Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01990-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01990-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-01990-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01990-01 (6187-2022)
Demandante: María Fátima Ramírez Barrientos
Demandado: E.S.E. Hospital General de Medellín
Tema: Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral –
intermediación a través de cooperativas y uso indebido de los
contratos sindicales
Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia con el
fin de precisar el alcance del restablecimiento
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia de primera instancia del 24 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La señora Fátima Ramírez Barrientos presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener
la nulidad del Oficio HGM 010-2017000214 del 14 de febrero de 2017, mediante el
cual el Hospital General de Medellín negó el reconocimiento de la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) declarar la existencia de
una relación laboral entre el 18 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2014, con
fundamento en la remuneración percibida por una enfermera de planta, en
particular, de la señora Gloria Lucía López Tamayo; (ii) ordenar su nivelación
salarial con quienes ejercieron ese mismo cargo a partir del 1 de julio de 2014; (iii)
disponer el reajuste de salarios, dominicales y festivos, horas extras, prestaciones
sociales legales y extralegales, así como de los aportes al Sistema de Seguridad
Social, y la devolución de los aportes efectuados a cooperativas y corporaciones;
(iv) condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada, conforme
a lo previsto en el artículo 188 del CPACA y en los artículos 361, 365 y 366 del
CGP; (v) ordenar la actualización de las sumas reconocidas con base en el IPC,
de conformidad con el artículo 187 del CPACA; y (vi) disponer el cumplimiento de
la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.
3. Como hechos relevantes, expuso que prestó servicios como enfermera para
el Hospital General de Medellín vinculada a través de las siguientes entidades: la
Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios Integrales (COOPFENIX), entre el 18
de junio y el 31 de julio de 2011; la Corporación para la Salud Fénix (CORFENIX),
entre el 1 de agosto de 2011 y el 30 de septiembre de 2013; y el Sindicato de
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Profesionales y Oficios de la Salud (DARSER), entre el 1 de octubre de 2013 y el
30 de junio de 2014. Indicó que, a partir del 1 de julio de 2014, fue vinculada
mediante nombramiento en provisionalidad en la misma entidad.
4. Señaló que el objeto de los convenios celebrados con las mencionadas
entidades consistía en la prestación personal del servicio como enfermera en el
hospital, función incorporada en la planta de cargos cuyas labores eran idénticas a
las desempeñadas por las enfermeras de planta.
5. Como concepto de violación, sostuvo que el acto acusado vulneró normas
superiores, en particular el artículo 53 de la Constitución Política que consagra la
especial protección al trabajo y el principio de primacía de la realidad sobre las
formas.
6. Resaltó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que el
personal de enfermería no puede ser vinculado mediante contratos de prestación
de servicios ni a través de convenios de asociación, por tratarse de funciones que
se desarrollan en condiciones de subordinación.
7. Manifestó que la única diferencia entre las enfermeras de planta y ella
radicaba en la forma de vinculación, pues desempeñaban idénticas funciones,
ocupaban el mismo cargo, cumplían el mismo horario, contaban con las mismas
calidades y asumían iguales responsabilidades.
Contestación de la demanda
8. La entidad demandada se opuso a las pretensiones y afirmó que suscribió
con FEDSALUD y CORFENIX diversos convenios y contratos sindicales, cuyo
objeto consistió en la prestación de servicios especializados en las áreas de
enfermería profesional, auxiliar, perfusión y angiografía, entre otros. Sostuvo que
se trataba de una relación de naturaleza privada y comercial, ejecutada por
terceros con plena autonomía y con sus propios recursos humanos y técnicos.
9. Indicó que el personal vinculado a través de CORFENIX y FEDSALUD era
gestionado a través de estas cooperativas, sin injerencia alguna del hospital.
10. Propuso como excepciones: ausencia de causa para demandar,
inexistencia de la obligación, inexistencia de la relación laboral entre la
demandante y el Hospital General de Medellín, responsabilidad de un tercero,
prescripción y la excepción innominada.
Sentencia apelada
11. Mediante sentencia del 24 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró la nulidad del Oficio HGM 010-2017000214 del 14 de febrero de
2017.
12. A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad demandada
pagar a la actora el valor correspondiente a las prestaciones sociales derivadas de
la relación laboral reconocida judicialmente, por el período comprendido entre el
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18 de junio de 2011 y el 30 de junio de 2014. Para su liquidación dispuso tomar
como base el valor de los honorarios percibidos en el último contrato.
13. Asimismo, ordenó calcular el ingreso base de cotización pensional con
fundamento en los honorarios pactados en los contratos, mes a mes, y estableció
que, si existía diferencia entre los aportes efectuados por la actora en calidad de
contratista y los que habrían debido realizarse en el marco de una relación laboral,
la ESE debía trasladar al respectivo fondo de pensiones las sumas faltantes, pero
únicamente en el porcentaje que le correspondía asumir como empleadora.
14. Igualmente, dispuso la indexación de las sumas reconocidas en favor de la
accionante, a fin de actualizar el valor de las condenas.
15. Finalmente, negó las demás pretensiones de la demanda, dentro de las
cuales quedaron comprendidas las solicitudes de nivelación salarial y el reajuste
autónomo de horas extras, dominicales y festivos por pago deficitario; además,
ordenó el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA y se abstuvo de condenar en costas en esa instancia.
16. Como fundamento de la decisión señaló que el acto acusado desconoció la
realidad material de la vinculación. Aunque la demandante apareció formalmente
ligada a COOPFENIX, CORFENIX y luego a DARSER, el servicio siempre se
prestó en favor del Hospital General de Medellín, dentro de su objeto misional y de
manera continua entre el 18 de junio de 2011 y el 30 de junio de 2014. A partir de
ello, entendió que se desnaturalizaron los contratos y tuvo por acreditados los
elementos de una relación laboral.
17. Al respecto, otorgó especial relevancia a las certificaciones allegadas al
expediente y a la propia constancia expedida por el hospital el 9 de febrero de
2017, de las que infirió que la actora se desempeñó como enfermera para esa
entidad, pese a la intermediación de terceros. A ello añadió que la labor
desarrollada coincidía con una función permanente del hospital y que, por la
naturaleza misma del servicio asistencial, la necesidad de contar con ese personal
durante un lapso prolongado revelaba vocación de permanencia, incompatible con
una vinculación realmente autónoma.
18. Así mismo, las conclusiones a las que llegó partieron de lo expuesto por las
testigos Alba Rocío Montoya y Liliana Bermúdez Carvajal, quienes señalaron que
la demandante recibía órdenes de médicos, coordinadores y del departamento de
enfermería del hospital; debía sujetarse a protocolos institucionales; requería
autorización para ausentarse del puesto de trabajo; asistía a reuniones dentro de
la entidad; y cumplía turnos previamente definidos. Incluso en las declaraciones se
expuso que los cuadros de turnos elaborados por la cooperativa debían ser
avalados por la coordinación del hospital y que todo el personal de enfermería,
cualquiera que fuera su modalidad de vinculación, debía acatar las mismas
funciones.
19. En cuanto a la pretensión de reconocimiento de prestaciones con
fundamento en el cargo de planta, señaló que, pese al indebido uso de las figuras
de intermediación, no había lugar a hacer una equiparación. Al respecto, precisó
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que de la declaración de nulidad no se desprende la obligación de homologar
salarialmente con un cargo público específico. A juicio del a quo, para acceder a
esta última pretensión era necesario acreditar, de manera suficiente, la identidad
material entre las funciones desempeñadas por la actora y las del empleo tomado
como parámetro, así como la equivalencia en las demás condiciones relevantes de
comparación.
20. En relación con los períodos posteriores al 1.º de julio de 2014, cuando la
demandante fue vinculada directamente en provisionalidad, el Tribunal sostuvo que
la nivelación salarial solo procede si se demuestra que los empleos comparados
tienen la misma nomenclatura, nivel, código, grado, funciones, responsabilidades
y requisitos. Sin embargo, advirtió que en el proceso no se acreditaron con
precisión esas condiciones frente al cargo de comparación, pues únicamente
obraba prueba de que la servidora tomada como referente estaba vinculada desde
1996, sin que se hubiera demostrado de manera completa el grado, nivel o régimen
salarial.
21. A lo anterior agregó que la actora fue nombrada con fundamento en el
Acuerdo 100 del 18 de octubre de 2013, que adoptó una nueva planta de personal
y una nueva escala salarial, pero ese acuerdo no fue aportado al expediente, lo
que impedía verificar si ambas servidoras estaban sometidas al mismo marco
normativo y retributivo. Con base en ello, concluyó que no existían elementos
suficientes para efectuar una comparación cierta entre los cargos y, por ende, negó
también la nivelación pretendida para ese período.
Recurso de apelación
22. La ESE Hospital General de Medellín apeló la sentencia y solicitó que sea
revocada, pues, a su juicio, la actora no prestó servicios para el hospital sino para
COOPFENIX, CORFENIX y el sindicato DARSER, con los cuales mantenía su
verdadera vinculación.
23. Como sustento de su recurso, afirmó que no se probaron los elementos que
permitirían reconocer una relación laboral con la ESE. En ese sentido, señaló que
no existía certeza sobre la permanencia y continuidad del servicio porque los
contratos suscritos entre el hospital y las entidades intermediarias no
individualizaban a la demandante ni precisaban que fuera ella quien debía ejecutar
las labores contratadas; agregó que las certificaciones allegadas no detallaban
funciones, horarios ni periodicidad concreta de la prestación del servicio.
24. También sostuvo que no se acreditó la prestación personal del servicio ni la
subordinación frente al hospital. Sobre este punto, adujo que los cuadros de turno,
permisos, licencias, reemplazos y horarios eran definidos por los coordinadores o
supervisores de COOPFENIX, CORFENIX y DARSER, y no por funcionarios de la
ESE, de modo que la coordinación existente respondía al cumplimiento del objeto
contractual y no a una verdadera dependencia laboral. Añadió que no obraban
memorandos, llamados de atención, circulares u otros documentos emanados del
hospital que permitieran establecer órdenes directas impartidas a la demandante.
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25. La entidad insistió, además, en que tampoco se demostró que el hospital
hubiese consignado directamente salarios o prestaciones a la actora, pues los
pagos y obligaciones laborales estaban a cargo de las cooperativas y del sindicato,
que actuaban con autonomía y con sus propios recursos humanos y técnicos. Con
base en ello, defendió la legalidad de la contratación a través de terceros por parte
de las empresas sociales del Estado, afirmó que la demandante no ocupó un
empleo de planta ni acreditó los supuestos para la nivelación salarial, y concluyó
que debían negarse en su integridad las pretensiones de la demanda.
26. La parte demandante interpuso recurso de apelación parcial contra la
sentencia de primera instancia, limitando su inconformidad a los siguientes
aspectos: en primer lugar, frente a la negativa del Tribunal de ordenar el reajuste
de la remuneración por el período comprendido entre el 18 de junio de 2011 y el
30 de junio de 2014, con base en lo devengado por el personal de planta, y, en
segundo lugar, respecto de la decisión de no reconocer el derecho a la nivelación
a partir del 1.º de julio de 2014.
27. Como sustento de su inconformidad, sostuvo que la demandante desarrolló
sus actividades sin solución de continuidad como enfermera profesional al servicio
del hospital, con sujeción a turnos, protocolos, órdenes médicas, supervisión
institucional y a las necesidades definidas por la propia ESE, motivo por el cual
insistió en que debía ordenarse el reajuste de la remuneración por el período en
que dicho vínculo fue reconocido.
28. Respecto del período posterior al 1.º de julio de 2014, alegó que procedía la
nivelación salarial y prestacional, en tanto la demandante, una vez vinculada en
provisionalidad, desempeñó el mismo cargo de enfermera profesional, con iguales
funciones, responsabilidades, jornada, requisitos y código que otra servidora de
planta tomada como parámetro de comparación a lo que se suma el hecho de que
la entidad no acreditó una razón constitucionalmente válida que justificara la
diferencia en lo que devengaba cada una.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
29. Mediante auto del 16 de marzo de 20231 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por ambas partes.
30. La parte demandante, la entidad demandada y el agente del Ministerio
Público no presentaron manifestación alguna en esta instancia, pese a haber sido
debidamente notificados2.
III. CONSIDERACIONES
Cuestión previa
31. En el presente caso, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado
por el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez y se le separará del conocimiento
del asunto, basándose en las siguientes razones:
1
Índice 4 de SAMAI del Consejo de Estado
2
Índice 7. Ibidem
5
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32. El 13 de abril de 2026, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, integrante
de esta Subsección manifestó impedimento para conocer del asunto de la
referencia, con fundamento en la causal señalada en el numeral 2 del artículo 141
del Código General del Proceso. Para ello, indicó que le asiste interés directo en el
resultado del proceso, dado que fue ponente de la sentencia objeto de reproche.
33. El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la
imparcialidad del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho
que pueden comprometer su criterio en la toma de decisiones.
34. Las causales de impedimento establecidas en la ley son taxativas y de
aplicación restrictiva, constituyendo una excepción al cumplimiento de la función
jurisdiccional que no puede ampliarse discrecionalmente conforme al criterio del
juez o de las partes.
35. La causal de impedimento invocada por el consejero de Estado se encuentra
enunciada en el numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, así:
Artículo 141. Son causales de recusación las siguientes:
2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia
anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus
parientes indicados en el numeral precedente.
[...]
36. En ese contexto, y habiéndose confrontado la causal invocada con las
razones expuestas, la Sala considera procedente aceptar el impedimento
formulado, en cuanto actuó como ponente de la providencia objeto de
cuestionamiento en el presente trámite.
Competencia
37. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.
Problema jurídico
38. La Sala debe establecer si, conforme a las pruebas obrantes en el
expediente, se demostró que El Hospital General de Medellín acudió de manera
indebida a cooperativas de trabajo asociado y a contratos sindicales durante el
período comprendido entre el 18 de junio de 2011 y el 30 de junio de 2014, lapso
en el cual la señora Ramírez Barrientos le prestó sus servicios como enfermera; y,
de ser así, si hay lugar a restablecer el derecho en los términos definidos por el
Tribunal Administrativo de Antioquia o si debe acudirse a otro parámetro de
restablecimiento. Adicionalmente, se determinará si procede la nivelación salarial
y prestacional respecto del período posterior al 1.º de julio de 2014, cuando fue
vinculada en provisionalidad.
6
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Análisis del problema jurídico
39. La Sala modificará parcialmente la decisión apelada, pues si bien es cierto
que las pruebas obrantes en el expediente acreditan la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación durante la ejecución de los objetos
contractuales, también lo es que hay lugar a hacer ajustes en el acápite de
restablecimiento del derecho.
40. Cabe agregar que se confirmará la decisión de no acceder a la nivelación
salarial, porque no están dados los supuestos para ello, conforme se detalla más
adelante.
41. De las pruebas documentales obrantes en el proceso se puede establecer
que el Hospital suscribió los siguientes contratos y convenios con las cooperativas
mencionadas y con la asociación sindical referida en la presente providencia: 113
de 20113 (COOPFENIX), 266 de 20124, 23 DE 20125, 242 de 20136, 105 de 20137
(CORFENIX), y 272 de 20138, 128 de 20149, 148 de 201410,149 de 201411, 150 de
2014 12(FEDSALUD), para la prestación de servicios de enfermería profesional y
auxiliar en sus distintas áreas asistenciales.
42. Así mismo, obran en el expediente certificaciones expedidas por las
cooperativas de trabajo asociado y por la asociación sindical, en las cuales se
acredita que la demandante laboró durante los siguientes períodos:
Vinculación Duración Objeto Valor
COOPFENIX13 18 de junio al 31 Facilitando su fuerza de trabajo No se tiene
de julio de 2011 como enfermera en el Hospital especificado los
Cooperativa de General de Medellín, a través de valores
Trabajo Asociado un convenio de trabajo asociado
a término indefinido (Decreto ley
4588 de 2006)
CORFENIX14 1 de agosto de Facilitando su fuerza de trabajo No se tiene
2011 hasta el 30 como enfermera en el Hospital especificado los
Cooperativa de de septiembre de General de Medellín. valores
Trabajo Asociado 2013
DARSER15 1 de octubre de Enfermera profesional No se tiene
2013 a 30 de especificado los
Contrato sindical junio de 2014 valores, pero se
remitió un anexo
de
compensaciones
3
Folios 438 a 445. Cuaderno 1.
4
Folios 447 a 458. Ibidem
5
Folios 459 a 473. Ibidem
6
Folios 474 a 496. Ibidem
7
Folios 499 a 504. Ibidem
8
Folios 519 a 527. Ibidem
9
Folios 552 a 558. Ibidem
10
Folios 560 a 568. Ibidem
11
Folios 570 a 579. Ibidem
12
Folios 580 a 586. Ibidem
13
Folio 608. Ibidem
14
Folio 607. Ibidem
15
Folios 604 a 606, 611 CD . Ibidem
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Adicionalmente, se encuentra demostrado que, a través de la Resolución núm. 242
de 201416, la demandante fue nombrada como enfermera, código 243, en
provisionalidad en la entidad demandada.
43. En primera instancia se practicaron los testimonios de las señoras Alba
Rocío Montoya y Liliana Bermúdez Carvajal quienes manifestaron lo siguiente:
• Alba Rocío Montoya declaró que se desempeñaba como auxiliar de
enfermería en el Hospital General de Medellín y que conocía a la
demandante desde el año 2011, período en el cual ejerció funciones de
supervisión respecto de aquella en dicha institución, incluso cuando se
encontraba vinculada a través de una cooperativa y, posteriormente,
mediante un sindicato.
Afirmó que durante todo ese tiempo actuó como su jefe inmediata y que,
para el año 2014, la señora Ramírez Barrientos fue vinculada directamente
con el hospital.
Precisó que no existía diferencia funcional entre las enfermeras de planta y
aquellas vinculadas a través de las referidas figuras, pues todas
desarrollaban actividades como la toma de muestras específicas, la
realización de curaciones, la práctica de exámenes de laboratorio
especializados, el acompañamiento a los médicos en procedimientos y la
transmisión de órdenes al personal auxiliar.
Explicó que las instrucciones se impartían desde el Hospital General de
Medellín, de acuerdo con la dependencia a la cual estuvieran adscritas, y
que tanto el personal de planta como el vinculado mediante dichos
esquemas debía observar los protocolos institucionales.
Indicó que los insumos utilizados en la atención de los pacientes eran
suministrados por el hospital conforme al área de trabajo, y que su provisión
se gestionaba a través del sistema interno mediante códigos o formatos
asociados a cada paciente.
Afirmó que las ausencias debían reportarse al Departamento de Enfermería
mediante el diligenciamiento de un formato que posteriormente era
autorizado por la coordinadora de la respectiva dependencia, procedimiento
que se aplicaba indistintamente al personal de planta y al vinculado
mediante terceros.
Finalmente, señaló que la labor se desarrollaba de manera presencial,
mediante turnos asignados mensualmente por el Departamento de
Enfermería, y que la única diferencia entre el personal de planta y aquel
vinculado a través de cooperativas radicaba en el número de horas
laboradas.
16
Folios 602 a 603. Ibidem
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• Liliana Bermúdez Carvajal manifestó que es enfermera de profesión y que
prestó sus servicios en el Hospital General de Medellín, aunque indicó no
recordar con claridad a la demandante.
Señaló que, cuando ejercía funciones de supervisión sobre los contratos
suscritos con cooperativas, estas designaban una enfermera encargada de
coordinar al personal vinculado a través de dichas entidades.
Precisó que se desempeñó como coordinadora de enfermería hasta el año
2009 y que, entre 2009 y 2013, apoyó la supervisión de los contratos desde
otra área, luego de ser trasladada a la Oficina de Calidad y Planeación.
Expuso que los permisos del personal vinculado por intermedio de
cooperativas se tramitaban ante la coordinadora de enfermería de la
respectiva entidad, quien también elaboraba los cuadros de turnos.
Indicó que las enfermeras vinculadas mediante cooperativas contaban con
manuales propios de dichas organizaciones; sin embargo, el hospital remitía
los protocolos, instructivos y guías necesarios para el desarrollo de las
funciones.
Señaló que la entidad acudía a la contratación con cooperativas ante la
insuficiencia de su capacidad instalada frente a la creación de nuevos
servicios.
Agregó que en el año 2014 el Hospital General de Medellín abrió una
convocatoria pública para la vinculación directa de nuevo personal.
Afirmó que la institución lleva más de 70 años prestando servicios de salud
y explicó que los médicos especialistas consignaban los tratamientos en la
historia clínica, razón por la cual no impartía órdenes directas a las
enfermeras; no obstante, estas debían acatar estrictamente las indicaciones
allí contenidas.
Manifestó que las reuniones institucionales estaban dirigidas
exclusivamente al personal del hospital y que solo de manera ocasional
coincidían con el personal vinculado mediante cooperativas, principalmente
en espacios de capacitación sobre nuevos servicios.
Finalmente, señaló que las cooperativas se comprometían a proveer el
servicio por número de horas dentro de las instalaciones del Hospital
General de Medellín y que la entidad suministraba los insumos necesarios
para el desarrollo de las actividades.
44. Bajo este marco fáctico, la Sala estima necesario empezar por establecer si
la entidad demandada recurrió de forma impropia a la intermediación laboral.
45. Al respecto, se advierte que el reproche de la entidad demandada consistió
en que el a quo erró al declarar acreditada la subordinación continuada y, en
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consecuencia, al reconocer la existencia de un vínculo laboral porque la
demandante nunca estuvo vinculada directamente con la entidad.
46. En este contexto, es pertinente recordar que las cooperativas de trabajo
asociado en Colombia tienen sustento jurídico en la Ley 79 de 1988, que permitió
la conformación de colectivos de personas para desarrollar, de manera
concertada, iniciativas de emprendimiento laboral. El modelo buscó democratizar
los medios de producción y distribuir equitativamente los excedentes, con el fin
de contribuir a la reducción de los altos índices de desempleo que históricamente
ha enfrentado el país.
47. Posteriormente, el Decreto 4588 de 2006 definió estas organizaciones
como «entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la
economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras,
contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan directamente su
capacidad de trabajo para desarrollar actividades económicas, profesionales o
intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar
servicios que satisfagan las necesidades de sus asociados y de la comunidad en
general».
48. No obstante, dicha normativa estableció límites precisos al uso de esta
figura. En sus artículos 16 y 17 se dispuso que, cuando una cooperativa envíe a
sus asociados a prestar servicios a un tercero en condiciones que configuren
subordinación, se entenderá que existe una relación laboral dependiente entre el
asociado y la persona natural o jurídica beneficiaria de su trabajo.
49. Asimismo, se prohibió expresamente que las cooperativas y
precooperativas actuaran como empresas de intermediación laboral o de servicios
temporales, o que dispusieran del trabajo de sus asociados para suministrar mano
de obra a terceros. En caso de configurarse tales prácticas, la cooperativa, sus
directivos y el contratante serían solidariamente responsables de las obligaciones
económicas derivadas de la relación laboral.
50. La jurisprudencia de esta corporación17 ha precisado que la finalidad,
estructura y funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado difiere
sustancialmente del de las empresas de carácter comercial, lo cual justifica que el
legislador establezca para ellas un régimen jurídico especial, siempre que no se
desconozcan los derechos laborales constitucionalmente protegidos.
51. Se ha advertido, en particular, que el trabajo asociado no puede ser
utilizado indebidamente para evadir obligaciones laborales frente a trabajadores
dependientes o subordinados, so pena de comprometer la responsabilidad tanto
de la cooperativa como del tercero beneficiario ante las autoridades competentes.
En consecuencia, cuando un asociado presta sus servicios a un tercero bajo
órdenes permanentes provenientes de la cooperativa y de dicho tercero y solicita
la desnaturalización de la figura al amparo del principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades, le corresponde acreditar la prestación personal del servicio,
la subordinación continuada y la remuneración.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2022,
expediente 23001-23-33-000-2013-00390-01 (3612-2015)
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52. Se observa en el proceso que la demandante también prestó sus servicios
al hospital a través de la figura prevista en el artículo 482 del Código Sustantivo del
Trabajo, desarrollada por el Decreto 1429 de 2010. Dicha disposición define el
contrato sindical como un acuerdo de voluntades de naturaleza colectivo-laboral,
de carácter solemne, nominado y principal, que puede celebrarse entre uno o
varios sindicatos de trabajadores y uno o varios empleadores o sindicatos de
empleadores, para la prestación de servicios o la ejecución de obras con sus
propios afiliados.
53. Su celebración y ejecución se enmarcan en el ejercicio de la libertad
sindical y se desarrollan bajo la autonomía administrativa e independencia
financiera del sindicato o de los sindicatos contratantes, rigiéndose por las normas
y principios del derecho colectivo del trabajo.
54. En este contexto, las pruebas documentales y testimoniales demuestran
que la demandante se desempeñó como enfermera jefe, en un primer periodo
vinculada a través de cooperativas de trabajo asociado y de un contrato sindical, y
posteriormente en provisionalidad con el Hospital General de Medellín.
55. De acuerdo con lo probado, sus funciones consistían en la atención de
pacientes conforme a las indicaciones de los médicos tratantes, aplicación de
medicamentos, realización de curaciones, toma de muestras y exámenes de
laboratorio especializados, dentro de los turnos programados directamente por la
entidad demandada.
56. Adicionalmente, en su condición de enfermera jefe, la accionante ejercía
labores de supervisión sobre las auxiliares de enfermería a su cargo, lo que
implicaba un rol adicional de coordinación, asignación de actividades y vigilancia
del equipo asistencial.
57. De esta manera, el acervo probatorio evidencia un uso indebido tanto de
la figura cooperativa como de la modalidad contractual sindical, y permite concluir
que concurren los elementos configurativos de una relación laboral respecto del
tercero beneficiario del servicio. En consecuencia, resulta procedente declarar la
existencia del vínculo laboral, conforme al principio constitucional de primacía de
la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación
laboral.
58. Desde esa perspectiva, esta corporación18 ha considerado que las labores
relacionadas con la actividad de enfermería suelen llevar implícita la continuada
subordinación, ya que la parte contratante ejerce el control o dirección de la forma
en que se ejecutan las tareas, tesis que es consonante con las pruebas recaudadas
en el proceso, las cuales demuestran que la demandante carecía de autonomía
18
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencias del 12 de junio de 2025, expediente 66001-23-33-000-2017-00062-01
(3238-2019); 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2016-00467-02 (3382-2021); 9 de
mayo de 2024, expediente 66001-23-33-000-2017-00061-01 (0870-2020); y 21 de abril de 2016,
expediente 13001-23-31-000-2012-00233-01 (2820-2014); y Subsección B, sentencias del 12 de
diciembre de 2023, expediente 66001-23-33-000-2017-00274-01 (2189-2020) y 28 de julio de 2022,
expediente 76001-23-33-000-2011-00822-01 (1953-2018).
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para determinar la cantidad, el tiempo, el modo y el lugar en que cumplía sus
quehaceres.
59. En ese contexto, la Sala comparte la decisión del Tribunal en cuanto
concluyó que se hizo un uso indebido de las referidas figuras, dado que se acreditó
la existencia de subordinación continuada durante la ejecución de los contratos
celebrados mediante cooperativas de trabajo asociado y contratos sindicales con
la entidad demandada.
60. Como consecuencia de lo anterior, es necesario confirmar la declaratoria
de nulidad del Oficio HGM 010-2017000214 del 14 de febrero de 2017 y adoptar
las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho de la demandante.
61. Se advierte que el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la
entidad demandada al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
derivadas de la relación laboral declarada judicialmente, por el período
comprendido entre el 18 de junio de 2011 y el 30 de junio de 2014, y dispuso que
su liquidación se efectuara con base en el valor de los honorarios percibidos en el
último contrato.
62. Se recuerda que la demandante consideró que se debió recurrir a las
sumas percibidas por el personal de planta para efectos del restablecimiento. De
hecho, señaló que se debería hacer la comparación con lo devengado por la señora
Gloria Lucía López Tamayo.
63. Para la Sala, la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
debe modificarse porque no se puede tomar la retribución devengada en el último
período, dado que ello no refleja la realidad de todo el tiempo objeto de demanda.
64. Ahora bien, tampoco resulta procedente efectuar una comparación con el
personal de planta, pues, aunque se acreditó el desempeño de funciones similares,
no es posible otorgar un tratamiento equivalente a la situación de la señora
Ramírez Barrientos. En efecto, los contratistas no acceden al empleo público
mediante concurso de méritos ni se encuentran sometidos al mismo régimen
jurídico de los servidores de planta, en particular en lo que concierne a su
responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal, así como a las condiciones de ingreso,
permanencia y retiro.
65. Cabe agregar que la solicitud de condena con base en lo percibido por las
enfermeras del hospital plantea serias dificultades de ejecución y genera
incertidumbres respecto de su alcance. En efecto, no resulta claro quién debe
definir, ni bajo qué criterios, cuál sería el servidor público con el que debe
equipararse el contratista y, si tal determinación se delega a la entidad demandada,
surgen inmediatamente unos interrogantes relevantes: ¿deberá acudir al contrato
y, a partir de allí, revisar el manual de funciones para establecer cuál servidor
cumplía funciones similares?, ¿La comparación debe hacerse conforme al perfil
profesional del demandante?, ¿Deberá tener en cuenta únicamente la formación
del beneficiario de la orden, su experiencia, o solo el monto de los honorarios que
devengaba?
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66. Adicionalmente, para el caso concreto de la señora Ramírez Barrientos, no
se tiene clara su retribución mientras desempeñó las funciones a través de
cooperativas y el reporte de sus compensaciones mientras estuvo vinculada a
mediante un contrato sindical demuestra una variación importante en cada
quincena.
67. Este grado de indeterminación vulnera los principios de seguridad jurídica
y ejecutoriedad de las decisiones judiciales, por cuanto no obra en el expediente
prueba suficiente que permita establecer con certeza cuál sería el cargo de planta
con el cual deba efectuarse la equiparación ni exatamente cuál fue su retribución
durante la totalidad del contrato. En esas condiciones, cualquier decisión en ese
sentido devendría incierta, impidiendo su cumplimiento material y efectivo.
68. Además, debe destacarse que aun en los escenarios en que la posible
equivalencia se encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido implicaría
que se superó el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos de que
dispone la entidad. En este punto, es pertinente advertir que en el caso concreto
no se demostró el cumplimiento total de las funciones del cargo frente al cual se
reclama la nivelación, ni se aportó el medio de acreditación idóneo para para
colegir la estructura y escala salarial aplicable al momento de su vinculación, lo que
impide tener certeza sobre el código, denominación ni nomenclatura del cargo
tomado como referente, a lo que se suma lo ya reseñado por el Tribunal, esto es,
que la servidora tomada como referente estaba vinculada desde 1996, sin que se
hubiera demostrado de manera completa cuál era su grado, nivel o régimen
salarial.
69. En consecuencia, se pone de presente que, ante la eventual falta de
claridad en la sentencia, la administración tendría muchas opciones para escoger
el equivalente en su planta y, de no ser compartida esa elección por el demandante,
tendría que acudir al proceso ejecutivo y solicitar el mandamiento de pago.
70. En consecuencia, la Sala concluye que no se configura el derecho a la
nivelación salarial pretendido por la demandante, al no acreditarse los
presupuestos fácticos y jurídicos exigidos para su procedencia.
El restablecimiento del derecho
71. Se advierte que en el expediente no obran desprendibles de nómina ni otros
documentos que permitan establecer con certeza los honorarios mensuales
devengados por la demandante, ni el monto de las cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social durante los períodos en que prestó sus servicios a través de
cooperativas de trabajo asociado. En consecuencia, la Sala liquidará las
acreencias correspondientes al periodo comprendido entre el 18 de junio de 2011
y el 30 de septiembre de 2013 con base en el salario mínimo legal mensual vigente,
lapso en el cual la actora estuvo vinculada mediante las cooperativas COOPFENIX
y CORFENIX, por lo que ante la ausencia de prueba de la remuneración, el ingreso
base de liquidación no puede ser inferior a dicho parámetro legal.
72. De otra parte, respecto del período de vinculación mediante contrato sindical
con DARSER correspondiente al lapso que corrió del 1° de octubre de 2013 al 30
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de junio de 2014, en el expediente obra certificación del valor de la compensación
mensual percibida por la demandante. No obstante, dado que dichos valores
resultan variables, la Sala tomará como base para la liquidación de las prestaciones
sociales el promedio de lo efectivamente devengado durante dicho lapso.
73. En consecuencia, se modificará el ordinal segundo de la parte resolutiva del
fallo de primera instancia con el fin de precisar que el pago de las prestaciones
sociales no debe realizarse con base en el valor de los honorarios percibidos en el
último contrato. Al respecto, se pone de presente que la jurisprudencia de esta
Subsección19 ha precisado que cuando se declara la desnaturalización del vínculo
en el marco del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, el
contratista solo tiene derecho a los emolumentos mínimos del régimen general
consagrados en los Decretos 1042 de 1978 y 1045 de 1978, liquidados con base
a lo anteriormente expuesto20.
74. En consecuencia, la demandante tiene derecho a que se le reconozcan y
paguen los siguientes emolumentos: auxilio de transporte, subsidio de
alimentación, cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de navidad,
vacaciones, prima de vacaciones, causados durante los períodos entre el18 de
junio de 2011 y el 30 de junio de 2014, los cuales se liquidan en los siguientes
términos:
SALAR CESA INTER
Desde IPC IPC IO AUXILI AUXILI ES
# TOTAL NTIA
PROM AUXILI O DE AUXILI O DE SOBR
# Dias meses ANUA
ED. O DE TRANS O DE ALIME CESA E LA
por compl L
INICIA MENS TRANS PT. ALIME NT NTIA INDEX CESA
Año FINAL año por SALAR
L UAL PT. INDEX NT INDEX ADA NTIA
año IOS
POR ADO ADO INDEX
AÑO ADA
2011
(COO 535.0 63.60 132.5 42.52 88.62 784.6 66.45 138.4
156,94 75,31 44 1,45 2.031
PFENI 00 0 37 8 5 67 0 77
X)
2011
(COO 535.0 63.60 132.3 42.52 88.53 2.728. 240.2 500.1 25.50
156,94 75,39 153 5
RFENI 00 0 97 8 1 500 63 57 8
X)
2012
(COO 566.7 67.80 138.6 44.65 91.31 6.913. 655.8 1.341. 163.6
156,94 76,75 366 12
RFENI 00 0 39 5 1 740 44 083 12
X)
2013
(COO 589.5 70.50 141.3 46.19 92.60 5.364. 492.9 988.3 89.93
156,94 78,28 273 9
RFENI 00 0 42 2 8 450 56 05 6
X)
2013
(DAR 3.264. 10.01 860.8 1.698. 52.10
156,94 79,52 92 3 0 0 0 0
DSER 957 2.535 30 928 0
)
2014
(DAR 3.080. 18.58 1.646. 3.232. 195.0
156,94 79,95 181 6 0 0 0 0
DSER 181 3.759 968 960 55
)
SALARI PRIMA PRIMA
O DE VACACI DE
Desde IPC IPC PRIMA PRIMA
# meses PROME NAVIDA ON VACACI
# Dias DE VACACI DE
complpo D. D ON
por año NAVIDA ON VACACI
r año MENSU
D INDEXA INDEXA ON INDEXA
Año FINAL INICIAL AL POR
DA DA DA
AÑO
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de marzo de 2025, expediente 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021).
20
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2013-
06872-01 (0121-2019).
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Demandante: María Fátima Ramírez Barrientos
2011
(COOP 156,94 75,31 44 1,45 535.000 65.040 135.539 39.180 81.648 39.180 81.648
FENIX)
2011
283.61 136.24 283.61
(COOR 156,94 75,39 153 5 535.000 227.647 473.895 136.240
FENIX) 1 0 1
2012
1.217.6 705.94 345.23 705.94
(COOR 156,94 76,75 366 12 566.700 595.470 345.237
FENIX)
29 8 7 8
2013
536.82 267.76 536.82
(COOR 156,94 78,28 273 9 589.500 458.860 919.948 267.764
FENIX) 9 4 9
2013
3.264.9 1.628.0 823.36 417.18 823.36
(DARD 156,94 79,52 92 3 824.931 417.189
SER)
57 76 1 9 1
2014
3.080.1 1.572.3 3.086.4 1.519. 774.32 1.519.
(DARD 156,94 79,95 181 6 774.323
SER)
81 54 94 979 3 979
CONSOLIDADO
AUXILIO DE AUXILIO DE CESANTIAS INTERESES VACACIONES PRIMA DE
TRASNPORTE ALIMENTO INDEXADAS CESANTIAS INDEXADA VACACIONES
INDEXADO INDEXADO INDEXADOS INDEXADA
$ 544.915 $ 361.076 $ 7.899.910 $ 528.243 $ 7.461.376 $ 3.951.376
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES INDEXADAS : $24.698.476
La condena en costas de segunda instancia
75. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
76. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público,
creando así una excepción a la regla general según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos.
77. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se regirá
conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.
78. En consecuencia, no se impondrá condena en costas, toda vez que se
hicieron ajustes a la sentencia de primera instancia de forma oficiosa, de manera
que no se puede considerar que exista una parte vencida en esta etapa procesal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
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Demandante: María Fátima Ramírez Barrientos
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado
Jorge Iván Duque Gutiérrez, consejero de Estado de la Sección Segunda de esta
corporación, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
del 24 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Oralidad, el cual quedará así:
A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ORDENA a la ESE
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, PAGAR la suma de veinticuatro
millones seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y seis pesos
($24.698.476) correspondientes a las prestaciones sociales, derivadas de la
desnaturalización del vínculo reconocida en esta sentencia por el período
comprendido entre el dieciocho (18) de junio de 2011 hasta el treinta (30) de
junio de 2014.
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
CUARTO. SIN CONDENA en costas de segunda instancia.
QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Con impedimento fundado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACPC
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