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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL828-2024

Fecha
17 de abril de 2024
Magistrado ponente
Donald Jose Dix Ponnefz
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL828-2024

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR los literales a), b), c), d), e) y f) del numeral segundo, de la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 26 de junio de 2018 el cual quedará así: SEGUNDO: CONDENAR a FIDUAGRARIA S.A. en calidad de vocera y administradora del PAR ISS, a pagarle al demandante FILIBERTO BERNAL VARGAS, las siguientes sumas de dinero: Por auxilio de cesantía: $19.141.985 Por intereses sobre cesantías: $ 458.464 Por vacaciones: $4.909.506 Por prima de servicios: $ 5.551.082 Por prima de vacaciones: $8.591.694; y, Por prima de navidad: $5.417.472 SEGUNDO: REVOCAR parcialmente el numeral tercero de dicho proveído, para en su lugar, declarar probada la excepción de prescripción de los derechos causados antes del 18 de abril de 2010 y no probadas las demás. TERCERO: REVOCAR el numeral cuarto de la aludida sentencia en cuanto absolvió a FIDUAGRARIA S.A. en calidad de vocera y administradora del PAR ISS, de la indemnización moratoria del artículo 1 del Decreto 797 de 1949, para en su lugar condenar a la demandada, a pagarle a FILIBERTO BERNAL VARGAS, la suma de $37.215.360, por el lapso transcurrido entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de marzo 2015, suma que deberá ser indexada a partir del 1 de abril de 2015, hasta su pago efectivo, conforme la fórmula indicada. CUARTO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia apelada y consultada. Costas como se dijo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL828-2024

Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz

17 de abril de 2024

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

Magistrado ponente

SL828-2024

Radicación n.° 87905

Acta 12

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

La Sala procede a emitir sentencia de instancia dentro del proceso promovido por FILIBERTO BERNAL VARGAS contra la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A., en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES - PAR ISS en LIQUIDACIÓN.

Reconócese personería a la abogada Vanessa Fernanda Garreta Jaramillo, como apoderada judicial de FIDUGRARIA S.A., vocera y administradora del PAR ISS en liquidación, en los términos y para los fines indicados en el escrito presentado el 18 de enero de 2023 y sus anexos (fs.°37 a 41) y conforme a los artículos 74 y 75 del CGP.

ANTECEDENTES

La Corte mediante sentencia CSJ SL3959-2022, casó la proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 17 de julio de 2019, en cuanto revocó el fallo de primera instancia, declaró probada la excepción de prescripción y absolvió a la accionada de todas las pretensiones del demandante.

Se memora que la Corte casó la sentencia de segunda instancia, por cuanto el ad quem estimó que se hallaban prescritos todos los derechos reclamados por Filiberto Bernal Vargas, en atención a que su relación laboral con el extinto ISS, culminó el 31 de marzo de 2013 y solo presentó la demanda el 13 de abril de 2016, por lo que a su juicio, había superado el término de prescripción previsto en el artículo 488 del CST, sin advertir la interrupción de dicho plazo, pues el demandante elevó reclamación para el reconocimiento y pago de las acreencias adeudadas, el 18 de abril de 2013, de la cual obtuvo respuesta negativa el 6 de junio siguiente (f.°1240).

Para mejor proveer, se dispuso oficiar a FIDUAGRARIA S.A., para que en calidad de vocera y administradora del PAR ISS hoy Liquidado, expidiera certificación sobre la escala salarial asignada por anualidades, para el cargo denominado «CONDUCTOR MECÁNICO- CHOFER, GRADO II», correspondiente a la planta de personal del ISS y además, sobre el cargo y funciones desempeñadas por el demandante Filiberto Bernal Vargas, durante el periodo laborado entre el 5 de febrero 1998 y el 31 de marzo de 2013.

El PAR-ISS en liquidación, aportó certificación expedida por la Coordinación Administrativa y Financiera, sobre la remuneración pagada al demandante en los cargos de «CONDUCTOR MECÁNICO II» y «CONDUCTOR MECÁNICO», durante el periodo del 5 de febrero de 1998 al 31 de marzo de 2013 (f.°20 a 24 cuaderno de la Corte), que no coincidió con lo solicitado. Posteriormente por requerimiento de la Sala, a remitió nueva información vía correo electrónico, el 12 de enero de 2023 (f.°30 a 36).

Sin embargo, esta Corte estimó insuficiente la información suministrada y nuevamente requirió a FIDUAGRARIA SA, su complementación (f.°48), cuya respuesta remitió vía correo electrónico y de la cual se corrió traslado a la parte contraria, sin que hubiere hecho manifestación alguna (f.°52 a 56 y 57).

CONSIDERACIONES

Con fundamento en el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, el juez de primer grado concluyó que existió un contrato de trabajo entre el demandante y el extinto ISS, desde el 5 de febrero 1998 hasta el 31 de marzo de 2013; que desempeñó sus funciones en calidad de conductor mecánico asignado la vicepresidencia administrativa de la entidad; y, que recibió una remuneración final promedio de $1.359.658.

Contra la anterior decisión, ambas partes interpusieron recursos de apelación. La Sala examinará en primer lugar, el recurso de apelación del PAR-ISS, representado por FIDUAGRARIA SA y el grado jurisdiccional de consulta a su favor y luego, si a ello hay lugar, la impugnación del demandante.

La demandada cuestiona la decisión del juez, en cuanto a la declaración del contrato de trabajo realidad y las condenas derivadas del mismo, en razón a que los servicios prestados por el actor tuvieron como origen, los contratos de carácter profesional regulados por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 «y no para desempeñar una actividad especializada […], sino simplemente para posesionarse como conductor mecánico II».

Cabe advertir que esta Corte ha predicado que en los términos del artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, «El contrato de trabajo se presume entre quien presta cualquier servicio personal y quien lo recibe o aprovecha; corresponde a este último destruir la presunción», sin que la simple suscripción de tales documentos, soportados en la Ley 80 de 1993 sea suficiente para derruirla, como así lo enseñó en sentencia CSJ SL4537-2019, en la que se dijo:

Esta Corporación, en providencia CSJ SL, del 1º de jul. de 2009, rad. 30.437, recordó que desde sus orígenes, tiene adoctrinado que, como cabal desarrollo del carácter tuitivo de las normas sobre trabajo humano, para darle seguridad a las relaciones laborales y garantizar la plena protección de los derechos laborales del trabajador, el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945 consagra una importante ventaja probatoria para quien invoque su condición de trabajador, consistente en que, con la simple demostración de la prestación del servicio a una persona natural o jurídica se presume, iuris tantum, el contrato de trabajo sin que sea necesario probar la subordinación o dependencia laboral.

De tal suerte que, en consecuencia, es carga del empleador o de quien se alegue esa calidad, demoler dicha subordinación o dependencia.

[…].

En este orden de ideas, aflora patente que el fallador no incurrió en el dislate jurídico que le enrostra el recurrente, pues una vez encontró acreditada la prestación personal del servicio de la actora activó la presunción explicada que, en puridad de verdad, el llamado a juicio no logró desvirtuar. Y como de antaño lo tiene ilustrado esta Corporación la sola presencia de los contratos de prestación de servicios no es suficiente para derruirla, como también lo pretende el impugnante. (Subrayas fuera del texto original).

Por manera que, si la encausada quería enervar la presunción consagrada en el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, tenía la carga de acreditar que el nexo se desarrolló de manera autónoma e independiente, mas no limitarse a hacer alusión a los documentos que desde el punto de vista formal, fueron denominados «contratos de prestación de servicios».

Ahora, de una revisión en grado jurisdiccional de consulta a favor de la demandada sobre las condenas impartidas por el a quo, se aprecia que liquidó todas las acreencias laborales, sin aplicación de la prescripción parcial, entre la fecha de exigibilidad de cada prestación, la de terminación del vínculo de trabajo y la de presentación de la demanda, acorde con las previsiones de los artículos 151 del CPTSS, 10 y 41 del Decreto 3135 de 1968.

Tampoco observó la improcedencia del auxilio de cesantía retroactiva, pues el demandante ingresó al ISS el 5 de febrero de 1998, con posterioridad a la vigencia de la Ley 344 del 27 de diciembre de 1996, cuyo literal a) de su artículo 13 que señaló:

ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías […].

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) […].

(Subrayas fuera del texto original).

La anterior normativa fue reiterada a su vez, por el artículo 1 del Decreto 1252 de 2000, en los siguientes términos:

Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente decreto, tendrán derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso.

Es decir que en el sub examine, lo pertinente era liquidar el auxilio de cesantía, con base en la remuneración recibida anualmente a título de «honorarios» por la prestación personal del servicio y no de manera retroactiva, en tanto el accionante no estaba bajo la cobertura del régimen que la consagró, teniendo en cuenta la fecha de su vinculación.

Por su parte el demandante en su recurso de apelación expuso que,

[…] desconoce las reglas que aplicó el juez para calificar y no hacer exigibles las indemnizaciones, como es la indemnización por el no pago de las cesantías oportunamente y porque en consideración a que desde el primer momento en que se celebró el primer contrato de prestación de servicios […] el Instituto de Seguros Sociales sabía de antemano que dicha contratación estaba por fuera del marco de la Ley 80 de 1993.

Considera además este apelante, que tiene derecho al reconocimiento de la nivelación salarial conforme al cargo de «MECÁNICO II» o de «CATEGORÍA MÁXIMA», de acuerdo con el escalafón establecido en la planta del ISS, por cuanto el empleador lo vinculó mediante contratos de prestación de servicios, para desempeñar el cargo de conductor mecánico asignado a la presidencia, vicepresidencia y dirección de auditoría disciplinaria del ISS (f.°2 a 628 cuaderno 2), con iguales funciones a las desarrolladas por el personal de planta clasificados como trabajadores oficiales.

Revisados los diferentes contratos de prestación de servicios aportados al plenario, se obtiene que los valores asignados como remuneración al actor en el cargo de conductor mecánico, fueron los siguientes: 1998, $819.000 (f.°781); 1999, $942.000 (f.°760); 2000, $942.000 (f.°734 y 766); 2001, $942.000 (f.°716); 2002, $998.520, (f.°673); 2003, $995.520 (f.°621); 2004, $998.520 (f.°410 y 581); 2005, $998.520 (f.°410); 2006, $1.053.439 (f.°384); 2007, $1.053.439 (f.°298); 2008, $1.200.000 (f.°246 y 278); 2009, $1.292.040 (f.°152); 2010, $1.317.881 (f.°102); 2011, $1.359.658 (f.°62); 2012 y 2013 $1.359.658 (f.°16 revés).

De la certificación expedida por el Coordinador Administrativo y Financiero del PAR ISS en liquidación, el 4 agosto de 2023 (f.°52 a 56), se desprende la escala salarial asignada por anualidades al cargo denominado «CONDUCTOR MECÁNICO I» grado 13, máxima categoría, correspondiente a la planta de personal del Instituto de Seguros Sociales, durante el periodo en que laboró el actor entre el 5 de febrero de 1998 y el 31 de marzo de 2013, remuneración superior a la reconocida mediante los distintos contratos de prestación de servicios relacionados.

En la referida comunicación 202305741 del 11 de agosto de 2023, el PAR ISS en liquidación, manifestó que:

Referente a su solicitud, se remite certificación No. 1975 del 04 de agosto, mediante la cual se suministra información de la escala salarial por anualidades, asignada al cargo denominado «CONDUCTOR MECÁNICO I», correspondiente a la planta de personal de extinto Instituto de Seguros Sociales para el período del 5 de febrero de 1998 al 31 de marzo de 2013.

Es pertinente aclarar que mediante la Resolución No. 2800 de 1994, se establece el cargo de CONDUCTOR MECÁNICO y no de «CONDUCTOR MECÁNICO – CHOFER GRADO II», por lo tanto, se remite en certificado tabla salarial para el cargo CONDUCTOR MECÁNICO, grado 13, Clase J, siendo esta la categoría máxima que se aproxima a los honorarios devengados por el señor FILIBERTO BERNAL VARGAS en los contratos de prestación de servicios suscritos con el extinto ISS.

(Subrayas fuera del texto original).

Así se constata con la Resolución 2800 del 1 de julio de 1994, mediante la cual se establece el «Manual de Funciones y Requisitos para el desempeño de los empleos del Instituto de Seguros Sociales y otras disposiciones», anexa a la mencionada certificación (f.°54 a 56) y el Decreto 1402 del 1 de julio de 1994, a través del cual se estableció el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de empleos en la misma entidad, en el que se enlista el de conductor mecánico, como de «Funcionarios de Seguridad Social y Trabajadores Oficiales», área 1, nivel 7, «grados 09, 11, 12 y 13».

En ese orden, confrontados los valores reconocidos al demandante por la prestación de servicios a título de «honorarios» con los señalados en la tabla salarial certificada el 4 de agosto de 2023, se obtiene una diferencia sustancial que conduce a realizar los ajustes o nivelación salarial solicitada, como solicitó el accionante.

Ello, porque desacertó el juez de primera instancia al exigir para tales efectos, la demostración de «condiciones, funciones específicas, experiencia, formación y otros factores que pudieran estimarse válidamente», para aspirar a una remuneración igual al cargo desempeñado por otros servidores como el de «CONDUCTOR MECÁNICO II (sic)», pues en este caso, solo bastaba acreditar la existencia de un escalafón o tabla salarial y el respectivo cargo.

En ese horizonte, explicó esta Corporación en sentencia CSJ SL, 3 jun. 2009, rad. 35593,

[…].

El tema tiene incidencia en la carga de la prueba del trabajador que pretenda la nivelación salarial. Es claro que, si la diferencia de salarios surge del desconocimiento de la equivalencia en las condiciones de eficiencia, al actor le incumbe la prueba de ese supuesto, mediante comparación con el servicio que preste otro trabajador mejor remunerado. Pero esa carga probatoria sobre las condiciones de eficiencia, por lo arriba explicado, no aplica a todos los casos. Porque si se alega como en este caso, la existencia de un escalafón que fija salarios para determinado cargo, bastará probar el desempeño del cargo en las condiciones exigidas en la tabla salarial pero no será indispensable la prueba de las condiciones de eficiencia laboral.

El criterio transcrito fue reiterado por la Corte, en sentencias CSJ SL4825-2020 y CSJ SL1174-2022 en los siguientes términos:

[…].

(a) Ante la existencia de un escalafón que fija salarios para determinado cargo, evento en el cual, se debe probar: el «desempeño del cargo en las condiciones exigidas en la tabla salarial pero no será indispensable la prueba de las condiciones de eficiencia laboral» (CSJ SL 2 nov. 2006, 26437) y el cumplimiento de las funciones asignadas al cargo […].

(b) Cuando el reclamo se funda en el principio «a trabajo igual, salario igual», a partir de un tertium comparationis tomando un referente personal, «en cuanto a puesto de trabajo, jornada laboral y rendimiento» (CSJ SL4825-2020), en este escenario, «tiene por carga probatoria demostrar el ‘puesto’ que desempeña y la existencia de otro trabajador que desempeña o desempeñó el mismo puesto o cargo con similares funciones y eficiencia».

Ahora como el nexo laboral terminó el 31 de marzo de 2013, el actor elevó reclamación administrativa el 18 de abril del mismo año (f.°1237 a 1240) y presentó la demanda el 13 de abril de 2016 (f.°1.288), la cual fue admitida el 12 de septiembre de 2016 (f.°1.318) y notificada el 6 de octubre de 2016 en el año siguiente según lo dispuesto en el artículo 94 del CGP, es decir, dentro del plazo trienal previsto en los artículos 151 del CPTSS y 10 y 41 del Decreto 3135 de 1968, solo se extinguieron por prescripción los derechos exigibles con anterioridad al 18 de abril de 2010, salvo el auxilio de cesantía cuya exigibilidad comienza a contarse a partir de la terminación del contrato de trabajo y las vacaciones de acuerdo con el plazo de gracia con que cuenta el empleador para concederlas.

No sobra advertir que el auxilio de cesantía y sus intereses, deben liquidarse conforme el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, literal a), artículo 1 del Decreto 1252 de 2000 y 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que la vinculación del demandante inició el 5 de febrero de 1998; y, las vacaciones, que según el artículo 45 del Decreto 1848 de 1969, el empleador tiene un año para conceder el disfrute de las causadas.

Así mismo, el artículo 46 ibidem, establece que luego de transcurrido este año, el empleado tiene un plazo de 30 días para solicitarlas, a partir del cual «comenzará a correr el término de prescripción de las mismas», que es de tres años, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 3135 de 1968 (CSJ SL1174-2022).

En consecuencia, se revisará la liquidación de las acreencias pretendidas, en atención a que el sentenciador de primer grado declaró «no probadas las excepciones propuestas».

Como quiera que el demandante laboró desde el 5 de febrero de 1998 hasta el 31 de marzo de 2013 y en la tabla salarial aportada por el PAR ISS en liquidación, se certifica una remuneración desde el mes de noviembre de 1998 hasta la finalización del contrato, para el cargo «CONDUCTOR MECÁNICO I» grado 13, correspondiente a la planta de personal del ISS, se tomará como salario devengado desde el inicio de ese año, la suma certificada, en tanto no se acreditó uno diferente.

AÑO

SALARIO

Nov 1 de 1998 a Oct 31 de 1999

$ 813.021

Ene-dic 2000

888.063

Ene-dic 2001

965.769

Ene-dic 2002

1.044.848

Ene-dic 2003

1.117.883

Ene-dic 2004

1.190.434

Ene-dic 2005

1.255.907

Ene-dic 2006

1.316.819

Ene-dic 2007

1.375.812

Ene-dic 2008

1.454.096

Ene-dic 2009

1.565.625

Ene-dic 2010

1.596.937

Ene-dic 2011

1.647.560

Ene-dic 2012

1.729.938

Ene-dic 2013

$ 1.772.148

Con fundamento en lo anterior y el régimen prestacional consagrado en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, una vez realizadas las operaciones aritméticas correspondientes, con base en los extremos de la relación laboral desde el 5 de febrero 1998 hasta el 31 de marzo de 2013, los salarios certificados y previa aplicación de la prescripción de los derechos causados con anterioridad al 18 de abril de 2010, se obtiene que FIDUAGRARIA SA, vocera y administradora del PAR-ISS, adeuda al demandante los siguientes conceptos prestacionales legales y extralegales, como se describen a continuación:

Auxilio de cesantías:

Como se dijo, esta prestación debe liquidarse con base en los artículos 27 y 29 del Decreto 3118 de 1968, 6 del Decreto 1160 de 1947, 13 de la Ley 344 de 1996 y 1 del Decreto 1252 de 2000, así como en el artículo 17 literal a) de la Ley 6 de 1945; lo dicho para destacar que ni la ley ni la convención colectiva posibilitaban que se liquidara el derecho retroactivamente.

Al hacer el cálculo correspondiente con los salarios relacionados precedentemente, esta prestación asciende a $19.141.985, como se detalla a continuación:

Auxilio cesantías

Año

Desde

Hasta

Salario

No. días laborados

cesantías

1998

05/02/1998

31/12/1998

$ 813.021

326

$ 736.236

1999

01/01/1999

31/12/1999

$ 813.021

360

$ 813.021

2000

01/01/2000

31/12/2000

$ 888.063

360

$ 888.063

2001

01/01/2001

31/12/2001

$ 965.769

360

$ 965.769

2002

01/01/2002

31/12/2002

$ 1.044.848

360

$ 1.044.848

2003

01/01/2003

31/12/2003

$ 1.117.883

360

$ 1.117.883

2004

01/01/2004

31/12/2004

$ 1.190.434

360

$ 1.190.434

2005

01/01/2005

31/12/2005

$ 1.255.907

360

$ 1.255.907

2006

01/01/2006

31/12/2006

$ 1.316.819

360

$ 1.316.819

2007

01/01/2007

31/12/2007

$ 1.375.812

360

$ 1.375.812

2008

01/01/2008

31/12/2008

$ 1.454.096

360

$ 1.454.096

2009

01/01/2009

31/12/2009

$ 1.565.625

360

$ 1.565.625

2010

01/01/2010

31/12/2010

$ 1.596.937

360

$ 1.596.937

2011

01/01/2011

31/12/2011

$ 1.647.560

360

$ 1.647.560

2012

01/01/2012

31/12/2012

$ 1.729.938

360

$ 1.729.938

2013

01/01/2013

31/03/2013

$ 1.772.148

90

$ 443.037

Valor total

$ 19.141.985

Intereses sobre cesantías:

En cuanto a estos intereses, vale recordar que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y 1 del Decreto 1252 de 2000, disponen que a los trabajadores oficiales que se vincularon a partir del 31 de diciembre de 1996 se les aplicará el régimen de liquidación y pago de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990, que en su artículo 99 consagra aquellos intereses (CSJ SL1174-2022). Por tanto, se ordenará el pago de esta prestación a favor del actor, por la suma de $458.464, como se explica:

Intereses sobre cesantías

Año

Desde

Hasta

Valor cesantías

Fecha de pago

días Laborados

Total valor por intereses sobre cesantías

1998

05/02/1998

31/12/1998

$ 813.021

Prescritos

1999

01/01/1999

31/12/1999

$ 813.021

2000

01/01/2000

31/12/2000

$ 888.063

2001

01/01/2001

31/12/2001

$ 965.769

2002

01/01/2002

31/12/2002

$ 1.044.848

2003

01/01/2003

31/12/2003

$ 1.117.883

2004

01/01/2004

31/12/2004

$ 1.190.434

2005

01/01/2005

31/12/2005

$ 1.255.907

2006

01/01/2006

31/12/2006

$ 1.316.819

2007

01/01/2007

31/12/2007

$ 1.375.812

2008

01/01/2008

31/12/2008

$ 1.454.096

2009

01/01/2009

31/12/2009

$ 1.565.625

2010

01/01/2010

31/12/2010

$ 1.596.937

2011

01/01/2011

31/12/2011

$ 1.647.560

31/01/2012

360

$ 197.707

2012

01/01/2012

31/12/2012

$ 1.729.938

31/01/2013

360

$ 207.593

2013

01/01/2013

31/03/2013

$ 1.772.148

31/03/2013

90

$ 53.164

Total

$ 458.464

Prima de servicios

Según el artículo 50 de la convención colectiva de trabajo de 2001-2004 (folios 1160 a 1230), los trabajadores oficiales del Instituto, tienen derecho a 2 primas de servicio al año, en los siguientes términos:

En adición a la prima legal, los trabajadores oficiales tendrán derecho a dos (2) primas de servicio al año, equivalente cada una de ellas a quince (15) días de salario, pagaderas así: Quince (15) días de salario, en los primeros quince (15) días del mes de junio y quince (15) días de salario en los primeros quince (15) días del mes de diciembre.

PARÁGRAFO 1º. Para la liquidación de la prima de servicios tanto legal como extra legal aquí establecida, se tendrá en cuentan los siguientes factores:

El salario básico mensual que devengue el trabajador en el cargo que desempeñe en 30 de mayo y 30 de noviembre. El promedio de lo percibido en los seis (6) meses inmediatamente anteriores a junio y diciembre por concepto de trabajo en dominicales y festivos, trabajo suplementario o en horas extras, reemplazos siempre y cuando haya percibido el salario asignado al titular del cargo que reemplaza, auxilio de transporte y prima de vacaciones.

PARÁGRAFO 2º. Tendrá derecho a la prima de servicios los trabajadores oficiales que hayan laborado durante todo el semestre o a una suma proporcional al tiempo trabajado, siempre y cuando sea éste, por lo menos, la mitad del semestre y no hubieren sido despedidos por justa causa.

PARÁGRAFO 3º. Los primeros treinta (30) días de licencia voluntaria no interrumpirán el tiempo laborado para el reconocimiento de primas de servicio.

De acuerdo con lo trascrito, dicha prestación es exigible el 15 de junio y 15 de diciembre de cada año, por lo que, el demandante en calidad de beneficiario de la mencionada convención tiene derecho al pago por concepto de primas de servicios, la suma de $5.551.082, así:

Primas de servicio

Semestre-Año

Desde

Hasta

Salario

Fecha ordinaria de pago

días Laborados

No de Primas por semestre

Valor total prima de servicios

I-1998

05/02/1998

31/05/1998

$ 813.021

Prescripción

II-1998

01/06/1998

30/11/1998

$ 813.021

I-1999

01/12/1998

31/05/1999

$ 813.021

II-1999

01/06/1999

30/11/1999

$ 813.021

I-2000

01/12/1999

31/05/2000

$ 888.063

II-2000

01/06/2000

30/11/2000

$ 888.063

I-2001

01/12/2000

31/05/2001

$ 965.769

II-2001

01/06/2001

30/11/2001

$ 965.769

I-2002

01/12/2001

31/05/2002

$ 1.044.848

II-2002

01/06/2002

30/11/2002

$ 1.044.848

I-2003

01/12/2002

31/05/2003

$ 1.117.883

II-2003

01/06/2003

30/11/2003

$ 1.117.883

I-2004

01/12/2003

31/05/2004

$ 1.190.434

II-2004

01/06/2004

30/11/2004

$ 1.190.434

I-2005

01/12/2004

31/05/2005

$ 1.255.907

II-2005

01/06/2005

30/11/2005

$ 1.255.907

I-2006

01/12/2005

31/05/2006

$ 1.316.819

II-2006

01/06/2006

30/11/2006

$ 1.316.819

I-2007

01/12/2006

31/05/2007

$ 1.375.812

II-2007

01/06/2007

30/11/2007

$ 1.375.812

I-2008

01/12/2007

31/05/2008

$ 1.454.096

II-2008

01/06/2008

30/11/2008

$ 1.454.096

I-2009

01/12/2008

31/05/2009

$ 1.565.625

II-2009

01/06/2009

30/11/2009

$ 1.565.625

I-2010

01/12/2009

31/05/2010

$ 1.596.937

15/06/2010

180

1

$ 798.469

II-2010

01/06/2010

30/11/2010

$ 1.596.937

15/12/2010

180

1

$ 798.469

I-2011

01/12/2010

31/05/2011

$ 1.647.560

15/06/2011

180

1

$ 823.780

II-2011

01/06/2011

30/11/2011

$ 1.647.560

15/12/2011

180

1

$ 823.780

I-2012

01/12/2011

31/05/2012

$ 1.729.938

15/06/2012

180

1

$ 864.969

II-2012

01/06/2012

30/11/2012

$ 1.729.938

15/12/2012

180

1

$ 864.969

I-2013

01/12/2012

31/03/2013

$ 1.772.148

31/03/2013

120

1

$ 576.646

Valor prima de servicios

$ 5.551.082

Prima de navidad.

En los términos del artículo 51 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del 11 del Decreto 3135 de 1968, modificado por el artículo 1 del Decreto 3148 de 1968, la prestación equivale a un mes del salario del cargo desempeñado a 30 de noviembre de cada año o proporcionalmente al tiempo servido.

En relación con este tema, si bien esta Corporación había sostenido su incompatibilidad con la prima extralegal del artículo 50 del convenio colectivo 2001-2004, con fundamento en el artículo 11 del Decreto 3135 de 1968 (CSJ SL, 15 may. 2012, rad. 35954), un nuevo examen del asunto dio lugar a que la Sala precisara que no hay lugar a la concesión, solo «en caso de que el beneficiario tenga derecho a primas anuales de cuantía igual o superior por virtud de pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o reglamentos internos que sean similares» (CSJ SL593-2021).

Puntualmente, señaló en dicha providencia:

En lo atinente a la supuesta incompatibilidad a la que se refiere el instituto convocado al proceso, dado que al demandante le fue reconocida la de servicios con venero en el artículo 50 de la Convención Colectiva de Trabajo, no es admisible, pues como se explicó en la sentencia CSJ SL, del 1 sep.2009, rad. 33676, para que se exima a un trabajador oficial de la prima de Navidad legal, es menester que se demuestre que tenía “derecho a primas anuales de cuantía igual o superior cualquiera sea su denominación”, consagradas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, fallos arbitrales o reglamentos internos de trabajo.

Ese supuesto no está probado en el asunto bajo escrutinio, pues la cláusula 50 de la convención colectiva de trabajo lo que consagró fue la prima semestral de servicios para compensar la legal que, como lo ha dicho de manera reiterada esta Corte, no está prevista a favor de los trabajadores oficiales, sin que se haya demostrado, se insiste, que la demandante devengaba una prima anual extralegal que excluyera la legal de Navidad, ya que no es dable jurídicamente darles un tratamiento normativo igualitario a prestaciones de estirpe sustancialmente diferente.

Como en este caso no se acreditó que el actor tuviera derecho a primas anuales de cuantía igual o superior a la de navidad, procede su reconocimiento.

Una vez elaborado el cálculo pertinente, teniendo en cuenta la prescripción, se obtiene la suma de $5.417.472, a favor del demandante como se detalla a continuación:

Prima de navidad

Año

Periodo causación desde

Hasta

Salario

Fecha ordinaria de pago

Días Laborados

Prima de Navidad

1998

05/02/1998

31/12/1998

$ 813.021

Prescripción

1999

01/01/1999

31/12/1999

$ 813.021

2000

01/01/2000

31/12/2000

$ 888.063

2001

01/01/2001

31/12/2001

$ 965.769

2002

01/01/2002

31/12/2002

$ 1.044.848

2003

01/01/2003

31/12/2003

$ 1.117.883

2004

01/01/2004

31/12/2004

$ 1.190.434

2005

01/01/2005

31/12/2005

$ 1.255.907

2006

01/01/2006

31/12/2006

$ 1.316.819

2007

01/01/2007

31/12/2007

$ 1.375.812

2008

01/01/2008

31/12/2008

$ 1.454.096

2009

01/01/2009

31/12/2009

$ 1.565.625

2010

01/01/2010

31/12/2010

$ 1.596.937

15/12/2010

360

$ 1.596.937

2011

01/01/2011

31/12/2011

$ 1.647.560

15/12/2011

360

$ 1.647.560

2012

01/01/2012

31/12/2012

$ 1.729.938

15/12/2012

360

$ 1.729.938

2013

01/01/2013

31/03/2013

$ 1.772.148

31/03/2013

90

$ 443.037

Valor total

$ 5.417.472

Vacaciones

Consagra el artículo 48 convencional:

El Instituto reconocerá y pagará a sus trabajadores oficiales un descanso remunerado por cada año completo de labores teniendo en cuenta el tiempo de servicio, así:

Quienes tengan hasta cinco (5) años de servicio se les reconocerá quince (15) días hábiles.

A quienes tengan más de cinco (5) y no más de diez (10) años de servicio, dieciocho (18) días hábiles.

A quienes tenga más de diez (10) años de servicios, veinte (20) días hábiles.

Para determinar los días de vacaciones que corresponden a cada trabajador, se tendrá en cuenta el tiempo de servicio en el momento en que se cause el derecho.

Así, le corresponde al demandante, por la compensación de vacaciones, la suma de $4.909.506, equivalente a 20 días, por las causadas desde el 5 de febrero de 2009 y proporcional hasta el 31 de marzo de 2013, fecha de finalización del vínculo por cuanto los anteriores se encuentran prescritas, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, como se inserta en el siguiente cuadro:

Fecha de

causación desde

Hasta

Salario base

No. días laborados

Monto adeudado

5/02/2006

5/02/2007

$ 1.772.148

360

Prescritas

5/02/2007

5/02/2008

$ 1.772.148

360

Prescritas

5/02/2008

5/02/2009

$ 1.772.148

360

Prescritas

5/02/2009

5/02/2010

$ 1.772.148

360

$ 1.181.432

5/02/2010

5/02/2011

$ 1.772.148

360

$ 1.181.432

5/02/2011

5/02/2012

$ 1.772.148

360

$ 1.181.432

5/02/2012

31/03/2013

$ 1.772.148

360

$ 1.181.432

5/02/2013

31/03/2013

$ 1.772.148

56

$ 183.778

$4.909.506

Prima de vacaciones

El literal d) del artículo 49 del convenio colectivo, aplicable al aquí demandante con más de 15 años, 3 meses de servicio, estipula:

Los Trabajadores oficiales tendrán derecho a una prima especial de vacaciones por cada año de labores, de acuerdo con el tiempo de servicios al Instituto así:

[…]

d) A quienes tengan más de quince (15) años y no más de veinte (20) años de servicio, el equivalente a treinta y cinco (35) días de salario básico.

[…] PARÁGRAFO. La prima de vacaciones se liquidará y pagará con anticipación al día de salir a disfrutar el Trabajador Oficial en tiempo el período de vacaciones.

Es decir, esta prima especial se causa por cada año de labores y es exigible en la fecha en que el trabajador entra a disfrutar las vacaciones, por lo que corresponden al demandante 35 días de salario básico por cada año y proporcional, la suma total de $8.591.694 por los periodos causados entre el 5 de febrero de 2009 y el 31 de marzo de 2013, como se refleja en el siguiente cuadro:

Desde

Hasta

Salario base

No. días

Valor adeudado

5/02/2006

5/02/2007

$ 1.772.148

360

Prescripción

5/02/2007

5/02/2008

$ 1.772.148

360

Prescripción

5/02/2008

5/02/2009

$ 1.772.148

360

Prescripción

5/02/2009

5/02/2010

$ 1.772.148

360

$ 2.067.520

5/02/2010

5/02/2011

$ 1.772.148

360

$ 2.067.520

5/02/2011

5/02/2012

$ 1.772.148

360

$ 2.067.520

5/02/2012

5/02/2013

$ 1.772.148

360

$ 2.067.520

5/02/2013

31/03/2013

$ 1.772.148

56

$ 321.614

$ 8.591.694

En cuanto a la indemnización moratoria del artículo 1 del Decreto 797 de 1949, objeto del recurso de apelación del actor, ha dicho esta Corporación, que su imposición no es automática y debe analizarse en cada caso en particular, si la conducta del empleador estuvo asistida de buena fe, carga probatoria que le concierne, si pretende exonerarse de las mismas.

La Sala de Casación Laboral, ha reiterado que la buena fe no depende de la existencia formal de los convenios o contratos de prestación de servicios, ni de la simple afirmación del demandado de creer que actuó con apego a la ley pues, en cualquier caso, es indispensable la verificación de «otros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumió en su condición de deudor obligado; vale decir, además de aquella, el fallador debe contemplar el haz probatorio para explorar dentro de él la existencia de otros argumentos valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanción» (CSJ SL9641-2014).

Igualmente, esta Corporación en sentencia CSJ SL8216-2016, indicó que la sanción moratoria no es automática y para su aplicación, el juez debe constatar si el demandado suministró elementos de persuasión que acrediten una conducta provista de buena fe.

En el sub judice, no existe un solo indicador de buena fe, en tanto quedó suficientemente acreditado que la accionada, excusada en la suscripción de unos aparentes contratos de prestación de servicios, intentó desconocer los derechos laborales del actor, al ocultar el carácter salarial de los dineros recibidos, con el argumento de que se ciñó a los postulados de la Ley 80 de 1993, por cuanto el demandante «no fue contratado para desempeñar una actividad especializada […], sino simplemente para posesionarse como conductor mecánico II».

En efecto, Bernal Vargas laboró de manera ininterrumpida, en el cargo de conductor mecánico, a órdenes de la presidencia, vicepresidencia y dirección de auditoría disciplinaria del ISS (f.°2 a 628 cuaderno 2), en iguales funciones y condiciones a las desarrolladas por el personal de planta clasificados como trabajadores oficiales, con lo cual se verifica la conducta subordinante del Instituto, muy distante de la aparente modalidad contractual adoptada. Es más, la entidad durante más de 15 años suplió una actividad misional permanente que por disposición legal, está prevista para que la ejerciera el personal de planta y «en dicho interregno se aprovechó de la subordinación de un trabajador deslaboralizado, con plena consciencia de los efectos que esto tiene en el desconocimiento del orden jurídico laboral y la dignidad de la persona trabajadora, por lo que no es dable predicar una conducta de buena fe» (CSJ SL1174-2022).

También ha expresado esta Sala en casos como el sub judice, que la condena por la indemnización moratoria del artículo 1 del Decreto 797 de 1949, debe limitarse hasta el 31 de marzo de 2015, fecha de la extinción de la persona jurídica del ISS, de acuerdo con lo dispuesto en los Decretos 2013 de 2012 y 553 de 2015, por lo que, a partir de esa data, las obligaciones a cargo del empleador se tornan de imposible ejecución. Así lo explicó esta Corporación en providencia CSJ SL194-2019:

La sanción moratoria operará hasta la liquidación de la entidad responsable, esto es, hasta la suscripción del acta final de liquidación del ISS que fue publicada en el Diario Oficial 49470 del 31 de marzo de 2015. Como quiera que la entidad existió hasta la fecha indicada, es hasta ese momento que debe liquidarse la sanción, pues con posterioridad a esa data el instituto perdió toda posibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones que pudiesen estar a su cargo.

La Sala subraya que con la extinción definitiva de la entidad, la obligación se tornó de imposible ejecución y, en tal virtud, se presenta el fenómeno de la inimputabilidad de la mora, por tanto, no es viable extender la sanción más allá del 31 de marzo de 2015. Así, lo ha entendido esta Corporación en los eventos de disolución y liquidación de entidades en los que tampoco es posible emitir orden de reintegro o de reinstalación más allá de la existencia de la entidad, entonces, lo mismo sucede en tratándose de la sanción moratoria dado que no es lógico condenar por la demora en la atención de obligaciones a quien se encuentra imposibilitado para cumplir.

En consecuencia, precisa la Corte Suprema de Justicia su criterio a fin de establecer que cuando ocurre la liquidación de la entidad, la sanción moratoria se calcula hasta que aquella deja de existir. Esto se explica, porqué al no tener el ISS la posibilidad de atender las obligaciones ordenadas en este trámite judicial con posterioridad a su liquidación final, necesariamente debe considerarse esta circunstancia para limitar la condena por concepto de indemnización moratoria hasta la fecha de extinción de la entidad, acaecida el 31 de marzo de 2015. (subraya la Sala).

Por ende, de acuerdo con el último salario mensual devengado de $1.772.148 (f.°53), la demandada deberá cancelar al demandante por indemnización moratoria, la suma diaria de $59.072 desde el 1 de julio de 2013, (luego de vencido el plazo de 90 días de gracia), hasta el 31 de marzo de 2015, condena que asciende a $37.215.360, equivalente a 631 días (CSJ SL981-2019).

Teniendo en cuenta que la condena por indemnización moratoria es susceptible de sufrir un deterioro económico por el transcurso del tiempo, se ordenará su indexación desde el 1 de abril de 2015, hasta su efectivo pago, tal como lo asentó esta Corte en la sentencia CSJ SL194-2019, citada en precedencia, conforme la siguiente fórmula:

A = VH x IPC Final

__________

IPC Inicial

Donde:

VA = Valor actualizado

VH = Valor histórico correspondiente al valor de la indemnización moratoria

IPC Final= Índice de precios al consumidor correspondiente al mes en el que se efectuará el pago.

IPC Inicial= Índice de precios al consumidor correspondiente al mes de abril de 2015.

En consecuencia, se modificarán los literales a), b), c), d), e) y f) del numeral segundo de la sentencia dictada el 26 de junio de 2018 por el juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá y se revocará su numeral tercero, para en su lugar, declarar probada la excepción de prescripción parcial de los derechos causados antes del 18 de abril de 2010 y no probadas las demás.

También habrá de revocarse el numeral cuarto de la sentencia emitida por el a quo, en cuanto absolvió a FIDUAGRARIA SA, vocera y administradora del PAR ISS, de la indemnización moratoria del artículo 1 del Decreto 797 de 1949, para en su lugar condenarla a pagar al demandante, la suma de $37.215.360, por el lapso transcurrido entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de marzo 2015, suma que deberá ser indexada, a partir del 1 de abril de 2015, hasta su pago efectivo, conforme la fórmula indicada.

Sin costas en esta instancia por haberse conocido en grado jurisdiccional de consulta.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR los literales a), b), c), d), e) y f) del numeral segundo, de la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 26 de junio de 2018 el cual quedará así:

SEGUNDO: CONDENAR a FIDUAGRARIA S.A. en calidad de vocera y administradora del PAR ISS, a pagarle al demandante FILIBERTO BERNAL VARGAS, las siguientes sumas de dinero:

Por auxilio de cesantía: $19.141.985

Por intereses sobre cesantías: $ 458.464

Por vacaciones: $4.909.506

Por prima de servicios: $ 5.551.082

Por prima de vacaciones: $8.591.694; y,

Por prima de navidad: $5.417.472

SEGUNDO: REVOCAR parcialmente el numeral tercero de dicho proveído, para en su lugar, declarar probada la excepción de prescripción de los derechos causados antes del 18 de abril de 2010 y no probadas las demás.

TERCERO: REVOCAR el numeral cuarto de la aludida sentencia en cuanto absolvió a FIDUAGRARIA S.A. en calidad de vocera y administradora del PAR ISS, de la indemnización moratoria del artículo 1 del Decreto 797 de 1949, para en su lugar condenar a la demandada, a pagarle a FILIBERTO BERNAL VARGAS, la suma de $37.215.360, por el lapso transcurrido entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de marzo 2015, suma que deberá ser indexada a partir del 1 de abril de 2015, hasta su pago efectivo, conforme la fórmula indicada.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia apelada y consultada.

Costas como se dijo.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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