Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10975-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10975-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-10975-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
Demandado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/cumplimiento del requisito de
subsidiariedad
Defecto fáctico/alcance
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso; ii) igualdad y iii) acceso
a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de
tutela de 20 de enero de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual i) declaró improcedente la
solicitud de amparo frente al defecto fáctico relacionado con las anotaciones no
registradas en los formularios de seguimiento, y ii) negó la acción de tutela
respecto a la configuración del defecto fáctico frente a la indebida valoración del
Acta de Evaluación de Trayectoria 1092-GUTAH-SUBXO-2.25 de 18 de diciembre
de 2017 y al iii) desconocimiento del precedente judicial.
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor presentó solicitud de tutela contra la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 4 de mayo de 2021, dentro del proceso del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 110013335018201800230-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm.
282 de 28 de diciembre de 2017, por medio del cual, el Comandante de la Policía
Metropolitana de Bogotá dispuso su retiro del servicio por voluntad de la Dirección
General de la Policía Nacional. Precisó que, a título de restablecimiento del
derecho solicitó, se condenara a la entidad demandada a: i) Reintegrar al
accionante al cargo que venía desempeñando al momento en que se produjo su
retiro de la institución o a otro equivalente o al grado que ostenten sus
compañeros a la fecha de reintegro; ii) pagar los salarios y prestaciones sociales
dejadas de percibir por el demandante, desde la fecha de su retiro hasta cuando
se hiciera efectivo el reintegro, debidamente indexadas tomando como base el
índice de precios al consumidor; y iii) declarar que para todos los efectos no ha
existido solución de continuidad en la prestación del servicio.
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
Sentencia de 28 de febrero de 2020 proferida por la Sección Segunda del
Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Bogotá dentro del
proceso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número de radicación 110013335018201800230-00
4. La Sección Segunda del Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de
Bogotá decidió:
“[…] PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución No. 282 del 28 de diciembre
de 2017, por la cual se retiró del servicio activo al actor por voluntad de la Dirección
General, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 numeral 6 y 62 de
Decreto Ley 1791 de 2000, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta sentencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho ORDENAR al MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL reintegrar al señor MIGUEL ÁNGEL
VILLAMARÍN TRIANA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.020.638. 614
de Bogotá, al grado de Patrullero del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, sin
solución de continuidad para todos los efectos legales, efecto para el cual el
tiempo de servicio que prestó en la Institución desde el momento de su retiro (12 de
enero de 2018) hasta la fecha del reintegro, deberá tenerse en cuenta para que una
vez cumpla los requisitos establecidos en el Decreto 1791 de 2000 y normas
concordantes, pueda ser llamado al curso de capacitación para el grado de
Subintendente.
TERCERO: CONDENAR al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA
NACIONAL a pagar al señor MIGUEL ÁNGEL VILLAMARÍN TRIANA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 1.030.638.614 de Bogotá, con carácter
indemnizatorio la suma equivalente a veinticuatro (24) meses de salario y
prestaciones sociales que corresponden al grado de Patrullero del Nivel Ejecutivo de
la Policía Nacional, previas las deducciones de ley a que hubiere lugar,
efectuándose los descuentos correspondientes a las sumas que por cualquier
concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya percibido
durante el tiempo en que permaneció separado del servicio […]”.
4.1. Al respecto, manifestó que:
“[...] No se demostró que las conductas desplegadas por el demandante en los años
2016 y 2017, vulneraran los fines esenciales del Estado contemplados en el artículo
2 de la Constitución Política, que justificara el uso de la facultad discrecional debido
a la imposibilidad de la consecución de tales fines por parte de la Institución Policial.
En ese sentido, como bien lo afirma el apoderado del actor, en el presente caso no
se dieron circunstancias objetivas y razonables que permitan concluir que el
demandante no cumplía a satisfacción sus funciones, que implicara la desmejora del
buen servicio en orden a una eficiente labor administrativa [...]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
Sentencia proferida el 4 de mayo de 2021 por la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 110013335018201800230-01
5. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 4 de mayo de 2021, decidió:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de febrero de 2020, proferida por el
Juzgado Dieciocho (18) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, NEGAR LAS
PRETENSIONES DE LA DEMANDA, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta decisión. SEGUNDO: SIN CONDENA en costas en esta instancia
[…]”. (Resaltado en el texto original).
5.1. Como fundamento de su decisión expresó que:
“[…] Considera la Sala que las razones que dieron origen al retiro del servicio del
demandante, expuestas en el Acta No. 1092-GUTAH-SUBCO2.25 del 18 de
diciembre de 2017, fueron las mismas que se señalaron en la Resolución No. 282
del 28 de diciembre 2017, por lo que el acto, contrario a lo dispuesto por el A-quo,
fue debidamente motivado, razón por la cual desde ya ha de señalarse que la
providencia recurrida ha de ser revocada […]”.
[...]”
“[...] En ese sentido, es evidente que las anotaciones negativas responden a unos
hechos endilgados al actor, los cuales, afectan el servicio y la eficiente prestación
del mismo y que el hecho de que éstas sean menores a las positivas, no conlleva a
desvirtuar el acto acusado, máxime si se tiene en cuenta que el demandante, en
aras de controvertir las anotaciones negativas o afectaciones en el formulario de
seguimiento, presentara alguna prueba tendiente a demostrar que tales
aseveraciones eran falsas o inconsistentes, lo que a juicio de la Sala, dichas
anotaciones acreditan las afectaciones demeritorias que evidencian de manera
fehaciente su falta de compromiso con la institución [...]”.
[...]
“[...] La Sala observa que los fundamentos expuestos en el acto de retiro, se
basaron en hechos ciertos, verdaderos y existentes, al momento de su emisión,
pues la parte actora no los desvirtuó; de ahí que, la falsa motivación, como ya se
mencionó, no se configure en el sub examine [...]”.
[...]
“[...] Considera la Sala que si bien, en esa oportunidad, la entidad eventualmente
podría haber vulnerado el derecho al debido proceso del actor al efectuar esas
anotaciones escritas a pesar de que debieron ser verbales, lo cierto es que dicha
situación no invalida por si sola la Resolución No. 282 del 28 de diciembre de 2017,
comoquiera que la pérdida de confianza a la que en ella se refiere, no solo se
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
fundamenta en las citadas anotaciones realizadas en virtud del artículo 27 de
la Ley 1015 de 2006, que hacían alusión a llegadas tarde, negligencia en el
servicio, descortesía policial y mal porte del uniforme por parte del
demandante, sino también al incumplimiento de acatar órdenes de
operatividad, a la falta de trabajo en equipo, no atenderte requerimientos
hechos por los ciudadanos, sin justificación y no aprobar la prueba calificable
correspondiente al Test de Doctrina Institucional del Primer Semestre 2017;
por lo que esta censura tampoco prospera [...]”.
[...]
“[...] Se observa que dentro del expediente no obran pruebas que permitan
advertir que la finalidad del acto demandando fue diferente a la prevista en ley
y la jurisprudencia o que la intención del retiro fue ajena al buen servicio y,
por el contrario, se acreditó que los fundamentados expuestos en el acto de
retiro, se basaron en hechos ciertos, verdaderos y existentes, al momento de
su expedición. De modo que si el demandante pretendía desvirtuar la presunción
de legalidad de acto que lo retiro, estaba obligado a probar los argumentos
expuestos en la demanda, situación que en el presente caso no se demostró por el
accionante, a pesar de que sobre él recaía la carga de la prueba, conforme lo
dispone el artículo 167 del Código General del Proceso [...]”.
[...]
“[...] En suma, la parte demandante, no logró desvirtuar la presunción de
legalidad que le asiste al acto administrativo acusado, pues la Sala concluye,
que existían motivos objetivos, proporcionados y razonables, para que el
Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, retirara al actor por la
facultad discrecional. En consecuencia, se revocará el fallo de primera instancia y,
en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda [...]”. (Resaltado por la
Sala)
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. Se RECONOZCA personería jurídica al suscrito para actuar en la presente
acción constitucional y en el trámite contencioso administrativo subsiguiente.
2. CONCEDER el amparo interpuesto y en consecuencia TUTELAR el derecho
fundamental al DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD y al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del señor MIGUEL ANGEL (sic) VILLAMARÍN
TRIANA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.030.638.614 de Bogotá D.C.,
conculcado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “D”.
3. REVOCAR y DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “D”, el 4 de mayo del 2021, dentro del proceso administrativo de
nulidad y restablecimiento de derecho, con el número radicado 11001-33-35-018-
2018-00230-01.
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
4. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”, proferir una nueva sentencia en la que se confirme la sentencia de
fecha 28 de febrero de 2020, proferida por el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá,
por la cual se accedió parcialmente a las pretensiones […]”.
7. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial demandada
incurrió en un defecto fáctico por desconocimiento del acervo probatorio. Para
tal efecto, mencionó que:
“[…] PRIMERO. DEFECTO FÁCTICO POR VALORACIÓN DEFECTUOSA DEL
MATERIAL PROBATORIO (Registros condensados utilizando el Artículo 27 de
la ley 1015 de 2006).
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, en
la decisión atacada mediante la presente acción constitucional, realizó una
insuficiente y defectuosa valoración probatoria dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho por las razones que se exponen a
continuación:
Para sustentar su decisión de revocar el fallo de primera instancia, proferido el 28 de
febrero del 2020, por el Juzgado 18 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
sentencia en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de mi representado,
el Tribunal procedió a citar los registros demeritorios que fueron consignados en el
formulario de seguimiento de mi prohijado, en el que la sala hoy accionada, señaló
la existencia de 30 registros que afectaban el servicio y la eficiente prestación del
mismo.
En el recuento realizado por la autoridad judicial demandada, relacionó 22 registros
realizados en el formulario de seguimiento de mi poderdante que se realizaron en
diversas fechas, haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 1015 de
2006, veintidós anotaciones que hacen parte de los treinta registros estudiados por
la sala y que sirvieron como fundamento para que la Policía Nacional motivara el
acto administrativo contenido en la Resolución 282 del 28 de diciembre de 2017, por
la cual se le retiró del servicio activo de la Policía Nacional [...]”.
[...]
“[...] se tiene sin equívoco alguno que, la misma sala accionada reconoció que el
acto administrativo atacado mediante el medio de control de Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, así como el contenido del Acta No. 1092-GUTAH-
SUBCO-2.25 del 18 de diciembre de 2017, se encontraban viciados por
REGISTROS IRREGULARES, que afectaban el debido del señor MIGUEL ANGEL
(sic) VILLAMARÍN TRIANA.
Lo anterior, de manera evidente refleja que el acto administrativo contenido en la
Resolución 282 del 28 de diciembre de 2017, por el cual se retiró del servicio activo
de la Policía Nacional a mi representado, contenía de manera clara una FALSA
MOTIVACIÓN, como a bien lo tuvo declarar el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá
en la sentencia de primera instancia, pues resulta completamente incomprensible y
hasta contradictorio, que la máxima autoridad judicial en materia contencioso
administrativa de Bogotá y Cundinamarca, luego de citar jurisprudencia del
Honorable Consejo de Estado en la que se concluyó que este tipo de registros “sin
hesitación alguna trasgredió los derechos fundamentales”, proceda la sala a
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
manifestar que “dicha situación no invalida por si sola la Resolución No. 282 del 28
de diciembre de 2017”.
Por tal motivo, se tiene que el acto administrativo contenido en la Resolución 282
del 28 de diciembre de 2017, sí estaba viciado de FALSA MOTIVACIÓN, como bien
lo expuso el fallador de primera instancia, pues los registros realizados en el
formulario de seguimiento de mi prohijado, haciendo uso del artículo 27 de la ley
1015 de 2006, y que se condensaron en la Resolución No. 282 del 28 de diciembre
de 2017, no revestían la entidad suficiente para derivar la afectación al servicio que
justificara hacer uso de la facultad discrecional, anudado al hecho que como lo
concluyó el Honorable Consejo de estado (sic), los mismos vulneran derechos
fundamentales, razones más que suficientes para que las mentadas anotaciones no
pudiesen servir como elementos de motivación del acto administrativo demandado
[...]”.
[...]
“[…] SEGUNDO. DEFECTO FÁCTICO POR VALORACIÓN DEFECTUOSA DEL
MATERIAL PROBATORIO (Registros inexistentes en el Acta de la Junta de
Evaluación y Clasificación del 18 de diciembre de 2017).
A modo ilustrativo, se aclara al Honorable Consejo de Estado, que la Resolución
282 del 28 de diciembre de 2017, por medio de la cual se retiró del servicio activo a
mi representado, tuvo como único considerando fáctico, el cumplimiento de la
recomendación emitida por la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales,
personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la MEBOG, condesada en el Acta No.
1092 -GUTAH- SUB–O - 2.25 del 18 de diciembre de 2017, en la que se
referenciaron los distintos registros que se usaron para motivar la decisión y que a
su vez se utilizaron para motivar el contenido de la Resolución 282 del 28 de
diciembre de 2017 [...]”.
[...]
“[...] De estas irregularidades no menores contenidas en la Resolución 282 del 28 de
diciembre de 2017 y en el Acta No. 1092 -GUTAH- SUB–O - 2.25 del 18 de
diciembre de 2017, advertidas por el fallador de primera instancia, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca guardó sepulcral silencio, aspecto que sin lugar a
duda denota la defectuosa valoración probatoria que realizó el Tribunal; pues en
efecto basta una sola anotación o registro referido en la resolución atacada, y que
se encuentre ausente en el formulario de seguimiento de mi representado para
determinar fehacientemente que existió FALSA MOTIVACIÓN. Sin embargo, fueron
4 los registros que no existen en el formulario de seguimiento del señor Villamarín y
que se condesaron tanto en acta, como en el acto administrativo demandado. Aun
así, el fallador de segunda instancia desconoció senda irregularidad, la cual se
encuentra evidenciada en las mismas pruebas que el A QUO advirtió fueron
aportadas por la entidad demandada en dos oportunidades. Conforme lo anterior,
resulta más que claro que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en
una defectuosa valoración de las pruebas [...]”. (Resaltado en el texto original)
8. Por otra parte, adujo que la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente. Para tal efecto, expuso que:
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
“[…] El accionante adujo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, desatendió la sentencia T-152 de 2017, proferida por la
Corte Constitucional y las providencias del 2 de febrero de 2017, expediente 2016-
01103, y del 21 de julio de la anualidad mencionada, expediente 2017-02333,
expedidas por el Consejo de Estado, en las que se determinó que los llamados de
atención sustentados en la medida correctiva preventiva definida en el artículo 27 de
la Ley 1015 de 2006 deben hacerse de manera verbal y que los registros escritos
fundados en esa disposición son irregulares y transgreden el derecho al debido
proceso. Igualmente, manifestó que fue desconocida la providencia SU-053 de
2015, puesto que la autoridad judicial accionada no verificó la veracidad de los
hechos que la Policía Nacional empleó para justificar la Resolución 282 de 2017
[…]”. (Resaltado por la Sala)
Actuación
9. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto de 7 de diciembre de 2021; i) admitió la acción
de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y iii) vinculó a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en calidad de tercero con interés
legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre
el particular de conformidad con el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
Intervenciones de la parte demandada y de lo terceros con interés legítimo
10. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, toda vez
que, a su juicio, no se vulneró ningún derecho fundamental del actor.
10.1. Al respecto, manifestó que:
“[…] Acorde con lo anterior, revisada la providencia acusada no se observa la
configuración de ninguno de los defectos indicados, en cuanto fue proferida por i)
funcionarios competentes, ii) con acatamiento al procedimiento establecido para
esta clase de actuaciones, iii) aplicando el supuesto legal que sirvió de fundamento
a la decisión, de acuerdo al acervo probatorio allegado al expediente, iv) sin que
haya contradicción entre los fundamentos de la decisión y la parte resolutiva de la
misma, v) no se está frente a un error inducido, vi) la decisión fue ampliamente
motivada con fundamentos de hecho y de derecho y vi) no hubo desconocimiento
del precedente constitucional.
Finalmente, se considera que la acción de tutela, es del todo improcedente, toda vez
que el accionante, ejerció cada uno de los mecanismos judiciales que tenía a su
disposición y teniendo en cuenta el carácter residual de la acción de tutela, no
puede utilizarse como una tercera instancia, como lo pretende la parte accionante y
de allí su improcedencia […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
11. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó declarar
improcedente la acción constitucional, puesto que, “[...] se vislumbra la inexistencia
del defecto fáctico y la carencia en la vulneración de los derechos fundamentales
alegados por parte actora [...]”.
11.1. Para tal efecto, expuso lo siguiente:
“[…] la presente acción de tutela es plenamente improcedente, teniendo en cuenta
la inexistencia de un perjuicio irremediable ocasionado al señor Miguel Ángel
Villamarín Triana, derivado de la determinación adoptada por la Rama Judicial y que
no está en la obligación jurídica de soportar [...]”
[…]
“[…] no considera esta Oficina Asesora, como frente al caso sometido a
consideración del Honorable Consejero, se esté ante el acontecimiento de un
perjuicio irremediable o de una amenaza inminente e INJUSTIFICADA [...]”.
[...]
“[...] el accionante HACE UNA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL PRINCIPIO DE
IGUALDAD Y DE LA APLICACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS
JUDICIALES, ya que pretende que se cobije su situación particular con las resultas
del proceso adelantado por el señor Diego Alexander Sandoval Bedoya ante el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “D"; ACCIÓN CONTENCIOSA EN LA QUE EL SEÑOR MIGUEL
ANGEL VILLAMARIN TRIANA NO TUVO PARTICIPACIÓN DIRECTA, NI DE
ALGUNA OTRA ÍNDOLE, POR LO QUE NO ES VIABLE JURÍDICAMENTE QUE SE
LE APLIQUEN LOS EFECTOS INTER-PARTES DE UNA SENTENCIA DERIVADA
DE UNA LITIS EN LA QUE NO ESTUVO VINCULADO PROCESALMENTE [...]”.
La sentencia impugnada
12. Mediante sentencia de 20 de enero de 2022, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado resolvió:
“[…] Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el
señor Miguel Ángel Villamarín Triana en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en cuanto al desacuerdo relativo a
las anotaciones no registradas en los formularios de seguimiento, y negar el amparo
constitucional, respecto a la configuración de los defectos fáctico y desconocimiento
del precedente judicial, de conformidad con la parte motiva de esta providencia […]”.
12.1. Como fundamento de su decisión, manifestó lo siguiente:
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
“[…] El solicitante del amparo indicó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, conculcó sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, puesto que no declaró la nulidad de la Resolución 282 de 2017, a pesar de
que aquella adolecía de una falsa motivación, en el entendido que en la evaluación
de su trayectoria se tuvieron en cuenta los registros negativos del 2, 4 y 16 de enero
y del 4 de febrero de 2017, pero estos no aparecían en los formularios de
seguimiento allegados por la entidad demandada, en los términos en los que lo
evidenció el juez ordinario de primera instancia. Así mismo, resaltó que la
corporación accionada no se pronunció sobre esa situación.
Sobre el particular, la Subsección, al examinar el expediente del proceso ordinario
donde se profirió el fallo que se controvierte en esta sede, advierte que el
demandante no propuso el desacuerdo enunciado en precedencia como uno de los
cargos de violación del acto administrativo demandado, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y, de este modo, no agotó en debida forma el
mecanismo con el que contaba [...]”.
[...]
“[...] En ese sentido, la Subsección encuentra que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, valoró el Acta de Evaluación
de Trayectoria 1092-GUTAH-SUBXO-2.25 del 18 de diciembre de 2017 y, en
particular, consideró la irregularidad relativa al registro de los llamados de
atención, que tuvieron fundamento en el artículo 27 de la Ley 1015 de 2006, en
tanto que aquellos debieron ser verbales y no escritos y, por ello, señaló la
desatención de la garantía del debido proceso. Sin embargo, la autoridad
judicial accionada explicó que la situación descrita en precedencia y a la que hace
alusión el señor Villamarín Triana en esta sede constitucional, no tenía la virtualidad
de enervar la legalidad del acto administrativo demandado, puesto que, las
conductas reprochadas constituían hechos ciertos que afectaban la función pública
y, de esta manera, justificaban el ejercicio de la facultad discrecional de retiro.
Aunado a lo anterior, se advierte que la corporación accionada precisó que la
Resolución 282 de 2017 tuvo fundamento no solo en las anotaciones
negativas realizadas en virtud de la norma citada en precedencia, sino en
otras conductas reprochables al servidor público relacionadas con el
incumplimiento de órdenes de operatividad, la falta de trabajo en equipo, la
omisión en atender requerimientos ciudadanos y la desaprobación de
capacitaciones de doctrina institucional.
En esa medida, se tiene que, contrario a lo expuesto por el solicitante del amparo, el
Tribunal accionado valoró las pruebas allegadas al proceso, en especial, el acta de
evaluación de desempeño y determinó que la motivación allí contenida correspondía
a hechos ciertos y existentes y, de esta forma, no estaba demostrada la causal de
anulación de los actos administrativos de falsa motivación y no estaban llamados a
prosperar los cargos formulados en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. De lo anterior se desprende con claridad que la
corporación accionada valoró, de conformidad con las reglas de la sana
crítica, las pruebas documentales allegadas al proceso y, con base en ellas,
logró concluir que el señor Villamarín Triana no logró desvirtuar la legalidad
de la Resolución 282 de 2017, pues no demostró que su retiro de la Policía
Nacional obedeció a razones distintas al mejoramiento del servicio. Bajo este
contexto, no se evidencia la configuración de un defecto fáctico, como causal
específica de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales
[...]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
[...]
“[...] Se evidencia que en el asunto bajo estudio no se supera la primera etapa del
test integrado de igualdad, en el entendido que cada uno de los casos decididos por
el Tribunal accionado corresponde a supuestos de hecho y de derecho disímiles,
en los que se analizó la legalidad de actos administrativos de retiro de
distintas personas, motivados por razones diferentes, en los cuales debía
atenderse a las particularidades de cada servidor, esto es, revisar sus
formularios de desempeño, evaluaciones de seguimiento y la trayectoria
individual, sin que esos aspectos pudieran equipararse en todos los casos y,
con ello, fijar un criterio de comparación o de referencia que permitiera evaluar en
iguales condiciones sus situaciones jurídicas. En ese sentido, se resalta que en
ningún evento puede equipararse la hoja de vida e historial laboral de los
funcionarios de las fuerzas militares, pues de ser así no podrían decidirse de
forma individual los casos de incorporación, ascenso, retiro y asignación de
retiro de aquellos. En esa medida, se aprecia que cada una de las salas de
decisión desarrolló sus criterios independientes, los cuales fundamentaron en
el análisis fáctico, jurídico y probatorio en los expedientes asignados y, por
ende, esa situación no puede instituirse como una transgresión de los
derechos fundamentales del accionante. Por tanto, al no encontrarse acreditadas
las causales invocadas, se negará el amparo deprecado por el señor Miguel Ángel
Villamarín Triana, mediante la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en relación con
los defectos fáctico y desconocimiento del precedente, y se rechazará por
improcedente, frente al desacuerdo relativo a las anotaciones no registradas en los
formularios de seguimiento […]”.
La impugnación
13. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, al considerar lo siguiente:
“[…] Clarificado lo anterior y con el fin de manifestar mi disenso y desacuerdo
jurídico respecto al Fallo de tutela proferido por la Subscción (sic) A, Sección
Segunda, del Consejo de Estado, me referiré a UNA de las preguntas que fueron
propuestas por el Magistrado, para desarrollar el problema jurídico del fallo proferido
el 20 de enero del 2022. 1. El primer problema jurídico propuesto dentro del
presente asunto, abordó dos cuestiones: la primera, encaminada a la “exigencia
general de subsidiariedad” y, la segunda, la “existencia de otro mecanismo de
defensa” (Folios 6 al 8 del fallo de tutela) [...]”.
[...]
“[...] Tal formulación y conclusión no es acertada, por cuanto el principio de
subsidiariedad, decantado su concepto y alcance mediante basta jurisprudencia de
la Corte Constitucional, hace referencia a que, una persona, primero, debe agotar
todos los medios judiciales de defensa, para ahí sí, acudir a la acción de tutela, pero
de ninguna manera hace referencia al cómo se usó el medio judicial, ni mucho
menos, al fondo del medio judicial usado. Luego entonces, no es de recibo ese
desarrollo jurídico expuesto por la Subsección A, Sección Segunda, que, dicho sea
de paso, no fue sustentado, ni ratificado, por ningún extracto jurisprudencial, bien
sea de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado, pues nótese que en el fallo
de tutela no se hizo manifestación expresa respecto a alguna sentencia proferida
12
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Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
por las Altas Cortes que sustentara tal interpretación de la subsidiariedad. Porque,
sencillamente, esa concepción del principio en mención no es cierta, ni mucho
menos puede ser criterio considerativo para declarar la improcedencia de la acción
de tutela primigenia presentada por el suscrito [...]”.
[...]
“[...] la subsidiariedad en el presente asunto tiene que estudiarse y tenerse como
factor de admisibilidad de la tutela, como lo concibe precismante (sic) la
jurisprudencia constitucional, aquella que, como criterio de admisión, estudia si se
agotaron los medios de control dispuestos por la ley y no cómo esos medios fueron
abordados, presentados o desarrollados, porque sencillamente esa no es la esencia
del principio de subsidiariedad. Además, tiene que tenerse muy en cuenta que mi
prohijado sí agotó e hizo uso de todos los mecanismos judiciales existentes en el
ordenamiento jurídico, para que su caso en concreto fuera resuelto, situación que
por sí sola habilitaba la procedencia de la acción [...]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018 3; y, el
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
13
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Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
Problemas Jurídicos
16. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al proferir la sentencia de 4 de mayo de 2021, dentro del proceso
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 11001-33-35-018-2018-00230-01, incurrió en un
defecto fáctico por desconocimiento del acervo probatorio y en un defecto
sustantivo por desconocimiento de precedente judicial, lo que trajo como
consecuencia que se negaran las pretensiones de la demanda dentro del proceso
referido supra.
17. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) defecto fáctico relativo
a la indebida valoración probatoria del registro contenido en el Acta de Evaluación
de Trayectoria 1092-GUTAH-SUBXO-2.25 del 18 de diciembre de 2017 por parte
del Tribunal accionado; v) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad; viii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia; ix) análisis del caso concreto, y finalmente
x) las conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello5, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
14
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Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
19. Esta Sección6 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
21. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”7.
22. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
7Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos
parámetros.
24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto
26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.
27. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
28. En lo que concierne al requisito de relevancia constitucional, la Sala considera
que los defectos que alegó el actor revisten relevancia constitucional, comoquiera
que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
29. La Sala debe hacer énfasis en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii) el actor cumplió con la
carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en un posible defecto fáctico por valoración
defectuosa de las pruebas y en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente.
30. Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se justifica, toda
vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la
informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas procesales10, en el escenario del amparo
contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la
cosa juzgada, por lo que el juez constitucional solo puede remover dicha cosa
juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.
31. Cumplió con el principio de inmediatez11.
32. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y
eficientes con los cuales la parte actora pueda lograr la protección de los derechos
invocados, en relación con el presunto defecto fáctico por indebida valoración
10 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
11 Puesto que la sentencia de 4 de mayo de 2021 proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue notificada el 26 de mayo de 2021, mientras que la tutela se
interpuso el 26 de noviembre de 2021, es decir, se presentó antes de que transcurrieran (6) meses después
de notificada la providencia cuestionada.
17
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del registro contenido en el Acta de Evaluación de Trayectoria 1092-GUTAH-
SUBXO-2.25 del 18 de diciembre de 2017 y el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.
33. Sin embargo, no acontece lo mismo en lo que concierne al presunto defecto
fáctico relacionado con las anotaciones no registradas en los formularios de
seguimiento y la configuración, de la causal de nulidad de falsa motivación
respecto del acto administrativo demandado que alegó el actor y frente al cual
manifestó lo siguiente:
“[...] el acto administrativo contenido en la Resolución 282 del 28 de diciembre de
2017, por el cual se retiró del servicio activo de la Policía Nacional a mi
representado, contenía de manera clara una FALSA MOTIVACIÓN, como a bien lo
tuvo declarar el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá en la sentencia de primera
instancia, pues resulta completamente incomprensible y hasta contradictorio, que la
máxima autoridad judicial en materia contencioso administrativa de Bogotá y
Cundinamarca, luego de citar jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado en la
que se concluyó que este tipo de registros “sin hesitación alguna trasgredió los
derechos fundamentales”, proceda la sala a manifestar que “dicha situación no
invalida por si sola la Resolución No. 282 del 28 de diciembre de 2017 [...]”.
34.1. Al respecto, la Sala advierte lo siguiente:
34.1.1. Teniendo en cuenta el expediente del proceso ordinario donde se profirió la
sentencia que se controvierte en sede de tutela, la Sala evidencia que la
inconformidad alegada supra por el actor, no fue presentada dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, no agotó el mecanismo
judicial de defensa idóneo que permitiría en términos de eficacia, proporcionar una
solución oportuna e integral al asunto planteado por el accionante.
34.1.2. En ese orden de ideas, tal inconformidad debió ser alegada en el proceso
ordinario, puesto que, es la oportunidad procesal donde el accionante debió
exponer los motivos por cuales consideró que el acto administrativo demandado
en sede de tutela incurrió en una falsa motivación. Lo anterior, con el fin de que
dicho reparo pudiera ser resuelto por el juez natural de la causa, quien es el
encargado de resolver lo pertinente. Por consiguiente, el actor no utilizó el
mecanismo judicial de defensa idóneo para controvertir el acto administrativo
cuestionado.
18
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Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
34.1.3. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el presente caso existe
un mecanismo ordinario de defensa judicial idóneo para controvertir la legalidad
del acto administrativo que presuntamente vulneró los derechos fundamentales del
accionante, en la medida en que, todos los cargos de nulidad contra dicho acto
debieron ser propuestos al demandarse ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Por consiguiente, la Sala hace énfasis en que mediante el ejercicio de la
acción de tutela no se puede subsanar la falta de actuación oportuna del
solicitante.
34.2. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
34.2.1. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional12:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado
que éste debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o
próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes
elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o
material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. (…) deben
requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde
una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia
del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del
caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables,
esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar
la consumación de un daño antijurídico irreparable.”13[…]”.
34.2.2. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor
se encuentran en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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34.2.3. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.
35. La parte actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y
36. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-
37. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de
procedibilidad14 por defecto fáctico:
“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia15 ha determinado que
se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o
abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que
debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por
interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser
determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las
interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la
autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la
negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por
no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez;”16 mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha
debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.”17[…]”.18
14 “En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera
arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y
legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio
de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el
ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que
ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional,
Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
15
Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre
el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de
20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
16 Corte Constitucional.
17 Ibídem.
20
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Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
38. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de
manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios
debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió
haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del
acervo probatorio.
39. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en
cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y
que, con fundamento en los principios constitucionales de independencia y
autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la
valoración de las pruebas. La Corte dijo:
“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de
autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al
momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a
las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder
comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto
puede lesionar derechos fundamentales […]”19.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
40. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.
41. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189620 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de
201121; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200122; C-
816 de 201123; C-179 de 201624; y T-102 de 201425.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
20 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
21 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
22 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
23 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
21
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42. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”26 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…]
conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su
pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.
43. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional27, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente
que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).
44. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria28, la regla del respeto del precedente
no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible
frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio
tendiente a resolver una situación concreta.
45. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala29, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
24 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
25 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
26 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
27 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
28
Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
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Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar
la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el
orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones
adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la
jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa
jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios
y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
46. En efecto, la Sala30 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud
de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en
las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial31”, para lo cual
resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso
concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se
sustenta la decisión de apartarse.
47. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los
órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y
iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben
ser tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los
hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio
decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
48. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
30 ibídem.
31Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
49. Atendiendo a que, la Corte Constitucional32 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
50. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
51. Atendiendo a que, la Corte Constitucional33 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
32 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
33 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
52. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
53. Atendiendo a que la Corte Constitucional34 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
34 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
Análisis del caso en concreto
54. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
55. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
56. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el
siguiente documento:
56.1. Copia en medio digital del expediente del proceso del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 110013335018201800230-01.
Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto fáctico
57. El actor señaló que la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto fáctico, por las siguientes
razones:
“[…] se aclara al Honorable Consejo de Estado, que la Resolución 282 del 28 de
diciembre de 2017, por medio de la cual se retiró del servicio activo a mi
representado, tuvo como único considerando fáctico, el cumplimiento de la
recomendación emitida por la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales,
personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la MEBOG, condesada en el Acta No.
1092 -GUTAH- SUBCO - 2.25 del 18 de diciembre de 2017, en la que se
referenciaron los distintos registros que se usaron para motivar la decisión y que a
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
su vez se utilizaron para motivar el contenido de la Resolución 282 del 28 de
diciembre de 2017 [...]”.
[...]
“[...] De estas irregularidades no menores contenidas en la Resolución 282 del 28 de
diciembre de 2017 y en el Acta No. 1092 -GUTAH- SUBCO - 2.25 del 18 de
diciembre de 2017, advertidas por el fallador de primera instancia, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca guardó sepulcral silencio, aspecto que sin lugar a
duda denota la defectuosa valoración probatoria que realizó el Tribunal; pues en
efecto basta una sola anotación o registro referido en la resolución atacada, y que
se encuentre ausente en el formulario de seguimiento de mi representado para
determinar fehacientemente que existió FALSA MOTIVACIÓN. Sin embargo, fueron
4 los registros que no existen en el formulario de seguimiento del señor Villamarín y
que se condesaron tanto en acta, como en el acto administrativo demandado. Aun
así, el fallador de segunda instancia desconoció senda irregularidad, la cual se
encuentra evidenciada en las mismas pruebas que el A QUO advirtió fueron
aportadas por la entidad demandada en dos oportunidades. Conforme lo anterior,
resulta más que claro que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en
una defectuosa valoración de las pruebas [...]”.
58. Por su parte, la autoridad judicial demandada al respecto expuso lo siguiente:
“[…] De lo anterior se desprende que, para la Junta de Evaluación y Clasificación
para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Metropolitana
de Bogotá, las razones por las cuales, recomienda el retiro del servicio activo del
demandante, es la pérdida de confianza depositada en el uniformado, toda vez que,
el patrullero tuvo distintas anotaciones negativas en su formato de seguimiento
relacionadas con llegadas tarde al servicio, no aportar los resultados operativos,
incumplir órdenes, no aprobar cursos de capacitación, negligencia en el servicio,
mal porte del uniforme y descortesía policial. En ese orden, considera la Sala que
las razones que dieron origen al retiro del servicio del demandante, expuestas en el
Acta No. 1092-GUTAH-SUBCO2.25 del 18 de diciembre de 2017, fueron las mismas
que se señalaron en la Resolución No. 282 del 28 de diciembre 2017, por lo que el
acto, contrario a lo dispuesto por el A-quo, fue debidamente motivado, razón por la
cual desde ya ha de señalarse que la providencia recurrida ha de ser revocada [...]”.
[...]
“[...] La Sala observa que los fundamentos expuestos en el acto de retiro, se
basaron en hechos ciertos, verdaderos y existentes, al momento de su emisión,
pues la parte actora no los desvirtuó; de ahí que, la falsa motivación, como ya se
mencionó, no se configure en el sub examine [...]”.
[...]
“[...] Considera la Sala que si bien, en esa oportunidad, la entidad eventualmente
podría haber vulnerado el derecho al debido proceso del actor al efectuar esas
anotaciones escritas a pesar de que debieron ser verbales, lo cierto es que dicha
situación no invalida por si sola la Resolución No. 282 del 28 de diciembre de 2017,
comoquiera que la pérdida de confianza a la que en ella se refiere, no solo se
fundamenta en las citadas anotaciones realizadas en virtud del artículo 27 de la Ley
1015 de 2006, que hacían alusión a llegadas tarde, negligencia en el servicio,
descortesía policial y mal porte del uniforme por parte del demandante, sino también
al incumplimiento de acatar órdenes de operatividad, a la falta de trabajo en equipo,
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
no atenderte requerimientos hechos por los ciudadanos, sin justificación y no
aprobar la prueba calificable correspondiente al Test de Doctrina Institucional del
Primer Semestre 2017; por lo que esta censura tampoco prospera [...]”.
[...]
“[...] Se resalta que tampoco la idoneidad del demandante en su trayectoria
profesional inhibe el ejercicio de la facultad discrecional del retiro del servicio por
esta causal, pues, el hecho de haber obtenido una calificación superior en la
evaluación de desempeño policial en los años 2016 y 2017, recibido felicitaciones y
la ausencia de sanciones disciplinarias, no constituye un impedimento o factor de
inamovilidad, que condicione el ejercicio de la facultad discrecional, ni dan garantía
de estabilidad, comoquiera que en relación con los servidores de la Policía Nacional,
que, por la naturaleza de sus funciones, se requiere, entre otras virtudes y aptitudes,
confianza, dedicación, lealtad, disponibilidad y plena capacidad física e intelectual
[...]”.
[...]
“[...] Se observa que dentro del expediente no obran pruebas que permitan advertir
que la finalidad del acto demandando fue diferente a la prevista en ley y la
jurisprudencia o que la intención del retiro fue ajena al buen servicio y, por el
contrario, se acreditó que los fundamentados expuestos en el acto de retiro, se
basaron en hechos ciertos, verdaderos y existentes, al momento de su expedición
[...]”.
[...]
“[...] En suma, la parte demandante, no logró desvirtuar la presunción de legalidad
que le asiste al acto administrativo acusado, pues la Sala concluye, que existían
motivos objetivos, proporcionados y razonables, para que el Comandante de la
Policía Metropolitana de Bogotá, retirara al actor por la facultad discrecional. En
consecuencia, se revocará el fallo de primera instancia y, en su lugar, se negarán
las pretensiones de la demanda [...]”.
59. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que, contrario a lo que
manifestó el actor, el Tribunal demandado hizo referencia a las pruebas
documentales allegadas al proceso, en especial, el Acta de Evaluación de
Trayectoria 1092 – GUTAH- SUBXO-2.25 del 18 de diciembre de 2017 proferida
por la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Nivel Ejecutivo y
Agentes de la Policía Nacional, las cuales valoró desde la sana crítica y su
independencia; elemento probatorio del cual se logra extraer el registro del
seguimiento que se realizó al actor durante los años 2016 y 2017, relacionado con
su comportamiento y el desempeño de sus funciones, a lo que se suma que las
anotaciones negativas registradas corresponden a hechos endilgados al actor35,
y que, en ese orden de ideas, tal cual como lo consideró el A quo, es razonable
advertir que éstos afectan el servicio y la eficiente prestación del mismo.
35 Tales como: Mal porte del uniforme, descortesía policial, retardo en el servicio de vigilancia, negligencia en
el servicio, incumplir órdenes, no aprobar cursos de capacitación, entre otros.
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
60. La Sala considera que la autoridad judicial demandada no incurrió en un
defecto fáctico, toda vez que, para adoptar la decisión judicial, valoró y estudió con
detenimiento cada prueba allegada al proceso, como lo fue la anotación que
recibió el actor en el ejercicio de su cargo, lo que llevó a separar del cargo al
patrullero Miguel Ángel Villamarín Triana por la pérdida de confianza que se
generó por las distintas anotaciones negativas que se reflejó en los formularios de
seguimiento del actor, así como el hecho de no haber acatado órdenes de
operatividad, la falta de trabajo en equipo, no atender requerimientos hechos por
los ciudadanos, sin justificación y no aprobar la prueba calificable correspondiente
al Test de Doctrina Institucional del Primer Semestre 2017.
61. En ese orden de ideas, la Sala precisa que no se configura el defecto fáctico
que adujo el actor, en la medida en que no se desconoció el acervo probatorio y
su valoración se realizó de manera razonable y con sujeción al contenido propio
de cada prueba..
Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial
62. El actor en su escrito de tutela indicó que la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto
sustantivo por no haber aplicado el precedente judicial contenido en la sentencia
T-152 de 2017 de 8 de marzo de 2017, proferida por la Corte Constitucional, así
como en “[...]¨las providencias del 2 de febrero de 2017, expediente 2016-01103 y
del 21 de la misma anualidad, expediente 2017-02333, expedidas por el Consejo
de Estado [...]” y, finalmente, la SU-053 de 2015.
63. Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario
verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la
sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente36.
Corte Constitucional, Sentencia T-152 de 8 de marzo de 2017. Magistrado
Ponente: Alejandro Linares Cantillo.
64. La Corte Constitucional analizó un caso en el que, el señor Johnny Esneider
Quintero Cano presentó acción de tutela contra la Policía Nacional, solicitando la
protección de sus derechos fundamentales a la libertad de culto, a la libertad de
conciencia, a la igualdad, al debido proceso y a la dignidad humana, los cuales
considera que fueron vulnerados por la anotación demeritoria que fue registrada
en su formulario de seguimiento, tras haber incumplido con la orden de leer a los
feligreses en la eucaristía de “Domingo de Ramos” un mensaje que,
presuntamente, guarda relación con la religión Católica, a pesar de que el
accionante profesa la religión Adventista del Séptimo Día.
65. El problema jurídico que tenía que resolver la Corte Constitucional fue el
siguiente:
“[…] ¿La Policía Nacional desconoció el principio de laicidad, y vulneró el derecho a
la libertad religiosa y de culto del actor al ordenarle que en cumplimiento de sus
funciones, como patrullero, leyera a los feligreses en la eucaristía de “Domingo de
Ramos” un mensaje que, presuntamente, guarda relación con la religión Católica, a
pesar de que aquel profesa la religión Adventista del Séptimo Día?
¿La Policía Nacional vulneró el derecho al debido proceso administrativo del actor al
registrar una anotación demeritoria en el formulario de seguimiento, bajo el
argumento de que el patrullero incurrió en la falta leve prevista en el numeral 3,
artículo 36 de la Ley 1015 de 2006, por haber asumido una actitud displicente dentro
de la formación y frente a la instrucción impartida por su superior? […]”.
66. En relación con los llamados de atención en la medida preventiva definida
en el artículo 27 de la Ley 1015 de 2006 deben hacerse de manera verbal, la
Corte Constitucional advirtió que:
“[…] El artículo 27 de la ley referida determina que los medios para encauzar la
disciplina son dos, a saber: (i) preventivos, cuando el superior ejerce el mando “con
el fin de orientar el comportamiento de los subalternos a través de llamados de
atención verbal, tareas tales como acciones de tipo pedagógico, asistencia a
36 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de
2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
30
Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
cursos de formación ética, trabajos escritos, como medios disuasivos de aquellas
conductas que no trascienden ni afectan la función pública, sin que ello constituya
antecedente disciplinario”; y (ii) correctivos, cuando “hacen referencia a la
aplicación del procedimiento disciplinario en caso de ocurrencia de falta definida
como tal en la presente ley” (negrilla fuera del original). En concordancia con ello,
la misma ley define qué tipo de sanción se impone a cada una de las faltas
tipificadas como gravísimas, graves y leves. En concreto, para la falta leve cometida
de manera culposa la Ley 1015 de 2006 establece una sanción correspondiente a
una amonestación por escrito (núm.5, art. 39), la cual consiste “en el reproche de la
conducta o proceder, por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida” […]”
67. La Corte Constitucional, conforme a la regla jurisprudencial previamente
expuesta, en el caso concreto concluyó lo siguiente:
“[…] La Sala considera que si bien el llamado de atención que se realizó al
accionante, durante la formación, tiene una connotación de medida preventiva, en
tanto tenía por finalidad preservar el orden interno y el respeto por el protocolo
policial, no se puede predicar lo mismo respecto del registro de la anotación
demeritoria en el formulario de seguimiento del patrullero. Ello, en razón la entidad,
sin agotar el debido proceso, calificó la conducta del actor como falta disciplinaria,
atribuyó la responsabilidad por la misma y registró un reproche sobre el
comportamiento del funcionario, con lo que se causan efectos negativos en la
evaluación anual y en el eventual ascenso. Tal actuación administrativa en
términos de la Ley 1015 de 2006 y la jurisprudencia de esta Corte imprime al
llamado de atención un carácter sancionatorio. En esa medida, no es relevante la
distinción formal que hace la entidad accionada respecto de la naturaleza de la
hoja de vida y el formulario de seguimiento, pues como fue explicado del registro
de la anotación negativa en cualquiera de las dos se derivan, aunque en mayor o
menor medida, efectos negativos para el sancionado […]”.
Corte Constitucional, Sentencia SU-053 de 12 de febrero 2015. Magistrado
Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.
68. La Corte Constitucional analizó el caso donde se presentó la siguiente
situación:
“ [...] todas las acciones de tutela de la referencia se instauraron contra providencias
judiciales que no anularon actos administrativos que retiraron del servicio a
servidores públicos, sin motivación. Sin embargo, en esos expedientes hay dos
grupos de temas claramente diferenciados. En primer término, hay un grupo de
tutelas que plantean problemas relacionados con la motivación de los actos
administrativos de retiro de empleados públicos, vinculados a cargos de carrera en
provisionalidad. En segundo término, se presenta otro conjunto de acciones de
tutela contra sentencias judiciales, pero concernientes a la facultad discrecional de
retiro de miembros activos de la Fuerza Pública, específicamente de la Policía
Nacional.
En el primer grupo de tutela, se presentan quince (15) demandantes, que están
distribuidos en diez (10) expedientes. En el segundo tema participan dos (2)
peticionarios, que instauraron un solo proceso de tutela. Todos los accionantes
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
buscan la protección de sus derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la estabilidad laboral.
Para efectos de una mejor comprensión de la situación fáctica y los problemas
jurídicos que corresponde resolver a la Sala en esta oportunidad, se expondrán de
manera individual, los antecedentes de cada una de las acciones de tutela
acumuladas, por existir elementos puntuales en ellas, que exigen su particular
valoración [...]”.
69. El problema jurídico que tenía que resolver la Corte Constitucional fue el
siguiente:
“[...] la Corte ha identificado dos tipos de problemas jurídicos a resolver en el
presente asunto. En primer lugar, la Sala Plena de esta Corporación debe
establecer si las sentencias objeto de revisión desconocen el precedente
constitucional relacionado con la motivación de los actos administrativos de retiro de
empleados públicos, vinculados en provisionalidad en cargos de carrera
administrativa, y si, en consecuencia, esas providencias vulneran los derechos del
primer grupo de demandantes al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y a la estabilidad laboral.
3. Por otra parte, debe determinarse si las sentencias objeto de revisión desconocen
el precedente relacionado con la motivación de los actos administrativos de retiro
discrecional de los miembros de la Fuerza Pública, y si, en consecuencia, esas
providencias vulneran los derechos del segundo grupo de peticionarios al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la estabilidad
laboral [...]”.
70. En relación con la motivación de los actos de retiro discrecional de los
miembros activos de la Policía Nacional, la Corte Constitucional advirtió que:
“[...] La Sala Plena de esta Corporación, en ejercicio de tal función unificadora, pasa
a proponer el estándar mínimo de motivación para que, en todo caso, prevalezca la
interpretación que más se acompasa con los postulados del Estado Social de
Derecho, el principio de legalidad y el respeto por los derechos fundamentales de
los policías: i. Se admite que los actos administrativos de retiro discrecional de la
Policía Nacional no necesariamente deben motivarse en el sentido de relatar las
razones en el cuerpo del acto como tal. Pero, en todo caso, sí es exigible que estén
sustentados en razones objetivas y hechos ciertos. En este sentido, el estándar de
motivación justificante es plenamente exigible; ii. La motivación se fundamenta en el
concepto previo que emiten las juntas asesoras o los comités de evaluación, el cual
debe ser suficiente y razonado; iii. El acto de retiro debe cumplir los requisitos de
proporcionalidad y razonabilidad, que se expresan en la concordancia y coherencia
entre acto discrecional y la finalidad perseguida por la Institución; esto es, el
mejoramiento del servicio; iv) El concepto emitido por las juntas asesoras o los
comités de evaluación, no debe estar precedido de un procedimiento administrativo,
lo anterior, debido a que ello desvirtuaría la facultad discrecional que legalmente
está instituida para la Policía Nacional, en razón de función constitucional. No
obstante lo anterior, la expedición de ese concepto previo sí debe estar soportado
en unas diligencias exigibles a los entes evaluadores, como por ejemplo el
levantamiento de actas o informes, que deberán ponerse a disposición del afectado,
una vez se produzca el acto administrativo de retiro, y las cuales servirán de base
para evaluar si el retiro se fundó en la discrecionalidad o en la arbitrariedad; v. El
afectado debe conocer las razones objetivas y los hechos ciertos que dieron lugar a
la recomendación por parte del comité de evaluación o de la junta asesora, una vez
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Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
se expida el acto administrativo de retiro. Por lo tanto, en las actas o informes de
evaluación debe quedar constancia de la realización del examen de fondo, completo
y preciso que se efectuó al recomendado. En tal examen se debe analizar, entre
otros, las hojas de vida, las evaluaciones de desempeño y toda la información
adicional pertinente de los policiales; vi. Si los documentos en los cuales se basa la
recomendación de retiro del policía, tienen carácter reservado, los mismos
conservaran tal reserva, pero deben ser puestos en conocimiento del afectado. El
carácter reservado de tales documentos se mantendrá, mientras el acto
administrativo permanezca vigente; vii. Si bien los informes o actas expedidos por
los comités de evaluación o por las juntas asesoras no son enjuiciables ante la
jurisdicción contenciosa, deben ser valorados por el juez para determinar la
legalidad de los actos. Ello implica que se confronten las hojas de vida de los
agentes, las evaluaciones de desempeño, las pruebas relevantes y los demás
documentos que permitan esclarecer si hubo o no motivos para el retiro [...]”.
71. Ahora bien, en el caso sub examine, la Sala advierte, en primera medida, que
no existe identidad fáctica y jurídica, en la medida en que, tal como lo advirtió el A
quo, “[...] ningún evento puede equipararse la hoja de vida e historial laboral de los
funcionarios de las fuerzas militares, pues de ser así no podrían decidirse de
forma individual los casos de incorporación, ascenso, retiro y asignación de retiro
de aquellos [...]”, es decir, que el acervo probatorio del caso del actor no se
equipara a aquel que se tuvo en cuenta en los dos precedentes expuestos supra.
72. La Sala considera que la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al proferir, la sentencia de 4 de mayo de 2021,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 11001-33-35-018-2018-00230-01, estableció
con suficiencia las razones y motivos por las cuales el acto administrativo
demandado no adolecía de irregularidad alguna, puesto que, incluso, si bien
reconoció que no era válido consignar anotaciones escritas con fundamento en el
artículo 27 de la Ley 1017 de 2007, en la medida en que estas debían efectuarse
de manera verbal, lo cierto es que, conforme con el acervo probatorio propio del
caso del actor, valorado en conjunto, determinó que esto no era suficiente para
declarar la nulidad requerida, toda vez que las demás pruebas evidenciaban las
razones por las cuales se había retirado al actor, que demostraban la afectación
del servicio institucional.
73. En ese sentido, la autoridad judicial demandada motivó su decisión en los
siguientes términos:
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
“[...] considera la Sala que si bien, en esa oportunidad, la entidad eventualmente
podría haber vulnerado el derecho al debido proceso del actor al efectuar esas
anotaciones escritas a pesar de que debieron ser verbales, lo cierto es que dicha
situación no invalida por si sola la Resolución No. 282 del 28 de diciembre de 2017,
comoquiera que la pérdida de confianza a la que en ella se refiere, no solo se
fundamenta en las citadas anotaciones realizadas en virtud del artículo 27 de la Ley
1015 de 2006, que hacían alusión a llegadas tarde, negligencia en el servicio,
descortesía policial y mal porte del uniforme por parte del demandante, sino también
al incumplimiento de acatar órdenes de operatividad, a la falta de trabajo en equipo,
no atenderte requerimientos hechos por los ciudadanos, sin justificación y no
aprobar la prueba calificable correspondiente al Test de Doctrina Institucional del
Primer Semestre 2017; por lo que esta censura tampoco prospera [...]”.
74. En este contexto, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada no
incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
establecido por la Corte Constitucional, en la medida en que, al proferir la
sentencia cuestionada en la presente acción de tutela, presentó con suficiencia los
motivos y razones por las cuales pese a advertir que dichas anotaciones debieron
efectuarse de manera verbal y no escrita, en todo caso, a partir del análisis
conjunto del acervo probatorio, era razonable y conforme a lo establecido en la ley
el retiro del actor.
75. De otro lado, y reiterando lo dicho por esta Sección37 en un pronunciamiento
reciente, la Sala advierte que las sentencias de tutela del 2 de febrero de 2017,
expediente 2016-01103 y del 21 de la misma anualidad, expediente 2017-
02333, proferidas por el Consejo de Estado que se alegan desatendidas no
constituyen precedente judicial, toda vez que sus efectos son inter partes, tal como
lo prevé el artículo 48 de la Ley 270 de 7 de marzo de 199638, que prevé que “[...]
las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen
carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye
criterio auxiliar para la actividad de los jueces [...]”.
Conclusiones de la Sala
76. En suma, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 20 de enero de 2022
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
medio de la cual i) declaró improcedente la solicitud de amparo frente al defecto
fáctico relacionado con las anotaciones no registradas en los formularios de
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo de
2022, C.P Nubia Margoth Peña Garzón, radicación número: 11001-03-15-000-2021-07479-01.
38 Estatutaria de Administración de Justicia
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Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
seguimiento, y ii) negó la acción de tutela respecto a la configuración del defecto
fáctico frente a la indebida valoración del Acta de Evaluación de Trayectoria 1092-
GUTAH-SUBXO-2.25 de 18 de diciembre de 2017 y al desconocimiento del
precedente judicial, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 20 de enero de 2022 proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de
la cual i) declaró improcedente la solicitud de amparo frente al defecto fáctico
relacionado con las anotaciones no registradas en los formularios de seguimiento,
y ii) negó la acción de tutela respecto a la configuración del defecto fáctico frente a
la indebida valoración del Acta de Evaluación de Trayectoria 1092-GUTAH-
SUBXO-2.25 de 18 de diciembre de 2017 y al desconocimiento del precedente
judicial, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley
núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
35
Núm. único de radicación: 110010315000202110975-01
Actor: Miguel Ángel Villamarín Triana
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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