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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00066-01

Fecha
27 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00066-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el ordinal primero de la sentencia proferida el 24 de agosto de 2023, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, el cual quedará así 1. Se declara probada parcialmente la excepción de prescripción extintiva del derecho formulada por la entidad demandada, en relación con las prestaciones laborales del orden legal a las cuales tendría derecho la actora causadas en los períodos comprendidos entre el 22 de junio de 2006 y el 4 de abril de 2013. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 24 de agosto de 2023, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por María Ubeny Hernández Trejos contra la ESE del municipio de Villavicencio, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.05001-23- 33-000-2020-00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM 41

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2021-00066-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos
Demandado: ESE Salud Pereira

Tema: Relación laboral encubierta

Sentencia segunda instancia

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 24 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Primera de Decisión, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. María Ubeny Hernández Trejos presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio D-1521 «vigencia 2020», por medio
del cual el gerente de la ESE Salud Pereira le negó la existencia de una relación
laboral por su servicio prestado como auxiliar de enfermería entre el 22 de junio de
2006 y el 30 de agosto de 2018, y el pago de las prestaciones sociales y demás
derechos laborales que se derivaban de ella.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral por el período
reclamado; ii) el pago de las prestaciones laborales que se reconocieron a los
empleados de planta de la entidad que desempeñaron similar labor a la suya, tales
como la asignación básica, las primas de servicios, de navidad y de vacaciones, las
bonificaciones por servicios y por recreación, las vacaciones y las cesantías y sus

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

intereses; iii) el reembolso de las sumas pagadas por concepto de aportes a la
seguridad social; iv) el reconocimiento de la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de las cesantías, así como de la indemnización por su
despido injusto y el no pago de los salarios y prestaciones sociales; v) la indexación
de las sumas que resultaren de lo que llegare a resolverse; vi) dar cumplimiento a
la sentencia en los términos de los artículos 189 y 192 del CPACA; y vii) la condena
en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. María Ubeny Hernández Trejos prestó su servicio como auxiliar de enfermería
en la ESE Salud Pereira entre el 22 de junio de 2006 y el 30 de agosto de 2018 de
manera continua e ininterrumpida, vinculada a través de contratos de prestación de
servicios suscritos directamente con la entidad y de manera indirecta a través de la
empresa de servicios temporales Tempoeficaz SAS.

3.2. Durante su vinculación con la entidad cumplió funciones y responsabilidades
que también eran desarrolladas en igual forma por los empleados de planta del
hospital. Asimismo, prestó su servicio de manera personal, dentro de un horario por
turnos impuesto, con una remuneración pactada y bajo la continua subordinación y
dependencia de sus superiores, esto último al no haber contado con autonomía e
independencia en el desempeño de sus labores.

3.3. Realizó directamente la labor de auxiliar de enfermería en las instalaciones de
la ESE, particularmente, en las unidades Cuba, Kennedy y Centro, en las áreas de
urgencias, hospitalización, consulta externa y laboratorio, entre otras.

3.4. Las labores que ejecutó eran permanentes y propias de la esencia de la ESE y
para su realización utilizó los elementos que le eran suministrados por la entidad.
No le fueron reconocidas las prestaciones sociales y acreencias laborales a las
cuales por ley tenía derecho y, además, tuvo que pagar por su propia cuenta la
seguridad social.

3.5. El 11 de agosto de 2020, solicitó a la ESE Salud Pereira el reconocimiento de
la relación laboral por el tiempo en que prestó sus servicios como auxiliar de
enfermería y el pago de las prestaciones laborales y sociales que se derivaban de
ella; sin embargo, estas peticiones fueron negadas por el gerente de la entidad a
través del acto administrativo demandado.

2

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 25, 48, 53, 93 y 122 de la Constitución
Política; 11 del Decreto 3135 de 1968; 1 del Decreto 3148 de 1968; 9, 13, 14, 17,
18, 20, 25, 31, 32 y 58 del Decreto 1042 de 1978; 12 de la Ley 4 de 1992; y 26 de
la Ley 361 de 1997; y el Decreto 1045 de 1978.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:

5.1. El acto administrativo demandado fue expedido con falsa motivación, pues no
se tuvo en cuenta que en el caso concreto se configuraron los elementos propios
de una relación laboral, toda vez que se acreditó la existencia de un trabajo
desarrollado de forma personal como auxiliar de enfermería en las instalaciones de
la ESE demandada, de forma permanente, bajo la fijación de un horario de trabajo
por turnos asignado, con una remuneración mensual como retribución por las
labores que realizaba y de forma subordinada, esto último consistente en la actitud
por parte de la administración contratante de impartirle órdenes a través de sus
superiores.

5.2. Cumplió con los reglamentos de trabajo que existían en la ESE y para el
desarrollo de sus funciones utilizó los elementos y equipos que le proporcionaba la
entidad.

5.3. La labor que ejerció como auxiliar de enfermería era propia de la actividad
misional que debía cumplir una entidad prestadora de servicio de salud, como lo
era la ESE Salud Pereira. Asimismo, las labores desplegadas en la entidad eran
permanentes y propias de un cargo del área de salud.

1.2. Contestación de la demanda

6. La ESE Salud Pereira se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes argumentos3:

6.1. Los contratos de prestación de servicios que se celebraron con la demandante
se realizaron y ejecutaron de conformidad con las disposiciones legales y no se
podían equiparar a una relación laboral, por cuanto no se cumplieron los elementos

2 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, «Gestionar documentos», archivo
«3_003DEMANDAYANEXOSPD(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9», folios 8
a 10.
3 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, «Gestionar documentos», archivo
«14_014CONTESTACIONDEMANDA(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9»,
folios 8 a 21.

3

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

esenciales para ello, por lo que el acto administrativo demandado fue expedido
conforme a derecho y no se podía a través de este otorgar los reconocimientos
solicitados.

6.2. Lo que se presentó fue una relación de coordinación entre el contratista y la
contratante con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades.
Además, no se aportó prueba de la supuesta subordinación ejercida por la entidad
hacia la actora, que generara algún tipo de dependencia y llevara a determinar que
existía una relación laboral.

6.3. Por último, propuso las excepciones de: i) inexistencia del contrato de trabajo o
relación laboral; ii) inexistencia de causa para demandar; iii) cobro de lo no debido;
iv) prescripción; y v) innominada.

1.4. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, en sentencia
proferida el 24 de agosto de 2023 accedió de forma parcial a las pretensiones de
la demanda y se abstuvo de condenar en costas. Al efecto dispuso lo siguiente4:

«1. SE DECLARA PROBADA PARCIALMENTE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN
EXTINTIVA DEL DERECHO, formulada por la entidad demandada, respecto de los
períodos contractuales comprendidos entre el 22/06/2006 y el 28/06/2006, del
23/12/2006 al 6/01/2007, del 2/04/2007 al 24/04/2007, y del 11/12/2007 al 5/08/2010,
conforme lo razonado en la parte motiva de esta sentencia.

2. DECLÁRASE LA NULIDAD del acto administrativo contenido en el oficio del oficio
Consecutivo D -1521 vigencia 2020, mediante el cual fue negado el reconocimiento y
pago de los derechos salariales y prestacionales solicitados por la demandante,
conforme las razones expresadas en la parte considerativa de la presente providencia.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del
derecho, SE CONDENA A LA ESE SALUD PEREIRA a pagar, en favor de la señora
MARÍA UBENY HERNADEZ TREJOS, las prestaciones sociales de orden legal a las
cuales tiene derecho, tomando como base los honorarios contractuales derivados de
los contratos de prestación de servicios, correspondientes a los períodos en los cuales
se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, por el período comprendido
entre el 9 de julio 2011 y el 18 de agosto de 2018, salvo sus interrupciones en días
hábiles señaladas en el cuadro correspondiente, tal como quedó explicado en la parte
motiva de esta sentencia.

4 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, «Gestionar documentos», archivo
«33_033SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 30(.pdf) NroActua 30».

4

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Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

4. La entidad demandada condenada deberá tomar todos los períodos en los que la
demandante fungió como contratista (entre el 22 de junio de 2006 y el 18 de agosto
de 2018) y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de aquella, mes a mes,
teniendo en cuenta todos los honorarios pagados y, si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista, y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo
fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, pero solo en el
porcentaje que le correspondía en su calidad de empleador. Para tales efectos, la parte
actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante todos los
vínculos referidos como contratista y en la eventualidad de que no las hubiese efectuado
o existiere diferencia, tendrá la carga de cancelar o completar el aporte, según sea el
caso, en el porcentaje que le incumbía como trabajador, según lo analizado en los
acápites pertinentes de este proveído

5. Declárase que el tiempo laborado por la actora como contratista, se debe computar
para efectos pensionales, salvo sus interrupciones antedichas.

6. Se condena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que
resulten a favor del demandante según el índice de precios al consumidor de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA.

7. La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos referidos
en el artículo 192 del CPACA. Para lo anterior se enviará la copia respectiva del acta a
la Procuraduría Regional, para los efectos del artículo 75 numeral 12 del Decreto 262
de 2000.

8. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda, por lo considerado.

9. SIN COSTAS en esta instancia, conforme lo esgrimido en este proveído.

(…)» (sic).

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:

8.1. En atención a los elementos de juicio allegados al expediente, era posible
declarar la relación laboral por el periodo en el cual la demandante prestó labores
como auxiliar de enfermería mediante contratos de prestación de servicios suscritos
de manera directa con la ESE Salud Pereira, esto es, el comprendido entre el 22
de agosto de 2006 y el 18 de agosto de 2018, salvo sus interrupciones. Lo anterior,
al haberse acreditado los elementos para su configuración, esto es, la prestación
personal del servicio, la continua subordinación y dependencia en relación con la
entidad empleadora y la remuneración como contraprestación por las funciones
realizadas. Ese tiempo se debía computar para efectos pensionales.

8.2. Lo anterior, toda vez que María Ubeny Hernández Trejos i) realizó sus

5

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

actividades de forma personal como auxiliar de enfermería al servicio de la ESE
Salud Pereira; ii) por las labores que desarrolló recibió una remuneración; iii) se
encontraba sometida a un horario que se cumplía por turnos de día o de noche, el
cual era fijado a través de un cuadro de turnos, que por lo general era desde las
7:00 am hasta las 7 pm; iv) no podía ausentarse del sitio de trabajo de manera libre
ya que debía mediar autorización para ello; v) la entidad le suministraba los
implementos para el ejercicio de sus actividades; y vi) las tareas que desarrolló
fueron conforme con las órdenes y directrices impartidas por la entidad a través de
la enfermera jefe, las que no podían ser ejecutadas de manera autónoma e
independiente y fueron similares a las que ejercían los auxiliares de enfermería de
planta, además hacían parte de la misión del establecimiento de salud.

8.3. Pese a haberse allegado al expediente los contratos celebrados entre la actora
y Tempoeficaz SAS para prestar el servicio de auxiliar de enfermería como
trabajadora en misión, lo cierto es que era inexistente la prueba que permitiera
establecer la relación contractual de la citada empresa con la ESE Salud Pereira,
lo que impidió determinar «la relación jurídica sustancial de la cual emanó la prestación
de los servicios de la accionante en favor de la E.S.E. demandada a través de las citada
temporal». Por tanto, «forzoso es concluir que no se encuentra acreditado que la empresa
de servicio temporales TEMPOEFICAZ fungiera como instrumento de intermediación
laboral entre la demandante y la ESE Salud Pereira».

8.4. Así entonces, la actora tenía derecho al reconocimiento de las prestaciones
sociales legales generadas con ocasión de su trabajo a través de contratos de
prestación de servicios suscritos de forma directa con la ESE demandada, las que
se debían liquidar con el valor que recibió como contraprestación por sus labores
(honorarios) como auxiliar de enfermería, por iguales conceptos a los que recibían
los empleados de la entidad de similar nivel.

8.5. Los aportes al sistema de seguridad social inciden en el derecho pensional, el
cual ha tenido el carácter imprescriptible, por lo que la entidad demandada «deberá
tomar todos los períodos en los que la demandante fungió como contratista (entre el
22 de junio de 2006 y el 18 de agosto de 2018) y calcular el ingreso base de cotización
(IBC) pensional de aquella, mes a mes, teniendo en cuenta todos los honorarios pagados
y, si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista, y los que se debieron
efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de
aportes a pensión, pero solo en el porcentaje que le correspondía en su calidad de
empleador» (sic).

8.6. Para tales efectos, la actora «deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema
durante todos los vínculos referidos como contratista y en la eventualidad de que no las
hubiese efectuado o existiere diferencia, tendrá la carga de cancelar o completar el aporte,
según sea el caso, en el porcentaje que le incumbía como trabajador» (sic).

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

8.7. En relación con los derechos causados con anterioridad al periodo que finalizó
el 5 de agosto de 2010 operó el fenómeno jurídico de la prescripción, puesto que
la solicitud de reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaban de la
relación laboral se presentó el 30 de julio de 2020, es decir que la reclamación de
los períodos contractuales anteriores a esa fecha no tuvo lugar dentro del término
de 3 años siguientes a la culminación de las relaciones respectivas, en los que se
presentaron interrupciones superiores a 30 días hábiles.

8.8. No había lugar al reconocimiento de las diferencias salariales, toda vez que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que bajo el principio de la
primacía de la realidad «no surge el derecho al reconocimiento y pago de las diferencias
salariales»5.Asimismo, de la sanción moratoria por la falta de consignación de las
cesantías y de la indemnización por el no pago de prestaciones, pues es con
ocasión de la sentencia que surgen tales derechos laborales y que se radica a cargo
del verdadero empleador la obligación de asumir tales emolumentos.

8.9. En relación con la indemnización por despido injusto, cuando se desdibuja el
carácter contractual de este tipo de vínculos, por contener los tres elementos
propios de una relación de trabajo, es que surgía para la persona el derecho a que
se le reconocieran todas las prestaciones sociales, no a título indemnizatorio como
reparación del daño, sino a título de restablecimiento del derecho. No obstante, ello
no conllevaba al reconocimiento del estatus de empleado público y, en
consecuencia, que pudiera reconocerse algún rubro por su despido, o el reintegro,
ya que tal condición presuponía la existencia de un acto administrativo que
dispusiera el nombramiento, de la posesión en el cargo y de disponibilidad
presupuestal, actuación de la administración que no era posible suplir por orden
judicial.

8.10. Por la naturaleza parafiscal de los aportes al sistema de seguridad social es
improcedente su devolución, pues dichos dineros son de obligatorio pago y recaudo
para un fin específico y no constituyen crédito a favor del interesado.

8.11. La condena en costas era improcedente, toda vez que no se acreditó su
causación, en consideración con lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365
del Código General del Proceso6.

5 Consejo de Estado. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 6 de octubre de 2016. Radicación: 66001 23

33 000 2013 00091 01 (0237 2014). Demandante: Miguel Ángel Castaño Gallego. Demandado:
Municipio de Pereira – Secretaría de Educación Municipal.
6 En adelante CGP.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

1.4. El recurso de apelación

9. La ESE Salud Pereira interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara
la decisión de primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos7:

9.1. No se acreditaron los elementos necesarios para la configuración de una
relación laboral entre las partes, en especial el de la subordinación o dependencia,
toda vez que la demandante desarrolló sus funciones contractuales con plena
autonomía e independencia.

9.2. Entre las partes lo que existió fue una relación contractual que obedeció a lo
establecido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual autorizó a las entidades
públicas para celebrar contratos de prestación de servicios con el objeto de realizar
actividades que no pudieran realizarse con el personal de planta o requieran
conocimientos especializados; sin embargo, estos no generaban un vínculo laboral
ni el derecho a percibir prestaciones sociales y debían celebrarse por un término
estrictamente indispensable.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar8.

1.6. Concepto del Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 9, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si entre María Ubeny Hernández
Trejos y la ESE Salud Pereira se configuró una relación laboral? y ¿si tiene derecho

7 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, «Gestionar documentos», archivo
«35_035APELACIONSENTENCIAESESALUDPEREIRA(.pdf) NroActua 34(.pdf) NroActua 34».
8 Tal y como se indicó en el auto del 13 de febrero de 2024. Samai, índice 4, actuación «Auto que

admite recurso de apelación», documento «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf)
NroActua 4».
9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

al reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de esa relación laboral?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

13. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permitió la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

14. Por su parte, el Decreto 2209 de 199810 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

15. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta.
De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una
relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

16. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio

10 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.

17. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral,
entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la
norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

18. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)11 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización12, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».

19. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana

11 Aprobada el 11 de abril de 1919.
12 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»13 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

20. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia
obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».

21. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos
o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

22. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de

13 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

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unificación14 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales15». (Resalta la Sala).

23. Asíentonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,
como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

24. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
15 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

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proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

25. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

26. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

27. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202116 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

28. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».

29. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.2.2. Sobre las empresas de servicios temporales

30. La Ley 50 de 199017 en su artículo 71 definió a las empresas de servicios
temporales como aquellas que contratan «la prestación de servicios con terceros
beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante
la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de
servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador»18.

31. Por su parte, su artículo 74 estableció la clasificación de los trabajadores de esas
empresas, así19:

«Los trabajadores vinculados a las empresas de servicios temporales son de dos (2)
categorías: Trabajadores de planta y trabajadores en misión. Los trabajadores de planta
son los que desarrollan su actividad en las dependencias propias de las empresas de
servicios temporales. Trabajadores en misión son aquellos que la empresa de servicios
temporales envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio
contratado por éstos».

32. El artículo 6 del Decreto 4369 de 200620, compilado en el Decreto 1072 de
201516, determinó los casos en los que las empresas usuarias pueden contratar
con las de servicios temporales, a saber: i) cuando se trate de las labores
ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 617 del Código
Sustantivo del Trabajo (CST)18; ii) cuando se requiere reemplazar personal en
vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad; y iii)
para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos

17 «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones».
18 Definición también dispuesta en el artículo 2 del Decreto 4369 de 2006, «(p)or el cual se

reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales y se dictan otras
disposiciones».
19 Clasificación igualmente contenida en el artículo 4 del Decreto 4369 de 2006.
20 «Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales

y se dictan otras disposiciones».

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
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o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de
servicios, por un término de 6 meses prorrogable hasta por un periodo igual.

33. A su vez, el parágrafo del mencionado artículo dispuso que «(s)i cumplido el plazo
de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el presente artículo, la causa originaria
del servicio específico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá
prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente Empresa de
Servicios Temporales, para la prestación de dicho servicio».

34. La Corte Constitucional, en relación con las empresas de servicios temporales y
su régimen jurídico, en la sentencia T-284 de 2019, precisó lo siguiente:

«3.2.1. El marco jurídico de las empresas de servicios temporales está contenido en la
Ley 50 de 1990, que regula la relación de estas con la empresa usuaria y el régimen
laboral de los trabajadores a ellas vinculados, a fin de proteger las partes de la relación
laboral.

(…)

3.2.7. En esta línea se ha sostenido que cuando el usuario obtiene del trabajador sus
servicios de manera permanente, la figura del “usuario” se puede tornar ficticia, toda vez
que se genera “una contratación fraudulenta, por recaer en casos distintos para los
cuales se permite la vinculación de trabajadores en misión por los artículos 77 de la Ley
50 de 1990 y 13 del Decreto Reglamentario 24 de 1998, o también cuando se presenta
desconocimiento en el plazo máximo permitido en estos preceptos, caso en el
cuál sólo se puede catalogar a la empresa de servicios temporales como un
empleador aparente y un verdadero intermediario que oculta su calidad en los
términos del artículo 35-2 del C.S.T., lo que determina necesariamente que el
usuario sea ficticio y por ende deba tenerse como verdadero empleador”. (Negritas
fuera del texto)

(…)

3.2.9. De conformidad con lo expuesto en precedencia, esta Sala concluye que:

(i) Las Empresas de Servicios Temporales, por regla general, ostentan la condición de
empleador respecto a los trabajadores en misión.

(ii) Los trabajadores en misión únicamente pueden prestar sus servicios en las
Empresas Usuarias por un periodo de 6 meses, prorrogable por un máximo de 6 meses
más.

(iii) Sus funciones se pueden contratar (a) cuando se trate de las labores ocasionales,
accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6º del Código Sustantivo del
Trabajo; (b) cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia,
en incapacidad por enfermedad o maternidad; y, (c) para atender incrementos en la
producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos
estacionales de cosechas y en la prestación de servicios.

15

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(iv) Cuando la Empresa Usuaria requiera los servicios que presta un trabajador en
misión, de manera permanente, debe acudir a otra modalidad de contratación en
procura del respeto de los derechos laborales y prestacionales.

(v) El incumplimiento del límite temporal puede implicar el desconocimiento de estos
derechos; y,

(vi) Ante este escenario se ha reconocido por parte de la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que a la Empresa Usuaria le pueden asistir
deberes laborales frente al trabajador».

35. Sobre la modalidad de trabajo a través de las empresas de servicios temporales,
esta Sala, en sentencia proferida el 6 de octubre de 201621, sostuvo:

«(…) las empresas de servicios temporales conforman una modalidad de trabajo en la
que no existe vínculo directo entre quien se beneficia del trabajo y el trabajador que lo
realiza o presta el servicio. Ahora, existe una pluralidad de vínculos jurídicos que se
desprenden de la relación contractual existente entre las empresas de servicios
temporales y el trabajador que presta la labor o servicio. Así como también, se genera
una relación jurídica entre el tercero beneficiario o empresa usuario, el trabajador y la
Empresa de Servicios Temporales.

Pues bien, respecto de la primera, es decir, la relación jurídica existente entre la
empresa de servicios temporales y el trabajador en misión que lleva a cabo la prestación
personal del servicio, existe un verdadero contrato de trabajo o relación laboral, regido
por la normatividad laboral del Código Sustantivo del Trabajo22.

Y en lo que respecta al salario a devengar por parte de los trabajadores en misión, la
norma señala que “… los trabajadores en misión tendrán derecho a un salario ordinario
equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que desempeñen la misma
actividad”, así como los beneficios que la usuaria tenga en materia de transporte,
alimentación y recreación23.

Entre la Empresa de Servicios Temporales y el tercero beneficiario o empresa usuaria,
se genera una relación jurídica regida por un contrato de prestación de servicios, el cual
debe reunir los requisitos señalados por el artículo 81 de la prementada normatividad, a
saber:

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016,
radicado 41001-23-33-000-2012-00041-01 (3308-13), MP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
22 «Artículo 75. A los trabajadores en misión se les aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el

Código Sustantivo del Trabajo y demás normas del régimen laboral. Así como lo establecido en la
presente ley».
23 «Artículo 79. Los trabajadores en misión tendrán derecho a un salario ordinario equivalente al de

los trabajadores de la empresa usuaria que desempeñen la misma actividad, aplicando para el
efecto las escalas de antigüedad vigentes en la empresa. Igualmente, tendrán derecho a gozar de
los beneficios que el usuario tenga establecidos para sus trabajadores en el lugar de trabajo, en
materia de transporte, alimentación y recreación».

16

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Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

“ARTÍCULO 81. Los contratos celebrados entre las empresas de servicios
temporales y los usuarios, deberán: 1. Constar por escrito. 2. Hacer constar que la
empresa de servicio temporal se sujetará a lo dispuesto por la ley para efectos del
pago de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos diurnos y nocturnos,
dominicales y festivos. 3. Especificar la compañía aseguradora, el número de la
póliza, vigencia y monto con la cual se garantiza el cumplimiento de las obligaciones
laborales de las empresas de servicios temporales con los trabajadores en misión. 4.
Determinar la forma de atención de las obligaciones que en materia de salud
ocupacional se tiene para con los trabajadores en misión, cuando se trate de las
circunstancias establecidas en el artículo 78 de la presente ley.”

Y por último, entre la empresa usuaria y el trabajador en misión no se genera relación
laboral, al no existir entre la empresa usuaria y el trabajador temporal contrato alguno,
dado que entre la E.S.T. y el trabajador en misión se configura un contrato laboral,
constituyéndose la Empresa de Servicios Temporales en el empleador de aquel, tal
como lo dispone el artículo 71 de la Ley 50 de 1990 y por ende, asumiendo el pago de
las prestaciones sociales que por ley tiene derecho el trabajador en misión.

(…)

Para que proceda el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales pretendidas
durante el período de tiempo en que el actor estuvo contratado como trabajador en
misión o por convenio de asociación, debe probarse la afectación o desprotección en
los derechos laborales del reclamante que haga necesaria la protección de los mismos
por vía de la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas».

36. Así entonces, cuando la empresa o entidad usuaria contrata con las empresas
de servicios temporales para cubrir necesidades misionales o sustituir personal
permanente, y esta se extiende en el tiempo, se debe acudir al principio de la
primacía de la realidad sobre las formas y demostrar la afectación de los derechos
laborales del demandante, de manera que se determine a la usuaria como el
verdadero empleador que debe garantizarlos.

37. Ahora, por su relación con la figura de las empresas de servicios temporales,
cabe recordar lo consignado en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021
del 9 de septiembre de 2021 sobre la figura de los simples intermediarios, en la cual
se indicó lo siguiente:

«(...) La figura del simple intermediario está regulada en el artículo 35 del Código
Sustantivo del Trabajo, cuyo tenor literal es el siguiente:

1. Son simples intermediarios, las personas que contraten servicios de otras para
ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador.

2. Se consideran como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como
empresarios independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios de
determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
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locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un {empleador}
para el beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo.

3. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple intermediario debe
declarar esa calidad y manifestar el nombre del empleador. Si no lo hiciere así,
responde solidariamente con el empleador de las obligaciones respectivas.

198. Sobre el contenido del artículo 35 del CST, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, se ha pronunciado de la siguiente manera:

Como se ve de estos dos primeros incisos del artículo trascrito, en el derecho
colombiano se prevén dos clases de intermediarios:

a) Quienes se limitan a reclutar trabajadores para que presten sus servicios
subordinados a determinado empleador. En este caso la función del simple
intermediario, que no ejerce subordinación alguna, cesa cuando se celebra el
contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador.

(…) La segunda hipótesis es la más próxima a la figura del contratista independiente.
Por regla general éste dispone de elementos propios de trabajo y presta servicios o
realiza obras para otro por su cuenta y riesgo, a través de un contrato generalmente
de obra con el beneficiario. Parte de esos trabajos puede delegarlos en un
subcontratista. Si la independencia y características del contratista es real, las
personas que vincula bajo su mando están sujetas a un contrato de trabajo con él y
no con el dueño de la obra o beneficiario de los servicios, sin perjuicio de las reglas
sobre responsabilidad solidaria definidas en el artículo 36 del CST y precisadas por
la jurisprudencia de esta Sala, especialmente en sentencias del 21 de mayo de 1999
(R. 11843) y 13 de mayo de 1997 (R. 9500). Empero, si a pesar de la apariencia
formal de un «contratista», quien ejerce la dirección de los trabajadores es el
propio empresario, directamente o a través de sus trabajadores dependientes,
será́ éste y no el simple testaferro el verdadero patrono, y por tanto no puede
eludir sus deberes laborales.24 [Negrillas fuera del texto].

199. La misma Corte Suprema, en sentencia de 26 de septiembre 2018, sobre la figura
del simple intermediario, sostuvo lo siguiente:

(…) son simples intermediarias las personas que contraten servicios de otras
para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador.

Además, se consideran como tal, aun cuando aparezcan como empresarias
independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados
trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen locales,
equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un empleador para
el beneficio de este y en actividades ordinarias inherentes o conexas del
mismo.25 [Negrillas propias].

24 «Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral; sentencia 12187, de 27 de octubre de

1999. M.P. José Roberto Herrera Vergara».
25 «Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral de Descongestión; sentencia SL-43382018 (59020), de

26 de septiembre de 2018. M. P. Jimena Isabel Godoy Fajardo».

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

200. Por su parte, empleando un criterio análogo al de la Corte Suprema de Justicia, la
Sección Segunda de esta corporación, en un caso similar al presente, luego de analizar
el elemento de la remuneración cuando el pago lo realiza el contratante, pero el
beneficiario de los servicios no es él, sino un tercero ajeno a la relación contractual,
concluyó lo siguiente:

(…) no es posible, por la formalidad del contrato de prestación de servicios,
desconocer el verdadero vínculo que subyace y que genera una relación laboral, al
verificarse que el pago se realiza por un tercero aparentemente solo por la labor
cumplida, pues precisamente esta remuneración se deriva del trabajo realizado
personalmente en la entidad que efectivamente se beneficio de la labor, así,
concluye la Sala en dicho pronunciamiento, que la contraprestación económica
pagada por un tercero a la labor que desempeñó un contratista, no impide que la
entidad en la que se ejecuta el servicio asuma la responsabilidad por la
desfiguración del contrato primigenio y, en tales condiciones, la entidad
beneficiaria de la labor desempeñada por el denominado contratista está en la
obligación de reconocer los derechos económicos laborales propios del contrato
de trabajo.26 [Negrillas fuera del texto]».

38. Así las cosas, la existencia de un contrato de prestación de servicios, en favor
de un tercero ajeno a este contrato, no impide que, encontrándose reunidos los
requisitos de la relación laboral, se declare su existencia, dado que dicha decisión
se ampara en el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las
formas, como garantía de los derechos de los trabajadores.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Documentales

39. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

39.1. Certificación del 21 de septiembre de 2016 27, expedida por la ESE Salud
Pereira y contratos y órdenes de prestación de servicios, junto con algunas de sus
actas de inicio y finalización28, en virtud de los cuales se advierte que entre la actora
y la ESE Salud Pereira se suscribieron los siguientes:

26 «Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de 27 de noviembre de 2014; radicado 012-

00275-01 (3222-2013); C.P. Gerardo Arenas Monsalve».
27 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, «Gestionar documentos», archivo
«3_003DEMANDAYANEXOSPD(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9», folios 20
a 22.
28 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_ Samai Tribunal

Administrativo de Risaralda, «Gestionar documentos», archivo
«3_003DEMANDAYANEXOSPD(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9», folios 24
a 86 y 98 a 208.

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Orden u/o contrato Interrupción
de prestación de Valor Duración Objeto en días
servicios hábiles
22-06-2006
OP 364-2006 $215.000 a -
28-06-2006
23-12-2006
OP 853-2006 $538.000 a 118
06-01-2007
02-04-2007
OP 326-2007 $826.000 a 57
24-04-2007
11-12-2007
OP 1021-2007 $826.000 a 152
02-01-2008
14-02-2008 «La contratista se compromete
OP 372-2008 $5.657.015 a con la ESE Salud Pereira a 28
13-07-2008 prestar los servicios personales
01-07-2008 de tiempo completo como
OP 652-2008 $3.394.209 a Auxiliar de Enfermería, asignada -
30-09-2008 al área de urgencias de la Unidad
01-10-2008 Intermedia de Salud de Kennedy,
OP 1063-2008 $1.810.245 a o en la Unidad Intermedia de -
18-11-2008 Salud donde se requiera de
01-12-2008 acuerdo a la necesidad del
OP 1351-2008 $1.206.830 a servicio de la Empresa Social del 7
31-12-2009 Estado Salud Pereira» (sic).
02-01-2009
OP 057-2009 $7.591.494 a -
01-07-2009
02-07-2009
OP 664-2009 $5.060.996 a -
01-11-2009
02-11-2009
OP 1098-2009 $2.699.198 a -
05-01-2010
07-01-2010
OP 044-2010 $9.122.442 a -
05-08-2010
«La contratista se compromete
con la Empresa Social del Estado
Salud Pereira a prestar sus
servicios personales como
Auxiliar de Enfermería, asignada
al grupo de personas que
llevaran a cabo las actividades
09-07-2011
propias del objeto del contrato de
OP 631-2011 $3.600.000 a
prestación de servicios, 228
08-11-2011
celebrado entre la Empresa
Social del Estado Salud Pereira y
el Municipio de Pereira, у/o para
el servicio donde se requiera, o la
Unidad Intermedia de Salud
donde se requiera por la
necesidad del servicio» (sic
«La contratista se compromete
con la ESE Salud Pereira a
12-11-2011 prestar los servicios personales
OP 839-2011 $1.086.005 a de tiempo completo como
06-12-2011 Auxiliar de Enfermería asignada
al Área de urgencias de la
Unidad Intermedia de Salud de 2

20

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

Cuba, reemplazando la
incapacidad médica de Gloria
Stella Vélez o donde se requiera
de acuerdo a las necesidades del
servicio de la Empresa Social del
Estado Salud» (sic).
01-12-2011
OP 906-2011 $1.086.005 a «La contratista se compromete -
13-01-2012 con la ESE Salud Pereira a
27-01-2012 prestar los servicios personales
OP 223-2012 $4.026.906 a como Auxiliar de Enfermería, 9
31-05-2012 asignada al área de
01-06-2012 hospitalización, o en el servicio
OP 506-2012 $1.342.302 a donde se requiera de la Unidad -
30-06-2012 Intermedia de Salud del Centro, o
01-07-2012 en la Unidad Intermedia de Salud
OP 584 de 2012 $2.684.604 a donde se requiera de acuerdo a -
30-08-2012 la necesidad del servicio de la
01-09-2012 Empresa Social del Estado Salud
OP 951-2012 $2.684.604 a Pereira» (sic). -
13-11-2012
«La contratista se compromete
con la ESE Salud Pereira a
prestar los servicios personales
como Auxiliar de Enfermería,
asignada al área de Urgencias, o
14-11-2012 en el servicio donde se requiera
OP 1396-2012 $2.326.657 a de la Unidad Intermedia de Salud -
04-02-2013 de Kennedy, o en la Unidad
Intermedia de Salud donde se
requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio de la
Empresa Social del Estado Salud
Pereira» (sic).
«El contratista se compromete
con la ESE Salud Pereira a
prestar los servicios
profesionales como Auxiliar de
Enfermería, asignado al área de
05-02-2013
Hospitalización de la Unidad
OP 163-2013 $2.684.604 a
Intermedia de Salud de Kennedy, -
04-04-2013
o en la Unidad Intermedia de
Salud donde se requiera de
acuerdo a la necesidad del
servicio de la Empresa Social del
Estado Salud Pereira» (sic).
«Prestación de servicios
personales de apoyo a los
01-04-2014
OP 145-2014 y servicios de salud en el área de 242
$3.101.577 a
prórroga urgencias de la Unidad
30-06-2014
Intermedia de Salud de
Kennedy» (sic).
«Prestación de servicios
personales de apoyo a los
servicios de salud como Auxiliar
01-07-2014 de Enfermería asignada al área
CP 577-2014 y
$5.473.372 a de Hospitalización de la Unidad -
prórroga
31-12-2014 Intermedia de Salud de Kennedy
y/o para el área o Unidad que se
requiera de acuerdo a la
necesidad del servicio» (sic).
CP 063-2015 y 01-01-2015 «Prestación de servicios
$2.052.515
prórroga a personales de apoyo a los -

21

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

28-02-2015 servicios de salud como Auxiliar
16-03-2015 de Enfermería asignada al Área
CP 410-2015 $2.052.515 a de Hospitalización de la Unidad 10
30-06-2015 Intermedia de Salud de Kennedy
01-07-2015 y/o para el área o Unidad que se
CP 771-2015 y requiera de acuerdo a la
$2.736.686 a -
prórroga necesidad del servicio de la
31-10-2015
03-11-2015 Empresa Social del Estado Salud
CP 1205 de 2015 y Pereira» (sic).
$1.368.343 a -
prórroga
31-12-2015
01-01-2016
CP 114-2016 y
$1.368.343 a -
prórroga
28-02-2016
01-03-2016
CP 289-2016 y
$5.473.372 a -
prórroga
15-09-2016
«Prestación de servicios
personales de apoyo a los
16-09-2016
servicios de salud como Auxiliar -
CP 911-2016 $5.473.372 a
de Enfermería - Urgencias En la
31-12-2016
Empresa Social del Estado Salud
Pereira» (sic).
01-01-2017
«Prestación de servicios
CP 60-2017 $4.291.200 a -
personales como Auxiliar de
30-03-2017
Enfermería en el servicio de
01-04-2017
urgencias para la ESE Salud
CP 330-2017 $4.291.200 a -
Pereira» (sic).
30-06-2017
05-07-2017 «Prestar los servicios como
CP 540-2017 $4.291.200 a técnico auxiliar de enfermería 1
04-10-2017 para urgencias, observación y
hospitalización referencia y
12-10-2017 contrarreferencia de primer nivel
CP 820-2017 $4.291.200 a 4
de complejidad, en las Unidades
26-12-2017 Intermedias de Cuba, Centro,
Kennedy y centros o puestos
19-01-2018 donde se requiera para prestar
CP 165-2018 $10.150.000 a 14
sus servicios a todos los usuarios
18-08-2018 de la ESE Salud Pereira» (sic).

39.2. En las órdenes y contratos de prestación de servicios se pactaron, entre otras,
las siguientes actividades:

«1. Asistir (Acolitar) al médico y a la enfermera en los procedimientos que lo requieran,
siguiendo y verificando las órdenes médicas, cumpliendo con los procedimientos
médicos establecidos para las patologías específicas, estableciendo las prioridades de
atención
2. Asear la estación de enfermería, desechando el material no reutilizable, verificando
que el material y la ropa contaminada sea dispuesta correctamente, lavando el material
y el equipo utilizado durante el turno o el procedimiento específico.
3. Preparar y suministrar los medicamentos al paciente del servicio, siguiendo las
instrucciones escritas del profesional a cargo y aplicando y verificando los cinco
correctos: Nombre, medicamento, dosis, vía y hora.
4. Informar oportunamente las deficiencias con relación del stock mínimo de material y
medicamentos.
5. Dar información y apoyo al paciente y a su familia, comunicándoles sobre su estado
de salud y evolución, sobre sus posteriores controles, sobre la dieta recomendada,

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

sobre las remisiones y vinculándolos a programas específicos de control y seguimiento.
6. Participar en las remisiones y contra remisiones de los pacientes, acondicionando la
ambulancia con el equipo necesario, acompañando al paciente y completando la
documentación requerida.
7. Revisar las pertenencias del paciente en el momento del ingreso - egreso
registrándolas y garantizando su custodia
8. Confirmar al momento del egreso la existencia de todos los elementos suministrados
por el hospital durante su estancia para evitar pérdidas.
9. Toma de electrocardiogramas, toma de laboratorios, toma de signos vitales, baño
paciente cama, toma de glucometrías, Paso de sonda vesical naso gástrica, pequeñas
curaciones, Nebulizaciones.
10. Asistir a las capacitaciones y reuniones programadas.
11. Entregar correcta y oportunamente los turnos asignados.
12. notificación de eventos, riesgos y centinelas
13. Las demás que le sean asignadas y que tengan relación con la naturaleza del objeto
del contrato» (sic).

«Toma de electrocardiogramas, toma de laboratorios, toma de signos vitales, ingresos,
egresos, chequeo de historias clínicas, baño paciente cama, administración
medicamentos, notas de enfermería, recibo y entrega de turno, inventario, recibo central
de materiales, traslado de ambulancia, canalización de venas, toma de glucometrías,
paso de sonda vesical naso gástrica, pequeñas curaciones, esterilización instrumental,
nebulizaciones, asistencia al médico en partos y legrados, notificación de eventos,
riesgos y centinelas, revisión del carro de paro, toma de monitoreos fetales,
cumplimiento ordenes médicas, educación al paciente» (sic).

«1. Asistir al médico ya la enfermera en los procedimientos que lo requieran, siguiendo
y verificando las órdenes médicas, cumpliendo con los procedimientos médicos
establecidos para las patologías específicas, estableciendo las prioridades de atención.
2. Asear la estación de enfermería, desechando el material no reutilizable, verificando
que el material y la ropa contaminada sea dispuesta correctamente, lavando el material
y el equipo utilizado durante el turno o el procedimiento específico.
3. Ejecutar con criterio, actividades según tratamiento médico y de enfermería.
4. Registrar Notas de Enfermería completas, con el estado clínico del paciente y
actividades realizadas.
5. Llenar a cabalidad los formatos de historias clínicas, escribiendo en las Notas de
Enfermería su nombre claro y manteniendo identificadas las Historias Clínicas de
acuerdo con lo establecido con las normas legales, los procedimientos de auditoria y
respaldando toda actuación con su firma y sello.
6. Realizar registro en historia clínica a cada actividad de enfermería realizada.
7. Velar por la adecuada y racional utilización de los recursos de la Institución y demás
equipos y elementos del Hospital que sean destinados para el cumplimiento de sus
actividades contractuales.
8. Informar oportunamente las deficiencias con relación al stock mínimo de materiales
medico quirúrgicos y medicamentos.
9. Responder por inventario asignado.
10. Dar información y apoyo al paciente y a su familia, comunicándoles sobre su estado
de salud y evolución, sobre sus posteriores controles, sobre la dieta recomendada,
sobre las remisiones y vinculándolos a programas específicos de control y seguimiento.
11. Participar en las remisiones y contra remisiones de los pacientes, acondicionando
la ambulancia con el equipo necesario, acompañando al paciente y completando la
documentación requerida.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

12. Revisar las pertenencias del paciente en el momento del ingreso y egreso,
registrándolas y garantizando su custodia.
13. Confirmar al momento del egreso la existencia de todos los elementos suministrados
por el hospital durante su estancia para evitar pérdidas.
14. Asistir a las capacitaciones y reuniones programadas.
15. El desarrollo de las actividades será ejecutado por el contratista en la sede de la
ESE Salud Pereira donde se requiera el servicio.
16. Notificación de incidentes, eventos adversos, riesgos y centinelas.
17. Las demás que le sean asignadas y que tengan relación con la naturaleza del objeto
del contrato.
18. Entrega mensual de la disponibilidad para la prestación de servicios al supervisor»
(sic).

39.3. Certificación del 20 de agosto de 200929, suscrita por el profesional universitario
de Gestión Humana de la ESE Salud Pereira, por medio de la cual se señaló lo
siguiente:

«Que la señora MARIA UBENY HERNANDEZ TREJOS, identificada con la cédula
25.038.179 expedida en Quinchía - Risaralda, se viene desempeñando como AUXILIAR
DE ENFERMERIA, desde diciembre de 2006 hasta la fecha.

Que los honorarios devengados para el cargo de auxiliar de enfermería equivale a la
suma de UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUIENIENTOS CINCO PESOS
МСТЕ. ($1.216.505.00).

Que su vinculación se viene realizado mediante contrato a término fijo» (sic).

39.4. Contrato individual de trabajo a término fijo del 4 de marzo de 201330 y en
misión del 12 de octubre de 201331, celebrados entre Tempoeficaz SAS y la
demandante, en la cual se pactó el servicio de aquella como auxiliar de enfermería
en la ESE Salud Pereira, con un salario de $870.000 y por los periodos entre el 5
de abril y el 11 de octubre de 2013 y el 12 de octubre de 2013 y el 31 de marzo de
2014.

39.5. Comprobantes de los pagos efectuados por la ESE Salud Pereira a la
demandante, en virtud de los contratos de prestación de servicios celebrados entre

29 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, «Gestionar documentos», archivo
«3_003DEMANDAYANEXOSPD(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9», folio 18.
30 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, «Gestionar documentos», archivo
«3_003DEMANDAYANEXOSPD(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9», folios 91
y 92.
31 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, «Gestionar documentos», archivo
«3_003DEMANDAYANEXOSPD(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9», folios 94
y 97.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

las partes en los años 2005, 2007 a 2010, 2012, 201732.

39.6. Cuadros de turnos de los auxiliares de enfermería del Área de Urgencias de la
ESE Salud Pereira, dentro de las que se encuentra la actora, para algunos meses
de 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 en los cuales se evidencia
que la demandante prestó sus servicios como auxiliar de enfermería; no obstante,
de la lectura de dicha documentación no se evidenció una secuencia cronológica
entre ellos, toda vez que hacen falta meses o semanas en el referido periodo33.

39.7. El 30 de julio de 2020, María Ubeny Hernández Trejos le solicitó la ESE Salud
Pereira el reconocimiento de la existencia de una relación laboral por su servicio
como auxiliar de enfermería entre el 22 de junio de 2006 y el 30 de agosto de 2018,
y el pago de las prestaciones sociales que se derivaran de ello34.

39.8. Con Oficio D-1251 «vigencia 2020»35, el gerente de la ESE Salud Pereira le negó
la solicitud anterior, toda vez que toda vez que «la Empresa Social del Estado Salud
Pereira actuó conforme a la normativa vigente que rige la contratación para las Empresas
Sociales del Estado, por lo cual no es dable acceder a las pretensiones que precisa en su
petición, desvirtuándose además en el presente escrito que entre MARÍA UBENY
HERNÁNDEZ TREJOS y la entidad que represento, nunca existió una vinculación diferente
a la de prestación de servicios de apoyo por medio de contratos, es decir contratante y
contratista» (sic).

40. En la audiencia de pruebas celebrada el 22 de noviembre de 2022 36, se
recibieron los testimonios de Ana Cristina Zamora Agudelo y Sergio Alberto
Castaño Hernández, pedidos por la parte demandante, de los cuales se extrae lo
siguiente:

40.1. Ana Cristina Zamora Agudelo enfermera con especialización en gerencia y
auditoría. No tenía parentesco con la demandante y al momento de su testimonio
era coordinadora departamental de satisfacción en Asmet Salud IPS.

32 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, «Gestionar documentos», archivo
«3_003DEMANDAYANEXOSPD(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9», folios
372 a 411.
33 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, «Gestionar documentos», archivo
«3_003DEMANDAYANEXOSPD(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9», folio 413
a 479.
34 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, «Gestionar documentos», archivo
«3_003DEMANDAYANEXOSPD(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9», folios
507 a 509.
35 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, «Gestionar documentos», archivo
«3_003DEMANDAYANEXOSPD(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9», folios
510 a 516.
36 https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public

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Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

40.2. Laboró en la ESE Salud Pereira como coordinadora de urgencias entre
diciembre de 2013 y enero de 2018. Desde el 2013 hasta el 2015 prestó su servicio
en la Unidad Intermedia Centro y a partir del 2016 y hasta su retiro, por traslado, en
la Unidad Intermedia de Kennedy, fue allí en donde conoció y trabajó directamente
con María Ubeny de quien tenía conocimiento que ya prestaba su labor desde
aproximadamente 10 años atrás.

40.3. Laactora se desempeñaba como auxiliar de enfermería del servicio de
urgencias y sus actividades eran misionales y asistenciales 100%, dentro de las
que se encontraban atención y observación de pacientes, aseo de unidad,
asistencia médica, administración de medicamentos y procedimientos, entre otras.
Ambas se encontraban vinculadas en la ESE a través de contratos de prestación
de servicios.

40.4. Fue jefe de la demandante y como tal le dio órdenes y directrices para el
desarrollo de sus funciones. Asimismo, era la encargada de programar y asignar a
los auxiliares de enfermería, entre ellos la demandante, los turnos mensuales que
debían cumplir de manera obligatoria en el Área de Urgencias, la que se componía
en observación, administración de medicamentos y trauma o procedimientos.

40.5. En la ESE Salud Pereira existían unos protocolos que estaban estandarizados
para cada servicio.

40.6. El horario era de 12 horas diarias de 7:00 am a 7:00 pm y viceversa, el cual era
impuesto, elaborado de acuerdo a las necesidades del servicio, de manera mensual
y se publicaba a través de un cuadro de turnos en una cartelera, en este último se
fijaba el área en la que se debía prestar el servicio, lo que llevaba implícito las
actividades a desarrollar y que variaban dependiendo de la dependencia de
ubicación.

40.7. Ella era la encargada de decirle a la demandante la forma en la cual debía
laborar, los días, el lugar y el momento. A su vez, de autorizar los permisos que la
actora tenía que solicitar para poder ausentarse de su sitio y de trabajo.

40.8. En ocasiones requirió a la demandante para que apoyara otras áreas diferentes
a las que se encontraba asignada, ello dependía de la dinámica del trabajo y la
necesidad y la prestación del servicio así lo ameritaba. Los equipos, instrumentos
y elementos que utilizaba aquella eran suministrados por la ESE Salud Pereira.

40.9. Dentro de la planta de empleados de entidad existían cargos de auxiliar de

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Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

enfermería, quienes percibían prestaciones sociales y les permitía alcanzar un
salario más elevado que los vinculados por contratos de prestación de servicios.
En ambos tipos de vinculación se realizaban similares funciones.

40.10. La demandante no contaba con la posibilidad para disponer que su servicio
fuera prestado por otra persona. En ocasiones lo que se presentaba era un cambio
de turno entre los auxiliares de enfermería vinculados con la ESE, lo que se debía
solicitar y ser autorizado por la testigo.

40.11. Como líder debía realizar reuniones y capacitaciones al personal, las que
realizaba normalmente cada dos meses y a las que asistía la actora, a la que en
ocasiones llamó la atención y felicitó por el ejercicio de sus labores, y de quien
conoció que su trabajo siempre fue continuo en el tiempo en el que trabajaron
juntas.

40.12. Los contratos de prestación de servicio tenían una duración de máximo 4
meses y entre uno y otro se presentaron en ocasiones breves interrupciones de
tiempo; no obstante, en estas se laboraba también, lo que después era
compensado con tiempo.

40.13. La testigo presentó demanda en contra de la ESE demandada en la que
solicitó el reconocimiento de una relación laboral.

41. Sergio Alberto Castaño Hernández bachiller, al momento era el encargado de
administrar una finca y no tenía relación de parentesco con la actora. Trabajó desde
el año 2000 hasta mayo 5 de 2013 en la ESE Salud Pereira como conductor de
ambulancia.

41.1. En ejercicio de sus funciones conoció a la demandante, quien se desempeñaba
como auxiliar de enfermería en la ESE a través de contratos de prestación de
servicio. En varias ocasiones ella fue asignada a su ambulancia para el traslado de
los pacientes, para lo cual realizaba las funciones de recibir y dejar los pacientes
en los centros de atención médica, su observación y tratamiento.

41.2. La actora prestó su servicio en la entidad y estuvo asignada para realizar
funciones en las áreas de Urgencias, Trauma y Consulta en las Unidades Kennedy
y Centro de la entidad, lugares en los cuales tuvieron contacto por la realización de
sus actividades.

41.3. También, como paciente usuario de las Unidades de Kennedy y Centro de la
ESE Salud Pereira, conoció el desarrollo de las funciones de la actora como auxiliar

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de enfermería en esas Unidades.

41.4. Los auxiliares de enfermería como la demandante tenían un horario de trabajo
por turnos de 7:00 am a 7:00 pm, el cual era asignado por el coordinador o la jefe
de servicio del área asignada y era publicado en una cartelera en la entidad.

41.5. Para el desempeño de las actividades de la actora la ESE Salud Pereira le
suministró los elementos y equipos.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

42. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si en el sub judice se
acreditaron los elementos que permiten configurar una relación de trabajo entre
María Ubeny Hernández Trejos y la ESE Salud Pereira.

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

43. De las pruebas relacionadas se tiene que la demandante prestó sus servicios
como auxiliar de enfermería al servicio de la ESE Salud Pereira, vinculada a través
de contratos de prestación de servicios suscritos directamente con la entidad,
ejecutados entre el 22 de junio de 2006 y el 18 de agosto de 2018, con varias
interrupciones, como lo son las ocurridas entre el 29 de junio y el 22 de diciembre
de 2006, 7 de enero y 1 de abril de 2007, 25 de abril y 10 de diciembre de 2007, 3
de enero y 15 de febrero de 2008, 19 de noviembre de 2008 y 1 de enero de 2009,
6 de agosto de 2010 y 8 de julio de 2011, 9 y 11 de noviembre de 2011, 14 y 26 de
enero de 2012, 5 de abril de 2013 y 31 de marzo de 2014, 1 y 15 de marzo de 2015,
1 y 4 de julio de 2017, 5 y 10 de octubre de 2017 y 27 de diciembre de 2017 y 18
de enero de 2018, de las cuales algunas superan ampliamente los 30 días hábiles.

44. Asimismo, por medio de la empresa de servicios temporales Tempoeficaz SAS
entre el 5 de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2014; no obstante, la Sala no
estudiará este tiempo, pues el a quo estableció que no se debían tener en cuenta
para declarar la relación laboral, toda vez que «forzoso es concluir que no se encuentra
acreditado que la empresa de servicio temporales TEMPOEFICAZ fungiera como
instrumento de intermediación laboral entre la demandante y la ESE Salud Pereira. Lo
anterior, en consideración a que era inexistente la prueba que permitiera establecer
la relación contractual de la citada empresa con la ESE Salud Pereira, lo que
impidió determinar «la relación jurídica sustancial de la cual emanó la prestación de los
servicios de la accionante en favor de la E.S.E. demandada a través de las citada

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temporal».

45. Por tanto, en caso de un posible reconocimiento conllevaría a desmejorar la
situación de la parte demandada que fue la única que apeló, lo que desconocería
el del principio de la non reformatio in pejus.

46. Ahora, si bien es cierto que por medio de certificación del 20 de agosto de 2009,
suscrita por el profesional universitario de Gestión Humana de la ESE Salud
Pereira, se indicó que la demandante había prestado su servicio desde diciembre
de 2006, lo cierto es que de conformidad con lo probado es posible establecer que
ella laboró con anterioridad en el periodo comprendido entre el 22 y el 28 de julio
de 2006.

47. En consecuencia, de los testimonios, las copias de las órdenes y los contratos
de prestación de servicios, la certificación y demás pruebas documentales, se
advierte que efectivamente la demandante fue contratada para desarrollar
funciones de auxiliar de enfermería al servicio de la ESE Salud Pereira, de manera
interrumpida, entre el 22 de junio de 2006 y el 18 de agosto de 2018 y no a través
de otra persona, en tanto fue quien ejecutó la labor contratada.

48. Tal consideración, es producto de una valoración probatoria basada en la sana
crítica, según la cual el juez puede otorgarle el valor que corresponde a cada
elemento con el cual se cuenta, y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción
del que, a lo largo del proceso, se han valido las partes.

49. Bajo tal perspectiva, esta Sala encuentra que en efecto el contrato estatal de
prestación de servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993
es un instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que permite
satisfacer las necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento de los
fines del Estado37, que por ser un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge
el estatuto general de contratación pública y tratarse, por tanto, de un contrato
típico, a la luz de lo dispuesto en los artículos 39 y 41 ejusdem, para su
perfeccionamiento se exige la solemnidad del escrito.

50. Sin embargo, esto no justifica que se imponga como requisito para demostrar el
elemento de la prestación del servicio38 que se aporte al proceso judicial el

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de

2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
38 Como uno de los elementos determinantes que distinguen la relación laboral de las demás

modalidades de prestación de servicios a través de contratos estatales, los cuales se encuentran
previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

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aludido instrumento jurídico, pues imponer una tarifa legal probatoria implicaría
abandonar la tutela judicial efectiva en tanto limita la posibilidad del juez de
otorgarle vigencia a los derechos que surgen luego de encontrar acreditado un
hecho a través de otros medios de prueba. En contraste, admitir que el juez en su
sana crítica forme su propio convencimiento a partir de los elementos aportados al
proceso y la conducta de las partes respecto de ellos, permite un verdadero
ejercicio de la justicia y materializa los derechos de quienes han acudido a ella,
pues este siempre deberá exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada
prueba.

51. De manera que, para esta Subsección, las certificaciones y demás documentos
allegados al proceso, los cuales gozan de la presunción de autenticidad a la que
alude el artículo 244 del CGP39, tienen el valor suficiente para demostrar la
prestación del servicio en el periodo analizado y los elementos que se proceden a
estudiar.

2.4.1.2. Remuneración

52. Ahora bien, aquella percibió una remuneración por el trabajo realizado, tal y
como se evidencia en los contratos y órdenes de servicio, los comprobantes de
pago y las demás pruebas documentales, en los que se advierte que se estipuló el
valor y la forma de pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el
servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios
o salario).

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

53. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, se tiene que las funciones desempeñadas por la demandante no se

39 «Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la

persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona
a quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en
copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la
imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según
el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del
expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho
en litigio y los poderes en caso de sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título
ejecutivo.
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su
autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los
documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones».

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

realizaron de forma autónoma e independiente, sino que esta estuvo sujeta a
instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada pues atienden al control
de un superior (coordinador o jefe de área) para ejecutar las obligaciones
contractuales, por lo que existe una sujeción de ella hacia la ESE Salud Pereira y,
en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su
servicio, y aquella, a su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que
evidencia el ejercicio del ius variandi por parte de la entidad prestadora de servicios
de salud.

54. Ciertamente, los testimonios de Ana Cristina Zamora Agudelo y Sergio Alberto
Castaño Hernández dan buena cuenta de las condiciones bajo las cuales María
Ubeny Hernández Trejos prestaba sus servicios a la entidad demandada como
auxiliar de enfermería, del que se resalta que en ejercicio de sus funciones cumplía
con un horario y prestaba sus servicios bajo la subordinación de la ESE y, en
general, seguía órdenes e instrucciones de los coordinadores o jefes de área.

55. En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar,
inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que la trabajadora
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.

56. Esto se advierte luego de contrastado el objeto y las funciones que se
establecieron en las órdenes y contratos suscritos, los testimonios recaudados en
el proceso y demás pruebas documentales aportadas. En ellos se aprecian
actividades que exigen para su ejecución necesaria dependencia y subordinación,
por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las reglas de la sana crítica,
encuentra que es posible determinar la existencia de una relación laboral
subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear
de modo permanente y continuo los servicios de la demandante, pues la labor se
desarrolló por espacio de más de 10 años.

57. En efecto, María Ubeny Hernández Trejos prestó sus servicios como auxiliar de
enfermería en la ESE Salud Pereira, para lo cual se comprometió, entre otros a:
«(a)sistir (Acolitar) al médico y a la enfermera en los procedimientos que lo
requieran, siguiendo y verificando las ordenes médicas, cumpliendo con los
procedimientos médicos establecidos para las patologías específicas, estableciendo
las prioridades de atención», «(p)reparar y suministrar los medicamentos al paciente del
servicio, siguiendo las instrucciones escritas del profesional a cargo y aplicando y
verificando los cinco correctos: Nombre, medicamento, dosis, vía y hora», «(p)articipar en
las remisiones y contra remisiones de los pacientes, acondicionando la ambulancia
con el equipo necesario, acompañando al paciente y completando la documentación
requerida», «(a)sistir a las capacitaciones y reuniones programadas, «(e)ntregar
correcta y oportunamente los turnos asignados», «(e)l desarrollo de las actividades será

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

ejecutado por el contratista en la sede de la ESE Salud Pereira donde se requiera el
servicio» y «(l)as demás que le sean asignadas y que tengan relación con la
naturaleza del objeto del contrato» (sic) [se resalta].

58. De las anteriores obligaciones se resaltan actividades que necesariamente
implican subordinación respecto del empleador, esto es en las que la demandante
se encontraba bajo el mando del hospital en tanto estaba obligada a cumplir
órdenes e instrucciones. Esto es así, pues, entre otras debía atender
procedimientos previamente establecidos, seguir las instrucciones del coordinador
o jefe del área, desarrollar las actividades en la sede de la ESE donde se requería
el servicio y asistir a las reuniones y capacitaciones programadas; es decir que era
el empleador por virtud de sus protocolos el que le asignaba actividades e incluso,
en ejercicio del ius variandi, pactó la posibilidad de asignar otras actividades fuera
de las convenidas, amparados en que tenían relación con la naturaleza del objeto
del contrato.

59. Asimismo, se advierte que la misión de la ESE Salud Pereira implica «satisfacer
las necesidades y expectativas en relación con la promoción de la salud y la prevención,
tratamiento y rehabilitación de la enfermedad; con el respaldo de la academia, por nuestra
vocación de docencia servicio; el desarrollo de políticas de Planeación y Gestión y sistemas
de mejoramiento de calidad, para brindar una atención humanizada y segura al usuario y
su familia durante su ciclo de vida, también mejorando los entornos comunitarios a través
de la adopción de estilos de vida saludables»40 (sic), funciones de carácter permanente
que cumple en desarrollo de su actividad, lo que guarda similitud con las actividades
desempeñadas por la demandante, es decir, esta ejecutaba labores que permitían
el desarrollo del objeto misional de la entidad.

60. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
auxiliar de enfermería al servicio de la ESE demandada, al tiempo que corrobora
que no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto
contractual para desempeñar esa labor, puesto que se trata de funciones que
atañen a la esencia, naturaleza y finalidad de la entidad.

61. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las

40 https://www.saludpereira.gov.co/#c_1_1__mision__vision__funciones_y_deberes.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»41.

62. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»42.

63. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que en el ejercicio de las funciones por parte de la demandante estaba sometida a
medidas u órdenes de la ESE demandada, a saber: la imposición de un horario y/o
el cumplimiento de turnos y la sujeción a directrices del jefe del área del servicio
asignado, lo que demuestra que la entidad demandada, en su calidad de
empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo de la actora, lo que,
de manera indiscutible, denota la existencia del elemento subordinación.

64. Ahora bien, echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en
la Ley 909 de 2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas
temporales que atiendan la oferta y la demanda en la prestación del servicio de
salud. Por lo tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones
para las cuales fue contratada la demandante no es un argumento que enerve las
consideraciones expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de
planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se
ejercieron bajo la subordinación de la entidad.

65. Valga precisar que la posibilidad de contratar con terceros a que aluden los
artículos 32 de la Ley 80 de 1993, 195 de la Ley 100 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de
2007, no puede ser entendida como una carta abierta a efectos de desconocer
derechos y garantías laborales, pues lo cierto es que tal y como se advirtió en esta
decisión, la naturaleza contractual con la cual se revistió la vinculación de María
Ubeny Hernández Trejos y aquella a través de terceros, se desnaturalizó al
desarrollarse sin autonomía ni independencia, las cuales se constituyen en las
características propias de la referida relación contractual. Por tal motivo, estos
argumentos de defensa de la entidad no están llamados a prosperar.

66. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, la
demandante haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron
planteadas en el contrato de prestación de servicios resulta indiferente en una

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
42 Ibidem.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

situación como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como
argumento válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley
prevé en su favor»43, tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.

67. Así las cosas, con fundamento en el material probatorio analizado y la normativa
aplicable al asunto, esta Sala encuentra demostrada la existencia de los elementos
de la relación laboral encubierta en los periodos comprendidos entre el 22 de junio
de 2006 y el 18 de agosto de 2018, salvo sus interrupciones.

2.3.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

68. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de
las prestaciones sociales a que tiene derecho la demandante, en consonancia con
la declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

69. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación44 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días
hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos

43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,

radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de

septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo
respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no
procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos
hubiesen podido generarse».

70. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el
que la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30)
días hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia
del 9 de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que
no hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos
de la prescripción de derechos laborales».

71. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 45, proferida
por el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)» (subrayado fuera de texto).

72. Así, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con
el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro
del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»46.

73. En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud

45 SUJ2-005-16.
46 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

del reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 30 de julio de
202047, se establece que acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción respecto
de todas las prestaciones causadas antes del 4 de abril de 2013, toda vez que la
reclamación de los periodos anteriores a esta fecha no tuvo lugar dentro del término
de 3 años siguientes a la culminación de la relación contractual respectiva, en los
cuales se presentaron interrupciones superiores a 30 días hábiles.

74. Lo anterior, toda vez que entre las órdenes de prestación de servicios 163-2013
y 145-2014 y su prórroga, que se ejecutaron entre el 5 de febrero y el 4 de abril de
2013 y el 1 de abril y el 30 de junio de 2014, se presentó una interrupción de 242
días hábiles, la cual no se encuentra justificada, de manera que generó la solución
de continuidad en la prestación del servicio y, a su vez, la obligación de reclamar
dentro de los 3 años siguientes la existencia de la relación laboral.

75. De tal manera que, a la entidad no le corresponderá realizar el pago de los
emolumentos prestacionales por los periodos ocurridos entre el 22 junio de 2006 y
el 4 de abril de 2013, previamente analizados, pues en efecto, el fenómeno
prescriptivo se contabiliza a partir de la terminación del vínculo contractual.

76. Así entonces, se deberá modificar la decisión del a quo que estableció que la
figura jurídica había operado en relación con las prestaciones laborales causadas
con anterioridad al periodo contractual finalizado el 5 de agosto de 2010.

77. Ahora, si bien la actora prestó sus labores a la ESE demandada por medio de la
empresa de servicios temporales Tempoeficaz SAS entre el 5 de abril de 2013 y el
31 de marzo de 2014, lo cierto es que este tiempo no influye para efectos del estudio
de la prescripción, pues, como lo estableció el a quo y se indicó en el acápite que
estudió la prestación personal del servicio, no se debía tener en cuenta para
declarar la relación laboral, en consideración a que era inexistente la prueba que
permitiera establecer la relación contractual de la citada empresa con la ESE.

2.3.5. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

78. Por lo analizado, la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores
que por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendrá que realizarse
en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales

47 Samai Tribunal Administrativo de Risaralda, «Gestionar documentos», archivo
«3_003DEMANDAYANEXOSPD(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9(.PDF) NroActua 9», folios
507 a 509.

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios, correspondientes al periodo
comprendido entre el 2 de junio de 2006 y el 18 de agosto de 2018, salvo sus
interrupciones; no obstante, como ya se analizó, las causadas con anterioridad al
periodo finalizado el 4 de abril de 2013 se encuentran prescritas y no hay lugar a
ellas. Valga recordar, que se excluye el periodo laborado mediante contrato de
trabajo con Tempoeficaz SAS.

79. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales48 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas
cuando se trata de hipótesis distintas49.

80. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendrá que
calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional. De manera que se deberá
cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía al
empleador. Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad
de que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá
la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.

81. Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia 50 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público», lo que no

48 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
49 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016,

radicado 66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).

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Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

impide que se reconozcan las prestaciones laborales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».

82. En consideración a esto, a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento
de las prestaciones laborales de carácter legal que devengara un empleado de
planta de la ESE Salud Pereira que desarrollaba iguales funciones a las suyas,
tales como vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.

83. Lo explicado con anterioridad, que es la posición adoptada por la Sala para la
liquidación de las prestaciones laborales a las cuales tendría derecho la
demandante y para el cálculo del ingreso base de cotización (IBC), daría lugar a la
modificación de la orden proferida por el a quo al establecer que la entidad
demandada debía realizar la liquidación con base en los honorarios derivados de
los contratos de prestación de servicios; no obstante, al ser la entidad la única
apelante en este asunto, no se modificará la providencia en este aspecto con el
ánimo de no desmejorar su situación en virtud del principio de la non reformatio in
pejus.

84. En igual sentido, si bien en aplicación de las garantías de orden constitucional
que impone a las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades
para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad
y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; y la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales, esta Sala ha señalado que en asuntos relativos
a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el reconocimiento y pago de
las diferencias que resulten entre lo que recibió la demandante por concepto de
honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones de dicho cargo de la
entidad; no es menos cierto que, en el presente asunto la entidad demandada funge
como apelante único, razón por la cual en virtud del mencionado principio no habrá
lugar a modificar la sentencia en este aspecto y, en consecuencia, bajo ese
entendido se confirmará.

85. Ahora, es importante señalar que no por el hecho de haber laborado para el
Estado se adquiere la calidad de empleado público, dadas las condiciones
especiales que se predican de dicha vinculación establecidas en la Constitución y
la Ley. Por lo tanto, a la actora no se le puede dar dicha connotación.

86. Se aclara, que si bien hay unos periodos que se superponen a otros, lo cierto es
que únicamente habrá lugar a un solo reconocimiento por estos tiempos en lo que
tiene que ver con las prestaciones laborales a las cuales tendría derecho la
demandante y para el cálculo del ingreso base de cotización (IBC), a efectos de no

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

desconocer la prohibición prevista en el artículo 128 de la Constitución Política en
cuanto «(n)adie podrá (…) recibir más de una asignación que provenga del tesoro
público».

87. Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado
y la normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta entre María Ubeny
Hernández Trejos y la ESE Salud Pereira en los periodos comprendidos entre el 22
de junio de 2006 y el 18 de agosto de 2018, salvo sus interrupciones y, por lo tanto,
tiene derecho al consecuente pago de las prestaciones laborales que surjan de
esta.

88. No obstante, como ya se analizó, las causadas con anterioridad al contrato que
finalizó el 4 de abril de 2013 se encuentran prescritas y no hay lugar a ellas, empero,
tiene derecho a que se efectúen los aportes a pensión por todo el tiempo
acreditado.

89. Así entonces, la Sala confirmará parcialmente la sentencia apelada, pues se
modificará la orden del a quo que estableció que había operado la prescripción de
las prestaciones laborales causadas antes del 5 de agosto de 2010, cuando lo cierto
es que ello era procedente previo al 4 de abril de 2013.

2.4. Costas

90. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

91. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

92. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una

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Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

aplicación razonable de la norma51.

93. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

94. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la
parte demandada.

3. Conclusión

95. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre María Ubeny Hernández Trejos y la ESE Salud Pereira durante el
periodo en el que prestó sus servicios como auxiliar de enfermería, es decir entre
el 22 de junio de 2006 y el 18 de agosto de 2018, salvo sus interrupciones y, por lo
tanto, tiene derecho al consecuente pago de las prestaciones laborales que surjan
de esta.

96. En consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones laborales
de orden legal, para lo cual tomará como referente los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios. Sin embargo, las causadas antes del 4 de abril
de 2013 se encuentran prescritas y no hay lugar a ellas, empero, tiene derecho a
que se efectúen los aportes a pensión por todo el tiempo acreditado.

97. Así las cosas, se impone confirmar parcialmente la sentencia proferida el 24 de
agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de
Decisión, pues se modificará la orden del a quo que estableció que había operado
la prescripción de las prestaciones laborales causadas antes del 5 de agosto de
2010, cuando lo cierto es que ello era procedente previo al 4 de abril de 2013.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

51 En igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

40

Radicado: 66001-23-33-000-2021-00066-01 (7629-2023)
Demandante: María Ubeny Hernández Trejos

F A L L A:

Primero. Modificar el ordinal primero de la sentencia proferida el 24 de agosto de
2023, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, el cual
quedará así

1. Se declara probada parcialmente la excepción de prescripción extintiva del
derecho formulada por la entidad demandada, en relación con las prestaciones
laborales del orden legal a las cuales tendría derecho la actora causadas en los
períodos comprendidos entre el 22 de junio de 2006 y el 4 de abril de 2013.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 24 de agosto de 2023,
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Primera de Decisión, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por María Ubeny
Hernández Trejos contra la ESE del municipio de Villavicencio, de conformidad con
lo expuesto en esta decisión.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.05001-23-
33-000-2020-00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

41

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