Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2024-00710-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2024-00710-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 76001-23-33-000-2024-00710-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
12 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 760012333000202400710011
Recursos de apelación contra la sentencia de 22 de enero de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Solicitante: JORGE ARMANDO ARIAS SANTIAGO.
TESIS: NO SE CONFIGURA LA INCOMPATIBILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO
45, NUMERAL 2, DE LA LEY 136, EN CABEZA DEL CONCEJAL MUNICIPAL DE
BOLÍVAR (VALLE DEL CAUCA), POR CUANTO NO SE PROBÓ QUE ACTUÓ,
EJERCIÓ O FUNGIÓ COMO APODERADO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS DEL
RESPECTIVO MUNICIPIO, DURANTE EL PERÍODO PARA EL CUAL FUE ELEGIDO
CONCEJAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el
solicitante y el agente del Ministerio Público contra la sentencia de
22 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual denegó la solicitud de pérdida de
investidura del señor ÁLVARO JOSÉ JIMÉNEZ VARELA, concejal
del municipio de Bolívar (Valle del Cauca), por hechos ocurridos
dentro del período constitucional 2024-2027.
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.
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Número único de radicación: 76001233300020240071001
Solicitante: JORGE ARMANDO ARIAS SANTIAGO
I.- ANTECEDENTES
I.1.- El ciudadano JORGE ARMANDO ARIAS SANTIAGO, actuando
en nombre propio2, solicitó decretar la pérdida de la investidura del
señor ÁLVARO JOSÉ JIMÉNEZ VARELA, concejal del municipio de
Bolívar (Valle del Cauca), por hechos sucedidos dentro del período
constitucional 2024-2027, al considerar que incurrió en la causal
prevista el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136 de 2 de junio de
19943, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre
de 20004, por violación al régimen de inhabilidades. Asimismo, al
estimar que incurrió en la causal establecida en el artículo 45,
numeral 2, de la Ley 136, por transgredir el régimen de
incompatibilidades.
I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, que
la causal de desinvestidura alegada, por violación al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, se configura en atención a que el
señor JOSÉ ÁLVARO JIMÉNEZ VARELA intervino en la gestión de
negocios ante la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de
Bolívar (Valle del Cauca), donde fue elegido concejal, dentro del año
anterior a su elección; y por ser apoderado en tres procesos policivos
ante la mencionada entidad pública del referido municipio.
2 El solicitante presentó solicitud, que fue inadmitida mediante auto de 22 de octubre de 2024.
Posteriormente, allegó memorial, por el cual subsanó y reformó la solicitud, la cual fue admitida por
auto de 31 de octubre de 2024.
3 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios […]”.
4 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
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Número único de radicación: 76001233300020240071001
Solicitante: JORGE ARMANDO ARIAS SANTIAGO
Para el efecto, señaló que en las elecciones de 29 de octubre de 2023
el accionado, quien ostenta la profesión de abogado, resultó elegido
concejal del municipio de Bolívar (Valle del Cauca), para el período
constitucional 2024-2027, cargo del cual tomó posesión el 2 de enero
de 2024.
Indicó que al actuar como apoderado en tres (3) procesos policivos
ante la Inspección de Policía y Tránsito del municipio donde fue
elegido concejal, el accionado incurrió en la causal prevista el artículo
43, numeral 3, de la Ley 136, por violación al régimen de
inhabilidades, que prohíbe a los candidatos o concejales intervenir en
la gestión de negocios ante entidades públicas municipales dentro
del año anterior a su elección.
Agregó que la continuación de su actuación como apoderado en los
referidos procesos policivos, con posterioridad a su elección,
constituye una violación a la causal establecida en el artículo 45,
numeral 2, de la Ley 136, por transgredir el régimen de
incompatibilidades, que prohíbe a los concejales ser apoderados ante
entidades públicas del respectivo municipio.
I.3.- El concejal contestó la solicitud de pérdida de investidura, para
lo cual adujo que no ha incurrido en causal de inhabilidad e
incompatibilidad alguna; y que la solicitud no aporta pruebas para
demostrar la violación al régimen de incompatibilidades.
Señaló que ha sido objeto de un proceso de nulidad electoral, por los
mismos hechos de la solicitud de pérdida de investidura, en el cual
se negaron las pretensiones como se demuestra con la sentencia de
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Número único de radicación: 76001233300020240071001
Solicitante: JORGE ARMANDO ARIAS SANTIAGO
16 de mayo de 2024, proferida dentro del expediente con núm. único
de radicación 76-0001-23-33-000-2023-00949-00, por cuanto al
momento de su posesión como concejal municipal todos y cada uno
de los procesos policivos, en los cuales era apoderado, ya se
encontraban “relegados” de su poder.
Expresó que la representación en los procesos policivos que adelantó
en el 2023 estaría catalogada como una actividad de profesión
liberal, ante una autoridad jurisdiccional, que no puede ser señalada
como una simple gestión municipal.
Afirmó que la carga probatoria recae sobre el solicitante, quien tiene
la responsabilidad de demostrar inequívocamente las causales
invocadas.
Destacó la importancia del debido proceso, para lo cual indicó que la
pérdida de investidura es una acción sancionatoria que debe ser
tratada con rigor legal; que la solicitud no señala pruebas de que
hubiera obtenido beneficios personales, derivados de su rol como
apoderado en dichos procesos policivos, ni demuestra que su
intervención haya influido en decisiones del Concejo Municipal, o
haya afectado su imparcialidad, el interés público o el ejercicio de sus
funciones.
Anotó que cualquier sanción debe basarse en pruebas claras y
contundentes que evidencien una conducta reprochable, conforme a
los principios establecidos por la jurisprudencia.
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Número único de radicación: 76001233300020240071001
Solicitante: JORGE ARMANDO ARIAS SANTIAGO
Solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud, porque se
encuentra ante un entramado conspirativo y una persecución política
en su contra. Asimismo, pidió la protección de sus derechos
democráticos.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, mediante sentencia de 22 de enero de 2025, denegó la
pérdida de investidura del concejal JOSÉ ÁLVARO JIMÉNEZ
VARELA.
Para el efecto, declaró probada la cosa juzgada respecto al elemento
objetivo de la causal de violación del régimen de inhabilidades,
prevista en el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136, modificado por
el artículo 40 de la Ley 617, toda vez que los hechos y fundamentos
jurídicos son idénticos a los analizados en un proceso previo de
nulidad electoral, con núm. único de radicación 76-001-23-33-000-
2023-00949-00, en el cual se profirió la sentencia de 16 de mayo de
2024, la cual quedó debidamente ejecutoriada; y, como
consecuencia de ello, ordenó estarse a lo resuelto en el citado fallo.
Indicó que en dicha sentencia se determinó que la actividad
desarrollada por el accionado, quien actuó como apoderado del señor
Agustín Astudillo ante la Inspección de Policía y Tránsito y la Alcaldía
del municipio de Bolívar (Valle del Cauca), no constituyó una gestión
de negocios ante entidades públicas, ya que dicha actividad fue
jurisdiccional y no estaba encaminada a establecer una relación
contractual o negocio con las entidades estatales, por estar
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Número único de radicación: 76001233300020240071001
Solicitante: JORGE ARMANDO ARIAS SANTIAGO
relacionada con la resolución de conflictos entre particulares, como
la ocupación ilegal de bienes inmuebles.
Asimismo, denegó las pretensiones al considerar que no se demostró
que el concejal accionado haya actuado como apoderado ante
entidades públicas municipales dentro del período constitucional
2024-2027, lo cual es requisito esencial para configurar la causal de
incompatibilidad, establecida en el artículo 45, numeral 2, de la Ley
136.
Señaló que el citado artículo 45, numeral 2, de la Ley prohíbe que los
concejales puedan actuar como apoderados ante entidades públicas
del respectivo municipio o ante las personas que administren tributos
procedentes del mismo, en el marco de los trámites, procedimientos
y procesos administrativos y policivos, cualquiera sea su naturaleza
y regulación, que sean surtidos en el mismo ente territorial para el
cual resultó elegido.
Anotó que, a su vez, el artículo 8º de la Ley 1368 de 29 de diciembre
de 20095 les permitió a los concejales ejercer su profesión u oficio, -
entre otros la abogacía, sin discriminar en el tipo de procedimiento o
proceso-, siempre y cuando con ello no interfieran con las funciones
que ejercen como cabildantes, ni se trate de asuntos en los cuales el
municipio o sus entidades descentralizadas sean parte, lo cual
permite inferir que, en perjuicio de tales límites, aquellos también
incurrirán en la comisión de una evidente incompatibilidad.
5 “[…] Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras
disposiciones. […]”.
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Solicitante: JORGE ARMANDO ARIAS SANTIAGO
Expresó que si bien es claro que el accionado en el 2023 recibió poder
o mandato de tres personas, quienes le encomendaron ciertas
actividades dirigidas o encaminadas a hacer valer un derecho de
posesión ante la Inspección de Policía y Tránsito de Bolívar (Valle del
Cauca), también lo es que el solo otorgamiento del poder no implica
o constituye el ejercicio del mismo, pues no es más que un acto
jurídico bilateral entre dos particulares, que además de un acuerdo
de voluntades privado, comporta la mera autorización para que una
interpuesta persona realice la gestión de que se trate.
Afirmó que la gestión viene a darse posteriormente, en la medida en
que el apoderado desarrolle las actividades correspondientes o
necesarias para el cumplimiento del objeto del mandato.
Manifestó que el punto viene a ser, entonces, si dentro del período
constitucional 2024-2027, el accionado desarrolló en alguna medida
la referida gestión, esto es, si el apoderado constituido para el efecto
continuó con los trámites de los procesos policivos verbales
abreviados.
Aseveró que, según las pruebas allegadas al expediente, entre ellas,
el certificado de 5 de noviembre de 2024, expedido por el inspector
de policía y tránsito del municipio de bolívar (Valle del Cauca), el
accionado solo representó a los poderdantes en las audiencias
públicas celebradas el 13 de abril, 15 de junio y 20 de septiembre de
2023, de manera que no hay prueba de que las gestiones
comprendidas en los poderes otorgados al accionado hubieren sido
continuadas a partir del 1o. de enero de 2024, cuando ya ostentaba
la investidura de concejal del municipio de Bolívar (Valle del Cauca).
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Solicitante: JORGE ARMANDO ARIAS SANTIAGO
Advirtió que es llamativo que tras dos requerimientos formales
realizados a la Inspección de Policía y Tránsito de Bolívar (Valle del
Cauca), ésta no remitió copias completas y cronológicas de los
procesos policivos radicados con los núms. internos 141-17-01-
2023-084 y 141-17-01-2023-072, incumplimiento que dificultó la
verificación exhaustiva de las actividades realizadas por el accionado
durante el período en cuestión.
Mencionó sobre la carga de la prueba, que la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha señalado que esta recae sobre el solicitante de
la pérdida de investidura, quien debe acreditar los elementos objetivo
y subjetivo que invoca, incluso sin que sea dable afirmar que opera
una inversión de dicha carga, dado el carácter sancionatorio del
proceso y la aplicación de la presunción de inocencia, por lo que en
el presente asunto el solicitante incumplió con la carga probatoria
que le correspondía.
Sostuvo que no encontró configurada la violación de la
incompatibilidad bajo examen, por “ser apoderado ante las entidades
públicas del respectivo municipio”, por cuanto no se demostró que el
concejal accionado haya desarrollado las actividades
correspondientes o necesarias para el cumplimiento del objeto del
mandato, dentro del período constitucional 2024-2027.
Por último, precisó que la tesis propuesta por el agente del Ministerio
Público, de que lo que se sanciona es la “vocación” para actuar como
apoderado judicial, sin necesidad de un ejercicio efectivo, carece de
fundamentos legales claros y podría interpretarse como una
ampliación indebida del alcance de la causal prevista en artículo 45,
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Solicitante: JORGE ARMANDO ARIAS SANTIAGO
numeral 2, de la Ley 136, pues la misma se configura cuando el
concejal actúa efectivamente como apoderado, ya sea
directamente o por interpuesta persona, ante entidades públicas, del
municipio donde ejerce su cargo.
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS
III.1.- El solicitante interpuso recurso de apelación, en el cual
pretende que se revoque la sentencia de 22 de enero de 2025 y, en
su lugar, se decrete la pérdida de investidura del concejal del
municipio de Bolívar (Valle del Cauca), ÁLVARO JOSÉ JIMÉNEZ
VARELA, por cuanto está acreditado que el accionado tiene poderes
vigentes de tres (3) ciudadanos, para actuar como apoderado, en
cualquier momento, en los procesos con radicados internos núms.
147-17-01-2023-116, 147-17-01-2023-084 y 147-17-01-2023-072,
conforme consta en la certificación de 5 de noviembre de 2024,
expedida por el inspector de policía y tránsito del municipio de Bolívar
(Valle del Cauca).
Señala que dicha certificación da cuenta que no obra en ninguno de
los tres (3) expedientes renuncia, ni sustitución de los poderes
otorgados por sus representados, razón por la cual la representación
del concejal accionado se encontraba vigente al momento de expedir
la certificación de 5 de noviembre de 2024, fecha para la cual ya se
había posesionado como concejal del municipio de Bolívar (Valle del
Cauca).
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Expresa que estaba pendiente de que le notificaran la decisión de la
resolución de los recursos de apelación, dentro del proceso radicado
bajo el núm. 147-17-01-2023-116.
Anota que obra la notificación realizada el 1o. de febrero de 2024 por
el inspector de policía y tránsito del municipio de Bolívar (Valle del
Cauca), al señor ÁLVARO JOSÉ JIMÉNEZ VARELA, en su calidad
de apoderado del señor Agustín Astudillo, a su correo electrónico
alvaroj.jimenezv@gmail.com, que es el mismo desde el cual radicó
el recurso de apelación en el proceso policivo que apodera y que
utiliza en el presente proceso.
Destaca que dicha notificación fue realizada en la vigencia 2024, es
decir, con posterioridad a la posesión del concejal accionado, por lo
que se configura la incompatibilidad.
Observa que no fue valorada la referida certificación de 5 de
noviembre de 2024 por el a quo; y que sobre esta prueba no existe
controversia alguna, por cuanto fue decretada el 25 de noviembre de
2024 mediante auto interlocutorio núm. 509.
Indica que el fallador de primera instancia erró al señalar “[…] que
no hay prueba de que las gestiones comprendidas en los poderes
otorgados al demandado hubieren sido continuadas a partir del 01
de enero de 2024, cuando ya el demandado ostentaba la investidura
de concejal […]”, ya que en el proceso sí obra prueba y demuestra lo
contrario.
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Solicitante: JORGE ARMANDO ARIAS SANTIAGO
Aduce que el artículo 45, numeral 2, de la Ley 136, en estricto sentido
gramatical, no hace distinción alguna entre si el abogado realiza o no
actuación ante las entidades, simplemente basta con ser, es decir,
que lo que exige la norma es que sea, no que actúe como apoderado
durante el período constitucional para el cual fue elegido concejal.
Que lo anterior, sin perjuicio de que al accionado no se le aplicaba
ninguna de las causales de excepciones establecidas en el artículo 46
de la Ley 136.
Alega que también se encuentra acreditado que el concejal accionado
es profesional en derecho y tiene amplio conocimiento en temas
disciplinarios, en razón de los contratos celebrados y ejecutados con
el Distrito de Cali, los cuales tienen objeto relacionado con el régimen
disciplinario, el cual no es ajeno al régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflicto de intereses; y que, además, hacía
parte del “Equipo Observatorio para la Vigilancia de la Conducta
Oficial” del Departamento Administrativo de Control Disciplinario
Interno de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.
Indica que teniendo en cuenta la trayectoria académica y laboral en
temas disciplinarios del concejal accionado, no le es dable predicar el
desconocimiento de la norma. Por el contrario, se evidencia que en
él confluyó el elemento cognoscitivo de que estaba inmerso en una
causal de incompatibilidad, al ser apoderado de tres (3) ciudadanos
ante una entidad pública del municipio, en el cual ejerce como
concejal y aun así encaminó su voluntad a realizar la conducta con la
cual es incompatible su investidura.
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III.2.- De igual forma, el agente del Ministerio Público interpuso
recurso de apelación contra la misma providencia, solicitando su
revocatoria y, como consecuencia de ello, se decrete la pérdida de
investidura del accionado.
Aduce que si el artículo 45, numeral 2, de la Ley 136, solo exige “ser
apoderado”, sin incluir la realización de gestiones como apoderado,
el fallador de primera instancia no podía partir de una distinción no
prevista en esa disposición jurídica, atribuyéndole una interpretación
que no se acompasa con su literalidad, para negar la aplicación de
las consecuencias previstas en la norma.
Aclara que si el legislador hubiese querido restringir la causal de
incompatibilidad a la de gestión efectiva ante la entidad, habría
indicado “gestionar, intervenir como apoderado” y no simplemente
“ser apoderado”.
Expresa que la noción del verbo “ser” se entiende como la calidad de
“haber o existir”, que para el caso bajo estudio implicaba que la
incompatibilidad se estructuraba solamente con la condición de
existencia del mandato judicial atribuido como apoderado al
accionado ante la entidad pública del mismo municipio, siempre y
cuando no se adecuara a ninguna de las excepciones previstas en el
artículo 46 de la citada Ley.
Advierte que la disposición solo exige “ser apoderado ante las
entidades públicas”; y que el accionado fungió como apoderado luego
del 1o. de enero de 2024 y, por lo tanto, incurrió en la causal de
incompatibilidad endilgada.
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Concluye que la única interpretación posible de la disposición jurídica
en comento es aquella según la cual basta con “ser apoderado”, sin
que sea necesario que “se actúe como apoderado”, por lo que no
resulta la interpretación realizada por el a quo.
IV.- TRASLADO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
El traslado de los recursos de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20186, fue descorrido
por el accionado a través de memorial de 20 de marzo de 2025, en
el cual solicita que se confirme la sentencia de primera instancia.
Señala que se configuró la cosa juzgada, conforme al parágrafo del
artículo 1º de la Ley 1881, respecto de la causal de violación del
régimen de inhabilidades, prevista en el artículo 43, numeral 3, de la
Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, por cuanto la
misma ya fue analizada y desestimada en un proceso previo de
nulidad electoral, con núm. único de radicación 76-001-23-33-000-
2023-00949-00, en el cual se determinó que su actuación como
apoderado en los procesos policivos no constituía una gestión de
negocios ante entidades públicas, sino una actividad jurisdiccional
relacionada con la resolución de conflictos entre particulares.
Indica que no existe prueba alguna que demuestre que haya
desarrollado actividades como apoderado durante el período
constitucional 2024-2027.
6 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
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Advierte que si bien la certificación emitida por el inspector de policía
y tránsito de Bolívar (Valle del Cauca) señala que tiene poderes
vigentes para representar a tres (3) ciudadanos en procesos
policivos, también lo es que no se acredita que haya realizado
actuaciones concretas como apoderado después del 1o. de enero de
2024.
Anota que la “mera” existencia de un poder no implica su ejercicio
efectivo, tal y como lo ha establecido la jurisprudencia.
Alega que, en cumplimiento de los deberes profesionales y
funcionales como abogado y concejal, ha actuado siempre con
diligencia y ética profesional; y que en ningún momento ha incurrido
en conductas que violen el régimen de incompatibilidades o que
afecten el interés público.
Agrega que no existe prueba alguna de que haya interferido en sus
funciones como concejal o que haya actuado en asuntos en el que el
municipio o sus entidades descentralizadas sean parte, conforme lo
exige el artículo 8º de la Ley 1368 de 29 de diciembre de 20097.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer, únicamente, en los precisos
términos de los recursos de apelación y en consonancia con la
7 “[…] Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras
disposiciones. […]”.
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Solicitante: JORGE ARMANDO ARIAS SANTIAGO
solicitud inicial, si el concejal del municipio de Bolívar (Valle del
Cauca), señor ÁLVARO JOSÉ JIMÉNEZ VARELA, incurrió en
violación del régimen de incompatibilidades, de conformidad con lo
establecido en el artículo 45, numeral 2, de la Ley 136, por ser
apoderado en tres procesos policivos ante la Inspección de Policía del
municipio de Bolívar (Valle del Cauca).
V.2.- La Sala pone de presente que la causal de pérdida de
investidura prevista en el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136,
modificada por el artículo 40 de la Ley 617, por violación al régimen
de inhabilidades, que fue invocada en la solicitud inicial, no fue
sustentada por el accionante, ni por el agente del Ministerio Público
en sus recursos de apelación, razón por la cual la Sala se abstendrá
de hacer pronunciamiento alguno, manteniendo incólume la
respectiva decisión del Tribunal.
V.3.- De la incompatibilidad prevista para los concejales en el
artículo 45, numeral 2, de la Ley 136
La causal de pérdida de investidura que se le endilga al concejal
consiste en la comisión de la incompatibilidad prevista en el artículo
45, numeral 3, de la Ley 136, que establece lo siguiente:
“[…] Artículo 45. Incompatibilidades. Los concejales no
podrán:
(…)
2. Ser apoderado ante las entidades públicas del
respectivo municipio o ante las personas que administren
tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o
por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones
que más adelante se establecen. […]” (Negrillas y subrayas fuera
de texto).
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Las excepciones a esta restricción de general observancia para los
concejales están descritas en el artículo 46 ídem, así:
“[…] Artículo 46. Excepciones. Lo dispuesto en los artículos
anteriores no obsta para que los concejales puedan ya
directamente o por medio de apoderado, actuar en los
siguientes asuntos.
a) En las diligencias o actuaciones administrativas y
jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos,
su cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés;
b) Formular reclamos por el cobro de impuestos,
contribuciones, tasas y de multas que graven a las mismas
personas;
c) <Literal subrogado por el artículo 42 de la Ley 617 de 2000.
El nuevo texto es el siguiente:> Usar los bienes y servicios que
las entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de
servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan
al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo
soliciten.
d) Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen
ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los
concejales durante su período Constitucional no podrán ser
apoderados ni peritos en los procesos de toda clase que tengan
por objeto gestionar intereses fiscales o económicos del
respectivo municipio, los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del orden municipal y las
sociedades de economía mixta en las cuales las mismas
entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del
capital […]”.
Por su parte, el artículo 8º de la Ley 1368 de 29 de diciembre de
20098, ordena:
“[…] Artículo 8o. Ejercicio de la profesión u oficio. Los
concejales podrán ejercer su profesión u oficio, siempre y
8 “[…] Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras
disposiciones […]”.
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cuando con ello no se interfieran las funciones que
ejercen como tales, ni se trate de asuntos en los cuales
el municipio o sus entidades descentralizadas sean parte
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
V.4.- La causal de incompatibilidad prevista en el artículo 45,
numeral 2, de la Ley 136, se configura por actuar, ejercer o
fungir como apoderado o gestor ante las entidades o
autoridades públicas del respectivo municipio, para el cual fue
elegido el concejal.
Sobre el artículo 45, numeral 2, de la Ley 136, esta Sala ha
determinado su alcance, en distintas providencias judiciales. Así, en
la sentencia de 13 de julio de 20069, la Sección Primera, al referirse
a la citada causal, por violación al régimen de incompatibilidades,
indicó que lo que la ley no permite es que el concejal actúe como
apoderado de terceras personas en general, ante el municipio del
cual es concejal, de la siguiente manera:
“[…] Armonizando las normas aplicables y la jurisprudencia
precitada, encuentra la Sala que la conducta del
demandado está enmarcada dentro de las causales de
pérdida de la investidura, por violación del régimen de
incompatibilidades por incurrir en la causal consagrada en
el numeral 2° del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, que
dice:
“Artículo 45. Los concejales no podrán:
1..
2. Ser apoderados ante las entidades públicas del respectivo
municipio o ante las personas que administren tributos
procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por
interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que
más adelante se establecen.
....”
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de
julio de 2006, C.P. Martha Sofía Sanz Tobon, núm. único de radicación 25000-23-15-000-2005-
01132-01(PI).
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[…]
La Sala aclara que la ley no tiene como causal de incompatibilidad
de los concejales, el ser representante legal de una persona
jurídica de derecho privado; sin embargo, lo que no permite la
ley es que el concejal – representante legal de una persona
jurídica privada, actúe como apoderada de esta última ni
de terceras personas en general, ante el municipio del cual
es concejal.
Ahora bien, de conformidad con las pruebas obrantes en el
expediente está demostrado que el concejal demandado acudió a
la Secretaría de Hacienda del municipio de Girardot para
representar intereses particulares con el fin de obtener la
prescripción de impuestos y el decreto del silencio positivo a favor
de sus poderdantes y el consentimiento de la Secretaría de
Hacienda para inscribir una escritura pública, actuación de interés
de la persona jurídica que representa.
[…]
A folio 74 se encuentra el poder conferido por los ciudadanos
dueños del lote y si bien el concejal Álvaro Guzmán Orjuela
manifiesta que no es abogado, ello no obsta para que su
conducta se adecue a la prohibición en mención,
independientemente de que el poder así conferido se
ajuste o no a los preceptos legales, pues lo que lleva a que
se tipifique la causal es que haya actuado en interés de
terceras personas.
Igual ocurre en relación con su actuación ante la Secretaría de
Hacienda, a la cual acude como representante del Condominio
Campestre El Peñón de Girardot, es decir en interés de la persona
jurídica.
Por lo anterior no es dable aplicar la excepción del artículo 46 que
permite que los concejales puedan ya directamente o por medio
de apoderado, actuar en las diligencias o actuaciones
administrativas y jurisdiccionales en las cuales conforme a la ley,
ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos tengan interés
y formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones,
tasas y de multas que graven a las mismas personas, comoquiera
que ninguno de esos supuestos se dan en el caso objeto de
examen […]” (Destacado fuera de texto)
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Posteriormente, en sentencia de 24 de julio de 200810, esta Sección
precisó que la incompatibilidad prevista en el artículo 45, numeral 2,
de la Ley 136, se configura por actuar como apoderado o gestor
ante cualquiera de las entidades o autoridades que se relacionan en
la norma, esto es, disciplinarias, fiscales, administrativas o
jurisdiccionales, así:
“[…] Además, se ha de entender que el régimen de
incompatibilidades a que se refiere el artículo 48, numeral 1, de
la Ley 617 de 2000, no solamente es el comprendido en el
artículo 45 de la Ley 136 de 1994, adicionado por el 41 de
dicha ley 617, sino en cualquier otra norma, sea de rango
constitucional o legal; de allí, que como lo señaló la Sala respecto
de otra disposición de la Ley 734 de 2002 - artículo 4811 -, el
numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 en mención debe
armonizarse con el 39, numeral 1, literal b), en comento.
En ese orden, se tiene que la incompatibilidad se configura
por actuar como apoderado o gestor ante cualquiera de las
entidades o autoridades que se relacionan en la norma,
esto es, disciplinarias, fiscales, administrativas o
jurisdiccionales.
Ello significa que ella se estructura sobre el criterio orgánico, en
el sentido de que lo que cuenta respecto de ese actuar es
que se dé ante una de esas autoridades, de modo que si bien
es de esperarse que dicha actuación tenga relación con la función
que de ordinario le corresponde, atendiendo su denominación,
nada obsta para que también pueda realizarse respecto de
funciones que no sean de aquellas, puesto que como es sabido
las autoridades de una clase pueden conocer de asuntos propios
de otras, dentro de la clasificación prevista en la norma,
especialmente en lo que corresponde a las administrativas y
jurisdiccionales.
Ahora bien, ese criterio orgánico a su vez está circunscrito
al nivel territorial donde los referidos funcionarios o
servidores públicos hayan ejercido jurisdicción, es decir,
dentro del cual ejercen sus funciones o atribuciones.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
julio de 2008, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 63001-23-31-000-
2007-00149-01.
11 Sentencia de 3 de diciembre de 2004, radicación núm. 2004 0483 01, consejero ponente doctor
Camilo Arciniegas Andrade.
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Por consiguiente, en la estructura de la incompatibilidad no cuenta
la función estatal que active la persona al actuar como apoderado
o gestor, sino que su intervención como tal se dé en el nivel
territorial de su cargo, en este caso, del municipio donde
se es concejal, ante una de esas entidades.
Tampoco cuenta que el ente territorial respectivo tenga o no
interés en el asunto de que se trate, puesto que el literal b) no lo
indica y ese elemento está previsto en la causal establecida en el
literal a) del numeral 1 del citado artículo 39, excepto la salvedad
que hizo la Corte Constitucional en su sentencia 426 de 1996, al
modular la exequibilidad del literal b) del artículo 44 de la Ley 200
de 1995 respecto de los diputados, que la Sala considera
razonablemente aplicable a los concejales y con relación al literal
b) del numeral 1 del artículo 39 aquí aplicado, en el sentido de
que era exequible “siempre que se entienda que la
incompatibilidad allí establecida para los Diputados, se refiere a
las controversias y asuntos en los que se discutan intereses del
Departamento, o aquellas que deban ser decididas por una
entidad administrativa del orden departamental.”
Modulación que obedeció a la consideración de que “Desde luego
que la incompatibilidad establecida en la norma sub-examine que
prohibe a los diputados ser apoderados o gestores ante entidades
o autoridades administrativas o jurisdiccionales, se encuentra
ajustada a la Carta Política, en el entendido de que dicha
restricción no impide el ejercicio de la profesión de abogado ni el
derecho al trabajo, en aquellos asuntos relacionados con intereses
o gestiones distintas a los del departamento. En tal virtud, no
prospera el cargo.”
Por consiguiente, si dentro de las entidades ante las cuales
actuó como apoderado el demandado se encuentran
autoridades administrativas de orden municipal, hay lugar
a la violación de la incompatibilidad bajo examen.
Al efecto observa la Sala que en el plenario militan como pruebas
legalmente aportadas al proceso, además de la certificación del
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Circacia que relaciona
9 procesos donde intervino el concejal como apoderado de una
de las partes, una certificación del Inspector Municipal de Policía
de Circasia (folio 19) y del Inspector Primero Municipal de Policía
y Tránsito del mismo municipio (folio 20).
En la primera se da cuenta de dos diligenciamientos en los que
intervino como apoderado de una de las partes el aquí inculpado,
así:
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• Querella: Perturbación a la servidumbre, presentada el 10 de
noviembre de 2005, apoderado MARIO GERMAN HOYOS MOLINA.
Fecha del fallo, que declaró el statu quo, 31 de enero de 2006.
• Querella: Lanzamiento por ocupación de hecho. Fecha, 10 de
octubre de 2006. Apoderado MARIO GERMAN HOYOS MOLINA.
Fecha del fallo, que ordena la entrega del bien, 15 de octubre de
2006.
En la segunda certificación se informa de querella por
perturbación a la posesión, presentada el 7 de octubre de 2005
por el abogado Mario Germán Hoyos Molina como apoderado de
la parte actora. La decisión del asunto se produjo el 29 de
diciembre de 2005.
En esas circunstancias, es claro que se está por lo menos
ante dos entidades administrativas del Municipio, ante las
cuales el demandado actuó como apoderado, y como
quiera que esa intervención suya se surtió en el tiempo
que tuvo la condición de concejal de Circasia (2004-2007),
resulta evidente que incurrió en la referida
incompatibilidad.
3.2.3. Finalmente, en cuanto a la pretendida autorización o
legitimación que reclama el apelante para dicha intervención ante
las aludidas inspecciones de policía, se tiene que como lo advierte
el Ministerio Público, los casos en los que la llevó a cabo no
aparecen encuadrados en ninguna de las situaciones que prevé el
artículo 46 de la Ley 136 de 1994 como excepciones a esa
incompatibilidad o prohibición, pues ni siquiera hay mención de
que él, su cónyuge, padres o hijos hubieren tenido interés en los
mismos (literal a), o que se hubiere tratado de reclamos por el
cobro de impuestos o similares que gravaran a las mencionadas
personas (literal c), ni se trató de procesos ventilados ante la
Rama Jurisdiccional del Poder Público (literal d), pues no obstante
el carácter que se predica de las decisiones que profieren las
inspecciones de policía en juicios civiles de policía que tienen
regulación especial, estos organismos municipales son de
carácter enteramente administrativos. […]”. (Destacado fuera de
texto).
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En sentencia de 30 de octubre de 200812, la Sala también indicó que
para que se configure la referida causal de incompatibilidad el
concejal debe haber actuado como apoderado ante entidad pública
del respectivo municipio, en los siguientes términos:
“[…] El artículo 45 de la Ley 136 de 1994, que ya fue trascrito,
señala como incompatibilidad específica para los concejales, que
da lugar a la pérdida de investidura: “Ser apoderados ante las
entidades públicas del respectivo municipio” o ante las
personas que administren tributos procedentes del mismo, o
celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato
alguno, con las excepciones que más adelante se establecen.
[…]
La conducta que dio lugar a que el fallo apelado decretara la
pérdida de investidura, fue que actuó como apoderado de un
tercero, ante la Inspección de Policía de la Vereda La Siria que
hace parte del sector central del municipio de Circasia, hecho que
ocurrió durante el periodo en el cual el demandado se
desempeñaba como concejal, como lo demuestra el acervo
probatorio.
Entonces el problema jurídico consiste en establecer, de
conformidad con las normas aplicables al caso, si al haber
actuado el concejal como apoderado de la señora Colombia
Gómez Ceballos e interponer los recursos de reposición y
apelación para revocar o reformar la Resolución N° 001 del 28 de
abril de 2007, expedida por el Inspector Municipal de Policía de la
Vereda La Siria, incurrió en violación al régimen de
incompatibilidades y en consecuencia en causal de pérdida de
investidura.
[…]
Armonizando las normas aplicables y la jurisprudencia
precitada, encuentra la Sala que la conducta del
demandado está enmarcada dentro de las causales de
pérdida de la investidura, por violación del régimen de
incompatibilidades por incurrir en la causal consagrada en
el numeral 2° del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, porque
cuando se desempeñaba como concejal del municipio de
Circasia, actuó como apoderado de tercero ante autoridad
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
octubre de 2008, C.P. Martha Sofía Sanz Tobon, núm. único de radicación 63001-23-31-000-2007-
00148-01(PI).
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administrativa del mismo municipio. […]” (Destacado fuera
de texto).
Igualmente, en sentencia de 25 de julio de 201313, la Sección Primera
sostuvo que el citado artículo 45, numeral 2, de la Ley 136 establece
que los concejales no podrán actuar como apoderados ante
dependencias del mismo municipio o ante personas que administren
tributos de este, así:
“[…] De las normas citadas se desprende que, en principio,
a los concejales les está prohibido ejercer su profesión
salvo en aquellos asuntos donde ese ejercicio riña con los
intereses del ente territorial y en los cuales el concejal
pueda, prevalido de su calidad y su posición, influir de
alguna manera en su gestión o resultado. Se trata entonces
de evitar que los intereses privados del concejal, derivados del
ejercicio de su profesión, entren en conflicto con los del municipio.
En efecto, el prenotado artículo 45 advierte que los
concejales no podrán desempeñar cargos en la administración
pública, ni celebrar contratos, ni actuar como apoderados
ante dependencias del mismo municipio o personas que
administren tributos de este. Tampoco podrán pertenecer a
juntas directivas de organismos o entidades del mismo municipio
entre otros.
A la par de que el legislador fijó un catálogo de
prohibiciones que conforman el denominado régimen de
incompatibilidades, dispuso de eventos exceptivos que
tienden por permitir el desarrollo de ciertas actividades
relacionadas con el devenir propio de la vida en sociedad,
es así como se permite que los concejales ejerzan la cátedra
universitaria, actúen en las diligencias administrativas y judiciales
en las que ellos mismos, su cónyuge o hijos tengan interés, eleven
reclamos por el cobro de tributos de cualquier naturaleza y se
desempeñen como apoderados o defensores en procesos que se
diriman en la rama jurisdiccional.
Es precisamente en relación con esta última excepción que se
suscita el debate que congrega la atención de la Sala, ya que, en
13Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de
julio de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 25000-23-41-000-2012-
00468-01(PI).
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una evidente falta de técnica legislativa, se incluyó en ella una
prohibición, en otras palabras, en la misma norma se permitió el
ejercicio de la profesión de abogado y el desempeño como peritos
de los concejales, bajo la condición de que en los procesos en que
estos ejerzan no se gestionen intereses fiscales o económicos del
municipio y las demás entidades señaladas en la norma.
Pues bien, según lo apreció el Tribunal en la sentencia recurrida,
el demandado hizo uso de la habilitación legal sin que incurriera
en la referida prohibición, dado que la gestión a la que se refiere
la norma implica el ejercicio del derecho de acción y este sólo
puede ser ejercitado por el demandante.
La Sala no comparte la interpretación del Tribunal habida cuenta
de que el contenido de la disposición no permite llegar a esa
conclusión como quiera que la gestión se predica del objeto
del proceso jurisdiccional en que el concejal es apoderado
o perito, y no de la actividad o papel que este desempeña
en él.
Para un mayor entendimiento de la figura vale la pena reparar en
ella de manera detallada:
“d) Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen
ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los
concejales durante su período Constitucional no podrán ser
apoderados ni peritos en los procesos de toda clase que tengan
por objeto gestionar intereses fiscales o económicos del
respectivo municipio, los establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales del orden municipal y las sociedades de
economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más
del cincuenta por ciento (50%) del capital.”
Según se puede apreciar, la prohibición se configura de la
siguiente manera: (i)- Cuando el concejal se desempeñe
como apoderado o perito en un proceso judicial de
cualquier naturaleza en el que (ii) se busque gestionar
intereses fiscales o económicos (iii) del municipio,
establecimientos públicos, empresas industriales y
comerciales municipales y sociedades de economía mixta
en las que estas entidades tengan más del cincuenta por
ciento del capital.
Corolario de lo anterior, para que se incurra en la
incompatibilidad se debe verificar: a.- La calidad de
concejal del demandado, b:- que este se haya ejercido
como perito o apoderado en procesos judiciales de
cualquier tipo al mismo tiempo que se desempeñaba como
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concejal, c.- que en el respectivo proceso se gestionen
intereses fiscales o económicos y d.- que dichos intereses
sean del respectivo municipio o de establecimientos
públicos, empresas industriales y comerciales del orden
municipal o de empresas de economía mixta donde estas
entidades tengan más del cincuenta por ciento del capital.
[…]” (Destacado fuera de texto).
En la sentencia de 31 de agosto de 201714, la Sección explicó dicha
causal, señalando que para que se configure la misma se requiere
haber fungido como apoderado ante las entidades públicas
del respectivo municipio o haber recibido un mandato de otra
persona para ejecutar, al interior de cualquiera de las entidades del
orden municipal, una o más gestiones o trámites de cualquier
tipo, de la siguiente manera:
“[…] En relación con la controversia sometida a estudio, la Sala
advierte que las causales de incompatibilidad planteadas en
la demanda son las previstas, para los concejales, en los
artículos 45, numeral 2, de la Ley 136 y 39, numeral 1,
literales a) y b) de la Ley 734:
“[…] Ley 136, artículo 45. Incompatibilidades. Los concejales
no podrán:
[…]
2. Ser apoderado ante las entidades públicas del
respectivo municipio o ante las personas que administren
tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por
interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que
más adelante se establecen.” (Negrillas por fuera de texto).
“[…] El primero de los eventos incompatible con el ejercicio del
cargo de concejal Municipal, es el que viene insertado en el
artículo 45, numeral 2 de la Ley 136, relativo para el caso
concreto, a haber sido apoderado ante las entidades públicas del
Municipio de Usiacurí (Atlántico), siendo sus elementos
configurantes los siguientes:
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 08001-23-33-000-
2016-00753-01(PI).
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(i) Que los hechos censurados hayan tenido ocurrencia durante
el período constitucional para el cual fue elegido concejal o, de
haber renunciado, dentro de los seis (6) meses siguientes a la
aceptación de la misma si el lapso que faltare para el vencimiento
del período hubiese sido superior15.
(ii) Y, haber fungido como apoderado ante las entidades
públicas del Municipio de Usiacurí (Atlántico), es decir, haber
recibido un mandato de otra persona para ejecutar, al interior
de cualquiera de las entidades del orden municipal, una o más
gestiones o trámites de cualquier tipo, en su nombre y
representación16. […]” (Destacado fuera de texto).
De igual forma, en sentencia de 15 de agosto de 201917, esta Sección
reiteró la misma posición, así:
“[…] Ahora bien, frente a las causales a que se refieren los
numerales 2 y 4 del artículo 45 de la Ley 136 de 199418, se
tiene:
3.1.1. En relación con “Haber sido apoderado ante las
entidades públicas del respectivo municipio o ante las
personas que administren tributos procedentes del mismo, o
celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato
alguno (…)”, la Sección ha dicho:
Frente a la actuación como apoderado19:
15 Ley 136, “Artículo 47. Duración de las incompatibilidades. <Artículo modificado por el
artículo 43 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Las incompatibilidades de
los concejales municipales y distritales, tendrán vigencia hasta la terminación del período
constitucional respectivo. En caso de renuncia se mantendrán durante los seis (6) meses siguientes
a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior.
Quien fuere llamado a ocupar el cargo de concejal, quedará sometido al mismo régimen de
incompatibilidades a partir de su posesión.”
16 Código Civil colombiano: “Artículo 2142. Definición de Mandato. El mandato es un contrato
en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por
cuenta y riesgo de la primera.
La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado,
procurador, y en general mandatario.” (Negrillas por fuera de texto).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 66001-23-33-000-2018-
00422-01(PI).
18 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”.
19 Cita realizada en la sentencia del 27 de julio de 2017. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Expediente radicación número 05001-23-33-000-2016-02017-01. (PI).
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“[…] Esta Sala ha determinado el alcance de los artículos
45 y 46 de la Ley 136, en distintas providencias judiciales. Así,
en la sentencia de 24 de julio de 2008, Consejero Ponente:
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta20, esta Sección
manifestó21:
«[…] En ese orden, se tiene que la incompatibilidad se
configura por actuar como apoderado o gestor ante
cualquiera de las entidades o autoridades que se
relacionan en la norma, esto es, disciplinarias, fiscales,
administrativas o jurisdiccionales.
(…)
Por consiguiente, en la estructura de la incompatibilidad no cuenta
la función estatal que active la persona al actuar como apoderado
o gestor, sino que su intervención como tal se dé en el nivel
territorial de su cargo, en este caso, del municipio donde
se es concejal, ante una de esas entidades.
[…]» (destacados originales de la providencia)
[…]
Por último, en relación con la causal señalada en el numeral
2 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, tampoco es posible
concluir del material probatorio a que se ha hecho referencia en
precedencia que la concejal acusada haya celebrado contratos o
realizado gestiones con personas naturales o jurídicas de
derecho privado que administren, manejen o inviertan
fondos públicos procedentes del Municipio de Santa Rosa de
Cabal. […]” (Destacado fuera de texto).
Y en sentencia de 1º. de julio de 202222, manteniendo esta postura,
la Sala indicó lo siguiente:
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente:
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil ocho (2008).
Radicación número: 63001-23-31-000-2007-00149-01(PI).
21 Cita realizada en la sentencia del 27 de julio de 2017. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Expediente radicación número 05001-23-33-000-2016-02017-01. (PI)
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º. de
julio de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación
0500123330002022002620.
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Número único de radicación: 76001233300020240071001
Solicitante: JORGE ARMANDO ARIAS SANTIAGO
“[…] Al respecto, la Sección explicó:
“[…] De las normas citadas se desprende que, en principio,
a los concejales les está prohibido ejercer su profesión
salvo en aquellos asuntos donde ese ejercicio riña con los
intereses del ente territorial y en los cuales el concejal
pueda, prevalido de su calidad y su posición, influir de
alguna manera en su gestión o resultado. Se trata entonces
de evitar que los intereses privados del concejal, derivados del
ejercicio de su profesión, entren en conflicto con los del municipio
(…)
A la par de que el legislador fijó un catálogo de prohibiciones que
conforman el denominado régimen de incompatibilidades,
dispuso de eventos exceptivos que tienden por permitir el
desarrollo de ciertas actividades relacionadas con el
devenir propio de la vida en sociedad, es así como se
permite que los concejales ejerzan la cátedra
universitaria, actúen en las diligencias administrativas y
judiciales en las que ellos mismos, su cónyuge o hijos
tengan interés, eleven reclamos por el cobro de tributos
de cualquier naturaleza y se desempeñen como
apoderados o defensores en procesos que se diriman en la
rama jurisdiccional […]”23 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
[...]
En esta misma providencia, la Sección determinó que los artículos
45 y 46 de la Ley 136, y el artículo 8º de la Ley 1368, no se
contradicen entre sí, sino que, por el contrario, su interpretación
resulta armónica y complementaria para la aplicación del alcance
y contenido de la referida incompatibilidad y sus excepciones, así:
“[…] el artículo 8 de la Ley 1368, agregó para todas las
profesiones u oficios, incluyendo el ejercicio de la abogacía, dos
incompatibilidades que no estaban previstas en el ordenamiento
jurídico, esto es, que en el ejercicio de la profesión u oficio «[…]
no se interfieran las funciones que ejercen tales […]» y,
adicionalmente, que «[…] no se trate de asuntos en los cuales
el municipio o sus entidades descentralizadas sean parte
[…]».
Nótese como el literal d) del artículo 46 de la Ley 136 y el
artículo 8 de la Ley 1368 no están en contradicción en la
medida en que se está refiriendo a asuntos de diversa
índole. Como lo indicó esta Sala, la disposición de la Ley 136 se
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de
julio de 2013, número único de radicación 25000-23-41-000-2012-00468-01(PI), consejero
ponente Guillermo Vargas Ayala.
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está refiriendo al «[…] objeto del proceso jurisdiccional en
que el concejal es apoderado o perito, y no de la actividad
o papel que este desempeña en él. […]», mientras que la Ley
1368 se relaciona, de manera general, con el rol en el que se
encuentra la entidad pública, esto es, su condición de
parte, por lo que no puede existir la pretendida
contradicción a la que alude el Tribunal Administrativo de
Antioquia y, por ello, no se configura la derogatoria tácita a la que
aludió la Corporación, por cuanto la nueva ley contiene
disposiciones que pueden conciliarse con las de la ley anterior
[…]”24 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
En síntesis, se tiene que el artículo 45 de la Ley 136,
prohíbe que los concejales puedan actuar como
apoderados ante las entidades públicas del respectivo
municipio o ante las personas que administren tributos
procedentes del mismo, en el marco de los trámites,
procedimientos y procesos administrativos y policivos,
cualquiera sea su naturaleza y regulación, que sean
surtidos en el mismo ente territorial para el cual resultó
elegido. En el parágrafo 1º de la misma disposición, se exceptuó,
de forma genérica, el ejercicio de la cátedra.
Ahora, el artículo 46 de la Ley 136, al establecer las demás
excepciones a las incompatibilidades previstas en el artículo 45,
entre ellas la enlistada en el numeral 2, sí permite que los
concejales puedan ya sea directamente, o a través de apoderado,
actuar en los siguientes asuntos:
“[…] a) En las diligencias o actuaciones administrativas y
jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su
cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés; b) Formular
reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y de
multas que graven a las mismas personas; c) <Literal
subrogado por el artículo 42 de la Ley 617. El nuevo texto
es el siguiente:> Usar los bienes y servicios que las entidades
oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios públicos
domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo
condiciones comunes a todos los que lo soliciten. d) Ser
apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la
Rama Jurisdiccional del Poder Público. Sin embargo, los
concejales durante su período Constitucional no podrán
ser apoderados ni peritos en los procesos de toda clase
que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o
económicos del respectivo municipio, los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del
24 Idem.
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orden municipal y las sociedades de economía mixta en las
cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por
ciento (50%) del capital […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
No obstante, y pese a tratarse de la norma que regula las
actividades exceptuadas de castigo y permitidas a los concejales
de forma paralela al ejercicio de su mandato popular, debe
advertirse que al final de su literal d) el legislador incorporó una
advertencia a modo de prohibición que, sin lugar a duda,
constituye incompatibilidad para actuar como apoderados o
peritos, -precepto que no solo resulta aplicable a los abogados-,
en procesos de toda clase o índole, -esto es administrativos o
jurisdiccionales-, que tengan por objeto gestionar intereses
fiscales o económicos del respectivo municipio para el cual fue
elegido, sus establecimientos públicos, empresas industriales y
comerciales del orden municipal y sociedades de economía mixta
en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por
ciento (50%) del capital.
El artículo 8º de la Ley 1368, a su vez, les permitió a los concejales
ejercer su profesión u oficio, -entre estos la abogacía, sin
discriminar en el tipo de procedimiento o proceso-, siempre y
cuando con ello no interfieran con las funciones que ejercen como
cabildantes, ni se trate de asuntos en los cuales el municipio o sus
entidades descentralizadas sean parte, lo cual permite inferir que,
en perjuicio de tales límites, aquellos también incurrirán en la
comisión de una evidente incompatibilidad. […]” (Destacado
fuera de texto).
De conformidad con lo antes expuesto, la postura jurisprudencial de
la Sección Primera ha venido señalando que la causal prevista en el
artículo 45, numeral 2, de la Ley 136, por violación al régimen de
incompatibilidades, por “Ser apoderado ante las entidades
públicas del respectivo municipio” se configura por actuar o
ejercer o fungir como apoderado o gestor ante cualquiera de las
entidades o autoridades públicas del respectivo municipio para el cual
fue elegido.
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A partir de lo determinado por la norma y la jurisprudencia, esta
causal de incompatibilidad, se estructura siempre que concurran los
siguientes requisitos configurantes:
(i) Que el accionado tenga la condición de concejal.
(ii) Que el accionado haya actuado, ejercido o fungido como
apoderado o gestor ante cualquiera de las entidades públicas del
respectivo municipio para el cual fue elegido.
(iii) En procesos judiciales de cualquier tipo, que se gestionen
intereses fiscales o económicos y que dichos intereses sean del
respectivo municipio o de establecimientos públicos, empresas
industriales y comerciales del orden municipal o de empresas de
economía mixta donde estas entidades tengan más del cincuenta por
ciento del capital.
(iii) Y que los hechos censurados hayan tenido ocurrencia durante el
período constitucional para el cual fue elegido concejal o, de haber
renunciado, dentro de los seis (6) meses siguientes a la aceptación
de la misma si el lapso que faltare para el vencimiento del período
hubiese sido superior.
V.6.- Del caso concreto
V.6.1.- Del acervo probatorio que reposa en el expediente25, y que
guarda estrecha relación con la resolución del problema jurídico, la
25 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso
reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
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Solicitante: JORGE ARMANDO ARIAS SANTIAGO
Sala pudo comprobar que el señor JOSÉ ARMANDO ARIAS
SANTIAGO, obtuvo la curul como concejal del municipio de Bolívar
(Valle del Cauca), para el período constitucional 2024-2027, en
representación del partido Alianza verde, de conformidad con el
Formulario E-26 CON, expedido por los miembros de la Comisión
Escrutadora de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y que el
accionado es abogado, según se acredita con la tarjeta profesional
núm. 385513, y el certificado de vigencia núm. 2907918, expedido
el 16 de octubre de 2024 por el Consejo Superior de la Judicatura.
Asimismo, que al accionado se le reconoció personería para actuar
en tres (3) procesos policivos adelantados ante la Inspección de
Policía y Tránsito de Bolívar (Valle del Cauca), esto es, para actuar
en las audiencias públicas celebradas: (i) el 13 de abril de 2023,
dentro del proceso con núm. de radicación interno 141-17-01-2023-
072, en el cual la querellada es la señora Ofelia Jiménez; (ii) el 15
de junio de 2023, dentro del proceso con núm. de radicación interno
141-17-01-2023-084, en la cual la querellante es la señora Olga
Rocío Barbosa; y (iii) el 20 de septiembre de 2023, dentro del
proceso con núm. de radicación interno 147-17-012023-116, en el
cual el querellante es el señor Agustín Astudillo, conforme consta en
la certificación de 5 de noviembre de 2024, expedida por el inspector
de policía y tránsito de Bolívar (Valle del Cauca).
En dicha certificación, se señaló lo siguiente:
“[…] Obrando en mi condición de Inspector de Policía y Tránsito
del Municipio de Bolívar Valle del Cauca, por medio del presente
escrito me permito emitir la presente certificación, sobre los
procesos con radicados internos de Inspección de Policía 147-17-
01-2023-116, 141-17-01-2023-084 y 141-17-01-2023-072.
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Que el proceso con radicación 147-17-012023-116 corresponde
a un proceso tramitado por el artículo 77, numeral 2, de la ley
1801 de 2016, por comportamientos contrarios a la posesión y
mera tenencia de bienes inmuebles, en concordancia con el
artículo 226 de la ley 1801 de 2016, donde el querellado, señor
AGUSTÍN ASTUDILLO es representado por el abogado ÁLVARO
JOSÉ JIMÉNEZ VARELA con cedula de ciudadanía No.
1.113.784.460, y tarjeta profesional No. 385513 del Consejo
Superior de la Judicatura, al cual le fue reconocida la personería
para actuar en audiencia pública, celebrada el día 20 de
septiembre de 2023, representación que se encuentra vigente
hasta la fecha de expedición de la presente certificación, por no
existir renuncia ni sustitución del poder otorgado, y por estar
vigente el proceso.
Que el proceso con radicación 141-17-01-2023-084 corresponde
al artículo 77 numeral 1 de la ley 1801 de 2016, donde la
querellante, señora OLGA ROCÍO BARBOSA, es representada por
el abogado ÁLVARO JOSÉ JIMÉNEZ VARELA con cedula de
ciudadanía No. 1.113.784.46, y tarjeta profesional No. 385513
del Consejo Superior de la Judicatura al cual le fue reconocida la
personería para actuar en audiencia pública, celebrada el día 15
de junio de 2023, representación que se encuentra vigente hasta
la fecha de expedición de la presente certificación, por no existir
renuncia ni sustitución del poder otorgado, y por estar vigente el
proceso.
El proceso con radicado 141-17-01-2023-072, se tramita
conforme a los artículos 22 y 77 de la ley 1801 de 2016, donde la
querellada OFELIA JIMÉNEZ, es representada por el abogado
ÁLVARO JOSÉ JIMÉNEZ VARELA con cédula de ciudadanía No.
1.113.784.460, y tarjeta profesional No. 385513 del Consejo
Superior de la Judicatura, al cual le fue reconocida la personería
para actuar en audiencia pública, celebrada el día 13 de abril de
2023, representación que se encuentra vigente hasta la fecha de
expedición de la presente certificación, por no existir renuncia ni
sustitución del poder otorgado, el proceso en la actualidad se
encuentra pendiente de resolución, debido a proceso judicial en
curso en el Juzgado Civil del Circuito del Municipio de Roldanillo
Valle del Cauca. […].” (Destacado fuera de texto).
En este orden de ideas, la Sala encuentra probado que al señor JOSÉ
ÁLVARO JIMÉNEZ VARELA se le reconoció personería para actuar
como apoderado de los señores Ofelia Jiménez, Olga Rocío Barbosa
y Agustín Astudillo en las audiencias públicas celebradas el 13 de
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abril de 2023, 15 de junio de 2023 y 20 de septiembre de 2023,
dentro de los procesos policivos con número de radicación internos
141-17-01-2023-072, 141-17-01-2023-084 y 147-17-012023-116,
adelantados ante la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de
Bolívar (Valle del Cauca), esto es, con anterioridad al período
constitucional 2024-2027, para el cual fue elegido como concejal del
municipio de Bolívar (Valle del Cauca).
Siguiendo la jurisprudencia traída a colación, la Sala observa que el
concejal accionado cuando ejerció o actuó como apoderado en los
referidos procesos policivos ante la Inspección de Policía y Tránsito
del municipio de Bolívar (Valle del Cauca), entre 13 de abril de 2023
y 20 de septiembre de 2023, lo hizo antes de comenzar el período
constitucional, para el cual fue elegido concejal de Bolívar (Valle del
Cauca), que comenzaba el 1o. de enero de 2024, razón por la cual
no es posible establecer que el concejal ÁLVARO JOSÉ JIMÉNEZ
VARELA haya incurrido en la causal prevista en el artículo 45,
numeral 2, de la Ley 136, esto es, por violación al régimen de
incompatibilidades, debido a que no está probado que haya actuado,
ejercido o fungido como apoderado o gestor ante cualquiera de
las entidades públicas del respectivo municipio, durante el período
constitucional para el cual fue elegido concejal.
Al respecto, cabe mencionar que en providencia de 17 de julio de
200826, reiterada en sentencia de 6 de octubre de 201727, la Sección
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
julio de 2008, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 44001-23-31-000-
2008-00005-01.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de
octubre de 2017, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 63001-23-33-000-2016-
00327-01(PI).
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Primera ya tuvo oportunidad de pronunciarse para establecer que el
régimen de incompatibilidades en el caso de los concejales era
aplicable solo a partir del momento en que comenzaba el
período para el cual fueron elegidos, independientemente de que
hayan tomado o no posesión del cargo.
En consecuencia, le asistió razón al fallador de primera instancia al
concluir que no se encuentra configurada la violación de la
incompatibilidad alegada, dado que no se demostró que el concejal
accionado haya desarrollado las actividades correspondientes o
necesarias para el cumplimiento del objeto del mandato dentro del
período constitucional 2024-2027, máxime si se tiene en cuenta que
no se demostró que con los referidos poderes se hayan afectado las
funciones o la imparcialidad y la independencia que debían guiar las
actuaciones del concejal accionado, en su cargo.
Ahora, la Sala debe poner de presente que en su recurso de apelación
el accionante adujo que el fallador de primera instancia no valoró la
referida certificación de 5 de noviembre de 2023, expedida por el
inspector de policía y tránsito de Bolívar (Valle del Cauca), la cual da
cuenta que el accionado tiene poderes vigentes y que sobre ninguno
se ha presentado renuncia o sustitución de poder.
Sobre el particular, cabe señalar que no resulta cierto que el a quo
no hubiese valorado dicha prueba, pues ciertamente hizo referencia
a ese certificado en la sentencia apelada, pero a partir de la misma
y de las demás allegadas al proceso no encontró que se hubiera
demostrado que las gestiones comprendidas en los poderes
otorgados al accionado hubieran sido continuadas a partir del 1o. de
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enero de 2024, cuando ya el accionado ostentaba la investidura de
concejal, cuando al efecto, indicó:
“[…] De las pruebas presentadas en el proceso, se observa la
siguiente certificación:
[…]
Para constancia se firma en Bolívar Valle del Cauca a los 05 días
del mes de noviembre del 2024”. […]
Según las pruebas arrimadas al expediente el demandado no
pasó de representar a sus prohijados en distintas audiencias
públicas celebradas el 13 de abril, 15 de junio y 20 de septiembre
de 2023, de suerte que no hay prueba de que las gestiones
comprendidas en los poderes otorgados al demandado
hubieren sido continuadas a partir del 01 de enero de
2024, cuando ya el demandado ostentaba la investidura
de concejal. […]” (Destacado fuera de texto).
Además, la Sala estima, en consonancia con lo señalado por el
fallador de primera, que si bien es cierto que la citada prueba
documental pone de manifiesto que los poderes fueron reconocidos
en las audiencias públicas celebradas en 2023 y que no han sido
objeto de renuncia, ni sustitución de poder, también lo es que del
material probatorio obrante en el expediente no se puede establecer
que el concejal accionado haya actuado, ejercido o fungido como
apoderado o gestor ante cualquiera de las entidades públicas del
respectivo municipio para el cual fue elegido, durante el período
constitucional para el cual fue elegido concejal, -2024- 2027-.
Al respecto, se precisa, que el solo otorgamiento y reconocimiento
de un poder (vigente) a nombre del accionado, no conlleva la
configuración de la causal de incompatibilidad alegada, pues lo que
da lugar a que se tipifique la misma es que el concejal haya actuado,
ejercido o fungido como apoderado o gestor como apoderado
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ante cualquiera de las entidades públicas del respectivo municipio,
durante el período constitucional para el cual fue elegido.
En otras palabras, para que se configure la causal de incompatibilidad
alegada se requiere que el accionado haya ejecutado, ante
cualquiera de las entidades del orden municipal, una o más
gestiones o trámites de cualquier tipo, en nombre y
representación del mandante o poderdante, durante el período
constitucional para el cual fue elegido28.
Y respecto de la notificación realizada el 1o. de febrero de 2024, al
correo electrónico [alvaroj.jimenezv@gmail.com] del señor ÁLVARO
JOSÉ JIMÉNEZ VARELA, en su calidad de apoderado del señor
Agustín Astudillo, por el inspector de policía y tránsito de Bolívar
(Valle del Cauca), sobre una decisión que resolvió los recursos de
apelación, dentro del proceso con núm. de radicación interno 147-
17-01-2023-116, la Sala advierte que si bien es cierto que dicha
notificación se realizó durante el período constitucional del concejal
accionado para el cual fue elegido, también lo es que la notificación
o la citación para ser notificado de un acto administrativo no
involucra una actuación del accionado, Por el contrario, lo único que
deja ver es el cumplimiento de una decisión administrativa, conforme
lo indicó esta Sección en la citada sentencia de 6 de octubre de
201729, en la que precisó:
28 Ver sentencia de 31 de agosto de 2017 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 08001-23-33-000-
2016-00753-01(PI).
29Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de
octubre de 2017, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 63001-23-33-000-2016-
00327-01(PI).
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“[…] El primer problema que debe ser resuelto por la Sala consiste
en establecer si ¿Incurre en causal de pérdida de investidura por
gestión de negocios, el concejal que, dentro del año anterior a la
elección, es notificado en su condición de apoderado de unos
ciudadanos del municipio, de un acto administrativo que ordena
la expropiación por vía administrativa de parte de los predios de
sus poderdantes?
Al respecto, se advierte que la primera conducta valorada por el
a quo como una forma de gestionar negocios no tiene esa
virtualidad, toda vez que esas citaciones para ser notificado
de un acto administrativo no involucran una actuación del
demandado, por el contrario, lo único que dejan ver es el
cumplimiento de una decisión administrativa; en este caso
del Municipio de La Tebaida, tendiente a comunicar una
resolución, acto éste que, por demás, le fue notificado por aviso
según consta a folios 31 y 32 del Cuaderno número uno. [...]”
(Destacado fuera de texto).
V.6.2.- Por último, en cuanto al argumento de los apelantes, según
el cual el artículo 45, numeral 2, de la Ley 136, solo exige “ser
apoderado”, sin incluir la realización de actuaciones o de gestiones
como apoderado, la Sala considera que la interpretación señalada
por los recurrentes desconoce la posición reiterada por la Sección,
antes indicada, en el sentido de que dicha causal de incompatibilidad
se configura por actuar o ejercer o fungir como apoderado o
gestor ante cualquiera de las entidades o autoridades públicas del
respectivo municipio para el cual fue elegido. Posición que resulta en
consonancia con lo que debe ser entendido como una
incompatibilidad, en tanto que no puede perderse de vista que la
citada causal corresponde al régimen de incompatibilidades.
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Sobre el particular, debe precisarse que conforme a lo indicado en la
sentencia C-181 de 199730, proferida por la Corte Constitucional, la
incompatibilidad es definida como:
“[…] una prohibición dirigida al titular de una función
pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de
ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las
competencias propias de la función que desempeña y las
correspondientes a otros cargos o empleos, en guarda del
interés superior que puede verse afectado por una indebida
acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco
conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y
la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce
la autoridad en nombre del Estado […]” (Destacado fuera de
texto).
En el mismo sentido, en la sentencia C-893 de 200331, la Corte
Constitucional señaló que las incompatibilidades deben entenderse
como:
“[…] la situación de choque o exclusión creada por el
ejercicio simultáneo de funciones públicas o privadas, con
lo cual se lesionan los principios de moralidad, la convivencia
pacífica, la igualdad y la trasparencia. […]” (Destacado fuera de
texto)32.
En este orden de ideas, para que una conducta constituya una
incompatibilidad el accionado debe ejercer dos actividades o realizar
dos roles de manera simultánea, taxativamente señaladas en la Ley,
que afecten la imparcialidad y la independencia que guían sus
actuaciones.
30 Corte Constitucional, M.P. Fabio Morón Díaz. Concepto retomado en las sentencias C-179 de 2005
y C-903 de 2008.
31 Corte Constitucional, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
32 Ver sentencia de 27 de julio de 2017 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 05001-23-33-000-
2016-02017-01(PI).
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En otras palabras, para incurrir en la comisión de una
incompatibilidad se requiere que el accionado ejerza o realice otras
actividades distintas a las funciones o la gestión que le corresponde
en el cargo que ostenta.
Por consiguiente, para la Sala no cabe duda de que la posición de
esta Sección sobre la causal prevista en el artículo 45, numeral 2, de
la Ley 136 se encuentra acorde con lo que debe ser entendido por
incompatibilidad y, por ende, acertó el a quo al señalar que la misma
se materializa cuando el concejal actúa efectivamente como
apoderado ante entidades públicas del municipio donde ejerce su
cargo.
V.7.- Con fundamento en lo considerado, al descartarse la
configuración del elemento objetivo de la causal de violación del
régimen de incompatibilidad, prevista en el artículo 45, numeral 2,
de la Ley 136, lo que, por demás, impide proseguir con el examen
del elemento subjetivo, la Sala confirmará la sentencia de 22 de
enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que denegó la pérdida de investidura del concejal del
municipio de Bolívar (Valle del Cauca), señor ÁLVARO JOSÉ
JIMÉNEZ VARELA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
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Número único de radicación: 76001233300020240071001
Solicitante: JORGE ARMANDO ARIAS SANTIAGO
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 12 de junio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
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