Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02111-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02111-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2017-02111-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
6 de diciembre de 2017
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Reliquidación de pensión de vejez de ex empleado del DAS / DESCONOCMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL – Establecido en la sentencia de unificación de 1 de agosto de 2013 en la cual se refirió al marco normativo pensional de los ex detectives del DAS / BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL – Del Decreto 1835 de 1994 / RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL DE LOS EMPLEADOS DEL DAS – Son los decreto 1047 de 1978 y 1933 de 1989 / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD
[L]a accionante pertenece al régimen de transición previsto en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, pues a la entrada en vigencia de dicha norma, es decir el 4 de agosto de 1994, laboraba en el DAS. Además, con la expedición de la Ley 860 de 2003, acreditaba un tiempo de servicios superior a 500 semanas, por tanto la normativa aplicable para efectos pensionales eran los Decretos 1933 de 1989 y 1047 de 1978. Al respecto, esta Sala debe resaltar que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 1 de agosto de 2013, se refirió al marco normativo pensional de los ex detectives del DAS (…) estableció que el marco normativo del régimen pensional de los ex detectives del DAS, están conformado por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989. Aunado a lo anterior, esta Sección en sentencias de fallo de 25 de mayo de 2017 y 17 de agosto de 2017 , concluyó en un caso en que se analizó el desconocimiento del precedente judicial de 1 de agosto de 2013, proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado relativo a la liquidación de la pensión de jubilación de los detectives del DAS y que les aplica el régimen de transición contenido en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, que al beneficiario del mencionado régimen especial en virtud de la transición del Decreto 1835 de 1994, se le debió aplicar el mencionado precedente de esta Corporación y no la SU-230 de 2015, toda vez que no le era aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (…)En ese orden de ideas, la Sala considera que la autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento del precedente judicial, toda vez que aplicó una marco normativo diferente, pues el asunto de la referencia versa sobre el régimen especial de transición que ostentan la accionante en su calidad de ex detective profesional del DAS, al cual no se le puede aplicar el IBL de la Ley 100 de 1993, como lo hizo en la sentencia atacada. Así las cosas, se amparará el derecho fundamental a la igualdad de la actora
FUENTE FORMAL: DECRETO 1835 DE 1994 - ARTÍCULO 4 / LEY 860 DE 2003 - ARTÍCULO 2 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 140
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02111-00(AC)
Actor: LUZ MARINA SOLAQUE URREGO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la solicitud de tutela promovida por la demandante, quien actúa mediante apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y derechos adquiridos, así como a los principios de confianza legítima, favorabilidad, inescindibilidad de la ley y a la seguridad jurídica, vulnerados con la decisión de 18 de mayo de 2017, en la que supuestamente se incurrió en decisión sin motivación y en desconocimiento del precedente judicial al apartarse de la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado relativa a liquidación de la pensión de jubilación de los ex detectives del DAS, cuando les aplica el régimen de transición.
I. ANTECEDENTES
Hechos
La accionante afirma que la extinta Cajanal le reconoció la pensión de jubilación, en su condición de ex detective del DAS. Agrega que dicha entidad omitió la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio, por lo que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sostiene que el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Bogotá en sentencia de 18 de noviembre de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó reliquidar su pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el año anterior al retiro definitivo del servicio.
Relata que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante fallo de 18 de mayo de 2017, revocó el fallo de primera instancia, bajo el argumento de que aplicaba el artículo 13 del Decreto 1835 de 1994, norma que supuestamente remite expresamente al IBL en los términos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Además, resalta que en dicha providencia se manifestó que en casos análogos se accedió a reliquidar la pensión, pero que en el asunto de la referencia reexaminaba su posición, sin motivación alguna.
Señala que la anterior decisión es contraria a derecho, toda vez que cumplía con los requisitos establecidos en el régimen especial de los detectives del DAS contemplado en los Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989, 1835 de 1994 y la Ley 860 de 2003, en concordancia con el inciso 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
Por último, concluye que la decisión contó con un salvamento de voto, en el que hizo hincapié en que el Decreto 1835 de 1994, al ser derogado por el Decreto 2091 de 2003 y este último declarado inexequible mediante sentencia C-030 de 2009, el tribunal debió remitirse a lo previsto en el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, el cual estableció el régimen de transición para los detectives vinculados antes del 3 de agosto de 1994, con 500 semanas a la entrada en vigencia de la mencionada norma, conforme lo previsto en el Decreto 1835 de 1994.
Fundamentos de la acción
La accionante afirma que la autoridad judicial incurrió en decisión sin motivación y en desconocimiento del precedente judicial, pues en la sentencia objeto de tacha constitucional se indicó que reexaminaba su postura frente a la reliquidación de los ex detectives del DAS, sin precisar los fundamentos fácticos o jurídicos que permitieran aplicar el IBL establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Además, sostiene que con el fallo censurado se desconoció el precedente unificado de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el que se establecieron los factores salariales a tener en cuenta en el último año de servicio de los es ex detectives del DAS, cobijados con el régimen de transición.
Igualmente, resalta que tiene un régimen especial de pensiones el cual no se puede escindir, pues es beneficiaria del régimen de transición contemplando en el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, por lo que se le debió reliquidar la pensión en los términos de los Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989 y 1835 de 1994.
Pretensiones
Se formularon las siguientes pretensiones:
“1. AMPARAR los derechos AL DEBIDO PROCESO, A LA SEGURIDAD SOCIAL, CONFIANZA LEGITIMA, FAVORABILIDAD LABORAL, IGUALDAD MATERIAL ANTE LA LEY , PRINCIPIO DE INESCINDIBILIDAD DE LA LEY Y SEGURIDAD JURÍDICA a la señora LUZ MARINA SOLAQUE URREGO, dentro de la presente actuación al no contar con otro medio de defensa.
2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA, Subsección A, en amparo a los derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 18 de mayo de 2017, que revocó la sentencia de primera instancia mediante la cual se había accedido a las pretensiones de la demanda.
3. En consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección “A”, Sala integrada por los Magistrados Doctores Néstor Javier Calvo Chaves – Ponente-, Carmen Alicia Rengifo Sanguino y José María Armenta Fuentes, a proferir nuevo pronunciamiento que CONFIRME la sentencia del Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda, del 18 de noviembre de abril (sic) de 2016 y se garantice el debido proceso.
4. Se resuelva la presente acción en los términos establecidos para ello en la ley.
5. Las demás que este Honorable Despacho considera para proteger los derechos aquí tutelados”.
4. Pruebas relevantes
La accionante aporta copia del expediente Nº 11001-33-35-029-2013-00878-02, correspondiente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que inició contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
5. Trámite procesal
En auto de 22 de agosto de 2017, el despacho de la Magistrada sustanciadora admitió la demanda y ordenó notificar a la demandante y a la autoridad judicial demandada. Igualmente, que se vinculara al Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, a la UGPP y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la UGPP
En memorial de 31 de agosto de 2017, el subdirector de defensa judicial de la entidad solicita que se declare la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no es el mecanismo judicial idóneo para ventilar pretensiones de índole económica.
Afirma que la accionante no demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues sus derechos fundamentales se encuentran protegidos en virtud del pago mensual de su pensión, equivalente a $2.258.912, reconocida por Cajanal.
Sostiene que la decisión de la autoridad judicial accionada se encuentra ejecutoriada, hizo tránsito a cosa juzgada y que no existe vulneración de derechos fundamentales invocados.
Señala que en el asunto de la referencia, la decisión atacada se ajustó a derecho y fue revisada por un órgano judicial de mayor jerarquía revestido de poder para confirmar, modificar o revocar las decisiones no ajustadas al ordenamiento jurídico, de modo que se debe dar relevancia a la cosa juzgada.
6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”
En memorial de 31 de agosto de 2017, el magistrado ponente pide que se nieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que la sentencia cuestionada se fundamentó en lo previsto en el artículo 13 del Decreto 1835 de 1994, que contempló el régimen de transición de los empleados del DAS, entre otros, que remite en forma expresa al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, para el cálculo del IBL.
Resalta que de conformidad con el principio de inescindibilidad de la ley no se podía desconocer y pasar por alto lo previsto en el Decreto 1835 de 1994, que contempló el régimen de transición para los empleados públicos que desempeñaron actividades de alto riesgo, pues dicha disposición fue clara en señalar que únicamente se podía acudir a las normas anteriores para la edad, tiempo de servicios y monto, mientras que para el IBL se remite a lo contemplado en la Ley 100 de 1993.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991, el 13 del Acuerdo 58 de 1999, el 2º [c] del Acuerdo 055 de 2003 (reglamento interno), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.
2. Aclaración previa
La Sala observa que la demandante, al desarrollar los fundamentos de la acción de tutela de la referencia, manifiesta que la autoridad judicial accionada incurrió en decisión sin motivación y en desconocimiento del precedente judicial, en tanto pasó por alto la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 1 de agosto de 2013, último defecto al que se circunscribirá el estudio de la Sala.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si en el presente caso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y derechos adquiridos, así como a los principios de confianza legítima, de favorabilidad, inescindibilidad de la ley y a la seguridad jurídica, al aplicar el IBL de la Ley 100 de 1993, bajo el argumento de que dicha autoridad judicial reexaminó la posición frente al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación para los ex detectives del DAS que ostentan el régimen de transición y, asimismo, al apartarse de la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado proferida el 1 de agosto de 2013.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. En aquél entonces, este tribunal dijo:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser cuidadosamente verificados, son: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado e i. Violación directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada (res judicata) y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
5. Régimen pensional especial para ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
El artículo 140 de la Ley 100 de 1993, señaló que el Gobierno Nacional en observancia de la Ley 4 de 1992, debía expedir el régimen de los servidores públicos que laboran en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos.
Por lo anterior, se expidió el Decreto 1835 de 1994, por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos. En el artículo 4 se estableció el régimen de transición especial para aquellos servidores que estuviesen vinculados antes de la entrada en vigencia de este decreto, como se señala a continuación:
“Artículo 4. Modificado por el Artículo 1, del Decreto 898 de 1996. Los funcionarios de las entidades señaladas en este capítulo que laboren en las actividades descritas en los numerales 1 y 5 del Artículo 2 de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas, y el monto de esta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores, las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador”.
Dentro de los empleos considerados como de alto riesgo se encuentra el cargo de detective del DAS, en sus distintos grados y denominaciones especializado, profesional y agente.
EI régimen pensional especial aplicable a los detectives del DAS antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, era el establecido en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
El artículo 1º del Decreto 1047 de 1978 estableció:
“Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho Departamento tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad".
Por su parte, el artículo 10 del Decreto 1933 de 1989 estableció que las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los empleados de la administración pública del orden nacional, se aplicarán a los empleados del DAS, indicando que quienes cumplan funciones de dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, se regirán por el Decreto Ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones.
Con todo, el cargo de detective en sus denominaciones agente, profesional y especializado, es considerado de alto riesgo y por ello se crearon normas especiales que conceden ciertos privilegios para obtener la pensión de vejez.
6. Estudio y solución del caso concreto
6.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
El caso bajo estudio, ha superado los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en tanto (i) goza de relevancia constitucional en la medida que debe decidirse si con fallo dictado el 18 de mayo de 2017, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, derechos adquiridos y a la seguridad, así como a los principios de confianza legítima, de favorabilidad, inescindibilidad de la ley y a la seguridad jurídica, cuya protección se invoca; (ii) dentro del proceso ordinario se agotó el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, por lo que no cuenta con otro medio de defensa judicial, razón por la cual, la accionante acude a la acción de amparo; (iii) la providencia atacada se dictó el 18 de mayo de 2017 y se notificó mediante correo electrónico de 8 de junio de 2017. La acción de tutela se presentó el 16 de agosto de 2017, transcurridos 2 meses y 7 días después de su notificación, por lo que se interpuso dentro del término razonable que ha estimado esta Corporación (6 meses), el cual ha sido considerado, igualmente, por la Corte Constitucional; (iv) los hechos y pretensiones fueron desarrollados de manera clara, de tal manera que se puede determinar el debate jurídico y, por último, (v) la acción de tutela no es contra un fallo de la misma naturaleza.
Cumplidos los requisitos genéricos de procedencia de la solicitud de amparo, procede la Sala a efectuar el estudio de fondo.
6.2. La autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento del precedente
La accionante afirma que la autoridad judicial reliquidó su pensión con el IBL de la Ley 100 de 1993, cuando se debió realizar de acuerdo a lo establecido en los Decreto 1047 de 1978, 1933 de 1989 y 1835 de 1994, sin tener en cuenta la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 1 de agosto de 2013 .
Ahora bien, esta Sala se refirió al precedente judicial como la manera en que se ha decidido de la misma forma un conflicto jurídico y que sirve de referente para que se decidan otros conflictos semejantes. El precedente puede estar constituido por varias sentencias o por una sola decisión, por ejemplo, cuando el órgano de cierre dicta un fallo de unificación.
La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica que: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación.”
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional señala que el respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, de última instancia en cada una de las jurisdicciones no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo, las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto la última instancia de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho, ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en una violación del debido proceso y la igualdad.
Respecto de la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede desconocer la autonomía del juez y la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica, para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma.
Por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior funcional, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez le corresponde la carga argumentativa de expresar por qué se separa de la solución que adoptó en el caso resuelto con anterioridad.
La Corte Constitucional ha dicho que el juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o vertical cuando: “(i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues ‘sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia’; y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo”.
En síntesis, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas:
En la tutela, el demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció.
El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe una regla jurisprudencial que el juez natural hubiese dejado de aplicar.
Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón de la decisión (ratio decidendi). Esa razón de la decisión surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto.
Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho a la igualdad.
Descendiendo al asunto objeto de tutela, se constata que la sentencia motivo de tacha constitucional sustentó su decisión en los siguientes términos:
“Caso concreto. Se evidencia entonces, que la demandante cumple, efectivamente, con las condiciones exigidas para ser beneficiaria del régimen de transición especial establecido en el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003 que remite al Decreto 1835 de 1994, pues desempeñó el cargo de detective especializado 206-14, adicionalmente al 3 de agosto de 1994, ya venía vinculada al Departamento Administrativo de Seguridad DAS (5 de marzo de 1983), y al 29 de diciembre de 2003, tenías más de 500 semanas de cotización (1071 semanas), por lo que su pensión debe ser reconocida de acuerdo con el régimen especial para funcionarios de esa entidad, en cuanto a la edad, el tiempo de servicios y el monto.
Ahora, respecto al IBL se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 13 del Decreto 1835 de 1994, que remite en forma expresa al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, que dispone: Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE…, tal como lo manifestó la entidad en los actos acusados.
Resulta pertinente indicar que la posición de la sala en casos análogos era reliquidar la pensión en los términos de los artículos 1 del decreto 1047 de 1978 y 10 del decreto 1933 de 1989, es decir, con el 76% del salario promedio mensual devengado en el último año de servicios, pero se reexaminó la anterior posición y ahora se da aplicación a lo previsto en el artículo 13 del Decreto 1835 de 1994 que remite en forma expresa al IBL de la Ley 100 de 1993.
En este orden de ideas, el demandante tenía derecho a que la entidad demandada le tuviera en cuenta la edad, el tiempo de servicios y el monto, en los términos de los artículos 1 del decreto 1047 de 1978 y 10 del Decreto 1933 de 1989, y el IBL del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de lo cotizado en el tiempo que le hiciera falta o en los últimos 10 años de servicios y no con el último año de servicio como fue ordenado por el a-quo, razón por la cual se revocará la sentencia de primera instancia.”
La Sala observa en el expediente ordinario que (i) la actora laboró como detective profesional al servicio del DAS, desde el 5 de marzo de 1983 hasta el 1 de agosto de 2009, fecha en la que fue retirada del servicio mediante Resolución Nº 0988 de 23 de julio de 2009, (ii) tenía más de 44 años de edad al momento que se le reconoció la pensión de jubilación, es decir, el 22 de julio de 2004, y (iii) contaba con 1358 semanas laboradas en la extinta entidad.
En efecto, se puede inferir que la accionante pertenece al régimen de transición previsto en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, pues a la entrada en vigencia de dicha norma, es decir el 4 de agosto de 1994, laboraba en el DAS. Además, con la expedición de la Ley 860 de 2003, acreditaba un tiempo de servicios superior a 500 semanas, por tanto la normativa aplicable para efectos pensionales eran los Decretos 1933 de 1989 y 1047 de 1978.
Al respecto, esta Sala debe resaltar que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 1 de agosto de 2013, se refirió al marco normativo pensional de los ex detectives del DAS, en la cual indicó lo siguiente:
“Estima la Sala relevante señalar que el mismo Decreto Ley 1933 de 1989 en su artículo 18 estableció los factores salariales a tener en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación, IBL, de la pensión de jubilación prevista en su artículo 10, entre los que se encontraban los incrementos por antigüedad; la bonificación por servicios prestados; la prima de servicio; el subsidio de alimentación; el auxilio de transporte; la prima de navidad; los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país, cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de servicio y la prima de vacaciones, entre otros.
Para mayor ilustración se transcribe el referido artículo 18:
“ARTÍCULO 18. FACTORES PARA LA LIQUIDACION DE CESANTIA Y PENSIONES. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad se tendrán en cuenta para su liquidación, los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo;
b) Los incrementos por antigüedad;
c) La bonificación por servicios prestados;
d) La prima de servicio;
e) El subsidio de alimentación;
f) El auxilio de transporte;
g) La prima de navidad;
h) Los gastos de representación;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país, cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de servicio;
j) La prima de vacaciones.”.
Bajo estos supuestos, estima la Sala que a partir de la expedición del Decreto 1047 de 1978, el legislador extraordinario, estableció un régimen pensional especial a favor de los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que desempeñaban las funciones de dactiloscopistas, exigiendo como requisitos para el reconocimiento de una prestación pensional vitalicia de jubilación 20 años de servicios continuos o discontinuos y, adicionalmente, haber aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho Departamento Administrativo.
Así mismo, se reitera que con posterioridad, el Presidente de la República mediante Decreto 1933 de 1989, reguló en forma detallada lo concerniente al régimen pensional de los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, al señalar, en primer lugar, i) que las normas generales sobre pensiones de jubilación previstas para los empleados de la administración pública en el orden nacional resultaban aplicables a los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS., y, en segundo lugar, ii) que para el caso de los dactiloscopistas en los cargos de detectives agentes o especializados, y detectives en general le resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1047 de 1978, previendo en todo caso en su artículo 18 los factores salariales a tener en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación, IBL, de la pensión de jubilación prevista en su artículo 10.” (Negrilla y subraya de la Sala)
En la referida decisión, la Sección Segunda de esta Corporación estableció que el marco normativo del régimen pensional de los ex detectives del DAS, están conformado por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
Aunado a lo anterior, esta Sección en sentencias de fallo de 25 de mayo de 2017 y 17 de agosto de 2017, concluyó en un caso en que se analizó el desconocimiento del precedente judicial de 1 de agosto de 2013, proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado relativo a la liquidación de la pensión de jubilación de los detectives del DAS y que les aplica el régimen de transición contenido en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, que al beneficiario del mencionado régimen especial en virtud de la transición del Decreto 1835 de 1994, se le debió aplicar el mencionado precedente de esta Corporación y no la SU-230 de 2015, toda vez que no le era aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En efecto, se advierte que las personas que laboraban como detectives profesionales en el DAS con anterioridad a la vigencia del Decreto 1835 de 1994, se les debe respetar los derechos consagrados en las normas anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993. Por consiguiente, las normas aplicables a la actora para determinar su IBL, son los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, pues estas fueron las normas que establecieron el régimen especial de los funcionarios pertenecientes al DAS.
En ese orden de ideas, la Sala considera que la autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento del precedente judicial, toda vez que aplicó una marco normativo diferente, pues el asunto de la referencia versa sobre el régimen especial de transición que ostentan la accionante en su calidad de ex detective profesional del DAS, al cual no se le puede aplicar el IBL de la Ley 100 de 1993, como lo hizo en la sentencia atacada.
Así las cosas, se amparará el derecho fundamental a la igualdad de la actora. En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia de 18 de mayo de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, y se ordenará dictar una decisión de reemplazo en la que se aplique en debida forma el régimen de transición de los ex detectives del DAS.
7. Razón de la decisión
La autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no tuvo en cuenta la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 1 de agosto de 2013, frente al régimen de transición de los ex detectives del DAS previsto en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, pues a estos se le debe liquidar o reliquidar la pensión de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley 1933 de 1989 y no el régimen de la Ley 100 de 1993.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero.- AMPÁRASE el derecho fundamental a la igualdad de la señora Luz Marina Solaque Urrego. En consecuencia, DÉJASE sin efectos la sentencia de 18 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”.
Segundo.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que en el término de treinta (30) días, contados desde la notificación de esta providencia, profiera una sentencia de reemplazo de acuerdo a las razones expuestas en esta decisión.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta de la Sección
MILTON CHAVES GARCÍA
Consejero
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero Consejero
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha. S.V.: Carmen Cecilia Alicia Rengifo Sanguino. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. Folio 25 del cuaderno de tutela. Folio 29 del cuaderno de tutela. Radicado Nº 44001-23-31-000-2008-00150-01, M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972. Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. M. P. Jaime Córdoba Triviño. Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras. Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sentencia T-031 de 2016. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Radicado Nº 44001-23-31-000-2008-00150-01, M.P. Gerardo Arenas Monsalve. En providencia de 3 de julio de 2013, Consejero Ponente Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas N°: 11001-03-15-000-2013-00725-00
Sentencia T-158 de 2006. Sentencia T-688 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Además, en esta oportunidad se sostuvo: “El ciudadano tiene derecho a que sus jueces tengan en mente las reglas judiciales fijadas con anterioridad, pues ello garantiza que sus decisiones no son producto de apreciaciones ex novo, sino que recogen una tradición jurídica que ha generado expectativas legítimas. Proceder de manera contraria, esto es, hacer caso omiso, sea de manera intencional o por desconocimiento, introduce un margen de discrecionalidad incompatible con el principio de seguridad jurídica, ahora sí, producto de decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada y que han definido rationes decidendii, que los ciudadanos legítimamente siguen.”
Ver entre otras, las sentencias T-014 de 2009, T-777 de 2008, T-571 de 2007, T-049 de 2007, T-440 de 2006, T-330 de 2005, T-698 de 2004, T-688 de 2003 y T-468 de 2003. Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011. Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica.” (Se destaca). Para la Corte Constitucional la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la sentencia T 443 de 2010. Folio 3 del expediente ordinario
Folio 16 del expediente ordinario. Folio 3 ibídem. Resolución Nº 14547 de 22 de julio de 2004.
Y folio 15 del mismo, en el que reposa copia de la cédula de ciudadanía, en la que consta que nació el 6 de diciembre de 1959. Folio 7 del cuaderno ordinario. ARTICULO 4o. REGIMEN DE TRANSICION. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1835_1994.htm" \l "2" 2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993. Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador. Entró en vigencia el 29 de diciembre de 2003. Radicado Nº 44001-23-31-000-2008-00150-01, M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Radicado Nº 11001-03-15-000-2016-03559-01, M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Radicado Nº 11001-03-15-000-2016-03037-01. M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
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