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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2017-01127-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2017-01127-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 18 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Una vez en firme esta Sentencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-004-2017-01127-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 76001-23-33-004-2017-01127-01 (5142-2024)
Demandante : Cenaida Martínez González
Demandado : Departamento del Valle del Cauca
Medio de control : Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Tema : Reconocimiento sanción moratoria - cesantías
Definitivas
Decisión : Sentencia segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
Sentencia del 18 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones1

Cenaida Martínez González, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio
de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, solicitó que se declare la nulidad del Oficio SADE 239844 de
22 de noviembre de 2016, expedido por el departamento enjuiciado, por medio del cual
le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en las Leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la parte demandada a: (i)
reconocer y pagar dicha penalidad por el pago tardío de las cesantías definitivas, (ii) dar
cumplimiento a la sentencia de conformidad con la Ley 1437 de 2011; y (iii) sufragar las

1
Ff. 1 a 9.

2

Número interno: 5142-2024
Demandante: Cenaida Martínez González
Demandada: Departamento del Valle del Cauca

costas y agencias en derecho.

Los hechos en que se fundamentan las súplicas de la demanda, en síntesis, son los
siguientes:

Juan Alberto Serna Rendón (q.e.p.d.) prestó sus servicios como auxiliar administrativo
(celador) desde el 17 de noviembre de 1989 hasta el 31 de diciembre de 2002 en el
departamento del Valle del Cauca - Secretaría de Educación.

Mediante la Resolución 2746 de 3 de diciembre de 2002 expedida por el Ministerio de
Educación, se otorgó competencia al municipio de Tuluá para dirigir, planificar y prestar
el servicio educativo en los términos definidos por la Ley 715 de 2001 2. Luego, por el
Decreto 374 de 2003 la Secretaría de Educación Departamental hizo entrega del personal
directivo docente, docente y personal administrativo, a la Secretaría de Educación
Municipal de Tuluá, debido a la necesidad de las Instituciones se incluyó al personal con
cargo de auxiliares de servicios generales y celadores.

Con ocasión del fallecimiento de Juan Alberto Serna Rendón, lo cual ocurrió el 28 de
mayo de 2012, la señora Cenaida Martínez González, en su calidad de cónyuge
supérstite, presentó solicitud el 23 de agosto de 2012 ante la gobernación del Valle del
Cauca, con el fin de que se le reconozcan y paguen las cesantías definitivas a las que su
fallecido esposo tenía derecho, por los servicios prestados directamente al departamento
del Valle del Cauca, durante el período comprendido entre el 17 de noviembre de 1989 y
el 31 de diciembre de 2002.

Dicho reconocimiento y pago no fue efectuado en su momento, ya que el causante nunca
solicitó esa prestación, y la mencionada entidad departamental tampoco remitió las
cesantías al municipio de Tuluá, que asumió la condición de empleador directo del
causante una vez éste se certificó en educación.

Ante la solicitud presentada por la demandante, la gobernación del Valle del Cauca
expidió la Resolución núm. 3629 del 5 de diciembre de 2013 mediante la cual reconoció
el pago de la cesantía reclamada. Con posterioridad, emitió la Resolución núm. 2854 del

2
Consultado en la Página oficial del Municipio de Tuluá https://www.tulua.gov.co/wp-
content/uploads/Normatividad/2015/ACUERDOS/CRONOGRAMA_PROCESP_ORDINARIO_DE_TRASLADOS2016.pdf

3

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Demandante: Cenaida Martínez González
Demandada: Departamento del Valle del Cauca

6 de diciembre de 2014, en la que modificó la cuantía del pago inicialmente reconocida,
debido a que el certificado de disponibilidad presupuestal previamente emitido para el
pago de la prestación había expirado, lo que impedía su ejecución en los términos
inicialmente establecidos. Finalmente, el pago se realizó el 21 de octubre de 2015, a
través del Banco BBVA en cuenta de la señora Cenaida Martínez González.

La demandante mediante petición del 13 de octubre de 2015, reiterada el 31 de marzo
de 2016, solicitó al ente territorial el pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno
de las cesantías reclamadas, toda vez que, pasaron más de tres años entre la
reclamación de las cesantías (23 de agosto de 2012) y el pago de las mismas.

El 21 de octubre de 2015 la entidad demandada efectuó la consignación correspondiente
por concepto de cesantías. Por consiguiente, la actora pidió de la accionada el pago de
la sanción moratoria por la extemporaneidad en la consignación de las cesantías
definitivas.

Finalmente, la entidad demandada emitió el acto administrativo, cuyo contenido y
legalidad son objeto de controversia en el presente proceso.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Constitución Política: artículos 2, 6, 13, 25, 29, 53 y 125; Ley 244 de 1995: artículos 1 y
2; Ley 1071 de 2006; Ley 1437 de 2011: artículo 138; y los Decretos 3148 de 1968 y 1848
de 1969.

Al desarrollar el concepto de violación adujo que, el acto administrativo emitido por la
entidad demandada vulnera los derechos constitucionales, legales y diferentes principios
y tratados internacionales, al justificar que el “Departamento del Valle del Cauca se
encuentra en el marco de reestructuración de pasivos y por tal motivo no paga sanciones
moratorias ya que en el acuerdo contemplaron que no lo harían, generando así un abuso
de poder sometiendo a una voluntad unilateral e indiscriminada del empleador,
circunstancia que como se evidencia en la sentenciade unificación raya en la desigualdad
y vulneración de derechos de mi poderdante y no se tiene en cuenta el principio PRO
HOMINE, principio que se encuentra enmarcado en derechos humanos que implica que
la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano”.

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2. Contestación de la demanda

El departamento del Valle del Cauca se opuso a las pretensiones de la demanda, al
considerar que3:

El pago de las cesantías solicitadas estaba a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, por cuanto el beneficiario de esa prestación “estaba afiliado al
mismo, razón por la cual, de ser procedente el pago de la sanción solicitada, será ese
Fondo el que deba cubrirla”.

Trascribió apartes del Decreto 2831 de 2005 referentes al trámite que debe surtirse para
el reconocimiento y pago de las cesantías del personal docente adscrito a dicho fondo.
Aunado a que, la carga prestacional y salarial referente al causante se encontraba a cargo
del municipio de Tuluá a partir del 2003 debido a que, desde ese momento la mencionada
entidad territorial fue certificada en educación en los términos de la Ley 715 de 2001; y
por ello, es esa entidad la legitimada en esta causa para fungir como extremo demandado
y no el departamento del Valle del Cauca.

Propuso los medios exceptivos que denominó “falta de legitimación en la causa por
pasiva”; “carencia del objeto”; “cobro de lo no debido”; e “innominada”.

3. Sentencia de primera instancia

El 18 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia
mediante la cual accedió a las pretensiones de la parte demandante, sin condenar en
costas a la parte vencida, en atención a los siguientes fundamentos4:

Indicó que, las cesantías cuyo pago se alega tardío y que es generador de la sanción por
mora dispuesta en la Ley 1071 de 2006, “fueron reconocidas en el marco del Acuerdo de
Restructuración de Pasivos a que se vio sometido el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA y por esa razón, debe establecerse en primer lugar, si como lo alega la entidad
demandada, esa sola circunstancia impide que se cause la aludida sanción debido a que
así quedó estipulado en el mencionado acuerdo”.

3
Ff. 61 a 71.
4
Samai-expediente digital-índice 002.

5

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Demandante: Cenaida Martínez González
Demandada: Departamento del Valle del Cauca

Precisó que, el departamento del Valle del Cauca presentó a consideración del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Apoyo Fiscal - solicitud de
promoción de un Acuerdo de Restructuración de Pasivos debido a razones de orden
financiero, fiscal e institucional. Por lo que, la Dirección General de Apoyo Fiscal, previo
al cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley 550 de 1999, procedió a aceptar la
solicitud de promoción del Acuerdo de Restructuración de Pasivos mediante Resolución
1249 del 15 de mayo de 2012.

Destacó que “el Acuerdo fue suscrito el 20 de mayo del 2013, constituyendo un
instrumento de protección de derechos fundamentales cuyo objeto era disponer y
ejecutar medidas de recuperación fiscal e institucional en favor del ente territorial,
corrigiendo las deficiencias que presentaba en su organización y funcionamiento con el
fin de que pudiera atender sus obligaciones dentro del plazo y condiciones previstas en
el mismo y sus etapas de iniciación se surtieron en las siguientes fechas: i) Fecha de
inicio de la promoción: 15 de mayo de 2012; ii) Fecha de reunión de Determinación De
Acreencias: 11 al 14 de septiembre de 2012; iii) fecha de celebración de votación Del
Acuerdo y Escrutinio: 15 - 17 de mayo de 2013 y, iv) fecha de Suscripción del Acuerdo
De Reestructuración de Pasivos: 20 de mayo de 2013”.

Señaló que, el Acuerdo de Restructuración de Pasivos celebrado entre el departamento
del Valle del Cauca y sus acreedores en el marco de la Ley 550 de 1999 “de fecha 20 de
mayo de 2013”, debe señalarse que en sus cláusulas 3, 9 y 21 se contempló lo siguiente:

“CLAUSULA 3: OBLIGATORIEDAD DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE
PASIVOS: Teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 4 y 34 de la Ley 550 de 1999 el
presente ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS, es de obligatorio cumplimiento
para el DEPARTAMENTO y para todos sus ACREEDORES incluyendo a quienes no hayan
participado en la negociación (...) o que habiéndolo hecho no hayan consentido en
él….Tratándose de EL DEPARTAMENTO, el mismo se entiende legalmente obligado a la
celebración y ejecución de los actos administrativos que se requieran para cumplir con las
obligaciones contenidas en este ACUERDO (…)

CLAUSULA 9. CLASES DE ACREEDORES Y REGLAS GENERALES PARA EL PAGO DE
LAS OBLIGACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 550 de 1999,
LOS ACREEDORES a que refiere el presente ACUERDO DE RESTRUCTURACION DE
PASIVOS, se clasifican en:

1. Grupo No 1: Trabajadores y Pensionados (…)

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CLAUSULA 21. PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PENSIONALES (GRUPO 1) EL
DEPARTAMENTO cancelará las acreencias del primer grupo de ACREEDORES durante el año
2013, conforme a la siguiente prelación:

2. Mesadas Pensionales
3. Cesantías (…)”
PARÁGRAFO 1. EL DEPARTAMENTO reconocerá y pagará a las obligaciones del grupo 1 el
capital de la obligación y el IPC causado desde la fecha de causación hasta el momento de
pago.”

Concluyó que, el pago de cesantías que debieran reconocerse a los servidores de la
entidad territorial al interior del mencionado acuerdo, efectivamente quedó supeditado a
la cancelación del capital más su indexación y es por esa razón que el Departamento del
Valle del Cauca mantiene su negativa en reconocer la sanción moratoria dispuesta en la
Ley 1071 por el no pago oportuno de cesantías.

Aunado a que, esa postura no puede ser acogida, en la medida que, como en otras
ocasiones lo ha dispuesto el Consejo de Estado5, en materia de reconocimiento de
sanción moratoria por el pago tardío de cesantías en el marco de un Acuerdo de
Restructuración de Pasivos se debe tener en cuenta que “los mencionados acuerdos no
pueden cercenar los derechos de los trabajadores que no consistieron en su aprobación.
tampoco pueden orientarse a evadir el pago de las obligaciones sino a rebajas,
disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas.” (Resaltado fuera de
texto)

Adujo que, el Acuerdo de Restructuración de Pasivos a que se sometió el departamento
del Valle del Cauca en los términos de la Ley 550 de 1999 no podía desconocer por
completo el pago de la sanción por mora que se causara por la no cancelación oportuna
de las cesantías.

En atención de ello, citó un pronunciamiento del Consejo de Estado6, en el que se
determinó que aquel departamento utilizó el acuerdo de restructuración de pasivos con
el propósito de desconocer este tipo de obligaciones – sanción moratoria – cuando ello
no era procedente y aunado a esto, no atendió los plazos fijados para el pago de esa
prestación. Luego, resulta procedente el pago de la sanción moratoria que se deriva de

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 6 de julio de 2017, C.P.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. Radicación No. 470012333000201200084-02.
6
Radicado: 76001-23-33-000-2017-01129-01, de 27 de octubre de 2023. C.P. César Palomino Cortés.

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la cancelación tardía de las cesantías reconocidas dentro de ese proceso de
reestructuración de pasivos, sin limitación alguna.

Advirtió que, acogiendo ese precedente, es claro que, aunque las cesantías pagadas a
la demandante fueron reconocidas al interior del mencionado acuerdo de restructuración,
su cancelación tardía sí da lugar al reconocimiento de la sanción moratoria dispuesta en
la Ley 1071 de 2006; siempre y cuando, el pago de esa prestación haya superado los
términos dispuestos en la norma para tal fin.

Aclarado lo anterior, advirtió que, presentada la solicitud de reconocimiento y pago de las
cesantías por parte de la accionante el 23 de agosto de 2012, conforme lo dispuesto en
el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, el término de 15 días hábiles para resolver la petición
vencía el 13 de septiembre de 2012. Sin embargo, la administración expidió el respectivo
acto administrativo el 5 de diciembre de 2013, es decir, fuera del término legal
establecido.

Indicó que, atendiendo el precedente jurisprudencial citado líneas atrás, los 45 días a que
se refiere el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 para el pago de las cesantías, se deben
contabilizar después de los 15 días hábiles desde la presentación de la solicitud, más 10
días de ejecutoria del acto administrativo, es decir, a partir del día 14 de septiembre de
2012 empieza a correr el término de 55 días producto de la suma de ambos términos.

Refirió que, comoquiera que el término de los 55 días venció el 4 de diciembre de 2012,
y el pago se realizó el 21 de octubre del año 2015, se causó una mora de 1.036 días,
transcurrida entre el (5 de diciembre de 2012 y el 20 de octubre de 2015), tiempo durante
el cual es exigible el pago de un día de salario por cada día de retardo, “ sin que en dicho
cómputo se distingan días hábiles o inhábiles, por lo que debía utilizarse los días calendario ”, teniendo

en cuenta la asignación básica devengada por el causante al momento de su
fallecimiento, esto es, en el 2012.

Adujo que, toda vez que las cesantías reconocidas fueron pagadas de forma indexada,
se debe descontar de dicha liquidación la suma de $ 2.026.539, pues de lo contrario, se
generaría un enriquecimiento sin justa causa en favor de la parte actora, quien no puede
percibir el pago de la prestación actualizada y, a su vez, devengar una sanción moratoria
por el pago tardío de la misma.

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Destacó que, no debe confundirse con la indexación de la sanción moratoria, la cual
procede desde el 21 de octubre de 2015, hasta la ejecutoria de esta providencia,
conforme lo dispone el artículo 187 del CPACA según se indicó anteriormente.

Sostuvo que, frente a la prescripción, el Consejo de Estado en sentencia de unificación
determinó que el derecho a la sanción moratoria que surge de la Ley 1071 de 2006 se
encuentra sujeto a término prescriptivo7 y en relación con ese fenómeno jurídico, se debe
dar aplicación al artículo 151 del CPTSS, el cual prevé que las acciones derivadas de los
derechos consagrados en el mismo prescriben en tres años, contados desde que la
obligación se haya hecho exigible, término que se interrumpe por un lapso igual con el
simple reclamo escrito que haga el empleado o trabajador del derecho respectivo.

De ahí que, las prestaciones laborales de los empleados públicos y trabajadores oficiales,
por regla general, prescriben en el término de tres años, y que cuando el trabajador o
empleado formula petición reclamando el derecho respectivo ese término se interrumpe
por un lapso igual. Claro está que para que haya interrupción de la prescripción, la
reclamación del derecho debe hacerse antes del vencimiento del término de tres años,
pues si se formula por fuera de este lapso, la prestación ya se encuentra prescrita y, por
ende, no opera la interrupción.

Señaló que, transcurrido un lapso de tres (3) años posteriores a la reclamación del
derecho que interrumpió el término de prescripción, sin que el servidor público ejercite la
acción correspondiente, en este caso ante la jurisdicción contencioso administrativa, la
prestación igualmente prescribe, teniendo en cuenta que el término de interrupción no es
indefinido ya que la misma norma explica que será por un término igual, esto es, tres
años más.

Por consiguiente, manifestó que el plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria
por el incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151
del CPTSS, se inicia a contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al
vencimiento del plazo legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo de la
sanción se presenta después de los tres años contados desde su exigibilidad, se
configura la prescripción total.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 2 de noviembre de
2023, C.P. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ. Radicación número: 080012333000201200200-02 (2459-2014).

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Concluyó que, el término con el que contaba la entidad para realizar el pago de la
prestación venció el 4 de diciembre de 2012, razón por la cual el derecho a la sanción
moratoria se hizo exigible a partir del 5 de diciembre de 2012. Asimismo, dado que la
solicitud de pago de la sanción fue radicada el 13 de octubre de 2015, se interrumpió la
prescripción por un lapso de tres (3) años, término que venció el 13 de octubre de 2018;
por lo que, la demanda fue presentada oportunamente en el 2017.

Por lo tanto, la sanción moratoria que se causó no se encuentra prescrita y deberá ser
pagada por la entidad demandada conforme a los términos previamente expuestos.

4. Recurso de apelación

El demandado apeló la decisión de primera instancia, de lo que se advierte que el motivo
de disenso consiste en precisar que, toda vez que Juan Alberto Serna Rendón (q.e.p.d.)
era beneficiario del régimen retroactivo de cesantías por tener una vinculación laboral
desde el año 1989, no se le puede aplicar en su favor la Ley 50 de 1990 y 344 de 1996 a
fin de que se le reconozca la sanción por mora pretendida, en vista que tales normas son
aplicables a los beneficiarios del régimen de cesantías anualizado. Aunado a que, la
prestación que se alega pagada tardíamente fue incluida en el acuerdo de
reestructuración de pasivos al que se acogió el departamento del Valle del Cauca.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Con auto de 7 de octubre de 2024 8 , el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021;
sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del
periodo para que las partes alegaran de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

8
Folio 116.

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2.2. Problema Jurídico

De conformidad con el cargo expuesto en el recurso de apelación, corresponde a esta
Sala pronunciarse sobre la procedencia de revocar o no la sentencia dictada por el
Tribunal de primera instancia, que accedió a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, se estudiará si (i) Cenaida Martínez González en la calidad de cónyuge
del señor Juan Alberto Serna Rendón (q.e.p.d.) beneficiario del sistema retroactivo de
cesantías, tenía derecho a la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 modificada
por la Ley 1071 de 2006 y, (ii) si la participación en el acuerdo de reestructuración del
departamento del Valle del Cauca conlleva a la aplicación de la condonación o renuncia
a la sanción moratoria.

2.2.1 Régimen de cesantías de empleados públicos

Cabe recordar que el auxilio de cesantías fue inicialmente establecido como un derecho
en favor de los trabajadores del sector privado mediante la Ley 10 de 1934, otorgándole
un carácter indemnizatorio que procedía en caso de despido, siempre que este no fuera
motivado por mala conducta o incumplimiento del contrato laboral. Posteriormente, en
virtud de la Ley 6 de 1945, este beneficio fue extendido a los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente.

En este sentido, el artículo 17 de la Ley 6.ª de 1945 dispuso que los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente tendrían derecho, entre otras prestaciones, a un
auxilio de cesantía equivalente a un mes de salario o jornal por cada año de servicio.
Para efectos del cálculo de dicho auxilio, únicamente se consideraría el tiempo de servicio
prestado con posterioridad al 1.º de enero de 1942.

Por su parte, mediante el artículo 1º del Decreto 2767 de 1945, se extendieron a los
empleados de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios todas las
prestaciones sociales previstas en el artículo 17 de la Ley 6 de 1945, incluyendo el auxilio
de cesantía.

Posteriormente, la Ley 65 de 1946 precisó el carácter indemnizatorio del auxilio de
cesantías, estableciendo que dicho beneficio debía ser abonado sin importar la causa del
retiro del trabajador, eliminando así su carácter sancionador para el empleador y

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transformándolo en una prestación social a favor del trabajador. Esta modificación fue
consolidada en el Código Sustantivo del Trabajo. La mencionada ley también reformó las
disposiciones sobre el auxilio de cesantías, extendiendo estos beneficios a los
trabajadores de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios.

De igual manera, el Decreto 2567 de 31 de agosto de 1946 estableció los criterios y
parámetros para la correcta liquidación de este auxilio, mientras que el Decreto 1160 de
28 de marzo de 1947 dispuso que todos los empleados, ya estuvieran inscritos o no en
la carrera administrativa, tendrían derecho a percibir el auxilio de cesantía,
independientemente de la causa que motivara su retiro. En virtud de dicha normativa, el
monto de la prestación sería equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o,
en su defecto, proporcional al tiempo laborado, en caso de ser inferior al mencionado
período anual.

Puestas, así las cosas, dicho régimen de cesantías era de carácter retroactivo, en virtud
de que, para su liquidación se tenía en cuenta todo el tiempo de servicio y el último salario
devengado.

Posteriormente, mediante Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo Nacional del Ahorro
(FNA) como un establecimiento público adscrito al extinto Ministerio de Desarrollo
Económico, cuyo objeto, conforme al artículo 2° del citado Decreto, consiste en:

“(…)

a. Pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores oficiales;
b. Proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria, mediante el reconocimiento de intereses
sobre las sumas acumuladas a favor del empleado o trabajador;
c. Contribuir a la solución del problema de vivienda de los servidores del Estado;
d. Contribuir a la mejor organización y funcionamiento de los sistemas de seguridad social y a la
futura unificación de sus servicios;
e. Saldar el déficit actual por concepto de cesantías del sector público y establecer sistemas
adecuados y reservas suficientes para atender oportunamente el pasivo a cargo del Estado por
tal concepto, y
f. Promover el ahorro nacional y encauzarlo hacia la financiación no inflacionaria de proyectos
de especial importancia para el desarrollo económico y social…

(…)”

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Dicho Decreto, estableció que se debían liquidar y entregar al Fondo Nacional del Ahorro
las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
empresas industriales y comerciales del estado del orden nacional, con excepción de las
de los miembros de las cámaras legislativas y de sus empleados, los miembros de las
Fuerzas Militares, la Policía y el personal civil del ramo de la defensa nacional.

El mencionado Decreto estableció que las cesantías de los empleados públicos y
trabajadores oficiales de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del
Estado de orden nacional debían ser liquidadas y transferidas al Fondo Nacional del
Ahorro. No obstante, quedaron exceptuadas de dicha disposición las cesantías de los
miembros de las cámaras legislativas y de sus empleados, así como las de los miembros
de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el personal civil adscrito al ramo de la
Defensa Nacional.

Por su parte, la Ley 50 de 1990 introdujo un cambio en el régimen de cesantías en el
sector privado, adoptando un sistema anualizado, cuyas características fueron detalladas
en el artículo 99 de la misma, de la siguiente manera:

“(…)

El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad
o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por
la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcional por
fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con
respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año
siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo
elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada
retardo.

(…)”

13

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Demandante: Cenaida Martínez González
Demandada: Departamento del Valle del Cauca

2.2.2. Auxilio de cesantías y la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995 adicionada
por la Ley 1071 de 2006

El auxilio de cesantía es una prestación social de origen legal que el empleador está
obligado a pagar al trabajador por los servicios prestados, en el evento de que este quede
cesante, con el fin de que pueda atender sus necesidades básicas (cesantías definitivas),
o durante la vigencia del vínculo laboral (cesantías parciales), siempre y cuando se
cumplan los requisitos establecidos para su reconocimiento, los cuales están
relacionados con la educación, el mejoramiento o la adquisición de vivienda.

La sanción moratoria por el pago tardío o extemporáneo de las cesantías, regulada por
la Ley 344 de 1996, la cual remite al artículo 99 de la Ley 50 de 1990 9 , se aplica
exclusivamente a las cesantías anualizadas. Por su parte, la Ley 244 de 1995, modificada
y adicionada por la Ley 1071 de 2006, regula las disposiciones relacionadas con las
cesantías definitivas y parciales.

En este sentido, la Ley 1071 de 2006, que adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, reguló
el pago de las cesantías definitivas y parciales a los servidores públicos, estableciendo
las sanciones derivadas del incumplimiento de dicha obligación y fijando los plazos para
su cancelación. Asimismo, la mencionada ley reiteró los parámetros que determinan la
configuración de la mora en el pago de las cesantías solicitadas, señalando los términos
y condiciones bajo los cuales se entiende incurrido en el referido incumplimiento:

“(…)

ARTÍCULO 4. TÉRMINOS. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación
de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios,
la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías,
deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la
ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud,
señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en
los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

9
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.

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Demandante: Cenaida Martínez González
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ARTÍCULO 5. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar
esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las
mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este
artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la
mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.” (Subrayado de la Sala ).

A su turno, el artículo 4º de la Ley 1071 de 2006 estableció un término perentorio para la
liquidación de las cesantías definitivas, con el objetivo exclusivo de asegurar una
actuación oportuna de la administración en beneficio del administrado. En este sentido,
en caso de no obtener respuesta respecto al derecho prestacional reclamado (cesantías),
se habilitaba la posibilidad de exigir una indemnización, con el fin de evitar que la falta de
respuesta o una respuesta evasiva causara perjuicio al administrado.

Asimismo, el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006 estableció un plazo máximo de 45 días
hábiles para la cancelación del valor reconocido por la prestación social. En su parágrafo,
dispuso la sanción a cargo del empleador moroso, en beneficio del servidor público, con
el propósito de resarcir los daños ocasionados al mismo por el incumplimiento de la
obligación.

2.2.3. Acuerdo de reestructuración celebrado por el departamento del Valle del
Cauca - Ley 550 de 1999

En cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 1°, así como en los
artículos 5 y 58 de la Ley 550 de 1999, el Departamento del Valle del Cauca sometió a
consideración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, específicamente a la
Dirección General de Apoyo Fiscal, la solicitud de promoción de un acuerdo de
reestructuración de pasivos10.

10 https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-
055851%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

15

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Como antecedentes del acuerdo, se tiene que, mediante la Resolución 1249 de fecha 15
de mayo de 2012, la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público admitió la solicitud de promoción del Acuerdo de Reestructuración de
Pasivos. Posteriormente, entre los días 15 y 17 de mayo de 2013, se llevó a cabo la
votación de la propuesta del referido acuerdo por parte de los acreedores, obteniéndose
la mayoría exigida en el artículo 29 de la Ley 550 de 1999 para su aprobación.

Respecto a la obligatoriedad del acuerdo referido se estableció lo siguiente:

“(…)

CLÁUSULA 3º. Teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 4 y 34 de la Ley 550 de 1999, el
presente ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS, es de obligatorio cumplimiento para
EL DEPARTAMENTO y para todos sus ACREEDORES, incluyendo a quienes no hayan participado
en la negociación, o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, […]. Tratándose de EL
DEPARTAMENTO, el mismo se entiende legalmente obligado a la celebración y ejecución de los
actos administrativos de sus órganos de control que se requieran para cumplir con las obligaciones
contenidas en este ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS.»

En la CLÁUSULA 9, se definieron las clases de acreedores y reglas generales para el pago de las
obligaciones, en los siguientes términos:

«[…]
1. Grupo No. 1: Trabajadores y Pensionados;
2. Grupo No. 2: Entidades Públicas e Instituciones de Seguridad Social.
3. Grupo No. 3: Entidades financieras y,
4. Grupo No. 4: Los demás Acreedores Externos.»

En la CLÁUSULA 11. En desarrollo del presente ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE
PASIVOS, los ACREEDORES aceptan la propuesta de pago de EL DEPARTAMENTO y su
suscripción constituye un contrato de transacción colectiva para extinguir las obligaciones a cargo
del DEPARTAMENTO.

En la CLÁUSULA 21 quedaron incluidas las cesantías y en su parágrafo 1: EL DEPARTAMENTO
reconocerá y pagará a las obligaciones del 1 el capital y el IPC causado desde la fecha de causación
hasta el momento de pago.

CLÁUSULA 57: El presente ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS constituye una
transacción colectiva entre EL DEPARTAMENTO del Valle del Cauca y sus acreedores, para
extinguir totalmente las obligaciones incorporadas en el inventario de acreencias relacionadas en los
anexos 1 y 2.

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Demandante: Cenaida Martínez González
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CLÁUSULA 46. EFECTOS. Conforme con lo dispuesto por el artículo 34 de la ley 550 de 1999, este
presente ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS es de obligatorio cumplimiento para
el DEPARTAMENTO y para todos sus acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la
negociación del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS o que, habiéndolo hecho, no
hayan consentido en él, y tendrán los efectos previstos en la Ley 550 de 1990.
(…)”.

2.3. Hechos probados

Juan Alberto Serna Rendón (q.e.p.d.)11 laboró para el departamento demandado desde
el 17 de noviembre de 1989 hasta el 31 de diciembre de 2002, fecha desde la cual pasó
a ser parte de la planta de empleados del municipio al que se encontraba vinculado
debido al proceso de descentralización de la educación.

El señor Serna Rendón falleció el 28 de mayo de 201212.

El 23 de agosto de 201213, la demandante en calidad de cónyuge supérstite solicitó al
departamento del Valle del Cauca el reconocimiento y pago de las cesantías del causante
del 17 de noviembre de 1989 al 31 de diciembre de 2002.

Por Resolución 3629 de 5 de diciembre de 2013, la Secretaría de Educación
Departamental – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció al
causante las cesantías definitivas así:

11
Fl. 11 a 12 vuelta.
12
F. 11.
13
F. 11.

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Demandante: Cenaida Martínez González
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Resolución núm. 2854 de 6 de diciembre de 2014, mediante la cual el departamento
demandado modificó el valor a cancelar por concepto de cesantías en cuantía de
Veintitrés millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento veintinueve pesos
($23.484.129)14.

Resolución núm. 3281 de 23 de junio de 2015 15, por medio de la cual la accionada
reliquidó el valor de las cesantías en $ 22.490.964, y la indexación en $ 2.026.539, para
un total de $ 24.517.503, dado que, los certificados de disponibilidad presupuestal
inicialmente expedidos para pagar habían expirado, y en atención de ello, el valor tenía
que ser ajustado.

Soporte de consignación del Banco BBVA, del que se desprende que las cesantías fueron
consignadas el 21 de octubre de 201516 a la demandante.

Peticiones del 13 de octubre de 2015 y 31 de marzo de 201617, respectivamente, por
medio de las cuales la accionante pidió al departamento del Valle del Cauca el pago de
la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006 al considerar que “las cesantías
fueron canceladas de forma extemporánea”.

14
F. 13.
15
Fl. 13 a 14.
16
Fl. 15 a 16.
17
Fl. 17 a 21.

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Demandante: Cenaida Martínez González
Demandada: Departamento del Valle del Cauca

Oficio SADE 239844 de 22 de noviembre de 2016 suscrito por el departamento del Valle
del Cauca, a través del cual indicó que no había lugar al reconocimiento y pago de la
sanción solicitada, ya que las cesantías fueron reconocidas dentro del marco del acuerdo
de restructuración de pasivos de la entidad, en cuya clausula 21 estipuló que” solo se
cancelaría el capital de la obligación más su indexación, como en efecto ocurrió. que el acuerdo era
obligatorio para los acreedores así no hubiesen participado en el mismo y en él también se pactó de forma
expresa que no se reconocería al momento del pago valor alguno por concepto de sanciones; aunado a
que, habiéndose cancelado la respectiva indexación sobre las cesantías adeudadas, no resulta procedente
pagar a su vez la sanción por mora que se solicita ”.

2.4. Caso concreto

La accionante pidió la nulidad del acto administrativo demandado, por medio del cual el
departamento accionado le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria bajo
el amparo de lo normado en la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006, por
el retardo en el pago de las cesantías definitivas, reconocidas mediante Resolución 3629
de 5 de diciembre de 2013 por el departamento del Valle del Cauca (FOMAG).

Aclarado lo anterior, la Subsección procede a precisar que (i) está probado que Juan
Alberto Serna Rendón (q.e.p.d.) pertenecía al régimen retroactivo de cesantías, pues
laboró al servicio del ddepartamento del Valle del Cauca desde el 17 de noviembre de
1989 hasta el 31 de diciembre de 2002 (cuando pasó a ser parte de la planta de
empleados del municipio al que se encontraba vinculado); (ii) que el 23 de agosto de
2012 Cenaida Martínez González en calidad de cónyuge supérstite solicitó el
reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas; (iii) por Resolución 3629 de 5 de
diciembre de 2013 el departamento demandado le reconoció el pago de las cesantías;
(iv) el 21 de octubre de 2015 le fueron consignadas las cesantías definitivas; y (v) el 13
de octubre de 2015 y 31 de marzo de 2016, la actora presentó reclamaciones
relacionadas con el reconocimiento de la sanción moratoria ante la accionada.

Ahora bien, para resolver los motivos específicos de disenso, orientados a establecer si
bajo el régimen de retroactividad de cesantías procede la causación de la sanción
moratoria, con la precisión que a pesar que la accionada en su recurso invocó la
indemnización prevista en la Ley 50 de 1990, el análisis se centrará en la Ley 244 de
1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, dado que sobre esta norma se suscitó la
controversia desde la presentación de la reclamación administrativa, por lo que el

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formalismo de citar otra norma, no impide que la Sala estudie la situación a la luz de la
última norma referida.

Como primera medida, es preciso señalar que la Ley 244 de 1995, adicionada por la Ley
1071 de 2006, al regular su ámbito de aplicación en el artículo 2°, dispuso que los
destinatarios serían: “los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se
aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores
particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro ”.

Hay que mencionar, además que la norma previamente citada establece como
beneficiarios de la sanción moratoria a los empleados públicos, sin realizar distinción
alguna entre los regímenes de cesantías retroactivas y anualizadas, dado que su
propósito principal es garantizar el pago oportuno tanto de las cesantías parciales como
de las definitivas. En este sentido, esta Corporación ha emitido pronunciamientos
concordantes18:

“(…)

La anterior contingencia se configura, de igual manera, tanto para quien está amparado por el
régimen de retroactividad como para quien lo está por el de liquidación anual; por lo tanto, como
el pago de la prestación tiene idéntico propósito en uno y otro régimen, no se justifica que el
término perentorio fijado por el legislador se exija para uno de los regímenes y no para el otro.

En ese orden de ideas, la Sala coincide y se mantiene en la tercera postura expuesta, según la
cual quienes están amparados por el régimen de retroactividad sí se pueden beneficiar de
la sanción moratoria, ante la tardanza en el pago de las cesantías definitivas, en aplicación
de la Ley 244 de 1995.

(…)

En consecuencia, se acogerá la tercera postura, que resulta más garante del derecho al pago
oportuno del auxilio definitivo de cesantías, razón por la cual, en adelante, la Subsección
seguirá la tesis según la cual sí es viable el reconocimiento de la aludida sanción, ante la
inoportunidad en el pago del auxilio definitivo de cesantías de los beneficiarios del régimen de
retroactividad.

(…)”

18
Radicado: 76001-23-33-000-2016-00773-01(0871-18).

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Precisado lo anterior, esta Subsección destaca que Cenaida Martínez González sí es
beneficiaría de la sanción moratoria ante la tardanza en el pago de las cesantías
definitivas, en aplicación de la Ley 244 de 1995 por el régimen de retroactividad. Por lo
que, sin mayores disquisiciones sobre el particular, no le asiste razón alguna a la
accionada en su recurso de apelación.

Ahora bien, la entidad enjuiciada manifestó que no se causó la sanción debido a lo
dispuesto en el acuerdo de reestructuración de pasivos celebrado conforme la Ley 550
de 1999. En atención de ello, esta Sala precisa que de conformidad con el precedente
Jurisprudencial de esta Corporación de 25 de agosto de 201619, se tiene que “en el proceso
de restructuración se deben supeditar derechos individuales del acreedor, al colectivo de satisfacer todos
los créditos en igualdad de condiciones, también lo es que dicho sacrificio no puede ser de tal magnitud
que conlleve el desconocimiento de derechos fundamentales que puedan ser trasgredidos por un Acuerdo
que cercene créditos laborales legalmente adquiridos. En otras palabras, no puede el deudor aprovecharse
de su insolvencia y someter al acreedor a que opte sí o sí por la renuncia de unos derechos que causó”.

En virtud de lo anterior, en consonancia con lo señalado por esta corporación en la
sentencia de unificación referida, la Sala concluye que la existencia de un acuerdo de
reestructuración no constituye una justificación válida para que el deudor desconozca las
obligaciones laborales a su cargo, de manera que, el ente demandado no puede eludir la
obligación que le asistía de pagar en término las cesantías definitivas, por lo que no se
desconocerá que la actora no tenía que soportar la mora en la que incurrió la entidad. En
consecuencia, la decisión adoptada por el a quo resultó acertada, motivo suficiente para
confirmar la sentencia apelada.

Condena en costas

No habrá lugar a dicha condena, ya que no se cumplen los presupuestos exigidos por el
artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que dicha norma otorga al juez la
facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual implica examinar la actuación
procesal de la parte vencida, verificar con certeza su causación y constatar que la
conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado
adverso del proceso.

19
Radicado: radicado 0528-14. MP Luis Rafael Vergara Quintero. También puede consultarse la sentencia del 27 de cotubre de 2023,
radicado núm. 76001-23-33-000-2017-0129-01. MP Cesar Palomino Cortes.

21

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En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, no se condena en costas
en esta sede.

III. DECISIÓN

En atención a las anteriores consideraciones, la Sala desestima el recurso de apelación
presentado por la parte accionada; por ende, confirmará la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las súplicas
de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 18 de julio de
2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las súplicas de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Una vez en firme esta Sentencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

22

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Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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