Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-02189-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-02189-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-02189-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
9 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – No acreditado / PRECEDENTE CONSTITUCIONAL - SU-072 de 2018 / APLICABILIDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – Aplicación del criterio jurisprudencial vigente en la materia / CARENCIA DE FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – No existe similitud temática entre la sentencia indicada y el caso bajo examen / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / IMPUTACIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CRITERIOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Del análisis de la sentencia alegada como desconocida, esto es, la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, de 4 de septiembre de 2017, se observa que, a diferencia de lo alegado por los accionantes, la misma no resulta precedente de obligatoria observancia para el caso que originó la controversia, en tanto la regla jurisprudencial allí establecida no guarda relación con la situación sometida a juicio en aquel, por cuanto versó sobre la adopción e interpretación con efecto prospectivo o a futuro de los precedentes jurisprudenciales referidos a competencias estatales, derechos o mecanismos de protección, tema que no abarca el régimen de imputación de responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad, cuestión sobre la que versó la providencia censurada, por lo que el defecto alegado por esta causal no se configura. (…) En ese sentido, la Sala denegará las pretensiones de la acción de tutela, en tanto la sentencia señalada como desconocida no constituye precedente judicial de obligatoria observancia para el caso que originó la controversia, habida cuenta de que la regla jurisprudencial en ella desarrollada no guarda relación con el tema debatido en el proceso que originó la controversia. De igual forma, del análisis de la providencia objetada la Sala observa que en la misma el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca basó su decisión en la sentencia SU-072 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, precedente vigente sobre el régimen de responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad, en el que esa corporación judicial fijó una subregla que descarta la utilización automática del régimen objetivo de responsabilidad en dichos casos, y consideró que en virtud de la aplicación del principio iura novit curia, el juez administrativo cuenta con autonomía para decidir el régimen de responsabilidad en cada caso y debe analizar si la conducta del investigado analizada, desde la perspectiva de la culpa o dolo civil, dio lugar a la apertura del proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento, lo que podría generar la declaratoria de ausencia de responsabilidad estatal. (…) En este sentido, examinada la providencia censurada, se observa que en el análisis efectuado por la autoridad judicial accionada respecto del título de imputación para el caso, la regla desarrollada por la Corte Constitucional en la referida sentencia de unificación fue tenida en cuenta, y con base en los elementos probatorios allegados al trámite de la reparación directa, el tribunal accionado concluyó la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento a partir del análisis de la conducta del investigado, conforme con la regla jurisprudencial desarrollada en la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, por lo que el caso se resolvió con base en la jurisprudencia vigente sobre la materia.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02189-00(AC)
Actor: JULIO BRAVO URBANO Y MARÍA NIBIA MUÑOZ URBANO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad. Desconocimiento del precedente judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por los señores Julio Bravo Urbano y María Nibia Muñoz Urbano, a través de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de seguridad jurídica y confianza legítima vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 31 de enero de 2020, mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo favorable de primera instancia y negó las pretensiones, en el marco del medio de control de reparación directa que promovieron contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por la supuesta privación injusta de la libertad que soportó su hijo, Jhon Walter Bravo muñoz.
I. ANTECEDENTES
Hechos
Los accionantes afirmaron que iniciaron proceso de reparación directa contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables de los perjuicios ocasionados con ocasión de la supuesta privación injusta de la libertad que soportó su hijo, Jhon Walter Bravo Muñoz, quien fue capturado por el presunto delito de trafico fabricación y porte de estupefacientes, de la que conoció en primera instancia el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali, que en sentencia de 29 de enero de 2016 accedió a las pretensiones.
Indicaron que la declaración de responsabilidad patrimonial en contra del Estado estuvo soportada en el daño antijurídico causado, el cual no estaban en la obligación de soportar y que resultó imputable a las entidades estatales bajo un régimen objetivo de responsabilidad de daño especial, “soportado en la línea jurisprudencial del Consejo de Estado de fecha correspondiente con los hechos”.
Adujeron que luego de que las demandadas apelaran la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por medio de sentencia de 31 de enero de 2020, la revocó y negó las pretensiones de la demanda.
Sostuvieron que el fallo de segunda instancia revocó la condena impuesta al Estado basándose en la Sentencia SU-072 de 2018, proferida por la Corte Constitucional y en la Sentencia de Unificación de 15 de agosto de 2018, emanada de la Sección Tercera de Consejo de Estado.
2. Fundamentos de la acción
Los accionantes consideran que la sentencia de 31 de enero de 2020, mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo favorable de primera instancia y negó las pretensiones, en el marco del medio de control de reparación directa que promovieron contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, vulnera su derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, por cuanto incurre en desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, de 4 de septiembre de 2017, en la que, afirman, “se desarrollo una LINEA DE PENSAMIENTO, en relación al tema de la aplicación retroactiva y prospectiva de la jurisprudencia, con el fin de garantizar los derechos del ciudadano con la aplicación inmediata de los cambios jurisprudenciales”.
Sostuvieron que la mencionada sentencia “parte de la base que si bien es cierto el pensamiento jurídico debe evolucionar a través de los cambios jurisprudenciales, ello no debe implicar el sacrificio de los derechos de quienes obraron en el pasado movidos por lo que mandaba el antiguo precedente, por lo que es razonable demandar que tales mutaciones sean respetuosas de los derechos subjetivos de los ciudadanos”, y sostiene que “todo cambio de jurisprudencia que altera de manera sustantiva el contenido y alcance de las competencias estatales, de los derechos de las personas o los mecanismos de protección de los mismos, necesariamente debe ser adoptado e interpretado con efecto PROSPECTIVO O A FUTURO, esto es, que de manera ínsita se encuentra envuelto en él su radio de acción temporal o ratione temporis gobernando las situaciones problemáticas que se susciten a partir de la fecha posterior a su adopción, lo que excluye cualquier suerte de aplicación retroactiva del nuevo criterio jurisprudencial”.
Añadieron que no es admisible que una autoridad judicial aplique de manera retroactiva un precedente jurisprudencial cuya consecuencia sea desconocer los derechos que creía tener al momento de trabar la litis, asaltando la confianza del demandante quien fue afectado con la rectificación jurisprudencial que se presentó en el curso del proceso, por lo que, consideran, en el caso se defraudó la confianza legítima.
Refirieron que la línea de pensamiento sostenida en la sentencia de 4 de septiembre de 2017, alegada como desconocida, recoge el criterio de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado y sus Subsecciones que en fallo de 4 de mayo de 2011, y proveído de Sala Plena de 27 de marzo de 2007, indicaron que “en definitiva, el acceso efectivo a la justicia no puede asegurarse sobre la base de criterios inciertos acerca de la manera como se pueden hacer valer las pretensiones. De ahí que si la jurisprudencia de un órgano de cierre en un momento determinado señaló un derrotero y este es seguido por el usuario de la administración de justicia en materia de la acción pertinente para demandar. No puede luego sorprenderse a éste último como (sic) abruptos cambios jurisprudenciales. que en últimas comprometan el núcleo esencial de su derecho fundamental de libre acceso a la jurisdicción”.
Afirmaron que los hechos que dieron origen a la investigación penal ocurrieron el 13 de agosto de 2010, que el fallo absolutorio es de 28 de noviembre de 2011, proferido por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Cali, que la demanda administrativa se radicó el día 21 de octubre de 2013 y que la sentencia de primera instancia data de 29 de enero de 2016, “es decir que todo sucedió en el interregno de tiempo entre 2010 a 2016. Finalmente, la Sentencia de Segunda Instancia es calendada el 31 DE ENERO DE 2020”.
Refirieron que para la época de los hechos y el trámite de primera instancia, la Sección Tercera del Consejo de Estado tenía establecido que, en relación con la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, operaba la responsabilidad objetiva a partir de la interpretación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, y que posteriormente el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 estableció que quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria a) porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible y aún en aplicación de principio de in dubio pro reo, tenía derecho a indemnización por detención preventiva que no necesitaba acreditar que la medida fuera ilegal errada o arbitraria dado que la norma la calificada como injusta.
Afirmaron que, de otra parte, “la Sentencia de Segunda Instancia, calendada el 31 DE ENERO DE 2020, resuelve los recursos de apelación interpuestos por las Entidades demandadas, a la luz de la Línea Jurisprudencia a partir de la Sentencia de 15 de noviembre de 2019, que cambió diametralmente la línea vigente al momento de los hechos origen de la demanda. Así las cosas, a partir de 2019, el Juez administrativo al analizar la responsabilidad administrativa del estado frente a los casos de privación de la libertad debe: DEFINIR SI EXISTEN PRUEBAS QUE PERMITAN VINCULAR AL INVESTIGADO CON LA CONDUCTA PUNIBLE Y PRESENTARLO COMO PROBABLE AUTOR DE LA MISMA, verificar si quien fue privado de la libertad, actúo, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal. No puede condenarse al estado de manera automática, A PARTIR DE UN TITULO DE IMPUTACIÓN OBJETIVO, sin que medie un análisis previo del juez que determine si la decisión que restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria”.
Finalmente, indicaron que en el caso la carga argumentativa que utilizó el tribunal accionado desborda los alcances y la tesis del recurso de apelación expuestos por las entidades estatales, “pues la alzada se fundamentó en precedente judicial proferido antes de la Sentencia de 11 de noviembre de 2019 del Consejo de Estado y SU-072/18 de la Corte Constitucional, situación que además, va en detrimento del principio ‘NON REFORMATIO IN PEJUS’, que le prohíbe al juez de segunda instancia pronunciarse sobre las situaciones que no hayan sido planteadas en el recurso de apelación”, y que este desbordó la competencia que le da el artículo 320 del Código General del Proceso, por expresa autorización del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 para conocer del recurso de apelación, “por cuanto en ninguna de las apelaciones se solicita que se estudiara la sentencia de primera instancia a la luz del cambio jurisprudencial, y menos, que se le diera aplicación retroactiva a los criterios jurisprudenciales contenidos en la precitada sentencia”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“PRIMERA. - TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales al DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD JURÍDICA, LEGITIMA CONFIANZA ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, y demás que se encuentran desconocidos, a los accionantes señores JULIO BRAVO URBANO, MARÍA NIBIA MUÑOZ URBANO.
SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO [la] Sentencia de Segunda Instancia No. 07 de fecha 31 de enero de 2020, proferida por el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso bajo radicado 76001- 33-33-016-2014-000-55-01, mediante la cual se revoco la sentencia de primera instancia.
TERCERO. - ORDENAR al Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término, dispuesto por su digno Despacho, contado a partir de la notificación la providencia, profiera nueva sentencia, bajo los lineamientos señalados en la presente Acción de Tutela”.
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia digital de las providencias de primera y segunda instancia proferidas en el marco del medio de control de reparación directa radicado con el Nº 2014-00055-01, actor: Julio Bravo Urbano y otros.
5. Trámite procesal
Por auto de 6 de mayo de 2021, el despacho admitió la acción de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a los accionantes, a la autoridad judicial accionada, así como al Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali, a la Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº 38956 a 38962, todas de 12 de mayo de 2021, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
A través de la Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la entidad realizó un recuento de las particularidades ocurridas dentro del trámite penal y de reparación directa, del que concluyó que la acción de tutela debe ser declarada improcedente por cuanto la parte demandante no da cuenta de por qué a pesar de existir otros mecanismos judiciales idóneos para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de los mismos para controvertir el fallo del tribunal accionado.
Refirió que, en su criterio, los accionantes no sustentan las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente contra una providencia judicial, pues no logran identificar el tipo de error en el que presuntamente incurrió la providencia controvertida, razón por la cual, aduce, el juez constitucional no puede entrar a estudiar la totalidad de la providencia para identificar dichos defectos.
Indicó que a través de la acción de tutela pretende retrotraer una instancia judicial, así como las actuaciones y etapas procesales de un asunto que ya surtió su trámite, para establecer confusión y proyectar que se transgreden derechos fundamentales, “lo cual es inconcebible por el carácter subsidiario que acompaña tan especial mecanismo constitucional y por cuanto en ningún momento en el escrito de tutela se demuestra vulneración a derecho fundamental alguno”.
Afirmó que no se evidencia que la decisión del juez dentro del proceso de reparación directa que originó la controversia sea arbitraria o irracional, y que, por el contrario, se ajusta a derecho, el análisis probatorio fue razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica y sus argumentos hacen parte de la independencia y autonomía con la que cuentan los jueces al momento de dictar sentencia, motivo por el cual la autoridad judicial accionada respetó las reglas jurisprudenciales plasmadas en la sentencia SU-072 de 2018.
Por último, sostuvo que Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 25 de septiembre de 2018, M. P. Ramiro Pazos Guerrero, indicó que un cambio jurisprudencial respecto del alcance de determinada norma o concepto jurídico no constituye per se una transgresión al debido proceso, ni al principio de confianza legítima.
6.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
En oficio de 19 de mayo de 2021, el apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud, por falta del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.
Indicó que conforme con la sentencia SU-072 de 2018, la responsabilidad del Estado en materia de privación injusta de la libertad no se define a partir de un título de imputación único y excluyente (objetivo o subjetivo), dado que este obedece a las particularidades de cada caso.
Sostuvo que no existe por parte de los despachos atacados la supuesta vulneración de los derechos fundamentales endilgada por el actor y que los términos en que se impartió el trámite y el proceso surtido, en general, fueron adelantados conforme a derecho, por lo que, reiteró, no existe vulneración de derechos fundamentales que haya propiciado esa entidad al demandante, “por tratar este asunto un tema que ya ha sido objeto de un litigo en la jurisdicción contencioso administrativa, el cual, ya ha hecho tránsito a cosa juzgada con ocasión de la providencia de cierre que profirió el juez de segundo grado por medio de la cual se resolvió, en derecho, el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del ahora tutelante contra la providencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el presente asunto.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 31 de enero de 2020, mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo favorable de primera instancia y negó las pretensiones, en el marco del medio de control de reparación directa que los accionantes promovieron contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, por cuanto incurre en desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” de 4 de septiembre de 2017.
Agregaron que la carga argumentativa que utilizó el juez de conocimiento desbordó el alcance del recurso de apelación expuesto por las entidades estatales, “pues la alzada se fundamentó en el precedente judicial proferido antes de la Sentencia de 11 de noviembre de 2019 del Consejo de Estado y SU-072/18 de la Corte Constitucional, situación que además, va en detrimento del principio "NON REFORMATIO IN PEJUS", que le prohíbe al juez de segunda instancia pronunciarse sobre las situaciones que no hayan sido planteadas en el recurso de apelación”.
Finalmente, indicó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desbordó la competencia que le da el artículo 320 del C.G.P, por expresa autorización del artículo 306 del CPACA, para conocer del recurso de apelación, “por cuanto en ninguna de las apelaciones se solicita que se estudiara la sentencia de primera instancia a la luz del cambio jurisprudencial, y menos que se le diera aplicación retroactiva a los criterios jurisprudenciales contenidos en la precitada sentencia”.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico; (ii) Defecto procedimental absoluto; (iii) Defecto fáctico; (iv) Defecto material o sustantivo; (v) Error inducido; (vi) Decisión sin motivación; (vii) Desconocimiento del precedente y (viii) Violación directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela es de relevancia constitucional, pues debe definirse si se vulneraron a los accionantes los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, con la sentencia de 31 enero de 2020, mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo favorable de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda, en el marco de la acción de reparación directa que promovieron contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación; (ii) los accionantes no cuentan con otro medio de defensa judicial, por cuanto en el proceso ordinario se agotó el recurso de apelación contra la sentencia de 29 de enero de 2016, proferida por el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali, a lo que se debe agregar que no se configura ninguna causal que haga procedente el recurso extraordinario de revisión; (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que la providencia objetada fue notificada personalmente el 5 de noviembre de 2020 y la acción de tutela se presentó el 4 de mayo de 2021, esto es, cinco (5) meses y veintinueve (29) días después, dentro del término prudencial precisado por esta Corporación; (iv) se identificaron de manera razonable los hechos que generaron la supuesta vulneración de derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.
Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la Sala entrará a efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.
4.2. La providencia objeto de tutela no incurrió en el desconocimiento del precedente judicial alegado
4.2.1. En el presente caso, los accionantes consideran que la sentencia de 31 de enero de 2020, mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo favorable de primera instancia y negó las pretensiones, en el marco del medio de control de reparación directa que promovieron contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, por cuanto incurre en desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” de 4 de septiembre de 2017, en la que, afirman, “se desarrollo una LINEA DE PENSAMIENTO, en relación al tema de la aplicación retroactiva y prospectiva de la jurisprudencia, con el fin de garantizar los derechos del ciudadano con la aplicación inmediata de los cambios jurisprudenciales”.
4.2.2. La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica que: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas:
El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció.
El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto.
Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza legítima.
4.2.3. Del análisis de la sentencia alegada como desconocida, esto es, la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, de 4 de septiembre de 2017, se observa que, a diferencia de lo alegado por los accionantes, la misma no resulta precedente de obligatoria observancia para el caso que originó la controversia, en tanto la regla jurisprudencial allí establecida no guarda relación con la situación sometida a juicio en aquel, por cuanto versó sobre la adopción e interpretación con efecto prospectivo o a futuro de los precedentes jurisprudenciales referidos a competencias estatales, derechos o mecanismos de protección, tema que no abarca el régimen de imputación de responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad, cuestión sobre la que versó la providencia censurada, por lo que el defecto alegado por esta causal no se configura.
En efecto, en la providencia alegada como desconocida la Sección Tercera, Subsección “C” de esta Corporación, en una acción de controversias contractuales relativa a la liquidación judicial de un contrato y la nulidad de actos administrativos que declararon su caducidad con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del mismo, luego de analizar el cambio o revocatoria de precedentes judiciales y sus efectos en el tiempo, arribó a la siguiente conclusión:
“4.36.- Conclusión. Todo lo que se viene de exponer reafirma de manera clara y coherente una línea de pensamiento que puede ser resumida en las siguientes ideas: (i) Es deber del Juez y la Administración, al momento de identificar y construir la norma de conducta y de juicio, aplicar los criterios jurisprudenciales vigentes para la fecha de los hechos que fundan la controversia, pues éstos hacen parte del marco de legalidad histórica a ser observado, (ii) Es criterio general, no limitado a expresos y singulares casos puntuales, que todo cambio de precedente jurisprudencial, referido a competencias estatales, derechos o mecanismos de protección, debe ser adoptado e interpretado con efecto prospectivo o a futuro, (iii) Siempre que se alegue por uno de los sujetos procesales una situación de tránsito jurisprudencial, ello debe ser considerado expresamente por tales autoridades a los fines de verificar tal situación y determinar cuál era el criterio jurídico fijado para entonces, sin perjuicio del deber oficioso de la autoridad de aplicar el derecho vigente, (iv) la misma naturaleza de lo que se viene de decir impone precisar que esa protección a la confianza legítima sólo se puede atribuir a la existencia de un criterio jurídico bien formado en la jurisprudencia, ora por su reiteración o por estar fundado en una decisión de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado, de ahí que no se pueda predicar esa misma certeza cuando se advierten tesis imprecisas o contradictorias en la Corporación y (v) la retroactividad del precedente viola la cláusula de Estado de Derecho y el deber general del Estado de respeto a las garantías judiciales, debido proceso, libertad e igualdad y, por contera, a la confianza legítima creada de manera objetiva por las autoridades estatales en el desarrollo de sus actos”.
En ese sentido, la Sala denegará las pretensiones de la acción de tutela, en tanto la sentencia señalada como desconocida no constituye precedente judicial de obligatoria observancia para el caso que originó la controversia, habida cuenta de que la regla jurisprudencial en ella desarrollada no guarda relación con el tema debatido en el proceso que originó la controversia.
4.4. De igual forma, del análisis de la providencia objetada la Sala observa que en la misma el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca basó su decisión en la sentencia SU-072 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, precedente vigente sobre el régimen de responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad, en el que esa corporación judicial fijó una subregla que descarta la utilización automática del régimen objetivo de responsabilidad en dichos casos, y consideró que en virtud de la aplicación del principio iura novit curia, el juez administrativo cuenta con autonomía para decidir el régimen de responsabilidad en cada caso y debe analizar si la conducta del investigado analizada, desde la perspectiva de la culpa o dolo civil, dio lugar a la apertura del proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento, lo que podría generar la declaratoria de ausencia de responsabilidad estatal.
Esta postura, que ha sido acogida igualmente por la mayoría de las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, establece que:
“108. Lo anterior permite afirmar que establecer el régimen de imputación, sin ambages y como regla definitiva de un proceso de reparación directa por privación injusta de la libertad, contraviene la interpretación contenida en la sentencia C-037 de 1996 que revisó el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el cual debe entenderse como una extensión del artículo 90 superior, dado que así fue declarado en la correspondiente sentencia de constitucionalidad. (…)
“109. Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicial– del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de imputación y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en aplicación del principio iura novit curia, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante”. (Resaltado de la Sala).
En este sentido, examinada la providencia censurada, se observa que en el análisis efectuado por la autoridad judicial accionada respecto del título de imputación para el caso, la regla desarrollada por la Corte Constitucional en la referida sentencia de unificación fue tenida en cuenta, y con base en los elementos probatorios allegados al trámite de la reparación directa, el tribunal accionado concluyó la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento a partir del análisis de la conducta del investigado, conforme con la regla jurisprudencial desarrollada en la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, por lo que el caso se resolvió con base en la jurisprudencia vigente sobre la materia.
Esta Sala, en un caso reciente de connotaciones fácticas similares, recalcó que el análisis de la culpa civil de la víctima como eximente de responsabilidad del Estado “tiene su fundamento normativo en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que el daño será imputable a la víctima cuando ésta haya actuado con dolo o culpa grave, o cuando no haya interpuesto los recursos de Ley. A su vez, se ha aclarado que los conceptos de culpa y dolo no obedecen a su alcance en el ámbito penal que corresponde estudiar al juez de esa especialidad, sino a su concepto civil, que se toma del artículo 63 del Código Civil”.
Igualmente, se ha aclarado que en la diferenciación entre la culpa civil y la culpa penal, en lo concerniente a las competencias que corresponden al juez de cada especialidad, “una cosa es el daño o transgresión de los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento, que le corresponde al juez penal sobre la conducta del investigado conforme con la normativa propia de esa área del derecho, y otra es la valoración que hace el juez contencioso en los eventos en que se discute la responsabilidad del Estado por la presunta privación de la libertad”.
Así las cosas, se observa que el precedente vigente de la Corte Constitucional sobre la materia indica que aunque el actuar del privado de la libertad respecto de la medida de aseguramiento no haya sido suficiente para proferir sentencia condenatoria en materia penal, el análisis de esta a la luz del artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil podría eximir la responsabilidad del Estado, por lo que el juez administrativo debe analizar los hechos que rodearon la decisión de la privación de la libertad, sin que tal estudio incida en la ausencia de responsabilidad penal o vulnere los derechos fundamentales del demandante, análisis que se observa efectuado en esos términos en la decisión que se objeta, lo que descarta la configuración del defecto alegado.
Por lo demás, respecto de la supuesta vulneración del principio non reformatio in pejus y del supuesto desbordamiento de la competencia del tribunal accionado frente al recurso de apelación planteado, la Sala observa que el primero de estos no podía desconocerse en el caso en desmedro de los intereses del actor, dado que este no fue apelante único en el proceso que originó la controversia, por lo que carece de interés sobre el particular. De igual forma, se observa que la apelación se resolvió frente a los argumentos expuestos por las entidades demandadas en los recursos de apelación, a partir de los cuales correspondía a la autoridad judicial accionada resolver el asunto dando aplicación al precedente constitucional vigente sobre la materia, el cual, como se indicó en precedencia, es el que siguen la mayoría de las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, lo que descarta el desbordamiento de su competencia en esa etapa procesal por esa razón.
Conforme con lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela por cuanto se probó que el defecto por desconocimiento del precedente judicial no se configuró.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela presentada por los señores Julio Bravo Urbano y María Nibia Muñoz Urbano, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejera
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co;s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co;onarvad@cendoj.ramajudicial.gov.co;oborjas@cendoj.ramajudicial.gov.co tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.coadm16cali@cendoj.ramajudicial.gov.conotificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
segen.consejo@policia.gov.co; notificacion.tutelas@policia.gov.co
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972. Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. M. P. Jaime Córdoba Triviño. Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gambo. Sentencia T-158 de 2006. Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca). Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación número: 68001-23-31-000-2009- 00295-01 (57279) Actor: CARLOS RENÉ SANTAMARÍA Y OTROS, Demandado: Instituto Nacional de Vías - lnvías Referencia: Acción De Controversias Contractuales (Apelación Sentencia) (Proceso Acumulado Número 2010-00322)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “A”. Sentencia del 25 de octubre de 2019. Radicación No. 25000-23-26-000-2011-01300-01(47518). M.P.
Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 6 de febrero de 2020. Radicación 54001-23-31-000-2010-00421-01(54396). M.P. Adriana Marín; subsección “C”. Sentencia del 27 de noviembre de 2017. Radicación No. 41001-23-31-000-2000-00672-01(45999). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Expediente 2020-02722-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ibídem.
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