Ficha de la providencia
Sentencia SL4328-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL4328-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL4328-2022
Magistrado ponente: Ivan Mauricio Lenis Gomez
23 de noviembre de 2022
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
SL4328-2022
Radicación n.° 80264
Acta 40
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
La Sala decide la demanda de revisión promovida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP- contra las sentencias proferidas por el Juez Séptimo Laboral del Circuito de Medellín y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín el 31 de octubre de 2008 y 30 de octubre de 2009, respectivamente, en el marco del proceso ordinario laboral que MARGARITA MARÍA GÓMEZ GALLEGO promovió contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL -CAJANAL.
Se acepta el impedimento que manifestó el doctor Francisco Escobar Henríquez para conocer del presente asunto. Por lo tanto, se le apartará de su conocimiento.
ANTECEDENTES
Con fundamento en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la UGPP solicita a esta Corporación la revocatoria de las referidas sentencias y, en consecuencia, se ordene la reliquidación de la pensión de jubilación de Margarita María Gómez Gallego, teniendo en cuenta el IBL previsto en la Ley 100 de 1993 y los factores base de cotización fijados en el Decreto 1158 de 1994. Asimismo, pretende que la pensionada reintegre a la UGPP los dineros que recibió en virtud de la Resolución UGM n.º 034258 de 21 de febrero de 2012, en la cual se dio cumplimiento a las resoluciones judiciales aquí controvertidas.
En respaldo de sus pretensiones, relata que: Gómez Gallego nació el 18 de mayo de 1954; laboró en la Rama Judicial desde el 10 de octubre de 1979 hasta el «1 de noviembre de 2006» (sic), en el cargo de Juez Primero Promiscuo de Familia de Bolívar; mediante Resoluciones n.º 22862 de 10 de agosto de 2005, 7963 de 22 de noviembre de 2005 y 33877 de 10 de julio de 2007, Cajanal le reconoció pensión de jubilación, liquidada con el 75% del promedio de los salarios devengados en los últimos 10 años -10 de febrero de 1996 a 9 de febrero de 2006-, para lo cual tuvo en cuenta su calidad de beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, así como los factores salariales del Decreto 1158 de 1994.
Asegura que Gómez Gallego promovió proceso ordinario laboral contra Cajanal, el cual culminó mediante sentencia de 31 de octubre de 2008, emitida por el Juez Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, confirmada el 30 de octubre de 2009 por el Tribunal Superior de la misma ciudad, a través de la cual se condenó a aquella entidad a reajustar la mesada pensional en la suma de $4.703.048, a partir del 1.º de octubre de 2008, ordenó el pago de un retroactivo de $95.438.735 y dispuso el reconocimiento de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Afirma que en Resolución UGM n.º 034258 de 21 de febrero de 2012, aclarada en Resolución n.º RPD 023179 de 21 de mayo de 2013, la UGPP dio cumplimiento a las citadas resoluciones judiciales.
A juicio de la entidad accionante, los fallos cuestionados son ilegales, debido a que en las sentencias C-168 de 1995, C-258-2013 y SU-230-2015 la Corte Constitucional puso fin a los diferentes criterios interpretativos de las Altas Cortes, al señalar que el régimen de transición solo garantiza la edad, el tiempo y el porcentaje o tasa de reemplazo, no así el ingreso base de liquidación (IBL), el cual se determina conforme a las reglas del artículo 21 o 36 de la Ley 100 de 1993. Igualmente, argumenta que los factores salariales a tener en cuenta en la liquidación son los previstos taxativamente en el artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994.
Por medio de curador ad-litem, la demandada se opuso a las pretensiones de la demanda. Tras admitir todos los hechos referidos, argumenta que las decisiones judiciales controvertidas se ajustan al ordenamiento jurídico, pues los funcionarios de la Rama Judicial beneficiarios del régimen de transición, cobijados por el Decreto 546 de 1971, tienen derecho a la liquidación de la pensión de jubilación con la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio, teniendo en cuenta todos los factores retributivos de sus servicios. En respaldo, cita la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de fecha 2 de marzo de 2017, radicado n.° 2013-05374-01 (1363-2015).
Por otra parte, refiere que es improcedente la pretensión relativa a la devolución de los dineros recibidos, pues esas sumas fueron percibidas de buena fe, conforme a la normativa y jurisprudencia vigente en esa época.
CONSIDERACIONES
Preliminarmente, es conveniente señalar que la demanda de revisión fue presentada en tiempo, dado que, si bien la sentencia data de octubre de 2009, lo que en principio llevaría a concluir que la demanda es inoportuna, lo cierto es que cuando el proceso lo inicia la UGPP, el plazo de 5 años debe contarse a partir de cuando dicha entidad asumió la defensa judicial de la extinta Cajanal -12 de junio de 2013-, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-427-2016 y esta Corporación en autos AL1479-2018 y AL1932-2018. En consecuencia, al haberse radicado la demanda de revisión ante esta Sala el 22 de marzo de 2018, se estima oportuna.
Claro lo anterior, en este asunto se tiene por demostrado y/o aceptado por ambas partes que: (i) Gómez Gallego nació el 18 de mayo de 1954; (ii) prestó sus servicios a la Rama Judicial desde el 10 de octubre de 1979 hasta el 9 de febrero de 2006; (iii) es beneficiaria del régimen de transición; (iv) en Resolución n.º 22862 de 10 de agosto de 2005, modificada por Resolución n.º 7963 de 22 de noviembre de 2005, Cajanal le reconoció pensión de jubilación con fundamento en el Decreto 546 de 1971, en cuantía de $2.423.481,51, a partir del 18 de mayo de 2004, liquidada con el 75% del promedio de los salarios devengados en los últimos 10 años y con los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, cuyo pago quedó condicionado al retiro del servicio; (v) en Resolución n.º 33877 de 10 de julio de 2007 se ordenó la reliquidación de la pensión en cuantía de $2.709.901,46, con el 75% del promedio de lo devengado en los últimos 10 años -10 de febrero de 1996 al 9 de febrero de 2006- y teniendo en cuenta los factores salariales fijados en el citado Decreto 1158 de 1994, prestación efectiva a partir del 10 de febrero de 2006; (vi) en sentencia de 31 de octubre de 2008, dictada por el Juez Séptimo Laboral del Circuito de Medellín y confirmada por el Tribunal Superior de la misma ciudad el 30 de octubre de 2009, se ordenó a Cajanal el reajuste de la pensión a la suma de $4.703.048, a partir del 1.° de octubre de 2008, más el pago de un retroactivo de $95.438.735; (vii) a dichas decisiones judiciales dio cumplimiento la UGPP a través de la Resolución UGM 034258 de 21 de febrero de 2012, aclarada en Resolución RDP 023179 de 21 de mayo de 2013.
Ahora, a fin de ordenar el reajuste pensional en las resoluciones judiciales controvertidas en revisión, se indicó que el Decreto 546 de 1971 estableció un régimen especial de pensiones, al cual había que dar aplicación integral. Por ello, se precisó que Gómez Gallego tenía derecho a que su pensión de jubilación se liquidase con la asignación más elevada del último año de servicios -9 de febrero de 2005 a 9 de febrero de 2006- y teniendo en cuenta las sumas que habitual y periódicamente percibía por sus servicios, incluidas las primas de vacaciones, de servicios y de navidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, le corresponde a la Corte resolver dos problemas jurídicos: (1) ¿el IBL de los beneficiarios del régimen de transición cuyo régimen anterior es el establecido en el Decreto 546 de 1971, se liquida con base en la «asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio» o conforme a las disposiciones de la Ley 100 de 1993?, y (2) ¿los factores salariales a tener en cuenta en esa liquidación son exclusivamente los establecidos en el artículo 6.º del Decreto 691 de 1994, modificado por el artículo 1.º del Decreto 1158 del mismo año?
Pues bien, en el marco de distintas demandas extraordinarias de revisión promovidas por la UGPP contra sentencias judiciales, esta Corporación ha analizado idénticos problemas jurídicos.
Así, respecto al primero de ellos, en la sentencia de revisión CSJ SL3276-2018, reiterada en CSJ SL4607-2020, esta Sala mantuvo su criterio conforme al cual, el IBL de los beneficiarios del régimen de transición es el previsto en la Ley 100 de 1993, el cual, valga recordar, puede ser el consagrado en el artículo 21 o en el 36 de esa ley, dependiendo de si al afiliado le hacía falta un tiempo igual o superior a 10 años para causar el derecho o un tiempo inferior. Lo anterior, sin importar cuál sea el régimen anterior que le resulte aplicable en virtud de las normas que gobiernan la transición pensional (CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 33343, reiterada en CSJ: SL, 24 feb. 2009, rad. 31711, SL15602-2014, SL6476-2015, SL12998-2015, SL8563-2016, SL9808-2016, SL2510-2017, SL4093-2017, SL13184-2017 y SL2954-2021).
En efecto, en sentencia CSJ SL3276-2018, a cuyos argumentos se remite la Corte para reafirmar su posición en esta oportunidad, se explicó:
Cabe destacar que desde los albores del nuevo sistema general de pensiones, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido sosteniendo de forma pacífica, reiterada y unívoca que la transición no supuso la prórroga indefinida de los regímenes pensionales anteriores en todos sus componentes, sino respeto de las tres condiciones ya mencionadas, por lo que los demás aspectos, tales como la base reguladora o ingreso base de liquidación, se rigen, íntegramente, por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 44238; CSJ SL, 17 abr. 2012, rad. 53037; CSJ SL 570-2013; CSJ SL4649-2014; CSJ SL2982-2015, CSJ SL17021-2016, SL2510-2017 y SL057-2018, entre muchas otras más).
Así mismo, la jurisprudencia de esta Corporación ha insistido en que su criterio interpretativo no presupone una negación del principio de favorabilidad en su vertiente interpretativa, dado que la comprensión que se inclina por la tesis opuesta según la cual el IBL se determina con el régimen anterior, contradice la claridad del texto legal y su finalidad, y además conspira contra otros valores y principios definitorios de la Constitución Política. Por lo anterior, la Sala ha descartado la existencia de una real colisión interpretativa, pues a su juicio, la única o más sólida lectura es que las pensiones del régimen de transición se liquidan conforme lo prevé la Ley 100 de 1993.
En efecto, esta Corporación ha dicho que «la supresión de algunos beneficios desproporcionados, sectorizados y financiados mediante subsidios carentes de relación con el promedio real de ingresos percibidos en la vida laboral, antes que violar la Carta Política de 1991, es un claro desarrollo de los principios de solidaridad, universalidad y eficiencia por los que propugna la Constitución en la construcción de un modelo de protección social equitativo» (CSJ SL17021-2016).
Por lo demás, este profundo convencimiento interpretativo no ha tenido al interior de la Corte vacilaciones o fluctuaciones, y en la actualidad es suscrito también por la Corte Constitucional (SU 230-2015 y SU 395-2017), bajo el argumento de que resulta contrario al principio de igualdad la concesión de privilegios pensionales que no corresponden a los ingresos reales devengados en la vida laboral del trabajador y que, por tanto, atrofian la sostenibilidad del sistema mediante subsidios en detrimento de los derechos de la generalidad de los colombianos.
En lo relativo al segundo problema jurídico, en la misma sentencia CSJ SL3276-2018, la Corte respaldó su criterio consolidado según el cual los factores salariales a tener en cuenta para liquidar las pensiones de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición son los consignados en el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994, modificatorio del artículo 6.° del Decreto 691 de 1994. En efecto, en la referida providencia, que a su vez reiteró las decisiones CSJ SL, 29 may. 2012, 44206, CSJ SL1851-2014 y CSJ SL4870-2017, la Corte sentó su criterio así:
En punto a los ingresos que deben tenerse en cuenta para calcular el monto de la mesada de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición, hay que tomar los salarios devengados y reportados como base de cotización -artículo 28 del Decreto 748 de 1995- y los factores salariales previstos en el artículo 1.° Decreto 1158 de 1994. En efecto, esta Corporación también de forma lineal y repetida, ha sostenido que los factores salariales a tener en cuenta para liquidar las pensiones de los servidores públicos que causaron sus prestaciones en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, son los consignados en el artículo 1.° Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6.° del Decreto 691 de 1994. Por ejemplo, en fallo CSJ SL, 26 feb. 2002, 17192, reiterado en CSJ SL, 29 may. 2012, 44206, CSJ SL1851-2014 y CSJ SL4870-2017, expuso:
El artículo 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993, no define los elementos integrantes de la remuneración del afiliado sujeto al régimen de transición, que conforman el ingreso base para calcular el monto de las cotizaciones obligatorias al Sistema General de Pensiones, ni tampoco los que deben conformar el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez, sino que establece los periodos de remuneración que deben tomarse en cuenta para determinar este ingreso.
Por consiguiente, para los referidos efectos resulta indispensable remitirse a lo que dispone el artículo 18 de la ley de seguridad social en cuanto define que el salario mensual base de cotización para los trabajadores particulares será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y que el salario mensual base de cotización para los servidores del sector público será el que se señale, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992. Y no debe perderse de vista lo que precisaron las normas reglamentarias al respecto para trabajadores particulares y para servidores públicos.
Surge entonces de lo expuesto que el juzgador de segundo grado no se equivocó al aplicar en este caso el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1158 de 1994 que señala los factores que determinan el salario mensual de base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos, dado que esta disposición forma parte de dicho régimen y en ella no se hace exclusión de ninguna clase.
De lo anterior se colige que no incurrió el ad quem en infracción directa de los artículos 1º y 3º inciso 3º de la Ley 33 de 1985, y 1º inciso 3º de la Ley de 1985, pues, de acuerdo con lo ya resuelto por esta Sala, para efectos de determinar los factores salariales integrantes del IBL se aplica la norma vigente al momento de la causación del derecho, esto es el D.R. 1158 de 1994.
Conforme a lo anterior, la Corte estima fundada la causal de revisión alegada, pues las pensiones de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición -sin importar cuál sea la legislación anterior aplicable- se liquidan con base en el IBL establecido en la Ley 100 de 1993 y con los factores salariales consagrados en el artículo 6.º del Decreto 691 de 1994, modificado por el artículo 1.º del Decreto 1158 del mismo año.
Al no haber emitido sus providencias conforme a estos lineamientos, los jueces del proceso ordinario laboral que culminó mediante sentencias de 31 de octubre de 2008 y 30 de octubre de 2009, proferidas por el Juez Séptimo Laboral del Circuito de Medellín y el Tribunal Superior de la misma ciudad, respectivamente, impusieron al erario una pensión que excede lo debido de acuerdo con la ley y por ello se invalidarán estos pronunciamientos.
Por último, no se dispondrá la devolución de las sumas de dinero que fueron pagadas en exceso, toda vez que no es posible imputar a Gómez Gallego una conducta desprovista de buena fe, dado que la reliquidación de la pensión fue consecuencia de un pronunciamiento judicial que se encontraba en firme y amparado por la presunción de legalidad y acierto, el que, además, fue producto del ejercicio legítimo del derecho de acción, sin que se adviertan conductas indicativas de colusión o fraude.
Las costas estarán a cargo de la parte vencida. Se fijan como agencias en derecho la suma de $4.700.000, que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo preceptuado en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: INVALIDAR las sentencias emitidas el 31 de octubre de 2008 y 30 de octubre de 2009, por el Juez Séptimo Laboral del Circuito de Medellín y el Tribunal Superior de la misma ciudad, respectivamente, en el proceso ordinario laboral que Margarita María Gómez Gallego inició a la Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal-.
SEGUNDO: En REEMPLAZO de las referidas decisiones, se ABSUELVE a la Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal- hoy liquidada, de las pretensiones de la demanda ordinaria promovida por Margarita María Gómez Gallego
TERCERO: NEGAR el reintegro de las sumas canceladas en exceso.
CUARTO: COSTAS como se indicó en la parte motiva.
QUINTO: En firme este proveído, por Secretaría ENVÍESE COPIA de la presente decisión al Juez Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, para que forme parte del expediente respectivo.
SEXTO: Por Secretaría ARCHÍVESE el expediente, una vez ejecutoriada la presente providencia.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Salvo voto
FERNANDO CASTILLO CADENA
Aclaro voto
Impedido
FRANCISCO ESCOBAR HENRÍQUEZ
(Conjuez)
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Salvo voto
OMAR ÁNGEL MEJÍIA AMADOR
ZITA FROILA TINOCO AROCHA
(Conjuez)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Recurso extraordinario de Casación
Radicación n.° 80264
Referencia: Revisión promovida por UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP- contra las sentencias proferidas por el Juez Séptimo Laboral del Circuito de Medellín y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín el 31 de octubre de 2008 y 30 de octubre de 2009, en su orden, en el proceso ordinario laboral que MARGARITA MARÍA GÓMEZ GALLEGO promovió contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL -CAJANAL.
Como lo expresé en la sesión en la que se discutió el proyecto de sentencia, en esta oportunidad me aparto de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, en cuanto invalidó las sentencias atacadas, pues tal y como lo consigné en el salvamento al proveído CSJ AL1932-2018, citado en la providencia, no se ha debido siquiera asumir el conocimiento de la revisión promovida por la UGPP. Las razones que en ese momento expresé y que ahora reitero, se concretan en lo siguiente:
[…] Respecto del término que tiene la UGPP para adelantar la presente acción, debe tenerse en cuenta que, la sentencia C-835 23 sept. 2003, emitida por la Corte Constitucional, declaró inexequible la expresión en “cualquier tiempo”, que consagraba el artículo 20 de la L. 797/ 03, en donde se instituyó la figura de la acción de revisión, que ocupa nuestro estudio.
Como fundamento de dicha decisión, la mencionada Corporación sostuvo:
Ahora bien, según se ha visto el inciso tercero del artículo 20 dispone que la revisión podrá solicitarse en cualquier tiempo. Es decir, que en relación con et procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión no opera el término de dos años que prescribe el Código Contencioso Administrativo, ni el término de seis meses que prevé el artículo 32 de la ley 712 de 2001 para su interposición, cuando quiera que se trate de los actos estipulados como revisables en términos del artículo 20 de la ley 797 de 2003.
Entonces, la expresión en cualquier tiempo”, ¿es constitucional? La respuesta es no.
En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, no acción sin prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y por supuesta, de la inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al cabo de un tiempo de un tiempo debidamente determinado por la ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede abandonarse a la suerte de un ad calendas graecas. Paradójicamente, considerando que el recurso extraordinario de revisión se instituyó para el restablecimiento de la justicia material, con la indeterminación que la norma exhibe se allanaría el camino para el advenimiento de lo contrario, pues, ¿de qué justicia social podría hablarse en un país en el que todos los actos que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones se hallarían sin remedio bajo la férula de una perpetua inseguridad jurídica? La norma bajo examen bien puede perseguir un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa del Tesoro Público. Sin embargo, a la luz de sus consecuencias resulta notoriamente irracional y desproporcionada. Valga recordar que el procedimiento es vehículo impulsor y definitorio de los derechos, deberes y garantías que la Constitución Política y la ley establecen a favor de las personas. (Negrilla fuera de texto original).
En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1 C.P.), en la medida en que desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste la función de propugnar por la integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los derechos de todas las personas frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Consecuentemente, la Corporación declarará la inexequibilidad de la expresión examinada.
Igualmente, los vicios que afectan a la expresión “en cualquier tiempo”, contenida en el tercer inciso del artículo 20 impugnado, dada su conexidad temática y teleológica, hacen metástasis en la misma expresión “en cualquier tiempo”, vertida en el primer inciso del mismo artículo; motivo por el cual la decisión de inexequibilidad las comprenderá por igual, según se verá en la parte resolutiva de esta sentencia.
Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo.” (Negrillas y subrayado fuera de texto original).
Y más adelante agrega:
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra una acción especial o sui génesis de revisión y ordena que se tramite por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código, esto es el procedimiento contencioso administrativo o laboral, o normas que los modifiquen y como quiera que se declaró inexequible la expresión en cualquier tiempo, mientras el legislador establece un nuevo plazo, se tendrá como tal el que el legislador contempla actualmente para el recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, según sea el órgano competente en cada caso. (Negrillas y subrayado fuera de texto original).
También precisa la Corte que ese plazo, comenzará a contarse a partir del día siguiente de la notificación de esta sentencia. (Negrillas y subrayado fuera de texto original).
De lo anterior, fácilmente se puede concluir entonces que, el término para adelantar la presente acción, en materia laboral, es el establecido en el artículo 32 de la L. 712/ 0 1, esto es, cinco (5) años contados desde la ejecutoria de la sentencia, hecho que ocurrió para el caso en cuestión, el 10 de octubre de 2012, como se desprende del informe de secretaría y el auto que ordenó la liquidación de costas realizada por la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira (f. 404); por lo tanto, ese lapso de tiempo venció el 9 de octubre de 2017.
En este orden de ideas, en mi criterio, el término para impetrar la tantas veces mencionada revisión, ya caducó, por cuanto fue instaurada el 27 de febrero de 2018, sin que sea de recibo, como lo interpreta mayoritariamente la Sala, acoger lo indicado en la sentencia SU-427/16, para efectos de contabilizar ese tiempo desde cuando la UGPP asumió la administración de los derechos pensionales de los asuntos que tenía a su cargo el ISS como empleador — 28 de febrero de 20 14, conforme a lo dispuesto en el D. 3000/ 13, puesto que, no puede el ciudadano sufrir las consecuencias de la omisión de la entidad encargada de ejercer las respectivas acciones para aquella época, en este caso Instituto de Seguros Sociales, por cuanto ello implica desconocer la sentencia de constitucionalidad, arriba referida, y de paso afectar los derechos adquiridos otorgados en virtud de las decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas, desconociéndose además el principio de confianza legítima y creando inseguridad jurídica.
Como en el caso analizado, la sentencia del Tribunal cobró ejecutoria el 15 de diciembre de 2009, según lo informó la UGPP y se desprende los autos de 9 de diciembre de 2009 y 10 de febrero de 2010, expedidos por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín (fls. 124 y 125, respectivamente), la solicitud de revisión fue extemporánea.
En los anteriores términos, dejo consignada mi discrepancia.
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
Radicación n.° 80264
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP- vs. MARGARITA MARÍA GÓMEZ GALLEGO
Mi distanciamiento de la decisión adoptada en el asunto de la referencia radica, esencialmente, en no compartir el razonamiento de la mayoría en cuanto a que la UGPP cuenta con un término especial, adicional, para interponer la revisión contra aquellas sentencias en que dicha entidad está legitimada para representar los intereses de Cajanal EICE.
En efecto, es pacífico al interior de la Sala el discernimiento, según el cual, en los términos originales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias judiciales, transacciones y conciliaciones judiciales y extrajudiciales que impongan el pago de sumas periódicas a cargo del tesoro o fondos de naturaleza pública, pueden ser revisadas «en cualquier tiempo», por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.
Dicha expresión fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-835-2003, de manera tal que, en palabras de la misma decisión, el plazo para interponer la acción es el consagrado genéricamente para el recurso extraordinario de revisión en cada jurisdicción, el cual, en materia ordinaria laboral, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 712 de 2001, es de «seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia penal sin que pueda excederse de cinco (5) años contados a partir de la sentencia laboral o de la conciliación, según el caso».
Cabe agregar que según la mentada sentencia CC C-835-2003, el plazo para interponer el recurso «se aplica a todas las hipótesis del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que hayan ocurrido con anterioridad a este fallo o que ocurran con posterioridad a él», y debe comenzar a contarse a partir «del día siguiente de la notificación de esta sentencia».
Así pues, de una lectura armónica de las anteriores reglas, la Sala ha definido que el plazo para interponer la acción de revisión, por las especiales causales establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es de cinco (5) años contados desde la fecha de creación del acto o ejecutoria de la providencia que se pretende anular, o de la notificación de la sentencia de la Corte Constitucional CC C-835-2003, si el acto es anterior a esta, frente a lo cual no tengo ningún reparo.
Pero, no ocurre lo mismo en tanto se ha aceptado mayoritariamente la tesis de que el término de caducidad de los cinco (5) años dispuesto por la Ley 712 de 2001, corre a partir del 12 de junio de 2013 para la UGPP, acogiendo lo indicado en la sentencia CC SU-427-2016, como quiera que dicha providencia afirmó que:
7.22. Así las cosas, sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, por lo que esa es la disposición que debe regir la caducidad para casos como el estudiado por la Sala en esta oportunidad. En consecuencia, establecido el término de 5 años para incoar el instrumento de revisión, este Tribunal advierte que, para su contabilización, se fijó como parámetro la ejecutoria de la providencia judicial, el cual no puede servir como referente para determinar la caducidad respecto a la UGPP, en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal, por lo que la Sala estima pertinente entender que el plazo para acudir a dicho instrumento debe iniciarse a contar no antes del día en que la demandante asumió las funciones de esta última empresa, es decir, con posterioridad al 12 de junio de 2013.
Lo cierto es que el plazo fijado por la Ley 712 de 2001, en su artículo 32 es de caducidad y que, tal como lo ha expresado la jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia, dicho instituto extingue la acción por el simple paso del tiempo y no admite interrupción, suspensión, modificación, etc. En efecto, dijo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SC, 19 nov. 1976, GJ CLII, n.° 2393, pág. 497 a 509, citando una providencia de 1.° de octubre de 1945 (CXI):
La caducidad, en concepto de la doctrina y la jurisprudencia, está ligada con el concepto de plazo extintivo en sus especies de perentorio e improrrogable; el que, vencido, la produce sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria. De ahí que pueda afirmarse que hay caducidad cuando no se ha ejercitado un derecho dentro del término que ha sido fijado por la ley para su ejercicio. El fin de la prescripción es tener extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado; mientras que el fin de la caducidad es preestablecer el tiempo en el cual el derecho puede ser útilmente ejercitado. Por ello, en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio del derecho, o sea la negligencia real o supuesta del titular; mientras que en la a caducidad se considera únicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia del titular, y aún la imposibilidad de hecho. (Subrayas propias)
Para mayor claridad, conviene también transcribir un pronunciamiento, posterior, de la Sala Civil (CSJ SC, 28 abr. 2011, rad. 41001-3103-004-2005-00054-01), en el cual delineó las características de la caducidad de la siguiente manera:
En cuanto a sus contornos definidos, la jurisprudencia civil, tiene dicho:
a) “[E]xtingue derechos” (cas. civ. sentencia de 4 de noviembre de 1930, XXXVIII, 424).
b) “[O]pera ipso jure y sus efectos se cumplen fuera del alcance de la voluntad particular, como un imperioso mecanismo legal” (cas. civ. sentencia de 11 de mayo de 1948, LXIV, 371).
c) “[E]stá ligada con el concepto de plazo extintivo en sus especies de perentorio e improrrogable; el que vencido la produce sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria. De ahí que pueda afirmarse que hay caducidad cuando no se ha ejercitado un derecho dentro del término que ha sido fijado por la ley para su ejercicio. … [E]n la caducidad se considera únicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado…” (cas. civ. sentencia de 19 de noviembre de 1976, CLII, 505 ss.).
d) “[E]s de carácter perentorio, de orden público, no renunciable en consecuencia por los particulares y no susceptible de interrupción ni suspensión civil, como ocurre con la prescripción. Se trata en este caso de un plazo prefijado por la ley para el ejercicio del derecho de acción, a cuyo vencimiento se produce fatalmente la decadencia del derecho a reclamar que se ponga en movimiento la actividad de la rama judicial del Estado para proveer, mediante sentencia, sobre esa pretensión y, precisamente por ello, la caducidad autoriza al funcionario judicial para rechazar de plano la demanda cuando de ella o sus anexos aparezca la extinción del ‘término de caducidad para instaurarla’ (art. 85, C.P.C.), doctrina reiterada entre otros, en fallos de 2 y 16 de agosto de 1972 (G.J., tomo CXXXIII, pág.84), 5 de abril de 1973, 5 de diciembre de 1974, 29 de abril, 20 de junio y 4 de julio de 1975 y, recientemente, en sentencia No. 269 de 19 de julio de 1990 (Ordinario Rubiela de Jesús y Elsy de Jesús Parra contra Zoila de Jesús Londoño y otros)” (cas. civ. Sentencia de 22 de febrero de 1995, Exp. N° 4455).
e) “[E]l vocablo … se encuentra sustancialmente determinado por el tiempo o el plazo. … descansa, en últimas, sobre imperativos de certidumbre y seguridad … el tiempo ... corresponde a la funcionalidad típica de la institución, de modo que se requiere únicamente su transcurrir para que operen sus efectos letales, esto es que el término constituye, por sí mismo, una condición para el ejercicio idóneo del derecho, un requisito del mismo, de manera que si éste no se realiza oportunamente, se extingue sin necesidad de la concurrencia de otros requerimientos, esto es, sin que sea menester v. gr. alegarlo. ….[C]on la caducidad se pretende la seguridad de las diversas relaciones jurídicas como premisa indispensable de la estabilidad del tráfico jurídico, mediante el señalamiento de un plazo - dies fatalis - que no se suspende y que, por ende, se cumple inexorablemente a la hora precisa, es factible que el juez pueda decretarla de oficio, pues resultaría inaceptable que vencido dicho plazo, se oyera al demandante cuya potestad ya se extinguió. Desde esta perspectiva es palmario que la caducidad opera automáticamente, esto es, que no es necesaria instancia de parte para ser reconocida” (cas. civ. sentencia de 23 de septiembre de 2002, Exp. No. 6054; en el mismo sentido, Sala de Negocios Generales, SNG, 1º de octubre de 1945, CXI, 690; 1º de octubre de 1946, LXI, 588 y ss.; 11 de mayo de 1948, LXVIV, 371; cas. civ. sentencias de 28 de marzo de 1928, 7 de mayo de 1923, 27 de abril de 1972, 5 de diciembre de 1974, 22 de septiembre de 1955, LXXXI, 152; 19 noviembre de 1976, CLII, 505 y ss.). (Subrayas y cursivas propias)
Para mayor claridad, la propia Sala Civil expresó el alcance de sus asertos en la providencia en cita, como a continuación se señala:
Para ser más exactos, la caducidad extingue el derecho, y por ende, la acción por el simple paso del tiempo, al no hacerse valer dentro del plazo legal perentorio, esto es, basta el dato objetivo del transcurso del último día del término para generar el efecto jurídico consecuencia de la pérdida ex tunc. O, en otras palabras, la extinción del derecho por el transcurso del plazo para su ejercicio, implica la extinción de la acción.
Ha de precisarse también que, en la caducidad la extinción del derecho, se produce automáticamente, por sí y ante sí, y por ministerio de la ley, si bien el juzgador está obligado a declararla ex officio o a petición de parte. Asimismo, adviértase que la caducidad está inspirada en elementales exigencias de seguridad, certeza y estabilidad jurídica, culmina un estado de incertidumbre e impone en determinadas situaciones subjetivas al titular del derecho, la imperiosa necesidad de hacerlo valer en la forma y en el término predispuesto por la ley, so pena de perderlo.
De acuerdo con estos lineamientos, para la Sala, es palmario que cuando la ley señala un término de caducidad, el derecho indefectiblemente debe ejercerse en el término prefijado por el ordenamiento jurídico, so pena de caducar, fenecer, concluir, terminar o extinguirse por su simple transcurso, verificación o consumación, es decir, su existencia, duración y eficacia se inserta en el plazo concreto, determinado, preordenado, definido y señalado ex ante en la norma, dentro del cual debe ejercitarse.
De consiguiente, el efecto extintivo del derecho por caducidad, actúa al verificarse el plazo, per se, per ministerium legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular.
Justamente al obedecer al orden público, ius cogens o derecho imperativo de la Nación, la caducidad excluye toda posibilidad de disposición, modificación, reducción, ampliación, interrupción o suspensión, corre inexorable e infaliblemente a partir del momento predispuesto en el factum normativo, a cuya verificación al efecto jurídico consecuente e inmediato es la extinción completa, absoluta y definitiva del derecho. En tal virtud, la caducidad es de origen legal y no se confunde con las impropiamente llamadas ‘clausulas negociales de caducidad’, genuinos plazos preclusivos con efectos extintivos, por la posibilidad de su disposición ulterior, sea para su terminación, ora variación e incluso renuncia a sus efectos producidos.
En sentido análogo, las incontestables razones de orden público en las cuales se funda la caducidad atañen a la seguridad, certeza, regularidad o firmeza de las relaciones jurídicas, así como a prístinos deberes imperantes en el tráfico jurídico de lealtad, corrección, probidad, claridad y sagacidad exigibles a los sujetos en el ejercicio de sus derechos. Por esta inteligencia, la caducidad puede y debe declararse ex officio por el juzgador o, a solicitud de parte, pero en todo caso, su efecto se produce por disposición legal sin requerir declaración alguna. (Subrayas propias)
Bajo ese panorama normativo y jurisprudencial, me resulta imposible seguir aceptando que, en el raciocinio de la Corte Constitucional, prohijado en diversas sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como ésta en la cual estoy salvando el voto, se siga sosteniendo, sin más, que dado el «estado de cosas inconstitucional» en que se encontraba Cajanal EICE, el término de caducidad de los cinco (5) años que debe contarse a partir de la ejecutoria de la sentencia o del acto controvertido en revisión, sufra una suerte de interrupción o suspensión, para ser retomado sólo a partir del 12 de junio de 2013, sin que sea suficiente para respaldar tal obrar, la afirmación de que ello es así porque se están protegiendo recursos públicos.
Lo anterior, porque considero que los ciudadanos del común no tienen por qué soportar una circunstancia como la descrita en precedencia, obviándose, además, el hecho de que al decretarse la liquidación de Cajanal EICE, mediante Decreto 2196 de 2009, modificado por el Decreto 2040 de 2011, diversas entidades asumieron su posición para darle cumplimiento a la actividad administrativa y misional en materia pensional que le era inherente y, por tanto, dichos entes tuvieron la posibilidad de actuar como verdaderos sucesores procesales, por activa y por pasiva, tal como de manera prolija detalló esta misma Sala de Casación en reciente pronunciamiento CSJ SL1732-2022, en un asunto referido al reconocimiento y pago de cuotas partes pensionales.
Por contera, la Ley 797 de 2003 señaló que la revisión debía ser incoada, antes de la existencia de la UGPP, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (al cual se encontraba adscrito Cajanal), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Contralor General de la República o el Procurador General de la Nación, es decir, cualquiera de los mencionados podía iniciar, en tiempo, el ejercicio del trámite especial de revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, que ahora se discute.
Así las cosas, no creo factible soslayar las características y naturaleza de la caducidad, --de orden público-- como lo he explicado, razón por la cual, en aquellos casos, como el presente, en que la sentencia objetada quedó ejecutoriada el 15 de diciembre de 2009, la interposición de la revisión, en estricto sentido, podía acaecer hasta el 15 de diciembre de 2014 y, en realidad, ocurrió el 22 de marzo de 2018, es decir, por fuera de los cinco (5) años que se han determinado como plazo máximo, según el artículo 32 de la Ley 712 de 2001, luego, carecería de competencia la Sala para realizar trámite alguno dentro de estas diligencias.
Por la brevedad debida, dejó así salvada mi posición frente a la decisión adoptada.
Fecha ut supra,
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
MAGISTRADO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n°80264
REFERENCIA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP- vs. MARGARITA MARÍA GÓMEZ GALLEGO.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito aclarar el voto, en tanto considero que no se ha explicado con suficiencia los motivos para aplicar el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en algunas de las pensiones de vejez que se otorgan con base en el artículo 36 de este cuerpo normativo, es decir, aquellas que se reconocen en sede de transición del sistema.
No existe duda alguna, por lo menos para esta Sala de Casación, de que el régimen de transición sólo protege la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y el monto consagrado en el régimen anterior; como tampoco que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso de base que determina la cuantía de la pensión.
Esta exégesis de la Sala se ve reforzada cuando la misma ley, a punto seguido, reza que «las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley», para, inmediatamente, proceder a definir la figura del Ingreso Base de Liquidación –IBL.
Así las cosas, en nuestro criterio, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fija tanto los elementos necesarios para la causación del derecho como aquellos indispensables para la cuantificación de la mesada, a decir, el monto y la base de liquidación. Por tanto, ese precepto consagra todo lo necesario para la determinación y cuantificación del derecho pensional, lo que genera, prima facie, la imposibilidad de aplicar otras disposiciones jurídicas de similar contenido para la definición de la cuantía de la pensión. En este sentido, emerge palmario, el principio de inescindibilidad de la norma jurídica, al no existir razón alguna para acudir a otro texto normativo bajo el pretexto de que existe un vacío en la Ley.
Al respecto, considero que existen dos problemas que deben ser analizados al momento de estudiar el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en régimen de transición: i) la interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y ii) la posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos.
La interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
El inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, admite al menos dos alcances que pueden conducir a resultados diferentes en la cuantificación de la prestación. La primera se basa en un derecho de opción; mientras que la segunda considera que la norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación. Lo anterior se explica así:
Derecho de opción
La estructura normativa para dar fundamento a esta interpretación, es del siguiente tenor:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Esta primera interpretación, itérese, se soporta en el derecho de opción, en la medida en que se considera que el inciso tercero del artículo 36 no regula todas las situaciones que pudieran derivarse del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado que solo cobija a quienes les falta 10 o menos años para cumplir los requisitos de acceso a la pensión, población para la cual se instituye un derecho de opción en la fijación del Ingreso Base de Liquidación, ya que la mesada se liquida con el promedio del tiempo que les falte para adquirir el derecho, siempre que sea inferior a 10 años, o el cotizado durante «toda la vida», dejando por fuera la determinación del IBL para quienes les falte diez o más años para acceder a la pensión en sede de transición. En este último evento, y ante el vacío normativo, debe aplicarse el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
b. La norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación
La segunda interpretación posible está dada por una lectura completa del inciso tercero original, sin tener en cuenta la sentencia de inexequibilidad C-168 de 1995, pero solo para establecer el alcance del mencionado inciso. Dicho aparte completo señalaba:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley., el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos.
Teniendo en cuenta que una norma, como supuesto, abarca todas las hipótesis sobre el tema a regular, y que el régimen de transición, en su versión original, tendría una duración superior a 20 años, dadas las edades a partir de las cuales se protegió la expectativa pensional, 35 años para las mujeres, 40 para los hombres, se puede encontrar que lo que se entiende del citado inciso como un derecho de opción no lo es y, más bien, que la ley regula todas las situaciones para determinar el Ingreso Base de Liquidación, así:
Para los afiliados que les falten dos años o menos para acceder al derecho a la pensión, el IBL se halla con el promedio de lo devengado en los dos últimos años, para trabajadores del sector privado, y de un año para los servidores públicos. Se reitera esta forma de encontrar el IBL fue declarada inexequible, pero, claro está, hacía parte de la norma original.
Para los que le faltan menos de 10 años para acceder al derecho a la pensión, el IBL es el promedio de lo devengado en el tiempo que les haga falta para ello, debidamente actualizado con el IPC.
Para los que le faltan más de 10 años para acceder a la pensión es el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, que le faltara para adquirir el derecho debidamente actualizado con el IPC.
Esta interpretación emerge cristalina cuando la lectura del inciso se realiza en forma inversa, de atrás para adelante, colocándose como objeto principal de interpretación el tiempo que le hace falta al afiliado para el acceso a la pensión y teniendo, como supuesto, que el legislador previó todas las hipótesis posibles derivadas del régimen de transición.
En efecto, la contraposición que hace la norma es entre los que le faltan menos de diez años para adquirir el derecho y los que le faltan más de diez años para tener el estatus de pensionado, cuando señala «si éste fuere superior» pues se está refiriendo al tiempo «que les hiciere falta para ello» con referencia a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho».
Con esta interpretación se libera el contrasentido de entender que el IBL es el promedio del tiempo que les haga falta para adquirir el derecho siempre que sea inferior a diez años o todo el tiempo que les falta para adquirir el derecho si es superior a 10 años, pues la adquisición del estatus de pensionado se da en un solo momento, cual es, aquél en que se cumple con los requisitos mínimos de acceso a la pensión.
Pero, además, adquiere mayor visibilidad cuando se acude a crear un rango de amparo diferenciado entre la protección de expectativas legítimas, muy cercanas y medianas, y meras expectativas, en tanto el IBL para las primeras se calcula de manera muy aproximada al régimen entonces vigente y, en el otro extremo, que corresponde a las meras expectativas, de la forma en que lo hace la nueva ley, incrementándose progresivamente el periodo de determinación del mismo con base en el tiempo que le hace falta al afiliado para adquirir el derecho.
Este último alcance, en nuestro criterio, deja sin bases a la interpretación que propone, como un derecho de opción del afiliado, la doble determinación del IBL para escoger la que más le favorezca.
Las dificultades que se imponen con la lectura completa del inciso 3 del artículo 36 en su versión original
La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.
En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.
Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.
De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.
Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.
Llegados a este punto, si impone retornar al primer orden de transición, hoy declarado inexequible.
Básicamente, en este orden, se protegía no sólo el tiempo de servicios o semanas de cotización, la edad y el monto de pensión, sino también la base de liquidación para aquellas personas que les faltare dos años o menos para acceder a la pensión.
Nótese que la forma de establecer la base de la pensión para el sector privado, según se desprende del apartado final del inciso tercero del artículo 36, es similar en cuanto al tiempo que se tiene en cuenta en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, dos años aproximados. Y para el sector público, dado el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, la base de liquidación se toma con el promedio del salario devengado durante el último año de servicios.
Como se recuerda, la norma de protección de la base de liquidación para este primer orden, fue declarada inexequible por medio de la sentencia C-168 de 1995. Sin embargo, afloraba que el querer del legislador no era otro que proteger a aquellos que les faltaran dos años o menos para acceder a la pensión, en cuanto a que las reglas de acceso y cuantificación del derecho fueran muy similares, si no iguales, a las del régimen anterior.
A nuestros efectos, baste memorar que el motivo de inexequibilidad fue la discriminación que se daba entre los trabajadores del sector privado y del público en relación al tiempo para fijar la base de liquidación, dos años para los aquellos, un año para estos, pero no lo fue el de la posibilidad de segmentar el régimen de transición, pues en esa sentencia, se razonó:
Y sobre la discriminación que, según el actor, se crea entre las personas que quedan comprendidas por el precepto demandado frente a las demás, cobijadas por el régimen anterior, cabe anotar que mal podría considerarse que la situación de las personas que se van acercando por edad o tiempo de servicio a las contempladas en la ley para acceder a la pensión de vejez, es la misma de aquellas que apenas inician una vida laboral, llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida, pues a pesar de que en ambos casos se tienen meras expectativas, las que como tantas veces se ha reiterado, pueden ser reguladas por el legislador a su discreción, sus condiciones, por ser distintas, justifican un trato diferente. Recuérdese que la igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, fincadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos distintos; esta última hipótesis expresa la conocida regla de justicia que exige tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales en forma desigual
En el segundo orden aparecen los afiliados a los que les falta diez años o menos para acceder a la pensión. Para ellos, el Ingreso Base de Liquidación se define como el promedio de lo devengado durante el tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho.
Atinente al nuevo régimen, la base de liquidación se toma con un tiempo inferior, lo que puede traer beneficios, toda vez que es más fácil mantener una determinada base salarial durante menos tiempo.
Por su parte, en tercer orden se encuentran los beneficiarios de la transición que les falta más de 10 años para adquirir el derecho, a los que, a voces del artículo 36, se les liquida la base con el promedio de todo el tiempo que les haga falta para ello, es decir, el lapso para adquirir el derecho.
Es en este punto donde, en nuestro criterio, se configuró una manifiesta inequidad, en tanto, en el régimen ordinario las pensiones se liquidan, en principio, con base en el promedio de los salarios cotizados durante los últimos diez años, generándose una contradicción palpable entre la favorabilidad que el régimen de transición protege y la nueva normatividad, que se supone debe ser restrictiva en la determinación del IBL, según se desprende de lo asentado y, por ende, menos favorable.
De lo explicado hasta aquí fluye una primera conclusión: las pensiones en sede de régimen de transición para los afiliados que les hace falta menos de 10 años para adquirir el derecho se deben liquidar, única y exclusivamente, teniendo como base el promedio de lo devengado durante el tiempo que les haga falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el Índice de Precios al Consumidor. En ningún caso, se debe liquidar dicha pensión con el promedio de «toda la vida», a menos que expresamente se renuncie al régimen de transición.
La posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos
Como lo hemos señalado, dada la interpretación que dimana del inciso tercero, existe un problema jurídico que debe atenderse, no por falta de regulación sino por manifiesta inequidad. Me explico. Si mediante el régimen de transición se protegió tres de los cuatro elementos estructurales de la pensión, y el IBL, como cuarto elemento estructural, se modula entorno al tiempo que le falta al afiliado para adquirir el derecho, se supone, dado el principio de favorabilidad que subyace a la institución de la transición, que este no puede ser perjudicial en relación con el estatuido en la legislación permanente (Ley 100 de 1993).
Entonces, como el artículo 36 instituye que para los que les falta más de 10 años, el IBL se toma con el promedio de lo devengado durante el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el I.P.C., esta es la definición que debe utilizarse, por regla general, para liquidar la pensión a favor de este grupo de afiliados.
No obstante, si dicho IBL resulta inferior al que se obtendría de la aplicación de la norma ordinaria, vale decir, el derivado del promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, debe aplicarse este último cálculo, en tanto, se repite, aun a riesgo de fatigar, que la esencia de un régimen de transición es mantener rasgos de favorabilidad frente al nuevo régimen, por ello, la forma de encontrar el IBL no puede ser más desfavorable que la que se aplica de manera general para los afiliados del Sistema General de Pensiones.
Pero lo dicho también tiene que ver el elemento de gradualidad, pues la idea finalmente de la ley, fue la de que el IBL para cada segmento de afiliados se determinara con el tiempo que le faltara al afiliado para adquirir el derecho, hasta un máximo de 10 años. Ello se corrobora con el artículo 39 del proyecto de ley, texto definitivo, aprobado por el Senado, registrado en la Gaceta del Congreso 397 del 16 de noviembre de 1993, el cual señalaba:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación expedida por el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta para ello, fuere igual o inferior a dos (2) años, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años.
Así las cosas, en nuestro criterio, lo que se deriva de la Ley concerniente al IBL es que no fue parte de los elementos dejados íntegramente a salvo por la transición, pues debe servir como instrumento de graduación proporcional de la base pensional para llevarlo hasta el momento en que sea igual al IBL ordinario, es decir, el promedio de los últimos diez años cotizados.
Debe en todo caso señalarse que el término «o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior» fue incorporado al texto definitivo del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, según consta en la Gaceta del Congreso 434 del 3 de diciembre de 1993.
Conclusión
A modo de corolario, considero que en los casos en que al afiliado le falten 10 o más años para adquirir el derecho, el IBL se concreta con el promedio de lo devengado durante todo el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, tal como lo señala expresamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, por favorabilidad, con el promedio de lo cotizado durante los 10 últimos años, apoyándose en este estricto sentido en el artículo 21 de la mencionada Ley.
Ahora bien, sería pertinente aplicar el IBL de «toda la vida» conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, si para el afiliado es más favorable la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media, a condición de que en virtud del artículo 288 ibídem renuncie al régimen de transición.
Conforme a lo anterior, aclaro el voto.
Fecha ut supra.
FERNANDO CASTILLO CADENA
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