Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-009-2015-00780-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-009-2015-00780-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-009-2015-00780-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
14 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-009-2015-00780-01 (2958-2023)
Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
Demandada: Universidad del Valle
Tema: Reliquidación pensión jubilación. Situaciones pensionales
amparadas por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 17 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1.1. José Johanio Marulanda Arbeláez presentó demanda1 en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos i)
Resolución 2289 del 27 de agosto de 2010, mediante la cual la Rectoría de la
1 Samai, índice 4, ED_C01_01 DEMANDA - Poder y anexos-Reservado(.pdf) NroActua 4, visibles a
folios 84 a 121.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-009-2015-00780-01 (2958-2023)
Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
Universidad del Valle reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación; ii)
Resolución 1259 del 31 de marzo de 2011, a través de la cual se confirmó el acto
anterior; y iii) Oficio R-8162.2012 del 17 octubre de 2012, con la cual se negó la
solicitud de extensión de jurisprudencia.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la reliquidación de la pensión de jubilación de acuerdo con el régimen
especial de la Universidad del Valle, contenido en las resoluciones 260 de 1976,
119 de 1976, y el Acuerdo 004 de 1984 del Consejo Superior, de conformidad con
el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; ii) la reliquidación de la prestación con el
100% de los factores salariales devengados en el último año de servicio, y la
inclusión de la doceava parte de las primas de navidad y vacaciones; iii) la
indexación de las sumas que resultaren; v) el reajuste de las prestaciones
conforme con el IPC; y vi) el pago de los intereses moratorios.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. José Johanio Marulanda Arbeláez nació el 1° de marzo de 1945 y para la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 [30 de junio de 1995], tenía 50 años de
edad.
3.2. Laboró como docente en la Universidad del Valle desde el 16 de agosto de
1971 hasta el 30 de diciembre de 2007, por el lapso de 36 años, 4 meses y 15
días. Su último vínculo como profesor titular de tiempo completo fue en la Escuela
de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería.
3.3. Prestó sus servicios en la alcaldía municipal de Santiago de Cali en el cargo de
secretario de planeación desde enero de 2008 hasta el 19 de abril de 2010.
3.4. A través de la Resolución 2289 del 27 de agosto de 2010 proferida por la
Rectoría de la Universidad el Valle, se reconoció y ordenó el pago de la pensión
de jubilación, efectiva a partir del 20 de abril de 2010, en cuantía de $4.944.895,
de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 33 de 1985 y el inciso 3° del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, con el 75% del IBL del período comprendido entre el 30 de
junio de 1995 y la fecha de retiro.
3.5. Contra el acto anterior presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto
mediante la Resolución 1259 del 31 de marzo de 2011 expedida por la Rectoría de
la Universidad el Valle, que confirmó la decisión administrativa.
3.4. El 17 de septiembre de 2012 presentó ante la entidad demandada solicitud de
extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual fue negada mediante el
2
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Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
Oficio R.8162.2012 del 17 octubre de 2012.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 6, 48, 53, 123 y 209 de la
Constitución Política; y 146 de la Ley 100 de 1993.
5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 3:
5.1. Los actos acusados vulneraron los postulados constitucionales y legales, toda
vez que la entidad no aplicó el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, según el cual
las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad a la entrada en
vigencia de dicha ley continuarían vigentes.
5.2. Los funcionarios que cumplieron los requisitos exigidos en el régimen especial,
en la vigencia de la norma, tienen derecho al reconocimiento de la pensión de
conformidad con las resoluciones 260 de 1976 y 119 de 1976, y el Acuerdo 004 de
1984 del Consejo Superior de la Universidad del Valle.
5.3. Para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, acreditó más de 50 años,
por lo cual era beneficiario del régimen de transición de dicha ley, no obstante,
cumplió con los requisitos establecidos en el régimen especial de la Universidad
del Valle para acceder a la pensión de jubilación.
5.4. En los actos acusados se desconoció la aplicabilidad del régimen especial de
la Universidad del Valle que se encontraba vigente cuando entró en vigor la Ley
100 de 1993, y en su lugar aplicó para el reconocimiento y liquidación de la
prestación la Ley 33 de 1985, lo cual trasgredió el principio de favorabilidad y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la
aplicación del artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
5.5. En tal sentido, para el reconocimiento de la prestación debió aplicarse lo
dispuesto en las resoluciones 260 de 1976 y 119 de 1976, y el Acuerdo 004 de
1984 del Consejo Superior de la Universidad del Valle, que establece como
requisitos para acceder a la pensión jubilación, 50 años de edad y 20 años de
servicio, sobre el 100% del promedio salarial devengado en el último año de
servicio, más la doceava parte de la última prima recibida.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Universidad del Valle4 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
3 Samai, índice 4, ED_C01_01 DEMANDA - Poder y anexos-Reservado(.pdf) NroActua 4, visibles a
folios 108 a 120.
3
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Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
demanda, con base en los siguientes argumentos:
6.1. El régimen especial previsto en la Resolución 260 de 1976 fue derogado por la
Resolución 117 del 9 de noviembre de 1987, decisión que fue reiterada por los
acuerdos 010 y 012 de 2000, por lo cual, todos los empleados públicos, docentes
y administrativos se les debía aplicar lo previsto en las Leyes 6 de 1945 o 33 de
1985.
6.2. El artículo 146 de la Ley 100 de 1993 no era aplicable porque el demandante
era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
por lo cual la norma para el reconocimiento y liquidación de la pensión de
jubilación era la Ley 33 de 1985.
6.3. Los actos administrativos demandados fueron expedidos de acuerdo con los
postulados constitucionales y legales, pues no era viable el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación en aplicación de una disposición interna que se
encontraba derogada.
6.4. Propuso las excepciones que denominó: i) carencia del derecho sustancial
reclamado; ii) inexistencia de derecho adquirido consolidado antes de la vigencia
de la Ley 100 de 1993; iii) buena fe de la entidad demandada; iv) pago; v)
compensación; vi) prescripción; vii) imposibilidad de reconocimiento de mesada
pensional a cargo de la Universidad del Valle con inclusión de tiempos públicos
laborados en el municipio de Cali; viii) improcedencia de extensión de la
jurisprudencia con fundamento en la sentencia de la Sección Segunda del Consejo
de Estado del 29 de septiembre de 2011 - radicación 08001-23-31-000-2005-
02866-03 (2434-10) C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila; ix) carencia de
derecho para solicitar pago de intereses previstos en el artículo 141 de la Ley 100
de 1993; y x) genérica o innominada.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia proferida el 17 de
marzo de 20235 accedió a las pretensiones y condenó en costas a la demandada,
con sustento en los siguientes argumentos:
7.1. El demandante prestó sus servicios en la Universidad del Valle desde el 16 de
agosto 1971 hasta el 30 de diciembre de 2007, y desde el mes de enero de 2008
hasta el 19 de abril de 2010 en el municipio de Santiago de Cali.
7.2. «[E]s dable que los empleados de la Universidad del Valle que hubieren consolidado
4 Samai, índice 4, ED_C01_11 CONTESTACION DE LA DEMANDA - Poder y anexos de la
contestación- Reservado(.pdf) NroActua 4, visible a folios 141 a 166.
5 Samai Tribunal, índice 31, archivo 4_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 31.
4
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Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
su derecho pensional al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 y hasta junio 30 de 1997,
esto es, que hubieren cumplido los requisitos de edad y tiempo de servicios previstos en
la norma especial, tenían derecho a pensionarse bajo las previsiones pensionales del ente
universitario, en amparo de sus derechos adquiridos, conforme a los efectos hacia el
futuro de la sentencia C-410 de 1997, sobre el inciso segundo del artículo 146 de la Ley
100 de 1993, que protegió las situaciones jurídicas individuales definidas por
disposiciones municipales o departamentales, atendiendo que el actor cumplió con los
requisitos al 30 de junio de 1997, es decir, 52 años de edad y más de 25 años de servicio
y por lo tanto tiene derecho al régimen especial de pensión vigente en la Universidad del
Valle».
7.3. Frente a la aplicación del régimen especial de la Universidad del Valle, de
acuerdo con la modulación efectuada por el Consejo de Estado en línea con la
corte Constitucional, es posible hacerlo respecto de aquellas situaciones
pensionales «consolidadas al 30 de junio de 1995, en virtud del artículo 146 de la Ley
100 de 1993, sino de aquellas personas que adquirieron el estatus de pensionado al 30
de junio de 1997».
7.4. En consecuencia, declaró la nulidad parcial de los actos acusados, pues se
reconoció la pensión de jubilación de acuerdo con las leyes 100 de 1993 y 33 de
1985, «con el 75% del promedio de los factores devengados durante los últimos 4 años, 8
meses, 1 día de servicios prestados». Y ordenó el reconocimiento pensional de
acuerdo con el régimen especial de los docentes de la Universidad del Valle sobre
la base del 100% del promedio salarial del último año de servicio, más una
doceava parte de la última prima pagada a partir del retiro [30 de diciembre de
2007].
1.4. El recurso de apelación
8. La parte demandada interpuso recurso de apelación6, el cual sustentó así:
8.1. El tribunal no tuvo en cuenta que el régimen especial de la Universidad del
Valle fue derogado desde 1987 a través de la Resolución 117 del 9 de noviembre
de 1987, a través de la cual estableció que «los Empleados Públicos Docentes y
Administrativos de la Universidad del Valle que al 29 de enero de 1985 se encontraren en
una cualquiera de las situaciones previstas en los Parágrafos 2 y 3 del Artículo 1º de la
Ley 33 de 1985, se jubilarán con las disposiciones anteriores a la vigencia de dicha ley;
los demás Empleados Públicos se jubilarán bajo el régimen establecido por la misma
Ley».
8.2. Aunado a lo anterior, mediante el Acuerdo 010 del 27 de septiembre de 2000,
se estableció que «[e]l régimen prestacional del personal al servicio de la Universidad
del Valle es en consecuencia el dispuesto en la Constitución y las Leyes de la República y
en las respectivas Convenciones Colectivas de Trabajo».
6 Samai Tribunal, índice 34, archivo 5_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 34.
5
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Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
8.3. El demandante no cumplió con los requisitos del régimen especial, por cuanto
su retiro del servicio fue en el año 2010 y la edad la cumplió en el año 2000, es
decir, en vigencia de la Ley 100 de 1993.
8.4. Eltribunal desconoció que el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la
sentencia proferida el 3 de junio de 20217, en un asunto con supuestos fácticos
similares «no ordenó el reconocimiento de la pensión de jubilación con fundamento en el
artículo 146 de la Ley 100 de 1993, pues no se acreditó el requisito de retiro del sistema,
por lo anterior no se puede convalidar situaciones con posterioridad a la entrada en
vigencia del sistema pensional establecido en la Ley 100 de 1993, por lo que la prestación
se hizo efectiva a partir de dicha fecha.»
8.5. En la sentencia de primera instancia no se tuvo en cuenta que las situaciones
jurídicas en materia pensional que se consolidaron con base en disposiciones
municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1997 se debían garantizar
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; pero
tendrán derecho quienes hayan acreditado los requisitos previstos en las normas
anteriores.
8.6. La Resolución 119 del 22 de abril de 1976 y el Acuerdo 0004 del 5 de junio de
1984, fueron actos contrarios a la Constitución Política de 1886, «por el cual no
constituyen la base para consolidar derechos, pues no se pueden considerar derechos
adquiridos con justo título, en contra de la Constitución Nacional y de la Ley».
8.7. El artículo 146 de la Ley 100 de 1993 no avaló la legalidad de los regímenes
especiales de las entidades territoriales, pues lo que convalidó fueron las
situaciones jurídicas particulares definidas con anterioridad a dicha ley.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
9. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que
los extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5
del artículo 247 del CPACA.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
7
Proferida en el proceso con radicado interno 5513-2019, C.P. Gabriel Valbuena Hernández,
6
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Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
El tribunal declaró la nulidad de los actos demandados, estos son: i) la Resolución
2289 del 27 de agosto de 2010, mediante la cual la Rectoría de la Universidad del
Valle reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación; ii) la Resolución 1259
del 31 de marzo de 2011, a través de la cual se confirmó el acto anterior; y iii) el
Oficio R-8162.2012 del 17 octubre de 2012, con el cual se negó la solicitud de
extensión de jurisprudencia; no obstante, se advierte que el último no es objeto de
examen de legalidad a través de este medio de control, pues el CPACA prevé otro
mecanismo para controvertirlo, este es, la extensión de jurisprudencia.
2.2. El problema jurídico
11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 8, el
problema jurídico se contrae a establecer ¿si José Johanio Marulanda Arbeláez,
era beneficiario del régimen previsto por la Resolución 260 de 1976 de la
Universidad del Valle, y por ende su pensión de jubilación debió liquidarse en los
términos del régimen extralegal?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Del régimen pensional de la Universidad del Valle
12. De acuerdo con el artículo 1 del Acuerdo 004 del 1° de octubre de 1996, la
Universidad del Valle «es una institución de educación superior, es un ente universitario
autónomo, con régimen especial, del orden estatal u oficial, con personería jurídica,
autonomía académica, administrativa y financiera y patrimonio independiente, creada por
la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, mediante Ordenanza 012 de 1945 de la
Asamblea del Departamento del Valle del Cauca y modificada mediante Ordenanza 010
de 1954 del Consejo Administrativo del Valle del Cauca, adscrita a la Gobernación del
Valle del Cauca y, en lo que se refiere a las políticas y a la planeación educativa,
vinculada al Ministerio de Educación Nacional».
13. A través de la Resolución 260 de 1976 se estableció el régimen prestacional de
los docentes de la institución, en los siguientes términos:
«[…] Artículo 2. A partir de enero 10 de 1976 regirá para el personal docente de la
Universidad que cumpla 50 años de edad y 20 de servicio, en organismos del Estado
Colombiano, bien sea Nación, Departamento o Municipio o algún establecimiento
público, Empresas Industriales y Comerciales del Estado de cualquier nivel, el
siguiente régimen de jubilación:
1. Quien haya prestado servicios continuos o discontinuos a la Universidad del Valle
durante un periodo de 0 a 5 años, se le asignará la pensión de jubilación sobre la base
del 75% del promedio salarial del último año de servicios más un doceavo 1/12 de la
última prima pagada.
8 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
7
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Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
2. Quien haya prestado sus servicios continuos o discontinuos a la Universidad del
Valle durante un periodo de 5 a 10 años, se le asignará la pensión de jubilación sobre
la base de un 80% del promedio salarial del último año de servicio más 1/12 de la
última prima pagada.
3. Quien haya prestado sus servicios a la Universidad del Valle durante un periodo de
10 a 15 años, se les asignará la pensión de jubilación sobre la base de un 90% del
promedio salarial del último año de servicios más una doceavo 1/12 de la última prima
pagada.
4. Quien haya prestado sus servicios a la Universidad del Valle durante un periodo de
15 a 20 años o más se les asignará la pensión de jubilación sobre la base de un 100%
del promedio salarial del último año de servicios, más un doceavo 1/12 de la última
prima pagada.
PARÁGRAFO: Los tiempos de servicio anotados corresponden a la dedicación de
tiempo completo, a efecto de aplicar el beneficio para dedicaciones inferiores al cálculo
del tiempo servido a la Universidad del Valle se hará en forma equivalente a la
dedicación.
Por ejemplo 10 años de servicio en medio tiempo equivaldrán a 5 de tiempo. […]»
14. De otra parte, mediante la Resolución 119 de 1976 se fijó el régimen
prestacional del personal no docente de la institución, así:
«[…] Artículo 21. Sin perjuicio de que el empleado pueda beneficiarse de otras normas
que siéndoles aplicables puedan favorecerlo, de conformidad con el ordenamiento
jurídico del país la Universidad jubilará a sus empleados al cumplir 20 años de
servicios en entidades oficiales y 50 de edad de acuerdo a la siguiente tabla:
a) Quien haya prestado servicios continuos o discontinuos a la Universidad del Valle
durante el periodo de 5 a 10 años, se jubilará con el 80% del último salario.
b) Quien haya prestado sus servicios a la Universidad del Valle durante un periodo de
10 a 15 años, se jubilará con el 90% del último salario.
c) Quien haya prestado sus servicios a la Universidad del Valle durante un periodo de
15 a 20 años o más se jubilará con el 100% del último salario. […]»
15. Posteriormente, el Consejo Superior aprobó el Acuerdo 004 de 1984 «[p]or el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo», que derogó «los acuerdos,
resoluciones y demás disposiciones que sean contrarias, en especial la Resolución No.
119 de 1976, emanada del Consejo Directivo». En los artículos 143 y 146 del acto en
mención se dispuso lo siguiente:
«ARTICULO 143. El empleado que reúna los requisitos determinados para gozar de
pensión de retiro por jubilación, por edad, o por invalidez, cesará en el ejercicio de sus
funciones en las condiciones y términos establecidos en la normatividad de seguridad
social que rija en la Universidad del Valle.
[…]
8
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Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
ARTICULO 146. Sin perjuicio de que el empleado pueda beneficiarse de otras normas
que siéndole aplicables puedan favorecerlo, de conformidad con el ordenamiento
jurídico del país, la Universidad jubilará a sus empleados al cumplir 20 años de
servicios en entidades oficiales y 50 años de edad, de acuerdo con las tablas
estipuladas en la Resolución No. 119 del 22 de abril de 1976, emanada del Consejo
Directivo.»
16. Posteriormente, la institución universitaria a través de la Resolución 117 del 9
de noviembre de 1987 estableció el régimen para los empleados públicos,
docentes y administrativos, así:
«Artículo Único: Los empleados públicos docentes y administrativos de la Universidad
del Valle que el 29 de enero de 1985 se encontraren en cualquiera de las situaciones
previstas en los parágrafos 2 y 3 del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, se jubilarán con
las disposiciones anteriores a la vigencia de dicha ley; los demás empleados públicos
se jubilarán bajo el régimen establecido por la misma ley».
17. Así las cosas, a partir 29 de enero de 1985, todos los empleados públicos que
prestaran sus servicios en la Universidad del Valle fueron incorporados al régimen
pensional del sector público contenido en la Ley 33 de 1985, salvo quienes se
encontraran en las situaciones previstas en los parágrafos 2 y 3 del artículo 1 de
esta norma, según los cuales:
«PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley
hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la
presente Ley.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados
oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan
los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son
varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las
disposiciones que regían en el momento de su retiro.
PARÁGRAFO 3º. En todo caso, los empleados oficiales que a la vigencia de esta Ley,
hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, se continuarán
rigiendo por las normas anteriores a esta Ley.»
18. En ese orden, tendrían derecho al reconocimiento pensional con sustento en el
régimen que se encontraba vigente antes de la expedición de la Ley 33 de 1985,
que para el caso de los docentes de la Universidad del Valle se encontraba
contenido en la Resolución 260 de 1976, quienes al 13 de febrero de 1985
[entrada en vigor de la referida ley] se encontraran en una de las siguientes
situaciones: i) los empleados oficiales que contaran con 15 años continuos o
discontinuos de servicio; ii) quienes con 20 años de labor continua o discontinua
se encontraran retirados del servicio; y iii) los empleados públicos que contaran
con el estatus pensional, es decir, con la edad y el tiempo de servicio exigidos por
el respectivo régimen.
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Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
2.3.2. De las situaciones pensionales definidas por disposiciones
municipales, departamentales y por convenciones colectivas suscritas por
sindicatos de empleados públicos en vigencia de la Ley 100 de 1993
19. Conforme con lo dispuesto en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Constitución Política9 corresponde al Congreso de la República expedir las leyes
por medio de las cuales el gobierno nacional debe fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos. Dicha competencia se reiteró con la
expedición de la Ley 4ª de 1992, la cual dispuso:
«Artículo 1o. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su
sector, denominación o régimen jurídico;
b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la
República;
c) Los miembros del Congreso Nacional, y
d) Los miembros de la Fuerza Pública.
Artículo 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los
siguientes objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por
parte del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su
servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las
limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades
y las calidades exigidas para su desempeño;
9 «Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y la Fuerza Pública».
10
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k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles
profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama
Ejecutiva y de la Organización Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales
y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la
equidad, productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de
localización, de vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para
la Rama Legislativa.
[…]
Artículo 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos.
Artículo 12. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE>10 El régimen prestacional de los
servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional,
con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad.
Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores
guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional».
20. De acuerdo con lo anterior, le corresponde al Congreso de la República dictar
las normas generales y establecer en ellas los objetivos y criterios en los cuales
debe sujetarse el gobierno nacional al momento de fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos; es decir que «se presenta una competencia
compartida entre el legislador y el ejecutivo para efectos salariales y prestacionales, en
tanto que el Congreso de la República determina, mediante la ley marco, los parámetros
generales con los cuales el gobierno nacional habrá de fijar todos los elementos propios
del régimen salarial y prestacional respecto de los empleados públicos. Lo anterior, en
atención a lo dispuesto en los artículos 48 y 150, numeral 19 literales e) y f) de la
Constitución Política»11.
21. Así las cosas, resultan contrarias al ordenamiento constitucional y legal, las
disposiciones de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales,
resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o
departamentales, que regulen el régimen prestacional de los empleados públicos,
así como las normas de orden convencional.
10 Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-315-95 de 19 de julio de 1995, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz: «siempre que se
entienda que las facultades conferidas al gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación del
régimen prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de los
trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las
entidades territoriales».
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de noviembre de 2021,
radicado 76001 23 31 000 2010 01286 02 (6097-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
11
Radicado: 76001-23-33-009-2015-00780-01 (2958-2023)
Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
22. No se desconoce que el artículo 55 de la Constitución Política 12 garantiza el
derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales; no
obstante, dicha prerrogativa no aplica para los empleados públicos. Al respecto, la
Corte Constitucional en la sentencia C-110 de 1994, consideró que una de las
excepciones al derecho a la negociación colectiva es el caso de los empleados
públicos.
23. Con todo, en la sentencia C-1234 de 2005, la Corte concluyó que los
empleados públicos i) tienen derecho a realizar negociaciones colectivas, pues
gozan del ejercicio del derecho de presentar peticiones y consultas, y ser oídos y
tenidos en cuenta, con el objeto de alcanzar una concertación voluntaria y libre de
las condiciones de trabajo, a fin de garantizar la participación de todos en las
decisiones que los afectan; y ii) si bien no gozan de los plenos derechos de
asociación y convención colectiva, como ocurre con los trabajadores oficiales, de
acuerdo con las normas de orden constitucional y en atención a lo dispuesto en
los Convenios 151 y 154 de la OIT, incorporados en la legislación interna a través
de las Leyes 411 de 1998 y 524 de 1999, a estos servidores sí se les permite
participar en la determinación de sus condiciones de empleo, siempre y cuando se
entienda que la decisión final corresponde al gobierno nacional.
24. No obstante, en el nivel territorial existían regímenes prestacionales
extralegales contrarios al ordenamiento superior, lo que impuso que, con el fin de
salvaguardar derechos laborales consolidados, la Ley 100 de 1993 resolviera dejar
a salvo las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a
su entrada en vigencia, en desarrollo del artículo 58 constitucional que ampara los
derechos adquiridos. Así, el artículo 146 de la aludida ley dispuso lo siguiente:
«Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones
municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual
definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones Municipales o
Departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de
empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades
territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con
anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido los requisitos exigidos en
dichas normas.
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a
que se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente
Ley».
12 Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones
laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación
y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo [Resalta la
Sala].
12
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Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
25. Ahorabien, la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del
mencionado artículo, en la sentencia C- 410 del 28 de agosto de 1997, concluyó:
«El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos
constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política,
según el cual ‹se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores›.
En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos
adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han
consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran
garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras,
basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.
Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las
situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.
[…]
De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los
pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de
1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones
municipales y departamentales, deben continuar vigentes.
Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así
como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con
arreglo a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de
jubilación extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo
hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la
garantía de los derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse
de situaciones adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de
seguridad social (ley 100 de 1993).
No sucede lo mismo con la expresión contenida en el citado inciso segundo acusado,
en virtud de la cual tendrán igualmente derecho a pensionarse con fundamento en las
disposiciones señaladas, quienes cumplan ‹dentro de los dos años siguientes› los
requisitos exigidos en dichos preceptos para pensionarse. A juicio de la Corte, ello
quebranta el ordenamiento superior, ya que equipara una mera expectativa con un
derecho adquirido. Ello impide que los que están próximos a pensionarse -es decir,
dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la ley- y que tan solo
tienen una mera expectativa de adquirir el derecho, puedan hacerse acreedores a los
beneficios propios de la ley 100 de 1993»13. [subrayado fuera de texto]
26. En línea con lo expuesto, se concluye que la Ley 100 de 1993 protegió los
derechos de quienes se pensionaron o cumplieron con los requisitos para ello con
regímenes territoriales con anterioridad a su vigencia, pese a su origen extralegal.
27. Ahorabien, valga señalar que la jurisprudencia ha considerado que los
reconocimientos pensionales individuales sustentados en convenciones colectivas
13Corte Constitucional, sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997. M.P. Hernando Herrera
Vergara.
13
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Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
también están comprendidos dentro de los supuestos establecidos en el aludido
artículo. Particularmente, esta corporación, en sentencia de unificación de 29 de
septiembre de 201114 dispuso:
«[…] la negociación colectiva es una manifestación particular del diálogo social, y está
considerado como un derecho fundamental básico integrante de la libertad sindical,
que en su momento se dio por el convencimiento errado de que la Autonomía
Universitaria incluía la potestad de darles un régimen salarial y prestacional a sus
empleados y que el Legislador en su libertad configurativa, que no fue declarada
inconstitucional la validó o refrendó.
Ahora bien, la seguridad jurídica, es un principio del Derecho según el cual los
ciudadanos tienen la certidumbre de que el derecho a aplicar, es el previsto en las
normas jurídicas y por ello, el Estado debe acatar las normas legales que regulan, en
nuestro caso, las relaciones laborales para garantizar los derechos de los asociados.
En otras palabras, la aplicación de las normas legales en materia pensional constituyen
la realización de la seguridad jurídica pues los empleados públicos tienen que tener la
certeza de quién, cómo y cuándo obtener sus derechos para que entren a formar parte
de su patrimonio y puedan denominarse ‹derechos adquiridos›.
En ese sentido, existe un derecho adquirido cuando hay situaciones individuales y
subjetivas que se han definido bajo el imperio de la ley, de manera que deban ser
respetados por las leyes posteriores; sin embargo, en el asunto sub judice ocurrió fue
lo contrario, pues el derecho sólo se adquirió a partir de que la ley lo garantizó, antes
no estaba cobijado bajo este manto; es más, puede decirse que el derecho sólo se
consolidó a partir de la declaración que sobre el derecho se profiera y en los demás
asuntos que están sub júdice.
[…]
Por lo mismo, el juez no puede alterar la voluntad del legislador, en la aplicación del
principio de la confianza legítima, pues el beneficiario de las prestaciones pensionales,
inicialmente extralegales, recibe el aval del competente para continuar percibiendo los
dineros necesarios para su jubilación, situación que conlleva, también a un derecho
adquirido.
En síntesis, aun cuando la Convención Colectiva fue emanada de autoridades
incompetentes para la regulación del régimen pensional de los empleados públicos,
dicha situación fue convalidada por expresa disposición del legislador a través del
referido artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por el
Órgano que de conformidad con la Constitución Política de 1991 es el encargado de
mantener la guarda e integridad del ordenamiento superior».
28. Así las cosas, resulta claro que en materia pensional el legislador previó la
protección especial para aquellas personas que con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 hubiesen adquirido el derecho acorde con
disposiciones municipales y territoriales, incluidas las regulaciones contenidas en
convenciones colectivas de trabajo.
14Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, expediente
08001-23-31-000-2005-02866-03 (2434-2010) M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
2.4. Caso concreto
29. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
29.1. José Johanio Marulanda Arbeláez nació el 1° de marzo de 194515.
29.2. Laboró en la Universidad del Valle desde el 16 de agosto de 197116 hasta el
30 de diciembre de 200717, como profesor de tiempo completo en la Facultad de
Ingeniería.
29.3. Resolución007 del 8 de enero de 200818, suscrita por la vicerrectora de
investigaciones con funciones delegadas del rector, a través de la cual se resolvió
«que a partir del 31 de diciembre de 2007 se aceptó la renuncia presentada por José
Johanio Marulanda Arbeláez, al cargo de profesor titular en la Escuela de Ingeniería Civil
y Geomática de la Facultad de Ingeniería».
29.4. Durante el último año de servicio devengó los siguientes factores salariales19:
Base para calcular los aportes para pensión
Concepto
Si No
Sueldo básico X
Bonificación por servicios prestados X
Excedente X
Prima de antigüedad X
Vacaciones X
Bonificación por recreación X
Prima de navidad X
Prima de servicios X
Prima de vacaciones X
Subsidio familiar X
29.5. Mediante la Resolución 2289 del 27 de agosto de 201020 expedida por el
rector de la Universidad del Valle se le reconoció la pensión de jubilación de
acuerdo con la Ley 33 de 1985 por ser beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de $4.944.895 efectiva
a partir del 20 de abril de 2010, normatividad aplicable antes de la entrada en
vigencia [30 de junio de 1995]; «pero el ingreso base de liquidación para establecer el
monto de la pensión será calculado con el promedio de lo devengado desde esa fecha
hasta marzo 01 de 2000 [4 años, 8 meses, y 1 día], fecha en la cual cumplió la edad [55
15 Expediente administrativo físico, cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento, visibles a
folios 280 y 388.
16
Expediente administrativo físico, visible a folio 45, 51 vto. y 52.
17 Expediente administrativo físico, visible a folio 362 y 364.
18 Expediente administrativo físico, visible a folio 362.
19 Según la certificación expedida el 27 de julio de 2010 por la División de Recursos Humanos de la
Universidad del Valle, visible en los folios 381 a 384.
20 Samai, índice 4, ED_C01_01 DEMANDA - Poder y anexos-Reservado(.pdf) NroActua 4, visibles
a folios 2 a 5.
15
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años] requisito que al 30 de junio de 1995 le hacía falta para consolidar el derecho a la
pensión de jubilación».
29.6. Contra la anterior decisión presentó recurso de reposición el 7 de diciembre
de 201021, por considerar que no se aplicó el régimen pensional previsto en las
Resoluciones 260 de 1976, 119 de 1976 y en el Acuerdo 004 de 1984 del Consejo
Superior de la Universidad del Valle, que establecían como requisitos «50 años de
edad, 20 años de servicios, y la pensión equivalía al 100% del promedio de lo devengado
en el último año de servicios más la doceava parte de la prima recibida en el último año
de servicios».
29.7. A través de la Resolución 1259 del 31 de marzo de 201122, el rector de la
Universidad del Valle confirmó en todas sus partes la Resolución 2289 del 27 de
agosto de 2010.
29.8. El 16 de agosto de 201223, solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación,
«con la aplicación del régimen vigente en la Universidad del Valle en el momento que se
caus[ó] su derecho pensional y el pago de la retroactividad correspondiente».
29.9. El17 de diciembre de 201224, presentó solicitud de extensión de la
jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, contenida en la
sentencia del 29 de septiembre de 2011 proferida en el expediente con radicado
08801-23-31-000-2005-02866-03 (2434-10), C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila,
«en la cual se ordenó el reconocimiento de una pensión de jubilación con aplicación del
régimen particular de la Universidad del Atlántico, por extensión de una convención
colectiva, siendo la demandada beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de
1993».
29.10. Por medio del Oficio R.8162.2012 del 17 de octubre de 201225, suscrito por el
rector de la Universidad del Valle, resolvió que era improcedente la solicitud de
extensión de jurisprudencia, con el fin de reliquidar la prestación con aplicación del
régimen convencional de la institución.
29.11. Hoja de vida y antecedentes administrativos26 de José Johanio Marulanda
Arbeláez.
2.5. Análisis sustancial
21 Samai, índice 4, ED_C01_01 DEMANDA - Poder y anexos-Reservado(.pdf) NroActua 4, visibles
a folios 6 a 23.
22 Samai, índice 4, ED_C01_01 DEMANDA - Poder y anexos-Reservado(.pdf) NroActua 4, visibles
a folios 24 a 33.
23 Samai, índice 4, ED_C01_01 DEMANDA - Poder y anexos-Reservado(.pdf) NroActua 4, visibles
a folios 58 a 62.
24 Samai, índice 4, ED_C01_01 DEMANDA - Poder y anexos-Reservado(.pdf) NroActua 4, visibles
a folios 63 a 72.
25 Samai, índice 4, ED_C01_01 DEMANDA - Poder y anexos-Reservado(.pdf) NroActua 4, visibles
a folios 73 a 83.
26 Expediente físico administrativo, visible a folios 40 a 397.
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Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
29.12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de
la demanda porque consideró que José Johanio Marulanda Arbeláez acreditó los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación de acuerdo con el régimen
especial de la Universidad del Valle, pues a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993 en el nivel territorial, esto es, el 30 de junio de 1995, contaba con los
requisitos exigidos en la Resolución 260 del 9 de septiembre de 1976, estos son,
50 años de edad y 20 años de servicio.
30. La Universidad del Valle presentó recurso de apelación con el fin de que se
revocara la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar
que el régimen pensional extralegal fue derogado por la Resolución 117 de 1987,
por lo que, a partir de la entrada en vigencia de esta última, el reconocimiento se
debía efectuar de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985. Además, el
demandante consolidó el estatus pensional cuando cumplió 55 años de edad en el
año 2000, es decir, en vigencia de la Ley 100 de 1993.
31. De acuerdo con las pretensiones de la demanda, se advierte que el objeto del
presente asunto es la aplicación del régimen pensional de los docentes de la
Universidad del Valle, contenido en las resoluciones 260 de 1976, 119 de 1976 y
el Acuerdo 004 de 1984 expedidos por el Consejo Superior de esa institución de
educación superior.
32. Al respecto, como se explicó en el marco normativo de esta providencia, se
advierte que el régimen prestacional contenido en la Resolución 260 de 1976 fue
derogado por la Resolución 117 de 1987, de conformidad con la cual, los
empleados públicos docentes y administrativos de ese ente universitario se
jubilarían de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985,
incluido el régimen de transición previsto en esta última.
33. Así las cosas, los docentes de la entidad demandada mantendrían el régimen
pensional contenido en la citada Resolución 260, siempre que al 13 de febrero de
1985 se encontraran en uno de los siguientes supuestos27: i) contaran con 15 años
continuos o discontinuos de servicio como empleados oficiales; ii) quienes con 20
años de labor continua o discontinua en el sector público se encontraran retirados
del servicio; y iii) los empleados públicos que contaran con el estatus pensional, es
decir, con la edad y el tiempo de servicio exigidos por el respectivo régimen.
34. En ese sentido, la Sala procederá a verificar si el demandante era beneficiario
del régimen implementado a través de la Ley 33 de 1985 y como consecuencia
tenía derecho a las prerrogativas de la Resolución 260 de 1976. En consonancia
con lo anterior, del material probatorio allegado al expediente se advierte que José
Johanio Marulanda Arbeláez nació el 1° de marzo de 1945 y prestó su servicio en
27
Parágrafos 2 y 3 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
17
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Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
la Universidad del Valle entre el 16 de agosto de 197128 y el 30 de diciembre de
2007, es decir, que el 13 de febrero de 1985 contaba con 13 años, 5 meses y
28 días de servicio, por lo que no tenía derecho a la referida transición.
35. En consonancia con lo expuesto, la situación prestacional del demandante se
regía por las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985, el cual conservó por
cuanto se encontraba dentro de los supuestos previstos en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, puesto que a su entrada en vigor en el sector territorial el 30 de junio
de 1997, contaba 52 años de edad y 25 años, 10 meses y 14 días de servicio en la
Universidad del Valle.
36. En suma, se evidencia que el demandante adquirió el estatus pensional en
vigencia de la Ley 100 de 1993, por cuanto cumplió 55 años de edad en el año
2000, y era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, por lo cual tenía derecho a la pensión de jubilación de acuerdo
con la Ley 33 de 1985 en cuanto a la edad, tiempo y tasa de reemplazo.
37. Por lo anterior, la prestación se debía liquidar de acuerdo con las subreglas de
la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, esto es, tomando la tasa de reemplazo del 75% sobre un
ingreso de liquidación IBL equivalente «(i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE»; y los factores salariales
previstos en el Decreto 1158 de 1994.
38. En tal sentido, en los actos acusados se reconoció la pensión de jubilación de
acuerdo con la Ley 33 de 1985 en cuanto a la edad, tiempo y tasa de reemplazo, y
el IBL de la Ley 100 de 1993 pues era el dispuesto en esta norma; por lo cual la
entidad reconoció la prestación de acuerdo con el régimen aplicable a José
Johanio Marulanda Arbeláez.
39. Así las cosas, esta Sala revocará la sentencia de primera instancia, mediante la
cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por José Johanio Marulanda Arbeláez.
2.6. Costas
57. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
28
Expediente administrativo físico, visible a folio 45, 51 vto. y 52.
18
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Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
58. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
59. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma29.
60. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la
parte demandada y revocará la decisión de primera instancia en tanto condenó en
costas a la parte demandante, pues no se observa que hubiese realizado análisis
de temeridad o mala fe.
3. Conclusión
40. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que José Johanio Marulanda
Arbeláez, no cumplió con los requisitos necesarios para acceder a la pensión de
jubilación extralegal, prevista en la Resolución 260 de 1976 expedida por la
Universidad del Valle.
41. En esas condiciones, se revocará la sentencia proferida el 17 de marzo de 2023
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedieron
a las pretensiones de la demanda.
42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
29
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
19
Radicado: 76001-23-33-009-2015-00780-01 (2958-2023)
Demandante: José Johanio Marulanda Arbeláez
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Revocar la sentencia del 17 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por José Johanio Marulanda Arbeláez contra la Universidad del Valle,
de acuerdo con lo expuesto en esta providencia y, en su lugar negar las
pretensiones de la demanda.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Aclaración de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KGO
20
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