Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00136-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00136-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2020-00136-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Tema: Pensión de sobrevivientes. Condición más beneficiosa y
principio de favorabilidad. Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el
Decreto 758 de 1990
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 20 de enero de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Tercera de decisión, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1. La demanda2 y la subsanación de la demanda3
1.1. Las pretensiones
Rodrigo Franco Buriticá, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4, solicitó se
declarara la nulidad de:
La Resolución RDP 015857 del 03 de mayo de 2018 expedida por la
Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP
1 En adelante UGPP
2 Se presentó demanda laboral ordinaria la cual fue repartida al Juzgado primero laboral del circuito
de Pereira que mediante auto del 28 de noviembre de 2019 ordenó su remisión a los Juzgados
Administrativos del circuito por falta de jurisdicción. El juzgado 4 administrativo de Pereira en auto
del 13 de enero de 2020 inadmitió la demanda y otorgó el término de 10 días para subsanarla en los
términos del CPACA, específicamente, en lo previsto en los artículos del 162 al 165. Visible a índice
14 de samai de Juzgados y Tribunales, expediente digital.
3 Ibidem
4 En adelante CPACA
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
mediante el cual se le negó la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento
de su cónyuge Melba Naranjo Mesa.
La Resolución RDP 028181 del 13 de julio de 2018 mediante la cual el
director de Pensiones de la UGPP resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra la Resolución RDP 015857 del 03 de mayo de 2018,
confirmándola en su integridad.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó se condenara a la UGPP (i) al
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a su favor a partir del 10 de
julio de 2000 en la cuantía que corresponda, incluida las mesadas de junio y
diciembre y los reajustes anuales legales (ii) el pago de las sumas reconocidas
debidamente actualizadas y (iii) dar cumplimiento de la sentencia en los términos
de los artículos 192 y ss. del CPACA
1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes5:
• Melba Naranjo Mesa nació el 8 de mayo de 1949.
• Mediante resolución número 6532 del 16 de junio de 2017 la Registraduría
Nacional del Estado Civil ordenó la corrección póstuma de la cédula de
ciudadanía número 32.259.375, en relación con el nombre y la fecha de
nacimiento de Melba Naranjo Mesa.
• Rodrigo Franco Buriticá y Melba Naranjo Mesa contrajeron matrimonio el día
2 de diciembre de 1989, según consta en el registro civil de matrimonio con
indicativo serial 07235033 y en condición de cónyuges convivieron de
manera ininterrumpida desde la fecha de celebración del matrimonio hasta la
fecha del deceso de Melba Naranjo Mesa.
• Melba Naranjo Mesa falleció el 9 de julio de 2000, según consta en el registro
civil de defunción con indicativo serial 07068351.
• Melba Naranjo Mesa prestó servicios a las siguientes entidades por el tiempo
que se relaciona a continuación y en las entidades de previsión que se
reseñan:
5 Índice 14 samai de Juzgados y Tribunales, archivo
«14_014ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS(.PDF) NroActua 14»
2
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
• Mediante radicado 201850050263652 del 31 de enero de 2018 Rodrigo
Franco Buriticá solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes de su cónyuge Melba Naranjo Mesa al amparo del principio
de la condición más beneficiosa y con fundamente en el Acuerdo 049 de 1990
aprobado por el Decreto 758 de 1990, prestación que fue negada por la
UGPP mediante resolución RDP 01587 del 03 de mayo de 2018 al considerar
que la causante no había cumplido los requisitos previstos en la Ley 33 de
1985.
• Mediante radicado 201850051640604 del 31 de mayo de 2018 Rodrigo
Franco Buriticá interpuso el recurso de apelación contra la resolución RDP
015857 del 03 de mayo de 2018, resuelto por la entidad demandada en
Resolución RDP 028181 del 13 de julio de 2018 en el sentido de confirmar
integralmente la decisión, con el argumento de que la causante no contaba
con 20 años de servicios al momento de su deceso, ni había cotizado 26
semanas dentro del año inmediatamente anterior como lo exige la Ley 100
de 1993 y que no procedía la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 pues este
estaba dirigidos a trabajadores nacionales o extranjeros que prestaran
servicios a patronos privados y en condición de tales hubieran cotizado
únicamente al Instituto de Seguros Sociales6, caso en el que no se hallaba
Melba Naranjo Mesa.
• Por último, Rodrigo Franco Buriticá nació el 11 de septiembre de 1954.
6 En adelante ISS
3
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, 13, 48 y 53 de la Constitución Política;
1,10,11 y 48 de la Ley 100 de 1993; 6, 12 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado
por la Ley 758 de 1990; 1 de la Ley 12 de 1975; 21 del Código Sustantivo del Trabajo
y del1 al 5 de la Ley 153 de 1887.
En cuanto al concepto de violación7, se expuso que la entidad demandada incurrió
en la violación de las normas citadas por aplicación indebida, infracción directa e
interpretación errónea, en tanto, las decisiones adoptadas por la entidad
demandada son contrarias a los fines esenciales del Estado, toda vez que los
postulados constitucionales tienen aplicación intemporal y, por ende, su inaplicación
o discriminación a situaciones o hechos anteriores a la vigencia de la Constitución
Política y de la Ley 100 de 1993 frente a un destinatario de la seguridad social,
resulta violatorio de los principios constitucionales de la irrenunciabilidad a los
mínimos derechos laborales, primacía de la realidad y favorabilidad, todo, como
consecuencia de la inaplicación del inciso 48 del artículo 48 de la Ley 100 de 1993.
Asimismo, argumentó que estaba probado el cumplimiento de los requisitos
previstos en la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes al amparo del régimen dispuesto para el ISS antes del 1 de abril de
1994 por disposición directa del inciso 4 del artículo 48 ejusdem, en aplicación de
los principios de favorabilidad y de la condición más beneficiosa, con fundamento
en que: (i) Melba Naranjo Mesa tuvo la condición y status de afiliada del ISS antes
de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, exactamente entre el
12 de diciembre de 1988 y el 30 de octubre de 1991, entidad a la que le cotizó
193.86 semanas, (ii) es posible la acumulación de tiempos de servicios públicos y
privados anteriores a la Ley 100 para el reconocimiento de prestaciones y pensiones
contenidas en los dos regímenes -RPM y RAIS- (iii) el inciso 4 del artículo 48 citado
no estableció que solo los afiliados al ISS tendrían derecho a la aplicación del
régimen de pensión de sobrevivientes del ISS anterior a la vigencia de la Ley 100
de 1993, (iv) cuando en la disposición se hace referencia a las «condiciones
establecidas por dicho instituto», no quiere decir a que solo el ISS debe reconocer
pensiones al amparo del régimen del ISS -Acuerdo 049 de 1990-, porque entonces
las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) que administran el Régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) no habrían sido condenadas a pagar
pensiones de sobrevivientes con fundamento en las disposiciones aplicables al ISS9
y (v) no existe razón jurídica para dejar de aplicar la norma prevista para el ISS
7 Índice 14 samai de Juzgados y Tribunales, archivo «1_001CUADERNOUNO1A204P(.PDF)
NroActua 14»
8 «No obstante lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar por una pensión de
sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, vigente con anterioridad
a la fecha de vigencia de la presente Ley equivalente al 65% del ingreso base de liquidación, siempre
que se cumplan las mismas condiciones establecidas por dicho instituto»
9 Como se advierte en la Sentencia de la Corte Suprema de justicia del 05 de septiembre de 2001.
Radicado 15.667 M.P. Dr. Fernando Vásquez Botero
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 a una empleada pública que
hizo aportes tanto al ISS como a otras entidades de previsión, por más de 16 años,
entidades, que igualmente administraban el régimen de pensiones, en tanto, el
inciso 4 del artículo 48 ejusdem se refiere al régimen existente y no a afiliados o
aportantes a una u otra entidad de previsión social.
Por lo tanto, concluyó que a la causante le eran aplicables las disposiciones dirigidas
para el ISS antes del 1 de abril de 1994 -fecha de entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993-, esto es, el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990,
pues prestó servicio al estado y cotizó al ISS acumulando un tiempo superior a 16
años, más exactamente 871 semanas, de las cuales 835 corresponden a tiempo
anterior al 1 de abril de 1994.
En ese sentido, solicitó que se de aplicación al criterio de la Corte Suprema de
Justicia según el cual no puede tener mayor beneficio quien cotizó 26 semanas en
el último año antes del fallecimiento, que, quien cotizó 871 semanas de las cuales
835 fueron anteriores a la Ley 100.
Finalmente, adujó que del contenido del artículo 12 literal b) del Acuerdo 049 de
1990 no se deduce, como lo entiende la entidad demandada, que las 500 semanas
que legitiman la pensión de vejez al amparo de esta norma, deban cotizarse de
manera exclusiva al ISS, pues la única exigencia es haber cotizado 500 semanas
durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima y al ser el régimen
más favorable debió ser el aplicado.
2. Contestación de la demanda
La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se
expresan a continuación10:
Inexistencia de obligación legal, comoquiera que, no se configura en el presente
caso el derecho pensional de manera post mortem de Melba Naranjo Mesa en el
marco del régimen de transición y, por ende, tampoco el derecho pensional en
calidad de cónyuge supérstite en cabeza de Rodrigo Franco Buriticá, porque la
causante si bien era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 le era
aplicable la Ley 33 de 1985 y no contó a la fecha de su fallecimiento con el tiempo
mínimo correspondiente a 20 años de servicio puesto que solo acreditó 867
semanas, esto es, 16 años, 10 meses y 17 días.
Ahora bien, en cuanto a los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes
Melba Naranjo Mesa realizó cotizaciones hasta el 12 de diciembre del año 1994,
por lo tanto, a su fallecimiento el 9 de julio de 2000 llevaba más de 4 años sin cotizar.
10Índice 14 samai de Juzgados y Tribunales, archivo «4_004CONTESTACIONUGPPP(.PDF)
NroActua 14»
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Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
Por consiguiente, no cotizó las 26 semanas del año inmediatamente anterior al
momento en que se produjo su muerte como lo exige la Ley 100 para dejar causada
la pensión de sobrevivientes a su(s) beneficiario(s).
Con relación a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758
de 1990, su artículo 1 dispuso que, solamente le era aplicable a los trabajadores
nacionales o extranjeros que prestaron sus servicios a patronos particulares
mediante contrato de trabajo o de aprendizaje, a los funcionarios de seguridad social
del ISS o a los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas
con las pensiones de vejez a cargo del ISS o asumidas totalmente por él, calidades
que no ostentaba la causante. Por lo tanto, no era procedente realizar el análisis de
la prestación pensional reclamada bajo el citado acuerdo.
Agregó la buena fe en la labor misional de la entidad de previsión por la estricta
aplicación de la Constitución, la ley y el precedente jurisprudencial que le permite
conceder o negar prestaciones ajustadas a derecho, decisiones, amparadas por la
presunción de legalidad del acto que garantiza seguridad jurídica en la decisión
prestacional, por lo que está a cargo del demandante controvertir tanto la buena fe
como la presunción de legalidad de los actos acusados. Finalmente, solicitó que de
accederse a las pretensiones se declare la prescripción prevista para las acciones
y prestaciones periódicas.
3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de decisión, en sentencia
proferida el 20 de enero de 2022 negó las pretensiones de la demanda, para tal
efecto, se pronunció en los siguientes términos11:
En síntesis, el Tribunal indicó que de conformidad con el principio de favorabilidad
resultaría aplicable al caso en concreto el Acuerdo 049 de 1990 en el que se exigían
500 semanas para obtener la prestación pensional por vejez y la consecuente
prestación por muerte, pues no se cumplían los presupuestos exigidos en la Ley
100 de 1993 vigente al momento del fallecimiento de la causante, esto es, haber
cotizado 26 semanas con posterioridad a su vigencia, si estuviere cotizando al
sistema o 26 semanas dentro del año anterior a la muerte de aquel si no estuviere
cotizando y, comoquiera que, las cotizaciones de Melba Naranjo Mesa fueron entre
1976 y 199412 a su fallecimiento en el 2000 era claro que no había cotizado 26
semanas en el año anterior ni se hallaba afiliada al sistema, no obstante, el Acuerdo
049 no le era aplicable porque según lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 758
de 1990 son beneficiarios de las previsiones contenidas en dicha norma : «a) los
trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a patronos particulares
11 Índice 23 samai de Juzgados y Tribunales
12 Entre las cuales se advierte cotización de 34 semanas en vigencia de la Ley 100 de 1993, del 21
de octubre de 1991 hasta el 12 de diciembre de 1994.
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Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
mediante contrato de trabajo o de aprendizaje; b) Los funcionarios de seguridad social del
Instituto de Seguros Sociales y, c) Los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan
a ser compartidas con las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o
asumidas totalmente por él». Calidades de las que no gozó Melba Naranjo Mesa y
aunque algunas entidades públicas optaron por afiliar a sus empleados al ISS, a
quienes, por consiguiente, les cobijaba el acuerdo, tampoco resultó ser el caso de
la causante.
Establecido lo anterior, precisó que la norma aplicable para analizar el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes era la contenida en la Ley 100 de
1993, en la medida en que si bien la causante estuvo afiliada al ISS, en el período
comprendido del 12 de diciembre de 1988 hasta el 30 de octubre de 1991, siendo
su última afiliación a CAJANAL -en el periodo del 21 de octubre de 1991 hasta el 12
de diciembre de 1994, entre otras,- no ostentó las calidades cobijadas por el
Acuerdo 049 de 1990, lo que hacia improcedente el reconocimiento pretendido bajo
sus disposiciones. Por consiguiente, no era posible que una entidad distinta al ISS
reconociera pretensiones del Acuerdo cuando este era privativo de los afiliados a
dicho instituto, ni atribuir una carga prestacional a la UGPP de resorte exclusivo del
ISS respecto de sus afiliados bajo el criterio del principio de favorabilidad.
Agregó que, aun cuando la Corte Constitucional ha indicado que, en el
establecimiento de regímenes pensionales especiales no puede ser admisible que
se excluya a un grupo de pensionados de un beneficio que se otorga a la
generalidad del sector, este postulado no se acomodaba al caso concreto ya que el
Decreto 758 de 1990 no contenía un régimen general de pensiones que hubiere
sido modificado o derogado por la Ley 100 de 1993 y que implicara una
discriminación frente a algún grupo poblacional con régimen especial menos
favorable.
Asimismo, señaló que, si bien en sentencia SU-769 de 2014 la Corte Constitucional
fijó un precedente sobre el alcance del régimen previsto en el artículo 12 del Decreto
758 de 1990 y la posibilidad de acumular las cotizaciones realizadas al ISS y a otras
entidades administradoras de los beneficiarios del régimen de transición, para que
las personas cubiertas por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 tuvieran derecho a que Colpensiones, al definir el reconocimiento de la
pensión, acumulara el número de semanas cotizadas al ISS con otros tiempos de
cotización públicos, a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos prescritos en
el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, esto es, 500 semanas durante los 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 semanas en cualquier tiempo, la
causante tampoco cumplió con todos los requisitos establecidos en la mencionada
norma.
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Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
4. El recurso de apelación
Rodrigo Franco Buriticá interpuso recurso de apelación13 en el cual solicitó que se
revocara la sentencia proferida en primera instancia, con fundamento en los
siguientes argumentos:
El Tribunal Administrativo de Risaralda no le dio el enfoque requerido a la situación
fáctica planteada, pues solo se detuvo en determinar si la causante estaba o no
afiliada al sistema o había cotizado 26 semanas en el año anterior a su fallecimiento,
sin realizar una interpretación integral con los principios previstos en los artículos 48
y 53 de la Constitución y desarrollados en los artículos 1 al 8 de la Ley 100 de 1993.
Señaló que, como la causante Melba Naranjo Mesa había nacido el 8 de mayo de
1949, contaba con más de 35 años de edad y 15 años de servicios cotizados al 01
de abril de 1994 era beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 lo que le permitía acogerse al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto
758 de1990, en tanto, estuvo afiliada e hizo aportes al ISS antes de la entrada en
vigencia del sistema general; Luego, según el parágrafo del artículo 36 de la Ley
100 para el reconocimiento de la pensión de vejez se debía tener en cuenta las
sumas cotizadas al ISS y a las demás cajas o fondos de seguridad social públicos
y privados y aplicarse el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 que exigía 500
semanas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de edad mínima,
lo que cumplió y pese a que al fallecimiento de Melba Naranjo no había alcanzado
la edad mínima para obtener la prestación, ello, que no era razón para negarla
porque el artículo 1 de la Ley 12 de 1975 estableció que se tendría el derecho
pensional si al fallecimiento no se cumplió con la edad cronológica pero si con las
semanas de cotización.
Frente a que el Acuerdo 049 de 1990 no resulta aplicable a la causante porque no
cotizó las 500 semanas en el ISS, adujo ser una apreciación injusta e inequitativa
pues del artículo 12 ejusdem no se deduce que las 500 o 1000 semanas que dan
derecho a la pensión de vejez deban ser cotizadas exclusivamente en el ISS, en
tanto, no era lógico que una entidad deba tener en cuenta para la pensión de vejez
todas las semanas cotizadas al sistema pero se le permita escindirlas entre las
entidades de previsión a las que se le hicieron aportes, para definir, que solo podrían
tenerse en cuenta las cotizadas exclusivamente al ISS hoy Colpensiones, como si
las demás semanas no constituyeran un bono pensional o una cuota parte para la
pensión reclamada; luego, el régimen de transición debe tener en cuanta todas las
semanas cotizadas antes y después de entrar en vigencia la Ley 100, es decir,
atender a la posibilidad de acumular tiempo de servicio del sector público a cajas o
fondos de previsión social y del sector privado cotizados al ISS de conformidad con
la sentencia SU-769 de 2014 para el reconocimiento pensional.
13 Índice 27 samai de Juzgados y Tribunales
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
Con fundamento en todo lo anterior, solicitó dar aplicación directa del inciso 4 del
artículo 48 de la Ley 100 para adquirir el derecho a la pensión de sobrevivientes
equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS por el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, pues el inciso mencionado
alude «No obstante lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar por una pensión
de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, vigente con
anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley equivalente al 65 % del ingreso base
de liquidación, siempre que se cumplan las mismas condiciones establecidas por dicho
instituto.» y no como erradamente se indicó en instancias anteriores que este artículo
solo está dirigido a los afiliados al ISS y no a otros afiliados que hicieron aportes a
otras entidades de previsión o que prestaron servicios como empleados públicos.
En ese sentido, concluyó que Melba Naranjo Mesa estuvo afiliada al ISS entre el 12
de diciembre de 1988 y el 30 de octubre de 1991, período en el cotizó 193.86
semanas, el inciso 4 del artículo 48 de la Ley 100 no estableció que solo los afiliados
al ISS tendrían derecho a la pensión de sobrevivientes del ISS contenida en el
Acuerdo 049 de 1990, luego, no existe razón para dejar de aplicar la norma prevista
para el ISS antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 a una empleada
pública que hizo aportes no solamente al ISS sino además a otras entidades de
previsión por más de 16 años, entidades que igualmente administraban el régimen
de pensiones.
5. Pronunciamientos en segunda instancia
El demandante14 reiteró que la causante contaba con 871.42 semanas cotizadas,
de las cuales 750 se habían acreditado al sistema de pensiones incluido al ISS por
lo que le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990. Asimismo, precisó que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, en desarrollo del principio de la condición más
beneficiosa ha concluido que es procedente, por razones de favorabilidad, acudir al
régimen anterior a la Ley 100 de 1993 y proteger los derechos de personas, que
como la causante, habían cotizado al sistema de pensiones las semanas exigidas
para transmitir la pensión a sus supérstites, en el caso particular, más de 750, lo
cual, por demás, representa incluso más del 75% del tiempo exigido para la pensión
de vejez, al amparo del régimen de transición, así como de la procedencia de la
acumulación de semanas para aplicación del régimen de transición sin
discriminación alguna.
La UGPP guardó silencio en esta oportunidad.
14 Índice 11 de samai
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
II. Consideraciones
1. El problema jurídico
Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes: ¿es procedente el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de Rodrigo Franco Buriticá
como beneficiario de Melba Naranjo Mesa en aplicación del Acuerdo 049 de 1990
aprobado por el Decreto 758 de 1990 en virtud del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 cuando la cotizante inactiva al momento de su fallecimiento no acreditó
26 semanas cotizadas dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que se
produjo su muerte?
Para resolver el problema jurídico propuesto la Sala se referirá (i) al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 (ii) al régimen pensional previsto en el Acuerdo
049 de 1990, (iii) a la pensión de sobrevivientes y (iv) finalmente, el caso en
concreto.
2. Marco normativo y jurisprudencial
2.1. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993
Por medio de la Ley 100 de 1993 fue creado el Sistema General de Pensiones cuyo
fin es garantizar el amparo a la población para contingencias provenientes de la
vejez, la invalidez y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de las
expectativas legítimas de los empleados que reunían ciertos requisitos al momento
de la entrada en vigencia de la citada norma -1º de abril de 1994 y 30 de junio de
1995 para empleados del orden nacional y territorial, respectivamente-, se estipuló
un régimen de transición en el artículo 36 ibidem, en el cual se estableció lo
siguiente:
«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años
para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual
la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62
para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.»
Según cita anterior, se consolida como beneficiario del régimen de transición el
trabajador que al 1 de abril de 1994 contara con 35 o 40 años de edad o más si es
mujer u hombre, respectivamente, o 15 años o más de servicios cotizados.
10
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
Sobre el particular, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como
instrumento de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban
próximos a pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la
norma anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y
tasa de retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos
a partir de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.
Al respecto, el Consejo de Estado fue del criterio de que el IBL sí hacía parte de la
transición; en efecto, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda
el 4 de agosto de 201015 así se refirió al tema:
«la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un
beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos,
para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio
o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo
establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre
las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con
apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente
sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma
taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que
los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos
devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios. Esta
decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la
Sección Segunda de esta Corporación.»
La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, fijó reglas
y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante
y obligatorio16 en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «(…) a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado
la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables»
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación:
250002325000200607509 01
16 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)»
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
En la mencionada sentencia se fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL en
el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»
La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de
transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el
previsto en el inciso 3 de dicha norma.»
En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia de
todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos para
sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional. «Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la
Sala:
«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición
abarcaría varias décadas.
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables. (…)»
Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera, se refiere al periodo
para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 -edad, tiempo y tasa de reemplazo-
, y se fijó en los siguientes términos:
«(…)
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
(…)»
La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:
«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual, en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse
como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (…)»
De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para quienes
son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso 3 del artículo 36 o el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan
con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.». Sin embargo, aunque la citada providencia
únicamente hizo alusión a los parámetros de aplicación del régimen previsto en la
ley 33, lo cierto es que junto a ese cuerpo normativo coexistían otros que regulaban
la situación pensión de los beneficiarios de la transición, normas que, entre otras,
fueron expedidas para aquellos servidores que por sus labores realizaron
cotizaciones tanto del sector público como el privado y al menos una parte en el
Instituto de Seguros Sociales.
La Sala Plena también sostuvo:
«No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
la causal invocada. Como uno de los efectos de esta decisión comprende los procesos
administrativos en curso, la Sala solicita de manera imperiosa a las entidades
administradoras de pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida que,
al momento de efectuar el reconocimiento de la pensión, expliquen precisa, completa y
detalladamente cada uno de los factores y/o valores numéricos tenidos en cuenta en la
liquidación, de forma que sea comprensible al usuario y garantice un debido proceso
administrativo.»
2.2. Régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado
por el Decreto 758 de 1990
Mediante el Acuerdo 049 de 1990 el Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios expidió el «reglamento general del seguro social obligatorio de
invalidez, vejez y muerte» el cual fue aprobado a través del Decreto 758 de 1990 y
en sus artículos 1 y 2 estableció su campo de aplicación así:
«Artículo 1° Afiliados al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Salvo las excepciones
establecidas en el artículo 2° del presente Reglamento, estarán sujetos al seguro social
obligatorio contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen no profesional:
1. En forma forzosa u obligatoria:
a) Los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a patronos
particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje;
b) Los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y,
c) Los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con las
pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente por
él.
2. En forma facultativa:
a) Los trabajadores independientes;
b) Los sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades Religiosas y,
c) Los servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de julio de 1977 se
encontraban registradas como patronos ante el ISS.
3. Otros sectores de población respecto de quienes se amplíe la cobertura del régimen
de los seguros sociales obligatorios.
Artículo 2° Personas excluidas del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Quedan
excluidos del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte:
a) Los trabajadores dependientes que al inscribirse por primera vez en el Régimen de
los Seguros Sociales, tengan 60 o más años de edad;
b) Los trabajadores independientes que se afilien por primera vez con 50 años de edad
o más, si se es mujer, o 55 años de edad o más, si se es varón;
14
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
c) Los trabajadores dependientes que al momento de iniciarse la obligación de
asegurarse se encuentren gozando de una pensión de jubilación a cargo de un patrono
o que de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo, tengan adquirido el derecho
a la pensión de jubilación:
d) Las personas que se hayan pensionado por el Régimen de los Seguros Sociales
Obligatorios o hubieren recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o de
invalidez por riesgo común, salvo para el caso de invalidez, que ésta hubiere cesado o
desaparecido, en virtud de los programas de readaptación y rehabilitación por parte del
Instituto;
e) Las personas que ejecuten trabajos ocasionales, accidentales y transitorios, cuya
duración sea inferior a un (1) mes;
f) Los trabajadores por cuenta propia.
Parágrafo. La indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez podrá llegar a
convertirse en pensión de invalidez previos los estudios actuariales.
g) Salvo lo previsto en tratados internacionales, los extranjeros que ingresen al país en
virtud de un contrato de trabajo de duración fija no mayor de un año y mientras esté
vigente este contrato y los que por depender de empresas subsidiarias o filiales de
organizaciones extranjeras que cubran varios países, estén sujetos a ser trasladados al
exterior en cualquier tiempo, siempre que dichas organizaciones los tengan protegidos
con algún Régimen de Seguro por los mismos riesgos.
La excepción en cada caso deberá ser solicitada al Instituto, adjuntándose las pruebas
correspondientes;
h) Las demás personas, grupos o sectores de población que de conformidad con
reglamentos especiales, hubieren sido excluidos de este seguro.
Parágrafo. Salvo el caso de afiliación fraudulenta, los afiliados que exceptuados
expresamente por este artículo, cotizaren para los riesgos respecto de los cuales se
encontraren exonerados, tendrán derecho a la devolución de los aportes patrono -
laborales de conformidad con el Reglamento General de Registro, Inscripción, Afiliación
y Adscripción.»
En su artículo 12 estableció los siguientes requisitos para acceder a la pensión de
vejez:
«Artículo 12. Requisitos de la pensión de vejez: Tendrán derecho a la pensión de vejez
las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años
de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la[s] edades mínimas, o haber acreditado
un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo».
Con el fin de acreditar el cumplimiento del número de semanas exigidas por la citada
norma, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en reciente pronunciamiento
permitió sumar semanas cotizadas al seguro social y los tiempos laborados al
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
servicio de entidades públicas para el reconocimiento pensional. Al respecto
señaló17:
«(…) ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior
precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas
en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad,
aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse
con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados
a entidades públicas»
En la misma línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en providencia del 23
de abril de 202018 reconoció la posibilidad de acumular tiempos de servicio, así:
«(…) la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de esta Sección han establecido
la posibilidad de acumular tiempos de servicios cotizados a cajas o fondos de previsión
social o que, en todo caso, fueron laborados en el sector público o privado y debieron
ser cotizados, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales, indicando
que dicha posibilidad opera tanto para acreditar las 500 semanas de cotización dentro
de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad como las 1000 semanas de tiempo
cotizadas en cualquier tiempo».
Igualmente, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-769 de 2014 reiteró dicha
posición por ser la más acorde al principio de favorabilidad. En esta providencia
concluyó que «la postura de la Corte Constitucional ha sido pacífica, uniforme y reiterada
en lo que se refiere a la posibilidad de acumular tiempos de servicio cotizado a cajas o
fondos de previsión social o que en todo caso fueron laborados en el sector público y
debieron ser cotizados, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales, para
efectos del reconocimiento de la pensión de vejez.» oportunidad en la que aclaró que la
acumulación de los tiempos de servicio incluso incluye las semanas laboradas en el
sector público respecto de las cuales el empleador no efectuó ninguna cotización o
no realizó el correspondiente descuento.
Así las cosas, es clara la posibilidad de acreditar tiempos aportados a distintas cajas
de previsión social públicas o privadas para el reconocimiento pensional con
fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, a la misma conclusión llegó esta esta Sala
de decisión en sentencia del 27 de julio de 202319.
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 1.º de julio de 2020, radicación
70918 (SL1947-2020), M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez, en el mismo sentido ver, entre otras,
SL1981-2020, SL1947-2020, SL 74937, 26 ago. 2020, SL 55270, 26 ago. 2020 y SL5147-2020, 21
oct. 2020.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia de 23 de abril de 2020, expediente
con radicación 25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 27 de julio de 2023, expediente
con radicación 66001-23-33-000-2017-00580-01 (0220-2021), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
2.3. De la pensión de sobrevivientes
Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de
vida de aquellos20.
En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de un
pensionado cuando ocurre su deceso o del afiliado que cumple con los requisitos
legalmente exigibles para ello, pero fallece; mientras que la pensión de
sobreviviente es aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado no
pensionado que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la
prestación21.
Para la Sala no cabe duda de que en los asuntos relativos al derecho a pensión de
sobrevivientes la prestación se genera a partir de la muerte del causante y, por lo
tanto, en principio, la normativa aplicable es la vigente al momento de la ocurrencia
del deceso22. De acuerdo con lo anterior, la Ley 100 de 1993, en su versión original,
sobre la pensión de sobrevivientes dispuso:
«ARTÍCULO 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho
a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo
común, que fallezca.
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere
cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, y
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se
produzca la muerte.
PARAGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente
ley.
ARTICULO 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de
octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve
21 Sentencia T-564 de 2015
22 Al respecto de pueden consultar: (i) del Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo,
sección segunda, subsección A, sentencia de 1° de septiembre de 2014, C. P. Luis Rafael Vergara
Quintero; y (ii) de la Corte Constitucional, sentencia T-217 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez
hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos
con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el
pensionado fallecido;
b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez;
c) A falta del cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste, y
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste.»
De lo anterior se colige que, con el régimen general de pensiones, los beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes tendrán el derecho sí el afiliado al sistema que
fallece cotizó por lo menos 26 semanas al momento de la muerte o sí el cotizante
inactivo cotizó por lo menos 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior al
momento en que se produjo la muerte -con anterioridad a la modificación introducida
por la referida Ley 797 de 2003-.
3. Caso concreto
La Sala encuentra acreditado que23:
• Melba Naranjo Mesa nació el 8 de mayo de 1949
• Prestó sus servicios en los sectores público y privado con un acumulado de
alrededor de 871.42 semanas de cotización, así:
Empleador Desde Hasta Entidad de Días cotizados
previsión
D/pto de Risaralda 19-05-1976 28-12-1976 Cajanal 220
Contraloría G/ral Caseris
18-08-1977 16-11-1978 449
D/pto de Risaralda
Contraloría G/ral Cajanal
28-06-1979 14-09-1986 2597
de la República
Municipio de C.P. municipal
16-09-1986 31-08-1987 345
Pereira
Mercadeo de ISS/COLP
12-12-1988 30-10-1991 1357
Risaralda S.A
ICBF 21-10-1991 12-12-1994 Cajanal 1132
Total días cotizados 6100
Total semanas cotizadas 871.42
• Murió el 9 de julio del 2000 según Registro Civil de defunción No. 07068351
23 Índice 14 samai de Juzgados y Tribunales, archivo
«14_014ANTECEDENTESADMINISTRATIVOS(.PDF) NroActua 14»
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
• Rodrigo Franco Buriticá y Melba Naranjo Mesa contrajeron matrimonio el día
2 de diciembre de 1989, según consta en el registro civil de matrimonio con
indicativo serial 07235033
• Rodrigo Franco Buriticá presentó declaración juramentada en la que
manifestó que «(…) [Q]ue conviví Casado por le Iglesia Católica durante 11 años,
viviendo bajo el mismo techo y compartiendo lecho y mesa desde el día de mi
matrimonio desde el 2 de Diciembre de 1989, de forma continua e ininterrumpida
con la señora MELBA NARANJO MESA, quien en vida se Identificaba con cédula
de ciudadanía No. 32.529.375 expedida en Medellín (Antioquia) y hasta el día de su
fallecimiento en Cartagena Bolívar el 09 de Julio de 2000, según consta en el
registro de defunción Serial No. 07068351 de la Notaria Cuarta del Circuito de
Cartagena y de cuya unión NO procreamos hijos, manifiesto que compartimos
nuestros gastos económicos desde el día de nuestro matrimonio hasta su muerte.
Igualmente declaro que NO conozco la existencia de más hijos propios, hijos
adoptivos, reconocidos o por reconocer y NO conozco de la existencia de más
personas con igual o mayor derecho a reclamar que yo (…)»
• Martha Lucia Marulanda de Buitrago y María Gladys Giraldo Grajales
presentaron declaración juramentada en la que manifestaron conocer a
Rodrigo Franco Buriticá por amistad hace mas de 30 años y que convivió de
manera permanente y que compartieron techo, lecho y mesa en matrimonio
católico con Melba Naranjo hasta la fecha de su fallecimiento de forma
continua e ininterrumpida, que no procrearon hijos y que la causante no dejo
hijos extramatrimoniales.
• Mediante radicado 201850050263652 del 31 de enero de 2018 Rodrigo
Franco Buriticá solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes de su cónyuge Melba Naranjo Mesa al amparo del principio
de la condición más beneficiosa y con fundamente en el Acuerdo 049 de 1990
aprobado por el Decreto 758 de 1990, prestación que fue negada por la
UGPP mediante resolución RDP 01587 del 03 de mayo de 2018 al considerar
que la causante no había cumplido los requisitos previstos en la Ley 33 de
1985.
• Mediante radicado 201850051640604 del 31 de mayo de 2018 Rodrigo
Franco Buriticá interpuso el recurso de apelación contra la resolución RDP
015857 del 03 de mayo de 2018, resuelto por la entidad demandada en
Resolución RDP 028181 del 13 de julio de 2018 en el sentido de confirmar
integralmente la decisión, con el argumento de que la causante no contaba
con 20 años de servicios al momento de su deceso, ni había cotizado 26
semanas dentro del año inmediatamente anterior como lo exige la Ley 100
de 1993 y que no procedía la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 pues este
estaba dirigidos a trabajadores nacionales o extranjeros que prestaran
servicios a patronos privados y en condición de tales hubieran cotizado
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
únicamente al Instituto de Seguros Sociales24, caso en el que no se hallaba
Melba Naranjo Mesa.
• Rodrigo Franco Buriticá nació el 11 de septiembre de 1954.
3.1. Análisis sustancial
3.1.1. En relación al régimen de transición de la Ley 100 de 1993
De acuerdo con lo expuesto, que Melba Naranjo Mesa era beneficiaria del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto al 1 de abril de
1994, fecha en que entró en vigencia el sistema, contaba con más de 35 años de edad.
3.1.2. En relación con el régimen pensional aplicable al causante
En consideración a que las pretensiones de la demanda, se dirigen a lograr el
reconocimiento del derecho pensional bajo el régimen establecido en el Acuerdo 049
de 1990 aprobado mediante Decreto 758 de 1990, debe señalarse que en el plenario
se encuentra que i) la causante, Melba Naranjo Mesa, cotizó por última vez el 12 de
diciembre de 1994 a Cajanal; ii) acreditó aportes para pensión por alrededor de 871.42
semanas; iii) dentro de las semanas cotizadas acreditó alrededor de 193 al ISS, en el
período comprendido entre el 12 de diciembre de 1988 y el 30 de octubre de 1991 y
iv) a la fecha del fallecimiento, el 9 de julio del 2000, tenía 51 años de edad.
Ahora bien, de un lado la parte demandante solicita la aplicación del Acuerdo 049 de
1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990 en virtud del principio de favorabilidad y de
otro lado la UGPP, como en efecto lo dispuso en las resoluciones acusadas, indica
que corresponde la aplicación de la Ley 33 de 1985, en tanto, como empleada oficial
el último período de aportes de Melba Naranjo fue hasta el 12 de diciembre de 1994
en Cajanal y pese a ser beneficiaria del régimen de transición no acreditó los 20 años
de servicio tiempo mínimo previsto en la citada Ley, aunado a que no se encontraba
cotizando al sistema, ni acreditó 26 semanas dentro del año anterior al fallecimiento
como lo exige el artículo 46 de la Ley 100 para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes .
Sobre el particular, la Sala no puede olvidar el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta, según el cual, el operador judicial deberá aplicar la
interpretación o la norma más favorable al trabajador. En ese mismo sentido la Corte
Constitucional ha señalado lo siguiente25:
«De otra parte, considera la Corte que la "condición más beneficiosa" para el trabajador, se
encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que
se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien
24 En adelante ISS
25 Corte Constitucional, sentencia C-168 de 1995.
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica
para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. En nuestro Ordenamiento
Superior el principio de favorabilidad se halla regulado en los siguientes términos: "situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho", precepto que debe incluirse en el estatuto del trabajo que expida el
Congreso.
De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada
en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc), o en
una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que
resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo
cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de
idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias
interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya que no le
está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se
estaría convirtiendo en legislador.»
Valga aclara que en efecto el principio de favorabilidad «parte de la existencia de duda
en la aplicación o interpretación de normas vigentes (…)»26, por tanto, excluye la posibilidad
de comparar la ley actual con disposiciones ya derogadas, pues no resultaría viable la
aplicación de legislaciones anteriores a fin de buscar la que se ajuste a las
pretensiones y condiciones del caso particular27, no obstante, es preciso recordar
previo el transito legislativo la Ley 100 para los derechos previstos en regímenes
anteriores a aquellas personas con una expectativa legítima en materia de
pensiones de jubilación y vejez y, en todo caso, los principios rectores en el derecho
laboral.
Dicho esto, la postura de la Corte Constitucional28 según la cual la interpretación más
acorde con los principios de favorabilidad y pro homine, es que la aplicación del
Acuerdo 049 de 1990 permite acumular los tiempos cotizados a entidades públicas y
a empleadores privados para que aquellas personas que acrediten 500 semanas de
cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad puedan acceder
a la pensión de vejez; En el mismo sentido y, como se citó en precedencia, ha fallado
esta Corporación29.
De manera que, para esta Sala es claro que Melba Naranjo Mesa era beneficiaria del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 y, por lo tanto, tenía
derecho a que los requisitos para acceder a su derecho pensional se establecieran de
acuerdo con el régimen anterior, que, según la condición más beneficiosa y la
aplicación del principio de favorabilidad era el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el
Decreto 758 de 1990, comoquiera que, prestó sus servicios en forma discontinua en
26 CSJ SL de 8 de marzo de 2017, exp. 63724, Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, sentencia de 30 de mayo de 2019, expediente 25000-23-42-000-
2013-02235-01 (2602-16) CE-SUJ-016-19.
27 Ibídem.
28 sentencia T-090 de 2009, sentencia T-398 de 2009, sentencia T-583 de 2010, sentencia T-334 de
2011, sentencia T-360 de 2012, sentencia T-063 de 2013 y SU 769 de 2014
29 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia de 23 de abril de 2020, expediente
con radicación 25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
el sector público y privado, durante el periodo comprendido entre el 19 de mayo de
1976 y el 12 de diciembre de 1994, realizó aportes al ISS antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y de acuerdo con la jurisprudencia antes citada es
procedente la acumulación de tiempos cotizados a distintos fondos con los aportes
realizados al ISS, para efectos de aplicar el mencionado acuerdo.
En consecuencia, en el presente caso los requisitos de edad y tiempo de servicio para
acceder a la pensión, consistían en acreditar 500 semanas durante los últimos 20 años
anteriores al cumplimiento de las edad, las cuales cumplió y, 55 años de edad, no
obstante, frente a este último a la fecha del fallecimiento, el 9 de julio de 2000, Melba
Naranjo Mes, tenía 51 años de edad y no alcanzó a cumplirlo, sin embargo, no debe
perderse de vista que este es un requisito de exigibilidad. De manera que para esta
Sala es claro que era beneficiaria del régimen previsto en la aludida norma.
3.1.3. En relación a la normatividad aplicable a la pensión de sobrevivientes
Resuelta esta primera parte y en atención a que la prestación debatida en la presente
causa judicial corresponde al derecho a la pensión de sobrevivientes, debido a que la
causante al momento de su fallecimiento, el 9 de julio de 2000, no disfrutaba de
pensión de jubilación alguna, la Sala procederá a resolver sí al demandante en
condición de cónyuge supérstite de Melba Naranjo le asiste razón jurídica o no para
reclamar a la UGPP el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de
conformidad con el Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 de 1990; o si, por el
contrario debe acudirse a la Ley 100 de 1993 y en cuyo caso sí se colman los
requisitos exigidos en ésta para acceder a la prestación solicitada.
Lo primero que señala la Sala es que no existe discusión en que, a la fecha de deceso
de la causante, Melba Naranjo Mesa, el 9 de julio de 2000, en principio, la norma
aplicable era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, -pues era la
vigente al momento del fallecimiento- que exigía que el afiliado que fallece hubiera
cotizado por lo menos 26 semanas al momento de la muerte o que el cotizante inactivo
hubiera cotizado por lo menos 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior al
momento en que se produjera la muerte.
En lo que corresponde, no se acreditó el número mínimo de semanas necesarias para
acceder al derecho reclamado pues la última fecha de cotización se registró el 12 de
diciembre de 1994, en otras palabras, la causante era una cotizante inactiva que no
aportó durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento
de su muerte. En consecuencia, de la situación fáctica precedente se evidencia que la
causante no dejó causada la prestación de sobrevivientes a sus beneficiarios con la
normativa vigente al momento de su fallecimiento.
No obstante, como en el recurso de apelación se invocó la condición más
beneficiosa y la aplicación del principio de favorabilidad para estudiar el
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
reconocimiento prestacional bajo las disposiciones contenidas en el Acuerdo 049
de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, la Sala se referirá a ello y para
resolver el cuestionamiento se permitirá hacer mención a la jurisprudencia de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.
Pues bien, la Corte Constitucional ha sostenido en materia de pensión de
sobrevivientes la posibilidad de aplicar la condición más beneficiosa como un
mecanismo para guardar las expectativas legítimas de quienes acreditan el requisito
de semanas mínimo de algún régimen derogado. Luego, esta Sala no desconoce el
criterio según el cual el derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento
del fallecimiento del causante pues fue durante su vigencia cuando se produjo el
deceso y, por tanto, cuando se pudo consolidar el presunto derecho reclamado, pero
tampoco desconoce que ha de estudiarse las particularidades de cada caso.
En el presente asunto no puede perderse de vista que se acreditaron las semanas
mínimas exigidas por un régimen anterior para el reconocimiento prestacional, que
a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones no se previó un tránsito
legislativo frente a la pensión de sobrevivientes e invalidez de acuerdo con lo cual
es posible analizar la aplicación de la normatividad inmediatamente anterior al
momento de causarse dicha prerrogativa30, claro, sin que haya tramitado o recibido
una indemnización sustitutiva o la devolución de saldos y los principios
constitucionales de proporcionalidad y equidad.
A propósito, aunque con situaciones fácticas disimiles a las ahora estudiadas, en
providencia del 6 de octubre de 202231 esta Corporación resolvió un asunto en el
que se estudiaba la procedencia de reconocer la pensión de sobrevivientes al
demandado cuando la cotizante al momento de su fallecimiento no acreditó 26
semanas cotizadas dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que se
produjo la muerte -artículo 46 de la Ley 100- ni tampoco contaba con las 50 semanas
cotizadas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a su deceso -
artículo 39 ejusdem- oportunidad, en la que se señaló que a pesar del fallecimiento
de la causante en vigencia de la Ley 797 de 200332 y no haberse cumplido los
requisitos para dejar causada la pensión de sobrevivientes en aplicación de la
condición más beneficiosa era procedente el reconocimiento prestacional pues en
virtud de la Ley 100 se habían cotizado más de 1000 semanas al sistema.
En el sub lite la condición más beneficiosa aplicable a la pensión de sobrevivientes
son las disposiciones del Acuerdo 049 y a efectos de estudiar el cumplimiento de
30 CSJ SL sentencias 8332-2016, Radicación 48260; 7506-2016, Radicación 49831; 17142-2016,
Radicado 53203; 2203-2016, Radicación 61944, y 1051-2016, Radicación 42392; 16867-2015,
Radicación 47022, y 16868-2015, Radicación 54172.
31 Rad 63001-23-33-000-2018-00154-01(6614-2019) C.P. Cesar Palomino Cortés
32 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones" y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.
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Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
los requisitos de tal prestación se debe señalar que, si bien, en un principio
existieron diferencias entre la posibilidad de extender la sumar tiempos del sector
público y las semanas de cotización ante ISS para efectos de obtener el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez en virtud del régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los asuntos relativos a la pensión de
sobrevivientes o de invalidez, estas diferencias fueron superadas.
Sobre el particular la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia33 precisó:
«[…] a fin de permitir la acumulación de los tiempos públicos servidos sin cotizaciones
al Instituto de Seguros Sociales con los aportes sufragados a esa entidad, con la finalidad
de acreditar las exigencias de aportes previstas en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049
de 1990, tanto para la pensión de sobrevivientes como la de invalidez, cuando se invoque
su aplicación en virtud del principio constitucional de la condición más beneficiosa.
[…]
En este punto es oportuno señalar que la parte pertinente de los preceptos acusados
relativa a la posibilidad de la sumatoria de tiempos públicos no cotizados al ISS con los
aportes efectivamente sufragados a esa entidad, a efectos de acceder a la prestación de
vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, son desarrollo del literal f) del artículo 13 de
la Ley 100 de 1993.
En esa medida, guarda coherencia con los aspectos mencionados, el entender que para
efectos de definir el requisito mínimo de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del
Acuerdo 049 de 1990, en el caso de las pensiones de sobrevivientes e invalidez, se
puede acudir a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y concretamente al artículo 13
literal f) […]
En ese contexto, es claro que fue el propio legislador del año 1993 el que consagró como
criterio rector en seguridad social, la posibilidad de acumular para el acceso a las
distintas pensiones y prestaciones las variadas formas en que los afiliados concurren a
la financiación del sistema. Así, se permitió la sumatoria de las cotizaciones a las
distintas cajas o entidades administradoras del régimen con tiempos de servicios en el
sector público, incluso anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y se previeron los
instrumentos para facilitarla, tales como los bonos pensionales, cálculos actuariales o
cuotas partes pensionales.
La nueva orientación jurisprudencial sobre el tema guarda armonía con el criterio
reciente de la Sala que abrió la posibilidad de adicionar tiempos de servicios públicos no
cotizados al ISS con las semanas efectivamente sufragadas a esa entidad, cuando se
acude en materia de pensiones de vejez a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 en
virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL1981-2020,
CSJ SL1947-2020, CSJ SL 74937, 26 ago. 2020 y CSJ SL 55270, 26 ago. 2020).
[…]
De modo que no existe obstáculo alguno para considerar que a fin de acreditar el número
de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 para las pensiones
de invalidez y sobrevivientes, en virtud del principio de condición más beneficiosa, se
33 Entre otras, en la sentencia CSJ SL5147-2020, CSJ SL2222-2022,
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
puedan adicionar los tiempos públicos sin cotizaciones al ISS y las semanas sufragadas
a esa entidad.
Esta interpretación es la que más se ajusta al ordenamiento jurídico y a las finalidades
propias del derecho a la seguridad social, en tanto garantía fundamental e irrenunciable
de conformidad con los postulados de la Carta Política de 1991, a fin de no dejar en
situación de desprotección a los afiliados o sus beneficiarios cuando se hayan prestado
servicios en el sector público y privado
En dichos términos, la Sala modifica el criterio sobre la posibilidad de computar tiempos
de servicios públicos sin cotizaciones al ISS con los aportes a esa entidad en materia de
pensiones de invalidez y sobrevivientes, cuando se aplica el Acuerdo 049 de 1990 en
virtud del principio de condición más beneficiosa.»
Luego, la sumatoria de tiempos públicos no cotizados al ISS con los aportes
efectivamente sufragados a esa entidad, a efectos de estudiar el reconocimiento de
la prestación de sobrevivientes con las exigencias del Acuerdo 049 de 1990, en
aplicación del principio de la condición más beneficiosa cuando el riesgo que cubre
tal prestación ocurre en vigencia del Sistema General de Pensiones, fue resultado
del desarrollo del literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, pues antes de esta
ley no existía disposición relacionada con la suma de las semanas cotizadas, lo que
sí ocurrió con la expedición de la Ley 100, entre otros, como criterio rector de la
garantía al derecho a la seguridad social, en el citado artículo se estableció:
«Artículo 13. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:
(…)
F. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos
regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a
la vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier Caja, Fondo
o Entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos,
cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio»
Por su parte la jurisprudencia constitucional34, en materia de pensión de
sobrevivientes y de aplicación del principio de la condición más beneficiosa, ha
tenido una relación directa y concordante con la Corte Suprema de Justicia, Sala
Laboral.
Acorde con la jurisprudencia antes mencionada, esta Sala concluye que es
procedente la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de
1990, de conformidad la condición más beneficiosa y la aplicación del principio de
favorabilidad que permite el estudio de la disposición inmediatamente anterior a la
vigente al momento del fallecimiento35, siempre que el afiliado hubiera aportado la
densidad de semanas requeridas para el reconocimiento del derecho pensional.
Ahora bien, determinada la normatividad aplicable a la pensión de sobrevivientes se
34 sentencias T-008 de 2006, T-645 de 2008, T-563 de 2012 y T-1074 de 2012
35 Este criterio, además, por cuanto la causación del derecho fue anterior a que se expidiera el acto
legislativo 01 de 2005 que previo que «Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una
pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de
Pensiones»
25
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en ésta para su
reconocimiento.
En el sub lite, al analizar la controversia bajo los parámetros reseñados, se
establece que la asegurada fallecida se afilió al ISS antes de la vigencia del sistema
general de pensiones, en dicha entidad cotizó alrededor de 193 semanas, que
sumadas con las aportadas en el sector público totalizan alrededor de 871 semanas.
Además, murió el 9 de julio de 2000 en vigencia del artículo 46 original de la Ley
100 de 1993, lo que permite aplicar el principio de condición más beneficiosa a
efectos de que sus beneficiarios puedan reclamar la pensión de sobrevivientes con
base en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, que en
el literal b) del artículo 25 aludía: «Pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo
común. Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a
pensión de sobrevivientes en los siguientes casos: (…) b) Cuando el asegurado fallecido
estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la pensión de invalidez o de vejez según
el presente Reglamento.» en lo correspondiente a la pensión de vejez artículo 12
señalaba:
«Artículo 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de
vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años
de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado
un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.»
Ahora, y como ya se analizó en precedencia estas exigencias de cotizaciones se
cumplen porque de acuerdo con el criterio adoptado en esta providencia, para
acreditar las 500 semanas de aportes antes del 1 de abril de 1994 es posible la
sumatoria de las cotizaciones al ISS con los tiempos se servicios públicos sin
aportes a esa entidad, las que la causante cotizó dentro de los 20 años anteriores
al cumplimiento de la edad de 55 años, el 8 de mayo de 2004, para un total de 871
en toda su vida laboral.
Decantado lo anterior, corresponde verificar sí Rodrigo Franco Buriticá es el
beneficiario de la pensión de sobrevivientes de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, versión original.
Frente al particular, se encuentra por fuera de discusión que el vínculo matrimonial
data del 2 de diciembre de 1989, según registro civil de matrimonio aportado, y que
la convivencia con la demandante estuvo vigente hasta la fecha del deceso de
conformidad con los testimonios y declaraciones extrajuicio rendidos dentro del
proceso por Martha Lucia Marulanda de Buitrago y María Gladys Giraldo Grajales y
el interrogatorio de parte realizado a Rodrigo Franco Buriticá, sin que se observe o
26
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
conozca persona con mejor derecho para recibir la pensión de sobrevivientes
reclamada, según el acervo probatorio obrante en el proceso.
En consecuencia, al demandante se le será reconocida la pensión de sobrevivientes
con base en el Decreto 758 de 1990, al ser beneficiaria del régimen de transición, y
el monto de la liquidación corresponderá al 65 % del ingreso base de liquidación de
confinidad con el inciso 4 del artículo 48 de la Ley 100 de 1993 que señala: «Artículo
46. Monto de la pensión de sobrevivientes (…) No obstante, lo previsto en este artículo, los
afiliados podrán optar por una pensión de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión
de sobrevivientes del ISS, vigente con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley
equivalente al 65% del ingreso base de liquidación, siempre que se cumplan las mismas
condiciones establecidas por dicho instituto.»
En cuanto al ingreso base de liquidación corresponderá al promedio de los salarios
cotizados durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo
el tiempo si este fuere inferior, actualizados anualmente con base en la variación
del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE, -
artículo 21 ejusdem-.
En este punto, la Sala precisa que para el reconocimiento pensional de Rodrigo
Franco Buriticá no es procedente la liquidación con el promedio devengado en las
últimas 100 semanas señaladas en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, toda vez
que de acuerdo con las reglas establecidas por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, a que se hizo alusión en líneas anteriores, dicha norma solo es
aplicable respecto de los requisitos de edad, tiempo de servicio o cotizaciones y
monto, por lo que se insiste el ingreso base de liquidación se calculara de
conformidad con la ley 100.
Ahora bien, teniendo en cuenta que Rodrigo Franco Buriticá presentó reclamación
pensional con fecha de radicación del 31 de enero de 2018, la Sala concluye que
las mesadas causadas con anterioridad a 31 de enero de 2015 se encuentran
afectadas por el por el fenómeno jurídico de la prescripción.
En cuanto a la solicitud de reconocimiento de las mesadas adicionales de junio y
diciembre se accederá a esta pretensión por cuanto la pensión se causó antes de
entrar en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, asimismo, es viable ordenar la
indexación del retroactivo pensional, debido a la necesidad de compensar el poder
adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo.
También es viable autorizar a la entidad demanda a realizar los descuentos que
corresponden por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud en
los términos de los artículos 143 de la Ley 100 de 1993.
27
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
Finalmente, en lo que se refiere a la entidad responsable de reconocer y pagar la
pensión, la jurisprudencia ha señalado que la caja de previsión social responsable
es la última a la que estuvo afiliado quien la solicita36 o en este caso del causante,
en ese caso, Cajanal, ahora UGPP, sin perjuicio del correspondiente cobro a
Colpensiones de los períodos aportados al ISS en virtud del principio de
coordinación exigible también en el régimen de prima media.
4. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.37
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala no condenará en costas a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
36 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 11 de febrero de 2021.
Radicado: 11001-03-25-000-2017-00120-00(0634-17).
37 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
28
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. – Revocar la sentencia proferida el 20 de enero de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de decisión, que negó las pretensiones
de la demanda incoada por Rodrigo Franco Buriticá contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y en
su lugar:
Segundo. - Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 015857 del 03 de mayo
de 2018 y RDP 028181 del 13 de julio de 2018 mediante las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social negó la pensión de sobrevivientes a Rodrigo Franco Buriticá.
Tercero. – Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes a favor de Rodrigo Franco Buriticá con el 65% del
promedio de los salarios cotizados durante los 10 años anteriores al reconocimiento
de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior, con los reajustes legales
correspondientes.
Cuarto. - Declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad a 31 de enero de 2015 tal y como quedó expuesto en la presente
providencia.
Quinto. - Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social el reconocimiento de las
mesadas adicionales de junio y diciembre, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Sexto. – La demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Séptimo. – Autorizar a la entidad demanda a realizar los descuentos que
29
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022)
Demandante: Rodrigo Franco Buriticá
corresponden por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud en
los términos de los artículos 143 de la Ley 100 de 1993.
Octavo. - Sin condena en costas en esta instancia
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
30
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