Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00446-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00446-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00446-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de febrero de 2022
Demandante: Partido Cambio Radical
Demandado: Presidencia de la República
Rad. 11001-03-15-000-2022-00446-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00446-00
Demandante: PARTIDO CAMBIO RADICAL
Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Temas: Derechos fundamentales de los partidos políticos. Derecho al
debido proceso. Derecho a elegir y ser elegido. Declara la
carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve en primera instancia, la acción de tutela formulada por el Partido
Cambio Radical en contra del presidente de la República, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, desarrollado por el Decreto
2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El director nacional, secretario y representante legal del Partido Cambio
Radical presentó acción de tutela contra el presidente de la República1. Con esta
1
El 14 de enero de 2022, la parte accionante radicó la acción de tutela ante los Juzgados
Administrativos del Circuito de Bogotá D.C. (documento 8 cargado a SAMAI). Por reparto, el proceso
le correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Primera.
Esta autoridad judicial ordenó, mediante auto del 17 de enero de 2022, remitir la tutela de la
referencia al Consejo de Estado porque la solicitud de amparo se dirige contra el presidente de la
República, razón por la que le corresponde su conocimiento a esta Corporación, de conformidad
con lo establecido en el numeral 1 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021 (Documento 6 cargado a
SAMAI). En virtud de lo anterior, el 18 de enero de 2022, la oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados
Administrativos remitió por correo electrónico la actual solicitud de amparo (Documento 1 cargado
a SAMAI). En consecuencia, la presente acción de tutela fue radica en la secretaria general de esta
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solicitud constitucional pretende que sean amparados los derechos fundamentales
al debido proceso administrativo y a elegir y ser elegidos del partido que representa.
2. En sentir de la parte actora, la transgresión de las referidas garantías
constitucionales se configuró porque la autoridad accionada no había designado el
gobernador encargado para el departamento de Arauca.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la colectividad accionante solicitó:
a) AMPARAR el derecho fundamental de (sic) debido procedimiento
administrativo y participación, concretamente elegir y ser elegido del PARTIDO
CAMBIO RADICAL.
b) ORDENAR, que a la mayor brevedad y bajo el respeto del debido
procedimiento se lleve a cabo la designación del Gobernador de Arauca (sic)2.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
5. El señor José Facundo Castillo Cisneros se presentó como candidato a la
Gobernación de Arauca para el periodo constitucional 2020-2023. Su candidatura e
inscripción fue avalada por la coalición programática y política denominada “Unidos
por Arauca”, conformada por el Partido Cambio Radical, el Partido Social de Unidad
Nacional (en adelante Partido de la U), el Partido Movimiento Alternativo Indígena y
Social (en adelante MAIS) y el Partido Colombia Renaciente.
6. El 27 de octubre de 2019, el señor José Facundo Castillo Cisneros fue
elegido gobernador del Departamento de Arauca, para el periodo constitucional
2020-2023.
7. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
providencia del 3 de noviembre de 2021, impuso al señor José Facundo Castillo
Cisneros medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención
preventiva en establecimiento carcelario3. Esta medida conllevó la suspensión del
señor Castillo Cisneros como gobernador del Departamento de Arauca.
Corporación el 18 de enero del 2022. A su vez, el 19 de enero del mismo año fue designado por
reparto al Despacho del consejero Pedro Pablo Vanegas Gil.
2
Folio 22 del escrito de tutela. Documento 2 cargado a SAMAI.
3
Esta medida fue confirmada en providencia del 24 de noviembre de 2021.
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8. En cumplimiento de la anterior orden judicial, el presidente de la República
suspendió al señor José Facundo Castillo Cisneros del cargo de gobernador del
Departamento de Arauca, mediante Decreto 1543 del 26 de noviembre de 2021. En
ese mismo acto administrativo se nombró como gobernador encargado para el
departamento al señor Alejandro Miguel Navas Ramos.
9. El 10 de diciembre de 2021, el presidente de la República solicitó a la
coalición “Unidos por Arauca” –por intermedio del representante legal del partido
Cambio Radical– la remisión de la terna para designar al gobernador encargado
para el Departamento de Arauca. En dicha solicitud se requirió que se enviaran los
respectivos soportes de las hojas de vida y los documentos que constatan que las
personas ternadas no se encuentran incursas en las inhabilidades de que tratan los
“artículos 122 de la Constitución Política, 30 de la Ley 617 de 2000, modificada por
el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 y 38 de la Ley 734 de 2002”4.
10. Los días 9 y 15 de diciembre de 20215, el secretario general del Partido
Cambio Radical envío al presidente de la República, por correo electrónico y físico,
la terna para designar el gobernador de Arauca. Esto con el fin de suplir la vacancia
mencionada. La terna en cuestión fue conformada por los ciudadanos: Indira Luz
Barrios, Andrés Alberto Padilla y César Humberto Londoño Salgado.
11. El 30 de diciembre de 2021, el Ministerio del Interior solicitó aclaración sobre
la terna allegada por cuanto se sostuvo que el señor Andrés Alberto Padilla no hizo
parte de los ciudadanos consultados para efectos de ventilla única electoral
permanente, creada para recibir, tramitar y suministrar información frente a las
solicitudes de antecedentes e informaciones disciplinarias, judiciales y fiscales que
los partidos o movimientos políticos deben presentar sobre sus posibles candidatos,
para que puedan avalarlos e inscribir para cargos y corporaciones de elección
popular6.
12. El 13 de enero de 20227, el Ministerio del Interior devolvió la terna presentada
para suplir la vacancia en cuestión, mediante oficio OFI2022-288- DMI-1000. Para
sustentar su decisión, esa entidad advirtió sobre una posible inhabilidad de una de
las personas ternadas.
13. En efecto, el Ministerio adujo que Andrés Padilla Ávila era concejal del
municipio de Arauca y renunció a su curul para integrar la terna. Por tanto, consideró
4
Folio 86. Documento 4 cargado a SAMAI.
5
Folio 92. Ibídem.
6
Artículo 1. Decreto 0513 del 25 de marzo de 2015 “Por medio del cual se crea la Ventanilla Única
Electoral Permanente”.
7
Folios 107-122. Ibídem.
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que el concejal dimitente estaría incurso en la prohibición establecida en el numeral
8 del artículo 179 de la Constitución Política. Esta disposición señala que nadie
podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una
corporación y un cargo, si los respectivos periodos coinciden en el tiempo.
14. Ese mismo día, el secretario general del Partido Cambio Radical le insistió al
presidente de la República que debía designar al gobernador de Arauca de la terna
radicada8. Sin embargo, a la fecha de presentación de esta acción de tutela, no se
había realizado tal designación.
1.4. Fundamentos de la vulneración
15. La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso administrativo y a elegir y ser elegidos, bajo los siguientes argumentos:
16. El único que tiene la competencia para solicitar la recomposición de la terna,
es el presidente de la República y no el Ministerio del interior; cuyas actuaciones,
además, dejan entrever una dilación injustificada en la designación del gobernador
encargado de Arauca.
17. Por otro lado, apoyado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional9 y del
Consejo de Estado10, señaló que las inhabilidades del artículo 179 de la Constitución
Política son aplicables única y exclusivamente para las personas que se postulen
por elección popular al cargo de congresistas, razón por la que esta disposición no
se puede hacer extensiva a los alcaldes o gobernadores que, a su vez, tienen un
régimen especial.
18. Así, sostuvo que por mandato constitucional (artículos 299 y 312 C.P.), el
legislador estableció a través de los artículos 30 de la Ley 617 de 2000 y 29
parágrafo 3 de la Ley 1475 de 2011, un régimen especial de inhabilidades para los
cargos de gobernador o alcalde. Considera que este régimen especial fue
desconocido por la autoridad accionada.
19. De este modo, concluyó que los “requisitos para llevar a cabo una
designación en caso de una suspensión de un gobernador por habérsele decretado
medida de aseguramiento es quesea(sic) del mismo movimiento y filiación política
del titular, de terna que para el efecto presente el partido, grupo político o coalición
8
Folios 123-131. Ibídem.
9
Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 2011.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de
agosto de 2002. Rad. 2779. Sala de Consulta y Servicio Civil. Conceptos de 1994. Rad. 624 y del
10 de octubre de 2002. Rad. 1465.
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que lo respaldó en el momento de la elección”11, los cuales, en el caso concreto, se
cumplen en la terna enviada al presidente de la República.
20. Finalmente, mencionó que es necesaria la designación sin dilaciones
injustificadas del gobernador de Arauca, para garantizar la ejecución del plan de
gobierno y desarrollo apoyado por los ciudadanos en las urnas, así como afrontar
las urgencias de la pandemia y atender las situaciones de orden público del
departamento.
1.5. Trámite de la acción de tutela
21. En auto del 20 de enero de 202212, el despacho del magistrado ponente
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandada. En el
mencionado proveído también se ordenó la vinculación en su condición de terceros
con interés de: i) los partidos integrantes de la coalición “Unidos por Arauca” (el
partido de la U, MAIS y Colombia Renaciente); ii) los integrantes de la terna para la
designación del gobernador de Arauca: Indira Luz Barrios, Andrés Alberto Padilla
Ávila y Cesar Humberto Londoño; iii) el departamento de Arauca; iv) Ministerio del
Interior; v) el Consejo Nacional Electoral y vi) la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
22. Adicionalmente, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado
para que realizara una publicación en la página web de la Corporación, con la
información de la tutela de la referencia, con el fin de ponerla en conocimiento de
los terceros con interés.
1.6. Intervenciones
23. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica13, así como
la publicación mencionada14, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Presidencia de la República
24. Mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo
de Estado, la Presidencia de la República (departamento administrativo que asiste
al presidente de la República) rindió informe15 en el que solicitó que se declare la
falta de legitimación en la causa por pasiva y la improcedencia de la acción de tutela.
11
Folio 12 del escrito de tutela. Documento 2 cargado a SAMAI.
12
Documento 13 cargado a SAMAI.
13
Documentos 14 y 15 cargados a SAMAI.
14
Documento 23 cargado a SAMAI.
15
Documento 30 cargado a SAMAI.
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25. Refirió que el “DAPRE y/o (sic) el señor Presidente (sic) de la República” 16,
no vulneraron los derechos fundamentales invocados, pues le corresponde al
Ministerio del Interior realizar el estudio jurídico de la terna y proyectar el respectivo
acto administrativo de ser procedente, de conformidad con lo previsto en el numeral
917 del artículo 6 del Decreto Ley 2893 de 201118.
1.6.2. Departamento de Arauca y Consejo Nacional Electoral
26. Mediante escritos enviados al buzón web de la Secretaría General de esta
Corporación19, las autoridades vinculadas rindieron informe, en el que solicitaron
que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva. Coincidieron en
afirmar que la competencia para nombrar al gobernador encargado le corresponde
exclusivamente al presidente de la República, a partir de la terna enviada para tal
fin.
1.6.3. Ministerio del Interior
27. Mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo
de Estado20, el Ministerio del Interior solicitó negar el amparo invocado por la parte
actora. Para esta entidad se debe negar la protección solicitada porque no se han
vulnerado los derechos fundamentales del Partido Cambio Radical.
28. Para fundamentar su solicitud, el Ministerio del Interior manifestó que ha
realizado todos lo trámites pertinentes para la designación del gobernador de
Arauca.
29. En efecto, la entidad vinculada mencionó todas las actuaciones surtidas
dentro del proceso de designación del gobernador de Arauca. Y refirió que, a la
fecha de presentación del informe de contestación, se encontraba estudiando la
solicitud de objeción presentada por el señor Jesús López Bejarano, frente a la terna
remitida por el partido Cambio Radical en aras de suplir la vacancia del señor José
Facundo Castillo.
16
Folio 6. Ibídem.
17
ARTÍCULO 6°. Funciones del Despacho del Ministro del Interior. Son funciones del Ministro del
Interior, además de las señaladas por la Constitución Política y el artículo 61 de la Ley 489 de 1998,
las siguientes:
(…)
9. Preparar los proyectos de decreto y resoluciones ejecutivas que deban expedirse en ejercicio de
las atribuciones correspondientes al Presidente de la República como suprema autoridad
administrativa, en los asuntos de su competencia.
18
“Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior
y se integra al Sector Administrativo del Interior”.
19
Documentos 26 y 33 cargados a SAMAI.
20
Escrito suscrito por Lucia Margarita Soriano Espinel, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio del Interior.
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30. Por último, el Ministerio del Interior manifestó la disposición que le asiste en
adelantar el respectivo nombramiento, una vez se estudie y resuelva lo manifestado
anteriormente.
31. Los demás partidos integrantes de la coalición “Unidos por Arauca” (el partido
de la U, MAIS y Colombia Renaciente), los integrantes de la terna para la
designación del gobernador de Arauca: Indira Luz Barrios, Andrés Alberto Padilla
Ávila y Cesar Humberto Londoño y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, pese a que fueron notificados del trámite constitucional guardaron
silencio21.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
32. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
el Partido Cambio Radical contra el presidente de la República, como máxima
autoridad administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
33. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen, y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente
a quien deben reclamarse y controvertirse estas. Así estarían definidas la
legitimación en la causa por activa y por pasiva, respectivamente.
34. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la Corte
Constitucional, en la SU- 454 de 2016, señaló que el estudio de la legitimación en
la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un
presupuesto procesal de la demanda22.
35. Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a verificar la existencia de la
legitimación en la causa, en su orden: i) por activa y ii) por pasiva. Después, en este
21
Documentos 14 y 15 cargados a SAMAI.
22
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017. Así mismo, Corte
Constitucional, Sentencia T-318 de 2018, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de
amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del
artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros”.
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mismo acápite, se realizará un análisis de la legitimidad como terceros con interés
de cada una de las personas –naturales y jurídicas– que fueron vinculados al
proceso en el auto admisorio.
2.2.1. Legitimación en la causa por activa
36. En materia de tutela, el inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario.
37. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que cada persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma, mediante
representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos
vulnerados o amenazados no este en condiciones de promover su propia defensa.
38. Así, conforme a las consideraciones expuestas y de una lectura integral de
la demanda de tutela, la Sala advierte que el Partido Cambio Radical se encuentra
legitimado en la causa por activa en los siguientes términos.
39. Se encuentra legitimado en la causa por activa porque actúan en defensa de
los derechos de los ciudadanos que intervinieron en la elección del gobernador de
Arauca, hoy suspendido, razón por la que tiene un interés jurídico para exigir a
través de esta acción especial el cumplimiento del procedimiento para designar su
reemplazo. Esta prerrogativa se insiste tiene como fundamento el importante papel
que desempeñó el partido Cambio Radical en la elección del gobernador y en los
deberes que el ordenamiento jurídico le otorga en el proceso de reemplazo de
aquel.
2.2.2. Legitimación en la causa por pasiva
40. La legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela hace referencia
a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente
la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En
la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en principio, no se
predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad
accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del
derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello23.
23
Corte Constitucional, Sentencia T-1015 de 2016.
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41. La presente acción de tutela fue interpuesta por el Partido Cambio Radical
contra el presidente de la República. Sin embargo, de los informes rendidos por la
Presidencia de la República y por el Ministerio del Interior, la Sala advierte que en
este caso la parte legitimada por pasiva está conformada tanto por el presidente de
la República como por el Ministerio del Interior.
42. Si bien es cierto que, tanto el artículo 303 de la Constitución Política de 1991
como el artículo 106 de la Ley 136 de 1994, otorgan al presidente de la República
la función de nombrar el reemplazo de los gobernadores. No puede perderse de
vista que de conformidad con lo establecido por el artículo 115 del texto superior,
el Gobierno está conformado por el presidente de la República y ministro o director
administrativo del ramo correspondiente. A su vez, esta disposición constitucional
establece que ningún acto del presidente tendrá valor ni fuerza alguna mientras no
sea suscrito por el ministro del ramo24.
43. Igualmente, como lo puso de presente el Ministerio del Interior, esa entidad
tiene como una de sus funciones preparar los proyectos de decreto y resoluciones
ejecutivas que deban expedirse en ejercicio de las atribuciones correspondientes
al presidente de la República como suprema autoridad administrativa, en los
asuntos de su competencia.
44. En este caso, la Sala advierte que el procedimiento administrativo para la
suspensión del gobernador del Departamento de Arauca y el posterior trámite para
su reemplazo ha sido adelantando por el Ministerio del Interior. En efecto, esta
cartera ministerial ha sido la encargada de realizar el estudio jurídico de la viabilidad
de la terna propuesta por el Partido Cambio Radical. También fue la que le informó
a la parte actora que una de las personas de la terna eventualmente podría estar
incursa en una causal e inhabilidad.
45. Así las cosas, la Sala considera que en el presente caso la legitimidad por
pasiva recae sobre el presidente de la República y el Ministerio del Interior. En
consecuencia, las órdenes que eventualmente se puedan impartir recaerán sobre
el primer mandatario y el ministro de esta cartera.
24
En este sentido, es preciso resaltar que el constituyente primario en la Asamblea constituyente
señaló que “Tratándose de la Rama Ejecutiva, la realidad constitucional actual es otra. El artículo
(…) vigente, cuya permanencia se persigue según la ponencia presentada por esta subcomisión
relativa a la reforma al titulo V, define muy claramente la conformación del Gobierno como el órgano
encargado de cumplir la función básica o esencial que le compete a esta forma y señala que ningún
acto del presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros y jefes de departamentos
administrativos, tendrá valor mientras no sea refrendado y comunicado por el ministro del respectivo
ramo o por el jefe del departamento administrativo correspondiente. El artículo en comento define,
pues, el órgano que encarna o institucionaliza la Rama Ejecutiva, y la manera como se debe cumplir
su función esencial, la cual hace a través de actos del Gobierno, por cuanto a su formación, por regla
general, concurren necesariamente el presidente de la República y el ministro o los ministros y el
jefe o los jefes de departamentos administrativos, según el caso, quienes conforman el Gobierno.
(…)”. Gaceta No. 62 Constitucional.
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46. Finalmente, frente a la solicitud presentada por la Presidencia de la
República, de declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, la Sala
considera que no está llamada a prosperar, por cuanto su vinculación se realizó
con el fin de que si lo consideraba necesario se pronunciara en el plenario, como
en efecto lo realizó en los términos antes expuestos.
2.2.3. Legitimación en la causa de los terceros con interés
47. Como se puso de presente en los antecedentes de esta providencia, el
despacho del magistrado ponente ordenó en el auto admisorio25, la vinculación en
su calidad de terceros con interés de las siguientes personas: i) los partidos y
movimientos que conformaron la coalición “Unidos por Arauca”; ii) los integrantes
de la terna para la designación del gobernador de Arauca: Indira Luz Barrios, Andrés
Alberto Padilla Ávila y Cesar Humberto Londoño y iii) el Departamento de Arauca.
48. Así las cosas, la Sala considera oportuno proceder a analizar el interés que
le asiste a estas personas en las resueltas del proceso.
2.2.3.1. Interés de los partidos integrantes de la coalición “Unidos por Arauca”
49. En consecuencia, en el asunto sub examine el Partido de la U, el Partido
MAIS y el Partido Renaciente tienen interés legitimo y directo dentro del proceso,
pues como miembros de la coalición política y programática “Unidos por Arauca”,
no pueden marginarse de la designación del funcionario que reemplazará a quien
fue elegido popularmente con su aval.
50. Ahora bien, es importante resaltar que estos partidos fueron vinculados al
presente proceso en el auto admisorio. Sin embargo, no realizaron pronunciamiento
alguno. Este comportamiento le permite inferir a la Sala que no tienen reproche
alguno con la terna presentada por la parte actora.
2.2.3.2. Legitimación de los miembros de la terna conformada para la
designación del gobernador de Arauca: Indira Luz Barrios, Andrés Alberto
Padilla Ávila y Cesar Humberto Londoño
51. Como quiera que se encuentra acreditado en el plenario que el partido
Cambio Radical propuso al presidente de la República la terna para que, en
cumplimiento de su competencia, sea designado el gobernador de Arauca, era
necesario vincular a estas personas porque la eventual orden que se imparta en
este fallo de tutela puede afectar sus expectativas de ocupar el cargo para el cual
fueron propuestos.
25
Documento 13 cargado a SAMAI.
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52. De tal suerte, que, como el cargo de gobernador de Arauca, debe ser
ocupado por uno de los ciudadanos de la terna enviada, la Sección considera
acertada la decisión de tenerlos como terceros intervinientes y de ahí su legitimación
para permanecer en el proceso.
2.2.3.3. Legitimación del departamento de Arauca y el Consejo Nacional
Electoral
53. La Sala observa que el departamento de Arauca y el Consejo Nacional
Electoral solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva. Sobre el particular, se advierte que su vinculación obedeció a que era
importante que ejercieran su derecho de defensa.
54. En otras palabras, la vinculación del departamento de Arauca y el Consejo
Nacional Electoral obedeció para que si lo consideraran pertinente, se pronunciaran
en aras de garantizar el derecho de defensa y contradicción. Sin embargo, una vez
analizados los hechos acreditados con el material probatorio obrante en el plenario,
se advierte que:
i) La presunta vulneración de los derechos fundamentales tiene su génesis en
la falta de designación del gobernador de Arauca que le corresponde al
presidente de la República y al Ministerio del Interior; y
ii) En el proceso de designación han intervenido las demás personas
vinculadas a la presente solicitud de amparo, pero no el Consejo Nacional
Electoral ni el departamento de Arauca.
55. En consecuencia, se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva
del Consejo Nacional Electoral y el Departamento de Arauca, al no existir ninguna
acción u omisión de aquellas entidades de las cuales se pueda derivar una presunta
vulneración de los derechos fundamentales. Además, las eventuales órdenes que
se puede impartir en el presente fallo no los afectará de manera directa, ya que se
reitera la parte actora pretende que se le ordené al presidente de la República
designar el gobernador encargado de la terna propuesta.
2.3. Problemas jurídicos
56. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, las
pretensiones, los informes rendidos por las entidades vinculadas al proceso y el
material probatorio recaudado, corresponde a esta Sala resolver los siguientes
problemas jurídicos:
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• ¿El presidente de la República y el Ministerio del Interior vulneraron el
derecho al debido proceso de Partido Cambio Radical por la presunta dilación
del proceso de designación del gobernador encargado para el Departamento
de Arauca?
• ¿El presidente de la República y el Ministerio del Interior violaron el derecho
a elegir y ser elegidos de las personas que apoyaron en las urnas el proyecto
político de la coalición “Unidos por Arauca”?
57. Para resolver este interrogante, se analizarán los siguientes temas: (i)
panorama general de la acción de tutela; (ii) de la carencia actual de objeto; y (iii)
el caso concreto.
2.4. Aspectos generales de la acción de tutela
58. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto Ley 2591 de 1991.
59. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho
fundamental que se dice vulnerado o amenazado.
60. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.
61. La acción se reglamentó por medio del Decreto Legislativo 2591 de 1991, el
cual en su artículo 6 consagra las siguientes causales de improcedencia de la acción
cuando: (i) existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; (ii) para
proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus; (iii) se pretenda
proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el
artículo 88 de la Constitución; (iv) sea evidente que la violación del derecho originó
un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del
derecho; (v) se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.
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2.5. De la carencia actual de objeto
62. La Sala ha explicado en varias ocasiones26 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual
e inminente. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho
fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del
derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte
que el instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
63. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la
terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en
tres supuestos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una situación
sobreviniente.
64. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 2016, señaló que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen
a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud
de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como
mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues,
al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del
juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para
salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y
contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción27.
65. A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se
destacó sobre este respecto, que:
La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que
se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho
fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una
certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que
sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub
examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado.
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar
26
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.
27
Corte Constitucional, Sentencia T-481 de 2016.
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la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse
a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o
(iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia
denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente28.
66. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto
Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales29.
67. En palabras de la Corte Constitucional, la “(…) primera de estas figuras
[hecho superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad
accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto
es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto,
(i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda
realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, la accionada ha dejado de desconocer (…)”30.
68. En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado
resulta irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta
Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de
la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los
derechos fundamentales.
69. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el
trámite de revisión ante ese Tribunal31.
70. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales
se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
28
Corte Constitucional, Sentencia T-494 de 1993.
29
Corte Constitucional, Sentencia T-038 de 2019.
30
Corte Constitucional, Sentencia T-481 de 2016.
31
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
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conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte
Constitucional:
En estos casos, no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para
Corte en sede de Revisión, incluir en la argumentación de su fallo el análisis
sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda.
Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir
observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la
atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó
la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su
repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. Según la
jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la
providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes
del momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado32.
71. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal
Constitucional: “la segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste
en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha
consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”33.
72. Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, pero
por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño consumado y
hecho superado.
73. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho
para declarar la carencia actual de objeto:
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa
a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto
caiga en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada34.
32
Corte Constitucional, Sentencia T-112 de 2010.
33
Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2017.
34
Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019.
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2.6. Caso concreto
74. En el sub judice, el accionante plantea la vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso, bajo el argumento que la autoridad accionada
desconoció el procedimiento establecido para designar a la persona que ocupará el
cargo de gobernador de Arauca, de la terna enviada por el partido Cambio Radical.
En segundo lugar, afirmó que se trasgredió el derecho de elegir y ser elegido de los
ciudadanos que intervinieron en la elección del gobernador de Arauca hoy
suspendido, en tanto que con la falta de la designación de la persona que
reemplazaría al mandatario titular, se desconoció el plan de gobierno elegido por
voto programático por aquellos.
75. Al respecto, la Sala advierte que en el trámite de la presente acción de tutela,
el presidente de la República mediante el Decreto 230 del 16 de febrero del 2022,
designó a Indira Luz Barrios Guarnizo como gobernadora encargada del
Departamento de Arauca.
76. Entonces, como quiera que esta persona fue una de las ternadas por el
partido accionante, el objetivo que se pretendía con la presente acción de tutela se
cumplió con la expedición del referido decreto.
77. Lo procedente, pone de manifiesto que se configuró la carencia actual de
objeto por hecho superado, habida cuenta que la decisión del juez de tutela pierde
o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte que la
situación fáctica expuesta por el partido actor en su demanda ya ha sido saneada,
por lo que desaparece toda posibilidad de amenaza o vulneración a los derechos
fundamentales aludidos.
78. En razón de lo anterior, la Sala procederá a declarar la carencia actual de
objeto frente al cargo en cuestión, esto es, frente a la posible transgresión de los
derechos fundamentales al debido proceso y de elegir y ser elegido.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
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III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del Consejo
Nacional Electoral y el Departamento de Arauca.
SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO en la acción de tutela ejercida por el Partido Cambio Radical contra el
presidente de la República, de conformidad con la parte considerativa de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto
2364 de 2012.
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