Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00364-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00364-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2022-00364-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00364-01 (6624-2024)
Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio1
Temas: Pensión de sobreviviente docente. Decreto 244 de 1972
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 22 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Ana Yolanda Rodríguez Cuervo en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho2 previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, presentó
demanda en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 1.2010.68 04601
del 15 de noviembre de 2019 por medio del cual el Fomag, a través de la Secretaría
de Educación Departamental del Valle del Cauca le negó el reconocimiento de una
pensión de sobreviviente.
1 En lo siguiente Fomag.
2 Demanda presentada el 20 de septiembre de 2021, según acta de reparto de esa fecha en el
documento 3 del expediente digital de la primera instancia.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00364-01 (6624-2024)
Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento de una pensión de sobreviviente con ocasión del
fallecimiento de su cónyuge Jesús Emilio Vallejo Montaño; ii) el pago retroactivo de
las mesadas causadas desde la fecha del fallecimiento, esto es desde el 17 de
agosto de 1993; iii) los intereses moratorios causados sobre esas mesadas; iv) la
indexación del valor de la condena; y v) la condena en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes señaló los siguientes4:
3.1. Ana Yolanda Rodríguez Cuervo contrajo matrimonio con Jesús Emilio Vallejo
Montaño el 17 de julio de 1981 y convivió con él hasta el día de su fallecimiento que
ocurrió el 17 de agosto de 1994.
3.2. Jesús Emilio Vallejo Montaño laboró como docente del Colegio del Pacífico de
la ciudad de Buenaventura durante dos periodos: el primero comprendido entre los
meses de «octubre de 1981 y febrero de 1985» y el segundo desde el 6 de abril de
1985 hasta el 17 de agosto de 1994, día del deceso.
3.3. El 19 de julio de 2018 solicitó ante el Fomag el reconocimiento de una pensión
de sobreviviente, pero la entidad negó esa petición a través de la Resolución
1.210.68 04601 del 15 de noviembre de 2019.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 3, 13, 24, 48, 53 y 57 de la Constitución
Política; 1 de la Ley 33 de 1985; 46, 47, 48 y 288 de la Ley 100 de 1993.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente5:
5.1. La parte demandada negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a
partir del argumento según el cual no le asistía el derecho pretendido porque el
fallecimiento de Jesús Emilio Vallejo Montaño ocurrió antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, norma que previó por primera vez la causación de
una pensión de sobreviviente en el régimen docente. Según la entidad, tampoco era
posible concederlo en los términos de la Ley 100 de 1993 porque esa norma
tampoco estaba vigente en el nivel territorial para el momento del deceso.
4 Folios 2 y 3 del documento 1 del documento 3 del expediente digital de la primera instancia.
5 Folios 3 al 7 del documento 1 del documento 3 del expediente digital de la primera instancia.
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Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
5.2. La postura del Fomag desconoció las consideraciones fijadas por el Consejo de
Estado en la sentencia del 9 de agosto de 20186 en la que se explicó que el propósito
de los regímenes especiales era ofrecer condiciones más favorables a sus
beneficiarios en comparación con el régimen general, por lo que en caso de que
aquel tuviera condiciones menos beneficiosas debía acudirse a este para garantizar
la interpretación más adecuada a los intereses del servidor público.
5.3. Al momento del fallecimiento de Jesús Emilio Vallejo Montaño, su régimen
aplicable era el contenido en el Decreto 224 de 1972, que fue derogado tácitamente
por la Ley 33 de 1985 según explicó la Corte Constitucional en sentencia C-480 de
1998, por lo que el presente asunto debe resolverse a la luz de la citada ley o, en
su defecto, de la Ley 100 de 1993.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda de
acuerdo con los siguientes argumentos7:
6.1. El acto administrativo demandado fue proferido con estricto apego a las normas
aplicables y vigentes, por lo que la decisión adoptada en sede administrativa no se
encuentra viciada de nulidad.
6.2. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, la pensión de «invalidez»
[sic] prevista en esa norma solo puede ser reconocida a los docentes vinculados al
servicio docente con posterioridad al 26 de junio de 2003.
6.3. Jesús Emilio Vallejo Montaño no contaba con hijos ni cónyuge a su cargo, por lo
que dicho presupuesto debe ser demostrado por la parte interesada; de manera que
«la madre del fallecido deberá demostrar que dependía totalmente de su hijo».
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia proferida el 22 de
mayo de 2022, negó las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:
7.1. Jesús Emilio Vallejo Montaño laboró como docente desde 1981 hasta el día de
su fallecimiento que ocurrió el 17 de agosto de 1994, es decir, antes de la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el nivel territorial, que ocurrió el 30 de
junio de 1995, razón por la que no podía acudirse al régimen general de seguridad
social para decidir sobre la pensión de sobreviviente pedida por la demandante.
6 Radicado 54001-23-33-000-2015-00341-01 (0145-2017).
7 Documento 15 del expediente digital de la primera instancia.
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Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
7.2. Para la fecha del fallecimiento, la situación del docente se encontraba regida por
el Decreto 224 de 1972, el cual solo prevé el reconocimiento de una pensión post
mortem si el causante contaba con al menos 18 años de servicio, requisito no
satisfecho en este caso en el que solo se acreditó un total de 12 años, 8 meses y
21 días cotizados.
7.3. Tampoco hay lugar a conceder el derecho a la pensión de jubilación en los
términos de la Ley 33 de 1985, pues no se cumplen con las exigencias dispuestas
en esa norma. El Decreto 758 de 1990 tampoco podía ser aplicado por estar dirigido
a los afiliados del Instituto del Seguro Social condición que no ostentó el causante.
En tal sentido, no había lugar a conceder la pensión de sobreviviente bajo ninguno
de los regímenes vigentes al momento en que se habría causado el derecho.
1.4. El recurso de apelación
8. La parte demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se concedieran las pretensiones de la demanda. Lo anterior con base
en los siguientes argumentos8:
8.1. El juez de primera instancia omitió aplicar el principio de favorabilidad, pues a
pesar de que el docente se encontraba afiliado a un régimen exceptuado, las
disposiciones que lo regulaban no podían desconocer ni desmejorar los derechos
fundamentales de la seguridad social. No tiene sentido que se cree un régimen
especial que ofrezca condiciones menos favorables que las dispuestas en el
régimen general establecido en la Ley 100 de 1993, cuyo diseño responde a criterios
de universalidad, solidaridad y favorabilidad en materia pensional.
8.2. Jesús Emilio Vallejo Montaño falleció 3 meses después de la entrada en vigencia
del sistema general de seguridad social, régimen que debe aplicarse de manera
retrospectiva. Negar las pretensiones desconocería la finalidad protectora de la
pensión de sobreviviente respecto del núcleo familiar del afiliado, así como del
principio de equidad de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
9. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar8.
1.6. El Ministerio Público
8 Como se indicó en el auto admisorio del 12 de diciembre de 2024 en el índice 4 de Samai.
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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00364-01 (6624-2024)
Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
10. El agente del Ministerio Público solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia y se accediera a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con
fundamento en que debía aplicarse, por principio de favorabilidad, la Ley 100 de
1993 que prevé el reconocimiento de una pensión de sobreviviente siempre que se
cumpla con una cotización mínima de 26 semanas, exigencia ampliamente
satisfecha por el causante9.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
11. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia10, se circunscriben a
establecer ¿si Ana Yolanda Rodríguez Cuervo tenía derecho a la pensión de
sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su cónyuge Jesús Emilio Vallejo
Montaño, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 100 de 1993?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1 Procedencia de la aplicación por favorabilidad y retrospectividad del
régimen general de pensiones
12. El artículo 288 de la Ley 100 de 1993 previó el principio de favorabilidad, así:
«Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en Leyes anteriores.
Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor
público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma
en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes
anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de
disposiciones de esta Ley […]». [Se resalta].
9 Índice 8 de Samai.
10 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
13. El artículo 151 ibidem determinó que «[e]l sistema general de pensiones previsto en
la presente ley, regirá a partir del 1º de abril de 1994», por lo que las situaciones jurídicas
consolidadas a partir de su entrada en vigor son susceptibles de la aplicación del
señalado principio de favorabilidad.
14. Sobre el particular, el Consejo de Estado en la sentencia del 29 de abril de
201011 precisó que en materia laboral y en aplicación del artículo 288 de la Ley 100
de 1993, la citada ley podía ser aplicada de forma retrospectiva a ciertas situaciones
o hechos jurídicos que aun cuando han acaecido bajo la vigencia de una ley anterior
no tuvieron la virtud de obtener su consolidación de manera definitiva como derecho
bajo la ley antigua.
15. Sin embargo, mediante sentencia del 25 de abril de 201312 se rectificó la
posición, oportunidad en la que se consideró que la ley aplicable es aquella vigente
al momento en que se estructure el derecho, esto es en el caso de la pensión de
sobreviviente, la fecha en que se produjo la muerte. En efecto, señaló:
«Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación
retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus
pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte […] se
consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, lo que
lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se pretende, toda vez que
ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153
de 1887.
La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones que se
produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y, solo por
excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra, el
contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la Ley
100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir a partir
del 1º de abril de 1994.
En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al derecho
pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que
los derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se consolidaron
en vigencia de la normatividad anterior, la que exigía el requisito de tener 15 o más
años de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era viable su
reconocimiento.
Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la posición
adoptada en sentencias de abril 29 de 2010 y noviembre 1º de 2012, en las que, en
materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos
acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la retrospectividad de la ley, precisando
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de abril de 2010, radicado
25000-23-25-000-2007-00832-01(0548-2009), MP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, radicado 76001-23-31-
000-2007-01611-01 (1605-2009), MP. Luis Rafael Vergara Quintero.
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que no hay lugar a la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que gobierna el
reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento del
fallecimiento del causante y no una posterior […]». [Se resalta].
16. En efecto, tal como lo ha señalado esta Sección13, la posibilidad de exigir la
aplicación de la Ley 100 de 1993 en los términos del artículo 288 citado ante el
cotejo con lo expresado en normas anteriores a su vigencia, requiere que el derecho
reclamado con base en la normativa anterior se hubiere consolidado en vigencia de
la Ley 100 de 1993, es decir, que esta última estuviera rigiendo en el caso concreto.
17. En el mismo sentido, indicó que no es factible conceder el derecho reclamado y
aplicar retrospectivamente el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, porque ello
conllevaría a la vulneración del principio de irretroactividad de la ley.
18. Lo anterior permite concluir la improcedencia de aplicar la Ley 100 de 1993 a
situaciones que se consolidaron antes de la entrada en vigencia de esa norma en
virtud del principio de favorabilidad, pues debe tenerse en cuenta la disposición
normativa vigente en el momento de los hechos que dieron origen a la consolidación
del derecho pensional.
19. Ahora bien, el Consejo de Estado14 de manera reciente, determinó en materia
de pensión de sobrevivientes la posibilidad de aplicar la condición más beneficiosa
como un mecanismo para guardar las expectativas legítimas de quienes acreditaran
el requisito de semanas mínimo de algún régimen derogado, sin que ello
desconociera el criterio según el cual el derecho a la pensión de sobrevivientes se
causa al momento del fallecimiento del causante pues fue durante su vigencia
cuando se produjo el deceso y, por tanto, cuando se pudo consolidar el presunto
derecho reclamado, según las particularidades de cada caso.
2.2.2. En cuanto a la pensión de sobreviviente
20. Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
13 Consejo de Estado, Subsección A, sentencia del 30 de marzo de 2017, MP. William Hernández
Gómez, radicado 05001-23-33-000-2013-00843-01, demandante: Luis Alfonso de Jesús Hoyos
Molina, demandado: Universidad Nacional, número interno 2245-2014; ii) sentencia del 11 de mayo
de 2017, MP. William Hernández Gómez, radicado 15001-23-33-000-2013-00783-01, demandante:
Luz Marina Tibavija Torres, demandado: Departamento de Boyacá y otros, número interno 0870-
2015.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de abril de 2024, radicado 66001-23-33-
000-2020-00136-01 (2451-2022).
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Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas
de vida de aquellos15.
21. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de
un pensionado cuando ocurre su deceso; o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para ello, pero fallece; mientras que la pensión de
sobreviviente es aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado que
fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la prestación16.
22. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el texto original de los artículos
46 y 47 de la Ley 100 de 1993, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, los
miembros del grupo familiar del beneficiario de la prestación que fallezca, en el
siguiente orden:
«ARTICULO 46. Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes. Tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo
común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere
cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo
menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la
muerte.
PARAGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente
Ley.
ARTICULO 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que
éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de
octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
16 Sentencia T-564 de 2015.
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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00364-01 (6624-2024)
Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos
con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el
pensionado fallecido;
b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez;
c) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y
absoluta de este.» [se resalta]
23. Los citados artículos fueron modificados a través de los artículos 12 y 13 de la
Ley 797 de 2003, en los que se dispuso lo siguiente:
«Artículo 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a
la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común
que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando
éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:
a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el
veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió
veinte años de edad y la fecha del fallecimiento;
b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el
veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte
años de edad y la fecha del fallecimiento.
Parágrafo 1º. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido
en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o
recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos
de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de
este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta
ley.
El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la Ley,
cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que
le hubiera correspondido en una pensión de vejez.
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Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
Parágrafo 2º. Si la causa del fallecimiento es homicidio, se aplicará lo prescrito para
accidente, y si es suicidio, se aplicará lo prescrito para enfermedad.
Artículo 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:
Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad
a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha
pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria
o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación
de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que
establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del
causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las
condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio
previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y
absoluta de este;
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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00364-01 (6624-2024)
Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste.
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo
o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.» [se resalta]
24. A su vez, de la norma en cita se advierte que existen tres grupos de beneficiarios
excluyentes entre sí, toda vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: i) cónyuge
o compañera permanente, hijos con derecho y/o inválidos; ii) padres con derecho; y
iii) hermanos con derecho.
25. Frente al primer grupo, específicamente, cónyuge o compañera permanente fue
regulado en los literales a) y b) que prevé los siguientes eventos17:
Modalidad de
Beneficiario Causante Condiciones
la pensión
Edad cumplida al momento del
Cónyuge o Compañero
Afiliado o fallecimiento y demuestre vida marital y
permanente mayor de Vitalicia
pensionado convivencia durante los 5 años
30 años de edad.
anteriores a la muerte.
Cónyuge o Compañero
Afiliado o Temporal-20 No haber procreado hijos con el
permanente menor de
pensionado años- causante.
30 años de edad.
Cónyuge o Compañero Haber procreado hijos con el causante
Afiliado o
permanente menor de Vitalicia y demuestre vida marital durante los 5
pensionado
30 años de edad. años anteriores a la muerte.
Compañero
Pensionado Cuota parte Sociedad anterior conyugal no disuelta
permanente
Cónyuge y Compañero Afiliado o Convivencia simultánea durante los 5
Partes iguales
permanente18 pensionado años anteriores a la muerte.
Cónyuge con unión Afiliado o Inexistencia de convivencia simultánea,
Cuota parte
conyugal vigente, pero pensionado acreditación por parte del cónyuge de
17 Sobre el particular ver las sentencias de la Corte Constitucional C-336 del 2014 y del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 27 de septiembre del 2018, radicado 25000-23-42-000-
2013-00618-01(3232-17), C.P. William Hernández Gómez
18 Es pertinente tener en cuenta que si bien en el inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley
100 señala que en caso de convivencia simultánea los últimos 5 años, será beneficiario de la pensión
de sobrevivientes el esposo o la esposa, ese aparte fue declarado condicionalmente exequible por
la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1035 de 2008, bajo el siguiente tenor literal:
«[…] PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la expresión "En
caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante
entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo" contenida en el literal b del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que
además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero
permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia
con el fallecido […]» (Subraya la Sala).
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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00364-01 (6624-2024)
Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
con separación de la separación de hecho; compañero
hecho y compañero permanente con convivencia durante
permanente los 5 años anteriores a la muerte
26. Respecto de la exigencia de los 5 años de convivencia, la Corte Constitucional
en sentencia C- 1094 del 19 de noviembre de 200319 precisó:
«La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos
por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes
mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia
como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían
económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de
subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en
vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación
de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían
del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus
necesidades.
En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia. Para esa
Corporación, ‹no puede hacerse abstracción del sentido mismo y finalidad de la
institución de la pensión de sobrevivientes que busca precisamente impedir que quien
haya convivido permanente, responsable y efectivamente, y prestado apoyo afectivo a
su pareja al momento de su muerte, se vea abocado a soportar aisladamente las cargas,
tanto materiales como espirituales, que supone su desaparición›
[…]
En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la norma
persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer lugar,
el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de los pensionados y,
como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que se pretende es evitar las
convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión
de sobrevivientes
Además, según el desarrollo de la institución dado por el Congreso de la República, la
pensión de sobrevivientes es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes
beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de
exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito dentro del ámbito
de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social».
27. En aquella oportunidad la Corte analizó la diferencia entre el matrimonio y la
unión marital de hecho y concluyó que son figuras normativas disímiles que se
diferencian también en sus efectos patrimoniales, por lo que no pueden equipararse.
En ese sentido, manifestó que no existe un trato discriminatorio, pues la cónyuge
tiene una sociedad conyugal vigente en virtud de la ley y sus efectos impiden que
19 Corte Constitucional, sentencia del 19 de noviembre de 2003, expediente D-4659, C.P. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00364-01 (6624-2024)
Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
se cree la sociedad de hecho con la compañera permanente. Al respecto precisó lo
siguiente20:
«4.8.4.1. En lo atinente al criterio de comparación, la jurisprudencia de esta Corte ha
diferenciado los efectos de la unión marital de hecho con los del matrimonio,
concluyendo que se trata en principio de figuras normativas diferentes. Razón por la cual,
no son sujetos de la misma naturaleza, y por ello no podría predicarse en principio un
trato diferente frente a iguales.
4.8.4.2. No obstante lo anterior, si en gracia discusión se estudiara la finalidad de la
diferencia de trato otorgada al cónyuge con sociedad vigente pero con separación de
hecho, resulta constitucionalmente justificada la medida adoptada, en tanto que ambos
beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de hecho cumplen con
el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos patrimoniales de cada
institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos ya que
la separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente entre el
causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese a que el de cujus conviviera
por el término mínimo de cinco años con un compañero permanente, la sociedad de
hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio. Es así, como
en protección y reconocimiento del tiempo de convivencia y apoyo mutuo acreditado por
el miembro sobreviviente de la unión marital de hecho, que el legislador le otorgó el
beneficio de una cuota parte de la pensión frente a la existencia de una sociedad
conyugal. En conclusión, la norma busca equilibrar la tensión surgida entre el último
compañero permanente y el cónyuge con el cual a pesar de la no convivencia no se
disolvieron los vínculos jurídicos. Por todo lo anterior, la norma acusada es constitucional
y será declarada exequible» (sic)
28. Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-515 de 2019, al estudiar otra
demanda de inconstitucionalidad del citado inciso, específicamente, de la expresión
«con la cual existe la sociedad conyugal vigente» por la presunta vulneración del
derecho a la igualdad, en tanto, los demandantes consideraron que no existían
razones suficientes para que se reconociera el derecho a la pensión de
sobrevivientes a los cónyuges separados de hecho con sociedad conyugal vigente,
pero se excluyera de sus efectos a los que, estando en igual circunstancia,
disolvieron de manera voluntaria dicho vínculo patrimonial, expresó que dichos
grupos se encontraban en situaciones de hecho y de derecho diferentes debido a la
inexistencia de vínculos afectivos o económicos entre cónyuges separados de
hecho y con sociedad conyugal disuelta. Por lo que, encontró que no se superaba
el criterio de comparación del juicio de igualdad, para llegar a tal conclusión señaló
las siguientes razones:
«En primer lugar, señala la Corte que estos dos grupos de sujetos están en un diferente
plano jurídico y fáctico. Por un lado, el cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden patrimonial. Si bien existe
una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido
por lo menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por terminada su
20 sentencia C-336 de 2014
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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00364-01 (6624-2024)
Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
sociedad conyugal, al punto que preservan el vínculo económico y los derechos que de
este se derivan. Por otro lado, en el caso del cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos
patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no
existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de
beneficiario.
73. En segundo lugar, los grupos cuya comparación se propone no pueden ser
considerados equiparables en el supuesto previsto en la disposición acusada –
convivencia no simultánea-, en razón a que el requisito de la vigencia de la sociedad
conyugal tiene la finalidad de concretar el objeto de la pensión de sobrevivientes, esto
es, proteger el núcleo familiar del causante que resulta afectado por su deceso (ver
supra, numerales 54 y 55). La configuración normativa de esta prestación económica
tiene como base el requisito de convivencia efectiva con el causante. Sin embargo, en
los supuestos de convivencia no simultánea entre el cónyuge y la compañera o
compañero permanente, la ausencia de una convivencia efectiva dentro de los 5 años
anteriores a la muerte del causante, justifica que el legislador, en ejercicio del amplio
margen de configuración en materia pensional (ver supra, numerales 56 y 57),
establezca la vigencia de la sociedad conyugal como una condición necesaria para
reconocer este derecho pensional al cónyuge supérstite, que separado de hecho,
mantuvo el vínculo patrimonial con el causante, guiada por los principios que definen la
pensión de sobrevivientes. Por lo anterior, es dado concluir que le asisten razones al
legislador para distinguir en situaciones donde no es posible que el cónyuge acredite la
convivencia hasta la muerte del causante –convivencia no simultánea-, que el cónyuge
supérstite acredite la vigencia del vínculo patrimonial –sociedad conyugal-, que de
manera voluntaria decidieron mantener con el causante, pese a la separación de hecho.
74. En tercer lugar, la condición acusada de inconstitucional contenida en la norma bajo
estudio es determinante para verificar la calidad de beneficiario respecto del causante,
no solo desde la perspectiva del régimen pensional sino también en consideración a los
efectos que produce la disolución de la sociedad conyugal. En este punto, el artículo
1781 del Código Civil establece que mientras que la comunidad de bienes subsista, y a
falta de capitulaciones, el haber social se entiende conformado por los bienes
establecidos en el mencionado artículo. La sociedad conyugal se integra por dos tipos
de haberes: el haber absoluto y el haber relatico. Los bienes del haber absoluto incluyen
las “pensiones” (numeral 2° del artículo 1781), así como todos los salarios, honorarios,
prestaciones sociales, utilidades, remuneraciones, indemnizaciones y, en general, todos
aquellos otros dineros derivados del trabajo o de las actividades productivas (numeral 1°
del mencionado artículo). Luego, cuando la sociedad conyugal se disuelve, los haberes
del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial, razón por la que
se extingue el derecho para sustituir al causante respecto de su pensión o cesa la
expectativa de recibir una eventual prestación pensional, según corresponda. Por ello,
no es posible que, en materia de acceso a la pensión de sobrevivientes, el cónyuge
separado de hecho con sociedad conyugal disuelta esté en el mismo plano jurídico y
fáctico que el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente.» (sic)
29. Lo anterior concuerda con la interpretación que se ha hecho del literal a) según
la cual tanto el o la cónyuge como la compañera o compañero permanente deben
probar la «convivencia» por lo menos 5 años antes del fallecimiento del pensionado
para adquirir la sustitución pensional. Sin embargo, se ha exceptuado de probarla
en este tiempo específico al cónyuge supérstite que conserva el vínculo jurídico
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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00364-01 (6624-2024)
Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
conyugal vigente con el causante. En cuyo caso, la convivencia válida para reclamar
el derecho pudo haber ocurrido en cualquier tiempo porque la separación de hecho
o la interrupción temporal de la cohabitación, no son causales legales de
terminación, disolución o cesación del vínculo matrimonial y, por tanto, no extingue
el derecho a la sustitución pensional.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
30. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
30.1. Se aportó registro civil de matrimonio entre Ana Yolanda Rodríguez Cuervo y
Jesús Emilio Vallejo Montaño llevado a cabo el 17 de julio de 1981. Sin embargo, el
citado registro se realizó el 1 de septiembre de 199421.
30.2. Jesús Emilio Vallejo Montaño estuvo afiliado al Fomag y laboró en la Institución
Educativa Gimnasio del Pacífico del municipio de Buenaventura (Valle del Cauca)22
como docente desde el 22 de abril de 1985 hasta el 17 de agosto de 1994, día en
el que falleció23.
30.3. El 19 de julio de 2018 Ana Yolanda Rodríguez Cuervo solicitó ante el Fomag el
reconocimiento de una pensión de sobreviviente, con ocasión del fallecimiento de
Jesús Emilio Vallejo Montaño24.
30.4. El Fomag, a través de la Secretaría de Educación Departamental del Valle del
Cauca, negó la anterior solicitud por medio de la Resolución 1.210.6804601 del 15
de noviembre de 2019, en la que explicó que Jesús Emilio Vallejo Montaño era
afiliado en calidad de «docente nacional» regido por «la Ley 91» de 1989 y que no era
posible conceder la pensión de sobreviviente solicitada porque dicha prestación solo
se reconocía a los docentes vinculados al servicio con posterioridad a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, mientras que tanto la vinculación como
el fallecimiento ocurrieron antes de ese momento25.
21 Registro civil de matrimonio en el folio 16 de la demanda en el expediente digital de la primera
instancia.
22 Información contenida en la Resolución 1.210.6804601 del 15 de noviembre de 2019 en el folio 11
de la demanda en el expediente digital de la primera instancia.
23 Registro civil de defunción en el folio 14 de la demanda en el expediente digital de la primera
instancia.
24 Información contenida en la Resolución 1.210.6804601 del 15 de noviembre de 2019 en el folio 11
de la demanda en el expediente digital de la primera instancia.
25 Acto administrativo en los folios 10 al 13 de la demanda en el expediente digital de la primera
instancia.
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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00364-01 (6624-2024)
Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
2.4. Análisis sustancial
31. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda al
considerar que el régimen salarial y prestacional aplicable a Jesús Emilio Vallejo
Montaño para el momento de su deceso, que era el Decreto 224 de 1972, no
contenía el reconocimiento de una pensión de sobreviviente para los beneficiarios
del afiliado fallecido, lo cual solo ocurrió con la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003.
32. La demandante cuestionó la anterior decisión y argumentó que en la sentencia
de primera instancia no se aplicó el principio de favorabilidad y que ante la falta de
previsión de una pensión de sobreviviente en el régimen especial debió acudirse al
régimen general de seguridad social creado a través de la Ley 100 de 1993.
33. En punto del régimen pensional de los docentes oficiales, resulta necesario
precisar que el Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige
en su integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades
que lo administran. No obstante, el artículo 279 de esa ley exceptuó del sistema
integral de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al
Fomag.
34. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos los afiliados al Fomag, toda vez que estos
contaban con normativa propia que fijaba los requisitos que los trabajadores
beneficiarios debían cumplir para obtener la pensión y reglaban sus distintas
modalidades de pensión.
35. En particular en el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio» reguló el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior que
existía entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, por lo que en su
artículo 15 previó que a partir de su entrada en vigor, los docentes nacionales y
aquellos que ingresaran del 1 de enero de 1990 en adelante, estarían regulados por
las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, entre
ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 224 de 1972 y 1045 de 1978, o que
se expidieran en el futuro.
36. En materia pensional, el artículo 15, numeral 3, literal b) de la citada norma,
dispuso que i) los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989
mantendrían el régimen prestacional que habían gozado en cada entidad territorial,
16
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00364-01 (6624-2024)
Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
de conformidad con las normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1
de enero de 1990, nacionales y nacionalizados, tendrían derecho a una pensión de
jubilación bajo el régimen general y ordinario de pensiones del sector público
nacional, de acuerdo con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135
de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
37. De acuerdo con lo anterior, la citada norma era la vigente y aplicable a Jesús
Emilio Vallejo Montaño al momento de su fallecimiento, en atención a que, tal como
se reconoció en el acto administrativo demandado, el causante era « docente
nacional» y se encontraba regido por la «Ley 91» de 1989, con ocasión de su
vinculación al servicio docente oficial en el mes de abril de 1985.
38. Solo fue hasta la expedición de la Ley 812 de 200326 que se eliminó la excepción
prevista en la Ley 100 de 1993 y se incorporó al personal docente oficial al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones. Así se dispuso en el artículo 81 de la
referida ley:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en
él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y
mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para
salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la
misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del
monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y
pensiones». [Se resalta].
39. Esto se reiteró en el Acto Legislativo 1 de 2005 que, en lo atinente al régimen
pensional aplicable a los docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado
26 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
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Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del
Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003»
(parágrafo transitorio).
40. Lo anterior impuso que la Sección Segunda de esta corporación, en sentencia
de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201927, precisara que la aplicación
de cada uno de los regímenes pensionales estaba «condicionada a la fecha de
ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente», y que el régimen
pensional de prima media previsto en la Ley 100 de 1993, aplicaría a « aquellos
docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003».
41. Ahora bien, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial, los asuntos
pensionales deben resolverse de acuerdo con el régimen vigente al momento en el
que se consolida la situación que da lugar a la expectativa del reconocimiento, que
en el caso de la pensión de sobrevivientes es la fecha del fallecimiento del
empleado. En ese sentido, de acuerdo con el material probatorio aportado al
expediente Jesús Emilio Vallejo Montaño falleció el 17 de agosto de 1994, momento
en el que aún se encontraba vigente el Decreto 224 de 1972, el cual disponía:
«ARTÍCULO 7º.- En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito
de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como
profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años continuos o
discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la respectiva
entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual
fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte mientras aquel
no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la mayoría de edad y por un tiempo
máximo de cinco (5) años28» [se resalta].
42. Así las cosas, para el momento del fallecimiento del causante, el reconocimiento
de la pensión de sobreviviente en los términos del régimen especial docente ocurría
luego de acreditarse una prestación del servicio de no menos de 18 años; sin
embargo, en el sub judice solo se acreditaron 9 años, 3 meses y 25 días29, tiempo
insuficiente para el reconocimiento de la denominada pensión post mortem regulada
en el referido Decreto 224 de 1972.
43. Ahora bien, tomando en consideración que la Ley 91 de 1989 les extendió a los
docentes las condiciones pensionales de los servidores públicos del orden nacional,
debe entenderse que, para ellos, la fecha de entrada en vigencia del Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones ocurrió el 1 de abril de 1994, tal como
27 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
28 Con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 33 de 1985, esta pensión pasó a ser vitalicia.
29 De acuerdo con la fecha indicada en el acto administrativo demandado.
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se indicó en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993 y no el 30 de junio de 1995, fecha
prevista para los servidores del orden municipal, departamental y distrital de
conformidad con lo señalado en el parágrafo de esa norma y en el artículo 1 del
Decreto 1068 de 1995.
44. En consecuencia, no es jurídicamente correcto afirmar que la Ley 100 de 1993
entró a regir para el causante el 30 de junio de 1995, pues esa fecha corresponde
exclusivamente a empleados del nivel territorial. En el caso de los servidores
públicos del orden nacional la vigencia del nuevo régimen inició el 1 de abril de 1994.
45. Bajo ese entendido, como Jesús Emilio Vallejo Montaño ostentaba la calidad de
docente nacional beneficiario de la Ley 91 de 1989, para la fecha de su fallecimiento
que ocurrió el 17 de agosto de 1994, ya se encontraba en vigor la Ley 100 de 1993
y, por lo tanto, coexistían el régimen especial docente y el régimen general de
seguridad social en pensiones. Lo anterior habilita el análisis del presente caso a la
luz del principio de favorabilidad invocado por la parte demandante.
46. En línea con lo anterior, el principio de favorabilidad en materia laboral « se aplica
en los casos en que existe duda sobre la disposición jurídica aplicable, en tanto se
encuentran dos o más textos legislativos vigentes al momento de causarse el derecho30»
[se resalta], es decir que a este principio se debe acudir en caso de que se presente
un conflicto entre normas, sin embargo, esto solo se presenta si al momento en el
que se hace exigible el derecho se encuentren vigentes 2 o más disposiciones que
regulen la situación del beneficiario.
47. En tales condiciones, como se explicó previamente el Decreto 224 de 1972 previó
el reconocimiento de una pensión post mortem para los beneficiarios del docente
fallecido que, aunque no cumpliera la totalidad de los requisitos para la adquisición
de la pensión, acreditara un mínimo de 18 años de servicios en el sector docente
oficial, exigencia que Jesús Emilio Vallejo Montaño no cumplió.
48. Por su parte, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 estableció la pensión de
sobrevivientes para los beneficiarios del trabajador que, de acuerdo con la versión
original de la norma vigente para el momento del fallecimiento del causante, hubiese
cotizado al menos 26 semanas al momento de la muerte. Tal exigencia se encuentra
cumplida en el presente asunto, pues el causante laboró durante más de 9 años
contados de manera ininterrumpida desde el 22 de abril de 1985.
49. En consecuencia, el régimen general de pensiones resultaba objetivamente más
favorable que el régimen especial docente, cuya exigencia temporal era menos
30 Corte Constitucional, sentencia T-088 de 2018.
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beneficiosa. Por ello, en aplicación del principio de favorabilidad, la solicitud
pensional de Ana Yolanda Rodríguez Cuervo debió analizarse de conformidad con
la Ley 100 de 1993.
50. Ahora bien, para acreditar dicha calidad la demandante aportó copia del registro
civil de matrimonio, cuya inscripción tuvo lugar el 1 de septiembre de 1994, es decir,
con posterioridad al fallecimiento del causante, retardo que no fue explicado ni
acompañado de medios probatorios adicionales que permitieran esclarecer la razón
de esa tardanza, teniendo en cuenta que, según se afirmó en el escrito inicial de la
demanda y se consignó en el mencionado documento, el matrimonio tuvo lugar el
17 de julio de 1981, esto es, más de 13 años antes.
51. Al respecto, la sala advierte que el artículo 115 del Código Civil señala que
«[t]endrán plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a los cánones o
reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito para ello concordato o
tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado
colombiano». Por su parte, el artículo 67 del Decreto 1260 de 197031 prevé que «los
matrimonios que se celebren dentro del país se inscribirán en la oficina correspondiente al
lugar de su celebración, dentro de los treinta días siguientes a ésta».
52. Además, a pesar de que en el registro civil de defunción aparece el nombre de
la actora, la ilegibilidad del documento no permite establecer con claridad la calidad
en que figura, debido a información incompleta en el margen izquierdo del oficio. A
su vez, la entidad demandada no reconoció en sede administrativa ni judicial la
condición de beneficiaria de la demandante, de modo que no es un punto de
acuerdo entre las partes que pueda tenerse por cierto en esta instancia y por lo tanto
debió probarse en sede judicial.
53. Por tales razones, si bien el registro civil de matrimonio es idóneo para demostrar
que contrajeron matrimonio en el año 1981, resulta insuficiente para acreditar la
permanencia de la convivencia entre la pareja hasta el fallecimiento del causante.
Ante la ausencia de material probatorio complementario que permitiera corroborarlo,
la sala no tiene elementos que permitan acreditar el propósito de vida en común de
los contrayentes y su permanencia en el tiempo.
54. Lo anterior resulta relevante si se tiene en cuenta que Ana Yolanda Rodríguez
Cuervo no aportó prueba alguna que permitiera acreditar la convivencia con el
causante por al menos 2 años continuos y previos al fallecimiento, tal y como lo
establecía el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en el momento de la causación del
derecho reclamado.
31 «Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas».
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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00364-01 (6624-2024)
Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
55. Por lo expuesto, a pesar de que sí hay lugar a analizar el derecho pensional
reclamado a la luz de la Ley 100 de 1993, la demandante no logró acreditar su
condición de beneficiaria, razón por la que se confirmará la sentencia de primera
instancia del 22 de mayo de 2024 que negó las pretensiones de la demanda, pero
por las razones expuestas en este proveído.
2.5. Costas
56. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
57. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
58. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.32
59. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
60. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
32En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 76001-23-33-000-2022-00364-01 (6624-2024)
Demandante: Ana Yolanda Rodríguez Cuervo
3. Conclusión
61. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que a pesar de que la pensión
de sobreviviente reclamada por la demandante sí podía estudiarse a la luz de la Ley
100 de 1993, en aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral, las
pruebas aportadas al proceso no lograron ofrecer certeza sobre la calidad de
beneficiaria de Ana Yolanda Rodríguez Cuervo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia de primera instancia del 22 de mayo de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las
pretensiones de la demanda, pero por los motivos expuestos en la parte motiva de
esta decisión.
Segundo. No condenar en costas.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC
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