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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-007-2017-00805-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-007-2017-00805-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. – REVOCAR parcialmente la sentencia de primera instancia calendada a 28 de enero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en lo correspondiente a la orden de pagar las acreencias laborales reclamadas, precisándose que solo se mantendrá el reconocimiento de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, aspecto que será confirmado por encontrarse excluido del fenómeno de la caducidad. SEGUNDO. –DECLARAR probada parcialmente la excepción de caducidad respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Lina María Ruiz Gutiérrez, en relación con el acto contenido en el Oficio No. GG-FM-09-224 del 28 de noviembre de 2016, expedido por el Gerente del HOSPITAL “NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS” E.S.E. LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA, en cuanto negó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de acreencias laborales; por tanto, se abstiene la Sala de emitir pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones encaminadas al pago de dichas acreencias. 30 Número interno: 6135-2024 Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez Demandada: Hospital “Nuestra Señora de los Santos” E.S.E. La Victoria, Valle del Cauca. TERCERO. – CONFIRMAR la sentencia apelada únicamente en lo atinente al reconocimiento y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones, y, en consecuencia, se ORDENA al HOSPITAL “NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS” E.S.E. LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA, efectuar los aportes pensionales correspondientes a los periodos en los que se acreditó la existencia de una relación laboral encubierta, concretamente entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 y el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Los aportes deberán liquidarse con base en el ingreso mensual pactado en los acuerdos asociativos aportados al expediente, aplicando el ingreso base de cotización vigente para cada período y efectuando la cotización en la proporción legal correspondiente al empleador. La parte demandante deberá acreditar los aportes que haya realizado directamente; en caso de no haberlos efectuado, deberá asumir el porcentaje que legalmente le corresponde como trabajadora. Por su parte, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-007-2017-00805-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 76001-2333-007-2017-00805-01 (6135-2024) 1
Demandante : Lina María Ruíz Gutiérrez
Demandado : Hospital “Nuestra Señora de los Santos” E.S.E. La
Victoria, Valle del Cauca
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Relaciones laborales encubiertas tras contratos de
prestación de servicios-caducidad-reconocimiento de
aportes al sistema de seguridad social en pensiones.
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado
judicial de la entidad demandada contra la sentencia de fecha 28 de enero de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, las cuales versan sobre el
reconocimiento de una relación laboral encubierta.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda3

1.1 Pretensiones

La señora Lina María Ruiz Gutiérrez, por intermedio de apoderada judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de:

1
Expediente híbrido.
2
Sala conformada por los magistrados: Eduardo Antonio Lubo Barros, Oscar Silvio Narváez Daza y Omar Edgar Borja Soto.
3
Expediente físico folios 3 a 17.

2
Número interno: 6135-2024
Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez
Demandada: Hospital “Nuestra Señora de los Santos” E.S.E. La Victoria, Valle del Cauca.

• Oficio GG-FM-09-224 210-79.12-0623 del 28 de noviembre de 2016,
mediante el cual se negó el reconocimiento de una relación laboral y el pago
de los derechos laborales.

A título de restablecimiento del derecho, la parte actora deprecó:

El reconocimiento de una relación laboral entre las partes, surgida en el periodo
comprendido entre el 15 de febrero de 2007 al 31 de diciembre de 2014, fecha de
su despido; así como, el pago de las acreencias laborales derivadas de aquella
relación. Las pretensiones comprenden los siguientes conceptos: cesantías,
intereses sobre las cesantías, prima de servicios, prima de vacaciones, reembolso
de lo pagado por seguridad social integral, sanción moratoria por no consignación
oportuna de cesantías, sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo por no pago de la liquidación al momento del despido, e indemnización por
despido injusto.

1.2 Hechos

Según lo expuesto en la demanda, la señora Lina María Ruiz Gutiérrez laboró para
la E.S.E. Hospital Nuestra Señora de los Santos, del municipio de La Victoria, Valle
del Cauca, de manera continua e ininterrumpida desde el 15 de febrero de 2007
hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha en la cual fue despedida de manera
unilateral y sin justa causa.

Indicó que, la vinculación se dio a través de la suscripción sucesiva de contratos de
prestación de servicios. Sin embargo, en la realidad la relación contractual tuvo las
características propias de un contrato laboral, toda vez que la señora Ruiz Gutiérrez
se desempeñó de tiempo completo como odontóloga en las instalaciones del
mencionado hospital, cumpliendo un horario idéntico al del personal de planta, esto
es, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.,
ejecutando personalmente sus funciones, bajo órdenes impartidas por su superior
jerárquico, señor Adolfo León Vaca Quintero, en su calidad de gerente, o por quien
hiciera sus veces.

Asimismo, se alegó que, las funciones se desarrollaron de manera permanente y
exclusiva en el hospital demandado, utilizando los instrumentos, equipos e insumos
odontológicos suministrados por la entidad; y que, durante toda la vigencia de la
relación, recibió mensualmente el pago de sus honorarios mediante consignación

3
Número interno: 6135-2024
Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez
Demandada: Hospital “Nuestra Señora de los Santos” E.S.E. La Victoria, Valle del Cauca.

bancaria. El último salario que devengó fue de un millón ochocientos nueve mil
ochocientos cuarenta y siete pesos ($1.809.847), sobre el cual se le practicaban las
correspondientes retenciones de ley, siendo este inferior al salario percibido por un
odontólogo vinculado como servidor de planta.

Sostuvo que, pese a la naturaleza material del vínculo, el hospital no le reconoció a
la demandante los derechos laborales derivados de una verdadera relación de
trabajo; además, el 3 de diciembre de 2014 se le notificó por escrito que su contrato
terminaría el 31 de diciembre del mismo año, sin indicarle las razones de la
terminación, sin indemnizarla y sin reconocerle las prestaciones sociales
correspondientes.

La parte actora, insiste, que pese a la denominación formal de los contratos como
de prestación de servicios, en realidad dicha vinculación se trató de un contrato
realidad, toda vez que estuvieron presentes los elementos esenciales de toda
relación laboral: subordinación, remuneración y la prestación personal del servicio.
En tal sentido, considera le asiste el derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones laborales que dejó de percibir, siendo estas: la diferencia salarial frente
a un odontólogo de planta; cesantías; intereses sobre cesantías; primas de
servicios; vacaciones; auxilio de transporte; compensación en dinero por los aportes
a salud, pensión y riesgos laborales que cubrió con sus propios recursos;
compensación por dotaciones no suministradas; prima de vacaciones; afiliación a
caja de compensación familiar; consignación de cesantías a fondo e indemnización
por despido injustificado.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

Citó como vulnerados los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 16, 25, 29, 42, 53, 93, 122, 125 y
209 de la Constitución Política; los artículos 23, 35 y 65 del Código Sustantivo del
Trabajo; las Leyes 80 de 1993, 100 de 1993, 70 (sic) de 2002, 734 de 2002 y 790
de 2004; el artículo 2º del Decreto 2040 de 1968; el artículo 7º del Decreto 1950 de
1973 y el artículo 2º del Decreto 2503 de 1998.

Sostuvo el apoderado de la parte actora que el acto administrativo demandado
adolecía de vicios sustanciales, entre ellos la falsa motivación y la expedición con
infracción de las normas en que debía fundarse, toda vez que desconoció que entre
las partes existió una relación laboral material.

4
Número interno: 6135-2024
Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez
Demandada: Hospital “Nuestra Señora de los Santos” E.S.E. La Victoria, Valle del Cauca.

Indicó que, si bien la actora fue vinculada mediante sucesivos contratos de
prestación de servicios, lo cierto es que no ejercía su labor con autonomía técnica
ni independencia administrativa, pues estaba sujeta a continuas órdenes impartidas
por su jefe inmediato, señor Adolfo León Vaca Quintero, en su calidad de gerente o
por quien hiciera sus veces, en condiciones funcionales equiparables a las de un
odontólogo de planta.

Precisó que la prestación del servicio fue permanente y se ejecutó a través de
contratos sucesivos, sin interrupciones superiores a quince (15) días calendario,
situación que, a juicio de la parte actora, configuró una unidad contractual que
evidenciaba la existencia de un vínculo laboral estable y continuo.

Adujo que el acto demandado debía ser declarado nulo por falsa motivación, en
tanto negó la existencia de una relación laboral a pesar de encontrarse acreditados
los elementos estructurales del contrato de trabajo previstos en el artículo 25 del
Código Sustantivo del Trabajo, con lo cual se vulneró también el principio de
primacía de la realidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política.

En apoyo de su tesis, señaló que la entidad incurrió en una actuación arbitraria al
celebrar contratos de prestación de servicios a sabiendas que no existía la
autonomía exigida para dicha modalidad contractual y que las funciones
desarrolladas no eran de carácter temporal. Afirmó que esta actuación desconoció
la realidad de la vinculación laboral, y que no le es dable al nominador definir de
manera autónoma y caprichosa la naturaleza de los vínculos contractuales
mediante figuras que encubren una verdadera relación de trabajo.

Resaltó que, en tales condiciones, los contratos celebrados carecen de justificación
constitucional y legal; así como, afectan de manera directa el derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas.

2. Contestación de la demanda4

La E.S.E. Hospital Nuestra Señora de los Santos del municipio de La Victoria, Valle
del Cauca, se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que si bien el
servicio de odontología ha hecho parte del proceso ambulatorio (AUSA) y del
programa de servicios de urgencias (AUSU) de la entidad, las actividades conexas

4
Folios 64 a 77 del expediente físico.

5
Número interno: 6135-2024
Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez
Demandada: Hospital “Nuestra Señora de los Santos” E.S.E. La Victoria, Valle del Cauca.

requeridas para el cumplimiento de dichos procesos fueron contratadas mediante la
modalidad de prestación de servicios con la C.T.A. “Su Futuro Hoy” y la Asociación
Gremial Integración en Salud “ASOINSALUD”, y no directamente con la doctora Lina
María Ruiz Gutiérrez.

Sostuvo que no obra prueba que acredite la afectación o vulneración de derechos
fundamentales de la demandante, ni que permita demostrar la existencia de un
vínculo laboral entre las partes. En respaldo de su posición, citó normativa y
jurisprudencia aplicable al caso.

Como excepción previa, formulada en escrito separado5, propuso la falta de
integración del contradictorio por no haberse vinculado a todos los litisconsortes
necesarios. Resuelta negativamente en audiencia inicial de fecha 20 de febrero de
20206, decisión contra la cual no se interpuso recurso alguno, quedando en
consecuencia en firme.

3. Sentencia de primera instancia7

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de primera
instancia declaró la existencia de una relación laboral entre la señora Lina María
Ruíz Gutiérrez y el Hospital “Nuestra Señora de los Santos” E.S.E., La Victoria, Valle
del Cauca, y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En su análisis, la primera instancia examinó los elementos configurativos de la
relación laboral, encontrando acreditada la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. Indicó que, la actora prestó sus servicios como
odontóloga durante los periodos comprendidos entre el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2011 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, a través de acuerdos
cooperativos y asociativos con intermediación de la Cooperativa de Trabajo
Asociado "Su Futuro Hoy" y la Asociación Gremial Integración en Salud –
ASOINSALUD.

En cuanto a la subordinación, el Tribunal señaló que, aunque la demandante estuvo
vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, existía una
programación de actividades previamente concertada con la entidad hospitalaria e
incluso debía pedir autorización para ausentarse, lo que evidenciaba una pérdida

5
Folios 78 a 81 del expediente físico.
6
Ver folios 99 a 101 del expediente físico.
7
Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMA – gestión en otros despachos – índice 34.

6
Número interno: 6135-2024
Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez
Demandada: Hospital “Nuestra Señora de los Santos” E.S.E. La Victoria, Valle del Cauca.

de autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Añadió que, la
demandante se desempeñó como odontóloga en las instalaciones del hospital,
utilizó insumos suministrados por este y estuvo sujeta a supervisión por parte de un
coordinador médico designado por la entidad, lo que evidenciaba subordinación
funcional.

Sostuvo que, las actividades desarrolladas por la actora eran propias del giro
ordinario del hospital y se ejecutaron bajo condiciones propias de una relación
laboral. En consecuencia, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y ordenó al hospital reconocer y pagar las prestaciones sociales correspondientes
al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, aplicando
la regla de prescripción trienal para descartar periodos anteriores por interrupción
superior a 30 días hábiles entre vínculos contractuales, tomando como base el valor
de los honorarios pactados en el Acuerdo Asociativo del 1/1/13 ejecutado por la
demandante.

Respecto a los aportes pensionales, el Tribunal precisó que son imprescriptibles y
ordenó efectuar los aportes respectivos por dicho concepto durante los periodos en
que se configuró la relación laboral, sin prescripción, esto es, del 1 de enero al 31
de diciembre de 2011 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, ordenado su
pago a cargo de la demandada del porcentaje que como empleador le
correspondiera; por su parte, la demandante debía acreditar las cotizaciones
respectivas y en el evento de no haberlas hecho, tendría que efectuar los aportes a
su cargo.

Finalmente, negó el reconocimiento de intereses moratorios y la devolución de los
aportes efectuados por la demandante, dando aplicación a la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado.

4. Recurso de apelación8

La parte demandada presentó recurso de apelación en el que manifestó su
inconformidad al, en su entender, solo haberse analizado la prueba testimonial, sin
apreciarse las pruebas documentales aportadas por su parte.

8
Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – índice 58.

7
Número interno: 6135-2024
Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez
Demandada: Hospital “Nuestra Señora de los Santos” E.S.E. La Victoria, Valle del Cauca.

En igual sentido, afirmó que el vínculo de la demandante no fue con la entidad sino
con la asociación sindical Asoinsalud, a quien, según lo probado, la demandante
solicitaba permisos y era quien autorizaba descuentos por sus ausencias. Señaló
que tanto en los testimonios como en el interrogatorio de parte rendido por la
demandante se dejó claro que no existía subordinación ni relación laboral.

Afirmó que, mediante oficio del 28 de noviembre de 2016, el gerente del hospital
indicó que el servicio de odontología hacía parte del proceso ambulatorio y de
urgencias, el cual fue contratado mediante prestación de servicios con la CTA Su
Futuro Hoy y Asoinsalud, más no con la doctora Lina María Ruiz Gutiérrez.

Citó el Decreto 1429 de 2010 y sostuvo que, no puede haber subordinación entre
afiliado y sindicato por estar en plano de igualdad. Añadió que el jefe de talento
humano coordinaba actividades del proceso de odontología, pero que la E.S.E. no
efectuaba los pagos ni tenía vínculo directo con la actora.

Alegó, que en este caso operó la caducidad de la acción, conforme al literal d) del
numeral 2° del artículo 164 del CPACA, plazo que debe contarse desde que le fue
otorgada la misiva que le comunicó a la actora que su contrato terminaba el 3
diciembre de 2014; ante ello, como la demanda fue presentada el 7 de junio de
2017, se concluye que para ese momento ya se había configurado el fenómeno en
mención; circunstancia ante la cual se debió, desde el inicio, procederse al rechazo
de plano de la demanda, conforme al artículo 169 ibidem.

Señaló que, no podía revivirse el término de caducidad partiendo de la nulidad del
oficio del 28 de noviembre de 2016; por cuando, insiste, aquel debe ser computado
teniendo en cuenta la comunicación del fin del vínculo contractual, la cual reposa en
el plenario.

Finalmente, solicitó que se conceda el recurso de apelación y se revoque la
sentencia apelada.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Mediante auto del 12 de diciembre de 20249, este despacho admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de

9
Expediente digital – SAMAI – Índice 05.

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Número interno: 6135-2024
Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez
Demandada: Hospital “Nuestra Señora de los Santos” E.S.E. La Victoria, Valle del Cauca.

2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se
prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

No hubo pronunciamiento del Ministerio Público.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 110 del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 11, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si se encuentra acreditada la
excepción de caducidad respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por la señora Lina María Ruiz Gutiérrez.

En caso que se establezca que la acción fue ejercida de manera extemporánea
frente al acto administrativo que negó el reconocimiento de la relación laboral y las
prestaciones sociales reclamadas, la Sala deberá evaluar si, conforme a la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado (sentencia CE-SUJ2-005-16 y los
autos del 19 de julio de 2018, 9 de julio de 2020 y 9 de febrero de 2023), procede
un análisis parcial de las pretensiones, en particular respecto de los aportes al
Sistema de Seguridad Social en pensiones, por tratarse de prestaciones de
naturaleza periódica e imprescriptible que no se encuentran sujetas al fenómeno de
la caducidad.

De concluirse, por el contrario, que la acción fue interpuesta dentro del término legal
de los cuatro (4) meses contados desde la notificación del acto acusado,
corresponderá a la Sala pronunciarse de fondo sobre la controversia, y en tal
sentido, establecer si el fallo proferido por el a quo se ajusta a derecho, esto es, si
entre la demandante y la E.S.E. Hospital Nuestra Señora de los Santos del

10
modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021
11
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio
de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

9
Número interno: 6135-2024
Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez
Demandada: Hospital “Nuestra Señora de los Santos” E.S.E. La Victoria, Valle del Cauca.

municipio de La Victoria, Valle del Cauca, existió una relación laboral durante el
período comprendido entre el 15 de febrero de 2007 al 31 de diciembre de 2014, y,
en consecuencia, si era procedente declarar la nulidad del acto administrativo
demandado y ordenar el pago de las prestaciones sociales reclamadas.

2.2.1. Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho

El derecho constitucional de acceso a la administración de justicia se ha
materializado a través de diversos procesos y jurisdicciones; no obstante, aquel
conlleva el deber de una actuación pronta, razón por la que se han señalado
legalmente términos de caducidad para racionalizar el ejercicio del derecho de
acción, so pena que las situaciones adquieran firmeza y no puedan ser ventiladas
en vía judicial12.

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-832 de 2001, estableció que la
caducidad es:

«(…) una institución jurídico procesal a través del cual, el legislador, en uso de su
potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda
persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia.
Su fundamento se haya en la necesidad por parte del conglomerado social de
obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta
medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario
apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la
acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el
proceso.

Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su
ocurrencia.

La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones
contencioso administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que
podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o el
deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular
afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido
plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los
cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés
general.» (sic)

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 24 de marzo
de 2011, C.P., Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Radicado No. 68001-23-15-000-2001-01188-02(1389-10).

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Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez
Demandada: Hospital “Nuestra Señora de los Santos” E.S.E. La Victoria, Valle del Cauca.

Ahora bien, de conformidad con el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA13, el término de caducidad para el ejercicio del medio de control nulidad y
restablecimiento del derecho es de cuatro (4) meses, contados a partir del día
siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo.

La caducidad es pues el plazo perentorio para acudir a la jurisdicción y su
incumplimiento lo presume la ley como la falta de interés del demandante en el
impulso del mismo; de manera que su vencimiento hace que sea imposible intentar
la acción.

2.2.2. Del fenómeno de la caducidad en relaciones laborales encubiertas.

Sobre el particular, es importante precisar que, la aplicación del término de
caducidad (4 meses) ha sido modulada por la jurisprudencia de esta Sección,
especialmente en los casos en que el demandante alega que la relación contractual
encubrió realmente una relación laboral. En particular, la Sentencia de Unificación
CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016 (Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01),
proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda, sentó una regla jurisprudencial
fundamental: no todas las pretensiones derivadas de un contrato realidad están
sujetas a caducidad. En dicha providencia, se reconoció que, si bien los actos
administrativos que niegan el reconocimiento de la relación laboral deben
demandarse dentro del término legal, los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, en especial los de pensión, no están sujetos a caducidad, por tener el
carácter de prestaciones periódicas e imprescriptibles, conforme al bloque de
constitucionalidad y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional (especialmente,
la Sentencia T-568 de 2011). Así lo indicó la referida providencia:

« Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad
social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones
periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del
medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende,
pueden ser solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la Administración
no puede sustraerse al pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social en
pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en
condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido
al Estado mediante una relación de trabajo. Consecuentemente, tampoco es exigible el
agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al estar
involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales

13
Art. 164.- La demanda deberá ser presentada: (…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) d)
Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según
el caso, salvo las disposiciones establecidas en otras disposiciones legales. (…)

11
Número interno: 6135-2024
Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez
Demandada: Hospital “Nuestra Señora de los Santos” E.S.E. La Victoria, Valle del Cauca.

irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su
vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables (condición que prevé
el numeral 1 del artículo 161 del CPACA para requerir tal trámite), en armonía con el principio
constitucional de prevalencia del derecho sustancial.»

Esta línea ha sido reiterada y desarrollada por la Sección Segunda en diversos
pronunciamientos, entre los que se destaca el auto del 19 de julio de 2018 14, el
Consejo de Estado reiteró que la existencia de una relación laboral puede ser
alegada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento, y que los aportes
pensionales derivados de dicho vínculo no pueden ser rechazados por caducidad,
ya que son imprescriptibles y de naturaleza periódica. A su vez, en el auto del 9 de
julio de 202015, se reafirmó que el cómputo de la caducidad debe hacerse desde la
notificación del acto administrativo que resuelve la reclamación laboral y no desde
la terminación del contrato. Además, se precisó que los aportes a pensiones
generados en desarrollo del contrato realidad no están sometidos a caducidad, dado
que se trata de una obligación que compromete el goce efectivo de un derecho
fundamental.

Posteriormente, en el auto del 9 de febrero de 202316, analizó nuevamente el
fenómeno de la caducidad parcial, al señalar que en procesos derivados del contrato
realidad debe diferenciarse entre las pretensiones sujetas a caducidad (como el
reconocimiento de bonificaciones, primas o sanciones moratorias) y aquellas que
no lo están (como los aportes al sistema de seguridad social). En consecuencia, el
rechazo total de la demanda por extemporaneidad solo es procedente si todas las
pretensiones están afectadas por el vencimiento del término legal; de lo contrario,
el juez debe continuar con el estudio de fondo respecto de aquellas que, por su
naturaleza, no se ven afectadas por la caducidad.

De esta manera, la línea jurisprudencial consolidada sostiene que el término de
caducidad de cuatro meses del artículo 164 del CPACA no puede aplicarse a las
pretensiones relacionadas con aportes pensionales derivadas del contrato realidad,
por tratarse de obligaciones imprescriptibles e irrenunciables, protegidas por
normas constitucionales y supranacionales. A su vez, el juez debe aplicar el
principio de caducidad parcial y no rechazar integralmente las demandas que

14
Proceso identificado con el rad. 25000-23-42-000-2017-01648-01 (4299-17) CP. Rafael Francisco Suárez Vargas
15
Proceso identificado con el rad. 41001-23-33-000-2017-00476-01 (3916-19) CP. Rafael Francisco Suárez Vargas
16
Proceso identificado con el rad. 66001-23-33-000-2015-00124-01 (4765-2017) CP. Gabriel Valbuena Hernández

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contengan este tipo de reclamaciones, incluso cuando otras estén afectadas por el
vencimiento del término.

Finalmente, ante la existencia de duda sobre el inicio del término de caducidad —
por ejemplo, por falta de claridad en la notificación del acto— debe aplicarse el
principio pro actione, en virtud del cual se favorece el acceso a la administración de
justicia y se impide que formalidades procesales restrinjan la protección de derechos
fundamentales, en particular aquellos derivados de la seguridad social.

2.2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la existencia de una relación
laboral encubierta y/o subyacente

En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación
de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que
debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato
y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] general
relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo

32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre
el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se
requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada

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subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio,
en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada,
puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la
subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en
la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación
de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes,
de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se
hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto
de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la
diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano
legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el
previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la
calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario
sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de
impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se
le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia
al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni
pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del
contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la
actividad del mandato respectivo.»

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 17, «[p]or el cual se modifican las
normas que regulan la administración del personal civil […]» , dispone:

«Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la
ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por
una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha
tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como
los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros
contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares
de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por
no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos
correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de
servicios para el desempeño de tales funciones.»

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional en sentencia C-614 de 2009, al señalar que la permanencia,
entre otros criterios, es un elemento más que indica la existencia de una relación

17
Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.

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laboral. En esa oportunidad, la Corte expuso:

«La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar
contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter
permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección
a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones
laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato
de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo
excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que
no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo
parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran
conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado,
en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración públi ca
debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que
ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.»

De lo anterior, se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor
del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo
53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los
derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la
materia.

De igual forma, en la referida sentencia del año de 2009, la Corte Constitucional 18
estableció unos criterios que deben tener en cuenta la administración y el juez para
determinar el carácter permanente de una función pública. Siguiendo estos
parámetros, se puede delimitar cuando un empleo debe proveerse por vinculación
legal y reglamentaria, y cuando es factible utilizar la contratación pública.

Los criterios contemplados en la Sentencia C-614 de 2009 fueron replicados en la
Sentencia T-392 de 2017. En esta providencia, se estudió el caso de una mujer
trans que fue diagnosticada con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA)
en estado avanzado. La accionante solicitó al juez de tutela la existencia de un
contrato realidad y el amparo de sus derechos fundamentales de petición y a la
estabilidad laboral reforzada. El Alto Tribunal accedió al amparo solicitado,
declarando la existencia de la relación laboral. Sobre los criterios para determinar la
permanencia de la función concretó:

18 Sentencia C-614 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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«En aquella oportunidad, la Sala Plena concluyó que la administración no puede
suscribir contratos de prestación de servicios para que se desempeñen funciones de
carácter indefinido, pues para ese efecto debe crear los cargos requeridos en la
respectiva planta de personal. En este orden de ideas, la permanencia en el empleo
constituye un factor determinante para reconocer si en un caso se presenta una
relación laboral. Así pues, la Corte fijó cinco criterios para determinar el concepto de
permanencia de la función, a saber:

i) Criterio funcional: implica que, si la función contratada se refiere a aquellas que
usualmente debe adelantar la entidad pública, en los términos señalados en el
reglamento, la ley y la Constitución, debe ejecutarse mediante un vínculo laboral.

ii) Criterio de igualdad: si las labores desarrolladas por el contratista son las mismas
que las de los servidores públicos vinculados a la planta de personal de la entidad,
debe acudirse a la relación legal y reglamentaria o al contrato laboral y no a la
contratación pública.

iii) Criterio temporal o de la habitualidad: si las funciones contratadas demuestran el
ánimo de la administración de emplear de modo permanente y continuo los servicios
de una misma persona y se encuentra que no se trata de un vínculo de tipo ocasional
o esporádico, se trata de una relación laboral.

iv) Criterio de la excepcionalidad: si la tarea acordada corresponde a una “actividad
nueva” que no puede ser desarrollada por el personal de planta, o se requieren
conocimientos especializados, o de manera transitoria resulta necesario redistribuir
funciones por la excesiva carga laboral para el personal de planta, puede acudirse a
la contratación pública. Es decir que, si la gestión contratada equivale al “giro normal
de los negocios” de la entidad, las labores se deben desempeñar por medio de una
relación laboral y no contractual.

v) Criterio de la continuidad: si la vinculación se realiza mediante contratos sucesivos
de prestación de servicios, para desempeñar funciones de carácter permanente, la
relación existente es de tipo laboral.» 19 (Cursivas del texto original).

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en
juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de
órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de
coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar
dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales 20; y, para reforzar
su tesis, el demandante puede valerse de los criterios de la permanencia del empleo
para constatar si se está encubriendo una auténtica relación laboral21.

En el mismo sentido, la Subsección B de esta Sección Segunda 22 recordó que (i)
la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor
público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,

19
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, Sentencia T-392 de 2017.
20
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 27 de enero
de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
21 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, M.P. Alejandro Linares Cantillo, Sentencia T-040 de 2016.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-
00020-01 (316-2014).

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tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe
mantenerse durante el vínculo y, (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la
permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o
similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de
planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar
de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación
laboral.

En lo que respecta a las cooperativas de trabajo asociado, la Ley 79 de 1988,
«[p]or la cual se actualiza la legislación cooperativa», en su artículo 80, preceptúa que las
cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal de
sus socios para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de
servicios, puesto que son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector
solidario de la economía; su objeto social es el de generar y mantener trabajo para
los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y
autogobierno. En sus estatutos, según el artículo 5 del Decreto 4588 de 2006, « [p]or
el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las cooperativas y pre cooperativas de
trabajo asociado», se debe precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán,

encaminada al cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación de un
trabajo, en los términos que determinan los organismos nacionales e
internacionales sobre la materia.

Este mismo Decreto, en sus artículos 16 y 17, establece la prohibición, por una
parte, que el asociado que sea enviado por la cooperativa o precooperativa de
trabajo asociado a prestar servicios a una persona natural o jurídica, por lo que se
considerará trabajador dependiente de la que se beneficie con su trabajo; y, por la
otra, que no podrán actuar como empresas de intermediación laboral ni disponer
del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a un usuario o
a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin que
atiendan labores de estos, o permitir que respecto de los asociados se generen
relaciones de subordinación o dependencia con los contratantes, y en tal caso, sus
directivos serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas que
se causen a favor del trabajador asociado.

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En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 27 de abril de
201623 así:

“En la práctica, el trabajo asociado en algunos casos se ha utilizado como instrumento
para escapar a la legislación laboral y así eludir las obligaciones para con los
trabajadores dependientes o subordinados. Por ello, el Legislador consagro la
prohibición que las Cooperativas de Trabajo Asociado actúen como empresas de
intermediación laboral, dispongan del trabajo de los asociados para suministrar mano
de obra temporal a usuarios o terceros beneficiarios, remitan a los asociados como
trabajadores en misión con la finalidad que atiendan labores propias de un usuario o
tercero beneficiario del servicio, o permitan que respecto de los asociados se generen
relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes; y como
consecuencia, estableció que el asociado que acuda a estas prácticas se considerara
trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie con su trabajo.
De tal manera que el tercero contratante, la Cooperativa y sus directivos serán
solidariamente responsables por las obligaciones económicas generadas a favor del
trabajador asociado. Sin perjuicio que queden incursas en causal de disolución y
liquidación y que les sea cancelada la personería jurídica”.

Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo T-442 de 13 de julio 201724 reiteró:

“[…] si durante la ejecución del contrato de trabajo asociado, la cooperativa de trabajo
asociado infringe la prohibición consistente en que estas organizaciones solidarias no
pueden actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de sus
asociados para suministrar mano de obra a terceros beneficiarios, o admitir que
respecto de sus asociados se susciten relaciones de subordinación, se debe dar
aplicación la legislación laboral, y no la legislación civil o comercial porque bajo estas
hipótesis confluyen elementos esenciales que dan lugar a la existencia de un contrato
de trabajo simulado por el contrato cooperativo”.

Así las cosas, se concluye que se defrauda la finalidad con la que se creó este tipo
de asociaciones cuando, a través del funcionamiento de una cooperativa de trabajo
asociado, se encubre el desarrollo de relaciones de labor dependiente, es decir,
cuando el cooperado presta sus servicios con el propósito de atender funciones
propias de un tercero beneficiario bajo los tres elementos del contrato de trabajo,
cuales son: (i) prestación de un trabajo o una labor en forma personal, (ii)
subordinación y (iii) contraprestación por la función desarrollada.

2.3 Caso concreto

2.3.1 De la caducidad del presente asunto.

Como se dejó establecido en el problema jurídico, en el presente asunto
corresponde determinar, en primer lugar, si se configuró el fenómeno de la

23 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, fallo de 27 de abril de 2016,
expediente 66001-23-31-000-2012-00241-01 (2525-14).

24 M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

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caducidad frente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la señora Lina María Ruiz Gutiérrez, contra el acto administrativo
contenido en el oficio GG-FM-09-224 210-79.12-0623 del 28 de noviembre de 2016,
mediante el cual la E.S.E. Hospital Nuestra Señora de los Santos del municipio de
La Victoria, Valle del Cauca, negó el reconocimiento de una relación laboral
respecto del periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2007 y el 31 de
diciembre de 2014, así como el pago de diversas acreencias laborales derivadas de
dicha vinculación.

Según lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal d) del CPACA, el término de
caducidad para ejercer este medio de control es de cuatro (4) meses, contados a
partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo acusado. En el
expediente no obra constancia formal de notificación; sin embargo, la parte actora
manifestó expresamente25 al momento de subsanar la demanda que el acto le fue
notificado el 30 de noviembre de 2016, fecha en la que su oficina de abogados
recibió el documento, mediante correo físico. Esta afirmación no fue desvirtuada con
prueba en contrario, por lo que, debe tenerse como válida.
Ahora bien, el juez de primera instancia, mediante auto del 1 de agosto de 2017,
inadmitió inicialmente la demanda26 con el fin que se aportaran las constancias de
notificación de los actos demandados, finalmente resolvió admitirla sin que se
hubiese presentado dicha certificación, y defirió el estudio de la caducidad para una
etapa procesal posterior27, en atención a las pruebas que se allegaran al proceso.
En efecto, en la audiencia inicial celebrada el 20 de febrero de 2020, el despacho
anunció que dicho análisis se efectuaría en la sentencia. No obstante, en la decisión
de fondo no se efectuó pronunciamiento alguno sobre el particular28

En consecuencia, al haber la parte actora reconocido expresamente la fecha de
notificación del acto acusado y, no existir prueba que desvirtúe dicha manifestación,
resultaba imperioso que, el juez de primera instancia se pronunciara sobre la
excepción de caducidad, máxime, que fue la misma judicatura de primer grado que
señaló que este estudio se efectuaría en la sentencia. En tal sentido, corresponde
ahora a esta Sala efectuar el respectivo análisis sobre la configuración de la
caducidad.

25
Folios 40 y 41 del expediente físico.
26
Folios 37 a 38 del expediente físico.
27
Folios 43 a 44 del expediente físico.
28
Folios 99 a 101 del expediente físico.

19
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Conforme a lo anterior, se tiene como fecha de notificación el 30 de noviembre de
2016 –tal como lo indicó la parte actora al momento de subsanar la demanda -, lo que implica
que el término de caducidad comenzó a correr el 1 de diciembre del mismo año,
finalizando, en principio, el 1 de abril del 2017. Sin embargo, este término fue
interrumpido válidamente con la solicitud de conciliación prejudicial presentada el
16 de enero de 2017, conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001, momento para
el cual, había transcurrido 1 mes y 15 días del término, por lo que, restaban 2
meses y 15 días para que operara el fenómeno jurídico de la caducidad.

La constancia de no conciliación fue expedida el 17 de marzo de 2017 por la
Procuraduría, a partir del día siguiente, se reanudó el término de caducidad,
venciéndose así el plazo para incoar la demanda, el día viernes 2 de junio de
2017, so pena que operara la caducidad del medio de control. No obstante, la
demanda fue radicada el 6 de junio del mismo año29, es decir, cuatro (4) días
calendario – dos (2) días hábiles- después del vencimiento del término legal; por lo que,
se impone declarar probada la excepción de caducidad del medio de control.

No obstante, y en atención a lo dispuesto en la sentencia de unificación CE-SUJ2-
005-16, así como en los autos de 19 de julio de 2018, 9 de julio de 2020 y 9 de
febrero de 2023, (citados párrafos atrás) se impone hacer una distinción entre las
pretensiones sujetas a caducidad y aquellas exceptuadas de dicha figura.

En efecto, como quedó establecido, las reclamaciones derivadas de aportes al
sistema integral de seguridad social en pensiones, cuando provienen de una
relación de trabajo subordinada encubierta bajo contratos de prestación de
servicios, no están sujetas a caducidad, por tratarse de prestaciones periódicas,
irrenunciables e imprescriptibles, en virtud del mandato contenido en el artículo 164,
numeral 1, literal c), del CPACA y del principio de primacía de la realidad sobre las
formas en las relaciones laborales (art. 53 de la Constitución).

En tal sentido, y sin perjuicio que la mayoría de las pretensiones formuladas se
encuentran afectadas por la extemporaneidad en la presentación de la demanda, la
Sala entrará a pronunciarse de fondo únicamente respecto de los aportes

29
Folio 36 del expediente físico.

20
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pensionales reclamados, por cuanto se trata de derechos que escapan al régimen
restrictivo de caducidad, y cuya omisión puede incidir gravemente en el goce
efectivo del derecho fundamental a una pensión en condiciones dignas, en
perjuicio de quien ha prestado servicios personales, continuos y subordinados al
Estado.
En consecuencia, la Sala procederá a realizar un pronunciamiento de fondo
exclusivamente para el eventual reconocimiento de los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones reclamados por la señora Lina María Ruiz Gutiérrez,
en la medida en que, se acredite la existencia de una relación laboral encubierta
durante los períodos señalados en la demanda, reiterándose que respecto a las
reclamaciones por acreencias laborales, el medio de control incoado fue presentado
por fuera del término legal, operando así la caducidad, lo que impide un
pronunciamiento de fondo al respecto.

2.3.2 Del análisis del fondo del asunto - relación laboral encubierta.

Lo probado en el proceso

• Está demostrado en el expediente que la señora Lina María Ruiz Gutiérrez
prestó servicios como odontóloga en favor del Hospital “Nuestra Señora de los
Santos” E.S.E. del municipio de La Victoria, Valle del Cauca, en los periodos
comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 y desde el 1 de
enero de 2013, sin que haya prueba de la fecha de finalización.

• También está acreditado que, la vinculación se realizó a través de acuerdos
cooperativos y contratos de prestación de servicios, así:

➢ Contrato 1: Contrato cooperativo del 13 de enero de 2011, suscrito
con la Cooperativa de Trabajo Asociado "Su Futuro Hoy CTA", por
un plazo de 12 meses, con una remuneración mensual de $1.783.30030.

➢ Contrato 2: Contrato de prestación de servicios del 1 de enero de
2013, suscrito con la Asociación Gremial Integración en Salud –
ACUERDO, sin término definido, con cláusulas generales sobre
obligaciones y sin acreditación del pago pactado31.

En dichos contratos se establecieron las siguientes clausulas:

30
Folio 18 del expediente físico.
31
Folios 19 del expediente físico.

21
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Contrato 1:

«OCTAVA: OBLIGACIONES DEL ASOCIADO: A partir de la fecha de inicio de la
prestación del servicio, EL ASOCIADO (A) se compromete a: A) Poner al servicio de LA
COOPERATIVA toda su capacidad en el desempeño de las funciones propias de la
prestación del servicio contratado, de conformidad con las órdenes que se le impartan,
deberes y responsabilidades que conlleven las funciones asignadas. B) Cumplir el
compromiso de manera cuidadosa y diligente en el lugar, tiempo y condiciones que se
le señalen conforme a las necesidades de la prestación del servicio. C) Observar
rigurosamente la disciplina interna establecida por LA COOPERATIVA o por las
personas autorizadas por esta, D) Guardar estricta reserva sobre la información que
conozca en razón de su oficio o cargo desempeñado y cuya comunicación a terceros
pudiera causar perjuicio a LA COOPERATIVA, personas o entidades en cuyos
establecimientos ó para quienes se preste el servicio. E) A no atender durante la
prestación del servicio actividades distintas a las encomendadas por su jefe inmediato.
F) A cuidar y manejar con esmero y atención maquinas. herramientas, utensilios,
materias primas, productos, instalaciones, y en general todo lo que se le haya
encomendado. G) A acatar las normas sobre salud ocupacional y seguridad industrial.
H) A informar oportunamente a LA COPERATIVA (as irregularidades que se presenten
durante la prestación del servicio I) Cumplir con las demás obligaciones legales y las
complementarias o adicionales que le sean comunicadas mediante memorando.» -sic-

Contrato 2:

«CUARTA: OBLIGACIONES DE EL (LA) AFILIADO(A) PARTICIPE: ELLA)
AFILIADO(A) PARTICIPE se obliga de modo expreso a: 1. Comportarse con espíritu
solidario, teniendo en cuenta el esfuerzo propio para la ayuda mutua y para la defensa
de los intereses generales de LA ASOCIACION. 2. Procurar que LA ASOCIACION
cumpla con su objetivo de acuerdo con sus estatutos en forma permanente y con
sentido social y de interés común. 3. Efectuar los aportes en LA ASOCIACION, en la
forma prevista en los estatutos, de acuerdo con las decisiones de la asamblea general
o lo resuelto por Junta Directiva 4. Contribuir con las cuotas de mantenimiento que
decretan las anteriores organismos facultados y orientados a atender el funcionamiento
de LA ASOCIACION. 5. Aceptar y acatar los reglamentos de LA ASOCIACION y las
disposiciones dictadas por la Asamblea General, La Junta Directiva, el organismo de
control social, los Comités y la Presidencia. 6. Asistir a los cursos de capacitación
dictados a los AFILIADOS PARTICIPES por LA ASOCIACION. 7. Trabajar con las
exigencias establecidas por LA ASOCIACION y la necesidad del usuario, en la
ejecución de los trabajos que de él se requieran, colaborando en el respeto de todas las
normas de presentación, aseo, higiene, seguridad y calidad de trabajo exigidos. 8.
Observar el cuidado y diligencia necesarios para el correcto desempeño de sus
funciones. 9. Guardar estricta reserva de toda Información que llegue a su conocimiento
en razón de la prestación de servicios que se efectúen con fundamento en el acuerdo
de asociación y cuya divulgación pudiere causar perjuicios a LA ASOCIACION y/o a las
Empresas usuarias del trabajo Sindical contratado. 10. No atender o dedicarse durante
las horas de ejecución del trabajo solicitado, a asuntos u ocupaciones distintas a las
que lo sean encomendadas. 11. Abstenerse dentro y fuera de LA ASOCIACION, de
efectuar comportamientos que pudieran afectar la imagen de esta o de sus Afiliados
Participes o asociados(as) 12. Aceptar la retribución o compensación que señale LA
ASOCIACION para los servicios prestados, de acuerdo con el Reglamento de
compensaciones vigente para LA ASOCIACION 13. Actuar siempre con sentido social,
humano, con lealtad, responsabilidad y respeto a los valores éticos y morales y a la
dignidad de la persona humana.» -sic-

• También se encuentra acreditado que la demandante solicitó, durante el año
2014, diversos permisos para ausentarse de sus labores. Dichos permisos
fueron aportados por la parte demandada dentro de los antecedentes
administrativos y correspondían a solicitudes presentadas por la actora mediante

22
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el formato institucional de solicitud de permisos de ASOINSALUD -Organización
sindical- a continuación, se detallan los mencionados permisos32:

➢ Copia de la constancia para solicitud de permiso de fecha 19 de mayo de 2014,
concedido para el día 20 de mayo de 2014, con el fin de atender asuntos personales.
➢ Copia de la constancia para solicitud de permiso de fecha 3 de junio de 2014,
concedido para ese mismo día a partir de las 4:00 p.m., con destino a cita médica con
dermatólogo.
➢ Copia de la constancia para solicitud de permiso de fecha 3 de junio de 2014,
concedido para el día 4 de junio de 2014, a partir de las 4:00 p.m., para asistir a cita
médica de terapia de mano.
➢ Copia de la constancia para solicitud de permiso de fecha 17 de junio de 2014,
otorgado para ese mismo día a partir de las 4:00 p.m., para asistir a terapia de la mano.
➢ Copia de la constancia para solicitud de permiso de fecha 20 de junio de 2014,
concedido para la tarde de ese mismo día, con motivo de un viaje personal de carácter
urgente.
➢ Copia de la constancia para solicitud de permiso de fecha 24 de junio de 2014,
concedido para el día 25 de junio de 2014, en la jornada de la mañana, para asistir a
cita médica con psicóloga.
➢ Copia de la constancia para solicitud de permiso de fecha 23 de julio de 2014,
otorgado para el día 29 de julio de 2014.
➢ Copia de la constancia para solicitud de permiso de fecha 6 de agosto de 2014,
concedido para el día 8 de agosto de 2014, en horas de la mañana, para cita médica y
realización de exámenes.

• En cuanto a las pruebas testimoniales, se recibieron las siguientes:

1. Testimonio de Valentina Cardona Londoño 33:

Manifestó que su relación con la señora LINA MARÍA RUÍZ GUTIÉRREZ, se debe a que
compartió a principios del año 2014 con la nombrada porque realizó las pasantías en el
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS E.S.E, LA VICTORIA, VALLE DEL
CAUCA en el que trabajaba la nombrada y además resaltó que, en el año 2008, fue su
paciente, por tanto, conoce a la nombrada. Seguidamente La testigo indicó que “trabajó
durante un año como practicante de la carrera de técnico en auxiliar en odontología,
manifestando que ambas cumplían horarios de lunes a viernes y en ocasiones los días
sábados y eran supervisados diariamente”.

Respecto a los permisos señaló que “...se debían solicitar con anticipación y en caso
de ser concedido debían ser reprogramadas las citas de los pacientes. No podíamos
disponer del tiempo”.

La parte solicitante de la prueba- demandante- interrogó a la testigo:

“PREGUNTA. Nos puede indicar como fue contratada la señora LINA MARÍA RUÍZ
GUTIÉRREZ, en el HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS E.S.E., LA
VICTORIA, VALLE DEL CAUCA. CONTESTA: Ella fue contratada como odontóloga.
PREGUNTA: Por la prestación del servicio la Dra. LINA MARÍA RUÍZ GUTIÉRREZ
percibía algún salario. A lo que respondió: escuchaba de veces no les pagaban o lo
hacían de forma tardía. PREGUNTA: Quien le suministraba los implementos para
trabajar a la Dra. LINA MARÍA RUÍZ GUTIÉRREZ. CONTESTA: Los suministraba el
hospital. PREGUNTA: La Dra. Lina se podía ausentar del hospital sin autorización.
CONTESTA: No se podía ausentar el horario era muy estricto, teníamos dos
supervisores Gucho, él se llama Cesar Augusto y el señor Caliche siempre debíamos
pedir permisos para reprogramación de citas. A la Doctora le tocaba trabajar en horas
de almuerzo para reponer las horas o días de ausencia con permiso. PREGUNTA:
Recuerda en qué lugar se prestó el servicio por la Dra Lina. CONTESTA: Si en el

32
Ver cuaderno No. 2 (físico) de antecedentes administrativos-
33
Escuchar relato a partir del minuto 35:00 de la grabación de la audiencia de pruebas que reposa en el expediente.

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Número interno: 6135-2024
Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez
Demandada: Hospital “Nuestra Señora de los Santos” E.S.E. La Victoria, Valle del Cauca.

hospital nuestra señora de los santos. PREGUNTA: Me informa si conoce si la Dra tenía
otro contrato. CONTESTA: Únicamente tenía el contrato con el hospital nuestra señora
de los santos, cumplíamos un horario muy estricto. PREGUNTA: A la dra se le pagaba
por concepto de seguridad social. CONTESTA: Respecto al pago de la seguridad social
no tengo conocimiento. PREGUNTA: Tiene conocimiento si le cancelaron prestaciones
sociales. CONTESTA: De lo que yo escuché es que no era puntual el pago y se
escuchaba que existían siempre problemas. PREGUNTA: A la Dra Lina le daban
dotación. CONTESTA: No, a ella no le entregaban uniformes a ninguno”.

El abogado del Hospital demandado interroga la testigo:

PREGUNTA: Usted manifiesta conocer los hechos de la demanda como los conoció.
CONTESTA: a mí me contactaron para ser testigo de este caso, porque trabajé en el
hospital y fui paciente de la Dra Lina. No más preguntas…”.

2. Testimonio de Marleny Londoño Velásquez34

Me dedico a oficios varios, manifestó que su relación con la señora LINA MARÍA RUÍZ
GUTIÉRREZ, se debe a qué en el año 2009, su hija tuvo un fuerte dolor de muela fue
su paciente. Seguidamente indicó que no tiene ninguna relación con la nombrada.

Respecto al vínculo laboral entre las partes manifestó: “…yo fui paciente de ella, a mí
me daban las citas ella siempre estaba allí y como obligatoriamente uno se sienta frente
al consultorio odontológico uno la ve, siempre la veía allí cumpliendo con su cargo, en
el año 2009. Yo estuve periódicamente yo iba cada dos meses cada que tenía revisión
odontológica, yo también era paciente de la Dra. Lina y mi hija. Tuve conocimiento de
que era ella la doctora de odontología del hospital es lo que tengo entendido es lo que
conozco”.

La parte solicitante de la prueba- demandante- interroga a la testigo:

“PREGUNTA: Usted fue paciente de la Dra. Lina solo en el año 2009. CONTESTA:
Siempre para el tratamiento dientes. PREGUNTA: Recuerda hasta que año prestó los
servicios la Dra Lina en el hospital Nuestra Señora de los Santos de la Victoria Valle.
CONTESTA: Desde el año 2009 hasta el año 2014, más o menos. PREGUNTA: Porque
recuerda que la atiende desde el año 2009. CONTESTA: Lo recuerdo porque en esa
ocasión mi hija no me dejo dormir del dolor tan fuerte, fue algo que no me dejo dormir y
desde eso la conozco así. PREGUNTA: Recuerda si en el hospital había más
odontólogos. CONTESTA: era solo ella porque siempre ella me atendía en la mañana
y en la tarde. PREGUNTA: la Dra la atendía en el hospital. CONTESTA: siempre fue en
el hospital. PREGUNTA: Usted sabia quien le daba los insumos. CONTESTA: Era el
hospital siempre siempre lo deduzco porque ella era la odontóloga del hospital.
PREGUNTA: usted sabe si ella tiene un superior o un coordinador. CONTESTA: Pues
uno escuchaba que para pedir permiso mencionaban a un caliche. PREGUNTA: Usted
conoce a esa persona. CONTESTA: No”.

El Magistrado interroga a la testigo

“PREGUNTA: Que tratamiento odontológico recibió usted y su hija. Y cada cuanto
asistía a las citas. CONTESTA: Dr. uno va y lo valoran uno va le dan la cita cada 20 o
cada mes me hacían las calzas dentales y los tratamientos de conductos, uno tiene que
ir muchas veces. PREGUNTA: Cuántas veces, precise por favor. CONTESTA: No señor
le aclaro cuando es tratamiento largo uno debe ir varias veces y luego cada año va a
que le revisen, iba repetidamente. PREGUNTA: Cuantas veces fue en el año 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, y cuáles fueron los tratamientos realizados.
PREGUNTA: Bueno con mi hija más de 4 veces, y yo cada seguidamente que la
limpieza que una cosa, pero periódicamente iba cada año a revisarme mi dentadura”.

3. Testimonio de Julián Mauricio Naveros Marulanda 35

Se desempeña como coordinador de Gestión Humando ASOCIACIÓN GREMIAL
INTEGRACIÓN EN SALUD.

34
Escuchar relato a partir del minuto 38:00 de la segunda grabación de la audiencia de pruebas que reposa en el expediente.
35
Escuchar relato a partir del minuto 23:00 ibidem.

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Número interno: 6135-2024
Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez
Demandada: Hospital “Nuestra Señora de los Santos” E.S.E. La Victoria, Valle del Cauca.

Respecto al relato de los hechos de la demanda manifestó que tiene un vínculo con la
asociación, pero no con el hospital y acerca de la demandante, conozco de ella porque
estuvo vinculada como afiliada participe a la ASOCIACIÓN GREMIAL INTEGRACIÓN
EN SALUD, como profesional en odontología.

El Magistrado interviene y pregunta al testigo:

“Como es la vinculación y como se desarrolla la contratación entre ASOINSALUD y el
hospital y desde que año usted está vinculado”. El testigo respondió: “Nosotros damos
apoyo en diferentes procesos con entidades, tales como con el hospital aquí
demandado desde el 1 de enero del año 2013”. PREGUNTA: “Como se programan las
actividades”. RESPUESTA: “Nosotros realizamos planeación de acuerdo a la necesidad
del servicio la planeación se realiza de forma autónoma, de profesionales que prestaban
el servicio en el hospital recuerdo que eran unas 24 personas de diferentes profesiones
a través de contratos de prestación de servicios”. PREGUNTA: “Cuando existían
inconvenientes para asistir quien concedía los permisos o quien habilitaba para
exonerar del servicio”. RESPUESTA: “Nosotros dentro de la asociación hemos
implementado el proceso para ello, el afiliado debe realizar la solicitud de permiso bajo
un formato o llamada al coordinador o a quien se designe. PREGUNTA: “Usted recuerda
cuantos eran odontólogas”. RESPUESTA: “Nosotros iniciamos con la Dra. Lina
iniciamos el proceso y con ella fue todo el proceso y con programación previa con
nosotros, nosotros tuvimos muy buena comunicación muchas veces señalaba que no
podía asistir y se cubría su ausencia. Siempre fue una persona vinculada a la asociación
con comunicación abierta y directa”. PREGUNTA: “Quien remuneraba el servicio”.
RESPUESTA: “Nosotros como asociación la compensábamos. Inicialmente se
establece un acuerdo con la entidad para la planeación del servicio y tarifas manejadas
por la asociación y luego en reunión a los afiliados se le da a conocer en el programa
de inducción el valor y nosotros les compensamos a ellos esas actividades”.

El apoderado solicitante – parte demandada- de la prueba interroga al testigo

“PREGUNTA: Dr. Como se vinculada a la asociación. RESPUESTA: Nosotros
realizamos convocatorias de acuerdo a los procesos contratados con las diferentes
entidades con las que tenemos convenios, los afiliados se postulan y previo a la
vinculación mediante solicitud voluntaria se vinculan. PREGUNTA: La afiliada recibió
capacitaciones. RESPUESTA: Claro con nuestro programa debe recibir la inducción y
capacitaciones sobre el cubrimiento de actividades y entre otros aspectos, todo ello
reposa en el programa de inducción que se tiene. PREGUNTA: Conoce si prestaba
servicios en otras instituciones. RESPUESTA: Recuerdo que ella realizaba su actividad
de odontología de forma independiente, lo anterior porque ella manifestaba que tenía
pacientes particulares y residía en Cartago y en la 4 con 9 prestaba dichos servicios,
ella misma lo manifestó”.

La apoderada de la parte demandante interroga al testigo:

“PREGUNTA: Que beneficios tenía al afiliarse a la institución. RESPUESTA: La
asociación presta apoyo a los profesionales, ella tenía su descanso anual, el pago
directo de la asociación, asumíamos las incapacidades dentro de la compensación
mensual, prestamos sin intereses. PREGUNTA: Ustedes pagaban todas las
prestaciones. RESPUESTA: No señora porque era un contrato de prestación de
servicios y el acuerdo que ella tenía con la asociación lo conocía y se establecieron las
compensaciones que iba a recibir, no asumimos las prestaciones referidas.
PREGUNTA: Quienes establecían los turnos de labor. RESPUESTA: Nosotros
realizábamos obviamente la programación de la agenda bajo los términos del hospital,
apoyando los procesos del centro hospitalario. PREGUNTA: En el hospital no hay
medico coordinador. RESPUESTA: Si bajo el convenio realizado el hospital designa a
un supervisor y con él se concertaban las actividades. Nosotros concertamos
actividades, pero no se cumple horarios, los afiliados pueden ejercer actividades
particulares. PREGUNTA: Recuerda el tempo de prestación de servicios de la Dra. Lina.
RESPUESTA: Mas o menos recuerdo que terminó en el año 2016. Pero no recuerdo la

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Número interno: 6135-2024
Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez
Demandada: Hospital “Nuestra Señora de los Santos” E.S.E. La Victoria, Valle del Cauca.

fecha de inicio. El tiempo fue continuo. Hubo momento que la asociación requería de la
prestación del servicio y se renovaron los contratos”.

El Ministerio Público, solicita se aclare la forma como se cancelaba la remuneración a
lo respondió el testigo:

“La actividad se liquidaba de forma mensual de acuerdo al tiempo que ella prestaba el
servicio, existían tarifas de acuerdo a la concertación de estudio de mercado se
establece una propuesta para apoyo de las actividades y de acuerdo al tiempo de
cubrimiento se presenta una propuesta antes de celebrar un contrato con el hospital.

Se establece un cálculo mensual de las actividades profesionales y dicho calculo se
hace de acuerdo al tiempo prestado y se presenta la cuenta de cobro al hospital. La
compensación era fija, pero si el afiliado no prestaba el servicio y se necesitaba
reemplazo a esa persona se le descontaba el servicio que no fue prestado”.

4. Interrogatorio de Lina María Ruíz Gutiérrez 36

“Me vincule a la asociación porque en el hospital me indicó cuando lleve mi hoja de vida
que era necesario, teniendo en cuenta que era quien manejaba los asuntos de
contratación. Nosotros los permisos no los hacíamos con la asociación sino con la
subgerencia del hospital, si eran de media jornada o jornada completa y ellos se
encargaban de autorizar y lo remitían a la cooperativa para compensar tiempo y de no
ser así entonces no cancelaban el salario. Prestaba servicios particulares después de
las 6PM, pues mi horario era hasta las 5:30PM, esto es posterior a mi jornada laboral.
Esto nunca interfirió con la prestación de mis servicios en el hospital”.

Análisis de pruebas y decisión

A partir del material probatorio que obra en el expediente y conforme al marco
normativo y jurisprudencial aplicable, se procede a examinar si en el caso concreto
se configura una relación laboral encubierta bajo la apariencia de acuerdos
cooperativos y contrato de prestación de servicios suscritos entre la señora Lina
María Ruiz Gutiérrez y el Hospital "Nuestra Señora de los Santos" E.S.E. del
municipio de La Victoria, Valle del Cauca.

Respecto de la prestación personal del servicio, para la Sala, dicho elemento
está suficientemente acreditado, pues, las pruebas dan cuenta que, en efecto, la
demandante prestó sus servicios como odontóloga de manera directa y personal
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, y
desde el 1 de enero de 2013 en adelante, sin que se haya acreditado una fecha de
terminación; no obstante, en la demanda se indicó que fue hasta el 31 de diciembre
de 2014, aspecto que no fue desvirtuado por la parte pasiva; en este punto debe
indicarse que los testimonios, tanto de la señora Valentina Cardona Londoño como
de Marleny Londoño Velásquez, hicieron referencia de la prestación del servicio por
parte de la actora durante el año 2014; además, hay constancia que la demandante

36
Ibidem.

26
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Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez
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solicitó diversos permisos para ausentarse de su labor, incluso hasta agosto del
2014, pruebas con base en las cuales se infiere que en efecto se prestó el servicio
hasta ese año; sin embargo, como más adelante se precisará, no es posible declarar
la relación laboral en esta calendada en virtud del principio de la non reformatio in
pejus. Dicha labor -según indican las pruebas- se desarrolló de forma exclusiva en las
instalaciones del hospital, sin evidencia de sustituciones ni delegaciones, lo cual
permite afirmar la configuración del primer elemento estructural de una relación
laboral: la prestación personal del servicio; pero no por todo el periodo de tiempo
reclamado en la demanda - 15 de febrero del año 2007 hasta el 31 de diciembre del año 2014-
, sino durante el año 2011 y 2013, conforme lo precisó el tribunal y más adelante se
indicará.

En cuanto a la remuneración, se encuentra demostrado que mediante el contrato
cooperativo de 2011 se fijó una compensación mensual de $1.783.300. Aunque el
contrato del año 2013 no señala expresamente una suma, el testimonio del señor
Julián Mauricio Naveros confirmó que la compensación se liquidaba mensualmente
y que, en caso de inasistencia, se aplicaban descuentos. Aunado a que la propia
actora refirió que, si no se cumplía la jornada, no se pagaba el valor mensual
acordado. Todo ello demuestra la existencia de un pago regular, fijo y continuo, lo
cual satisface el segundo elemento de la relación laboral: la remuneración como
contraprestación directa al trabajo personal.

En relación con la subordinación, el acervo probatorio da cuenta de varios
indicios relevantes: los contratos suscritos imponían el cumplimiento de
instrucciones, la sujeción a horarios, la vigilancia de la disciplina interna y la
observancia de reglamentos; y, los testimonios, en especial el de Valentina
Cardona, describen una jornada estricta de lunes a viernes, y ocasionalmente
sábados, bajo supervisión directa, y con necesidad de reponer las horas no
laboradas. Además, se acreditó que los permisos debían gestionarse, lo que
evidencia control en el servicio o la labor contratada, aunado a que, los equipos,
materiales e insumos de trabajo eran suministrados por el hospital, y se contaba
con supervisores que controlaban asistencia y cumplimiento de funciones. Estos
elementos permiten concluir que existió una subordinación real, permanente y
directa, desbordando los límites propios de una simple coordinación contractual.

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Número interno: 6135-2024
Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez
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Todo lo anterior permite afirmar que se configuraron en el caso concreto los tres
elementos esenciales del contrato de trabajo: la prestación personal del servicio, la
remuneración directa y la subordinación. En consecuencia, se constata la existencia
de una verdadera relación laboral encubierta. En virtud de lo cual y en aplicación
del principio de primacía de la realidad sobre las formas (artículo 53 de la
Constitución Política), le asiste a la demandante el derecho al restablecimiento del
derecho solo en lo que respecta a aportes pensionales, pues como se dijo, las
pretensiones formuladas en relación con el reconocimiento de prestaciones
sociales, diferencias salariales y demás derechos laborales se encuentran sujetas
al régimen de caducidad del medio de control. En consecuencia, al haberse
promovido la acción de forma extemporánea, tales reclamaciones no podrán ser
objeto de reconocimiento por esta jurisdicción.

No obstante lo anterior, la Sala reitera que las reclamaciones relacionadas con los
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Pensiones, cuando provienen
de una relación laboral encubierta bajo la apariencia de contratos de prestación de
servicios, no se encuentran sometidas al fenómeno de la caducidad, por tratarse de
prestaciones periódicas, irrenunciables e imprescriptibles, de conformidad con
lo previsto en el artículo 164, numeral 1, literal c), del CPACA, y la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado.

En consecuencia, la sentencia apelada será revocada salvo lo relativo al
reconocimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones,
los cuales deberán ser efectuados por el Hospital “Nuestra Señora de los Santos”
E.S.E., por los períodos en que se acreditó la existencia de una relación laboral
encubierta entre la entidad y la señora Lina María Ruiz Gutiérrez, esto es, por todo
el año 2011 y 2013.

En este punto debe recordarse que la sentencia del tribunal solo fue recurrida por
la parte pasiva; por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del CGP, esta
instancia solo puede pronunciarse sobre los aspectos del recurso, sin que le sea
posible agravar la situación del apelante único37. Entonces, a pesar que las pruebas

37 “La prohibición para el fallador de hacer más gravosa la situación del apelante único, quien se entiende impugna la
providencia solo en lo desfavorable, está prevista en la Constitución Política en el artículo 31 que indica “. Toda sentencia
judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena
impuesta cuando el condenado sea apelante único.” Sobre esta garantía procesal, la Corte Constitucional en la sentencia T-
1186 de 2003 consideró que constituye un derecho fundamental así: ““3. La jurisprudencia ha dicho que la proscripción de la

28
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obrantes en el plenario - específicamente las solicitudes de permiso presentadas por la actora
y los testimonios de Valentina Cardona Londoño y Marleny Londoño Velásquez - permiten

concluir que la prestación del servicio se prolongó hasta el año 2014, no es posible
entrar a modificar el extremo final del reconocimiento efectuado por el a quo, al no
haber sido recurrido este punto de la sentencia de primera instancia; ante ello, se
tiene que la relación laboral encubierta se llevó a cabo durante los años 2011 y
2013.

Los aportes pensionales en los citados años, donde se estableció la relación laboral
por parte del tribunal, deberán liquidarse con base en el ingreso mensual pactado
en los acuerdos asociativos aportados al expediente, aplicando el ingreso base de
cotización vigente para cada período y efectuando la cotización en la proporción
legal correspondiente al empleador; lo anterior, por cuanto no se allegó prueba
alguna de la que se desprenda que en el hospital demandado había profesionales
en odontología que realizaran la misma labor y que estuviesen vinculado de planta
con la entidad.

Se aclara que la parte demandante deberá acreditar los aportes que haya realizado
directamente; en caso de no haberlos efectuado, deberá asumir el porcentaje que
legalmente le corresponde como trabajadora. Por su parte, la entidad demandada
deberá cancelar el porcentaje que como empleadora le correspondía.

2.2.4. Sobre la condena en costas

No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que dichas
normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual
implica examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su
causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No
es suficiente el simple resultado adverso del proceso.

reforma en perjuicio del condenado que es apelante único es un derecho fundamental. Y lo es en múltiples dimensiones. Lo
es formalmente en cuanto ha sido dotado por el constituyente, de manera expresa, de esa calidad. Lo es materialmente
porque se trata de un derecho del individuo que se ha transformado en derecho constitucional positivizado. Y lo es
procesalmente en cuanto se trata de un derecho cuya formulación jurídica no está al alcance de los poderes jurídicos
constituidos. (…) 4. De acuerdo con lo expuesto, entonces, se tiene lo siguiente:
• La proscripción de la reforma en perjuicio del condenado es un derecho fundamental.
• Como derecho fundamental, la proscripción de la reforma en perjuicio del condenado constituye un límite tanto a la
competencia del superior que decide la apelación, como al poder punitivo del Estado.
• Cuando ese derecho fundamental se desconoce, se desborda uno de los límites impuestos por el constituyente al ejercicio
del poder penal del Estado, se configura una vía de hecho y hay lugar a su amparo constitucional.”

29
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Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez
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En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo
largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, no se
impondrán en esta sede.

III. DECISIÓN

Visto lo anterior, la Sala revocará parcialmente la sentencia de primera instancia del
28 de enero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y,
en su lugar, declarará configurado el fenómeno de la caducidad de la acción frente
al reconocimiento de prestaciones periódicas y confirmará lo relativo a la orden de
reconocimiento y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. – REVOCAR parcialmente la sentencia de primera instancia calendada
a 28 de enero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en lo correspondiente a la orden de pagar las acreencias laborales reclamadas,
precisándose que solo se mantendrá el reconocimiento de los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones, aspecto que será confirmado por encontrarse
excluido del fenómeno de la caducidad.

SEGUNDO. –DECLARAR probada parcialmente la excepción de caducidad
respecto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por la señora Lina María Ruiz Gutiérrez, en relación con el acto contenido en el
Oficio No. GG-FM-09-224 del 28 de noviembre de 2016, expedido por el Gerente
del HOSPITAL “NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS” E.S.E. LA VICTORIA,
VALLE DEL CAUCA, en cuanto negó el reconocimiento de la relación laboral y el
pago de acreencias laborales; por tanto, se abstiene la Sala de emitir
pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones encaminadas al pago de dichas
acreencias.

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Demandante: Lina María Ruíz Gutiérrez
Demandada: Hospital “Nuestra Señora de los Santos” E.S.E. La Victoria, Valle del Cauca.

TERCERO. – CONFIRMAR la sentencia apelada únicamente en lo atinente al
reconocimiento y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones,
y, en consecuencia, se ORDENA al HOSPITAL “NUESTRA SEÑORA DE LOS
SANTOS” E.S.E. LA VICTORIA, VALLE DEL CAUCA, efectuar los aportes
pensionales correspondientes a los periodos en los que se acreditó la existencia de
una relación laboral encubierta, concretamente entre el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2011 y el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Los aportes deberán liquidarse con base en el ingreso mensual pactado en los
acuerdos asociativos aportados al expediente, aplicando el ingreso base de
cotización vigente para cada período y efectuando la cotización en la proporción
legal correspondiente al empleador. La parte demandante deberá acreditar los
aportes que haya realizado directamente; en caso de no haberlos efectuado, deberá
asumir el porcentaje que legalmente le corresponde como trabajadora. Por su parte,
la entidad demandada deberá cancelar el porcentaje que como empleadora le
correspondía.

CUARTO. - En firme esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Ausente con excusa Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-
01 (1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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