Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2017-00059-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 81001-23-39-000-2017-00059-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 81001-23-39-000-2017-00059-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 81001-23-39-000-2017-00059-02
Consejero ponente: Conjuez Hector Santaella Quintero
5 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: HÉCTOR SANTAELLA QUINTERO
Bogotá, D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Demandados: NACIÓN- PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia del 18 de junio de 2019, proferida por la Sala de
Conjueces del Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho interpuesta la actora MARTHA LUCIA MURILLO GARCÍA.
I. LA DEMANDA
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada por
los artículos 138, 152 numeral 2, 156 numeral 2 y 3, los artículos 157, 161, 162 y 163
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA), la señora Martha Lucia Murillo García, actuando en nombre
propio, interpuso demanda contra LA NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN (en adelante LA PROCURADURÍA o LA PGN) y solicita que se acceda
a las siguientes:
1. Pretensiones:
La parte actora plantea como pretensiones de su reclamación las siguientes:
PRIMERA. SE DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO contenido
en el oficio 000210, de enero de 2017 -SIAF 4080, de la misma fecha, (recibido por
la suscrita mediante correo, el 18 de enero de 2017), mediante el cual la doctora ANA
MARIA SILVA ESCOBAR, secretaría General de la Procuraduría, concluye que las
peticiones contenidas en la reclamación administrativa elevadas por mí, ante esa
entidad no resultan procedente.
SEGUNDA. En consecuencia, de lo anterior, se restablezca mis derechos ordenando
a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, reconocer y pagar las sumas que
se determinan en el acápite de la estimación razonada de la cuantía, para que se
reliquide, liquide, reconozca, reembolse y cancele a mi favor, en calidad de
PROCURADORA 205 JUDICIAL PENAL I de Arauca, todos los recursos económicos
que fueron descontados de mis prestaciones periódicas, salarios y prestaciones de
todo orden, durante el tiempo que fungí como procuradora en la ciudad de Arauca,
esto es, desde el 1 de agosto de 2006 a 1 de agosto de 2010 por el concepto de
Prima Especial de Servicio Salarial, la cual nunca fue reconocida por la Procuraduría,
pese que constituye factor salarial.
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
TERCERA. Que la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, reconozca y
pague las prestaciones legales teniendo en cuenta el salario base y no la diferencia
que resulta de la deducción hecha por concepto de prima de servicios.
CUARTA. Se paguen las sumas pedidas de forma indexada conforme al IPC, desde
el 1 de agosto de 2006 hasta el 1 de agosto de 2010, por concepto de PRIMA
ESPEIAL DE SERVICIO SALARIAL, utilizando la formula:
𝐼𝑛𝑖𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑅 = 𝑅ℎ 𝑥
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
QUINTA. Con fundamento en dicha base salarial, se liquide y reliquiden las cesantías
que fueron pagadas durante el periodo del 1 de agosto de 2006, al 1 de agosto de
2010.
SEXTA. Con fundamento en la misma base salarial, y en atención a que actualmente
me encuentro PENSIONADA, solicito se ordene liquidar y actualizar las
prestaciones laborales que inciden en el monto económico de mi pensión de
jubilación que en la actualidad estoy disfrutando.
SEPTIMA. Que la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, proceda a
cancelarme los intereses causados y de cumplimiento a la sentencia de conformidad
con el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, ordenando se paguen las sumas pedidas con todos los intereses
generados a la fecha, desde el 1 de agosto hasta el 1 de agosto de 2010.
OCTAVA. Se dé cumplimiento a la sentencia proferida por el Consejo de Estado de
fecha de 29 de abril de 2014 y en los términos del artículo 192 y ss del CPACA.
NOVENA. Se condene en gastos y costas procesales.
2. Hechos en que se fundamenta la demanda:
Los fundamentos fácticos de las pretensiones se pueden exponer, en síntesis, así:
Afirma que LA PROCURADURÍA la nombró Procuradora 205 Judicial Penal I de
Arauca desde el 1° de agosto de 2006; posición que ocupó hasta el 1° de agosto de
2010, de forma continua e ininterrumpida.
Indica que mediante el Decreto 1770 del 27 de julio de 2010 fue aceptada su
renuncia con efectos a partir del 1 de agosto de 2010.
Expresa que el 15 de diciembre de 2016 elevó reclamación administrativa el fin de
solicitar que se liquidaran, reconocieran y entregaran los recursos económicos
adeudados por concepto de prima especial de servicio, correspondientes al tiempo
que ocupó aquel cargo.
Explica que mediante oficio No. 000210 del 10 enero de 2017, SIAF 4080, LA
PROCURADURÍA, en contestación a la reclamación administrativa, negó su
reclamación. El fundamento de esta negativa consistió en que, en primer lugar, para
el ente de control había acontecido la prescripción y caducidad de la acción. En
2
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
segundo lugar, se afirma que LA PROCURADURÍA no se rige por el régimen salarial
y prestacional de la Rama Judicial. En tercer lugar, se sostiene que no procede la
inaplicación de normas vigentes por la vía administrativa. Por último, se indica que
la declaratoria de nulidad de los decretos salariales que regulaban la prima especial
para los procuradores judiciales entre los años 1993 y 2007, no implica la
reliquidación de la prima, reconociéndole efectos salariales, puesto que en su caso
existía una situación jurídica consolidada.
Aclara que en certificación expedida por LA PROCURADURÍA consta que estuvo
vinculada al cargo desde el 1 de agosto de 2006 hasta la misma fecha de 2010 y
figuran asimismo los salarios devengados año por año. Con base en este
documento manifiesta que se realizó un descuento erróneo equivalente al 30% del
salario mensual por concepto de prima especial de servicio salarial, dado que ello
debería corresponder a un aumento al salario devengado y no a un descuento.
Detalla que de acuerdo con el espíritu de la norma contenida en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, a los empleados públicos enunciados en dicha norma se les debe
hacer un aumento salarial y prestacional del 30%. No obstante, la Rama Judicial y
la entidad demandada le dio a la norma un sentido diferente, pagando solamente el
70% del salario y al 30% restante lo denominó prima especial, lo cual afecta
indudablemente al trabajador. Y alude a la sentencia del Consejo de Estado de 29
de abril de 2014, que declaró la nulidad de una serie de decretos que, a juicio de la
demandante, apoyan su tesis1.
Lista distintos fallos de la jurisprudencia administrativa en los que se decide que la
prima especial sí constituye un factor salarial; lo que en su juicio obliga a LA
PROCURADURÍA a reconocer el 30% de su salario a modo de aumento y no de
disminución salarial, en procura de la garantía de los derechos laborales, y afirma
que en virtud de tal línea jurisprudencial es procedente el reajuste y la reliquidación
de la prestación demandada2. Adicionalmente pone de presente que los
precedentes judiciales tienen efectos generales y vinculantes y de obligatorio
cumplimiento para la Administración Pública, puesto que son reiterativos y
constantes.
Y concluye planteando que su último lugar de trabajo fue la ciudad de Arauca, donde
finalizó su vínculo laboral devengando un salario de cinco millones ciento noventa y
cuatro mil setecientos veintitrés pesos ($5.194.723,oo).
3.- Normas violadas y concepto de la violación:
La demandante manifiesta que el acto administrativo por medio del cual se rechazó
a las peticiones formuladas mediante la reclamación administrativa viola las
siguientes normas:
• Artículos de la Constitución: 13, 23, 25, 53, 55, 58, 136, 150, 209, 228, 227 y 280.
• Los Convenios de la OIT: 95, 111, y 200.
1 Folios 4 y 6 del Cuaderno principal.
2 Folios 6-9 ibidem.
3
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
• La Convención Americana de Derechos Humanos, capitulo III y los derechos
económicos, sociales y culturales del artículo 26.
• Ley 4 de 1992 (Artículos 1, 2, 3, 4, 14, 15, y 16).
• Leyes 44 de 1980, 33 de 1985 y 50 de 1990.
• Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 127, 128 y 132).
• Decretos extraordinarios 3135 de 1968, 1042 y 1045 de 1978.
• Precedente judicial de unificación.
Expone que estos contenidos normativos se infringen porque, en primer lugar, el
rechazo al reconocimiento y pago de la prima se servicios y de las prestaciones
económicas y sociales debidas debe ser revocado de conformidad al artículo 93 del
CPACA.
Afirma, en segundo lugar, que la Administración desconoce el precedente judicial
del Consejo de Estado fijado en la sentencia del 29 de abril de 2014, que anuló
los decretos que habían regulado ilegalmente la prima especial contenida en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 desde el año 1993 hasta 2007, por entender que
la prima especial debía liquidarse y pagarse como una prestación adicional que
sume al salario básico y a las demás prestaciones, en lugar de restar.
Manifiesta, por último, que el acto administrativo “causa un agravio injustificado
a una persona, en el entendido en que se está desconociendo un derecho
subjetivo”3, en relación al artículo 53 de la Constitución.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la demandada manifestó lo
siguiente4:
Oponerse a todas las pretensiones, en vista que la actuación de LA
PROCURADURÍA estuvo ajustada a Derecho, porque en su calidad de
nominadora “no tiene facultad constitucional ni legar para definir el régimen
salarial de los funcionarios vinculados”5. Así, explica, simplemente puede ejecutar
las políticas salariales expedidas por el Gobierno, toda vez que “el deber de las
entidades del estado se circunscribe a cancelar las asignaciones del presupuesto
de la nómina definidas previamente”6.
Expresa que no es legal ni constitucionalmente aceptable reconocer la porción
del salario mensual equivalente al 30% como prima especial, a la luz de la Ley 4
de 1992 y la sentencia C-281 de 2003, puesto que las entidades no pueden
efectuar reconocimientos laborales distintos o con montos diferentes a los fijados
por el Gobierno en su reglamentación. Y afirma que, además, durante la
vinculación de la demandante, se aplicaron las normas vigentes en materia de
liquidación, reconocimiento y pago periódico de las prestaciones y conceptos
salariales.
3 Folio 15 ibidem.
4 Folios 131-163 ibidem.
5 Folio 131 ibidem.
6 Ibidem.
4
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
Remarca, en cuanto a los hechos de la demanda, que según los desprendibles
de pago de nómina, la prima especial de servicio salarial se abonó y no se
descontó, tal como lo quiere hacer valer la actora y no lo demostró. Y añade, por
otro lado, que los hechos 9, 11, 12, 13, 14, 15, 12, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 no
pasan de ser apreciaciones subjetivas o transcripciones jurisprudenciales que no
demuestran nada.
Recuerda que LA PROCURADURÍA, así como la Rama Judicial, tienen sus
propias reglas salariales de carácter especial, las cuales no pueden ser aplicadas
a otros servidores públicos ni extendidos a otras entidades, tal como se señala
en los decretos 1043 de 2011, 1047 de 2011 y 1039 de 2011. En consecuencia,
plantea que las modificaciones, anulaciones o adiciones de cualquier norma
salarial de una entidad, no se hace extensiva a la de otra, y que en ese sentido
la pretensión de la actora carece de fundamento, puesto que no se pueden
trasladar los efectos de la anulación judicial de normas del sistema salarial de la
Rama Judicial a LA PROCURADURÍA.
Puntualiza que de conformidad con la Ley 4 de 1992, la prima especial en
cuestión no constituye un beneficio con carácter salarial. Y que dicha norma se
revisó en sede de constitucionalidad (sentencia C-279 de 1996) para afirmar que
era legítimo lo previsto por el legislador, en el sentido que solamente podría tener
dicha calidad tratándose de la liquidación de la pensión de jubilación. Además,
afirma que interpretar la norma en el sentido que la actora sugiere tiene una
“connotación formal extremista que no se compagina con los valores y principios
constitucionales”7, tal como se afirmado en la jurisprudencia.
Propone excepción genérica encaminada a que el juez declare todas las
excepciones cuyos supuestos facticos se demuestren en el proceso.
Solicita, finalmente, que se nieguen las pretensiones, que se declare que los
actos gozan de legalidad, y que si se condena en costas a la entidad, se haga en
concreto y no en abstracto.
III.- LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia del 18 de junio de 20198, la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Arauca resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la
actora. Por un lado, se declara la nulidad del acto administrativo demandado, se
condena a la entidad a título de restablecimiento del derecho a pagar las sumas
adeudadas por concepto de:
[La] diferencia existente entre lo pagado hasta ahora con el 70% de su remuneración
mensual básica y la reliquidación de todas sus prestaciones y emolumentos que
resulte, teniendo como base de liquidación el 100% de la remuneración básica
mensual legal, incluyendo el 30% que hasta ahora se ha tenido como prima especial,
7 Folio 135 ibidem.
8 Folio 148-161 ibidem.
5
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
incluyendo lo correspondiente a los aumentos que se hubieren decretado año a año,
hasta la fecha que se haga efectivo el pago9.
Por otro lado, también dispone la indexación del monto concedido, estarse a lo
resuelto por el Consejo de Estado en la sentencia del 29 de abril de 2014 con
radicado N° 11001-03-25-000-2007-00087-00, y negar las demás pretensiones de
la demanda.
El fallo de primera instancia se fundamenta en las siguientes consideraciones:
Plantea que está demostrado que la actora fungió en el cargo de Procuradora 205
Judicial Penal I de Arauca desde 01 de agosto de 2006 hasta el 01 de agosto de
2010 y que en ese orden de ideas, durante ese interregno, se hizo beneficiaria al
pago de la prima especial de servicios fijada por la Ley 4 de 1992.
Señala que en el lapso de vinculación de la actora se expidieron los decretos 933
de 2005, 392 de 2006, 621 y 2048 de 2007, 661 de 2008, 726 de 2009, y el 1391
de 2010, todos ellos confluyentes en que la prima especial no tiene carácter salarial
para ningún efecto legal. Con base en estas disposiciones se concluyó que era
procedente pagar a la demandante lo reclamado por concepto de prima especial.
Manifiesta que los decretos citados adolecen de vicios de ilegalidad e
inconstitucionalidad, puesto que se trata de normativas que reproducen el mismo
sentido de aquellos declarados nulos por el Consejo de Estado en sentencia del 29
de abril de 2014. Por consiguiente, se considera procedente aplicar la excepción de
inconstitucionalidad e ilegalidad fijada en el ordenamiento jurídico para el caso en
concreto en “lo que tiene que ver con el no reconocimiento de las prima especial
señalada en cada uno como factor salarial”10.
Decide, en consecuencia, declarar la nulidad del acto administrativo demandado,
por encontrar que se desvirtúa su presunción de legalidad en cuanto aplican, para
los decretos que sirvieron de sustento a la negativa de LA PROCURADURÍA
respecto de la petición de la actora, las mismas consideraciones planteadas por el
Consejo de Estado en la decisión del 29 de abril de 2014. De esta manera, falla
precisando que la prima especial de servicios corresponde al 30% del salario básico
y representa un ingreso adicional al 100% de este, en consideración al principio de
progresividad y no regresión de los derechos laborales.
Finalmente, condena a la entidad a pagar a la actora la “suma que resulte como
diferencia existente entre lo pagado hasta ahora con el 70% de su remuneración
mensual básica y la reliquidación de todas sus prestaciones y emolumentos que
resulte, teniendo como base de liquidación el 100% de la remuneración básica legal
mensual, incluyendo el 30% que hasta ahora se ha tenido como prima especial,
incluyendo lo correspondiente a los aumentos que se hubieren decretado año a año,
hasta la fecha que se haga efectivo el pago”11. Esto, junto con la respectiva
9 Folio 160 ibidem.
10 Folio 159 ibidem.
11 Folio 160 revés ibidem.
6
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
indexación sustentada en el artículo de la Ley 1437 de 2011, que tiene como
fundamento el IPC.
Como se anotó arriba, el fallo de primera instancia deniega las demás pretensiones
propuestas en la demanda.
IV.- LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con la decisión adoptada, la parte demandada interpuso oportunamente
el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia12, en el cual plantea
que no hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo por el cual se
rechazaron las solicitudes de la actora, ni a restablecer derecho alguno. Los
fundamentos de la impugnación se sintetizan en los siguientes argumentos:
Manifiesta que LA PROCURADURÍA tiene la calidad de nominadora y en ese
sentido no puede legalmente definir el régimen salarial de los funcionarios
vinculados a su planta de personal, dado que dicha atribución corresponde
solamente al Gobierno, según lo determinado en la Constitución y la Ley 4 de 1992.
Por dicha circunstancia, a la actora se le cancelaron los conceptos debidos según
el régimen aplicable y, en consecuencia, no se infringió nunca la legalidad.
Recalca que su argumento tiene sustento en la sentencia C-279 de 1996, en la que
se dejó en claro que el legislador tiene la facultad para definir el componente salarial
y que, por esa vía, no se lesiona los derechos de los trabajadores al considerarse
que las primas especiales no tengan carácter salarial sino a efectos de la pensión.
Adicionalmente, indica que LA PROCURADURÍA tiene su propio régimen salarial,
el cual difiere sustancialmente de los constituidos para otras entidades y que, de
hecho, en cada decreto que regula la materia se expresa específicamente esta
circunstancia.
Expresa, con base en lo anterior, que los ingresos y las prestaciones de la actora
fueron adecuadamente canceladas, conforme a la normatividad vigente, y enfatiza
que en consecuencia no es procedente ningún incremento o monto adicional a lo
ya sufragado con anterioridad.
Finaliza presentando toda una línea de la jurisprudencia administrativa13 que
sostiene la tesis según la cual los funcionarios indicados en el Decreto 610 de 1998
reciben la prima especial de servicios a título de Bonificación por Compensación y,
por ello, si se les reconoce directamente la prima especial de la Ley 14 de 1992,
estarían devengando doblemente la prima en cuestión, lo que resultaría inequitativo.
V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Admitido mediante auto del 26 de noviembre de 2019 el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, el Despacho Ponente ordenó, por auto de 30 de
septiembre de 2021, correr traslado a las partes para alegar de conclusión.
12 Folio 173- 176 ibidem.
13 Folio 174-176 ibidem.
7
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
5.1. De la parte demandante:
No se presenta alegato de conclusión.
5.2. De la parte demandada:
No se presenta alegato de conclusión.
VI.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La agencia delegada del Ministerio Público ante la Sección Segunda del Consejo de
Estado guardó silencio en la oportunidad procesal conferida.
VII.- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia:
De conformidad con lo previsto por el artículo 150 del CPACA (modificado por el
artículo 615 de la Ley 1564 de 2012 y por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021), el
Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos. En consecuencia, esta Corporación es competente para abordar el
análisis de esta controversia.
2. Aceptación del impedimento de los magistrados de la Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado:
En el asunto bajo revisión, se tiene que una vez arribado el expediente a la
Corporación, los miembros de la Subsección A de la Sección Segunda, por auto del
3 de septiembre de 2020, se declararon impedidos para conocer de este proceso.
Ello, por tratarse de un asunto en el que se debaten disposiciones que desde el
punto de vista salarial benefician a los magistrados de tribunal y a los magistrados
auxiliares del Consejo de Estado; en cuya condición devengaron las sumas
correspondientes a ese beneficio. Esta circunstancia, afirman, configura la causal
de impedimento establecida en el numeral 1 del artículo 141 del Código General del
Proceso, en armonía con loa artículos 130 y 131 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Esta manifestación de impedimento fue aceptada mediante auto de 13 de
noviembre de 2020 por los magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, quienes a su vez manifestaron encontrarse impedidos para
conocer del proceso de la referencia por las mismas razones.
Por encontrar fundada dicha manifestación de impedimento, como se hará en la
parte resolutiva de esta providencia, esta Sala de Conjueces declara la
8
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
configuración del impedimento manifestado y procede al análisis y resolución del
caso sub lite.
3. Problema jurídico:
De conformidad con los argumentos del recurso de apelación interpuesto, en el
presente asunto se debe establecer si es procedente o no el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales de la demandante, teniendo en cuenta, para tal efecto,
como base de liquidación, el 100% de la remuneración básica mensual legal, más
la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como una adición
al salario de los servidores públicos beneficiarios de dicha prima, o si, como aduce
la entidad demandada, en el sub lite no procede la anulación y restablecimiento del
derecho de la parte demandante, toda vez que la demandada se ciñó de manera
estricta a la normatividad en vigor al momento de liquidar sus salarios, prestaciones
y beneficios. Aun cuando ni en la contestación de la demanda, ni en el recurso de
apelación se plantea nada en torno a la eventual prescripción de los derechos de la
parte actora, por tratarse de un asunto de orden público, que involucra recursos
oficiales, la Sala examinará también este extremo de la litis.
Para abordar la cuestión planteada, primero se realizará una valoración general del
marco normativo y jurisprudencial que rige la materia objeto de análisis (4) y,
posteriormente, se procederá al examen y resolución del sub lite (5).
4. Marco normativo y jurisprudencial de análisis del caso:
Para resolver el recurso de apelación interpuesto, se abordará el análisis de la prima
especial de servicios para funcionarios de LA PROCURADURÍA, así como lo
relativo a la prescripción de derechos, precisando que al respecto existen
sentencias de unificación, cuyas reglas comparte y sigue esta Sala, por ser
precedentes relevantes para la resolución de litigios relacionados con estos
asuntos. Enseguida se define un marco de análisis general en relación con cada
uno de estos puntos.
4.1. El régimen aplicable a la prima especial de servicios:
El problema jurídico que debe resolverse en este proceso ha sido ampliamente
discutido y definido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, razón por la cual
en esta sentencia se hará una breve reseña de los pronunciamientos
jurisprudenciales y de los parámetros trazados en la sentencia de unificación del 2
de septiembre de 2019 a fin de resolver los cuestionamientos endilgados en el
recurso de apelación a la sentencia de primera instancia. Ello supone, con todo,
detenerse en la siguiente precisión.
La sentencia de unificación de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, de fecha 2 de septiembre de 2019, definió que la prima especial
de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 constituye una adición al salario y en
ese aspecto esta Sala de Conjueces estima que la mencionada sentencia de
unificación y las reglas jurisprudenciales allí adoptadas aplican al caso de los
agentes del Ministerio Público. Tanto lo previsto de forma expresa por el artículo 14
9
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
de la Ley 4 de 1992, como el artículo 280 de la Constitución permiten confirmar o
ratificar que los agentes del Ministerio Público tienen derecho a devengar la prima
especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como una adición a su
salario, y que por explícita disposición legal ella no es factor salarial.
Según lo reglado por el precitado artículo 14 de la Ley 4 de 1992:
El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra
y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1) de enero de
1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los
delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los
Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad.
La determinación legal de excluir el carácter salarial de esta prima fue declarada
exequible por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C- 279 de 1996. Según
lo expresado en este fallo, “[e]l legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la
Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean
factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión
o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado
colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los
deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional”.
En cuanto al desarrollo que ha realizado el Gobierno Nacional de esta materia en
cumplimiento del mandato del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se tiene que ello ha
conducido a que anualmente se expidan, desde 1993, los decretos salariales de los
servidores públicos. Así, por medio del Decreto 54 de 1993 se determinó, para el
régimen de acogidos, que los agentes del Ministerio Público delegados ante la
Rama Judicial tendrán derecho a una prima especial equivalente al treinta por ciento
(30%) del salario básico, precisando que esta prima es incompatible con la prima
especial de que tratan los artículos 4 a 9 inclusive, del Decreto 54 de 1993.
La expedición de los decretos salariales de los servidores públicos, generó una
interpretación de la autoridad administrativa responsable de la aplicación de dicha
normativa, en el sentido de interpretar que el 30% de la prima especial hace parte
de la remuneración mensual. Se trata, como se ha venido a destacar con el tiempo,
de una postura equivocada y controversial. En últimas, como ha resaltado la
10
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 2 de abril de 2009 (Rad.
No. 11001-03-25-000-2007-00098-00), el concepto de prima siempre ha de
significar una adición o agregado al ingreso del servidor público. De conformidad
con lo establecido en esta providencia:
[L]la noción de prima como concepto genérico emerge a título de reconocimientos
económicos adicionales para el empleado a fin de expresar cualidades o
características particulares del mismo, que con todo, implica un aumento en su
ingreso laboral, es así, como la prima técnica, la prima de antigüedad, la prima de
clima, entre otras, representan un sistema utilizado en la función pública para
reconocer un “plus” en el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en la
definición normativa de esencia, sea o no definido su carácter salarial, prestacional o
simplemente bonificatorio.
Esta situación llevó a que la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante sentencia de 29 de abril de 2014 (Rad. No. 11001-03-25-000-
2007-00087-00), declarara la nulidad parcial de los decretos dictados por el
Gobierno Nacional entre los años 1993 a 2007, mediante los cuales se había fijado
en el 30% la prima especial creada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. La decisión
de anular se basó en que los decretos enjuiciados interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992, puesto que mermaron y no
incrementaron el salario de un grupo de servidores públicos, conforme al sentido de
lo establecido al respecto por la Constitución y la Ley.
Años después, la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda profirió el 2 de
septiembre de 201914 una nueva sentencia de unificación, en la que definió las
siguientes reglas respecto de la prima especial:
La Sala unifica jurisprudencia en relación con la prima especial consagrada en el art.
14 de la Ley 4ª de 1992 en los siguientes términos:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al
reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su
favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión
de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30 % que había sido excluido a título de prima especial.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia de 2 de septiembre
de 2019, Rad. No. 41001-23-33-000-2016-00041-02.
11
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá
hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de
1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes
no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por
todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es
un piso y un techo.
La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto a los
magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la respectiva
anualidad, sus ingresos anuales efectivamente percibidos NO hayan alcanzado
el tope del ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenga un
magistrado de alta corte, incluido en ello las cesantías de los congresistas. Sin
embargo, en ese caso, la reliquidación debe efectuarse únicamente hasta que
se alcance el tope del 80% señalado.
7. Procede la prescripción de la bonificación por compensación entre el 5 de
septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla general. Esa
regla tiene una excepción, que consiste en que si la persona logra demostrar en el
expediente, con pruebas documental, que antes del 3 de diciembre de 2004 había
interrumpido la prescripción conforme a la ley. En ese caso la prescripción va más
allá del 4 de diciembre de 2004 y se retrotraería hasta la fecha de presentación de
esa interrupción, fecha entonces que debe ser posterior al 25 de septiembre de 2001
y anterior al 3 de diciembre de 2004. Esta excepción, como toda excepción, es de
aplicación restrictiva.
8. La sentencia de unificación que hoy se adopta no implica que se está variando o
modificando el régimen salarial y prestacional de los servidores beneficiaros de la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992- jueces, magistrados
y otros funcionarios-, en la medida en que en ningún caso se superan los porcentajes
máximos o topes fijados por el Gobierno Nacional (negrillas fuera de texto).
En este orden de ideas, los beneficiarios de la prima del artículo 14 de la Ley 4 de
1992 tienen derecho a la prima especial de servicios como un verdadero incremento
de su salario o asignación básica, sin que en ningún caso quepa la posibilidad de
que se supere el porcentaje máximo que fija el Gobierno Nacional, dependiendo del
cargo, ni que se rebase, en el evento en que se tenga derecho al pago de la
bonificación por compensación, el tope del 80% de lo que por todo concepto
devengan anualmente los magistrados de una Alta Corte.
4.2. De la prescripción trienal en el Derecho Administrativo Laboral:
12
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
De acuerdo con el inciso segundo del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, el juez
de lo contencioso administrativo debe decidir sobre las excepciones propuestas por
las partes y sobre aquellas que encuentre probadas al interior del proceso. Esta
disposición no hace distingo entre los tipos de excepciones que puede o no declarar
la autoridad judicial, como sí lo hace el artículo 282 del Código General del Proceso,
conforme al cual las excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa
solo pueden ser alegadas en la contestación de la demanda.
Aun cuando este artículo pareciera prohibir al juez declarar una excepción de oficio
como la de prescripción, la Corte Constitucional en sentencia C-091 de 2018,
analizando precisamente la constitucionalidad de la mentada disposición, señaló
que existe una distinción entre lo establecido por el Código General del Proceso en
relación a las excepciones y lo que el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 previene
sobre el particular. Para la Corte, si bien es legítimo amparar la autonomía de la
voluntad permitiendo renunciar a la prescripción, siguiendo lo que establece el
artículo 282 del Código General del Proceso, también lo es proteger el patrimonio
público por medio del reconocimiento oficioso de la prescripción en sede de lo
contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 180 de la Ley 1437 de
2011. Por esta razón, se procede a examinar lo atinente a la prescripción trienal,
pese a no haber sido esgrimida por la entidad demandada.
Analizar la prescripción trienal en materia de Derecho Laboral Administrativo supone
tener en cuenta que los artículos 41 del Decreto 3135 de 196815 y 102 del Decreto
1848 de 196916 disponen que las acciones relativas a los derechos emanados de
sus preceptos prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible. Esta situación ha dado lugar a que se debata si
en casos como el sub lite, donde se discuten derechos contemplados por otra
norma, tal límite temporal resulta aplicable o no. También se ha discutido sobre el
momento a partir del cual se entiende que empieza a correr la prescripción.
En relación con esta materia, esta Sala de Conjueces profirió la sentencia de
unificación jurisprudencial del 15 de diciembre de 202017, en la cual se abordó
puntualmente esta discusión y, aunque para un caso diferente, se estableció al
respecto una serie de consideraciones que se encuentran relevantes para enmarcar
la controversia sub lite:
15Artículo 41, Decreto 3135 de 1968: “Las acciones que emanen de los derechos consagrados en
este decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción pero solo por un lapso
igual”.
16Artículo 102, Decreto 1848 de 1969: “1. Las acciones que emanen de los derechos consagrados
en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 2. El simple reclamo escrito del
empleado oficial, formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de
Conjueces, sentencia de 15 de diciembre de 2020, Rad. No. 73001-23-33-000-2017-00568-01
(5472-2018).
13
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
En gracia de discusión, si se asumiera una posición restrictiva y se adoptara la tesis
de la no aplicación del Decreto – ley 3135 de 1968 y del Decreto reglamentario 1848
de 1968, tampoco podría afirmarse la inexistencia de un límite temporal para reclamar
los derechos, como quiera que, frente a un vacío o laguna normativa, corresponde al
juez contencioso administrativo hacer una interpretación sistemática del ordenamiento
jurídico. Esta posibilidad ya ha sido utilizada por la Sección Segunda quien de manera
expresa ha afirmado que ante prestaciones no reguladas en el Decreto 3135 de 1968
es inviable apelar a la teoría de la imprescriptibilidad o incluso aplicar el Código Civil,
toda vez que lo más lógico sería acudir a la legislación laboral.
Así las cosas, la segunda posibilidad sería utilizar el artículo 151 del Código Procesal
del Trabajo, porque se trata de una norma general que cubre vacíos cuando se
pretende utilizar acciones que sirvan para reclamar derechos derivados de “leyes
sociales”, denominación otorgada a las normas laborales con independencia de su
naturaleza pública o privada, lo que permite acudir a la figura de la analogía en
aplicación del artículo 8º de la ley 153 de 188747, el cual dispone:
“Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las
leyes que regulen casos o materias semejantes…” (Negrilla y Subraya fuera de texto)
Para ofrecer mayor claridad, se transcribe lo sostenido por esta Corporación:
(…) Acudiendo al artículo 151 del Código Procesal Laboral en vigor de la pauta
analógica, es dable concluir, que aún otorgando a esta norma un alcance estrictamente
privatista, contiene una “materia común extensible para los empleados públicos,
porque es innegable la relación laboral que surge respecto de ambas modalidades,
luego existe una “materia semejante” que colma el vacío normativo regulador del
régimen prescriptivo salarial para los empleados públicos.
“La norma referida no tiene un alcance estrictamente privatista y siendo así, no existen
elementos indicadores que permitan deducir que la expresión trienal está limitada a
temas tratados específicamente para regular el sector privado. En consecuencia, la
prescripción contemplada en el artículo 151 del Código Procesal laboral, abarca los
derechos tanto de los servidores públicos como de los trabajadores particulares, a
menos que existan normas especiales que regulen los términos prescriptivos,
verbigracia el artículo 23 del decreto – Ley 1045 de 1978”.
Señaladas las dos posiciones, esta sala se decanta por la primera de ellas, pues
como se dijo, el ejercicio de analogía se puede realizar también con el Decreto
3135 de 1968, lo que de suyo permite llenar una laguna apelando a las
disposiciones que conforman el llamado estatuto de la función pública. Lo
anterior se refuerza si se observa que se trata de una discusión teórica que no tiene
efectos prácticos, pues si se observa con detenimiento, cualquiera de los caminos
expuestos lleva a idéntica solución, la aplicación de la prescripción trienal en las
relaciones laborales entabladas con los empleados públicos.
Aclarado lo anterior, la Sala recuerda al actor que la prescripción trienal (de naturaleza
extintiva) tiene la función, en palabras del profesor Hinestrosa, de proteger el orden
público y el interés general. Lo anterior, porque se trata de una institución cuyo
fundamento es el generar condiciones de certeza y seguridad en el marco de las
relaciones jurídicas, con independencia de si en éstas los sujetos son privados o uno
de ellos tiene el carácter de público.
14
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
Por lo anterior, no es proporcionado que en un ordenamiento jurídico las
reclamaciones o pretensiones no estén sujetas a un límite temporal, pues es ésta
condición la que se encuentra ligada precisamente al principio de seguridad
jurídica. Por ello, aunque lo normal es que la prescripción se alegue como excepción
en los procesos contencioso administrativos, lo cierto es que su carácter es sustancial
y no meramente formal, pues se trata de una consecuencia jurídico – negativa que
prevé el legislador frente a una conducta omisiva: no ejercer a tiempo un derecho. Por
este motivo la doctrina ha sostenido:
“…La presencia de la prescripción extintiva es indispensable por exigencias de tráfico
jurídico y en razón de la necesidad de certeza de las relaciones jurídicas, de claridad,
de seguridad y de paz jurídicas, de orden y paz social, y para sanear situaciones
contractuales irregulares”.
En consecuencia, lo que salta a la vista es que el legislador ha previsto que los
derechos propios de la relación laboral tienen un carácter transitorio, por lo que
la ausencia de una actuación positiva por parte del titular genera que se retire
toda protección del ordenamiento jurídico. Por consiguiente, no sólo se afecta la
capacidad de accionar, sino que el derecho subjetivo a reclamar se extingue, de
manera que “…el empeño de mantener la expresión obligación para designar algo que
no es tal, carece por completo de la coercibilidad que identifica la figura, es del todo
inconsistente. Una vez consolidada (declarada) la prescripción no hay más derecho de
crédito (…)” (negrillas fuera de texto).
En consecuencia, como se expresa en el precitado fallo, nada impide aplicar la
figura de la prescripción extintiva de los derechos laborales en nuestro
ordenamiento jurídico-administrativo. Esta constatación hace imperioso recalcar,
además, que el mismo artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 contempla que el
simple reclamo escrito del trabajador ante la autoridad competente, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, por un
lapso igual. Se trata, por tanto, de una carga razonable que se impone al titular de
un derecho; quién deberá entonces, sin mayores formalismos ni complejas
exigencias legales, interrumpir oportunamente su prescripción para asegurar su
plena efectividad.
Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que en sentencia de unificación de
2 de septiembre de 2019 (Rad. No. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18), en
relación con los derechos patrimoniales emanados del reconocimiento de la prima
especial, esta Sala de Conjueces definió importantes reglas en cuanto al cálculo de
la prescripción de estos derechos, que por resultar plenamente aplicables al caso
sub examine deben ser tenidos en cuenta. Según lo expresado en dicha
oportunidad:
[E]n materia de acciones laborales ejercidas por empleados públicos y trabajadores
oficiales, los artículos 41 y 102 de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969,
disponen que (i) el término de prescripción es de tres años, contados a partir de la
exigibilidad del derecho alegado y (ii) que la prescripción se interrumpe, por un lapso
igual, con el simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad
encargada de reconocer el derecho.
Lo anterior implica que la prescripción requiere, como elemento sine qua non, que
el derecho sea exigible, puesto que a partir de que se causa dicha exigibilidad,
15
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
inicia el conteo de los 3 años con los que cuenta el empleado o trabajador para
acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, término que será
interrumpido solo con la presentación de un reclamo escrito del derecho ante la
autoridad encargada de reconocerlo.
En atención a lo anterior, en cada caso en concreto, se debe establecer: (i) el
momento en que el derecho se tornó exigible y (ii) el momento en que se
interrumpió la prescripción, para, a partir de la última fecha (presentación de
reclamo escrito) contar 3 años hacia atrás y reconocer como debido por pagar solo
los 3 años anteriores a la interrupción.
Aún así, sobre la prima especial creada por la Ley 4 de 1992, muchas son las
discusiones dadas respecto al momento a partir del cual debe iniciarse el conteo de
la prescripción, por no tener claridad sobre la exigibilidad del derecho, puesto que,
en principio, este se causó con la vigencia de la norma que la creó y, en adelante,
con las liquidaciones a cada beneficiario bajo los parámetros fijados en los decretos
que anualmente expidió el Gobierno para reglamentarla. No obstante, los
correspondientes decretos expedidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados
nulos –parcialmente- mediante la sentencia del 239 de abril de 2014, dictada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, C.P. Dra, María Carolina Rodríguez Ruíz,
porque, a juicio de la Corporación, “interpretaron erróneamente (…) la Ley” y
consagraron una liquidación en detrimento de los derechos laborales de los
servidores públicos beneficiarios de esta.
Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la
constitución del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente
señalados, es decir, su exigibilidad se predica desde el momento de la entrada
en vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la
reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993.
(..)
Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama
se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente
la Ley 4 de 1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 57 de 1993,
En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los interesados podían haber
interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras palabras, no fue con la
ejecutoria de la sentencia de 29 de abril de 2014 que surgió el derecho a
interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa (negrillas fuera de
texto).
Así las cosas, la prescripción trienal empieza a contarse desde el momento en que
el derecho se hizo exigible; lo cual significa, para el caso de los derechos
patrimoniales derivados del reconocimiento de la prima especial, tal como se definió
la sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019, que ello tiene lugar desde
el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992, que la creó y con la
expedición del decreto que la reglamentó ab initio, es decir, el Decreto 54 de 1993,
y si la vinculación del reclamante fue posterior a estas fechas, desde el momento
mismo en que ello acaeció.
De cualquier modo, señala la Sala que la prescripción no opera en relación con la
obligación de la demandada de realizar, en favor del accionante, las cotizaciones o
16
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, por
tratarse de un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en
cabeza del servidor público que presta sus servicios laborales al Estado18.
5. Resolución del caso:
La demandante se vinculó a LA PROCURADURÍA en el cargo de Procuradora 205
Judicial Penal I de Arauca desde el 1° de agosto de 2006 hasta el 1° de agosto de
2010, de forma continua e ininterrumpida. Y el 15 de diciembre de 2016 elevó
reclamación administrativa el fin de solicitar que se le reconocieran y pagaran las
sumas debidas por concepto de prima especial de servicio, correspondientes al
tiempo que ocupó aquel cargo. Solo en este momento se interrumpió la prescripción
de sus derechos patrimoniales.
Lo anterior significa que frente a los derechos patrimoniales de la actora, todo
aquello que se causó antes del 15 de diciembre de 2013 se encuentra prescrito.
Puesto que su vínculo laboral con la demandada finalizó el 1 de agosto de 2010, los
derechos patrimoniales derivados del no pago efectivo de la prima especial de
servicios durante sus años en el Ministerio Público se encuentran prescritos.
Ciertamente, a la vista de la fecha en la que se ha presentó la reclamación en el sub
lite, de conformidad con lo señalado en el numeral 4.2 de la parte motiva de
esta providencia, se concluye que debe declararse probada la excepción de
prescripción de los valores a que la parte demandante tendría derecho. Esto,
teniendo en cuenta que la reclamación inicial se presentó el 15 de diciembre de
2016 y, como ha sido expuesto en precedencia, la aplicación del instituto de la
prescripción comporta tomar como referencia el momento en que se interrumpe la
prescripción y, a efectos de establecer el arco temporal del reconocimiento a
realizar, retroceder tres años desde ese momento; y aquello que quede fuera de
dicho lapso queda, entonces, cubierto por la figura extintiva en comento. Esto
significa que las sumas reclamadas por la demandante se encuentran
prescritas. Por lo tanto, así se declarará en la sentencia; lo cual significa que,
en la práctica, producto de esta determinación, el restablecimiento del
derecho demandado se muestra improcedente, pese a la nulidad del acto
demandado, que habrá de confirmarse.
Ahora bien, es de aclarar que la prescripción no opera en relación con la obligación
de la demandada de realizar, en favor de la accionante, las cotizaciones o aportes
al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, por tratarse de
un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en cabeza del
servidor público que presta sus servicios laborales al Estado19. En consecuencia, la
entidad demandada deberá realizar los correspondientes aportes a favor de la
demandante.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente:
Carmelo Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-
16.
19 Ídem.
17
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
Por último, en cuanto a las costas procesales, teniendo en cuenta que según lo
dispuesto por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 “la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal”, y dado que en el sub lite no se evidencia
temeridad ni ausencia de fundamento en las pretensiones ni en la oposición a ellas
por parte de la entidad demandada, no se condenará en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por los miembros
de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante auto
del 13 de noviembre de 2020.
SEGUNDO. DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal de todas
aquellas acreencias económicas anteriores al 15 de diciembre de 2013, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia; con la salvedad de la
obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema
General de Seguridad Social en materia de pensiones, por las razones expuestas
en el presente proveído, toda vez que envuelve un derecho cierto, irrenunciable e
imprescriptible de la demandante, el cual deberá ser atendido por la parte
demandada.
TERCERO. CONDENAR a la demandada a efectuar, de acuerdo con lo establecido
en la ley, las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en
materia de pensiones a favor de la demandante, por los montos que dejó de
cancelar como consecuencia de la indebida liquidación y pago de su salario durante
el tiempo en que ella ocupó su cargo.
CUARTO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Arauca el 18 de junio de 2019, impugnada en este proceso.
CUARTO. SIN COSTAS.
QUINTO. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen. CÚMPLASE.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
18
Rad. Núm.: 81001-23-39-000-2017-00059-02 (1899-2020)
Actor: MARTHA LUCIA MURILLO GARCIA
Nulidad y restablecimiento del derecho
Firmado electrónicamente
HÉCTOR SANTAELLA QUINTERO
Conjuez
Firmado electrónicamente
ALFONSO PALACIOS TORRES
Conjuez
Firmado electrónicamente
ORLANDO ENRIQUE RAMÍREZ DURÁN
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de
Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA (modificado por el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021).
19
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.