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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2017-01821-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-010-2017-01821-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 25 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Diana Marcela Conde Pérez contra el municipio de Jamundí, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y en su lugar se dispone: «Primero. Negar las pretensiones de la demanda». Segundo. No condenar en costas en esta instancia Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. 28 Radicado: 76001-23-33-010-2017-01821-01 (6393-2024) Demandante: Diana Marcela Conde Pérez Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. DMGT 29

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-010-2017-01821-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-010-2017-01821-01 (6393-2024)
Demandante: Diana Marcela Conde Pérez
Demandado: Municipio de Jamundí

Tema: Relación laboral encubierta. Protección laboral reforzada
derivada del fuero de maternidad. Mujeres vinculadas con la
administración a través de contratos de prestación de servicios

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 25 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca1, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Diana Marcela Conde Pérez presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de los oficios 34-19-030 del 18 de agosto de 2016 y 34-19-
054 del 13 de septiembre de 2017, por medio de los cuales el municipio de Jamundí
le negó i) el reintegro al puesto de trabajo; ii) el reconocimiento de una relación
laboral «derivad[a] de las funciones subordinadas, permanentes y realizadas
personalmente en el área de fiscalización de impuestos de la industria comercia a personas
naturales y jurídicas, labor propia e inherente a la entidad» [sic], entre el 10 de enero y el
31 de octubre de 2015; y iii) el pago de las prestaciones sociales que se derivaban

1
El consejero de estado Jorge Edison Portocarrero Banguera en anteriores ocasiones y conforme a
la causal prevista en el artículo 141.9 del CGP, ha manifestado su impedimento para conocer en
segunda instancia asuntos tramitados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en cuya
decisión haya participado el magistrado Óscar Valero Nisimblat. No obstante, la Sala de Subsección
con auto del 18 de septiembre de 2024, declaró infundado su impedimento. Al respecto ver
expediente 76001-23-33-000-2014-01033-01 (0264-2023).
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-010-2017-01821-01 (6393-2024)
Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

de ella.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaratoria de la existencia de la relación laboral por el periodo
reclamado; ii) el reconocimiento de los conceptos salariales y prestacionales que de
ello se derivaban, tales como salario, cesantías y sus intereses, vacaciones y prima
de servicios; iii) el pago del «periodo de lactancia» y de la indemnización por despido
injusto; iv) la sanción moratoria de las cesantías y la indemnización de perjuicios por
falta de pago de salarios, así como los intereses a los que hubiere lugar; v) el
reembolso de las sumas pagadas por concepto de aportes a la seguridad social
integral; vi) el reintegro de los valores descontados por concepto «de retenciones»;
vii) la indexación de las sumas que resultaren de la condena; viii) el cumplimiento
de la sentencia según los términos del artículo 192 del CPACA; y ix) la condena en
costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

3.1. Entre el 10 de enero y el 31 de octubre de 2015, Diana Marcela Conde Pérez
prestó sus servicios personales al municipio de Jamundí para «desempeñar labores
en el área de fiscalización de impuestos» [sic], así:

Contrato No. Desde Hasta Remuneración mensual
1 Verbal 10 de enero de 28 de mayo de $3.000.000
2015 2015
2 34-14-08-418 29 de mayo de 31 de octubre $2.800.000
2015 de 2015

3.2. El 14 de abril de 2015, esto es previo a la celebración del contrato de prestación
de servicios, notificó personalmente al secretario municipal de Hacienda de su
estado de gestación y el 20 de octubre de esa anualidad dio a luz «generándose la
licencia de maternidad correspondiente a 98 días, esto es hasta el 25 de enero de 2016.
Durante la licencia de maternidad, el 31 de octubre de 2015, a solicitud de la Alcaldía de
Jamundí» [sic] se firmó el acta de finalización del contrato de prestación de servicios
«sin que medie autorización del Ministerio del Trabajo» [sic].

3.3. El 3 de noviembre de 2015, se emitió comprobante de egreso número 5703 por
concepto de pago final del contrato de prestación de servicios celebrado por las
partes por valor de $2.618.000.

3 Para mayor comprensión se sintetizarán de acuerdo con las pruebas recaudadas.

2

Radicado: 76001-23-33-010-2017-01821-01 (6393-2024)
Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

3.4. Durante la vinculación con la entidad, bajo la subordinación del «secretario de
Hacienda, el señor Gil Antonio Salamanca Sánchez» [sic], realizó las siguientes
funciones:

«Fiscalización de las declaraciones de industria y comercio, sobretasa a la gasolina,
respuestas de oficios, asesoría a contribuyentes, archivo de documentos, realización de
autos de archivo de expedientes, solicitudes a las entidades como la Cámara de
comercio y la DIAN, emisión de autos de verificación a contribuyentes, elaboración o
requerimientos para los mismos contribuyentes, realización de informes periódicos y
otros requerimientos de la Secretaría de Hacienda» [sic].

3.5. Debía cumplir con un horario de 8:00 a.m. a 5:00 pm, en las instalaciones de la
entidad.

3.6. Por los servicios prestados en los meses de enero y febrero de 2015, el municipio
de Jamundí no realizó el pago de los «salarios como contraprestación de las labores
realizadas en dichos periodos, encontrándose hasta la fecha pendientes de pago» [sic].

3.7. «Yerly Andrea Gómez Tenía la misma modalidad contractual que ella hasta diciembre
de 2015, al igual se encontraba gestante y le respetaron su estabilidad laboral reforzada e
inclusive fue aumentando su salario» [sic].

3.8. El 28 de julio de 2016, solicitó a la entidad territorial información relacionada con
«la partida presupuestal con la que se cancelaron mensualmente d enero a junio de 2015»
[sic] los honorarios como contraprestación de los servicios prestados de manera
personal y subordinada a la Secretaría municipal de Hacienda. La anterior petición
fue resuelta por la entidad con el 34-19-030 del 18 de agosto de 2016.

3.9. El 1° de septiembre de 2017 solicitó al municipio de Jamundí el reconocimiento
de la relación laboral por el tiempo en que prestó sus servicios profesionales, el
pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella y el reintegro al puesto
de trabajo; sin embargo, esta petición fue negada por el secretario jurídico de la
entidad, a través del Oficio 34-19-54 del 13 de septiembre de 2017.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 13, 29, 43 y 53 de la Constitución Política;
64, 65 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo4; 21 del Decreto 3135 de 1968; y 38,
39, 40 y 41 del Decreto 1848 de 1969.

4 En lo que sigue CST.

3

Radicado: 76001-23-33-010-2017-01821-01 (6393-2024)
Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente5:

5.1. A través del contrato de prestación de servicios se pretendió ocultar la existencia
de un trabajo desarrollado de forma permanente, subordinado o dependiente,
consistente en la actitud por parte de la administración de impartirle órdenes en
relación con la labor contratada, de manera personal y con similar horario y
funciones.

5.2. El municipio de Jamundí desconoció principios mínimos y fundamentales como
el de la primacía de la realidad sobre las formalidades, no obstante haberse
configurado los elementos propios de una relación laboral.

5.3. Las labores para las que fue contratada estaban «revestidas de permanencia en la
labor» [sic], pues no eran transitorias y ocasionales, por el contrario, son
permanentes y «tendientes a dar cabal cumplimiento a la misión de la Secretaría de
Hacienda».

1.2. Contestación de la demanda

6. La entidad demandada no contestó la demanda6.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 25 de julio de 2024
accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda. Al efecto dispuso lo
siguiente:

«PRIMERO.- DECLARAR la nulidad del Oficio No. 34-19-054 de 13 de septiembre de
2017 expedido por el Municipio de Jamundí.

SEGUNDO.- DECLARAR que existió una relación laboral entre la señora DIANA
MARCELA CONDE PEREZ y el MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, entre el 01 de junio de 2015
al 31 de octubre de 2015.

TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, CONDENAR al MUNICIPIO DE JAMUNDÍ a reconocer y pagar a la señora
DIANA MARCELA CONDE PEREZ las prestaciones sociales dejadas de percibir,
liquidadas conforme a los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios
No. 34-14-08-418, debidamente indexadas según el tiempo laborado e indicado en el
numeral anterior» [sic].

5 Samai del tribunal, índice 18, 7_ED_20280178776(.pdf) NroActua 27; folios 2 al 39.
6 Mediante auto proferido en la audiencia inicial celebrada el 5 de septiembre de 2019, el tribunal

resolvió dar por no contrastada la demanda, por haberse presentado de manera extemporánea.

4

Radicado: 76001-23-33-010-2017-01821-01 (6393-2024)
Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

CUARTO.- CONDENAR al MUNICIPIO DE JAMUNDÍ a efectuar el pago al Sistema de
Seguridad Social, del valor en el porcentaje que por ley debió cancelar como empleador,
por aportes a pensión a favor de la actora, por los periodos antes señalados.

El tiempo laborado acreditado por la demandante, se computará para efectos
pensionales, para lo cual la entidad hará las correspondientes cotizaciones de ser del
caso.

Además, deberá tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional de la demandante,
dentro de los periodos laborados entre el 01 de junio de 2015 al 31 de octubre de 2015,
mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por la contratista y los que
se debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante
en concepto de aportes, pero solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

La demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General de
Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duró su vinculación, y en la
eventualidad de que no las hubiesen hecho o exista diferencia en su contra, deberán
cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía como
trabajador.

QUINTO.- CONDENAR al MUNICIPIO DE JAMUNDÍ al reconocimiento y pago en favor
de la señora DIANA MARCELA CONDE PEREZ de (i) los honorarios dejados de percibir
por la demandante desde la fecha en que no se renovó el contrato de prestación de
servicios, hasta el momento de terminación del periodo de lactancia, esto es, seis meses
después del parto, (ii) la licencia de maternidad, condicionada a que no se le hubiera
pagado por este concepto y (iii) el pago de la indemnización prevista en el artículo 239
del C.S.T. equivalente a 60 días de trabajo, conforme los honorarios pactados en el
contrato de prestación de servicios No. 34-14-08-418.

SEXTO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO.- Sin condena en constas» [sic].

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente7:

8.1. Si bien, del intercambio de correos electrónicos y del testimonio de Stephany
Riveros Martínez se pudo establecer que, entre los meses de enero y mayo de 2015,
Diana Marcela Conde Pérez prestó personalmente sus servicios como contadora al
municipio de Jamundí «sin un contrato formal»; no es menos cierto que, de estas no
se advirtió la remuneración «elemento fundamental de una relación laboral como
contraprestación por el servicio según lo establece el artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo» [sic]. Además, tampoco probó que para ese periodo se hubiera configurado

7 Samai del tribunal, índice 28, 26Sentencia_201701821DianaMarcel(.pdf) NroActua 28.

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Radicado: 76001-23-33-010-2017-01821-01 (6393-2024)
Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

alguno de los supuestos previstos por la jurisprudencia8 para la procedencia de la
«actio in rem verso […] excepciones contempladas por la jurisprudencia del Consejo de
Estado que podían reconocer las labores realizadas sin ningún tipo de vinculo contractual»
[sic].

8.2. De acuerdo con el contrato de prestación de servicios 34-14-08-418, los
testimonios «presentados en audiencia, especialmente el de Stephany Riveros Martínez,
quien trabajaba en la tesorería de la Alcaldía Municipal de Jamundí en 2015» [sic] y las
demás pruebas documentales, es posible declarar la relación laboral entre las
partes por el periodo comprendido entre junio a octubre de 2015, toda vez que se
acreditaron los elementos para su configuración, esto es la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación o dependencia.

8.3. Lo anterior, comoquiera que Diana Marcela Conde Pérez i) realizó de forma
personal sus labores como contadora pública en la Secretaría de Hacienda
municipal «en lo relacionado con la fiscalización de las declaraciones de industria y
comercio, la sobretasa a la gasolina y otros requerimientos» [sic]; ii) por la labor que
ejerció recibió una contraprestación económica mensual la cual fue pactada en el
negocio jurídico suscrito; iii) no tenía libertad para realizar las funciones
encomendadas, las cuales eran permanentes, se ejecutaron en un horario
determinado y eran esenciales de la entidad; iv) estuvo sujeta al cumplimiento de
un horario; y v) recibía órdenes e instrucciones del secretario de Hacienda «Antonio
Salamanca. Este último asignaba diversas tareas y horarios laborales, especificando las
funciones bajo su dirección» [sic]

8.4. El Oficio 34-19-030 del 18 de agosto de 2016 no puede ser anulado porque solo
dio respuesta a una solicitud de información y «no resolvió aspectos relacionados con
la relación laboral de la demandante con el municipio de Jamundí» [sic].

8.5. Comoquiera que se acreditaron los supuestos previstos en la sentencia T-329
de 20229, relacionados con i) el conocimiento del estado de embarazo de la
contratista; ii) la subsistencia de la causa del contrato; y iii) la falta de permiso del
inspector de trabajo para dar por terminado el vínculo, resulta procedente ordenar
«como medida de protección el pago de honorarios que dejó de percibir […] desde la fecha
en que no se renovó su contrato, entendida como el 30 de octubre de 2015, hasta la
finalización del periodo de lactancia […] es decir, seis meses después del parto conforme
al artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo» [sic].

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de noviembre de 2012, expediente 73001-

23-31-000-2000-03075-01 (24897). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
9 Corte Constitucional, sentencia del 19 de septiembre de 2022; expediente T-8.517.984. M.P.

Natalia Ángel Cabo.

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Radicado: 76001-23-33-010-2017-01821-01 (6393-2024)
Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

8.6. De acuerdo con lo establecido en las sentencias T-346 de 2013, 102, 316 y 350
de 2016 y 564 de 2017, procede la indemnización por despido discriminatorio
prevista en el numeral 3 del artículo 239 del CST.

1.4. Los recursos de apelación

9. 1.4.1. Diana Marcela Conde Pérez apeló la decisión de primera instancia, con
fundamento en los siguientes argumentos10:

9.1. Si bien, como medida de protección, le asistió razón al a quo para reconocer el
pago de honorarios dejados de percibir desde la terminación del vínculo hasta la
finalización del periodo de lactancia, lo cierto es que se equivocó al no ordenar el
«reintegro al cargo», pues «por las características del cargo y el estado de estabilidad
reforzada, luego de terminada la licencia de maternidad podía seguir desempeñando el
mismo cargo» [sic]. Lo anterior, máxime cuando «por la naturaleza del trabajo que
realizaba, su actividad debía prolongarse como resultado de que los estudios previos no
indican el límite del elemento indispensable de durabilidad del contrato de acuerdo con el
principio de planeación» [sic].

9.2. «[P]ara el goce efectivo del derecho incoado» [sic] el reconocimiento de los salarios
y prestaciones dejados de percibir debió realizarse hasta la fecha de la expedición
de la sentencia que declaró la existencia de la relación laboral encubierta, puesto
que «al ser madre ahora también debía tener sensatez económica para con su hijo, que
tiene una protección constitucional de acuerdo con el artículo 44 de la Carta. Y no imponerle
una situación más gravosa […] aun frente al desamparo y el no resarcimiento de sus
derechos prestaciones hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ha sido un
interminable desgaste durante años» [sic].

9.3. Proceden las indemnizaciones por despido injusto y «moratorias contempladas en
los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo», porque, contrario a lo concluido
por el tribunal, la obligación en el pago de los salarios y prestaciones surgió desde
el momento en que el municipio de Jamundí acudió a la figura contractual para
ocultar una verdadera relación laboral y no a partir del reconocimiento de la relación
laboral encubierta «habida cuenta que no es de lógica imponer la situación mas gravosa
del largo tiempo de espera en el devenir del proceso para el reconocimiento pleno de sus
verdaderos derechos prestaciones que nacieron desde el 31 de octubre de 2025 fecha en
la que se terminó ilegal e injustamente el contrato y máxime en estado de debilidad
manifiesta a los días de haber dado a luz a su hijo encontrándose a toda luz en fuero de
maternidad. Siendo perjudicada notablemente de manera prolongada a ello como al
nasciturus» [sic].

10 Samai del tribunal, índice 33; 29_MemorialWeb_Recurso-APELACIONDESENTENC(.pdf)
NroActua 33.

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Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

10. 1.4.2.
El municipio de Jamundí solicitó que se revocara esa decisión con
fundamento en los siguientes argumentos 11:

10.1. La relación contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, la cual autorizó a las entidades públicas a celebrar contratos de
prestación de servicios; no obstante, estos no generaron un vínculo laboral ni el
derecho a percibir prestaciones sociales.

10.2. Los honorarios otorgados como contraprestación de los servicios contratados
en ninguna manera pueden ser entendidos como constitutivos del elemento de
remuneración.

10.3. No obra evidencia de que la entidad territorial se hubiese beneficiado de algún
servicio sin la debida contraprestación económica.

10.4. Lano renovación del contrato de prestación de servicios obedeció al
vencimiento del término contractual y no por su condición de madre gestante, lo cual
descarta la existencia de un trato discriminatorio.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. Concepto del Ministerio Público

12. En esta etapa procesal guardó silencio.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

13. Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia se contraen a
determinar si:

13.1. ¿entre Dina Marcela Conde Pérez y el municipio de Jamundí se configuró una
relación laboral? y, en consecuencia, ¿le asistía el derecho al reconocimiento y pago

11 Samai del tribunal, índice 32; 28_MemorialWeb_Recurso-76001233301020170182(.pdf) NroActua

32.

8

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Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

de las prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral?; y

13.2. ¿procedía la indemnización por despido injusto y la renovación contractual
como medida de protección a las mujeres gestantes vinculadas mediante contrato
de prestación de servicios?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

14. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

15. Por su parte, el Decreto 2209 de 199812 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

16. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

12 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

17. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.

18. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

19. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)13 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 14, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».

13 Aprobada el 11 de abril de 1919.
14 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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Radicado: 76001-23-33-010-2017-01821-01 (6393-2024)
Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

20. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»15 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

21. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».

22. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

23. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de

15 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

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unificación16 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales17». (Resalta la Sala).

24. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

25. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

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proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

26. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

27. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

28. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202118 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

29. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».

30. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Caso concreto

31. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

2.3.1. Documentales

32. Oficios elaborados por la demandante para la Secretaría de Hacienda municipal
de Jamundí, previo a la celebración del contrato de prestación de servicios
profesionales 34-14-08-418 del 29 de mayo de 2015:

Proyectó /
Oficio Suscrito Dirigido Contenido
Preparó
-. HÉLIX SYC
SAS -
-. Secretario de
Contratista
40-164 del 24 de Hacienda Cámara de
PQRS 2015002355
marzo de 201519 -. Tesorera Comercio de Cali
-. Diana Marcela
municipal
Conde Pérez –
Contratista
Autoriza a Harold
Giraldo para
Diana Marcela
40-208 del 15 de Cámara de reclamar una
Tesorera municipal Conde Pérez –
abril de 201520 Comercio de Cali información
Contratista
relacionada con la
PQRS 2015002355

33. Antecedentes precontractuales: i) Anexo 1. Análisis del sector económico de la
presente contratación21; ii) Anexo 2. Análisis y mitigación del riesgo en la presente
contratación22; iii) Plan de desarrollo 2012-2015. Estudios y documentos previos

19 Samai del tribunal, índice 27, 7_ED_20280178776(.pdf) NroActua 27; folio 53.
20 Ibidem; folio 52.
21 Samai del tribunal, índice 27, 7_ED_20280178776(.pdf) NroActua 279_ED_20280178793(.pdf)

NroActua 27; folios 81 al 86.
22 Ibidem, folios 87 al 89.

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(Artículo 20 – Decreto 1510 del 2013)23; iv) Formato único solicitud de disponibilidad
presupuestal24; v) Certificado de disponibilidad presupuestal 1465 del 21 de mayo
de 201525; y vi) hoja de vida con anexos26.

34. Contrato de prestación de servicios profesionales 34-14-08-418 del 29 de mayo
de 2015, celebrado entre el municipio de Jamundí y Diana Marcela Conde Pérez,
cuyo objeto fue la «[p]restación de servicios profesionales en la Secretaría de Hacienda,
en lo relacionado con la fiscalización de las declaraciones de industria y comercio, la
sobretasa a la gasolina y otros requerimientos de la Secretaría de Hacienda» [sic], con un
plazo de 5 meses, por valor de $14.000.000, pagaderos en «cuatro (4) pagos parciales
por un valor de dos millones ochocientos mil pesos [2.800.000] MCTE»27 [sic].

35. El 1° de junio de 2015, se firmó el acta de inicio del contrato de prestación de
servicios profesionales28.

36. Informes de supervisión del contrato de prestación de servicios de los meses de
junio a septiembre de 201529.

37. Cuentas de cobro de los meses de junio a septiembre de 201530.

38. Informes de actividades para el cumplimiento de las obligaciones contractuales
de los meses de junio a septiembre de 201531.

39. Historia clínica de la demandante 6730245032.

40. Epicrisis 105836 del 21 de octubre de 2015 de incapacidad médica por 98 días;
diagnostico: parto único espontaneo33.

41. Comprobante de egreso 5703 del 3 de noviembre de 2015; detalle: Pago final
contrato 34-14-08-41834.

23 Ibidem, folios 90 al 96.
24 Ibidem, folio 97.
25 Ibidem, folio 98.
26 Samai del tribunal, índice 27; 10_ED_20280178801(.pdf) NroActua 27; folios 1 al 37.
27 Ibidem; folios 48 al 51.
28 Ibidem, folio 46.
29 Ibidem, folios 50 al 55; del 64 al 70; del 80 al 86; del 95 al 101.
30 Ibidem; folio 60, 77 y 93; ED_20280178809(.pdf) NroActua 27; folio 8.
31 Ibidem; folios 56 al 59; del 71 al 75; del 87 al 91; 11_ED_20280178809(.pdf) NroActua 27; folios 1

al 6.
32 Samai del tribunal, índice 27, 7_ED_20280178776(.pdf) NroActua 27; folio 69 al 75.
33 Ibidem, folio 76 al 79.
34 Ibidem, folio 80.

15

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42. Intercambio de comunicación entre la demandante con algunos «servidores de la
Secretaría municipal de Hacienda de Jamundí», en las etapas contractuales y
precontractuales35; sin embargo, de estos no es posible advertir el tipo de
vinculación con la entidad, máxime cuando la mayoría de los correos no son
institucionales. Para una mejor comprensión se transcribirá el contenido de ellos:

Suscrito por Dirigido a Fecha Contenido
Jorge Luis Devie, mi, Tatiana, Harold, 5/1/15 «Adjunto borrador del plan de acción de este año.
Peña Cortes, Edwin Les pido leer ambos archivos y tomar nota de
abogado observaciones o propuestas de mejor. El miércoles
HELIX SYC estaré de nuevo en Jamundí para que
SAS consolidemos el texto final que se presentará al
Secretario de Hacienda a la 8:00 a.»
Jorge Luis Devie, mi, Tatiana, Harold, 9/1/15 «Adjunto los documentos presentados hoy. Reitero
Peña Cortes, Edwin, Secretaria, el llamado es a su lectura puntual y enriquecimiento
abogado Hermencia en cuanto a las actividades o estrategias. Pido
HELIX SYC definir una fecha para la semana siguiente
SAS (preferiblemente jueves o viernes), en la que nos
reunamos durante todo un día y lleguemos a la
versión final, asignación de responsable e inicio de
trabajos»
Luis Javier Diana 14/1/15 «Ante mano le agradezco esta facilidad que me
López brindo para adelantar esta diligencia, Dios le
[lujapman@g pague. Ayer en la noche deje en tu casillero el
mail.com] último documento que me faltaba para que por
favor me saquen de la lista negra de morosos. Te
recuerdo que mi negocio se llamaba Qbanitos.
Ayer le lleve al SR de la ventanilla en Jamundí este
mismo documento»
Dina Conde Helen Molina Vasquez 27/2/15 «Recibe cordial saludo. Nena soy Diana Conde
[Helenmovacoe@gmail.com contratista de hacienda, quiero preguntar cuando
llega la certificación del COEE, que a la fecha no
me la han hecho llegar»
Helen Molina Dina Conde 27/2/15 «Buenos días, le informo que se nos ha dificultado
Vasquez la plataforma y se están elaborando en el orden en
[Helenmovac que halla venido las secretarias, pero de lunes a
oe@gmail.co martes estarán llegando ya esta algunas
m secretarias que ya habían venido antes y hoy se las
llevare»
Jorge Luis Diana 23/3/15 «Adjunto petición de información a DIAN. Por favor
Peña Cortes, colabórales a la Dra. Hermencia y al DR. Antonio
abogado imprimiendo en original y en copia en papelería de
HELIX SYC la Secretaria, pasarles para firma y ayudarles con
SAS la entrega en DIAN Cali»
Jorge Luis Diana 23/3/15 «Adjunto petición de información a Cámara de
Peña Cortes, Comercio. Por favor ayúdales a los Dres,
abogado imprimiendo en original y copia en papelería de la
HELIX SYC Secretaría de Hacienda, luego pasarles para firma
SAS y radicar en Cali»
Carlos Diana 23/3/15 «Buenas tardes Diana, Adjunto archivo para la
Andrés digitalización de las declaraciones»
Duque
Colorado

35 Ibidem, folios 56 al 68.

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Jorge Luis Carlosandresdu; 25/3/15 «Cordial salud, aprovecho para informales mis
Peña Cortes, nerazumbol, abo.yerlugo; datos de contacto según compromiso de hace un
abogado yorilba925; EDWIN, Devie, par de semanas […] Entre todas las anteriores
HELIX SYC mi, Tatiana, Harold formas de comunicación sugiero me escriban
SAS principalmente a esta cuenta de Gmail pues suele
ser la que reviso con mayor rapidez»
Jorge Luis Diana Conde 5/4/15 «Diana buena noche, para que trabajes con Carlos
Peña Cortes, estoy enviándoles […] 1. Setenta (70) autos de
abogado verificación dentro del programa de inexactos […]
HELIX SYC 2. Setenta (70) requerimientos ordinarios de
SAS información […] Para que lo tengan en cuenta, a
partir de la información de la base de datos (que
también adjunto) los requerimientos se dividieron
en grupos de acuerdo con los conceptos a fiscalizar
[…]».
Antonio Mi, Carlosandresdu 6/4/15 «Consignacion pago impto Indutria y Comercio
Salamanca Somos grupo SAS»
[antonio@sla
mancasociad
os.com]
Jorge Luis Mi, Carlos, Hermencia, 14/4/15 «Cordial saludo, adjunto nuevamente el proyecto
Peña Cortes, Secretaria de acuerdo según lo pedido por el Dr. Antonio».
abogado
HELIX SYC
SAS
Diana Conde Antonio Salamanca 14/4/15 «Buenos días Antonio, quiero informarte y
comentarte que ayer y hoy he fallado en la mañana
a la oficina por razones de citas médicas y
exámenes, pues tiene que evaluarme si mi
embarazo es de riesgo o no ya que hay un hallazgo
de mi ginecólogo en la placenta 8muy delgada) y
me han mandado como 10 exámenes y un Doppler,
los exámenes me toco hacerlos autorizar por la eps
y la prepagada haber cuales salían mas rápido y
efectivamente ayer la eps me autorizo anqué me
estaban colocando problema porque he tenido
atraso en los pagos de mi seguridad social.
Algunos compañeros me dijeron que estaba
disgustado por la inasistencia de los funcionarios,
pero recuerde que yo no falto porque quiera sino
porque tengo que velar por mi bienestar y el de mi
bebe, espero jefe me entienda ya que usted es
papá. En la tarde nos vemos y le muestro la historia
clínica para que constate que lo que le digo,
además de reunirnos poque hay cuestiones
laborales que hay que tratar ya que el vernos nos
reunimos con el abogado»
Diana Conde Jorge Luis Peña Cortes; 14/05/15 «Buen día Jorge, te adjunto base de Excel en
«Auditora Antonio Salamanca; Carlos donde se hizo cruce con el archivo de cámara y
Rentas» Andrés Suque Colorado comercio para identificar omisos y quienes de los
registrados se encuentran en mora […]»
Jorge Luis Mi, Antonio, Carlos 20/5/15 «Hola Diana buena tarde. Doy alcance a mensaje
Peña Cortes, de esta mañana para hacerles entrega de la base
abogado y los requerimientos de información del programa
HELIX SYC ICA 2014 […]»
SAS
Justo Gabriel Diana Conde 22/5/15 «Diana buena tarde, Anexo formato digitalizado
González relacionado con rentas del municipio de Jamundí»

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Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

Quiñones
Jorge Luis Mi, Carlos 26/5/15 «Diana y Carlos. Este trabajo está pendiente ya
Peña Cortes hace un mes. El Dr. Salamanca me ha pedido
reportar los avances así que les solicito informarme
cuando se completara la base de datos y si Tatiana
les entrego lo correspondiente al programa periodo
anterior»

43. Con escrito del 28 de julio de 2016, la actora le solicitó al municipio i) información
relacionada con «la partida del presupuesto con la que se cancelaron mensualmente d
enero a octubre de 2015» [sic] los honorarios como contraprestación de los servicios
prestados de manera personal y subordinada a la Secretaría municipal de Hacienda;
y ii) copia de la autorización del Ministerio del Trabajo para la terminación del
contrato «en periodo de licencia de maternidad»36 [sic].

44. Oficio 34-19-30 del 18 de agosto de 201637, a través de la cual el profesional
universitario de la Secretaría Jurídica del municipio de Jamundí dio respuesta a la
anterior petición. Para lo cual señaló que «revisada la base de datos y archivos de la
alcaldía, no se encontró documento que permita evidenciar que tuvo algún tipo de
vinculación contractual con el municipio en el periodo comprendido entre enero a mayo de
2015 […] en el periodo comprendido de junio a octubre de 2015, durante la ejecución del
contrato de prestación de servicios profesionales No. 34-14-08-418 del 29 de mayo de 2015,
se obtuvieron del rubro presupuestal 1301.101 Comisiones, Honorarios y Servicios-
Recursos Propios» [sic].

44.1. Respecto de la autorización del Ministerio de Trabajo para la terminación del
contrato indicó que comoquiera que entre la demandante y la entidad territorial
existió una relación contractual y no laboral «no se requería con dicha autorización para
que una vez vencido el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios
profesionales, el municipio procediera a terminarlo» [sic].

45. A través de escrito radicado el 1° de septiembre de 2017 38, la actora solicitó al
municipio de Jamundí el reconocimiento y pago de las acreencias laborales y
prestacionales derivadas de «un contrato de trabajo realidad a término indefinido», en
los que prestó sus servicios como contadora en el área de fiscalización de impuesto,
esto es, del 10 de enero al 30 de octubre de 2015.

46. La anterior petición fue negada a través del Oficio 34-19-054 del 13 de
septiembre de 201739, suscrito por el secretario jurídico del municipio, toda vez que
entre las partes existió una relación contractual «máxime si se tiene en cuenta que el

36 Ibidem, folios 41 al 45
37 Ibidem, folios 46 y 47.
38 Ibidem, folios 93 al 100.
39 Samai del tribunal, índice 27; 8_ED_202801787851(.pdf) NroActua 27; folios 1 al 3.

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objeto contractual de la prestación de servicios iba encaminado directamente a una
actividad de fiscalización de rentas municipales por el periodo de su recaudo y ello se debe
a la actividad profesional como contadora pública» [sic].

46.1. Además, porque «mediante solicitud de conciliación prejudicial ante la procuraduría
20 Judicial II para asuntos administrativos de Santiago de Calei se resolvió la reclamación
que hoy nuevamente nos ocupa, en la cual usted presentó los mismos hechos y
pretensiones. Me permito recordar que la audiencia se llevó a cabo y su posición fue la
tener animo conciliatorio» [sic].

2.3.2. Testimonios, declaraciones e interrogatorio de parte

la audiencia de pruebas celebrada el 26 de septiembre de 201940, la
47. En
demandante manifestó lo siguiente41:

48. Entre febrero y diciembre de 2014, laboró al servicio del municipio de Jamundí,
vinculada por contratos y ordenes de prestación de servicios para desempeñar
funciones relacionadas con la fiscalización de los impuestos de industria y comercio
y sobretasa a la gasolina.

49. A finales de 2014 «hubo cambio de secretario de Hacienda»; no obstante, siguió bajo
la «supervisión del secretario de apellido Salamanca». Posteriormente, entre enero y
octubre de 2015, siguió ejerciendo las funciones «entre enero y mayo estuv[o]
trabajando bajo un contrato realidad, pues no tenía contrato con el municipio de Jamundí,
sin embargo, tenía puesto de trabajo, cumplía un horario y recibía una remuneración
económica hasta el día en que firm[ó] contrato hasta el mes de mayo».

50. El municipio de Jamundí manejaba un horario de atención de personal de 8 a.m.
a 5:00 p.m, con derecho a una hora de almuerzo, horario que también le «fue
impu[esto] por el señor secretario porque él venía de la empresa privada y decía que
nosotros como funcionarios, todos, contratistas y nombrados debíamos tener como
principio el cumplimiento del horario o que simplemente llegara tarde ya que las
obligaciones y funciones debían cumplirse en el horario laboral».

51. De enero a mayo la remuneración le fue pagada en efectivo «en este momento el
municipio me está adeudando enero y febrero porque ellos no me lo cancelaron me
empezaron a pagar desde marzo».

52. Carlos
Duque ejercía similares funciones al servicio de la Secretaría de
Hacienda Municipal; sin embargo, él «era uno de los pocos contratistas que tenía

40 Samai del tribunal, índice 27, 13_ED_20280178997(.zip) NroActua 27; CD2; 2017-01821-00 A.P;

sala4tca_0926144241225; CP_0926151649875.wmv.
41 Min: 0:25:54 al

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contrato».

53. Yerly Andrea Gómez, abogada que desarrollaba funciones jurídicas en la oficina
de fiscalización «informó sobre su estado de embarazo y cuando llegó de licencia de
maternidad le renovaron el contrato».

54. En esta oportunidad, también se recibieron los testimonios de Luis Mario Estrada
Valencia y Stephany Riveros Martínez, quienes en particular señalaron lo siguiente:

55. Stephany Riveros Martínez42 es administradora de empresas de profesión y
entre los meses de febrero de 2013 y diciembre 2015 laboró en el área de tesorería
de la Alcaldía de Jamundí.

56. En el año 2014 conoció a la demandante porque ingresó a prestar sus servicios
en la Secretaría de Hacienda municipal. Durante ese año estuvieron lideradas por
la secretaria de hacienda Marleny Muñoz, pero a finales de esa anualidad fue
designado como nuevo secretario Antonio Salamanca.

57. Trabajaron en la misma oficina y cumplían con un horario de 7:00 a.m. a 6:00
p.m, «este se puso más estricto con el cambio de secretario porque el exigía prestar los
servicios de 7:00 a 7:30 a.m., máximo como hora de ingreso y 5:00 p.m., hora de salida».

58. Entre los meses de enero y junio de 2015, por instrucciones del secretario de
hacienda ella y la demandante prestaron sus servicios personales y subordinados
a la entidad «sin contrato poque el secretario les dijo que había que esperar un tiempo
para que se volviera a hacer la contratación».

59. La demandante estaba en estado de embarazo; sin embargo, al terminar «su
licencia de maternidad» no le renovaron el contrato «cuando ella salió del embarazo tuvo
que llamarla para que firmara la terminación del contrato».

60. Comoquiera que al mes de mayo de 2015, no se habían celebrado los contratos
de prestación de servicios, tanto ella como la demandante hablaron con «el alcalde
Pimentel para que les realizara nuevos contratos, el alcalde nos dijo que no había
problema»; no obstante «cuando Antonio Salamanca [secretario de Hacienda] se dio
cuenta se puso de mal humor y las trató mal, tanto así que a Diana se le bajo la tensión por
el embarazo de alto riego […] siempre teníamos problemas con el temperamento de él».

61. El municipio de Jamundí les otorgaba los elementos de trabajo, tales como un
puesto de trabajo, elementos de papelería, computador, entre otros.

42 Min: 00:8:10 al 23:40.

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Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

62. Los primeros meses del año 2015, a los contratistas se les pagaba en efectivo y
solo se firmaba un talonario de recibido «pero cuando los contratistas manifestaban la
necesidad de una copia de esa constancia, el secretario de Hacienda aludió no era posible».

63. Luis Mario Estrada Valencia43 es odontólogo de profesión y actualmente es
propietario de una «clínica particular»; no tiene parentesco con la demandante.

64. Para el año 2014 laboró en una IPS en el municipio de Jamundí y diariamente
debía realizar desplazamientos entre ese municipio y su lugar de residencia en Cali,
en ese trayecto conoció a Diana Marcela Conde Pérez porque «pagaban un servicio
de transporte de ida y venida en donde se generó cierta relación de amistad y por ende se
enteró de sus situaciones personales y laborales».

65. Desconoce las actividades ejecutadas por la demandante al servicio del
municipio de Jamundí «yo me baso en lo que ella me comentaba, solo puedo dar fe de la
hora a la que llegaba y la hora a la que salía mientras la esperábamos […] siempre la espere
a que saliera de la oficina para devolvernos para Cali a las 4:45 en el parqueadero» porque
ella cumplía con un horario.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

66. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los elementos
que permiten configurar una relación de trabajo entre Diana Marcela Conde Pérez
y el municipio de Jamundí.

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

67. De las pruebas relacionadas, se tiene que tal y como lo concluyó el tribunal, entre
el 1° de junio y el 31 de octubre de 2015, la demandante se vinculó y prestó sus
servicios a la Secretaría de Hacienda del municipio de Jamundí mediante el contrato
de prestación de servicios 34-14-08-418.

68. Ciertamente, de acuerdo con los informes de actividades y supervisión, en el
desarrollo del objeto contractual pactado, realizó el seguimiento de las
declaraciones de los impuestos de industria y comercio y sobretasa de la gasolina,
atendió y asesoró a los contribuyentes, lo que implica que fue ella quien suministró
el servicio en forma personal y no a través de otra persona, en tanto fue quien

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Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

ejecutó la labor contratada.

2.4.1.2. Remuneración

69. Ahora bien, Diana Marcela Conde Pérez percibió una remuneración por el trabajo
cumplido, tal como se evidencia en la cláusula tercero del contrato de prestación de
servicios, en las cuentas de cobro y comprobantes de egreso, en los que se da
cuenta que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la
remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de
su denominación (honorarios o salario).

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

70. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas, la
declaración de parte y los testimonios recepcionados, la Sala considera que estas
no ofrecen la suficiente certeza sobre la existencia de la alegada subordinación ni
demuestran fehacientemente que Diana Marcela Conde Pérez hubiese obrado con
falta de autonomía o independencia en el desarrollo de sus actividades, en tanto
estuviese sujeta a instrucciones, órdenes o al control de un superior para llevar a
cabo la ejecución de las obligaciones contractuales, por lo que no es posible
determinar una sujeción de aquella hacia la entidad territorial y en tal sentido, que
esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su servicio y si ella,
a su vez, tenía la obligación de obedecerle.

71. Ciertamente, la declaración de parte y los testimonios recibidos en el proceso no
dan cuenta de las condiciones bajo las cuales la demandante prestaba sus servicios
en la Secretaría de Hacienda del municipio de Jamundí y mucho menos si en
ejercicio de sus compromisos seguía órdenes e instrucciones, máxime cuando
tampoco se comprobó que se hubiesen impuesto condiciones de tiempo, modo y
lugar para que la trabajadora desarrollara sus labores.

72. Nótese como el dicho de la demandante con el de los testigos se contradice
respecto del cumplimiento de un horario, pues ella en su declaración de parte
manifestó estar obligada a prestar su servicio de 8 a.m. a 5:00 p.m., con derecho a
una hora de almuerzo, mientras que Stephany Riveros Martínez adujo que era de
7:00 a.m. a 6:00 p.m., y que «este se puso más estricto con el cambio de secretario
porque el exigía prestar los servicios de 7:00 a 7:30 a.m., máximo como hora de ingreso y
5:00 p.m., hora de salida». A su turno, si bien Luis Mario Estrada Valencia no conocía
de primera mano las condiciones en que la demandante prestaba sus servicios al
municipio de Jamundí, lo cierto es que, a la pregunta relacionada con la flexibilidad
del horario de trabajo, indicó que «solo puedo dar fe de la hora a la que llegaba y la hora
a la que salía mientras la esperábamos […] siempre la espere a que saliera de la oficina

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Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

para devolvernos para Cali a las 4:45 en el parqueadero» [sic].

73. Aunado a ello, en consideración al material probatorio que obra en el plenario,
no se observa que la demandante haya recibido órdenes verbales o escritas,
memorandos, circulares, requerimientos o cualquier otro documento del cual se
pueda determinar que se encontraba bajo la autoridad de la entidad territorial; por
el contrario, de las documentales recaudadas en el plenario, únicamente, dan
cuenta de los contratos celebrados por las partes.

74. Precisamente, si bien del intercambio de comunicación, previo a la celebración
del contrato, podría advertirse la existencia de funciones de forma irregular y
prestación personal del servicio, lo cierto es que valorados en conjunto estos no
demuestran la configuración del elemento de subordinación por parte de la entidad
territorial, puesto que en los únicos que se evidencian órdenes e instrucciones son
aquellos dirigidos por el abogado de la empresa contratista Helix [Jorge Luis Peña]
a la demandante. Incluso, se advierte que el oficio 40-164 del 24 de marzo de 2015,
fue «preparado por: Diana Marcela Conde Pérez - Contratista» y proyectado por «Helix
SYC SAS - Contratista».

75. Con todo, de dicho intercambio de comunicación es imposible advertir el tipo de
vinculación de los emisores y receptores de los correos, toda vez que la mayoría de
los correos corresponden a cuentas personales y no institucionales.

76. Precisamente, en el correo en el que la demandante le informó al secretario de
Hacienda acerca de temas relacionados con su embarazo se evidencia una
comunicación cordial e incluso amistosa propia del principio de coordinación de
actividades ejercidas por la contratista para el cumplimiento del objeto contractual.

77. De otra parte, la Sala encuentra que los contratos allegados como material
probatorio solo dan cuenta de los acuerdos pactados por las partes, toda vez que
estos por si solos no son prueba de la existencia de la alegada subordinación. En
este punto, se hace necesario precisar que no toda relación de servicios lleva
consigo la existencia del elemento de subordinación, pues entre el contratante y el
contratista puede haber una relación de coordinación de actividades, en la cual el
segundo es libre de acogerse a las condiciones necesarias para llevar a cabo de
forma eficiente la actividad que se le asigna, tales como: i) un horario; ii) el hecho
de recibir una serie de instrucciones de sus superiores; iii) asistir a reuniones en
representación de la entidad; y iv) tener que reportar informes sobre sus resultados,
pero ello no significa la configuración de este elemento, necesario para reconocer
la existencia de la relación laboral.

78. Esos aspectos, en relación con la acreditación de la subordinación, en

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Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

concordancia con los que regulan la actividad probatoria, deben ser acreditados a
través de diferentes medios probatorios que demuestren las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que fueron desarrolladas las actividades que realizó la
demandante para cumplir con los contratos suscritos con la entidad demandada,
puesto que, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación, se hace
necesario para el fallador tener certeza de la constante sujeción a normas,
reglamentos y directrices del contratante que impidan al contratista actuar con total
libertad en el cumplimiento del objeto contractual.

79. Así entonces, las declaraciones rendidas y las pruebas documentales no dan
cuenta sobre aspectos específicos de modo, tiempo y lugar para demostrar la
subordinación que permita la declaratoria de la existencia de la relación laboral
pretendida, en especial en relación con la dirección y control efectivo de las
actividades a desarrollar, bien sea a través de órdenes en cuanto la cantidad de
trabajo, la imposición de reglamentos internos, el ejercicio del poder de disciplina o
del ius variandi o la prerrogativa que tiene el empleador de alterar unilateralmente
las condiciones de trabajo.

80. Ha de señalarse que si bien en el contrato de prestación de servicios suscrito por
las partes se pactó la supervisión de las actividades a desarrollar, en tanto en ellos
se indicó que se verificaría que el contratista cumpliera con las obligaciones
descritas en el contrato, lo cierto es que esta disposición obedece al cumplimiento
del deber de la entidad de velar por su correcta ejecución y que cabalmente se
cumpla con el objeto contractual, así como con el destino de los recursos públicos,
pues así lo establecen los artículos 14-1, 17, 26-1 y 8 de la Ley 80 de 1993.

81. Así las cosas, esta Sala concluye que para el periodo demandado no se demostró
la existencia de una subordinación o dependencia que permita el reconocimiento de
la existencia de la relación laboral entre las partes y el consecuente pago de las
prestaciones sociales.

82. Alrespecto, esta Sala encuentra necesario reiterar que de acuerdo con lo
previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso es a las partes a las que
les corresponde probar el supuesto de hecho de las normas que establecen el
efecto jurídico que ellas persiguen, y en el caso concreto el material probatorio
allegado no demostró fehacientemente que, por el lapso de prestación del servicio
acreditado, la demandante estuviera sometida a una continuada subordinación o
dependencia.

83. En ese orden de ideas, con fundamento en el material probatorio analizado y la
normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que no se demostraron los

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Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

elementos constitutivos de una relación laboral encubierta, razón por la cual, en este
punto se revocará la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la
demanda.

2.4.2. Sobre el reconocimiento de la licencia de maternidad como medida de
protección a las mujeres vinculadas con la administración a través de
contratos de prestación de servicios

84. Ahora, respecto del reconocimiento de la medida de protección a las mujeres
vinculadas con la administración a través de contratos de prestación de servicios, el
tribunal al encontrar acreditados los supuestos previstos en la sentencia T-329 de
2022, condenó al municipio de Jamundí al pago de los honorarios dejados de
percibir por la demandante «desde la fecha en que no se renovó su contrato, entendida
como el 30 de octubre de 2015, hasta la finalización del periodo de lactancia», según lo
previsto por el artículo 238 de CST.

85. La demandante apeló parcialmente esa decisión porque, a su juicio, por la
naturaleza de las funciones y «por las características del cargo y el estado de estabilidad
reforzada, luego de terminada la licencia de maternidad» [sic], también debió ordenarse
el «reintegro al cargo» y reconocerse la indemnización por despido injusto.

86. En relación con la indemnización por despido injusto y el reintegro al cargo esta
sala44 ha indicado que cuando se desdibuja el carácter contractual de este tipo de
vínculos, por contener los tres elementos propios de una relación de trabajo, es
cuando surge para la persona el derecho a que se le reconozcan todas las
prestaciones sociales, no a título indemnizatorio como reparación del daño, sino a
título de restablecimiento del derecho. No obstante, ello no conllevaba al
reconocimiento del estatus de empleado público y, en consecuencia, al
reconocimiento de algún rubro por su despido, o el reintegro, ya que tal condición
presupone la existencia de un acto administrativo que dispusiera el nombramiento,
de la posesión en el cargo y de disponibilidad presupuestal, actuación de la
administración que no era posible suplir por orden judicial.

87. Asimismo, esta subsección ha indicado que «la indemnización por despido sin justa
causa» no procede porque esta figura está dispuesta en el artículo 64 del Código
Sustantivo de Trabajo entre los particulares y, adicionalmente que el objeto de este
tipo de procesos es la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta
y no el reconocimiento prestacional por el despido45.

44 Radicado 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023) sentencia del 27 de junio de 2025.
45 Radicado 05001-23-31-000-2019-00001-01 sentencia del 12 de diciembre de 2023. M.P. Dr. Jorge

Edison Portocarrero Banguera.

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Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

88. No obstante, de acuerdo con lo expuesto por la demandante frente a lo decidido
por el tribunal, sería del caso analizar el presente asunto a la luz del artículo 239 del
CST que dispone que ninguna mujer embarazada o en periodo de lactancia puede
ser despedida sin autorización previa del Ministerio del Trabajo y solo si hay causa
justificada. Además, que, si la trabajadora es despedida durante la gestación o hasta
18 semanas después del parto, se presume que su despido correspondió a su
condición de mujer gestante o lactante, según corresponda, a menos que se
demuestre lo contrario, de no ser porque dicha normativa opera de manera
particular para los trabajadores del sector privado, lo cual no rige para las relaciones
de derecho individual del trabajo de los servidores del Estado vinculados legal y
reglamentariamente.

89. Sobre el particular los artículos 3 y 4 del mencionado cuerpo normativo
dispusieron:

«ARTICULO 3. RELACIONES QUE REGULA. El presente Código regula las relaciones
de derecho individual y colectivo del trabajo de carácter particular. De igual forma regula
las relaciones de derecho colectivo del sector público, salvo el derecho de negociación
colectiva de empleados públicos que se regula conforme a norma especial.

ARTICULO 4. EMPLEADOS PÚBLICOS. Las relaciones de derecho individual del
trabajo entre la administración pública y los empleados públicos no se rigen por este
Código, sino por los estatutos especiales y las leyes que se dicten».

90. Así,comoquiera que la vinculación de la demandante con el municipio de
Jamundí se dio con ocasión del contrato de prestación de servicios 34-14-08-418
que culminó el 31 de octubre de 2015, y aquella dio a luz el 20 de septiembre de
2015, no se evidencia que la entidad territorial haya ofrecido un trato discriminatorito
a Diana Marcela Conde Pérez por su condición de mujer, pues en el plenario no
existe prueba alguna que permita evidenciar que la terminación del vínculo
contractual haya sido consecuencia de su estado de gestación o alumbramiento
sino por el vencimiento del término pactado en el negocio jurídico.

91. En este punto, en relación con el periodo correspondiente a la licencia de
maternidad, la Sala encuentra necesario precisar que, de acuerdo con lo previsto
por los artículos 17, 204 y 207 de la Ley 100 de 1993, dicho reconocimiento se
encontraba a cargo de la entidad promotora de salud a la que la demandante se
hallaba afiliada.

92. Con todo, tampoco resulta procedente condenar a la entidad territorial al pago de
honorarios dejados de percibir desde la fecha en que no se renovó el contrato de

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Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

prestación de servicios, hasta el momento de terminación del periodo de lactancia,
comoquiera que el vínculo entre las partes no tuvo naturaleza laboral sino
contractual y su terminación se dio por vencimiento del término pactado.

93. Precisamente, en este punto la Sala recuerda que, en materia de contratos de
prestación de servicios, los honorarios son la contraprestación de la labor
contratada, razón por la cual al no existir contrato no puede obligarse a la entidad
pública a su reconocimiento cuando el vínculo entre las partes ha fenecido.

94. En efecto, si bien no se desconoce la existencia de pronunciamientos de la Corte
Constitucional, en virtud de los cuales se han otorgado una protección especial a la
maternidad, la Sala se aparta de lo allí concluido porque para que surjan estos
derechos deben acreditarse la configuración de los elementos de una relación
laboral, lo cual en el subjudice no ocurrió. En consecuencia, al no haberse
acreditado los elementos de una relación laboral encubierta se revocará la sentencia
apelada.

2.5. Costas

95. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

96. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

97. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma46.

46En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

98. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

99. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la parte
demandada.

3. Conclusión

100. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se demostró la
existencia de una relación laboral entre Diana Marcela Conde Pérez y el municipio
de Jamundí durante el periodo alegado. razón por la cual se revocará la sentencia
apelada y en su lugar se negarán las pretensiones de la demanda.

100.1. La indemnización por despido injusto y la renovación contractual como medida
de protección a las mujeres gestantes vinculadas mediante contrato de prestación
de servicios es improcedente comoquiera que dicha sanción fue prevista para las
trabajadoras del sector privado y la cual, no rige para las relaciones laborales
suscritas con la administración pública.

101. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 25 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por
Diana Marcela Conde Pérez contra el municipio de Jamundí, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y en su lugar se dispone:

«Primero. Negar las pretensiones de la demanda».

Segundo. No condenar en costas en esta instancia

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

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Demandante: Diana Marcela Conde Pérez

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

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