento la designación
de los contralores territoriales debía estar regida por la referida norma, esto es la
Ley 1904 de 201825.

110. Sin embargo, con el Acto Legislativo 4 de 2019, surgió el segundo estadio,
aplicable al asunto de marras, dado que esta norma en su artículo 6º se dispuso
que correspondía a la Contraloría General de la República desarrollar los términos
generales para el proceso de la convocatoria pública de selección, entre otros, de
los contralores departamentales.

111. Bajo el amparo de la anterior potestad, se recuerda que el Contralor
General de la República profirió la Resolución 0728 de 18 de noviembre de 2019
“Por la cual se establecen los términos generales de las convocatorias públicas de
selección de contralores territoriales ”, reglamentación en la que como se dijo en el
marco teórico de esta providencia, se establecieron los parámetros principales
para el desarrollo de las elecciones como la que aquí se discute, de lo cual se
deduce que ahora no solamente se deberán atender los parámetros establecidos
en la Ley 1904 de 2018.

112. Además, es pertinente aclarar que la competencia legislativa en estos
temas la tiene el Congreso de la República, no obstante, la misma ley permitió que
el Contralor General de la República pudiera desarrollar los términos generales de
la convocatoria para proveer los empleos de contralores territoriales. Al respecto la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado26, indicó que:

Desde el punto de vista gramatical, la atribución otorgada a la Contraloría se refiere
a desarrollar los términos generales de las convocatorias. El verbo desarrollar, en su
primera acepción, significa, según el Diccionario de la Lengua Española: «Aumentar
o reforzar algo de orden físico, intelectual o moral» (subrayamos).

Como puede verse, la acción de desarrollar supone ampliar, fortalecer, detallar,
precisar, completar o mejorar algo que ya existe o ha sido establecido previamente.

24
Corte Constitucional, Sentencia _133 del 13 de mayo de 2021, M.P. Diana Fajardo. Notificada mediante edicto No. 69
publicado entre el 12 y el 14 de julio de 2021
25
ARTÍCULO 11. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en lo que correspondan a la elección de
los contralores departamentales, distritales, y municipales, en tanto el Congreso de la República expida disposiciones
especiales para la materia.
26
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 12 de noviembre de 2019. Radicación 11001-03-06-
000-2019-00186-00. Magistrado Ponente: Álvaro Namén Vargas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

De esta manera, cuando el artículo 6 del Acto Legislativo 4 de 2019 señala que la
Contraloría General de la República «desarrollará los términos generales para el
proceso de convocatoria pública…», no puede entenderse que atribuya a dicho
órgano la función de legislar o regular, de manera originaria, libre y completa esta
materia, pues la norma comentada parte del presupuesto de que dicha regulación
ya existe, y que de esta forman parte los términos generales del proceso de
convocatoria pública.

En ese orden de ideas, la competencia mencionada debe ser entendida como una
potestad reglamentaria de la ley, es decir, como la facultad que tiene la Contraloría
para dictar normas que detallen, precisen o complementen los aspectos
administrativos, jurídicos, técnicos y económicos del proceso de convocatoria
pública para la elección de los contralores territoriales, pero sin que tales
disposiciones puedan desvirtuar o contradecir lo establecido por el Legislador.

Esta hermenéutica se confirma al comparar la norma que se comenta con otros
preceptos constitucionales relacionados con la materia (interpretación sistemática).

En efecto, debe recordarse, en primer lugar, que, según el inciso séptimo del
artículo 272 de la Constitución Política (modificado por el artículo 4 del Acto
Legislativo 4 de 2019), los contralores territoriales «serán elegidos… de terna
conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública
conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad,
participación ciudadana y equidad de género…». (Se resalta).
(…)
Como se indicó previamente, se trata de una potestad reglamentaria otorgada
directamente por la Constitución Política, pero subordinada a la ley, en una materia
y con un objetivo claramente determinados: desarrollar los términos generales (que
debe fijar el Legislador) de los procesos de convocatoria pública para la elección de
los contralores departamentales, distritales y municipales. Tratándose de
autoridades administrativas de carácter técnico, y a efectos de reforzar su
autonomía, la Constitución Política les ha otorgado una potestad reglamentaria
secundaria y acotada a un ámbito especial y delimitado por la misma Carta. Por lo
tanto, más allá del marco material establecido por la norma superior, estas
autoridades no podrían ejercer su potestad reglamentaria 27.
(…)
Asimismo, vale la pena mencionar que la facultad normativa otorgada por otras
disposiciones de la Constitución Política al Contralor General de la República
(artículo 268, numerales 1 y 12) ha sido calificada por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado como una potestad reglamentaria, similar a
la ejercida por el Presidente de la República, pero asignada excepcionalmente por la
Carta a un órgano autónomo y técnico, para el adecuado y eficaz cumplimiento de
sus funciones.
(…)
En consecuencia, los límites materiales que tiene la Contraloría para el ejercicio de
esta facultad reglamentaria están dados por la finalidad y la materia a las que se
refiere el artículo 6 del Acto Legislativo 4 de 2019: desarrollar los términos generales
de las convocatorias públicas para la elección de los contralores territoriales. Según
los antecedentes legislativos, lo que se buscaba con esta disposición era que la
Contraloría General de la República estableciera los «lineamientos generales» de
dichas convocatorias, a los que deban sujetarse todas las asambleas
departamentales y los concejos municipales y distritales del país, para efectos de
realizar la elección de los respectivos contralores territoriales.

113. Una vez analizada la mentada resolución, la Sala observó que no se

27
A este respecto, se recomienda consultar los conceptos 2291 del 14 de septiembre de 2016 y 2409 del 19
de febrero de 2019, de la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

estableció una fecha para la designación de los contralores departamentales,
como si lo hizo la Ley 1904 de 2018 para la designación del Contralor General de
la República, en esa medida resulta relevante indicar si es pertinente o no aplicar
dicha normatividad al proceso eleccionario controvertido, para lo cual anticipa la
Sección Quinta del Consejo de Estado que la respuesta es negativa.

114. Para efectos de explicar tal circunstancia, se retira que si bien en el artículo
11 de la Ley 1904 de 2018, contempló la aplicación de la misma en lo que
“corresponda” a la elección de los contralores departamentales, distritales y
municipales, lo cierto es que en este caso dicha posibilidad no es procedente,
teniendo en cuenta que los contralores territoriales y el Contralor General de la
República tienen períodos distintos, por lo que no resulta ser pertinente acudir a
las fechas en las cuales el congreso debe elegir a la última autoridad mencionada.

115. De acuerdo con lo anterior, es menester reiterar lo dispuesto en el marco
teórico de esta providencia, en donde se mencionó que el artículo 4 del Acto
legislativo No. 04 de 2019 dispuso, entre otros aspectos, que los contralores
departamentales serán elegidos por las asambleas, para un período de 4 años, no
obstante éste, no podrá coincidir con el de alcaldes y gobernadores; además, que
a partir de su promulgación, las siguientes elecciones de las autoridades fiscales
territoriales se haría por un lapso de 2 años, disposición complementada por el
artículo 16 de la Resolución 0728 de 2019, en donde se indicó que dicha
designación finalizaría en el año 2021.

116. De lo anterior, se puede extraer con claridad, que había un período de
transición de contralores territoriales que terminaba en el año 2021, por lo que en
el trascurso de esa anualidad con respeto de los parámetros y etapas establecidas
en la Resolución 0728 de 2019 en consonancia con la Ley 1904 de 2018, la
respectiva asamblea departamental debía adelantar un nuevo proceso antes de
que culminara el año 2021, con el fin de proveer el cargo para el período de 4
años que iniciaría el 1º de enero del 2022 y finalizaría en el 31 de diciembre de
2025, y que este no quedara acéfalo.

117. Además, también se evidencia que la intención del legislador fue establecer
una fecha en la que pudiera iniciar el período de 4 años de los contralores
territoriales, sin que éste coincidiera con el de los alcaldes y gobernadores,
quienes según el Acto Legislativo No. 2 de 2002, también ejercerán su mandato
por 4 años, los cuales según de la reforma señalada comenzaría a partir del 1 de
enero del 2008, cuyas elecciones que deberían ser realizadas en el último
domingo del mes de octubre del año inmediatamente anterior.

118. En esa medida, por ejemplo, de acuerdo con la ley, la designación que se
controvierte, esto la de la contralora departamental de Valle del Cauca, fue
realizada en el año 2021, para el período de 4 años comprendido entre el 2022-
2025. Por su parte, se tiene que las últimas elecciones para alcaldes y
gobernadores, se realizó en el mes de octubre de 2019, para el período 2020-
2023.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

119. De esta manera podemos indicar que los respectivos períodos cumplen con
la finalidad de la norma, es decir no coinciden entre sí. Para mayor claridad se
mostrará de forma gráfica así:

Período de alcaldes 2020 2021 2022 2023
y gobernadores
(2020-2023)
Periodo de 2022 2023 2024 2025
Contralores
territoriales
(2022-2025)

120. Adicionalmente tampoco se puede aplicar de manera analógica las
disposiciones de la señalada ley, precisamente porque allí se dispone que el
período del Contralor General de la Republica debe corresponder con el del
presidente, no obstante en contraposición a lo anterior la Constitución en su
artículo 272, modificado por el Acto Legislativo No. 04 de 2019 dispone que el de
los contralores territoriales no podrá coincidir con el de los alcaldes y
gobernadores.

121. Lo anterior, porque lo señalado atiende a una de las distinciones que hizo el
artículo 272 Superior, entre una y otra designación, como por ejemplo, también se
efectuó una diferenciación entre la forma de elección, es decir para el caso del
Contralor de la República lo elegirá el Congreso en pleno de una lista de elegibles
de 10 candidatos, cuando los territoriales serán elegidos por el respectivo concejo
o asamblea por terna.

122. Al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil de la Corporación
consideró28 que:

“Dado que la Ley 1904 de 2018 regula el proceso de elección del Contralor
General de la República, mediante convocatoria pública y con sujeción a los
citados principios, y que dicha normativa es aplicable, también, en lo pertinente, a
la elección de los contralores locales (artículo 11), resulta claro que esta
legislación es, en principio, compatible con las normas constitucionales actuales,
en materia de control fiscal.

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de que, en algún aspecto puntual,
determinado artículo de la Ley 1904, o cierta parte del mismo, resulte incompatible
con el nuevo marco constitucional y deba, por esa razón, entenderse derogado o,
al menos, inaplicable, en virtud de la supremacía de la Constitución Política,
ordenada por el artículo 4 ibidem29.

Tal situación ocurre, por ejemplo, con la aplicación del artículo 8, numeral 2º, de la
Ley 1904 de 2018 a la elección de los contralores territoriales, en tanto dicha
norma ordena presentar al «Congreso en pleno» (en este caso, a la asamblea o al
concejo municipal o distrital en pleno) una lista de «10 elegibles», para realizar la
elección. Dado que el artículo 272 de la Carta, en su versión actual, dispone que la

28
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 12 de noviembre de 2019. Radicación 11001-03-06-
000-2019-00186-00. Magistrado Ponente: Álvaro Namén Vargas
29
«Artículo 4º. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra
norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. (…)».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

elección de los contralores territoriales debe hacerse de una terna, conformada por
los tres aspirantes que hayan obtenido los mejores puntajes en la respectiva
convocatoria pública, es evidente que aquella norma legal no puede aplicarse, en
esta parte, a la elección de los contralores locales, pues la comisión que tenga a
su cargo la confección de la lista de elegibles no puede enviar a la correspondiente
plenaria una lista de diez candidatos, para proceder a la elección, sino solamente
de tres (es decir, una terna), dando aplicación preferente al artículo 272
constitucional”.

123. En ese orden de ideas, en atención a lo explicado, para la Sala tampoco es
de recibo el argumento del apelante que pretende aplicar al caso concreto, las
disposiciones de la Ley 1904 de 2018 que regulan el momento en que se debe
realizar la designación del Contralor General de la República, pues de la lectura
sistemática de las normas aplicables a la designación de los contralores
territoriales es posible determinar, que la primera autoridad mencionada,
estableció proceso electoral específico para la designación de estos, en esa
medida era necesario que la Asamblea Departamental del Valle del Cauca,
mediante Resolución No. 134 de 30 de agosto de 2021, inició una convocatoria,
para que culminara en una posterior elección, como en efecto sucedió, con la
designación controvertida, por la Resolución No. 168 del 30 de noviembre de
2021, para el período 2022-2025, el cual no iba a coincidir con el de los actuales
alcaldes y gobernadores que está comprendido entre el 2020 y 2023.

124. De acuerdo con ello, es pertinente advertir que, con el proceso antes
descrito, la Asamblea Departamental de Valle del Cauca, atendió los postulados
de la Resolución 0728 de 2019, en específico su artículo 3, en donde dice que
entre la convocatoria y la designación debe haber un lapso mínimo de 3 meses,
pues quedo explicado de manera suficiente que se quisieron establecer
distinciones para las designaciones de los contralores territoriales, con la del
Contralor General de la República.

2.6. Conclusión

121. La Sala considera que, el actor no desvirtuó la presunción de legalidad del
acto de elección de la señora Ligia Stella Chávez Ortiz como contralora
departamental de Valle del Cauca, para el período 2022-2025, por tanto, se
confirmará sentencia de primer grado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de mayo de 2022, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26

Demandante: María Victoria Toro Álvarez
Demandado: Ligia Stella Chávez Ortiz
Rad: 76001-23-33-000-2021-01205-01

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.