Ficha de la providencia
Sentencia SL3163-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3163-2023
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3163-2023
Magistrado ponente: Clara Ines Lopez Davila
13 de septiembre de 2023
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Magistrada ponente
SL3163-2023
Radicación n.° 79238
Acta 34
Bogotá, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).
La Sala decide la revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP- contra la sentencia de 18 de noviembre de 2003, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario instaurado por JUAN PABLO OSORIO ARAQUE contra la extinta CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL.
CUESTIÓN PREVIA
En lo que respecta a la medida cautelar solicitada por la UGPP, sobre la cual no se había emitido pronunciamiento, la Sala recuerda que dicha fórmula procesal es propia de las instancias del proceso ordinario y no se encuentra prevista para el trámite extraordinario de revisión; por tanto, no se accede a tal solicitud (CSJ AL5930-2021).
ANTECEDENTES
Bajo las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la UGPP solicita se revoque la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2003 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante la cual ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de Juan Pablo Osorio Araque, con fundamento en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, para que se tenga en cuenta el último salario más alto devengado en el último año de servicios y la inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados.
Como consecuencia de ello, la entidad pretende que se declare que a dicho jubilado no le asiste el derecho a la reliquidación pensional, en los términos del mencionado decreto.
Para sustentar lo solicitado, en síntesis, manifestó que Juan Pablo Osorio Araque cumplió su status jurídico de pensionado el 7 de diciembre de 2000, puesto que demostró haber laborado en la Rama Judicial y en el Ministerio Público por un lapso de 25 años, 11 meses y un día.
Afirmó que Osorio Araque era beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal-, mediante Resolución n.° 014724 de 5 de junio de 2001, le reconoció la pensión de jubilación, liquidándola con el 75% del promedio del salario devengado en los últimos 6 años, 10 meses y 28 días.
Refirió que, posteriormente, por medio de Resolución n.° 08707 del 3 de mayo de 2002, la misma entidad le reliquidó la prestación con el 75% del promedio del salario devengado en los últimos 7 años, 4 meses y 1 día.
Aseguró que, luego, en cumplimiento de un fallo transitorio de tutela proferido por el Juzgado Veintiséis Penal del Circuito de Bogotá, Cajanal reliquidó la pensión conforme al Decreto 546 de 1971, mediante Resolución n.° 7855 de 2002, por la cual modificó los artículos 1.° y 3.° de la Resolución n.° 08707, antes citada, en el sentido de tener en cuenta como monto de la prestación, el 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, el que incluía la totalidad de los factores salariales (asignación básica, prima especial, gastos de representación, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación por compensación y bonificación por servicios).
Relató que, teniendo en cuenta los efectos transitorios de la sentencia de tutela, el jubilado inició proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Risaralda, autoridad que lo remitió por competencia ante los Jueces Laborales del Circuito de Pereira.
El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, autoridad que profirió sentencia el 18 de noviembre de 2003, en la que condenó a Cajanal a reajustar la mesada pensional del demandante, conforme con lo dispuesto en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, esto es, teniendo en cuenta la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios e incluyendo en el ingreso base de liquidación de la prestación, la bonificación por servicios en un 100%; la anterior providencia quedó ejecutoriada el 21 de noviembre de 2003 y dicha entidad le dio cumplimiento mediante Resolución n.° 11292 del 31 de mayo de 2004.
De otro lado, comentó la entidad accionante que Juan Pablo Osorio Araque falleció el 5 de mayo de 2008, razón por la cual, por medio de Resolución n.° 0973 de 27 de febrero de 2009, Cajanal reconoció la pensión de sobrevivientes a María Aydheé Sánchez Rendón, a partir del 6 de mayo de 2008.
Arguye la gestora que en el juicio ordinario laboral que culminó con la orden de reliquidación, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira vulneró su debido proceso, dado que no aplicó el precedente existente en la materia, consignado en las sentencias CC C-258-2013 y CC SU-230-2015, en virtud de las cuales, la Corte Constitucional concluyó que las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición pensional deben ser liquidadas con el promedio de los salarios o rentas devengados en los últimos 10 años de servicios.
De igual manera, en lo atinente a la inclusión de la bonificación por servicios prestados que reciben los empleados judiciales, se refirió a algunas sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado e indicó que, conforme a las mismas, dicho factor salarial no debe incluirse en un 100%, sino únicamente en una doceava parte, por tratarse de un pago que se hace de manera anual.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN
A través de auto de 10 de abril de 2018, la Sala admitió la revisión y dispuso la notificación de María Aydheé Sánchez Rendón, sucesora pensional de Juan Pablo Osorio Araque, en la forma prevista en el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en armonía con el 291 del Código General del Proceso, aplicable en lo pertinente por virtud del principio de integración normativa previsto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal a María Aydhee Sánchez Rendón, la misma fue emplazada y se le nombró curadora ad litem, quien presentó escrito de oposición, aunque de manera extemporánea. En los archivos 049 a 051 del cuaderno digital de la Corte obran las respectivas constancias de inclusión en el Registro Nacional de Emplazados, conforme con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 806 de 2020.
CONSIDERACIONES
Sea lo primero precisar que la UGPP tiene plena legitimación para el ejercicio de la presente revisión, en los términos del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y en virtud de lo dispuesto en el Decreto 575 de 2013.
De igual manera, como se advirtió en el proveído que admitió su trámite, la revisión fue presentada el 9 de noviembre de 2017, esto es, dentro del término legal; ya que, si bien la sentencia que puso fin al proceso ordinario se profirió el 18 de noviembre de 2003, lo cierto es que, a la luz de lo definido por la Corte Constitucional en la sentencia CC- SU-427-2016, el término para la UGPP corrió desde el 12 de junio de 2013, fecha en la que asumió la defensa de los asuntos que tenía a cargo la extinta Cajanal.
En esta dirección, es oportuno recordar que esta Corte ha señalado que las causales de revisión previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, constituyen novedosos instrumentos jurídicos a través de los cuales se persigue la defensa de los recursos públicos y el afianzamiento de los principios de moralidad pública e interés general, a partir de una relativización de la cosa juzgada que ampara las decisiones judiciales, transacciones o conciliaciones y que imponen el pago de sumas periódicas o pensiones a cargo del tesoro público o fondos de naturaleza pública.
Sin embargo, la Corte también ha insistido en la naturaleza extraordinaria de la revisión y ha establecido que debe ejercitarse dentro de un estricto y responsable marco de autorregulación, en el cual se armonicen plenamente los intereses públicos y los del demandado, de tal manera que no se distorsione el objetivo del mecanismo, ni se distraiga a la administración de justicia de su trascendental función, por lo que su uso se ha de limitar a sentencias en las cuales la violación al debido proceso o el carácter excesivo del reconocimiento prestacional sean manifiestos (CSJ SL1331-2023).
Claro lo anterior, corresponde a esta Corporación determinar si la sentencia que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira profirió el 18 de noviembre de 2003, ordenó la reliquidación del demandado en una cuantía que excede la debida legalmente, por las precisas razones expresadas por la entidad pluricitada, en cuanto a la aplicación, en el caso concreto, del Decreto 546 de 1971 y la inclusión como factor salarial de la bonificación por servicios prestados en un 100%.
Así, pues, se rememora que, en la sentencia emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, el mencionado despacho reconoció la reliquidación de la pensión cuestionada, en aplicación del artículo 6.° del Decreto 546 de 1971; asimismo, dispuso que la bonificación por servicios prestados debía tenerse en cuenta en un 100% para dicho cálculo.
La mencionada autoridad judicial razonó de la siguiente manera:
El eje fundamental de la controversia lo constituye el determinar si la pensión del demandante se debe liquidar con base en lo establecido en el artículo 6° del Decreto 546 de 1971 que consagra un régimen especial para los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público.
[…]
Ahora bien, si tal y como lo señala la defensa a folio 99 del expediente, el señor OSORIO ARAQUE, cumplió con el requisito de 20 años de servicio en 1989 y cumplió los 55 años de edad el 7 de diciembre de 2000, es persona beneficiaria del Régimen de Transición que estableció la Ley 100 de 1993 en su artículo 36. Por lo tanto, el régimen pensional aplicable al caso concreto, es el anterior al cual venía afiliado el actor al entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones; esto es, el especial del Decreto 546 de 1971.
Es preciso recordar además, que la Ley 33 de 1985, mediante la cual se estableció el régimen general de pensiones para los servidores públicos, consagró como excepción a la regla general, los regímenes especiales de pensiones de los empleados oficiales. Por manera que, los empleados y funcionarios del [sic] Rama Judicial y el Ministerio Público que hayan laborado por los menos 10 años en tales dependencias tienen una regulación exclusiva para su pensión de jubilación, por lo tanto, no les es aplicable tampoco la regla general establecida en la legislación de 1985; ya que, teniendo un régimen especial, continúan con el derecho de disfrutar una pensión de jubilación igual al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios tal y como se indica en la norma transcrita anteriormente.
De otro lado, frente al ingreso base de liquidación y los factores salariales aplicables al entonces convocante a juicio, esto dijo el juzgador:
Sobre el Ingreso base de Liquidación, que conforme el inciso tercero del artículo 36, señala una liquidación aritmética diferente a la normativa anterior aplicable; en casos similares conocidos por las Altas Cortes y Tribunales, se ha expresado que tal aplicación equivale a una división o fragmentación de la norma que vulnera los principios de inescindibilidad y favorabilidad. Así lo expreso [sic] el Consejo de Estado en una de sus providencias:
[…]
Ahora bien, con relación a lo que debe entenderse por “asignación básica”, la misma Corporación en proceso similar, se pronunció sobre el tema, precisando:
“… Y por asignación básica debe entenderse no sólo la remuneración básica mensual, sino todo lo que el funcionario o empleado percibe por concepto de salario, es decir todo lo que devengue como retribución de sus servicios.
El artículo 12 del Decreto 717 de 1978 señala algunos factores de salario para la rama jurisdiccional y el ministerio público pero establece un principio general que además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución de sus servicios de manera que los factores allí señalados no pueden tomarse como una relación taxativa, pues de hacerlo quedaría sin significación el principio general”
Con fundamento en los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales, el Despacho del Procurador General de la Nación, ha prevenido mediante circular a la Caja Nacional de Previsión Social, para que determine el “Ingreso Base de Liquidación” de las pensiones que les corresponde reconocer, conforme al Decreto 546 de 1971 y no de acuerdo a los parámetros que señala el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (DP. No. 1072 de ago.27/03).
A la luz de los presupuestos señalados y revisada la documentación que obra en el expediente, el Despacho estima que el reajuste de la mesada pensional prospera, no porque la entidad demandada al desatar el recurso de apelación (fols. 54 a 60), haya determinado el IBL conforme los parámetros del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sino porque no contempló la bonificación de servicios en su totalidad; esto es en la suma de $1.351.902,00 como aparece en la certificación de sueldos visible a folio 40 del expediente, la cual corresponde a una bonificación habitual dentro del régimen especial de la rama jurisdiccional [sic] y Ministerio Público. [Negrillas son del texto]
En resumen, el juzgado consideró aplicable el IBL de la norma anterior a la Ley 100 de 1993, el cual, para el caso de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público, era el Decreto 546 de 1971. En cuanto a los factores salariales, tomó todo lo que fuera retributivo del servicio y, en igual sentido, sin explicaciones adicionales, consideró que la bonificación por servicios debía incluirse en un 100% por corresponder a una «bonificación habitual dentro del régimen especial de la rama jurisdiccional [sic] y Ministerio Público».
Cabe resaltar que, según constancia secretarial obrante a folio 204, el término de ejecutoria de la sentencia emitida por el Juzgado transcurrió el 19, 20 y 21 de noviembre de 2003 y dentro de éste las partes guardaron silencio.
Así las cosas, una vez analizada la decisión judicial que se revisa, esta Sala de la Corte considera que está plenamente configurada la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invocada por la UGPP, pues dicha providencia efectivamente ordenó el pago de una prestación periódica en una cuantía que excede lo debido, por las razones que a continuación se explican:
En el marco de distintas revisiones promovidas por la UGPP contra sentencias judiciales, esta Corporación ha determinado que el ingreso base de liquidación de los servidores públicos pertenecientes al régimen de transición no es otro que el regulado por los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según le faltare al afiliado un tiempo igual o superior a 10 años para causar el derecho o un tiempo inferior. Así, por ejemplo, en sentencia CSJ SL4328-2022, señaló:
[…] en la sentencia de revisión CSJ SL3276-2018, reiterada en CSJ SL4607-2020, esta Sala mantuvo su criterio conforme al cual, el IBL de los beneficiarios del régimen de transición es el previsto en la Ley 100 de 1993, el cual, valga recordar, puede ser el consagrado en el artículo 21 o en el 36 de esa ley, dependiendo de si al afiliado le hacía falta un tiempo igual o superior a 10 años para causar el derecho o un tiempo inferior. Lo anterior, sin importar cuál sea el régimen anterior que le resulte aplicable en virtud de las normas que gobiernan la transición pensional (CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 33343, reiterada en CSJ: SL, 24 feb. 2009, rad. 31711, SL15602-2014, SL6476-2015, SL12998-2015, SL8563-2016, SL9808-2016, SL2510-2017, SL4093-2017, SL13184-2017 y SL2954-2021).
En la misma providencia sostuvo:
En efecto, en sentencia CSJ SL3276-2018, a cuyos argumentos se remite la Corte para reafirmar su posición en esta oportunidad, se explicó:
Cabe destacar que desde los albores del nuevo sistema general de pensiones, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido sosteniendo de forma pacífica, reiterada y unívoca que la transición no supuso la prórroga indefinida de los regímenes pensionales anteriores en todos sus componentes, sino respeto de las tres condiciones ya mencionadas, por lo que los demás aspectos, tales como la base reguladora o ingreso base de liquidación, se rigen, íntegramente, por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 44238; CSJ SL, 17 abr. 2012, rad. 53037; CSJ SL 570-2013; CSJ SL4649-2014; CSJ SL2982-2015, CSJ SL17021-2016, SL2510-2017 y SL057-2018, entre muchas otras más).
Así mismo, la jurisprudencia de esta Corporación ha insistido en que su criterio interpretativo no presupone una negación del principio de favorabilidad en su vertiente interpretativa, dado que la comprensión que se inclina por la tesis opuesta según la cual el IBL se determina con el régimen anterior, contradice la claridad del texto legal y su finalidad, y además conspira contra otros valores y principios definitorios de la Constitución Política. Por lo anterior, la Sala ha descartado la existencia de una real colisión interpretativa, pues a su juicio, la única o más sólida lectura es que las pensiones del régimen de transición se liquidan conforme lo prevé la Ley 100 de 1993.
En efecto, esta Corporación ha dicho que «la supresión de algunos beneficios desproporcionados, sectorizados y financiados mediante subsidios carentes de relación con el promedio real de ingresos percibidos en la vida laboral, antes que violar la Carta Política de 1991, es un claro desarrollo de los principios de solidaridad, universalidad y eficiencia por los que propugna la Constitución en la construcción de un modelo de protección social equitativo» (CSJ SL17021-2016).
Por lo demás, este profundo convencimiento interpretativo no ha tenido al interior de la Corte vacilaciones o fluctuaciones, y en la actualidad es suscrito también por la Corte Constitucional (SU 230-2015 y SU 395-2017), bajo el argumento de que resulta contrario al principio de igualdad la concesión de privilegios pensionales que no corresponden a los ingresos reales devengados en la vida laboral del trabajador y que, por tanto, atrofian la sostenibilidad del sistema mediante subsidios en detrimento de los derechos de la generalidad de los colombianos.
De otro lado, con relación a los factores salariales a tener en cuenta para liquidar las pensiones de dichos servidores, el criterio consolidado de la Sala ha definido que son los consignados en el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994, modificatorio del artículo 6.° del Decreto 691 de 1994. Al respecto, en la misma providencia CSJ SL4328-2022, que reiteró lo consignado en la CSJ SL3276-2018, esta Corporación puntualizó:
[…] En efecto, en la referida providencia, que a su vez reiteró las decisiones CSJ SL, 29 may. 2012, 44206, CSJ SL1851-2014 y CSJ SL4870-2017, la Corte sentó su criterio así:
En punto a los ingresos que deben tenerse en cuenta para calcular el monto de la mesada de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición, hay que tomar los salarios devengados y reportados como base de cotización -artículo 28 del Decreto 748 de 1995- y los factores salariales previstos en el artículo 1.° Decreto 1158 de 1994. En efecto, esta Corporación también de forma lineal y repetida, ha sostenido que los factores salariales a tener en cuenta para liquidar las pensiones de los servidores públicos que causaron sus prestaciones en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, son los consignados en el artículo 1.° Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6.° del Decreto 691 de 1994. Por ejemplo, en fallo CSJ SL, 26 feb. 2002, 17192, reiterado en CSJ SL, 29 may. 2012, 44206, CSJ SL1851-2014 y CSJ SL4870-2017, expuso:
El artículo 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993, no define los elementos integrantes de la remuneración del afiliado sujeto al régimen de transición, que conforman el ingreso base para calcular el monto de las cotizaciones obligatorias al Sistema General de Pensiones, ni tampoco los que deben conformar el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez, sino que establece los periodos de remuneración que deben tomarse en cuenta para determinar este ingreso.
Por consiguiente, para los referidos efectos resulta indispensable remitirse a lo que dispone el artículo 18 de la ley de seguridad social en cuanto define que el salario mensual base de cotización para los trabajadores particulares será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y que el salario mensual base de cotización para los servidores del sector público será el que se señale, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992. Y no debe perderse de vista lo que precisaron las normas reglamentarias al respecto para trabajadores particulares y para servidores públicos.
Surge entonces de lo expuesto que el juzgador de segundo grado no se equivocó al aplicar en este caso el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1158 de 1994 que señala los factores que determinan el salario mensual de base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos, dado que esta disposición forma parte de dicho régimen y en ella no se hace exclusión de ninguna clase.
De lo anterior se colige que no incurrió el ad quem en infracción directa de los artículos 1º y 3º inciso 3º de la Ley 33 de 1985, y 1º inciso 3º de la Ley de 1985, pues, de acuerdo con lo ya resuelto por esta Sala, para efectos de determinar los factores salariales integrantes del IBL se aplica la norma vigente al momento de la causación del derecho, esto es el D.R. 1158 de 1994.
En ese contexto, confrontada la sentencia objeto de revisión con los criterios jurisprudenciales señalados, la Sala reitera que en el presente asunto se encuentra fundada la causal b) de revisión propuesta por la UGPP, en la medida en que la sentencia revisada ordenó una reliquidación pensional en una suma que excede la debida legalmente, en tanto: i) no tuvo en cuenta que el Decreto 546 de 1971, en desarrollo del régimen de transición, era aplicable únicamente en cuanto a edad, tiempo y monto al entonces demandante; ii) por ello, no le era posible acudir al IBL del mencionado decreto, sino el establecido en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y iii) pasó por alto el Decreto 1158 de 1994, que regula los factores salariales que han debido tenerse en cuenta para liquidar la pensión cuestionada, pues incluyó la asignación básica, prima especial, gastos de representación, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación por compensación y el 100% de la bonificación por servicios.
De este modo, al no haber emitido la providencia conforme a estos lineamientos, el juzgador del proceso ordinario laboral impuso al erario una pensión que excede lo debido de acuerdo al ordenamiento jurídico.
Por lo expuesto, se invalidará la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 18 de noviembre de 2003. De conformidad con este resultado, la Sala se exime del estudio de la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, propuesta de igual forma por la entidad, sobre la presunta violación al debido proceso.
En reemplazo de tal decisión judicial, se absolverá a la extinta Cajanal, hoy representada por la UGPP, de las pretensiones de la demanda ordinaria laboral, consistentes en reajustar la pensión de jubilación que le fue otorgada al demandante por Cajanal en los términos del artículo 6º del Decreto 546 de 1971, teniendo en cuenta la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, incluidos la totalidad de factores salariales percibidos, en especial, el 100% de la bonificación de servicios.
Lo anterior, en tanto que, una vez verificados los actos administrativos de reconocimiento pensional obrantes en el expediente, esto es, las Resoluciones 014724 de 5 de junio de 2001 y 08707 de 3 mayo de 2002, en efecto, Cajanal reconoció la pensión de jubilación cuestionada, liquidada con el 75% del promedio del salario devengado en los últimos 6 años, 10 meses y 28 días, y reliquidada con el promedio de los últimos 7 años, 4 meses y 1 día, teniendo en cuenta los factores salariales del Decreto 1158 de 1994, para lo cual incluyó la doceava parte de la bonificación por servicios prestados para cada anualidad.
Esto último también resulta acertado, porque se infiere que solo esa porción de tal emolumento, podía incluirse en la base de liquidación de la mencionada prestación, por lo menos en su promedio anual, pues se trata de una bonificación que se causa por el cumplimiento de un año continuo de labor y se paga una sola vez por anualidad, de modo que cuando el artículo 6o del Decreto 546 de 1971 dispone que la pensión se concedería con el 75% de la asignación mensual más alta, debe incluirse no el 100% de la bonificación, sino tan solo la doceava parte.
En consecuencia, la UGPP deberá realizar los reajustes sobre la pensión, que se deriven de la presente decisión.
Por último, no se dispondrá la devolución de las sumas de dinero que fueron pagadas en exceso, toda vez que no es posible imputar al difunto Osorio Araque ni a su sucesora pensional María Aydhee Sánchez Rendón, una conducta desprovista de buena fe, dado que la reliquidación de la pensión fue consecuencia de un pronunciamiento judicial que se encontraba en firme y amparado por la presunción de legalidad y acierto, el que, además, fue producto del ejercicio legítimo del derecho de acción, sin que se adviertan conductas indicativas de colusión o fraude.
Sin costas dada la prosperidad de la revisión.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: RECONOCER PERSONERÍA para actuar dentro del presente asunto a la firma LYDM Consultoría & Asesoría Jurídica S.A.S., representada legalmente por la abogada Lucía Arbeláez de Tobón, con tarjeta profesional n.° 10.254 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en los términos y para los efectos de la escritura pública obrante en el cuaderno digital de la Corte.
SEGUNDO: NEGAR la medida cautelar solicitada.
TERCERO: DECLARAR fundada la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la UGPP.
CUARTO: INVALIDAR la sentencia emitida el 18 de noviembre de 2003 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral que promovió el señor JUAN PABLO OSORIO ARAQUE contra la extinta CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL.
QUINTO: En sustitución de la referida decisión, ABSOLVER a la extinta Cajanal, hoy representada por la UGPP, de la totalidad de las pretensiones de la demanda, consistentes en reajustar la pensión de jubilación que le fue otorgada por Cajanal en los términos del artículo 6º del Decreto 546 de 1971, teniendo en cuenta la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, incluidos la totalidad de factores salariales percibidos, en especial, el 100% de la bonificación de servicios.
SEXTO: En firme este proveído, por Secretaría envíese copia para que se agregue al expediente, al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira.
SÉPTIMO: SIN COSTAS.
OCTAVO: Ejecutoriada la presente providencia, ARCHIVAR el expediente.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
Salvo voto
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Salvo voto
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Magistrada ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n.º 79238
Acta 34
Referencia: Revisión promovida por la UNIDAD ADMINISTRADORA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-, contra a sentencia de 18 de noviembre de 2003, proferida por el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA dentro del proceso ordinario instaurado por JUAN PABLO OSORIO ARAQUE contra la extinta CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, como lo manifesté en la sesión donde se debatió el tema, salvo el voto, en cuanto a la competencia que se tiene para conocer de la presente revisión contra la sentencia emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 18 de noviembre de 2003, por las razones que paso a exponer a continuación.
Conforme lo expresara en asuntos similares al presente, entre ellos en providencias CSJ AL1245-2019, CSJ AL5063-2019 y CSJ AL2749-2020, en mi criterio, la competencia para conocer del presente trámite corresponde a los Tribunales Superiores, y en este caso en particular al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, atendiendo lo señalado por el literal b) del numeral 6.º del artículo 15 del CPTSS, y por tal razón no había lugar a efectuar actuación por parte de esta Sala.
Lo anterior, por cuanto como lo dejara allí precisado, el artículo 30 de la Ley 712 de 2001, consagrara el recurso extraordinario de revisión contra sentencias ejecutoriadas de esta Sala, de las salas laborales de los Tribunales Superiores y de los jueces laborales, así como contra las conciliaciones.
Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contempló la revisión contra las providencias judiciales, las transacciones y las conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconozcan sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, a cargo del tesoro o a los fondos de naturaleza pública, indicando que estas «podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias», agregando en su inciso tercero que «La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código» (negrillas fuera de texto)
Luego, el artículo 20 de la Ley 797/03, lo que hizo, fue simple y llanamente, incluir unas nuevas causales del recurso extraordinario de revisión a las previstas por en materia laboral por la Ley 712 de 2001, pero en modo alguno crear una acción de revisión autónoma e independiente, pues de llegar a razonarse en este último sentido, tal situación tendría enormes implicaciones desde diferentes tópicos procesales, pues no puede ser igual tratar una figura procesal como un recurso a catalogarla como una acción.
Lo anterior, por cuanto como lo señalara en las citadas providencias:
En efecto, si los recursos se constituyen en los medios de impugnación de los actos procesales al alcance de las partes o terceros intervinientes, a través de los cuales estos pueden procurar la enmienda de aquellas resoluciones que por considerarse erradas resultan lesivas a sus intereses, no existe duda alguna que la revisión, no solo la que alude el artículo 30 de la L. 712/ O1, sino también la del artículo 20 de la L. 797/ 03, comparten ese mismo propósito, y por ende, vuelve y se reitera, en ambos casos se trata del mismo recurso extraordinario de revisión.
En este orden de ideas, aun cuando esta Corporación ha venido conociendo de los recursos extraordinarios de revisión o acciones de revisión contra las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia, como la del caso de autos, con fundamento en las normas arriba transcritas, considero que la Sala carece de competencia por cuanto el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en su artículo 15, modificado por el artículo 1 O de la L. 712/O 1, al referirse a la competencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, establece en su numeral 5, que la Corte conoce "Del recurso de revisión que no esté atribuido a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, y que las Salas Laborales de los Tribunales conocen 6. "Del recurso de revisión, contra las sentencias dictadas por los jueces de circuito laboral». (Subrayado y negrillas fuera de texto)
De lo anterior se colige entonces que, el artículo15 del CPTSS establece expresamente la competencia para conocer de los recursos de revisión; siendo ello así, cuando el artículo 20 de la L. 797/03, hace mención a la procedencia de dicho recurso respecto de sentencias judiciales que cuando en ellas se ordene reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, el deber de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, y que estas podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, «de acuerdo con sus competencias», y «por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código», ello no significa de manera alguna, que esta Corporación deba conocer de las aludidas providencias, puesto que, las frases transcritas, no se están refiriendo a las competencias jurisdiccionales sino a las funcionales.
Dicho de otra manera, cuando el referido artículo de la L. 797/03, indica que el Consejo de Estado o la Corte Suprema, de acuerdo a sus competencias y conforme al procedimiento señalado por el respectivo Código, podrán revisar las providencias que se demanden invocado las causales de este artículo, nos remite inequívocamente a la competencia funcional que establece el artículo 15 del CPTSS.
De otra parte, en lo atinente al término que tiene la UGPP para adelantar la presente revisión, debe tenerse en cuenta, que la sentencia CC C-835-2023 de septiembre, emitida por la Corte Constitucional, declaró inexequible la expresión en «cualquier tiempo», que consagraba el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en donde se instituyó la figura de la revisión, a la que no hemos venido refiriendo.
Con fundamento de dicha decisión, la mencionada Corporación sostuvo:
Ahora bien, según se ha visto el inciso tercero del artículo 20 dispone que la revisión podrá solicitarse en cualquier tiempo. Es decir, que en relación con el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión no opera el término de dos años que prescribe el Código Contencioso Administrativo, ni el término de seis meses que prevé el artículo 32 de la ley 712 de 2001 para su interposición, cuando quiera que se trate de los actos estipulados como revisables en términos del artículo 20 de la ley 797 de 2003.
Entonces, la expresión "en cualquier tiempo", ¿es constitucional? La respuesta es no.
En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción sin prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y por supuesto, de la inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al cabo de un tiempo debidamente determinado por la ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede abandonarse a la suerte de un ad calendas graecas.
Paradójicamente, considerando que el recurso extraordinario de revisión se instituyó para el restablecimiento de la justicia material, con la indeterminación que la norma exhibe se allanaría el camino para el advenimiento de lo contrario, pues, ¿de qué justicia social podría hablarse en un país en el que todos los actos que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones se hallarían sin remedio bajo la férula de una perpetua inseguridad jurídica? La norma bajo examen bien puede perseguir un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa del Tesoro Público. Sin embargo, a la luz de sus consecuencias resulta notoriamente irracional y desproporcionada. Valga recordar que el procedimiento es vehículo impulsor y definitorio de los derechos, deberes y garantías que la Constitución Política y la ley establecen a favor de las personas. (Negrillas fuera de texto original).
En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1 C.P.), en la medida en que desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste la función de propugnar por la integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los derechos de todas las personas frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Consecuentemente, la Corporación declarará la inexequibilidad de la expresión examinada.
Igualmente, los vicios que afectan a la expresión "en cualquier tiempo", contenida en el tercer inciso del artículo 20 impugnado, dada su conexidad temática y teleológica, hacen metástasis en la misma expresión "en cualquier tiempo", vertida en el primer inciso del mismo artículo; motivo por el cual la decisión de inexequibilidad las comprenderá por igual, según se verá en la parte resolutiva de esta sentencia.
Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo. (Negrillas fuera de texto original).
Y más adelante agrega:
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra una acción especial o sui génesis de revisión y ordena que se tramite por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código, esto es el procedimiento contencioso administrativo o laboral, o normas que los modifiquen y como quiera que se declaró inexequible la expresión en cualquier tiempo, mientras el legislador establece un nuevo plazo, se tendrá como tal el que el legislador contempla actualmente para el recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, según sea el órgano competente en cada caso. (Negrillas fuera de texto original).
También precisa la Corte que ese plazo, comenzará a contarse a partir del día siguiente de la notificación de esta sentencia. (Negrillas fuera de texto original).
De lo anterior, fácilmente se puede concluir entonces que, el término para adelantar la revisión, en materia laboral, es el establecido en el artículo 32 de la Ley 712/01, esto es, cinco (5) años contados desde la ejecutoria de la sentencia, hecho que para cuando se instauró el presente trámite, el 9 de noviembre de 2017, evidentemente se encontraba vencido, puesto que acorde con la fecha en que se profirió la misma, quedó ejecutoriada el 21 de noviembre de 2003, según constancia secretarial que obra a folio 204 del expediente de primera instancia.
En este orden de ideas, en mi criterio, el término para impetrar la tantas veces mencionada revisión, ya caducó, sin que sea de recibo acoger lo indicado en la sentencia CC-SU427/16, en donde contabiliza ese tiempo desde cuando la UGPP asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a su cargo Cajanal – 12 de junio de 2013, puesto que no puede el ciudadano sufrir las consecuencias de la omisión de la entidad encargada de ejercer las respectivas acciones para aquella época, en este caso la Caja Nacional de Previsión Social, por cuanto ello implica desconocer la sentencia de constitucionalidad, arriba referida, y de paso afectar los derechos adquiridos otorgados en virtud de las decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas, desconociéndose además el principio de confianza legítima y creando inseguridad jurídica; razón de más por lo que no ha debido la Corporación, siquiera asumir el conocimiento.
En los anteriores términos, dejo consignada mi discrepancia.
Fecha ut supra,
SALVAMENTO DE VOTO
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA
Magistrada ponente
Radicación n.° 79238
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP- vs. JUAN PABLO OSORIO ARAQUE
Tal y como lo manifesté en la Sala, mi distanciamiento de la decisión adoptada en el asunto de la referencia radica, esencialmente, en no compartir el razonamiento de la mayoría en cuanto a que la UGPP dispone de un término especial, adicional, para interponer la revisión contra aquellas sentencias en que dicha entidad está legitimada para representar los intereses de Cajanal EICE, con fundamento en que el término para la UGPP corrió desde el 12 de junio de 2013, fecha en la que asumió la defensa de los asuntos que tenía a cargo la citada entidad, ya extinta.
En efecto, es pacífico al interior de la Sala el discernimiento, según el cual, en los términos originales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales, transacciones y conciliaciones judiciales y extrajudiciales que impongan el pago de sumas periódicas a cargo del tesoro o fondos de naturaleza pública, pueden ser revisadas «en cualquier tiempo», por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.
Dicha expresión fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-835-2003, de manera tal que, en palabras de la misma decisión, el plazo para interponer la acción es el consagrado genéricamente para el recurso extraordinario de revisión en cada jurisdicción, el cual, en materia ordinaria laboral, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 712 de 2001, es de «seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia penal sin que pueda excederse de cinco (5) años contados a partir de la sentencia laboral o de la conciliación, según el caso».
Cabe agregar que según la mentada sentencia CC C-835-2003, el plazo para interponer el recurso «se aplica a todas las hipótesis del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que hayan ocurrido con anterioridad a este fallo o que ocurran con posterioridad a él», y debe comenzar a contarse a partir «del día siguiente de la notificación de esta sentencia».
Así pues, de una lectura armónica de las anteriores reglas, la Sala ha definido que el plazo para interponer la acción de revisión, por las especiales causales establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es de cinco (5) años contados desde la fecha de creación del acto o ejecutoria de la providencia que se pretende anular, o de la notificación de la sentencia de la Corte Constitucional CC C-835-2003, si el acto es anterior a esta, frente a lo cual no tengo ningún reparo.
Pero, no ocurre lo mismo en tanto se ha aceptado mayoritariamente la tesis de que el término de caducidad de los cinco (5) años dispuesto por la Ley 712 de 2001, corre a partir del 12 de junio de 2013 para la UGPP, acogiendo lo indicado en la sentencia CC SU-427-2016, como quiera que dicha providencia afirmó que:
7.22. Así las cosas, sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, por lo que esa es la disposición que debe regir la caducidad para casos como el estudiado por la Sala en esta oportunidad. En consecuencia, establecido el término de 5 años para incoar el instrumento de revisión, este Tribunal advierte que, para su contabilización, se fijó como parámetro la ejecutoria de la providencia judicial, el cual no puede servir como referente para determinar la caducidad respecto a la UGPP, en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal, por lo que la Sala estima pertinente entender que el plazo para acudir a dicho instrumento debe iniciarse a contar no antes del día en que la demandante asumió las funciones de esta última empresa, es decir, con posterioridad al 12 de junio de 2013.
Lo cierto es que el plazo fijado por el artículo 32 de la Ley 712 de 2001 es de caducidad y que, tal como lo ha expresado la jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia, dicho instituto extingue la acción por el simple paso del tiempo y no admite interrupción, suspensión, modificación, renuncia expresa ni tácita, etc.
En efecto, dijo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SC, 19 nov. 1976, GJ CLII, n.° 2393, pág. 497 a 509, citando una providencia de 1.° de octubre de 1945 (CXI):
La caducidad, en concepto de la doctrina y la jurisprudencia, está ligada con el concepto de plazo extintivo en sus especies de perentorio e improrrogable; el que, vencido, la produce sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria. De ahí que pueda afirmarse que hay caducidad cuando no se ha ejercitado un derecho dentro del término que ha sido fijado por la ley para su ejercicio. El fin de la prescripción es tener extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado; mientras que el fin de la caducidad es preestablecer el tiempo en el cual el derecho puede ser útilmente ejercitado. Por ello, en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio del derecho, o sea la negligencia real o supuesta del titular; mientras que en la a caducidad se considera únicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia del titular, y aún la imposibilidad de hecho. (Subrayas propias)
Para mayor claridad, conviene también transcribir un pronunciamiento, posterior, de la Sala Civil (CSJ SC, 28 abr. 2011, rad. 41001-3103-004-2005-00054-01), en el cual delineó las características de la caducidad de la siguiente manera:
En cuanto a sus contornos definidos, la jurisprudencia civil, tiene dicho:
a) “[E]xtingue derechos” (cas. civ. sentencia de 4 de noviembre de 1930, XXXVIII, 424).
b) “[O]pera ipso jure y sus efectos se cumplen fuera del alcance de la voluntad particular, como un imperioso mecanismo legal” (cas. civ. sentencia de 11 de mayo de 1948, LXIV, 371).
c) “[E]stá ligada con el concepto de plazo extintivo en sus especies de perentorio e improrrogable; el que vencido la produce sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria. De ahí que pueda afirmarse que hay caducidad cuando no se ha ejercitado un derecho dentro del término que ha sido fijado por la ley para su ejercicio. … [E]n la caducidad se considera únicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado…” (cas. civ. sentencia de 19 de noviembre de 1976, CLII, 505 ss.).
d) “[E]s de carácter perentorio, de orden público, no renunciable en consecuencia por los particulares y no susceptible de interrupción ni suspensión civil, como ocurre con la prescripción. Se trata en este caso de un plazo prefijado por la ley para el ejercicio del derecho de acción, a cuyo vencimiento se produce fatalmente la decadencia del derecho a reclamar que se ponga en movimiento la actividad de la rama judicial del Estado para proveer, mediante sentencia, sobre esa pretensión y, precisamente por ello, la caducidad autoriza al funcionario judicial para rechazar de plano la demanda cuando de ella o sus anexos aparezca la extinción del ‘término de caducidad para instaurarla’ (art. 85, C.P.C.), doctrina reiterada entre otros, en fallos de 2 y 16 de agosto de 1972 (G.J., tomo CXXXIII, pág.84), 5 de abril de 1973, 5 de diciembre de 1974, 29 de abril, 20 de junio y 4 de julio de 1975 y, recientemente, en sentencia No. 269 de 19 de julio de 1990 (Ordinario Rubiela de Jesús y Elsy de Jesús Parra contra Zoila de Jesús Londoño y otros)” (cas. civ. Sentencia de 22 de febrero de 1995, Exp. N° 4455).
e) “[E]l vocablo … se encuentra sustancialmente determinado por el tiempo o el plazo. … descansa, en últimas, sobre imperativos de certidumbre y seguridad … el tiempo ... corresponde a la funcionalidad típica de la institución, de modo que se requiere únicamente su transcurrir para que operen sus efectos letales, esto es que el término constituye, por sí mismo, una condición para el ejercicio idóneo del derecho, un requisito del mismo, de manera que si éste no se realiza oportunamente, se extingue sin necesidad de la concurrencia de otros requerimientos, esto es, sin que sea menester v. gr. alegarlo. ….[C]on la caducidad se pretende la seguridad de las diversas relaciones jurídicas como premisa indispensable de la estabilidad del tráfico jurídico, mediante el señalamiento de un plazo - dies fatalis - que no se suspende y que, por ende, se cumple inexorablemente a la hora precisa, es factible que el juez pueda decretarla de oficio, pues resultaría inaceptable que vencido dicho plazo, se oyera al demandante cuya potestad ya se extinguió. Desde esta perspectiva es palmario que la caducidad opera automáticamente, esto es, que no es necesaria instancia de parte para ser reconocida” (cas. civ. sentencia de 23 de septiembre de 2002, Exp. No. 6054; en el mismo sentido, Sala de Negocios Generales, SNG, 1º de octubre de 1945, CXI, 690; 1º de octubre de 1946, LXI, 588 y ss.; 11 de mayo de 1948, LXVIV, 371; cas. civ. sentencias de 28 de marzo de 1928, 7 de mayo de 1923, 27 de abril de 1972, 5 de diciembre de 1974, 22 de septiembre de 1955, LXXXI, 152; 19 noviembre de 1976, CLII, 505 y ss.). (Subrayas y cursivas propias)
Para mayor claridad, la propia Sala Civil expresó el alcance de sus asertos en la providencia en cita, como a continuación se señala:
Para ser más exactos, la caducidad extingue el derecho, y por ende, la acción por el simple paso del tiempo, al no hacerse valer dentro del plazo legal perentorio, esto es, basta el dato objetivo del transcurso del último día del término para generar el efecto jurídico consecuencia de la pérdida ex tunc. O, en otras palabras, la extinción del derecho por el transcurso del plazo para su ejercicio, implica la extinción de la acción.
Ha de precisarse también que, en la caducidad la extinción del derecho, se produce automáticamente, por sí y ante sí, y por ministerio de la ley, si bien el juzgador está obligado a declararla ex officio o a petición de parte. Asimismo, adviértase que la caducidad está inspirada en elementales exigencias de seguridad, certeza y estabilidad jurídica, culmina un estado de incertidumbre e impone en determinadas situaciones subjetivas al titular del derecho, la imperiosa necesidad de hacerlo valer en la forma y en el término predispuesto por la ley, so pena de perderlo.
De acuerdo con estos lineamientos, para la Sala, es palmario que cuando la ley señala un término de caducidad, el derecho indefectiblemente debe ejercerse en el término prefijado por el ordenamiento jurídico, so pena de caducar, fenecer, concluir, terminar o extinguirse por su simple transcurso, verificación o consumación, es decir, su existencia, duración y eficacia se inserta en el plazo concreto, determinado, preordenado, definido y señalado ex ante en la norma, dentro del cual debe ejercitarse.
De consiguiente, el efecto extintivo del derecho por caducidad, actúa al verificarse el plazo, per se, per ministerium legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular.
Justamente al obedecer al orden público, ius cogens o derecho imperativo de la Nación, la caducidad excluye toda posibilidad de disposición, modificación, reducción, ampliación, interrupción o suspensión, corre inexorable e infaliblemente a partir del momento predispuesto en el factum normativo, a cuya verificación al efecto jurídico consecuente e inmediato es la extinción completa, absoluta y definitiva del derecho. En tal virtud, la caducidad es de origen legal y no se confunde con las impropiamente llamadas ‘clausulas negociales de caducidad’, genuinos plazos preclusivos con efectos extintivos, por la posibilidad de su disposición ulterior, sea para su terminación, ora variación e incluso renuncia a sus efectos producidos.
En sentido análogo, las incontestables razones de orden público en las cuales se funda la caducidad atañen a la seguridad, certeza, regularidad o firmeza de las relaciones jurídicas, así como a prístinos deberes imperantes en el tráfico jurídico de lealtad, corrección, probidad, claridad y sagacidad exigibles a los sujetos en el ejercicio de sus derechos. Por esta inteligencia, la caducidad puede y debe declararse ex officio por el juzgador o, a solicitud de parte, pero en todo caso, su efecto se produce por disposición legal sin requerir declaración alguna. (Subrayas propias)
Ante ese panorama normativo y jurisprudencial, me resulta imposible seguir aceptando que, en el raciocinio de la Corte Constitucional, prohijado en diversas sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como ésta en la cual estoy salvando el voto, se siga sosteniendo sin más que dado el «estado de cosas inconstitucional» en que se encontraba Cajanal EICE, el término de caducidad de los cinco (5) años que debe contarse a partir de la ejecutoria de la sentencia o del acto controvertido en revisión, sufra una suerte de interrupción o suspensión, para ser retomado sólo a partir del 12 de junio de 2013, sin que sea suficiente para respaldar tal obrar, la afirmación de que ello es así porque se están protegiendo recursos públicos.
Tampoco puedo concebir que la revisión se convierta en una institución que permita resucitar los términos o plazos, insisto, perentorios e improrrogables en los cuales no fue ejercida y que, so pretexto de la subrogación o sustitución de entidades pensionales, como por arte de magia, vuelva a contarse el término para proteger al erario.
Lo anterior, porque considero que los ciudadanos del común no tienen por qué soportar una circunstancia como la descrita en precedencia, obviándose, además, el hecho de que al decretarse la liquidación de Cajanal EICE, mediante Decreto 2196 de 2009, modificado por el Decreto 2040 de 2011, diversas entidades asumieron su posición para darle cumplimiento a la actividad administrativa y misional en materia pensional que le era inherente y, por tanto, dichos entes tuvieron la posibilidad de actuar como verdaderos sucesores procesales, por activa y por pasiva, tal como de manera prolija detalló esta misma Sala de Casación en reciente pronunciamiento CSJ SL1732-2022, en un asunto referido al reconocimiento y pago de cuotas partes pensionales.
La aplicación de la caducidad, en los términos que sostiene la mayoría de la Sala, llevaría al absurdo de sostener que sería factible presentar la revisión contra una sentencia judicial más allá del término imperativo de cinco años, y revivir este término cada vez que se cree una nueva entidad pública que se encargue de la defensa judicial de las obligaciones pensionales, que resulta a todas luces desproporcionado y contrario al principio de seguridad jurídica.
Así las cosas, no creo factible soslayar las características y naturaleza de la caducidad, --de orden público-- como lo he explicado, razón por la cual, en aquellos casos, como el presente, en que la sentencia objetada quedó ejecutoriada el 21 de noviembre de 2003, la interposición de la revisión, en estricto sentido, podía acaecer hasta el 20 de noviembre de 2008 y, en realidad, ocurrió el 09 de noviembre de 2017, es decir, casi nueve (9) años después, más allá de los cinco que se han determinado como plazo máximo, según el artículo 32 de la Ley 712 de 2001. Incluso, para el último día de los cinco años para promover la revisión, Cajanal existía y tenía legitimación para hacerlo, pero guardó absoluto silencio.
De consiguiente, la Sala carecería de competencia para realizar trámite alguno dentro de estas diligencias.
Por la brevedad debida, dejó así salvada mi posición frente a la decisión adoptada.
Fecha ut supra,
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
MAGISTRADO
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