Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00916-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00916-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00916-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
21 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00916-00
Demandante: MANUEL ANTONIO CASTAÑO CORREA
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTRO
Asunto: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 26 de
noviembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda Subsección A
Tema: Causal invocada: Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación - Artículo 250, numeral 5.º del CPACA. Reiteración de
jurisprudencia.
SENTENCIA
La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado resuelve el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por el señor Manuel Antonio Castaño
Correa, por intermedio de apoderado judicial, en el cual invocó la causal 5.ª del
artículo 250 del CPACA1 y pretende que se infirme la sentencia de 26 de
noviembre de 2020, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado2.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
El 28 de octubre de 2016, el señor Manuel Antonio Castaño Correa, por medio
de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho3 contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y el departamento de Caldas - Secretaría de Educación, con
la finalidad de que se declarara la nulidad de la Resolución 5414-6 de 11 de julio
de 2016, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de los intereses de
mora por el pago tardío del retroactivo a causa de la homologación y nivelación
salarial de la planta de personal administrativo adscrito al sector educativo del
departamento de Caldas, como consecuencia de la descentralización de la
1
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011,
en adelante CPACA - “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. […] ”.
2
Radicado 17001-23-33-000-2016-00828-01, MP. William Hernández Gómez.
3
Pág. 82 a 100 del archivo .pdf “C01Principal”, contenido en el archivo .zip
“RECIBEPRUEBAS_1700123330002016 0082(.zip) NroActua 22”, del índice 22 de SAMAI, que
contiene el expediente digitalizado del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se
tramitó con el radicado 17001-23-33-000-2016-00828-00.
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00916-00
Demandante: Manuel Antonio Castaño Correa
educación de acuerdo con la Ley 60 de 1993 4 y la Ley 715 de 20015. El actor
formuló las siguientes pretensiones (se transcriben in extenso inclusive con
errores en el texto):
“Primera.- Se declare la nulidad de la Resolución No. 5414-6 del 11 de Julio de
2016, notificada el día, 01 de Agosto de 2016, por medio de la cual desconocieron
y negaron los Intereses moratorios generados con ocasión al pago tardío del
retroactivo de la Homologación y Nivelación salarial.
Segunda.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, igualmente se declare que el actor tiene
pleno derecho a que LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE CALDAS y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, le
reconozcan y ordenen pagar, los Intereses moratorios, efectivos a partir del día
siguiente a los treinta (30) días posteriores a su causación - 10 de Febrero de 1997
al año 2002 - y en adelante hasta el día en que fue efectivo el pago total del
retroactivo por homologación y nivelación salarial, estos es, el día 15 de Abril de
2013.
Tercera.- Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, a pagar al actor los intereses moratorios a que tiene derecho,
correspondiente a los años 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, liquidados con
base al interés bancario corriente, desde la fecha de causación hasta la fecha
efectiva de pago 25 de febrero de 2016; en consideración a que, el pago de la
nivelación salarial debe hacerse al Igual que el salario, por periodos de treinta (30)
días, por tanto, una vez ocurrido dicho vencimiento, su no pago genera
automáticamente la obligación de cancelar los intereses aludidos.
Cuarta.- Se ordene liquidar y pagar, a expensas de LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA NACIÓN- MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL, a favor del actor, los intereses reclamados, con base
al capital neto cancelado, es decir, descontar el valor que por concepto de
Indexación salarial que se reconoció.
Quinta.- Se ordene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE CALDAS y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, dar
cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el inciso segundo del artículo
192 del CPACA, igualmente que en virtud de la voluntad contemplada en el poder
conferido se haga entrega de los dineros al apoderado.
Sexta.- Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE CALDAS y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, pagar a
favor de mi mandante, los intereses moratorios, conforme lo ordena el inciso 3ero
del artículo 192 del CPACA.
Séptima.- Se condene en costas LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, en caso de que se oponga a las pretensiones de esta demanda.
4
“Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad
con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, derogada por medio del
artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
5
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y
se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud,
entre otros.”.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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Demandante: Manuel Antonio Castaño Correa
Octava.- En el fallo que acceda a las pretensiones de la demanda, se ordene
expedir al suscrito apoderado, primera copia que preste mérito ejecutivo, así como
copia auténtica con constancia de ejecutoria.
Novena.- Una vez quede en firme el fallo que acceda a las pretensiones de la
demanda, solicito muy comedidamente, que al momento de comunicar a LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA
NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - se le remita copia auténtica
con la fecha exacta de la constancia de ejecutoria.”6.
Como fundamento de las pretensiones indicó que, en su condición de servidor
del nivel administrativo de la Secretaría de Educación del departamento de
Caldas, no se le pagaron en forma oportuna las diferencias salariales causadas
por la homologación y nivelación de los cargos en la entidad territorial y, por ende,
era viable reconocerle, con fines resarcitorios, los intereses de mora que se
causaron, en atención a los principios de igualdad y favorabilidad en materia
laboral. La demanda fue admitida a través de auto de 5 de septiembre de 20177.
2. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Caldas emitió sentencia el 5 de abril de 20198 en la
que: i) declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva del departamento de Caldas y la negó respecto del Ministerio de
Educación Nacional y ii) negó las pretensiones de la demanda. Sin embargo,
ordenó ex officio al citado ministerio reconocer y pagar al demandante la
indexación a título de retroactivo entre el 1.º de enero de 2011 y el 14 de abril de
2013.
Para abordar el estudio del asunto sometido a su consideración, se explicaron
los siguientes temas: i) el proceso de homologación y nivelación salarial, ii) la
entidad competente para asumir pagos derivados del mencionado proceso, iii) la
improcedencia de los intereses moratorios reclamados, iv) las facultades extra y
ultra petita del juez en materia laboral y v) la indexación por concepto de la
homologación y nivelación salarial.
El Tribunal explicó que la homologación y nivelación salarial de los empleos
administrativos de la Secretaría de Educación Departamental, se produjo
mediante el Decreto 0399 de 20 de abril de 2007, y en la Resolución 1644-6 de
22 de marzo de 20139 se reconoció y ordenó el pago de la deuda por concepto
6
Pág. 83 y 84 archivo .pdf “C01Principal”, contenido en el archivo .zip
“RECIBEPRUEBAS_1700123330002016 0082(.zip) NroActua 22”, del índice 22 de SAMAI.
Previa remisión por competencia funcional que realizó el Juzgado Cuarto Administrativo de
Manizales, en providencia de 17 de noviembre de 2016, pág. 62 a 67 ib, e inadmisión por parte
del Tribunal Administrativo de Caldas, en autos de 24 de abril y 17 de julio de 2017, para “aclarar
el acápite de pretensiones de la demanda, en tanto, lo reclamado por concepto de intereses
moratorios por el pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial, no coincide
con lo reclamado en vía administrativa. // Deberá corregir la estimación de la cuantía de la
demanda, toda vez que se incluyeron valores que no se tuvieron en cuenta en vía administrativa
(…)”, pág. 68 a 77 ib.
7
Pág. 103 a 107 ib.
8
Pág. 227 a 248 ib.
9
Acto administrativo aclarado por la Resolución 4431-6 de 28 de junio de 2013.
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del retroactivo producto de esa nivelación, por el período de 10 de febrero de
1997 y el “31 de diciembre de 2010” y se dispuso la indexación de las sumas
debidas.
Asimismo, el a quo señaló que el proceso de homologación y nivelación salarial
que se adelantó en el departamento de Caldas, se realizó de manera concertada
entre la Nación y el referido ente territorial, razón por la cual quien estaría llamado
a reconocer y pagar cualquier suma derivada del proceso, es el Ministerio de
Educación Nacional, porque “se trataría del pago de un mayor valor cancelado a
título de reajuste o nivelación salarial”, de acuerdo con el concepto 1607 de 9 de
diciembre de 2004 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado10
y la Directiva Ministerial 10 de 30 de junio de 2005, emitida por el Ministerio de
Educación Nacional.
Seguidamente, el juzgador de primera instancia sostuvo que el Consejo de
Estado ha precisado, que los intereses moratorios y la indexación son
incompatibles11, así como también, que es improcedente el reconocimiento de la
indemnización moratoria por el pago tardío de las sumas que se causen por la
homologación y nivelación salarial12, por cuanto dicho reconocimiento, debe estar
expresamente previsto en las normas que definen el régimen salarial, como
sucede con la sanción moratoria de las cesantías. Sin embargo, explicó que sí
era procedente la indexación pues, pese a que el demandante no la solicitó, debía
tenerse en cuenta, que el pago de las acreencias derivadas del proceso de
nivelación salarial se hizo en fecha posterior a su reconocimiento.
En consecuencia, con fundamento en las facultades extra petita en materia
laboral y por razones de equidad y justicia, ordenó indexar “[…] sobre el valor
pagado -a título de retroactivo menos el valor correspondiente a la indexación ya
reconocida, a partir del 1º de enero de 2011 -día siguiente a la fecha final de
indexación reconocida en la Resolución 4431-6 del 28 de junio de 2013- hasta el
día anterior a la fecha efectiva del pago, esto es, hasta el 14 de abril de 2013. //
El valor sobre el cual debe liquidarse la indexación que se ordenará pagar,
corresponde a la suma reconocida en la Resolución 4431-6 del 28 de junio de
2013 ($54'218.361), menos el valor o valores reconocidos en dicho acto
administrativo por concepto de indexación […]”13.
10
M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
11
Señaló Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, sentencia de 22 de abril de
2015, radicado 25000-23-25-000-2001-01312-01, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
12
Refirió Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, sentencia de 7 de diciembre
de 2017, radicado 73001-23-33-000-2014-00311-01, M.P. William Hernández Gómez.
13
Al respecto citó: “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
Subsección A. // Consejero Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero. Sentencia del 17 de mayo
de 2012. Radicación número: 25000-23-25-000-2004-92260-01 (0207-07). // Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero Ponente: Dr.
Rafael Francisco Suárez Vargas. Sentencia del 23 de marzo de 2017. Radicación número: 68001-
23-31-000-2008-00329-01(2284-13). // Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya
Forero. Providencia del 13 de julio de 2006. Radicación número: 73001-23-31-000-2002-00720-
01(5116-05)”.
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3. Recursos de apelación
3.1. El Ministerio de Educación Nacional14 solicitó revocar la orden que dispuso
el a quo en cuanto al reconocimiento de la indexación a favor del demandante.
Sostuvo que la autoridad que emitió el acto administrativo demandado es el
departamento de Caldas, por lo que la condena impuesta en su contra implica
una sanción por decisiones que no eran de su competencia. Agregó que asistió
al ente territorial en todo el proceso de homologación y nivelación salarial y que
no se incurrió en una dilación injustificada entre la expedición del acto de
reconocimiento y el pago efectivo del retroactivo. Indicó que el pago de la
indexación que se ordenó no es procedente, habida cuenta que no existió
solicitud en este sentido, ni en sede administrativa, ni judicial, por lo cual, la
decisión constituía un fallo extra petita.
3.2. El señor Manuel Antonio Castaño Correa15 apeló la decisión del Tribunal,
y de manera puntual, consideró errónea la postura del a quo sobre la
improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios de acuerdo con la
tesis sostenida por el Consejo de Estado porque, es un hecho indiscutible que el
pago de la obligación causada desde 1997, sólo se efectuó hasta el 2013, por lo
que, si bien se liquidó la indexación, no ocurrió lo mismo con la mora que es de
carácter indemnizatorio.
Igualmente, el apelante discrepó de la postura jurisprudencial sobre la indexación
e intereses moratorios, en cuanto a que no son acumulables, pues en su criterio,
son conceptos totalmente diferentes, así, la indexación permite mantener
actualizado el valor del dinero por el paso del tiempo y, los intereses moratorios,
equivalen al reconocimiento de los perjuicios causados por el cumplimiento tardío
de las obligaciones, por tanto, al no ser excluyentes, debieron reconocerse en
favor del demandante. Sostuvo, que pese a no existir norma en concreto que
regule el reconocimiento de intereses moratorios, no se puede desconocer que
éstos se derivan del régimen salarial del trabajador, razón por la cual, es
necesario acudir a los principios constitucionales de igualdad, favorabilidad,
justicia y equidad.
Los recursos fueron admitidos mediante auto de 18 de julio de 201916.
4. Sentencia de segunda instancia
La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de
26 de noviembre de 202017: i) revocó la orden ex officio impartida al Ministerio de
Educación Nacional, en cuanto al reconocimiento y pago de la indexación a favor
del demandante y ii) confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda.
14
Pág. 251 a 261 ib.
15
Pág. 262 a 287 ib.
16
Pág. 304 a 305 ib.
La síntesis de la argumentación de los recursos corresponde con la expuesta en la sentencia de
26 de noviembre de 2020, pág. 377 a 379 ib.
17
Pág. 369 a 397 ib.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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Demandante: Manuel Antonio Castaño Correa
El ad quem se pronunció sobre el reconocimiento de intereses moratorios por el
no pago oportuno del retroactivo derivado del proceso de homologación y
nivelación salarial de la planta de personal administrativo adscrito al sector
educativo del departamento de Caldas. Señaló, que de acuerdo con la tesis
sostenida por la Sección Segunda de esta Corporación18, en estos casos, es
improcedente el reconocimiento de los intereses moratorios.
Explicó que la Resolución 1644-6 de 2013, fue el resultado del ajuste a la
homologación y nivelación salarial, es decir, que en dicho acto administrativo se
ordenó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y también la indexación
a favor del accionante, por el período comprendido entre el 10 de febrero de 1997
y el 31 de diciembre de 2009, por la suma de $51.325.157, lo cual fue aclarado
en la Resolución 4431-6 de ese mismo año, en el sentido de ajustar la indexación
en $2.893.208, por lo que en total, la suma reconocida fue de $54.218.361, sin
que se advierta que el Ministerio de Educación Nacional o el departamento de
Caldas hayan incurrido en una dilación injustificada del pago, toda vez que se
efectuó en la misma anualidad.
Sostuvo, que no prosperaba la solicitud de intereses moratorios, porque en el sub
judice era justificable la tardanza en el pago, lo que conllevaba al reconocimiento
de una actualización monetaria con base en el IPC y no el pago de una
indemnización por mora, porque no se demostró el actuar doloso de la
administración para no cumplir con la obligación, aunado a que no existe norma
que prevea expresamente el reconocimiento de dicha sanción en el proceso de
homologación y nivelación salarial.
Finalmente, la Sala determinó que no resultaba procedente la condena impuesta
en la sentencia al Ministerio de Educación Nacional, en relación con el pago de
la indexación sobre las sumas reconocidas al señor Castaño Correa, porque era
contraria a los principios de justicia rogada y de congruencia, toda vez que, no
fue un asunto discutido en vía administrativa y tampoco planteado en la demanda.
En consecuencia, revocó el reconocimiento extra petita que realizó el Tribunal,
con sustento en la postura jurisprudencial asumida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en esa materia19.
18
Sobre el particular se indicó que las Subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación
han determinado de forma pacífica que es improcedente el reconocimiento de los intereses
moratorios por cuanto no existe norma que habilite el pago de sanción por el simple retardo o
incumplimiento del pago en los procesos de homologación y nivelación salarial. Al respecto, se
citaron los siguientes pronunciamientos: Subsección A, sentencia de 14 de mayo de 2020,
radicado: 08001-23-33-000-2014-01426-01, M.P. William Hernández Gómez y Subsección B,
sentencia de 16 de agosto de 2018, radicado: 20001-23-33-000-2014-00313-02, M.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez.
19
Al respecto se citó: “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de octubre de 2019. Radicado: 66001-23-31-000-2012-
00065-01 (3706-14) // Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Subsección A Sentencia del 30 de mayo de 2019. Radicado: 11001-03-15-000-2019-
01946-00 (AC).”.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
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Demandante: Manuel Antonio Castaño Correa
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Demanda
El 3 de febrero de 202220, el señor Manuel Antonio Castaño Correa, por medio
de apoderado judicial, presentó recurso extraordinario de revisión21 contra la
sentencia de 26 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda de esta Corporación, por medio de la cual se confirmó
parcialmente la sentencia de 5 de abril de 2019, dictada por el Tribunal
Administrativo de Caldas, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que se tramitó con el radicado 17001-23-33-000-2016-00828-01. El actor formuló
las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO. – Declarar Infirmada la sentencia proferida por el Consejo de
Estado - Sección Segunda - Subsección A, del 26 de noviembre de 2020, bajo el
número referenciado, que confirma la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Caldas.
SEGUNDO. – En consecuencia, como resultado de la declaratoria de la sentencia
viciada en nulidad, se reenvíe o remita el expediente al despacho de origen, es
decir, Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A, conformado por los
consejeros de Estado William Hernández Gómez, Rafael Francisco Suárez Vargas
y Gabriel Valbuena Hernández, para que se resuelva en debida forma, es decir,
profiriendo un fallo favorable.
TERCERO. - Las demás que este Honorable Despacho considere necesarias” 22.
El recurrente invocó la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, por cuanto
considera que la sentencia censurada es nula porque desconoce la garantía al
debido proceso constitucional, por falta de congruencia entre lo pedido y lo fallado
“citra petita”23, según el artículo 281 del CGP.
Sostuvo que las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho se orientaron al reconocimiento de los intereses de mora desde cuando
el señor Castaño Correa se incorporó a la planta de personal territorial del
departamento de Caldas hasta el 2013, fecha en la cual se concretó el pago del
retroactivo. Sin embargo, indicó que el ad quem “[…] entendió erróneamente que
la reclamación de dichos intereses se refirió a los que se causaron desde el acto
de reconocimiento del retroactivo, dictado el 22 de marzo de 2013, y hasta el año
2013 cuando se efectuó el pago”24.
20
Según el índice 2 de SAMAI, archivo .pdf “ED_CORREO_DIEGOMARIO(.pdf) Nro Actua 2”.
21
Archivo .pdf “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_H134MANUELANTONI(.pdf)
NroActua 8”, índice 8 de SAMAI.
22
Archivo .pdf “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_H134MANUELANTONI(.pdf)
NroActua8”, pág. 5, índice 8 de SAMAI.
23
En la demanda se citaron las siguientes providencias: Sala Veintidós Especial de Decisión,
sentencia de 2 de febrero de 2016, radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00, M.P. Alberto
Yepes Barreiro.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil, providencia de 4 de noviembre de 2014,
radicado 11001-31-03-027-2010-00459-01, M.P. Ariel Salazar Ramírez
Corte Constitucional, sentencia T- 455 del 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
24
Archivo .pdf “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_H134MANUELANTONI(.pdf)
NroActua8”, pág. 9, índice 8 de SAMAI.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00916-00
Demandante: Manuel Antonio Castaño Correa
Asimismo, resaltó que la sentencia de segunda instancia es incongruente:
“[…] en tanto que las pretensiones de la demanda no contienen ningún petitum
respecto a la indexación que los togados reconocieron de oficio, confundiendo
lamentablemente el significado de indexación y el postulado legal de los intereses
moratorios, luego entonces la confusión de los jueces de instancia reina de
principio a fin dentro del proceso, pues se atrevieron a decir en sus sentencias que
los intereses de mora y el fenómeno de indexación son incompatibles; pues resulta
obvio, por no decir más que lógico que estos dos son como el agua y el aceite, no
se pueden confundir de manera subjetiva, pues la indexación como se sabe fue
creada para salvaguardar el valor adquisitivo del dinero, que se va perdiendo con
el paso del tiempo, en razón a la inflación que vive permanentemente nuestra
patria, y que los intereses legales igualmente, como debe saberse en los ámbitos
jurídicos, operan de pleno derecho por mandato legal, esta situación honorables
magistrados de confundir estos dos aspectos de orden jurídico-económico,
prueban de facto la incongruencia al momento de fallar, pues niegan de una parte
el pedido de la demanda, que es más que justo y legal, y reconocen una indexación
que por obvias razones no cabría dentro de la expectativa de este pleito.
Ahora bien, en este punto de la discusión, queremos demostrar la incongruencia
que contiene la sentencia impugnada, y que por obvias razones resultó viciada al
momento de proferirse, cuando se afirma, de manera totalmente equivocada, que
no se reconocían intereses de mora, por la supuesta incompatibilidad con la
indexación; señalamiento que es a todas luces incoherente, porque la demanda es
diáfana en indicar que, los intereses de mora se liquidan sobre el capital neto sin
incluir indexación, entonces por qué el despacho concluye, que el(a) demandante,
solicita el reconocimiento de ambos emolumentos, ¿y habla de una supuesta
incompatibilidad?” 25.
Sostuvo que la sentencia recurrida contiene vicios que únicamente se notaron al
momento de su expedición y que la decisión no corresponde con los supuestos
fácticos y jurídicos propuestos, porque el fallador resolvió sobre “[…] unos
extremos temporales totalmente diferentes a los pedidos, hasta reconocer
emolumentos que no se solicitaron en la demanda, como la ya mencionada
`indexación`”26.
Señaló que la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación “[…]
desvía entonces, los fines del proceso mediante tesis acomodadas […]”27, sobre
la causación de intereses de mora, esto es, al referirse a las posturas
jurisprudenciales de la Sección Segunda de esta Corporación y que llevaron al
ad quem a considerar: 1) que existió una dilación justificada por parte de la
administración a partir del reconocimiento del pago del retroactivo y 2) la
improcedencia de los intereses moratorios ante la falta de norma que prevea su
reconocimiento en los procesos de homologación y nivelación salarial. En su
criterio, los intereses de mora buscan resarcir los perjuicios causados, los cuales
son atribuibles al incumplimiento de obligaciones pecuniarias, aspecto que está
plenamente acreditado en el proceso judicial, por lo que, pese a no existir norma
en concreto que regule su reconocimiento, debió darse aplicación a los principios
25
Archivo ib. pág. 13 y 14, índice 8 de SAMAI.
26
Archivo. ib. pág. 14, índice 8 de SAMAI.
27
Ib.
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constitucionales de igualdad, favorabilidad, justicia y equidad del trabajador y
accederse a las pretensiones de la demanda.
2. Auto admisorio de la demanda
Por medio de auto de 6 de mayo de 2022, se admitió la demanda28 se ordenaron
las notificaciones de rigor, según constancias obrantes en el sistema de gestión
judicial SAMAI29. Asimismo, se solicitó a la Secretaría del Tribunal Administrativo
de Caldas que remitiera el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho,
radicado 17001-23-33-000-2016-00828-01, el cual fue enviado de forma digital
por la mencionada Corporación30.
El Ministerio de Educación Nacional, el departamento de Caldas – Secretaría de
Educación, el Ministerio Público31 y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, no
se pronunciaron dentro de la oportunidad otorgada.
3. Auto de pruebas
Por medio de auto de 6 de julio de 202232, el ponente dispuso tener como prueba
trasladada la obrante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que se tramitó con el radicado 17001-23-33-000-2016-00828-0133.
El 19 de julio de 2022, la Nación- Ministerio de Educación Nacional, por medio
de apoderado judicial, presentó memorial en el cual se opuso a la demanda
contentiva del recurso extraordinario de revisión 34. Sin embargo, no fue tenido en
cuenta, dada su extemporaneidad.
4. Impedimento del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas
Encontrándose el expediente al despacho del ponente para resolver sobre el
recurso extraordinario de revisión, el doctor Rafael Francisco Suárez Vargas,
integrante de la Sala Veintidós Especial de Decisión manifestó impedimento 35
con fundamento en el numeral 1.º del artículo 141 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión del artículo 130 del CPACA36.
28
Índice 11 de SAMAI. Debe señalarse que previo a la admisión se advirtieron varios defectos
formales de la demanda, para lo cual se le concedió la oportunidad a la parte actora para que los
corrigiera (índice 4 de SAMAI), cuya subsanación obra en el índice 8 del referido aplicativo.
29
Como consta en los archivos contenidos en los índices 14 al 16 de SAMAI, respectivamente.
30
El expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001-
23-33-000-2016-00828-00, obra en el índice 22 del presente trámite en SAMAI.
31
En el índice 18 de SAMAI obra memorial de la Procuraduría General de la Nación, sobre el
reparto del asunto, asignado a la Procuraduría Segunda Delegada ante esta Corporación. Sin
embargo, no se emitió concepto.
32
Índice 24 de SAMAI.
33
El referido expediente fue remitido en digital, (índice 22 de SAMAI).
34
Índice 31 de SAMAI.
35
Índice 34 de SAMAI.
36
En adelante CPACA “Artículo 130 Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables en los casos señalados en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos: […]”.
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La manifestación de impedimento pasó al despacho del ponente, el 12 de agosto
de 2022, según constancia del índice 36 de SAMAI y fue objeto de discusión en
sesión que se llevó a cabo el día 19 siguiente, sin embargo, no se obtuvo la
mayoría decisoria por parte de los integrantes de esta Sala Especial de Decisión.
En consecuencia, por medio de auto de 24 de agosto de esta anualidad37 , se
ordenó el sorteo de un conjuez38 para dirimir el empate en cuanto a la decisión
del impedimento, diligencia que se llevó a cabo el 30 de agosto siguiente 39 , en
la que resultó designado el doctor Camilo Calderón Rivera.
En providencia de 12 de septiembre de 202240 esta Sala Especial de Decisión,
con la participación del conjuez, declaró fundado el impedimento presentado por
el Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas, por la causal 1.ª del artículo 141 del CGP
y, en consecuencia, fue separado del conocimiento del proceso de la referencia.
El asunto retornó al despacho del ponente para fallo, el 3 de octubre de 2022,
según el índice 53 de SAMAI.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Presupuestos procesales
1.1 Competencia
De acuerdo con el inciso 1.º del artículo 249 del CPACA, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión,
conoce de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
Asimismo, corresponde precisar que el artículo 107 del CPACA creó las Salas
Especiales de Decisión de esta Corporación y que el Acuerdo 321 del 2 de
diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, reglamentó su integración y funcionamiento.
Por su parte, el numeral 1.º del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asignó la
competencia a las Salas Especiales de Decisión sobre los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado.
Así las cosas, la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado es
competente para conocer la demanda de revisión contra la sentencia proferida el
26 de noviembre de 2020, en segunda instancia, por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso contentivo del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que el señor Manuel Antonio
37
Índice 37 de SAMAI.
38
En atención a lo dispuesto en los artículos 115, 126 y 128 de la Ley 1437 de 2011 y 53 del
Reglamento Interno del Consejo de Estado, Acuerdo 80 de 2019.
39
Índice 41 de SAMAI.
40
Índice 44 de SAMAI, el auto se notificó el 19 de septiembre de 2022, según el índice 47 del
referido aplicativo.
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Castaño Correa promovió contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
el departamento de Caldas - Secretaría de Educación.
1.2. Oportunidad
El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del término
establecido en el artículo 251 del CPACA, toda vez que se interpuso el 3 de
febrero 202241 y la decisión objeto de revisión, es la sentencia de 26 de
noviembre de 2020, dictada en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho que promovió el señor Manuel Antonio Castaño Correa contra la
Nación – Ministerio de Educación Nacional, departamento de Caldas - Secretaría
de Educación, notificada por medio electrónico el 2 de febrero de 202142, de
acuerdo con las previsiones del artículo 203 del CPACA 43.
Así las cosas, como el envío del mensaje electrónico que notificó la sentencia
censurada ocurrió el 2 de febrero de 2021, debe entenderse que quedó notificada
el día 4 de ese mes y año, atendiendo las previsiones del artículo 52 de la Ley
2080 de 2021, que modificó el artículo 205 del CPACA y, por ende, cobró
ejecutoria a los tres días siguientes, de conformidad con el artículo 302 del
CGP44, esto es, el 9 de febrero de 202145.
Por lo tanto, la demanda de revisión extraordinaria cumple con el requisito de
oportunidad, ya que se presentó (2 de febrero de 2022) dentro del año siguiente
a la ejecutoria de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del
CPACA.
1.3. Legitimación en la causa
En punto a este presupuesto procesal, la Sala considera que el recurrente está
legitimado en la causa por activa, toda vez que fue el demandante en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el
radicado 17001-23-33-000-2016-00828-01, así como la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y el departamento de Caldas - Secretaría de Educación, por
41
Demanda presentada en la ventanilla virtual de esta Corporación, según se indica en el índice
2 de SAMAI de este proceso.
42
Como consta en el índice 17 de ese trámite en SAMAI.
43
“Artículo 203.Notificación de las sentencias. Las sentencias se notificarán, dentro de los tres
(3) días siguientes a su fecha, mediante envío de su texto a través de mensaje al buzón
electrónico para notificaciones judiciales. En este caso, al expediente se anexará la constancia
de recibo generada por el sistema de información, y se entenderá surtida la notificación en tal
fecha. A quienes no se les deba o pueda notificar por vía electrónica, se les notificará por medio
de edicto en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil. Una vez en
firme la sentencia, se comunicará al obligado, haciéndole entrega de copia íntegra de la misma,
para su ejecución y cumplimiento.”.
44
“Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no
sean impugnadas o no admitan recursos. // No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. //
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos”.
45
Teniendo en cuenta que para esa anualidad los días 6 y 7 de enero no eran hábiles.
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pasiva, porque actuaron como parte demandada en el mencionado proceso en
el que se dictó la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión.
2. Problema jurídico
Conforme a los planteamientos expuestos en el recurso extraordinario de
revisión, corresponde a la Sala determinar si es procedente infirmar la sentencia
dictada el 26 de noviembre de 2020, por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, que confirmó parcialmente la decisión de 5 de abril de
2019, dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el radicado 17001-23-
33-000-2016-00828-01.
Así las cosas, la Sala deberá establecer si en el caso concreto se configura la
causal de revisión consistente en existir nulidad originada en la sentencia (art.
250.5 CPACA), por violación al principio de congruencia, pues, en criterio del
recurrente, la sentencia está viciada de nulidad en la medida en que, se negó el
reconocimiento de los intereses de mora causados desde 1997 hasta la fecha en
la que se hizo efectivo el pago total del retroactivo por homologación y nivelación
salarial, esto es, en el año 2013, bajo el argumento de una supuesta
incompatibilidad con la indexación monetaria, lo cual, según se alega, resulta
incoherente con las pretensiones de la demanda.
En este orden de ideas, con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la
Sala abordará metodológicamente el estudio de los siguientes ejes temáticos: i)
generalidades del recurso extraordinario de revisión; ii) la causal quinta de
revisión, consistente en existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación, y iii) con base en lo
anterior, se resolverá el caso concreto a partir de los argumentos sustentados por
la parte recurrente.
2.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión46 constituye un medio de impugnación
excepcional que permite quebrantar el principio de cosa juzgada y, su finalidad
se contrae a restablecer el imperio de la justicia y la vigencia del ordenamiento
jurídico, que pueden resultar afectados por decisiones materialmente injustas.
46
Regulado en el Título VI “RECURSOS EXTRAORDINARIOS”, Capítulo I “Recurso
Extraordinario de Revisión”, artículos 248 al 255 de la Ley 1437 de 2011, con las modificaciones
realizadas por la Ley 2080 de 2021, artículos 68, 69 y 70.
Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras
sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de
marzo de 2010, radicado REV-2001-00091, 6 de abril de 2010, radicado REV-2003-00678, 12
de julio de 2005, radicado REV-1997-00143-02, 14 de marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de
febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, radicado REV-045 y 11 de febrero de 1993,
Rad. REV-037; Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, radicado 35995 y Sección
Quinta, sentencia de 15 de julio de 2010, radicado 2007-00267. Cita original: Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, Rad. 11001-03-
15-000-2012-00231-00.
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De acuerdo con el artículo 248 del CPACA, el recurso procede contra “[…] las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos”.
Las causales que se pueden invocar se encuentran previstas en el artículo 250
del CPACA. Aquellas delimitan el ámbito de acción de este medio de
impugnación excepcional y no admiten interpretaciones extensivas dado que
comportan situaciones excepcionales a la institución jurídico procesal de la cosa
juzgada. En síntesis, se refieren a hechos como la falsedad, el fraude, el error, la
aparición de documentos decisivos que modificarían el sentido de la decisión o
incluso la violación al debido proceso. Se trata de causales que no se refieren a
errores sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación
indebida o la interpretación errónea de una norma sustancial, es decir, como lo
ha precisado esta Corporación, “[…] [n]o es un recurso que proceda por violación
de la ley […]”47. En otras palabras, “[…] el recurso extraordinario de revisión no
da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó
la ley en la sentencia.”48.
Por tanto, este medio de impugnación excepcional no está previsto para corregir
los yerros cometidos por las partes en el litigio que dio origen a la sentencia
recurrida, ni para mejorar el acervo probatorio, o para alegar hechos no
expuestos ante el juez natural del proceso, sino para garantizar el derecho al
debido proceso y el restablecimiento de la justicia material.
De manera que, como lo ha indicado esta Corporación49, el recurso extraordinario
de revisión no constituye una tercera instancia dentro del proceso, en la que se
puede intentar una nueva valoración de la prueba para replantear el litigio o
provocar una interpretación adicional de las normas aplicables al caso concreto.
En este sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-068 de 19 de noviembre
de 199850, señaló que: “[…] la revisión no está regulada para errores “in
judicando” ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de
soporte a la decisión que puso término al proceso51; se trata de un examen
detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido
de justicia que de ella emana […]”.
47
Cfr., Consejo de Estado, Sala Tercera Especial de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2021.
Rad. 11001031500020210061000. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
48
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de
2013, Rad. 11001-03-15-000-2012-00231-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
49
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de
Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015, radicación: 11001-03-15-000-2013-02724-00, M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
50
Corte Constitucional, sentencia C-068 de 19 de noviembre de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
51
Cfr., Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, agosto 2 de 1994. M.P. Edgar
Saavedra Rojas.
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A su vez, en sentencia C-520 de 4 de agosto de 200952, la Corte se refirió al
recurso extraordinario de revisión en la jurisprudencia colombiana, y destacó la
tesis decantada por la Corte Suprema de Justicia, según la cual:
[…] el recurso de revisión no puede ser usado como intento de revivir el debate
probatorio, ni para volver sobre aspectos de pura interpretación legal. De ello da
muestra la sentencia de 13 de enero de 2004, Expediente 0211-01, en la que la
Corte doctrinó acerca de que el recurso extraordinario no autoriza un análisis
panorámico del debate procesal, sino de establecer, por las precisas y taxativas
causales que estableció el legislador en el artículo 380 Código de Procedimiento
Civil, si el fallo, desde esa perspectiva, arremete contra las garantías procesales
que dichas causales protegen. De allí, entonces, que ‘los errores de apreciación
probatoria en que haya podido incurrir el juez al proferirlo, son aspectos ajenos al
recurso de revisión’, pues este ‘no constituye una tercera instancia en la que pueda
replantearse el litigio’, ni es ‘medio conducente para reparar cualquier irregularidad
de la sentencia, o su indebida fundamentación’ […] [53]”.
2.2. La causal de revisión consistente en la nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso – Reiteración de jurisprudencia
El numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, establece como causal de revisión
“[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación” 54.
De acuerdo con lo anterior, la causal comprende los siguientes presupuestos:
(i) Que se dirija contra una sentencia respecto de la cual no proceda recurso
de apelación, “[…] porque entonces sería el juez ad quem quien debe
concurrir a desplegar la actividad judicial que permita enervar y solucionar
el hecho constitutivo de nulidad o en dado caso dejárselo explícito al a quo
si corresponde a éste implementar la solución, campo de acción que es
totalmente ajeno al juez del recurso extraordinario de revisión, pues se itera,
no funge como una tercera instancia y de hecho su competencia la fija una
condición sine qua non y es que la sentencia objeto de revisión esté
ejecutoriada y en firme, es decir, ya superó las instancias del juez natural
[…]”55.
ii) Que exista una nulidad procesal o constitucional, "[…] pero este segundo
supuesto pende del siguiente y (iii) que esta tenga nacimiento en la
52
Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. M.P. María Victoria Calle
Correa.
53
Cit. “Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, Sentencia 2004-00729 de agosto 29
de 2008, Expediente 11001-0203-000-2004-00729-01, MP: Edgardo Villamil Portilla.”
54
Sobre esta causal pueden verse, entre otras decisiones: i) sentencia de 3 de abril de 2018,
radicado 11001-03-15-000-2014-00251-00, Sala Veintiuno Especial de Decisión, M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, ii) sentencia de 20 de agosto de 2021, radicado10001-03-15-000-
2020-02925-00, Sala Veinticinco Especial de Decisión, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, iii)
sentencia de 10 de marzo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2019-03190-00, Sala Quince
Especial de Decisión, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, vi) sentencia de 16 de febrero de 2021,
radicado 11001-03-15-000-2019-00788-00, Sala Quinta Especial de Decisión, M.P. Milton
Chaves García y v) sentencia de 13 de octubre de 2020, radicado 11001-03-15-000-2019-00119-
00, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Alberto Montaña Plata.
55
Sala Quince Especial de Decisión, sentencia de 3 de marzo de 2020, radicado 11001-03-15-
000-2016-02343-00 - acumulado (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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sentencia que puso fin al proceso, o en su defecto, que la parte afectada,
bajo motivo invencible, no hubiera podido alegarla […]”56.
Así las cosas, aunque el enunciado normativo es claro, se ha dicho que “[…] se
trata de una de las causales de revisión que más discusiones ha generado en la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo57 […] dado que en razón de su
redacción, ha correspondido al juez del recurso de revisión establecer su alcance,
por cuanto el legislador omitió determinar las circunstancias que podían generar
la nulidad de la providencia, es decir, se trata de un texto en blanco […]”58.
En otras palabras, si bien de la lectura del numeral 5.º del artículo 250 del
CPACA, se advierte que para la configuración de la causal es necesario que la
nulidad se presente al momento de proferir la sentencia, lo cierto es que, el
legislador no definió los eventos constitutivos del vicio, por lo que la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo59, en un ejercicio hermenéutico, ha señalado de
manera consistente, que los hechos que la configuran son aquellos que
constituyen las causales de nulidad procesal60, esto es, las previstas en el artículo
133 del Código General del Proceso61, pero no son figuras idénticas. Se trata de
vicios procesales que surgen al momento de la expedición de la sentencia, pero
no los acaecidos en etapas anteriores, toda vez que, las nulidades procesales
deben seguir la regla de oportunidad prevista en el artículo 134 del CGP 62. Sin
embargo, también se ha aceptado la posibilidad de alegar la nulidad originada en
la sentencia, cuando, pese a configurarse el vicio constitutivo de la causal antes
de proferirse el fallo, “[…] no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso
56
Ibidem.
57
Sala Veintiséis Especial de Decisión del Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2015,
radicado 11001-03-15-000-2013-00358-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
58
Sala Veintidós de Decisión, sentencia de 7 de febrero de 2017, radicado 11001-03-15-000-
2016-02260-00(REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
59
Ver, entre otras, las siguientes providencias: del 20 de abril de 2004, radicado 11001-03-15-
000-1996-0132-01; del 18 de octubre de 2005, radicado 11001-03-15-000-2000-00239-00, del 7
de febrero de 2006, radicado 11001-03-15-000-1997-00150-00; del 2 de marzo de 2010,
expediente número 185; del 9 de marzo de 2010, radicado 1100103150002002-1024-01, y del
31 de mayo de 2011, radicado 11001-03-15-000-2008-00294-00.
60
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad.
REV-093, M.P. Mario Alario Méndez, señaló, al respecto: “[…] Así, por ejemplo, la nulidad que
tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida, cuando se
provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2);
cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente
por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por
el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención
del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia
como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite
íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena
a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite
íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos
casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos […]”. (Se destaca).
Citada en: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de
octubre de 2005, radicado 11001-03-15-000-2000-00239-00. M.P. Jaime Moreno García.
61
En adelante CGP. Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.
62
En este sentido puede verse la sentencia ya citada, proferida por la Sala Tercera Especial de
Decisión, el 4 de agosto de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00610-00.
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del proceso […]”63, caso en el cual, al afectado le asiste la carga de probar que
no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad, pues de lo contrario, la causal se
convertiría en una excusa para subsanar las omisiones cometidas en el proceso
ordinario.
En este sentido resulta importante señalar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en providencia de 31 de mayo de 2011,
resumió los supuestos que podrían configurar el vicio de nulidad en la sentencia,
así:
“[…]
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a
quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere
sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada
con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece
completamente de motivación”.
Con posterioridad, en sentencia de 8 de mayo de 2018 64, con fines de unificación
jurisprudencial65 y a partir del artículo 29 superior, la Sala Plena fijó un nuevo
alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia, de conformidad con el
cual, el fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión
mencionada por desconocer el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el
derecho de acceso a la administración de justicia.
En suma, la sentencia puede resultar viciada por hechos que, si bien no están
previstos como causales de nulidad procesal, lo cierto es que sí pueden afectar
la legalidad y justicia de la decisión, al punto que desconocería el artículo 29 de
63
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de agosto
de 2013, radicado 11001-03-15-000-2009-00687-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, en
la que se cita “Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Mauricio Torres
Cuervo. Sentencia del 2 de marzo de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2001-0091-01.
Actor: Pedro Antonio Durán Durán. Demandado: Contraloría General de la República.”.
64
Cfr. Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado radicado 11001-
03-15-000-1998-00153-01 (REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro. [En la providencia se citaron, la
sentencia C-739 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, que dispuso, entre otras, “[…] ESTARSE A LO
RESUELTO en las sentencias C-491 de 1995 […] y C-217 de 1996 […] y la providencia de 7 de
febrero de 2006, radicación: 11001-03-15-000-1997-00150-00 (REV), M.P. María Elena Giraldo
Gómez].
65
Por auto de 7 de julio de 2015, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación decidió asumir la competencia para decidir el caso con el propósito de unificar
criterios:
“[…]
i) En qué casos una sentencia inhibitoria puede dar origen a la procedencia del recurso
extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia por violación al debido
proceso. […]”.
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la Constitución. Dentro de estos supuestos, a manera enunciativa, se pueden
citar los siguientes: i) la sentencia en la que se condena a la parte que no fue
vinculada al proceso; ii) la sentencia de las corporaciones judiciales que no
cuenta con el número de votos necesarios para la aprobación, o aquella que
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados; iii) la sentencia que
no tiene formal ni materialmente motivación ante la carencia total de
pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le
permiten arribar a una decisión; iv) la sentencia se dicta con violación al principio
de la non reformatio in pejus; v) la decisión que desconoce el principio de
congruencia bien sea por una condena extra, ultra o minuspetita66; y vi) cuando
el juez, sin fundamento válido y razonable, dicta una decisión inhibitoria que se
traduce en denegación de justicia67.
2.3. El caso concreto
La parte recurrente solicita que se infirme la sentencia proferida el 26 de
noviembre de 2020 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dado que, a su juicio, se desconoció el principio de congruencia68 .
El actor censuró la sentencia porque el objeto del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió, se limitó a la causación y por ende,
reclamación de intereses moratorios, a partir del año 1997 hasta el 2013, como
consecuencia del pago tardío del retroactivo por el proceso de homologación y
nivelación salarial del personal administrativo vinculado a la Secretaría de
Educación del departamento de Caldas. En criterio del recurrente la autoridad
judicial resolvió erróneamente el asunto al establecer que dicho periodo
comprendió el lapso entre el 22 de marzo de 2013 y abril de 2013, es decir, solo
a partir del acto administrativo que ordenó el reconocimiento del retroactivo y el
pago efectivo de las sumas adeudadas.
Para abordar el análisis de los argumentos del recurso, debe recordarse que esta
Sala Especial de Decisión, a partir de la jurisprudencia de la Sala Plena de la
Corporación, ha señalado, que la incongruencia interna y/o externa de la
sentencia da lugar a la nulidad de la decisión por violación al debido proceso. La
tesis que se ha sostenido es la siguiente:
“[…]
66
Consejo de Estado Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016,
radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
67
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de
2018, radicado 11001-03-15-000-1998-00153-01.
68
La Sala considera importante precisar que el sub judice se da aplicación al artículo 16 de la Ley
1285 de 2009, por medio del cual se adicionó el artículo 63 A de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, toda vez que, el presente caso conlleva una
reiteración de jurisprudencia y guarda identidad temática con los recursos extraordinarios de
revisión resueltos por esta Corporación, entre otros, en: i) sentencia de 3 de mayo de 2022, Sala
Sexta Especial de Decisión, radicado 11001-03-15-000-2022-00580-00, MP. Carlos Enrique
Moreno Rubio, ii) sentencia 31 de mayo de 2022, Sala Octava Especial de Decisión, radicado
11001-03-15-000-2021-11310-00, MP. Nubia Margoth Peña Garzón y iii) sentencia de 29 de junio
de 2022, Sala Tercera Especial de Decisión, radicados 11001-03-15-000-2022-00721-00 y
11001-03-15-000-2022-00725-00, MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
[…] Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la
Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del
artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada
en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le
condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda
o por causa diferente a la invocada en la misma.
[…] En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del
C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte
demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que
es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo
argüido en la parte motiva de la providencia. […]
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que
la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes
6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna
y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación
del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida
en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en
específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los
cuales no se podía pronunciar […]”69.
Al hilo de lo anterior, se tiene que, el principio de congruencia es una garantía
procesal instituida en favor de las partes para exigir del juez una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que
proponga la parte actora, sino frente a la defensa de la demandada. Este principio
se encuentra regulado en el artículo 281 del Código General del Proceso
aplicable a los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo por remisión del artículo 306 del CPACA.
En este orden, la congruencia de la sentencia es tanto externa como interna. La
primera implica la coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes en la
demanda, la contestación y excepciones propuestas. De esto se desprende, que
la sentencia, no puede reconocer lo que no se ha solicitado en la demanda (extra
petita) ni más de lo pedido (ultra petita); tampoco puede dejar de pronunciarse
sobre la totalidad de los extremos planteados en la litis, esto es, sobre alguna de
las pretensiones de la demanda o las excepciones propuestas por la parte
accionada (sentencia minuspetita/citra petita). La segunda, esto es, la interna, se
refiere a la necesaria armonía que debe existir en la estructura interna de la
decisión, es decir, la consonancia entre la parte motiva y la resolutiva del fallo,
con el fin de evitar una decisión manifiestamente contradictoria e ininteligible.
69
Consejo de Estado Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016,
radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Asimismo, debe precisarse, que la congruencia en la decisión de segunda
instancia está sujeta a la competencia del superior funcional y al examen que le
corresponde realizar como consecuencia de la revisión de la providencia de
primera instancia y los argumentos de los apelantes, para que el fallador, según
su juicio, la revoque, la modifique o la confirme, conforme las previsiones de los
artículos 281, 320 y 328 del CGP70.
Frente al caso concreto, es importante resaltar, en relación con el recurso de
revisión, lo siguiente:
i) El actor discrepa de lo decidido en la sentencia recurrida extraordinariamente
porque insiste en que el objeto de la demanda era el reconocimiento y pago de
unos intereses moratorios, soportado en un hecho que, a su juicio, no se discutía,
esto es, el pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial,
como consecuencia de la descentralización de la educación en el departamento
de Caldas. En ese sentido, aseguró que el fallador pasó por alto la pretensión de
liquidar los intereses moratorios, causados entre los años 1997 a 2013,
“desconociendo de plano las normas preexistentes […] como si cada obligación
en concreto debiera tener una norma particular para ejecutar su mora en caso de
incumplimiento” 71.
ii) A su vez, considera que la sentencia es incongruente en la medida en que el
ad quem señaló: “[…] si bien es cierto el pago efectuado a la parte que hoy
demanda, fue realizado con posterioridad al proceso de homologación y
nivelación salarial, ello no significa per se la configuración de la mora […]”,
70
Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en
la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda,
siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en
su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.
[…]
Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por
el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto
del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”
[,,,]
Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de
la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
71
Archivo .pdf “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_H134MANUELANTONI(.pdf)
NroActua8”, pág. 6, índice 8 de SAMAI.
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argumento el cual, se sustentó en la jurisprudencia reiterada de la Sección
Segunda de la Corporación, la que, en criterio del recurrente, se ha venido
“fortaleciendo de manera equívoca, pues la obligación nació efectivamente con
la orden emitida del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación de
homologar y nivelar en un plazo de seis (6) meses, y no a los 16 años, como
pretenden hacer ver los jueces de instancia”72.
iii) Aduce que el fallo fue desestimatorio bajo “un objeto distinto del pretendido en
la demanda y una causa diferente a la invocada […]”. A su juicio, la decisión se
desligó del hilo conductor del proceso, porque el fallo objeto de revisión reconoce
la exigibilidad de la obligación “de una manera totalmente diferente a la expuesta
en la demanda”73.
iv) Argumentó que la sentencia de segunda instancia constituye un fallo “citra
petita”74, porque no resolvió el planteamiento por el cual se acudió a la jurisdicción
contencioso administrativa y que, aunque aparentemente existe un
pronunciamiento, éste es por un asunto distinto al pretendido, lo que vulnera el
principio de congruencia.
Con vista en lo anterior, la Sala considera que los argumentos de la parte
recurrente no se enmarcan en el desconocimiento de la congruencia interna del
fallo, pese a lo anterior, se observa que la autoridad judicial, en las
consideraciones de la decisión recurrida, planteó como problemas jurídicos a
resolver: i) si procedía el reconocimiento de los intereses moratorios que solicitó
la parte actora en sus pretensiones y que reiteró en la apelación, y al encontrar
que no había lugar a ello, en la parte resolutiva, dispuso confirmar la decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas que negó el petitum y ii) si había lugar a
ordenar extra petita el reconocimiento de la indexación por el periodo
comprendido entre el 1.º de enero de 2011 al 14 de abril de 2013 a favor del
actor, aspecto que se resolvió en el sentido de revocar la orden judicial de primera
instancia, por cuanto no se solicitó en sede administrativa y judicial. Es decir, la
sentencia censurada respetó la coherencia y consonancia que debe existir entre
la parte motiva y la resolutiva del fallo, como condición necesaria para hacer
inteligible y armónica la decisión judicial.
En cuanto a la incongruencia externa porque, según el actor, el fallo
desestimatorio resolvió un objeto distinto al reclamado en la demanda, la Sala
advierte, que a partir de las pretensiones transcritas ut supra, el Tribunal
72
Ib.
73
Archivo .pdf “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_H439CRISTOBALCAN(.pdf)
NroActua8”, pág. 8, índice 8 de SAMAI.
74
“[…] si la resolución es «citra petita» porque el juez no resolvió sobre todas las pretensiones
que se le presentaron en el escrito de demanda, o respecto de las excepciones formuladas por
el demandado y que aparecen demostradas, u omitió pronunciarse frente a las defensas
perentorias que debió declarar de oficio, la decisión sí puede calificarse de incongruente”. Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 28 de abril de 2015. SC4959-2015
Radicación número 11001-31-03-027-2010-00459-01.
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Administrativo de Caldas fijó el litigio en la audiencia inicial75 y, en la sentencia
de 5 de abril de 2019, se plantearon los siguientes problemas jurídicos a resolver:
“[…] Conforme se estableció en la fijación del litigio, las cuestiones que se deben
resolver en el sub examine son las siguientes:
■ ¿Le asiste derecho a la parte demandante al reconocimiento y pago de intereses
moratorios sobre la liquidación del valor del retroactivo por homologación y
nivelación salarial?
■ En caso negativo, ¿tiene derecho la parte actora, aunque no lo haya solicitado
expresamente, a la indexación de los valores reconocidos y pagados por concepto
de retroactivo por homologación y nivelación salarial?
■ En caso afirmativo, ¿cuáles serían los extremos temporales de dicha
actualización? y ¿a qué entidad le corresponde realizar los pagos
correspondientes a indexación? […]”.
En cuanto al primer planteamiento, el a quo expuso:
“[…] para que un empleado o servidor de cualquier entidad pública, valga señalar
del sector de la educación, tenga derecho a percibir intereses moratorios por el no
pago oportuno de sus emolumentos, verbi gratia, los intereses por pago retardado
de cesantías, tal circunstancia debe estar expresamente señalada en las
disposiciones que reglamentan el régimen prestacional.
Revisadas las normas que regulan el sistema prestacional, se observa que ellas
no regulan de manera expresa y concreta, el derecho a reclamar intereses
moratorios por pago tardío de una homologación y nivelación salarial.
Así pues, la parte actora no tiene derecho al reconocimiento de intereses por pago
tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial y, en tal sentido,
habrán de negarse las súplicas de la demanda.
Al haberse demostrado que a la parte demandante le fueron indexadas las sumas
reconocidas a título de nivelación salarial, resulta igualmente improcedente
ordenar el reconocimiento de intereses moratorios sobre valores ya indexados,
dada la incompatibilidad que existe entre estos dos conceptos. […]” (se destaca).
Sobre los restantes problemas jurídicos, señaló:
“[…] advierte la Sala que con la Resolución nº 1644-6 del 22 de marzo de 2013,
aclarada por la Resolución nº 4431-6 del 28 de junio de 2013, le fue reconocido a
la parte actora un valor por indexación por el período comprendido entre el 10 de
febrero de 1997 y el 31 de diciembre de 2010.
Ahora bien, desde el día siguiente a la fecha final de indexación -1º de enero de
2011- hasta la fecha del pago efectivo -14 de abril de 201376-, existe un lapso que
no fue indexado, lo que en sentir de esta Sala amerita ordenar la respectiva
75
Diligencia que se llevó a cabo de manera simultánea, con otros casos similares, el 14 de marzo
de 2018, y en donde se fijó el litigio, a partir de los presupuestos fácticos expuestos por las partes,
así: “(…) en estos procesos se debe dilucidar si es procedente reconocer y pagar intereses
moratorios en la forma solicitada por los accionantes; y en caso afirmativo, cuál de las entidades
demandadas es la llamada a responder por dicha prestación. // Lo anterior sin perjuicio de que
otras cuestiones, principales o subsidiarias que tengan que ver con la controversia planteada,
puedan ser objeto de estudio al momento de decidir el fondo del asunto”.
76
Cfr. “De conformidad con el certificado expedido por la Secretaría de Educación del
Departamento de Caldas visible a folio 29 del cuaderno 1”.
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actualización en la forma que enseguida se dispone, haciendo uso de la facultad
extra petita y por razones de equidad y justicia.
En ese sentido, por razones de equidad y justicia este Tribunal ordenará al
Ministerio de Educación Nacional reconocer y pagar a favor de la parte accionante
indexación sobre el valor pagado a título de retroactivo menos el valor
correspondiente a la indexación ya reconocida, a partir del 1º de enero de 2011 -
día siguiente a la fecha final de indexación reconocida en la Resolución 4431-6 del
28 de junio de 2013- hasta el día anterior a la fecha efectiva del pago, esto es,
hasta el 14 de abril de 2013. […]”77.
Inconforme con lo anterior, el señor Manuel Antonio Castaño Correa, en la
apelación, insistió en sus argumentos para el reconocimiento de la liquidación de
intereses moratorios desde 1997 a 2013, por cuanto no comparte la tesis de
incompatibilidad entre indexación e intereses moratorios invocada por el a quo
para negar las pretensiones de la demanda, para lo cual refirió que son conceptos
diferentes y que la mora reclamada se produjo, por lo que debían reconocerse
como reparación a su favor y como sanción al empleador por el pago inoportuno
de la obligación.
A su turno, el Ministerio de Educación Nacional impugnó el reconocimiento de
oficio de la indexación desde el 1.º de enero de 2011 hasta el 14 de abril de 2013
(pago efectivo), ante lo cual alegó que fue un aspecto no solicitado en sede
administrativa ni judicial.
En este orden de ideas, la sentencia censurada, planteó los siguientes problemas
jurídicos:
“[…] 1. ¿Al señor Manuel Antonio Castaño Correa le asiste el derecho al
reconocimiento de intereses moratorios por el no pago inmediato del valor
correspondiente al retroactivo derivado del proceso de homologación y nivelación
salarial de la planta de personal administrativo adscrito al sector educativo del
Departamento de Caldas?
2. ¿Era procedente emitir en este caso una decisión extra petita a fin de ordenar
al Ministerio de Educación, reconocer la indexación sobre las sumas abonadas al
demandante por concepto de nivelación salarial derivada del proceso de
homologación referido? […]”.
En cuanto a la improcedencia del reconocimiento de los intereses moratorios con
ocasión del proceso de homologación y nivelación salarial en el departamento de
77
El explicó que, según la postura jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
se ha considerado que por razones de equidad y justicia, los valores adeudados a los trabajadores
deben ser indexados si se pagan en fecha posterior a la ejecutoria de los actos administrativos,
con el objeto de actualizarlos a valor presente al momento del pago, citó: “Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. // Consejero Ponente:
Dr. Luis Rafael Vergara Quintero. Sentencia del 17 de mayo de 2012. Radicación número: 25000-
23-25-000-2004-92260-01 (0207-07). // Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero Ponente: Dr. Rafael Francisco
Suárez Vargas. Sentencia del 23 de marzo de 2017. Radicación número: 68001-23-31-000-2008-
00329-01(2284-13). // Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Subsección A. Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero. Providencia del
13 de julio de 2006. Radicación número: 73001-23-31-000-2002-00720-01(5116-05)”.
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Caldas, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado explicó
que:
“[…] la indexación se aplica a los casos en los que la tardanza en el pago de una
deuda conlleva una razón de ser, como puede ser un proceso sistemático con la
superación de etapas, la fijación de un término específico para el cumplimiento de
la obligación o la materialización de una condición que se configura por el paso del
tiempo. Por el contrario, los intereses moratorios por su naturaleza sancionatoria,
deben estar estipulados previamente en la norma que regule el asunto y tienen
que obedecer a una causa injustificada en la dilación del abono, que se relacione
con la demostración por parte de quien los solicita, de la mala fe o la intención del
deudor de no cumplir a pesar de estar expresamente conminado a ello.
Lo expuesto significa que pese a ser cierto el hecho de que ambas figuras ostentan
una naturaleza diferente, esto es, una de carácter compensatorio y la otra de tipo
sancionatorio, debe tenerse en cuenta que las dos instan por un mismo fin que es
restablecer los efectos adversos del cumplimiento tardío de una obligación en
cantidad líquida, razón por la cual no es procedente asentir en su compatibilidad o
en la posibilidad de liquidar una y luego otra, así se solicite descontar lo ya
cancelado por alguno de estos conceptos, pues tanto los aspectos divergentes
como el semejante impiden su coexistencia78.
[…] la Subsección estima que a pesar de que el proceso como tal de homologación
se consolidó desde 1997 hasta 2009 y que el pago del retroactivo al libelista se dio
hasta el año 2013, lo cierto es que no se observa que en modo alguno el Ministerio
de Educación Nacional o el Departamento de Caldas hayan incurrido en una
dilación injustificada del pago a través de maniobras dolosas o evasivas que
buscaran enervar la obligación, sino que en efecto se debieron surtir múltiples
etapas propias e inherentes al desembolso y transferencia de recursos de la
Nación a entidades territoriales, en las que además se efectuaron sendos ajustes,
pero todo bajo el entendido de que se canceló el monto correspondiente a la
indexación para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el
paso del tiempo.
Por lo anterior, resulta improcedente alegar que los intereses moratorios tenían
que primar sobre la indexación como lo sostiene el libelista, en la medida que
conforme se adujo previamente, en el presente caso se estructuró una causa
justificante de la tardanza en el pago, cuya consecuencia directa, es el
reconocimiento de una actualización monetaria con base en el IPC y no el pago de
una indemnización por mora, habida cuenta de que tampoco se demostró el actuar
doloso de la administración para evitar cumplir con la obligación, aunado al hecho
de que en el contexto normativo aplicable al asunto, no se previó expresamente el
reconocimiento de dicha sanción en caso de dilación en el proceso en comento, lo
cual convalida el actuar de las demandadas, así como el acto cuestionado. […]”
(se destaca).
Sobre el segundo problema jurídico expuso:
“[…] En este punto es necesario recordar que como ambas partes apelaron la
totalidad de la sentencia de primera instancia, la competencia de esta Corporación
en segunda instancia se configura sin limitaciones ni sometida a los reparos
puntuales de los impugnantes. Ahora bien, la Subsección estima que el análisis
respecto de tal condena al Ministerio de Educación Nacional recae necesariamente
en la posibilidad o no del juez para fallar de forma extra petita en este tipo de
78
Cfr. “Esta posición ha sido reiterada y sostenida pacíficamente por la presente Sección del
Consejo de Estado en sentencias del: 14 de mayo de 2020, Subsección A, radicado: 08001-23-
33-000-2014-01426-01 (0074-2017); y del 16 de agosto de 2018, Subsección B, radicado: 20001-
23-33-000-2014-00313-02 (2633-2017)”.
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00916-00
Demandante: Manuel Antonio Castaño Correa
asuntos en los que lo decidido no se ajusta a lo pretendido con la demanda.
[…] En este sentido, el hecho de haber impuesto una condena en primera instancia
relativa a una indexación bajo criterios de equidad y justicia, pero sin que ésta
hubiese sido pretendida u objeto de discusión, implica que el fallo impugnado
trascendió lo que constituía materia de decisión al margen de la importante
argumentación esbozada, más aun cuando la situación concreta del señor Castaño
Correa no encaja en alguno de los supuestos excepcionales contemplados tanto
legal como jurisprudencialmente para la procedencia de pronunciamientos extra
petita”.
De acuerdo con lo citado en precedencia, para esta Sala Especial de Decisión es
indudable que el debate jurídico del proceso ordinario giró en torno al
reconocimiento de intereses moratorios y la indexación de las sumas causadas
con ocasión del proceso de homologación y nivelación salarial en el
departamento de Caldas, tal y como lo formuló el actor en sus pretensiones y lo
reiteró en el recurso de alzada.
Sobre las censuras del demandante, el ad quem confirmó la negativa de las
pretensiones porque los intereses reclamados no se generaron a cargo de las
entidades demandadas en atención a su incompatibilidad con la indexación
reconocida por el ente territorial, su naturaleza eminentemente sancionatoria y la
falta de norma expresa que así lo permitiera. Para el sentenciador de segunda
instancia, si bien se configuró un pago tardío, este no se produjo por un actuar
“doloso de la administración para evitar cumplir con la obligación”, y en su lugar,
para compensar la pérdida de valor adquisitivo de la suma reconocida como
retroactivo, esta se actualizó de acuerdo con el índice de precios al consumidor.
Así las cosas, la Sala advierte que no se configura la causal de revisión
consistente en nulidad originada en la sentencia, dado que el fallo recurrido no
desatendió la congruencia externa del asunto, comoquiera que la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió el objeto de debate, esto
es, la procedencia o no de intereses moratorios en el caso concreto, sin que se
observe pronunciamiento alguno que no guarde relación con los reparos
concretos formulados por los apelantes. Debe precisarse que, si bien el señor
Manuel Antonio Castaño Correa fundamentó su pretensión revisoria en la causal
de nulidad originada en la sentencia, porque la autoridad judicial limitó el análisis
de su reclamación por concepto de intereses moratorios, al periodo de marzo y
abril de 2013, comprendido entre la fecha del acto de reconocimiento del
retroactivo y la fecha efectiva del pago, lo cierto es que, este argumento no afecta
la validez de la decisión recurrida dado que, el ad quem al desatar la impugnación
resolvió íntegramente los motivos de inconformidad del actor, y más allá de un
período indemnizatorio, el debate se concretó en que, a partir de la jurisprudencia
reiterada de la Sección Segunda de esta Corporación79, el derecho reclamado
carece de sustento normativo que permita su reconocimiento.
79
Sobre el particular se indicó que las Subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación
han determinado de forma pacífica que es improcedente el reconocimiento de los intereses
moratorios por cuanto no existe norma que habilite el pago de sanción por el simple retardo o
incumplimiento del pago en los procesos de homologación y nivelación salarial. Al respecto, se
citaron los siguientes pronunciamientos: Subsección A, sentencia de 14 de mayo de 2020,
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Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00916-00
Demandante: Manuel Antonio Castaño Correa
Por otra parte, es importante resaltar que el juez ad quem revocó el
reconocimiento ex officio de la indexación causada entre el 1.º de enero de 2011
y el 14 de abril de 2013, que ordenó el juez de primera instancia, precisamente,
para garantizar el principio de congruencia, por cuanto, como se ha indicado, las
pretensiones de la demanda no se dirigieron con ese fin, sino para el
reconocimiento de los intereses moratorios con ocasión del proceso de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector de la
educación en el departamento de Caldas, como lo sostuvo el recurrente.
En este orden de ideas, la sentencia recurrida no está viciada de nulidad por
desconocimiento del principio de congruencia procesal. Si bien la decisión
desestimó el reclamo del apelante al confirmar el fallo del a quo, en cuanto a la
negativa de las pretensiones, la Sala recuerda que el recurso extraordinario de
revisión no es una instancia adicional del proceso ordinario en la que la parte
inconforme pueda debatir y/o cuestionar el criterio del juzgador de instancia, toda
vez que al juez de la revisión le está vedado pronunciarse sobre eventuales
errores in judicando, escenario que realmente es el propuesto bajo la
argumentación del recurso para discutir el razonamiento del ad quem, quien,
como se expuso, resolvió sobre la pretensión de reconocimiento de intereses
moratorios y, a su vez, descartó la indexación moratoria que de forma extra petita
dispuso el Tribunal.
En consecuencia, los cuestionamientos sobre el criterio expuesto por la autoridad
judicial en relación con la improcedencia de los intereses moratorios y la
indexación que reconoció el departamento de Caldas, no se enmarcan en el
debate jurídico propio de este tipo de trámites. En este orden de ideas, se
declarará infundado el recurso propuesto.
2.4. Conclusión
La Sala no encontró acreditada la causal 5.ª de revisión prevista en el artículo
250 del CPACA, referida a la nulidad originada en la sentencia, invocada por la
parte actora, toda vez que, en el caso concreto no concurren los requisitos
necesarios para su configuración.
2.5. Costas
La Ley 2080 de 2021, por medio de su artículo 70, modificó el artículo 255 del
CPACA y en cuanto a este recurso dispuso que “si se declara infundado el
recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”. A su vez, el artículo
86 ejusdem, relativo a la vigencia, indica que las reformas procesales allí
establecidas, prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el
momento de su publicación -25 de enero de 2021-.
radicado: 08001-23-33-000-2014-01426-01, M.P. William Hernández Gómez y Subsección B,
sentencia de 16 de agosto de 2018, radicado: 20001-23-33-000-2014-00313-02, M.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00916-00
Demandante: Manuel Antonio Castaño Correa
Por tanto, como el recurso extraordinario se presentó el 3 de febrero de 2022 - a
través de una nueva demanda- para la Sala es aplicable al presente asunto la
modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 al artículo 255 del CPACA,
como quiera que, para la fecha de presentación del recurso, ya estaba en vigor
la nueva ley.
Así las cosas, bajo una interpretación armónica que permita determinar el
alcance de la condena en costas dentro del recurso extraordinario de revisión, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias
en derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365,
numeral 8.º ibidem “cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación”.
En el caso concreto, la Sala advierte que no procede la condena en costas por
concepto de expensas y gastos procesales, porque no aparece demostrado en
el expediente que la parte demandada hubiere incurrido en dichos pagos. En
cuanto al componente de agencias en derecho, debe señalarse que, pese a que
el recurso se declarará infundado, ninguno de los extremos de la parte pasiva, se
pronunció en oportunidad con el fin de oponerse, ejercer su derecho de defensa
o realizar solicitudes probatorias80. Por tanto, la Sala estima que tampoco se
encuentran acreditadas las agencias en derecho.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de
Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
V. FALLA
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Manuel Antonio Castaño Correa, por la causal 5.ª del artículo 250
del CPACA, contra la sentencia de 26 de noviembre de 2020, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de acuerdo con lo
expresado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo con lo expuesto en esta
sentencia.
TERCERO: Reconocer personería al abogado Carlos Alberto Vélez Alegría,
identificado con la cédula de ciudadanía n.º 76.328.346 de Popayán, y portador
de la tarjeta profesional n.º 151.741 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderado judicial de la Nación – Ministerio de Educación Nacional, conforme a
80
En efecto, como se señaló en los antecedentes reseñados en este proveído, el Ministerio de
Educación Nacional, por medio de apoderado judicial, presentó escrito de oposición a la
demanda, hasta el 19 de julio de 2022, esto es, de forma extemporánea y cuando el asunto ya
había ingresado al despacho para fallo.
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Demandante: Manuel Antonio Castaño Correa
los términos y facultades contenidas en el poder obrante en el expediente81.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sala Magistrado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Magistrado Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
81
Poder otorgado por el doctor Luis Gustavo Fierro Maya, en su calidad de jefe de la Oficina
Jurídica del Ministerio de Educación Nacional, según la Resolución núm. 014710 del 21 de agosto
de 2018, y en ejercicio de la delegación efectuada a través de la Resolución núm. 20980 del 10
de diciembre de 2014, y en virtud del artículo 159 de la Ley 1437 de 2011, para ejercer la
representación judicial de la entidad. Documental obrante en índice 31 de SAMAI y que también
fue remitida por la Secretaría General de la Corporación al despacho del ponente. Igualmente, se
validó en el sistema SAMAI: Servicio URNA - Validación de datos del abogado:
Cedula a validar 76328346
Nombre abogado: CARLOS ALBERTO VELEZ ALEGRIA
Tarjeta profesional: 151741
Correo electrónico: CARLOSVELEZ1978@YAHOO.COM
Estado: Vigente
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