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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1047-2022

Fecha
23 de marzo de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1047-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por FABIO ROBERTO VELÁSQUEZ BUILES contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES. Costas como se dijo en la motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1047-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

23 de marzo de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL1047-2022

Radicación n.° 87502

Acta 10

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el señor FABIO ROBERTO VELÁSQUEZ BUILES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 18 de septiembre de 2019, en el proceso que el recurrente instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

AUTO

Téngase a la doctora Martha Cárdenas Delgado Ramos como apoderada judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en los términos y para los efectos del poder visible a folio 40 del Cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES

Fabio Roberto Velásquez Builes llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el fin de que fuera condenada a reconocerle «la pensión de vejez (de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con la modificación introducida por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003) a partir del 26 de julio de 2012». Y, en consecuencia, se «declarara que la pensión de vejez reclamada sustituye o subroga a la pensión de vejez judicialmente reconocida con base en la Ley 33 de 1985».

Agregó, la solicitud de reconocimiento de retroactivo «teniendo en cuenta la diferencia entre la pensión a la que tiene derecho el demandante desde el 26 de julio de 2012 y la pensión que le fue concedida con base en la Ley 33 de 1985», así como, los intereses moratorios estatuidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; en subsidio, la indexación.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: (i) nació el 26 de julio de 1952, por lo que cumplió 60 años el mismo día y mes en el año 2012; (ii) laboró para las entidades públicas: Universidad de Antioquia, Departamento de Antioquia y Tecnológico de Antioquia; (iii) con anterioridad a la vinculación en el sector público, prestó sus servicios para el sector privado del 6 de enero de 1972 al 6 de julio de 1973; (iv) cotizó un total de 1991 semanas al extinto Instituto de Seguros Sociales y para el 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad y 15 años laborados al servicio de entidades públicas; (v) del 1º de mayo de 1995 al 31 de agosto de 2006, situó aportes al ISS, por lo que adosó 683,86 semanas cotizadas; (vi) ante la negativa del ISS y del Instituto Tecnológico de Antioquia para el reconocimiento de la pensión de jubilación, el accionante promovió proceso judicial, el cual se tramitó ante el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Medellín, el que concedió la prestación mencionada en aplicación a la Ley 33 de 1985; (vii) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín confirmó la decisión adoptada y, por ello, mediante Resolución n.° 023164 de agosto de 2012, la convocada dio cumplimiento a la decisión judicial referida, partir del 26 de julio de 2007; (viii) en escrito radicado el 31 de enero de 2013 con insistencia del 28 de enero de 2014, se solicitó nuevamente el reconocimiento de pensión, pero con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, y (ix) mediante Resolución n.° 172164 del 15 de mayo de 2014, Colpensiones negó la solicitud presentada, por lo que se interpusieron recursos de reposición y apelación, los que fueron desatados de forma adversa a sus intereses.

La convocada al proceso extendió contestación al documento introductor y se opuso a las pretensiones de la demanda; sobre los hechos aceptó aquellos relativos a la edad del accionante, la calidad de ser beneficiario del régimen de transición, las reclamaciones y actos administrativos que las resolvieron; los restantes indicó no constarle.

Como excepciones de mérito presentó las de inexistencia de la obligación, petición de lo no debido, compensación indexación, improcedencia de intereses de mora, imposibilidad de condena en costas, prescripción y la innominada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de primera instancia, en decisión del 2 de mayo de 2017, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, en consecuencia, absolvió a la entidad convocada e impuso costas a la parte demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor, mediante sentencia del 18 de septiembre de 2019, confirmó la decisión del a quo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal inició sus consideraciones al memorar los hechos de la demanda además de lo narrado en la contestación de este escrito, luego expuso el fundamento de la decisión de primer grado y, en franco apego al principio de la consonancia planteó como problema jurídico a resolver, el determinar si al accionante «le corresponde el derecho a que la pensión de vejez que le fue reconocida judicialmente bajo el régimen de transición y en aplicación de la Ley 33 de 1985, en lo relativo a edad, monto y tiempo de servicios sea subrogada o sustituida por una pensión de vejez bajo el régimen general de pensiones, esto es, los presupuestos de los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003».

Para dar solución al interrogante anterior, excluyó del debate probatorio que: (i) mediante sentencia judicial, Colpensiones fue condenada a reconocer al demandante, dada su condición de beneficiario del régimen de transición, una pensión bajo el marco de la Ley 33 de 1985, donde el disfrute se fijó para el año 2007 y se adosó la orden de pago de intereses moratorios; (ii) la citada providencia judicial fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín; (iii) el extinto Instituto de Seguros Sociales dio cumplimiento a la orden judicial y reconoció la pensión al actor, y (iv) en el proceso obra historia laboral, la que reportaba un total de 686,88 semanas cotizadas.

Claro en lo anterior, expuso que en el presente asunto no existía conflicto en establecer cuál de los dos regímenes le era más favorable al actor, puesto que, al no contar en el año 2007 con la edad de 60 años, su derecho pensional solo podía analizarse bajo la égida de la Ley 33 de 1985, anualidad en la cual acreditó los 55 años narrados en este último aparte normativo.

Así las cosas, expuso que lo pretendido por el actor:

[…] resulta improcedente pues el derecho pensional por vejez se causa una sola vez con el cumplimiento de los requisitos pensionales, esto es, al arribar a la edad y tiempo de servicios o semanas cotizadas. Y es que en ese momento es que se hace el estudio de la normatividad aplicable teniendo en cuenta como en el presente caso el régimen de transición pensional, mismo que le permitió al actor acceder a la pensión vitalicia de jubilación a la que aludía el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 con una edad de 55 años.

Agregó el ad quem, que en el caso planteado no se ventilaba un evento en que la pensión de jubilación fuera reconocida directamente por un empleador para luego ser subrogada en Colpensiones, evento en que sí fuera factible lo solicitado por el accionante. Concluyó, entonces, que lo realmente pretendido era un cambio de régimen pensional.

Precisó además que, a pesar de tener consolidado su status de pensionado, el actor pretendía la modificación de la prestación económica ya existente «bajo el pretexto de estar reclamando la inclusión de un tiempo cotizado a través de diversos empleadores privados, pero con la idea de querer conservar la edad pensional de 55 años que en algún momento de la pensión lo benefició, pues este tipo de reliquidación se encuentra proscrita por expresa disposición del artículo 288 de la Ley 100 de 1993». De forma subsiguiente, y para respaldar su dicho, acudió al pronunciamiento de esta Sala que identificó como CSJ SL1752-2017, rad. 49484.

Con lo anterior, confirmó la sentencia de primer grado. Impuso costas al demandante.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte:

[C]ase totalmente la sentencia impugnada en cuanto confirmó la de primera instancia que absolvió a Colpensiones de las pretensiones de la demanda, para que en su lugar y una vez constituida en sede de instancia: Revoque la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín el 2 de mayo de 2017 y: (i) condene a la entidad demandada a reconocer y pagar al señor Fabio Roberto Velásquez Builes la pensión de vejez a partir del 26 de julio de 2012, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993[…]»

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica y se pasa a decidir.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia de infringir directamente la ley, al aplicar indebidamente

[…] el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 y por infracción directa el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (con la modificación introducida por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003) en relación con los artículos 31 y 141 de la Ley 100 de 1993, el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 y el artículo 16 del Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Directivo del ISS, aprobado por el Decreto 750[sic] de la misma anualidad.

Al desarrollar el cargo, inicia por cuestionar la conclusión del Tribunal cuando negó la posibilidad de acceder al reconocimiento de la pensión deprecada, al encontrarse el accionante disfrutando de una pensión de jubilación reconocida judicialmente bajo el amparo de la Ley 33 de 1985. Ello, por cuanto desde su punto de vista «resulta posible que después del reconocimiento de la pensión de jubilación se causara la pensión de vejez, sin que pueda afirmar que se trataba de una misma prestación», todo ello, atendiendo las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Acota, entonces, que aun cuando se disfrute de una pensión de jubilación reconocida por el ISS bajo el marco de la Ley 33 de 1985, si luego el afiliado continúa realizando cotizaciones al sistema dada sus vinculaciones al sector privado, lo cierto es que, puede modificar la prestación que inicialmente fue reconocida con fundamento en la Ley 33 de 1985 a aquella que prevé el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, por supuesto, cuando se arribe a los requisitos en ésta última previstos.

Así, tilda de discriminatorio el hecho relativo a que si para el caso en que la prestación económica prevista en la Ley 33 de 1985 sea reconocida por un empleador exista la posibilidad de que ella pueda ser subrogada por el sistema de seguridad social y, ello no pueda tener lugar, para quien habiendo sido pensionado por el ISS y cotice de forma posterior a tal reconocimiento sea posible el cambio de prestación, en este caso, por aquella instituida en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

Por lo anterior, expone que no existe una razón objetiva para tal trato desigual «entre los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición en cuanto a la prerrogativa de que la pensión reconocida con fundamento en el régimen[sic] de la Ley 33 de 1985 pueda ser subrogada por la pensión de vejez con base en las normas ordinarias (para el caso el artículo 33 de la Ley 100 de 1993)» y aquellos, que obtienen su pensión dentro del mismo sistema y deseen proceder de la misma manera.

Cuestiona el concepto que el Tribunal ofreció con relación a la inescindibilidad de la ley, puesto que lo realmente pretendido no era una mezcla o híbrido de normas, sino la aplicación integral de un régimen «para que la pensión que se conceda al amparo de este sustituya o subrogue a la que ya se viene devengando».

Concluye al indicar que «el Tribunal Superior de Medellín se equivocó en el ámbito jurídico al aplicar al caso debatido el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 (norma que no era aplicable a la controversia) y al no darle aplicación al artículo 33 del mismo estatuto (con la reforma introducida por la Ley 797 de 2003)».

VII. RÉPLICA

La opositora pregona la precisión de los motivos que sustentan la sentencia de segunda instancia, cuando en ella se afirma que la pensión de vejez es única y el estatus se adquiere en una sola oportunidad, lo que en el caso en estudio aconteció cuando se cumple la edad de 55 años y 20 años de servicios en el sector público.

Hizo referencia al pronunciamiento CSJ SL3561-2019, el que trascribe, y lo lleva a concluir en la inescindibilidad de los regímenes pensionales. Memora, además, que la pensión actual del accionante fue reconocida judicialmente y aceptada por la entidad convocada, por lo que, no puede pretenderse su alteración.

VIII. CONSIDERACIONES

Dado que el cargo se dirige por el sendero de puro derecho, no hay controversia alguna en torno a que: (i) al accionante le fue reconocida pensión de jubilación mediante sentencia judicial, al considerar que era beneficiario del régimen de transición que permitió el estudio de la prestación bajo el marco de la Ley 33 de 1985; (ii) en el expediente se encuentra adosada una historia laboral, la cual reporta un total de 686,88 semanas cotizadas; (iii) las pretensiones de la demanda se traducen en la mutación de la pensión que se disfruta a aquella que se reconoce en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, y (iv) el actor cumplió los 60 años el 26 de julio de 2012.

El descontento del accionante gravita, en estricto rigor, en que el Tribunal aplicó indebidamente el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, pues el asunto no se refería a una afrenta con el principio de inescindibilidad de las normas sino en el hecho de pretender la subrogación de una pensión que fuese reconocida bajo el marco del régimen de transición a aquella consignada en el artículo 33 del compendio normativo precitado. De igual manera, predica la infracción directa de este último aparte legal, por cuanto no se concedió la pensión de vejez siendo la norma aplicable al caso bajo estudio.

Memoremos que, el colegiado, puesta la mirada en las pretensiones del accionante, consiente en que su objetivo era la mixtura de regímenes pensionales, supuesto que considera proscrito por el artículo 288 de la Ley 100 de 1993. En efecto, expone que la intención era conservar la edad de 55 años como aquella para el disfrute de su pensión, para luego, y a los 60 años, obtener aquella que consignada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

Vistas las cosas en el contexto que acaba de describirse, le corresponde a la Corte elucidar si luego de que se opta por disfrutar una pensión de jubilación reconocida por el extinto ISS a los 55 años y bajo el amparo de la Ley 33 de 1985, es viable, al llegar a los 60 años y presentarse cotizaciones posteriores al reconocimiento pensional, optar por la aplicación del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

En tal contexto, nada puede reprocharse a la argumentación del Tribunal cuando indicó que, al momento de decidir la prestación del accionante en el año 2007, sólo era posible estudiarla bajo la égida de la Ley 33 de 1985, dada que para la data en que se solicita la prestación económica sólo se cumplían por el actor los requisitos del precitado texto legal, al arribar a la edad de 60 años en el año 2012. De cara a ello, convino, de forma atinada, que lo realmente pretendido era la modificación de un régimen pensional, que es aquello proscrito por el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, por cuanto el objetivo «era beneficiarse de una pensión a los 55 años para luego convertirla en una diferente».

Tal entendimiento, considera la Sala, no pugna con lo previsto en el precitado aparte, el que a sus voces nos indica que «[t]odo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley». Y lo anterior es así, como efectivamente lo es, puesto que al cotejar las consideraciones del tribunal con aquellas que plantea el recurrente, lo cierto es que ellas dan muestra de un mal entendimiento a aquello que se comprende como compartibilidad pensional y, cuyo supuesto, dista abiertamente del caso que se estudia.

En efecto, sobre la compartibilidad pensional, en reciente pronunciamiento, CSJ SL2602-2021, esta Corporación reiteró la línea de pensamiento que la concibe como una creación legal mediante la cual se pretendió:

[E]vitar que para el cubrimiento de un mismo riesgo surgieran concomitantemente dos prestaciones, una de orden extralegal y otra legal, a menos que de manera expresa las partes pactaran lo contrario; y a efecto de asegurarle al titular de éstas el pago de la de mayor cuantía, estableció que si el valor de la que le cancelaba directamente el empleador era superior a la que le reconocería el ISS, mantendría el disfrute de aquella cifra, para lo cual el empresario quedaba obligado a suministrar solamente la diferencia».

En ese orden de ideas, al acoger en su integridad el anterior criterio jurisprudencial, fácil es concluir que el tribunal no se enfrentaba a una pensión con vocación de ser compartida, para con ello consentir que la entidad convocada debía asumirla ante la subrogación del riesgo; lo único cierto es que la prestación que disfruta el accionante fue reconocida por el sistema de pensiones, no por el empleador habilitado a subrogar su obligación pensional precisamente en el I.S.S. y, en ese contexto, como lo afirma la sala sentenciadora, el derecho a la pensión se analiza al momento en que se solicita el reconocimiento y de cara a los requisitos que para tal data se encuentren cumplidos.

De suerte que la censura parte de un entendimiento impreciso sobre el derecho a la igualdad, el que considera trasgredido cuando al servidor público que goza de pensión de jubilación reconocida de forma directa por su empleador y bajo el marco de la Ley 33 de 1985, se le permite, de forma posterior, el obtener una pensión de vejez reconocida por el sistema pensional. Y no predica asidero tal argumentación, por cuanto, la situación fáctica que se plantea no resulta ser la misma a aquella que prevé la consecuencia jurídica que pretende.

Sobre el derecho a la igualdad, y la necesidad que se garantice en situaciones cuyo supuesto fáctico resulte ser el mismo, en la sentencia CC C-028-2019, la Corte Constitucional expone que:

3.1. El artículo 13 superior introduce la cláusula de igualdad, por virtud de la cual todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y, bajo tal entendido gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, que no pueden restringirse por razón del sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión y opinión política y filosófica, de allí que deban recibir la misma protección y trato de las autoridades.

3.2. Ese mismo precepto dispone que la igualdad no tiene solo una dimensión formal, pues corresponde al Estado promover las condiciones materiales para que ese postulado sea real y efectivo, y por tanto tiene el deber de adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, o de quienes, dada su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta; esto es introduce una dimensión material de dicha garantía. De manera que, como derecho, la igualdad impone deberes de abstención, como la prohibición de discriminación y, además incorpora obligaciones de acción, esto es tratos favorables a grupos en situación de debilidad manifiesta.

3.3. Bajo tales contenidos, es que esta Corte ha decantado que la igualdad tiene carácter relacional, que implica determinar los grupos o situaciones de hecho que se distinguen. También ha sostenido que como toda regulación supone la creación de distinciones, destinadas a cumplir los fines políticos que establece el Congreso de la República, las prescripciones jurídicas o situaciones de hecho que se reprochan, desde la perspectiva constitucional, son las odiosas, irrazonables o desproporcionadas.

3.4. Asimismo la jurisprudencia constitucional ha señalado que como la igualdad implica otorgar (i) un mismo trato a supuestos de hecho equivalentes o similares, siempre que no haya razones suficientes para darles un trato diferente; y (ii) dispensar un trato desigual a supuestos de hecho diferentes o mayormente distintos, es necesario determinar su vulneración a través de una metodología para identificar si existen o no tratamientos discriminatorios introducidos por el legislador. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Puestas de este modo las cosas, en el caso en estudio, al accionante le fue reconocida una pensión de vejez al ser beneficiario del régimen de transición que permitió acudir a la Ley 33 de 1985 y cuya responsabilidad radica en la entidad convocada, por lo que, pretender equiparar al empleador oficial con la entidad que administra el régimen de prima media con prestación definida, se itera, es un mal entendimiento a la figura de la compartibilidad pensional antes explicada, lo cual a la vez, dista abiertamente de un desconocimiento al derecho a la igualdad conforme a la jurisprudencia antes trascrita.

En el horizonte trazado, no es posible encontrar un desacierto en la sentencia cuestionada, por cuanto en ella, se plasmó la imposibilidad de mutar una prestación económica, a quien luego de optar por un régimen pensional anterior pretenda mantener aquellos beneficios que le otorgó esa legislación, como lo era «los 55 años de edad»; pero de forma posterior, pretenda beneficiarse de una edad e ingreso base de liquidación que consagra un régimen general.

Se dice lo anterior por cuanto si bien el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, permite que a una persona «le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en Leyes anteriores sobre la misma materia»; esto es viable exclusivamente si se somete en su totalidad al régimen pensional; por ende, se insiste que el accionante prefirió la aplicación de la garantía transicional y no por el cotejo de favorabilidad que le permitía la norma en comento.

De esta manera, y dadas las anteriores consideraciones, no pudo el Tribunal infringir directamente el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, como quiera que no resultaba ser el aparte legal llamado a regentar la controversia (CSJ SL2852-2019), por lo que, no existe vía diferente a despachar desfavorablemente el cargo.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones setecientos mil pesos ($.4.700.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por FABIO ROBERTO VELÁSQUEZ BUILES contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Costas como se dijo en la motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

SALVAMENTO DE VOTO

Demandante: Fabio Roberto Velásquez Builes

Demandado: Colpensiones

Radicación: 87502

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala, tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, salvo mi voto en la presente decisión por las razones que expongo a continuación.

Para contextualizar, el demandante solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez al tenor del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 a partir del 26 de julio de 2012 y, en consecuencia, que se «declarara que la pensión de vejez reclamada sustituye o subroga a la pensión de vejez judicialmente reconocida con base en la Ley 33 de 1985».

A su vez, requirió el pago del retroactivo pensional liquidado «entre la pensión a la que tiene derecho el demandante desde el 26 de julio de 2012 y la pensión que le fue concedida con base en la Ley 33 de 1985», así como los intereses moratorios.

En sustento de sus pretensiones, manifestó que: (i) nació el 26 de julio de 1952 y cumplió 55 años el mismo día del 2007; (ii) laboró para entidades públicas -Universidad de Antioquia y Tecnológico de Antioquia- durante mas de 20 años; (iii) con anterioridad a dicha vinculación prestó sus servicios en el sector privado -6 de enero de 1972 a 6 de julio de 1973-; (iv) cotizó al Instituto de Seguros Sociales -ISS- hoy Colpensiones 1991 semanas, y (v) era beneficio del régimen de transición.

Agregó que mediante sentencia judicial el Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín accedió al pago de la pensión de jubilación al tenor de la Ley 33 de 1985, decisión que el Tribunal Superior Judicial de la misma ciudad confirmó y, por ello, Colpensiones reconoció la citada prestación a partir del 26 de julio de 2007 -Resolución n.º 023164 de agosto de 2012-.

Por último, indicó que el 31 de enero de 2013 y 28 de enero de 2014 solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, y que la entidad negó dicha petición.

Mediante sentencia de 2 de mayo de 2017, el Juez Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra e impuso costas a cargo del demandante; decisión que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín confirmó a través de sentencia de 18 de septiembre de 2019.

Ahora, en sede del recurso extraordinario, la Sala no casó la sentencia del ad quem, en tanto consideró que no era posible «mutar una prestación económica, a quien luego de optar por un régimen pensional anterior pretenda mantener aquellos beneficios que le otorgó esa legislación, como lo era los 55 años de edad; pero de forma posterior, pretenda beneficiarse de una edad e ingreso de liquidación que consagra un régimen general».

Al respecto, destacó que para el año 2007 solo era procedente estudiar la solicitud de reconocimiento pensional que el actor presentó bajo la égida de la Ley 33 de 1985; de modo que no era dable -como el actor lo pretendía- la modificación del régimen pensional, toda vez que aquello está proscrito en el ordenamiento jurídico, conforme a lo consagrado en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993.

Por último, agregó que en el sub judice no se debatía el estudio de una «pensión con vocación de ser compartida para (…) con ello consentir que la entidad convocada debía asumirla ante la subrogación del riesgo, (…) [pues] la prestación que disfruta el accionante fue reconocida por el sistema de pensiones, no por el empleador habilitado a subrogar su obligación pensional (…)».

Pues bien, a mi juicio, tal criterio desconoce que el precedente judicial mayoritario que la Sala ha establecido que es posible acudir a la sumatoria de tiempos de servicios públicos con los cotizados al ISS con el objetivo de acceder la pensión de vejez regulada en el Decreto 758 de 1990 (CSJ SL1947-2020, CSJ SL1981-2020, CSJ SL2557-2020 y CSJ SL3484-2022); así como, para obtener la reliquidación pensional.

Además, la Corte ha indicado que en aquellos casos en que se materializa la afiliación facultativa de los servidores públicos al ISS, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, no existe impedimento para que los trabajadores consoliden su derecho pensional conforme a las normas precedentes que regulan las prestaciones en el sector oficial (CSJ SL1339-2018), y por tanto, ha accedido al reconocimiento del retroactivo pensional a cargo del empleador desde la fecha en que se consolidaron los requisitos de acceso a la prestación al tenor de la Ley 33 de 1985, facultando, si a ello hubiere lugar, que el responsable del pago realice la respectiva conmutación pensional a través de Bonos Tipo T -Decreto 4937 de 2009-, para que la pensión sea reconocida por la entidad que administra el régimen de prima media con prestación definida (CSJ SL4003-2022).

En tal perspectiva, considero que es contradictorio que acepte el reconocimiento del retroactivo pensional generado por el cumplimiento de los requisitos de la pensión de jubilación -Ley 33 de 1985- en caso que una persona ya ha accedido a la pensión de vejez en aplicación del régimen de transición -Decreto 758 de 1990- y, al mismo tiempo, no aplique la misma regla jurisprudencial a la inversa, esto es, en aquellos casos en los que una vez reconocida la pensión de jubilación, el trabajador acredita el cumplimiento de los requisitos de acceso a la pensión de vejez y, con ello, restrinja la posibilidad de acceder a la respectiva reliquidación pensional generada por la diferencia en el monto y tasa de reemplazo existente entre un régimen y otro.

En efecto, considero que si un trabajador al acumular tiempos públicos con aquellos cotizados al régimen de prima media acredita el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez del Decreto 758 de 1990, con fundamento en los mismos argumentos que ha prohijado la Sala respecto a dicha acumulación y la posibilidad de acceder a la reliquidación pensional, es perfectamente válido que en casos como el que se debate, también pueda solicitar que su prestación se ajuste conforme a los parámetros de la última norma en cita, una vez haya cumplido los requisitos de acceso a la misma.

En consecuencia, consideró que en el presente caso la Corte debió casar la sentencia y, en sede de instancia, acceder a la reliquidación pensional desde el momento en que el actor cumplió los requisitos del Decreto 758 de 1990, empleando para tal efecto un monto y tasa de reemplazo del noventa por ciento (90%) como prevé la disposición citada. Recuérdese que bajo la Ley 33 de 1985 la tasa de reemplazo es del 75%.

En los términos anteriores dejo sustentado mi salvamento de voto en el presente asunto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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