Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-006-2015-00847-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-006-2015-00847-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-006-2015-00847-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-006-2015-00847-01 (5460-2024)
Demandante: Gloria Sánchez Gutiérrez
Demandado: Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Temas: Bonificación por compensación. Análisis prescripción periodo
anterior a la dualidad normativa. ADICIONA Y CONFIRMA
SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Como ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto1, se procede a resolver los recursos de apelación
interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el quince (15) de agosto
de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Gloria Sánchez Gutiérrez instauró demanda2 en contra de la Nación
— Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) 4273 del 5 de julio de 2012,
(ii) 4447 del 1.° de agosto de 2012, y (iii) 5518 del 22 de diciembre de 2014, por
1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, ni prima
especial del artículo 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. De otro lado, mediante proveídos
del 9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-2025,
2694-2023, 6334-2018; la sala declaró infundado el impedimento manifestado por el consejero Luis Eduardo
Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente al proceso en curso que «si bien existe
coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en uno y otro proceso; no coincide el medio
de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina en ellos».
2 Ver índice 56 de SAMAI—Tribunales.
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medio de las cuales la entidad negó la reliquidación de su salario; como
restablecimiento del derecho, sea condenada a pagar el reajuste de forma
retroactiva, desde el 1.° de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2004,
teniendo en cuenta el 80 % del total de los ingresos que por todo concepto
devengan los magistrados de altas cortes, de conformidad con el Decreto 610
de 1998.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
3. Que desde el 1.° de agosto de 1989 hasta el 31 de diciembre de 2004 estuvo
vinculada a la Rama Judicial, ocupando el cargo de magistrada del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. Solicitó a la entidad el reconocimiento de las
sumas adeudadas, pero su respuesta fue negativa.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
4. Considera violados los artículos 4, 9, 13, 25, 29, 53, 58, y 230 de la Constitución
Política; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los
Convenios 95, 100 y 111 de la OIT.
5. Que el Decreto 610 de 1998 reconoció un derecho irrenunciable a percibir el 80
% de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte, mientras
que el Decreto 4040 de 2004 introdujo una reducción al 70%, generando un trato
desigual entre servidores en iguales condiciones e imponiéndole, mediante
conciliaciones o transacciones, a desistir de un derecho cierto. Afirmó que dicha
norma fue regresiva, vulneró principios constitucionales como igualdad,
progresividad e irrenunciabilidad, así como el bloque de constitucionalidad y
convenios de la OIT, razón por la cual fue anulada por el Consejo de Estado.
Que los derechos derivados del Decreto 610 permanecen incólumes y que las
conciliaciones carecen de validez.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
6. La demanda fue admitida el 18 de abril de 20223. La entidad manifestó4 que los
actos administrativos se expidieron conforme a la normativa vigente, en especial
el Decreto 4040 de 2004, el cual resultaba aplicable para la época. Sostiene que
no existe vulneración de derechos adquiridos ni de principios constitucionales,
pues la demandante aceptó las condiciones salariales vigentes, incluso
mediante mecanismos como conciliaciones o transacciones. Argumentó que no
hay lugar a reliquidación al 80%, ya que dicho reconocimiento no operaba de
forma automática, y que, en todo caso, las diferencias reclamadas estarían
3 Ver índice 33 de SAMAI—Tribunales.
4 Ver índice 40 de SAMAI—Tribunales.
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afectadas por la prescripción. Propuso las excepciones que denominó: (i)
inexistencia de causa para demandar, (ii) improcedencia de reconocimiento de
prima especial para magistrados, (iii) prescripción trienal de los derechos
laborales, y (iv) caducidad de la acción.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 15 de
agosto de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones. Expresó que, al
acreditarse que la actora ocupó el cargo de magistrada de tribunal, resultaba
beneficiaria del Decreto 610 de 1998, sin embargo, en cuanto a la prescripción,
aplicó lo definido en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, conforme a la
cual esta opera respecto de las diferencias causadas entre 2001 y 2004, salvo
interrupción, la cual no fue demostrada en el caso. Frente al periodo
comprendido entre el 3 y 31 de diciembre de 2004, concluyó que no se configuró
el fenómeno prescriptivo en razón de la dualidad normativa existente y de que la
exigibilidad del derecho solo surgió en 2012 con la nulidad del Decreto 4040 de
2004.
8. Por lo anterior, condenó a la entidad a reliquidar y pagar la bonificación por
compensación para el periodo comprendido entre el 3 y el 31 de diciembre de
2004, de manera que la remuneración alcance el 80% de los ingresos que por
todo concepto perciben los magistrados de altas cortes, equivalente a lo recibido
por los congresistas, incluido el auxilio de cesantías, con descuento de lo ya
pagado, si hay lugar a ello. A su vez, ordenó a la demandada realizar los aportes
al sistema de seguridad social y la facultó para realizar los respectivos
descuentos de ley.
RECURSOS DE APELACIÓN
9. La parte demandante6 interpuso recurso de apelación por considerar que la
prescripción de los derechos anteriores al 3 de diciembre de 2004 fue
interpretada de manera incorrecta por exigir que se presentara reclamación
antes del 5 de octubre de 2004, pues respecto a ello, existía una incertidumbre
normativa derivada de la coexistencia de los Decretos 610 de 1998 y 4040 de
2004, lo que impedía establecer con claridad cuál régimen resultaba aplicable y,
por tanto, la exigibilidad del derecho.
10. Argumentó que, en ese contexto, no era posible predicar la prescripción en el
periodo anterior, pues solo con la nulidad del Decreto 4040 de 2004 se
restableció plenamente la vigencia del Decreto 610 de 1998 y, con ello, la
posibilidad real de reclamar la reliquidación correspondiente. Como sustento de
esta postura, invocó la sentencia del Consejo de Estado del 18 de mayo 2016.
5 Ver índice 64 de SAMAI—Tribunales.
6 Ver índice 69 de SAMAI—Tribunales.
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11. Por su parte, la demandada7, expuso que la bonificación por compensación solo
tiene efectos salariales para el cálculo y pago de los aportes a seguridad social,
por lo que no puede incluirse para reliquidar prestaciones sociales, pues ello
conduciría a superar el límite legal.
12. En relación con la prescripción, sostuvo que debe analizarse de manera
independiente para cada concepto reclamado, distinguiendo entre la
bonificación por compensación y la incidencia de la reliquidación de la prima
especial. Sostuvo que, conforme a la jurisprudencia de conjueces del Consejo
de Estado del 18 de mayo 2016 y del 2 de septiembre de 2019, operó la
prescripción respecto de los periodos anteriores cuando no se presentó
reclamación oportuna, pero que no es procedente aplicar la regla según la cual
la exigibilidad surge con la nulidad del Decreto 4040 de 2004 para extenderla a
la reliquidación de la prima especial, por tratarse de derechos autónomos.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
13. El 19 de agosto de 20258 se admitió el recurso. Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
14. La Sala debe determinar si la bonificación por compensación constituye factor
salarial para efectos prestacionales; si operó la prescripción respecto de las
sumas causadas antes del 3 de diciembre de 2004; y si este fenómeno debe
analizarse de manera autónoma frente a la incidencia de la prima especial del
artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, por no ser aplicable la sentencia de unificación
del 18 de mayo de 2016.
Marco normativo y jurisprudencial
Bonificación por compensación
15. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.
16. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
7 Ver índice 68 de SAMAI—Tribunales.
8 Ver índice 23 de SAMAI.
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los funcionarios destinatarios del decreto9, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma
dispuso una nivelación progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo
devengado por estos últimos.
17. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de
1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 200110, con
lo cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.
18. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.
19. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables
a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen
introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por
Compensación) reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y
condicionó su acceso al desistimiento de las acciones judiciales promovidas con
ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la
suscripción de contratos de transacción cuando no se hubieran formulado
reclamaciones previas.
20. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201111, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
9 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se
aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp.
CE-SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.
11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
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regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de
los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia
salarial para los beneficiarios de la norma.
21. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.
22. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso,
una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco
había claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.
23. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 12, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción
trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la
exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la
cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento
jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.
24. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las sumas
reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen ingresos
laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se
determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.
Resolución del caso concreto
25. En el marco de las inconformidades planteadas en los recursos, se tiene que no
existe controversia sobre la titularidad de la actora del derecho a la bonificación
por compensación. En ese contexto, procede aclarar que, en cuanto a su
reconocimiento, tal como lo afirma la entidad, dicho emolumento únicamente
tiene incidencia como factor salarial para efectos de cotización a pensión,
conforme a lo dispuesto en el inciso 2.° del artículo 1.° del Decreto 610 de 1998.
Como, el tribunal de origen no realizó esta precisión en su orden, corresponde
adicionar el ordinal segundo del fallo en ese sentido, en atención a lo requerido
por la demandada en su recurso.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-
23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.
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26. Ahora, sobre el fenómeno prescriptivo, respecto al tiempo laborado entre el 1.°
de agosto de 1989 y el 2 de diciembre de 2004, en el cual la actora desempeñó
el cargo de magistrada del Tribunal del Valle del Cauca13, en consideración a la
fecha de ingreso, y a que antes de la entrada en vigencia del Decreto 4040 de
2004 (3 de diciembre de 2004) no existía dualidad normativa que afectara la
exigibilidad del derecho, como regla general operaría la prescripción respecto
del lapso laborado antes de la expedición de la mentada norma, pues así lo ha
reconocido esta corporación, al señalar que la misma procede para los periodos
causados con anterioridad al 3 de diciembre de 2004.
27. No obstante, la jurisprudencia14 también ha admitido un alcance excepcional en
el cómputo de dicho fenómeno, al sostener que, si el interesado demuestra
haber interrumpido la prescripción antes de esa fecha, resulta posible retrotraer
sus efectos. Esta excepción, de carácter restrictivo, fue desarrollada por la Sala
de Conjueces en sentencia del 23 de mayo de 2018, en la que se identificaron
los supuestos previstos en el artículo 2.º del Decreto 4040 de 2004 como
escenarios habilitantes para entender configurada dicha interrupción. Sobre el
particular determinó:
«[…] lo cierto es que entre el periodo comprendido entre la ejecutoria de la sentencia
que anuló el Decreto 2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de
2004, si procede decretarla, pues en este lapso no hubo dualidad de normas y por
lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2º del Decreto 610 de 1998 tenían
la oportunidad de demandar el reconocimiento y pago del 80% de lo que
devengaban los magistrados de las altas cortes; salvo que se encontraran en una
de las dos situaciones descritas en el numeral 2º del Decreto 4040 de 2004, que
son: i) haber iniciado acciones judiciales relacionadas con la bonificación por
compensación y haber desistido a sus pretensiones y ii) haber efectuado
reclamaciones y suscribir contratos de transacción.»
28. A partir de ese entendimiento, esta Subsección15 ha aplicado la línea
jurisprudencial referida y, particularmente frente al supuesto contemplado en el
literal b), ha considerado necesario, además de la suscripción del contrato de
transacción, acreditar la presentación de una petición ante la entidad.
29. Sin embargo, en recientes decisiones16 de la sala sobre el alcance de esa
interpretación se ha precisado que, de la lectura del literal b) del artículo 2.º del
Decreto 4040 de 2004 no se requiere la exigencia de actuaciones adicionales a
13 Acredita su vínculo con certificado expedido por el vicepresidente del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 13 de febrero de 2012, visible en el índice 56 de SAMAI—Tribunales.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 23 de mayo de 2018. Exp. 17001-
23-33-000-2012-00144-02 (0602-15). C.P. Pedro Simón Vargas Sáenz; Consejo de Estado. Sección Segunda,
Sala de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019. Exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
C.P. Carmen Anaya de Castellanos; Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de
junio de 2025. Exp. 25000 23 42 000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
15 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de junio de 2025. Exp. 25000 23 42
000 2013 00267 02 (1132-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 5 de marzo de 2026. Exp. 25000-23-
25-000-2011-00826-02 (1261-2019) y 25000-23-25-000-2012-01329-02 (1945-2024). C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
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la suscripción del contrato de transacción, pues este señala que: «[…] b). Los
que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de
transacción para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por
Compensación.»
30. A partir de lo expuesto, en el caso concreto de la actora no obra en el expediente
copia de contrato de transacción relacionado con las reclamaciones del derecho
consagrado en el Decreto 610 de 1998, ni del desistimiento de demanda
instaurada por la demandada en la que se pretendiera la referida bonificación.
Ahora, aunque en la Resolución 5518 del 22 de diciembre de 2004— acto
acusado— la entidad afirma que, durante la vinculación de la demandante se le
aplicó el decreto 4040 de 2004, por voluntad de la misma, para lo cual presentó
memorial de desistimiento de la acción judicial iniciada, tal manifestación no
constituye, por sí sola, un medio de convicción idóneo para tener por acreditado
el desistimiento.
31. En este punto es de resaltar que tal como lo prevé la regulación procesal, quien
afirma la existencia de una ilegalidad es quien debe invocar las normas violadas,
el concepto de la violación, y además, desplegar una actividad probatoria17
suficiente y adecuada para lograr el efecto jurídico de los preceptos que
fundamentan el derecho reclamado a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cual se traduce en la concreción del postulado
adjetivo de la carga de la prueba al tenor del artículo 167 del CGP18.
32. En consecuencia, no se configura ninguno de los supuestos que permiten la
interrupción del término respecto del derecho causado con anterioridad a la
expedición del Decreto 4040 de 2004; por tanto, le asiste razón al tribunal de
origen al declarar la prescripción parcial por el tiempo laborado antes del 3 de
diciembre de 2004.
33. Respecto a lo planteado por la entidad recurrente, en cuanto a que el
reconocimiento de la incidencia de la prima especial en la bonificación por
compensación conlleva la aplicación de la regla general de la prescripción de los
derechos laborales y no la postura adoptada en la sentencia del 18 de mayo de
2016, según la cual, el término se cuenta desde la ejecutoria de la providencia
que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, tal argumento no prospera.
17 El concepto de carga procesal debe entenderse, tal y como fue definido por la Corte Constitucional, en
Sentencia C-123 del 18 de febrero de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis, así:
«Las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta
de realización facultativa, normalmente establecida en beneficio del mismo sujeto y cuya omisión trae aparejada
para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive
hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
Por tanto, no debe perderse de vista que este principio, ante todo es una carga procesal, cuya inobservancia
genera una desestimación de las pretensiones o excepciones alegadas por los sujetos procesales».
18 «Artículo 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. […]»
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34. Sobre el particular, es preciso aclarar que la mentada prima no constituye un
derecho independiente en favor de los beneficiarios del Decreto 610 de 1998,
por tratarse de una prerrogativa exclusiva de los magistrados de altas cortes,
reconocida en el artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992. Su relevancia en este asunto
radica únicamente en que se incluye en la base de liquidación de la bonificación
por compensación, no como derecho propio de la actora, sino como factor para
establecer su cuantía.
35. En consecuencia, su inclusión no altera el cómputo del término prescriptivo
definido jurisprudencialmente para los derechos causados durante la dualidad,
pues el estudio recae exclusivamente sobre la titularidad para percibir la
bonificación por compensación. Tampoco resulta viable examinar la prescripción
de la prima especial de servicios de manera separada, ya que lo reclamado
corresponde a dicha bonificación; por tanto, el término debe evaluarse respecto
de este último derecho, sin escindir los factores que integran su base de cálculo
para efectos de aplicar un cómputo distinto.
36. En virtud de todo lo expuesto, se confirmará en lo demás la sentencia de primera
instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
De la condena en costas en segunda instancia
37. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
38. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como
es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto
en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
39. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
40. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la demandante, por
cuanto se accedió en parte a las pretensiones del recurso de apelación de la
demandada y el interpuesto por la actora no prosperó en ninguno de sus
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Radicado: 76001-23-33-006-2015-00847-01 (5460-2024)
argumentos. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma
norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal
de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. ADICIONAR el ordinal segundo de la sentencia apelada, de la siguiente
manera:
«La bonificación por compensación únicamente constituye factor salarial para
efectos de cotización a pensión y no incide en la liquidación de prestaciones
sociales.»
Segundo. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el (15) de agosto de
dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones.
Tercero. Condenar en costas a la demandante en segunda instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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