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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1234-2023

Año
2023
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL1234-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

X. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 03 de noviembre de 2021, en el proceso que instauró JOSÉ ORLANDO MAMIÁN contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. SEGUNDO: Costas como se indicó.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL1234-2023

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL1234-2023

Radicación n.° 94780

Acta 19

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo dos mil veintitrés (2023).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ ORLANDO MAMIÁN contra la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Cali, el 03 de noviembre de 2021, en el proceso que promovió contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

I. ANTECEDENTES

José Orlando Mamián promovió acción laboral en contra de Porvenir S.A. para que se le condenara al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por reunir los requisitos previstos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 con aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues se encontraba cotizando y contaba con 26 semanas al momento en el que se estructuró la pérdida de capacidad laboral; reclama igualmente la indexación, costas y agencias en derecho.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: realizó aportes al otrora Instituto de Seguros Sociales desde el 20 de agosto de 1991 hasta el 28 de febrero de 2006; se trasladó a Porvenir S.A., con la que cotizó desde el 9 de octubre de 2009 al 26 de agosto de 2011; el 26 de agosto de 2010 sufrió un accidente de tránsito, consecuencia del cual perdió un 69.70% de capacidad laboral, con fecha de estructuración el 28 de agosto de ese mismo año; el 7 de junio de 2011 solicitó la pensión de invalidez a la demandada, la cual se le negó por no cumplir con los requisitos previstos en la norma aplicable; al solicitar reconsideración sobre la precitada decisión, la administradora reiteró que solo contaba con 47.2 semanas en los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez y que, no cumple con los requisitos para la pensión reclamada.

Porvenir S.A., se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en que el afiliado no cotizó el mínimo de 50 semanas en los últimos tres años anteriores al estado de invalidez conforme a la norma aplicable y propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda, ausencia de derecho sustantivo, carencia de acción y falta de acreditación de los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez, inexistencia de condición más beneficiosa, compensación, buena fe de la entidad demandada, innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019, dispuso:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones denominadas: inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda, ausencia de derecho sustantivo, carencia de acción y falta de acreditación de los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez propuestas por PORVENIR S.A.

SEGUNDO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA la excepción de prescripción respecto de todo lo que se haya hecho exigible con anterioridad al 7 de marzo del año 2015.

TERCERO: CONDENAR a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar al señor JOSÉ ORLANDO MAMIAN, PENSIÓN DE INVALIDEZ de origen común, a partir del 7 de marzo del año 2015 y mientras subsistan las condiciones que le dieron origen, en cuantía equivalente al salario mínimo de cada año, a razón de 14 mesadas por año. LA CUANTÍA de la obligación con corte al 30 de agosto del año 2019 es de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($45.458.690). Cifra que deberá pagarse indexada desde la fecha de causación de cada mesada y hasta que se efectúe el pago.

CUARTO: CONDENAR a PORVENIR S.A. en costas a favor del demandante. Tásense por secretaría, incluyendo como AGENCIAS EN DERECHO la suma de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000).

QUINTO: ABSOLVER a PORVENIR S.A. de las demás pretensiones que en su contra haya formulado el señor JOSÉ ORLANDO MAMIAN. SEXTO: AUTORIZAR a PORVENIR S.A. a DESCONTAR del monto del retroactivo generado por mesadas pensionales ordinarias el monto de lo aportes a la seguridad social en salud y remitirlo de manera directa a la EPS a la que esté afiliado el demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, en sentencia del 3 de noviembre de 2021, revocó el fallo apelado y, en su lugar, la absolvió de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra e impuso costas a la parte demandante.

El juez colegiado estableció que el principio de la condición más beneficiosa en casos de invalidez es excepcional, de aplicación restringida y temporal, cuya aplicación está limitada a un lapso de 3 años, es decir, que el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su versión original produjo efectos en el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, luego de lo cual opera el relevo normativo y cesan los efectos del aludido principio. En el caso encontró que la fecha de estructuración de la invalidez fue el 28 de agosto de 2010, momento para el cual ya había operado el cambio normativo, por lo que no era posible la aplicación de la norma original de la Ley 100 de 1993. En respaldo acudió a las sentencias CSJ SL028-2018 y CSJ SL2358-2017.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Fue interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la decisión acusada «y en su lugar confirmar la sentencia del A Quo, emitida en el presente proceso por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, Valle, con fecha 2 de septiembre de 2019 que condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar al actor la pensión de invalidez a partir del 7 de marzo de 2015 y mientras subsistan las condiciones que le dieron origen, en cuantía del salario mínimo, por 14 mesadas. Con retroactivo a 30 de agosto de 2019, de $45.458.690,oo pesos MCTE., suma que deberá indexarse al momento del pago, autorizando a la demandada al descuento del retroactivo, el monto de los aportes a seguridad social y reconociéndole la excepción de prescripción de manera parcial».

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia de violar la ley por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, todo dentro de lo normado por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, llevado a legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

Admite todos los fundamentos fácticos de la determinación de segunda instancia y aduce que la interpretación de los textos jurídicos enunciados no se compadece con el fin de la institución de la pensión de invalidez ni con el instituto de la condición más beneficiosa, que es proteger los derechos pensionales del afiliado al sistema general de pensiones pues, aun cuando se apoya en decisiones de la Corte, hay algunos casos en los que es posible acudir a su aplicación, sin que ello conduzca a utilizar cualquier disposición previa, como el Acuerdo 049 de 1990, cuando la contingencia ocurrió en vigencia de la Ley 860 de 2003.

Añade que el demandante se encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral desde el año 1991, realizó los aportes correspondientes en vigencia de la última ley citada «elencos normativos que deben cotejarse para establecer la condición más beneficiosa para el trabajador, que lo es indudablemente para este censor el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 […]».

Luego de transcribir la norma que invoca, sostiene que al momento de la estructuración, 28 de agosto de 2010, el afiliado se encontraba cotizando, lo que permite revisar las legislaciones que regulaban la pensión de invalidez, siendo la más flexible, favorable y asequible el artículo 39 de la Ley 100 original, que exigía solamente haber cotizado al menos 26 semanas en el año inmediatamente anterior al estado invalidante, teniendo en cuenta que contaba con 42.9 semanas en ese lapso; que en su concepto el colegiado debió aplicarla al ser la más favorable y no la modificada por la Ley 860 de 2003, que exige 50 semanas en los últimos tres años, por lo que considera que no debió regular el caso, debiendo prosperar el cargo y acceder a lo solicitado en el alcance de la impugnación.

VII. RÉPLICA

Expone que, como quiera que el recurrente admite que el tribunal se basó en el criterio de esta Corte sobre la aplicación de la condición más beneficiosa, ello descarta la interpretación errónea denunciada. Agrega, además, que la sola condición de afiliado al sistema general de seguridad social no es razón suficiente para que se analice el derecho a la luz de una norma derogada, lo que comporta una equivocada hermenéutica de las normas, reitera las decisiones de esta Corporación sobre la aplicación de la aludida prerrogativa y concluye que no se equivocó el ad quem por lo que el cargo no debe tener buen suceso.

VIII. CONSIDERACIONES

Dado que el embate se dirige por el sendero de puro derecho, no hay controversia alguna con respecto a que: (i) el actor tiene dictaminada una pérdida de capacidad laboral de origen común del 69.70%, estructurada el 28 de agosto de 2010; (ii) no cumple con la densidad de semanas exigida en la Ley 860 de 2003, norma vigente para la época en la que se estructuró la invalidez, (iii) para el momento del tránsito legislativo era cotizante activo, y (iv) en los últimos tres años anteriores a la invalidez registra 43 semanas cotizadas.

Del análisis del cargo dimana palmario que el problema jurídico a elucidar estriba en determinar si es viable acudir al principio de la condición más beneficiosa, y aplicar el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original que exigía 26 semanas en el año anterior a la invalidez, la cual se estructuró el 28 de agosto de 2010.

Lo primero que hay que recordar es que esta Corte, de vieja data ha advertido que no es posible, entre otros, la utilización del postulado de la condición más beneficiosa, con el objeto de realizar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores hasta acompasar al caso concreto la norma que mejor se avenga en cada caso particular o resulte más favorable y, con ello, una aplicación plusultractiva de la ley, lo cual, por demás, desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia el futuro.

En ese mismo sentido en la sentencia CSJ SL2358-2017 se explicaron las condiciones de la aplicación de la aludida prerrogativa en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003 para acceder a la pensión de invalidez, de la siguiente manera:

D. Temporalidad de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre las leyes 100 de 1993 y 860 de 2003

Como se recuerda la condición más beneficiosa es un mecanismo que: (i) busca minimizar la rigurosidad propia del principio de la aplicación general e inmediata de la ley; (ii) protege a un grupo poblacional con expectativa legítima, no con derecho adquirido, que goza de una situación jurídica concreta, cual es, la satisfacción de las semanas mínimas que exige la reglamentación derogada para acceder a la prestación que cubre la contingencia de la invalidez; y (iii) al ser excepcional, su aplicación, necesariamente, es restringida y temporal.

Sin perder de vista lo precedente, y una vez analizada la exposición de motivos de las Leyes 797 y 860 de 2003, brota espontánea una primera conclusión: el legislador jamás pretendió perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que regulan la pensión de invalidez, y si bien con la condición más beneficiosa debe respetarse o mejor resguardarse los hechos denominados por la doctrina foránea «intertemporales» que se generan con personas que tienen una situación jurídica concreta, ello no puede llevar a mantener, per secula seculorum, la protección de «“derechos” que no son derechos”», en contra posición de la nueva ley que ha sido proferida honrando la Constitución Política.

De suerte que, a falta de normatividad expresa, el principio de la condición más beneficiosa emerge como un puente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley, aquellas personas que, itérese, tienen una situación jurídica concreta, con el único objetivo de que, en la medida que lo recorren, paulatinamente vayan construyendo los «niveles» de cotización que la normativa actual exige.

Pero ¿Cuál es el tiempo de permanencia de esa «zona de paso» entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres años, tiempo este que la nueva normativa (Ley 860 de 2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones reúnan la densidad de semanas de cotización-50- y una vez verificada la contingencia invalidez de origen común puedan acceder a la prestación correspondiente.

Con ese fin, se obtiene un punto de equilibrio y se conserva razonablemente por un lapso determinado- tres años-, los «derechos en curso de adquisición», respetándose así, para determinadas personas, las semanas mínimas establecidas en la Ley 100 de 1993, «con miras a la obtención de un derecho en materia de pensiones, cuya efectividad se subordina al cumplimiento ulterior de una condición», cual es, la invalidez.

Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 860 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 26 de diciembre de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la invalidez, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (26 de diciembre de 2003 – 26 de diciembre de 2006), el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional.

No puede la Corte pasar por alto que esta franja de tres años, a más de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes tenían dicha situación concreta al momento del tránsito legislativo.

Es inocultable que, si las expectativas legítimas no pueden ser modificadas de manera abrupta o arbitraria, de ahí la razón de ser de la condición más beneficiosa, tampoco pueden permanecer inalterables como si fuesen unos derechos adquiridos. Dicho en breve: no se le puede otorgar el mismo tratamiento y protección a las expectativas legítimas que a los derechos consolidados.

Con tal óptica, es de verse que, si los regímenes de transición tienen duración limitada y cuantificable en el tiempo, y que, para algún sector, es posible que el legislador modifique los regímenes de transición con posterioridad a su consagración «porque éstos no pueden ser concebidos como normas pétreas», caben las siguientes preguntas ¿cómo entender que el principio de la condición más beneficiosa sí permanezca en vigor sin límite alguno en el tiempo? Si un régimen de transición no es permanente, ¿bajo qué argumento puede sostenerse que el uso de la condición más beneficiosa sí lo sea? si precisamente, como se explicó, los derechos adquiridos son diferentes a las expectativas legitimas. No hay argumentos que, prima facie, lo justifique.

No se pierda de vista que ha transcurrido más de 13 años desde cuando acaeció el cambio normativo, 26 de diciembre de 2003, es decir, lapso de tiempo que incluso superó el término del régimen de transición dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, para las pensiones por vejez. Por tanto ¿se justifica mantener con vida lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, más allá del tercer año de vigencia de la Ley 860 de 2003, so pretexto de emplear la condición más beneficiosa, cuando, se repite esta ley dispuso un margen de tres años para satisfacer la densidad de semanas de cotización?

De suyo, también se cumple con lo asentado por la Sala respecto a la deliberada voluntad del legislador en la reforma introducida al sistema pensional con la Ley 860 de 2003, que propende por asegurar un equilibrio financiero, de manera que los niveles de protección que hoy se ofrezcan, se puedan mantener a largo plazo.

Desde la perspectiva anterior, si la condición más beneficiosa tiene cabida por vía de excepción y su aplicación es restrictiva, no es dable emplearla con un carácter indefinido. Tampoco es factible, en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, alterar la normativa que se ha de aplicar en virtud del principio examinado.

Es inocultable que, si las expectativas legítimas no pueden ser desechadas de manera abrupta o arbitraria, de ahí la razón de ser de la condición más beneficiosa, tampoco pueden permanecer inalterables como si fuesen unos derechos adquiridos. Dicho en breve: no se le puede otorgar el mismo tratamiento y protección a las expectativas legítimas que a los derechos consolidados.

Una reflexión insoslayable, la pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50% es un supuesto ineludible de la causación del derecho a la pensión de invalidez, no es un requisito de exigibilidad. Ello explica que no basta satisfacer la densidad de cotizaciones en cualquier tiempo para entender consolidado el derecho, sino que los dos elementos deben acontecer dentro del ámbito temporal que establece la ley. Este planteamiento permite entender la justificación de la condición más beneficiosa y su permanencia efímera.

Hay que añadir, eso sí, que al ponderarse el principio de esta forma, también se evita cargarle al sistema general de pensiones obligaciones ilimitadas, que, sin hesitación alguna, no fueron previstas o incluidas en los análisis de sostenibilidad financiera al tiempo de crear la nueva disposición, justamente por la dificultad de hacerlo dada la naturaleza de la contingencia que se ampara.

Decisión reiterada, entre otras, en sentencias CSJ SL337-2023, CSJ SL3550-2022, CSJ SL2057-2022, CSJ SL3648-2021, CSJ SL5657-2021 y CSJ SL840-2020.

De manera que, trasladando todos los argumentos expuestos en las anteriores decisiones al asunto sometido a escrutinio de la Corte, se concluye que el accionante no puede ser acreedor a la aplicación de la condición más beneficiosa por el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, toda vez que la Sala mayoritariamente se ha inclinado por dar efecto a la citada prerrogativa cuando la estructuración de la invalidez del afiliado ha sucedido al amparo de la última reforma legal, por lo que solo es posible diferir los efectos de esta última hasta el 26 de diciembre de 2006, esto es, por 3 años luego de su vigencia.

En ese orden, el juzgador de alzada no se equivocó, por cuanto, para la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del actor, esto es, 28 de agosto de 2010, la norma aplicable era la Ley 860 de 2003, modificatoria del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 mas no la versión original como lo pretende el recurrente y, como para esa data no contaba con el mínimo de 50 semanas en el trienio anterior exigido en dicha normatividad, aspecto no discutido en casación, no era acreedor a la prestación reclamada.

En síntesis, conforme al criterio jurisprudencial citado, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condición más beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actualizarlo conceptualmente bajo la égida del modelo constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la garantía de efectividad de los derechos fundamentales sociales.

En consecuencia, y ante la inexistencia de razones diferentes y novedosas que permitan un cambio de pensamiento, la providencia del tribunal se encuentra ajustada al criterio mayoritario de la Sala, lo que conduce a la improsperidad del cargo.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $5.300.000,oo, que se incluirán en la liquidación con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 03 de noviembre de 2021, en el proceso que instauró JOSÉ ORLANDO MAMIÁN contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

SEGUNDO: Costas como se indicó.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Salva voto

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Aclara voto

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

ACLARACIÓN DE VOTO

Demandante: José Orlando Mamián

Empresa: Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir S.A.

Radicación: 94780

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena

Con el acostumbrado respeto a mis colegas y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, si bien estoy de acuerdo en no casar la sentencia del Tribunal, advierto necesario aclarar un aspecto que, de no hacerlo, puede pasar desapercibido.

Me refiero, en particular, al análisis que realiza la Sala respecto al principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003.

A mi juicio, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Constitución Nacional está sometido a ciertos límites, los cuales debe tener en cuenta el juez del trabajo y de la seguridad social en sus decisiones.

En efecto, nótese que tal principio protege las situaciones jurídicas o los derechos individuales próximos a consolidarse respecto a un cambio normativo que pueda lesionarlos, de modo que su ámbito de acción no cobija cualquier reforma o ajuste en la legislación laboral o de la seguridad social, sino solamente aquella que contenga cambios estructurales en los esquemas que la soportan.

De ahí que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no puede ser ilimitada y darse ante cualquier cambio normativo, por cuanto ello paralizaría la puesta en marcha de importantes ajustes en las políticas laborales, sociales y económicas.

Por tal razón, este principio, adecuadamente entendido, está dirigido a garantizar, con ciertos límites, la permanencia de determinado estatuto regulatorio ante cambios verdaderamente estructurales en la regulación.

Y las Leyes 797 y 860 de 2003 no representaron un cambio estructural en el sistema de pensiones en nuestro país, sino que se trató de modificaciones legislativas en cuanto a los requisitos para el acceso a las prestaciones económicas, por lo que, en virtud de ello, la condición más beneficiosa no opera en dicho caso respecto a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 en su versión original, en tanto una modificación paramétrica respecto a la densidad de semanas de cotización como la que se planteó en dichas reformas, no refleja un cambio sustancial que amerite la suspensión temporal de la legislación actual con la finalidad de proteger expectativas legítimas.

Dejo así sustentada mi aclaración de voto en el presente asunto.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado Ponente

SAVAMENTO DE VOTO

Recurso Extraordinario de Casación

Radicación nº 94780

Acta 19

Referencia. demanda promovida por JOSÉ ORLANDO MAMIÁN contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me aparto de la posición que finalmente se adoptó, en cuanto dispuso no casar la sentencia del Tribunal, que absolvió a la llamada a juicio, por las razones que paso a explicar.

En la providencia de la que me aparto, se sostuvo:

el accionante no puede ser acreedor a la aplicación de la condición más beneficiosa por el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, por cuanto la Sala mayoritariamente se ha inclinado por dar efecto a la citada prerrogativa cuando la estructuración de la invalidez del afiliado ha sucedido al amparo de la última reforma legal, por lo que solo es posible diferir los efectos de esta última hasta el 26 de diciembre de 2006, esto es, por 3 años luego de su vigencia.

En ese orden, el juzgador de alzada no se equivocó, por cuanto, para la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del actor, esto es, 28 de agosto de 2010, la norma aplicable era la Ley 860 de 2003, modificatoria del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 mas no la versión original como lo pretende el recurrente y, como para esa data no contaba con el mínimo de 50 semanas en el trienio anterior exigido en dicha normatividad, aspecto no discutido en casación, no era acreedor a la prestación reclamada. el accionante no puede ser acreedor a la aplicación de la condición más beneficiosa por el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, por cuanto la Sala mayoritariamente se ha inclinado por dar efecto a la citada prerrogativa cuando la estructuración de la invalidez del afiliado ha sucedido al amparo de la última reforma legal, por lo que solo es posible diferir los efectos de esta última hasta el 26 de diciembre de 2006, esto es, por 3 años luego de su vigencia.

En ese orden, el juzgador de alzada no se equivocó, por cuanto, para la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del actor, esto es, 28 de agosto de 2010, la norma aplicable era la Ley 860 de 2003, modificatoria del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 mas no la versión original como lo pretende el recurrente y, como para esa data no contaba con el mínimo de 50 semanas en el trienio anterior exigido en dicha normatividad, aspecto no discutido en casación, no era acreedor a la prestación reclamada.

En síntesis, conforme al criterio jurisprudencial citado, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condición más beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actualizarlo conceptualmente bajo la égida del modelo constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la garantía de efectividad de los derechos fundamentales sociales.

La citada tesis de la Sala, tuvo como soporte la sentencia CSJ SL2358-2017, en la que se fijaron unos parámetros o requisitos para la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, que en lo pertinente señaló:

3.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo

a) Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado estuviese cotizando. b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 26 de diciembre de 2003.

c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006.

d) Que al momento de la invalidez estuviese cotizando, y

e) Que hubiese cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes de la invalidez.

3.2 Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo

a) Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado no estuviese cotizando. b) Que hubiese aportado 26 semanas en el año que antecede a dicha data, es decir, entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002.

c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006.

d) Que al momento de la invalidez no estuviese cotizando, y e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el año que antecede a su invalidez.

[…]

Así las cosas, es claro que un afiliado que pretenda hacerse acreedor de la pensión de invalidez, cuya estructuración se haya producido en vigencia de la Ley 860 de 2003, y pretenda por virtud del principio de la condición más beneficiosa, la aplicación de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, debe satisfacer las condiciones establecidas en la sentencia transcrita parcialmente en precedencia.

Frente a dichos argumentos, debo indicar que si bien inicialmente compartí ese criterio mayoritario de la Sala, sentado en la sentencia CSJ SL2358-2017, a través de la cual se dio vigencia temporal a la Ley 100/93, en el transito legislativo con la Ley 860/03, esto es, el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2006, ello fue con el fin de extender en el tiempo por vía jurisprudencial, los efectos del principio de condición más beneficiosa en dicho periodo, y hacer menos rigurosa su aplicación, en aras de tratar de salvaguardar los derechos de los asegurados y su grupo familiar, quienes por los cambios normativos verían truncada la posibilidad de acceder a la pensión de invalidez, pese a tener en cúmulo de cotizaciones importantes, y que conforme a disposiciones anteriores daría lugar de acceder a esa prestación.

No obstante lo anterior, al hacer ahora un juicioso y minucioso análisis de dicha providencia y de las diferentes hipótesis que allí se plantean como supuestos fácticos que deben cumplir los asegurados para acceder a la pensión de invalidez bajo esta nueva línea de pensamiento, se observa que las reglas allí trazadas, a más de ser en algunos casos confusas, también se tornan poco posibles de cumplir, de tal suerte, que de manera exigua o en nada termina favoreciendo al grupo poblacional al que está dirigida, contrario a lo que fue la finalidad del cambio doctrinal propuesto respecto de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa que con aquella providencia se fijó.

En efecto, al analizar por ejemplo subreglas planteadas en la providencia, como las señaladas en el numeral «3.2», de una detallada lectura, se advierte que se hacen más difíciles de cumplir en la práctica, pues en este evento, cuando el asegurado no era cotizante activo para el momento del tránsito legislativo, las 26 semanas deben de ser cotizadas en el año inmediatamente anterior a la vigencia de la Ley 860/03, es decir, «entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002», siendo entonces un número mínimo de afiliados quienes puedan cumplir con tales exigencias.

Lo mismo sucede con las combinaciones posibles que se trazaron en los numerales «4.1» y «4.2», como requisitos para obtener el derecho pensional, las que en mi prudente juicio son confusas o poco comprensibles, por lo que considero, que no se está enviando un mensaje claro sobre este puntal aspecto a los operadores judiciales y los usuarios de la administración de justicia, que son en últimas los destinatarios de las providencias que la Corporación emite como órgano de cierre, creándose confusión e inseguridad jurídica en la aplicación del aludido principio, como consecuencia de las disímiles interpretaciones que cada juzgador le pueda dar a las diferentes situaciones fácticas que contempla la providencia y que permite acceder a la pensión deprecada.

De otra parte, considero que la aplicación del principio de condición más beneficiosa, resulta procedente frente a la normatividad inmediatamente anterior a cuando se estructuró la invalidez, es decir, entre la Ley 860 de 2003 a la Ley 100 de 1993, en su versión original, pero sin acudir a un periodo de vigencia temporal o de transito legislativo, como se dice por parte de la Sala mayoritaria en esta providencia, lo que resulta más proteccionista y favorable de los derechos que se encuentran en juego.

Lo anterior, por cuanto imponer un límite temporal para acudir al postulado en comento en aquellos casos de sucesión normativa entre la Ley 860 de 2003 y Ley 100 de 1993, cuando el asegurado invalido cumple con los requisitos que esta última disposición exige en su canon 39, como en el presente asunto acontece, desconoce la esencia misma de la condición más beneficiosa, pues tal y como se advirtió en la providencia CSJ SL2358-2017, fundamento de la presente decisión, es característico de la institución jurídica en comento que «Entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia –expectativas legítimas- habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada». Por lo tanto, en mi prudente juicio, la posición de la Sala de supeditar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa a que en el presente asunto el demandante acredite las 26 semanas en el año inmediatamente anterior al «26 de diciembre de 2003» entre otras exigencias, y no como lo exige el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, desconoce lo antes señalado, olvidando además que las expectativas legitimas no pierden su condición de tales como consecuencia de una sucesión normativa o del paso del tiempo.

Acorde con lo expuesto, en mi criterio, en casos como el presente, procede la aplicación del principio de la condición más beneficiosa cuando el afiliado era cotizante activo al momento de la estructuración de la invalidez, en cuyo caso y conforme al literal a) del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, solo requería acreditar haber cotizado veintiséis (26) semanas en cualquier tiempo, requisito que se encuentra satisfecho en este caso, lo que resultaba suficiente para que el asegurado accediera a la prestación deprecada bajo el amparo del mencionado postulado.

Es por lo anterior que considero, que en el sub examine, la Sala ha debido casar la sentencia fustigada y estimar procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, teniendo en cuenta que el demandante tiene una pérdida de capacidad laboral del 69.70% estructurada el 28 de octubre de 2010, data para la cual era cotizante activo y, además, contaba con 26 semanas aportadas en cualquier tiempo, aspecto no discutido en el juicio

En los anteriores términos, dejo consignada mi discrepancia.

Fecha ut supra,

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

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