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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10553-01

Fecha
7 de marzo de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10553-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 20 de enero de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la cual se ampararon los derechos fundamentales de Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-10553-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

7 de marzo de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-10553-01
Accionantes: Nelsy Rojas Castillo y otro
Confirma la sentencia de primera instancia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., siete (7) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10553-01
Accionante: Nelsy Rojas Castillo y otro
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa y otro

Temas: Acción de tutela por acción u omisión de autoridad pública / Vacaciones
individuales de servidores judiciales / Se confirma la sentencia de primera instancia,
por medio de la cual se concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta contra la sentencia proferida el
20 de enero de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la
cual se amparó el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas de los
señores Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego, y se ordenó a las
autoridades accionadas adelantar las medidas necesarias para que estos puedan
gozar de sus vacaciones.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer de la impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021, y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo

1.- El 26 de noviembre de 2021 los señores Rojas Castillo y Sánchez Villadiego
presentaron en nombre propio una acción de tutela para obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud.
Según los accionantes, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas por el
Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Córdoba, pues impidieron el disfrute de sus vacaciones individuales al
abstenerse de expedir los certificados de disponibilidad presupuestal necesarios para
la designación de reemplazos.

2.- Como pretensiones, los accionantes formularon las siguientes (se transcribe):

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-10553-01
Accionantes: Nelsy Rojas Castillo y otro
Confirma la sentencia de primera instancia

<<1. Amparar nuestros derechos constitucionales fundamentales al trabajo, dignidad
humana, igualdad y la salud, los cuales se vienen vulnerando por parte de la OFICINA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL CÓRDOBA –Dirección Financiera– y
en consecuencia de lo anterior, se ordene que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de la respectiva sentencia, inicie las acciones pertinentes en aras de
garantizar la provisión de los recursos y proceda a expedir el respectivo CERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), requerido para que el señor JUEZ
CUARTO PENAL MUNICIPAL DE MONTERIA CON FUNCIONES DE
CONOCIMIENTO conceda nuestras vacaciones remuneradas a que por ley tenemos
derecho.

2. Se ordene al Director Ejecutivo de la Oficina de Administración Judicial Seccional
Córdoba –Dirección Financiera–, omita tener como fundamento para la expedición del
Certificado de Disponibilidad Presupuestal de los empleados, la Circular PSAC11-44
del 23 de noviembre de 2011 para futuras ocasiones en situaciones correspondientes
a las vacaciones de los empleados adscritos al Juzgado Cuarto Penal Municipal de
Montería.

3. Ordenar al Director Ejecutivo de La Oficina de Administración Judicial Seccional
Córdoba –Dirección Financiera–, que cada vez que los suscritos, como empleados del
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Monter a, solicitemos las vacaciones, unas vez
causadas y concedidas por el señor juez, y ante petición del juzgado, se adelante el
trámite pertinente para la obtención del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
CDP, para la persona que nos ha de reemplazar durante el disfrute de las vacaciones
como servidores judiciales. Ello para no incurrir en temeridad, toda vez, que no es
posible que cada vez que se soliciten las vacaciones se tenga que acudir a esta acción
por los mismos hechos y derechos>>.

B. Hechos

3.- Los señores Rojas Castillo y Sánchez Villadiego trabajan en el Juzgado Cuarto
Penal Municipal de Montería. La primera ocupa el cargo de oficial mayor nombrada
en provisionalidad y el segundo el cargo de escribiente municipal nominado en
propiedad.

3.1.- El 13 de octubre de 2021 los accionantes solicitaron a la titular del despacho el
disfrute de su período vacacional. Por lo tanto, esta le pidió a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Córdoba expedir los certificados de
disponibilidad presupuestal correspondientes para designar a las personas que los
reemplazarían en su ausencia.

3.2.- El 8 de noviembre de 2021 la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Córdoba negó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal
en mención. Como sustento, manifestó que <<la Circular PSAC 11-44 de 2011
[proferida por el Consejo Superior de la Judicatura] (…) nos permite conceder CDP
por reemplazo a empleados en despachos judiciales de máximo tres (03) servidores
judiciales, no es este caso>>.

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3.3.- Mediante la Resolución No. 10 del 9 de noviembre de 2021, la titular del Juzgado
Cuarto Penal Municipal de Montería negó la solicitud de vacaciones presentada por
los accionantes. Lo anterior, con fundamento en (i) la necesidad del servicio y (ii) la
falta de asignación presupuestal para la designación de reemplazos.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- Los señores Rojas Castillo y Sánchez Villadiego alegan que las autoridades
accionadas desconocieron que el descanso hace parte del derecho al trabajo y que
negar su disfrute afecta directamente el derecho a la salud.

4.1.- Afirman que si bien la Circular PSAC 11-44 de 2011 regula únicamente las
vacaciones individuales de los funcionarios judiciales (jueces y magistrados), en
ningún punto obliga a las autoridades a abstenerse de expedir asignaciones
presupuestales para la designación de reemplazos de empleados judiciales. En sus
palabras: <<dicha circular no niega ningún derecho ya reconocido, sino que define el
procedimiento aplicable a (…) los funcionarios judiciales. Simplemente, la circular no
hace mención al resto de los servidores judiciales, lo que ha interpretado la
administración como una negativa para este sector de los empleados de la rama;
interpretación burda, absurda, torticera e injusta>>.

4.2.- Manifiestan que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Córdoba les dio un trato desigual, pues reconoció el derecho al descanso de los
funcionarios judiciales, pero negó el disfrute de ese mismo derecho a los servidores
con rango de empleados. A su juicio, esta distinción es injustificada, como quiera que
<<la diferencia entre uno y otro se debe entender en cuanto a funciones, jurisdicción
y cargos, que se ve reflejado en responsabilidades, pero no en cuanto a derechos
fundamentales (…). Se trata de una prestación referida a la persona humana y no al
cargo>>.

4.3.- Aseguran que la titular del juzgado no puede autorizar el goce de sus vacaciones
sin antes haber designado reemplazos, pues –debido a la inmensa carga laboral que
manejan– esto afectaría la adecuada prestación del servicio: <<debemos renunciar a
nuestro derecho a tener vacaciones, pues en este juzgado, que es atendido por cuatro
personas (juez, asistente jurídico, sustanciador y asistente administrativo), se manejan
casi cuatro mil procesos y tutelas, cantidad que incrementa día a día>>.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (accionada) solicita
que se le desvincule del presente proceso constitucional de tutela, toda vez que carece
de legitimación en la causa por pasiva para satisfacer las pretensiones de los
accionantes. Manifiesta que no está facultada para expedir los certificados de
disponibilidad presupuestal necesarios para la designación de reemplazos y que

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Accionantes: Nelsy Rojas Castillo y otro
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tampoco está llamada a garantizar el disfrute de las vacaciones de los servidores
judiciales.

6.- La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Córdoba
(accionada) solicita que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, pues la
decisión de no expedir el certificado de disponibilidad presupuestal solicitado obedece
a una directriz del nivel central. Explica que las direcciones seccionales están
obligadas a dar cumplimiento a la Circular PSAC11-44 de 2011, la cual dispone que
la disponibilidad presupuestal de reemplazo por vacaciones sólo se puede conceder
a funcionarios o a empleados de despachos en los que laboran máximo tres servidores
judiciales, y este no es el caso del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería.

7.- El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería (tercero con interés) solicita que
se conceda el amparo deprecado, como quiera que <<la Circular PSAC11-44 de
noviembre 23 de 2011 (…) no consagra expresamente una restricción para
empleados, de ahí que [la administración judicial] no puede servirse de una regulación
ausente para interpretar restrictivamente el alcance de la destinación de recursos para
reemplazo vacacional>>.

E. Fallo impugnado

8.- En sentencia del 20 de enero de 2022 la Sección Quinta del Consejo de Estado
amparó los derechos fundamentales de los accionantes. En consecuencia, ordenó a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Córdoba, a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería
adoptar las medidas necesarias para que los señores Rojas Castillo y Sánchez
Villadiego puedan disfrutar de sus vacaciones. En particular, las órdenes fueron las
siguientes:

<<ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Córdoba que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la dependencia que
corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que la juez Cuarta Penal
Municipal de Montería adopte las medidas que se requieren para conceder las
vacaciones de los señores Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego. La
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los
mencionados recursos.

Una vez el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Córdoba, esta última entidad le deberá comunicar a la juez
Cuarta Penal Municipal de Monter a, quien a su vez deberá, en un término de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación, pronunciarse sobre la
concesión del disfrute de las vacaciones para los señores Nelsy Rojas Castillo y Daniel
Sánchez Villadiego>>.

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Accionantes: Nelsy Rojas Castillo y otro
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8.1.- Para sustentar su decisión, el a quo expuso que si bien la herramienta para
controvertir los actos administrativos que niegan el disfrute de las vacaciones es el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en este caso dicha
herramienta no es idónea. Lo anterior, debido a que los accionantes no pretenden
atacar la legalidad de la Resolución No. 10 del 9 de noviembre de 2021, sino que se
les reconozca un derecho ya causado.

8.2.- Estableció que no se puede impedir el goce del derecho al descanso con
fundamento en restricciones administrativas, pues las vacaciones son una garantía
fundamental de los empleados que no puede ser trasgredida en función del servicio.
Además, adujo que las problemáticas presupuestales no son una carga que los
accionantes deban soportar.

8.3.- Determinó que a pesar de que la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011 regula únicamente las vacaciones de los funcionarios judiciales y la expedición
del certificado de disponibilidad presupuestal necesario para garantizar sus
reemplazos, la omisión de establecer un procedimiento relativo a las vacaciones de
los empleados judiciales no puede servir de fundamento para desconocer su derecho
al descanso.

8.4.- Para finalizar, instó a las autoridades a no imponer trabas administrativas a los
accionantes que les impidan ejercer su derecho al descanso, <<máxime cuando
escapa del resorte de los tutelantes el encontrar las medidas de orden presupuestal u
organizacional para proveer el cargo en su ausencia temporal>>.

F. Impugnación

9.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial alega que el a quo interpretó de
forma equivocada las disposiciones contenidas en las Circulares PSAC11-44 de 2011
y PSAC 05-89 de 2005. Indica que dichos actos administrativos (i) establecen la
imposibilidad de disponer recursos para la asignación de reemplazos de empleados
judiciales y (ii) señalan que lo procedente es la redistribución temporal de funciones
dentro del despacho durante las vacaciones del empleado al que se le hayan
concedido. En virtud de esto, alega que la nominadora fue quien vulneró los derechos
fundamentales de los accionantes, pues la inexistencia de un reemplazo no es razón
suficiente para negar el goce de las vacaciones.

9.1.- Además, propone cuatro excepciones. Primero, asegura que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial no tiene la condición de nominador o de pagador,
por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva. Segundo, manifiesta que la
acción de la referencia es improcedente, como quiera que los accionantes aún pueden
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para obtener la protección de
sus derechos. Tercero, aduce que en este caso no existe un perjuicio irremediable
que permita la procedencia transitoria de la solicitud de amparo. Cuarto, argumenta

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que las pretensiones de los accionantes vulneran los principios de planeación,
presupuesto y servicio público esencial.

II. CONSIDERACIONES

10.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, pues concuerda con la
Sección Quinta del Consejo de Estado en que, al abstenerse de expedir los
certificados de disponibilidad presupuestal necesarios para la designación de
reemplazos, las autoridades impidieron el disfrute de las vacaciones de los
accionantes y, con ello, vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, a la
dignidad humana, a la igualdad y a la salud.

G. Se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad

11.- Con respecto al requisito de subsidiariedad, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial afirmó que la acción de tutela de la referencia es improcedente,
pues los actores aún pueden acudir a otros medios de defensa judicial para
salvaguardar sus garantías laborales. Particularmente, indicó que podrían ejercer el
medio de control de nulidad simple contra la Circular PSAC11-44 de 2011, que sirvió
como fundamento para la decisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Córdoba.

11.1.- Esta Sala observa que al impugnante no le asiste razón, toda vez que los
señores Rojas Castillo y Sánchez Villadiego no pretenden cuestionar la legalidad de
dicho acto administrativo. Además, su inconformidad no se encuadra en ninguna de
las causales para la procedencia del referido medio de control, por lo que se trata de
un mecanismo judicial que no resulta idóneo en el caso concreto.

H. No pueden alegarse razones administrativas o presupuestales para negar el
derecho al descanso cuando las vacaciones se encuentran debidamente
causadas

12.- Mediante la Resolución No. 10 del 9 de noviembre de 2021 el Juzgado Cuarto
Penal Municipal de Montería confirmó que se encuentran causadas las vacaciones de
los señores Rojas Castillo y Sánchez Villadiego, por haber trabajado de forma continua
e ininterrumpida durante un año. No obstante, rechazó su solicitud por carecer de
presupuesto para nombrar un reemplazo temporal. A su vez, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Córdoba negó la expedición del respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal con fundamento en la Circular PSAC11-44
del 23 de noviembre de 2011. Específicamente, la negativa se sustentó en que las
apropiaciones presupuestales para reemplazar a los servidores judiciales con rango
de empleados sólo pueden concederse en despachos donde laboran menos de tres
personas. Para la Sala, lo anterior trasgrede las garantías constitucionales de los
accionantes por las razones que pasa a exponer:

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13.- En primer lugar, se tiene que el descanso es una garantía fundamental –
reconocida expresamente en el artículo 53 de la Constitución Política– que se
encuentra estrechamente relacionada con los derechos a la dignidad humana, al
trabajo en condiciones dignas y a la salud. En palabras de la Corte Constitucional:
<<el derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga
al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, proteger su salud
física y mental, compartir con su familia>>1.

13.1.- Cabe mencionar que si bien el principio de continuidad de los servicios públicos
exige que las funciones que desempeñan los accionantes continúen cumpliéndose de
forma adecuada, no se puede desconocer su derecho al descanso con base en ese
principio constitucional, toda vez que la Ley 270 de 1996 prevé formas para conciliar
los dos intereses involucrados, tales como el encargo o el nombramiento en
provisionalidad de un reemplazo.

13.2.- En este caso, la Sala estima que la figura del encargo (numeral 3 del artículo
132 de la Ley 270 de 1996) no garantiza la continuidad del servicio público y el acceso
a la administración de justicia de los ciudadanos que adelantan procesos ante el
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería. Por un lado, los señores Rojas Castillo
y Sánchez Villadiego manifestaron que en el juzgado laboran únicamente cuatro
personas, pero tienen a cargo más de cuatro mil expedientes, por lo que la Sala infiere
que la redistribución de funciones implicaría un represamiento insostenible de casos.

13.2.1.- Por otro lado, la titular del despacho mencionó que su planta de personal está
integrada por un escribiente, una oficial mayor y un secretario, por lo que –teniendo
en cuenta la altísima cantidad de trabajo–, es imposible conceder a los accionantes el
goce de sus vacaciones sin antes nombrar un reemplazo. Explicó que no sería
adecuado concentrar las labores de tres servidores judiciales en cabeza de uno y que,
aún si los periodos vacacionales de los actores no fueran concurrentes, la sobrecarga
sería inconmensurable, pues pasarían 44 días (22 días por cada uno) con una planta
de personal disminuida. Para finalizar, señaló que <<incluso con el personal de planta
en su integridad, necesitamos contar con un empleado más, que no tenemos, para
solventar todas las tareas>>.

13.3.- En este orden de ideas, a pesar de que por regla general la acción de tutela no
es el medio idóneo para dictar órdenes que impliquen erogaciones o apropiaciones
presupuestales, la Sala advierte que no expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal necesario para nombrar un reemplazo retrasa indefinidamente el disfrute
del derecho al descanso de los accionantes. En efecto, la falta de nombramiento de
una persona que los remplace conlleva a la imposibilidad de que se puedan ausentar
temporalmente con ocasión de sus vacaciones, lo cual transgrede sus garantías
fundamentales a la dignidad humana, al trabajo en condiciones dignas y a la salud.

1
Corte Constitucional, Sentencia C-598 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

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14.- En segundo lugar, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial argumentó
que la Circular PSAC11-44 de 2011 prohíbe la expedición de certificados de
disponibilidad presupuestal encaminados a contratar los reemplazos de los
empleados judiciales que tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones individuales.
Para la Sala, esta interpretación es restrictiva y trasgrede los derechos fundamentales
de los accionantes, pues lo cierto es que esa circular no prohibió expresamente las
apropiaciones presupuestales encaminadas a cubrir las vacaciones de los servidores
judiciales con rango de empleados. Por el contrario, derogó las circulares 44 y 89 de
2005 con la siguiente finalidad:

<<Como quiera que las vacaciones responden al derecho fundamental al descanso,
se hace necesario derogar las circulares 44 y 89 de 2005, para efectos de no incluir
condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones
individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho, para lo cual deberán seguir
el procedimiento que aquí se señala y que permitirá gestionar los recursos para el
nombramiento en provisionalidad de los reemplazos, cuando haya lugar a ello>>.

14.1.- A juicio de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el numeral 4 de la
mencionada circular contiene un lenguaje que prohíbe la apropiación de recursos para
la contratación de los remplazos de los empleados de los despachos judiciales con
régimen individual de vacaciones. En dicho numeral reza lo siguiente:

<<Tal como está previsto en el artículo 132 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, las designaciones en encargo son procedentes cuando las necesidades
del servicio lo exijan. Por tanto, tratándose de Jueces, los nominadores deberán
ejercer esa potestad en todos los casos en que exista un empleado que cumpla
los requisitos para ser designado como Juez. Por su parte, el empleado encargado
asumirá este deber conforme lo prevé el artículo 153 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, sin derecho a percibir la remuneración señalada para
el empleo que se desempeña temporalmente, mientras su titular lo esté
devengando>>.

14.2.- Al analizar lo anterior, la Sala observa que no existe una prohibición expresa
sobre la apropiación de recursos de los remplazos de los empleados judiciales con
régimen individual de vacaciones. Por lo tanto, la interpretación que hace la autoridad
accionada de la Circular PSAC11-44 de 2011 no es razonable o adecuada.

15.- En tercer lugar, la Sala encuentra que la normativa expedida por el Consejo
Superior de la Judicatura en ningún momento condicionó la asignación presupuestal
para el nombramiento de reemplazos al número de servidores que trabajan en el
despacho. Si bien el artículo 2 de la Circular PSAC05-89 de 2005 establecía que el
número total de servidores del despacho debía ser menor o igual a tres para que fuera
procedente la asignación de recursos, esta norma fue derogada por la propia Circular
PSAC11-44 de 2011 para efectos de eliminar limitaciones en el nombramiento de
reemplazos.

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16.- De lo anterior se infiere la vulneración del derecho fundamental al descanso y la
puesta en peligro del buen servicio judicial, pues a pesar de que se reconoció el
derecho de los accionantes a gozar de sus vacaciones, su solicitud fue rechazada. La
Sala concluye que no se pueden esgrimir motivos de orden administrativo o
presupuestal para negar las vacaciones a las que los accionantes tienen derecho. En
cambio, las autoridades accionadas debieron adoptar las medidas necesarias para
garantizar los derechos del servidor, sin perjudicar la prestación del servicio público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 20 de enero
de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la cual se
ampararon los derechos fundamentales de Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez
Villadiego.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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