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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01661-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01661-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 20 de abril de 2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier otro medio expedito. 3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01661-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

28 de julio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-01661-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01661-01
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – REQUISITOS
GENERALES DE PROCEDIBILIDAD

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante
UGPP, contra la sentencia del 20 de abril de 2022, dictada por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, que declaró improcedente de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones

La UGPP, mediante apoderado, ejerció acción de tutela contra la referida autoridad
judicial, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

“PRINCIPALES

Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la
UGPP, vulnerados por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE QUIBDÓ
y el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, al ordenar
acrecer la pensión de sobrevivientes del 50% al 80% a favor de las señoras
RUTH MARIA MOSQUERA SANCHEZ, RUBYS SANCHEZ PALACIOS y
ROSALBA MOSQUERA PALOMINO en calidad de Cónyuge y compañeras
permanentes respectivamente desde el 24 de diciembre de 2015,
desconociendo el orden en que procede el acrecimiento pensional de cara a lo
reglado en el decreto 1889 de 1994 artículo 8°.

Segundo. Consecuentemente:

a. Se DEJE sin efectos parcialmente las sentencias del 27 de agosto de 2020 y
27 de agosto de 2021 proferidas por el JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUIBDÓ y el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, dentro del proceso contencioso administrativo
No. 11001318700320200008400, únicamente en lo que respecta a la orden
acrecimiento pensional a favor de la Cónyuge y compañeras permanentes, por
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Demandante: Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP

la vía de hecho en que incurrieron los estrados judiciales al desconocer el
decreto 1889 de 1994 artículo 8° en lo que respecta al orden en el que procede
el acrecimiento pensional.

b. ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
que modifique la sentencia ajustando la misma a Derecho.

SUBSIDIARIAS

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar
superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:

Primero. AMPARAR de manera TRANSITORIA los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP, vulnerados por el JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUIBDÓ y el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, al ordenar acrecer la pensión de
sobrevivientes del 50% al 80% a favor de las señoras RUBYS SANCHEZ
PALACIOS, ROSALBA MOSQUERA PALOMINO y RUTH MARIA MOSQUERA
SANCHEZ en calidad de Cónyuge y compañeras permanentes respectivamente
desde el 24 de diciembre de 2015, desconociendo el orden en que procede el
acrecimiento pensional de cara a lo reglado en el decreto 1889 de 1994 artículo
8°, generando dobles pagos con los que se causa un grave detrimento al sistema
pensional.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior, SUSPENDER PARCIALMENTE
el cumplimiento de las sentencias del 27 de agosto de 2020 y 27 de agosto de
2021 dictadas por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE QUIBDÓ y el
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, dentro del
proceso Contencioso administrativo N°11001318700320200008400,
únicamente en lo que respecta a la orden acrecimiento pensional a favor de la
Cónyuge y compañeras permanentes, por la vía de hecho en que incurrieron los
estrados judiciales al desconocer el decreto 1889 de 1994 artículo 8° en lo que
tiene que ver a con el orden en el que procede el acrecimiento pensional, lo
anterior para evitar la configuración de un perjuicio irremediable al Erario, por los
dobles pagos generados con dicho acrecimiento, mientras se resuelve la
actuación judicial que esa H. Corporación determine debemos iniciar para
controvertir la legalidad de las órdenes impartidas.”

2. Hechos:

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

Mediante Resolución núm. 16373 del 9 de septiembre de 1997, la extinta CAJANAL
reconoció pensión gracia al señor Óscar Joel Rengifo Aluma (q.e.p.d.) la cual se
reliquidó mediante resolución núm. 22885 del 28 de mayo de 2008.

Con ocasión al fallecimiento del pensionado, la UGPP a través de resolución núm.
UGM 040061 de 26 de marzo de 2012 reconoció y ordenó el pago de la pensión de
sobreviviente a favor de sus hijas Ruby Yineth Rengifo Sánchez (10%) y Ruby Natalia
Rengifo Sánchez (10%), negó el reconocimiento de la referida prestación respecto de
sus hijas Rosa Yerley Rengifo y María Arelis Rengifo Mosquera, y dejó en suspenso
el reconocimiento respecto del 10 % de Sandra Caterine Rengifo Mosquera, 10 % de
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Katty Yineth Rengifo Mosquera y 10 % de Leyser Rengifo Murillo en calidad de hijos y
el 50 % de las señoras Rubys Sánchez Palacios, Rosalba Mosquera Palomino y Ruth
María Mosquera Sánchez, en calidad de compañeras permanentes o cónyuges, por
encontrarse pleito pendiente ante la jurisdicción.

Dicho acto administrativo fue confirmado a través de las resoluciones núm.RDP 7554
del 25 de febrero, RDP 019362 del 15 de mayo y RDP 026588 del 30 de junio, todas
de 2015, en cuanto al reconocimiento de las compañeras y cónyuges del señor Rengifo
Aluma (q.e.p.d.).

La señora Rosalba Mosquera Palomino, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, impetró demanda contra la UGPP, con el fin de
cuestionar la legalidad de los referidos actos administrativos y, en consecuencia, para
que se le reconociera como beneficiaria de la sustitución pensional pretendida en
calidad de compañera permanente del causante.

En primera instancia conoció del proceso el Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó
que, en sentencia del 27 de agosto de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda
y ordenó:

“PRIMERO: DECLARESE no probada las excepciones de cobro de lo no debido,
inexistencia de la obligación y prescripción, tal como se indicó en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad resolución N" RDP 007554 del 25 de febrero de
2015, resolución RDP 019362 del 15 de mayo de 2015 y la resolución RDP 026588 del
30 de junio de 2015, por las razones expuestas.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social “U.G.P.P.”, reconocer, liquidar y pagar con carácter vitalicio la pensión vitalicia de
sobreviviente con ocasión al fallecimiento del señor OSCAR JOEL RENGIFO ALUMA
(q.e.p.d.), a favor de la señora RUTH MARIA MOSQUERA, en calidad de cónyuge,
identificada con cédula de ciudadanía número 26.258.496 de Quibdó, ROSALBA
MOSQUERA PALOMINO, en calidad de compañera permanente, identificada con
cédula de ciudadanía número 54.251.222 de Quibdó, y RUBYS SANCHEZ PALACIOS,
en calidad de compañera permanente, identificada con cédula de ciudadanía número
1.099.543.512 de Cimitarra, de la siguiente manera: Se le pagara en un porcentaje del
50% de la pensión desde el día siguiente al fallecimiento del causante ocurrida el once
(11) de enero de 2011.

A partir del 24 de diciembre de 2015 fecha en que el señor LEYSER RENGIFO
MURILLO, último de los hijos del señor OSCAR JOEL RENGIFO ALUMA (q.e.p.d.)
mediante los cuales se había suspendido el 30% de la sustitución pensional cumplió los
25 años de edad y por ende perdió la calidad de beneficiario de esa prestación social;
dicho porcentaje acrecerá a las señoras RUTH MARIA MOSQUERA, en calidad de
conyugue, RUBYS SANCHEZ PALACIOS y ROSALBA MOSQUERA PALOMINO, en
calidad de compañeras, obteniendo el 80% de la sustitución pensiona!, en porcentajes
iguales para cada una.

La pensión de sobrevivientes que se reconoce tendrá los reajustes de ley. Asimismo, al
monto de la condena que resulte se aplicarán los ajustes de valor mes por mes, en los
términos del artículo 187 del C.P.A.C.A., acudiendo para ello a la siguiente fórmula:

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R = Rh índice final índice inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es
lo dejado de percibir por el demandante desde la fecha de fallecimiento de la causante,
por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado
por el DANE vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial
vigente para la fecha en que debió hacerse el pago.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente, mes
por mes, para cada mesada pensional comenzando por la primera mesada pensional
que se dejó de devengar y para las demás mesadas teniendo en cuenta que el índice
inicial es el vigente al momento de la acusación de cada una de ellas. Los intereses se
reconocerán en los términos previstos en el artículo 195 del C.P.A.C.A, igualmente a la
sentencia se le dará cumplimiento en los términos del artículo 192 ibidem.

CUARTO: Niéguese las demás suplicas de la demanda.”

Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Chocó en sentencia del
27 de agosto de 2021.

De lo aportado al expediente la Sala destaca que la pensión de sobreviviente del señor
Óscar Joel Rengifo Aluma fue reconocida de la siguiente manera:

Sobreviviente Parentesco Acto administrativo de Porcentaje Edad al
con el reconocimiento momento del
causante fallecimiento
10 % 5 años
Ruby Yineth Rengifo Hija Resolución núm. UGM 040061
Sánchez de 26 de marzo de 2012
10% 3 años
Ruby Natalia Hija Resolución núm. UGM 040061
Rengifo Sánchez de 26 de marzo de 2012
10 % 36 años al
Leyser Rengifo Hijo Resolución núm. UGM 040061 momento de la
Murillo de 26 de marzo de 2012 dejó en demanda
suspenso el reconocimiento
hasta acreditar condiciones
académicas.

10 % 29 años al
Kathy Yineth Rengifo Hija Resolución núm. UGM 040061 momento de la
Mosquera de 26 de marzo de 2012 dejó en demanda
suspenso el reconocimiento
hasta acreditar condiciones
académicas.
Hija 10 % 30 años al
Sandra Caterine Resolución núm. UGM 040061 momento de la
Rengifo Mosquera de 26 de marzo de 2012 dejó en demanda
suspenso el reconocimiento
hasta acreditar condiciones
académicas.
16.6% Después de
cónyuge Sentencia 27 de agosto de 2020 acrecimiento
Ruth María que ordenó acrecer del 50% de 26.66%
Mosquera la cónyuge y compañeras
permanentes el 30% que
estaba suspendido en razón a
que los hijos mayores de 18

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años al momento de la
demanda ya eran mayores de
25 y no acreditaron escolaridad.

16.6% Después de
Compañera Sentencia 27 de agosto de 2020 acrecimiento
Rubys Sánchez permanente que ordenó acrecer del 50% de 26.66%
Palacios la cónyuge y compañeras
permanentes el 30% que
estaba suspendido en razón a
que los hijos mayores de 18
años al momento de la
demanda ya eran mayores de
25 y no acreditaron escolaridad.

16.6% Después de
Compañera Sentencia 27 de agosto de 2020 acrecimiento
Rosalba Mosquera permanente que ordenó acrecer del 50% de 26.66%
Palomino la cónyuge y compañeras
permanentes el 30% que
estaba suspendido en razón a
que los hijos mayores de 18
años al momento de la
demanda ya eran mayores de
25 y no acreditaron escolaridad.

El causante al momento de fallecer tenía 7 hijos, 2 menores de edad, 2 mayores de 25 años y 3 mayores
de 18 años pero menores de 25 años.

3. Argumentos de la tutela

La demandante aseguró que la decisión cuestionada fue el resultado de abuso del
derecho, pues, a su juicio, la orden dada no se puede cumplir porque se pagaría más
del 100 % de la pensión, más exactamente el 130 % de la prestación, al acrecer los
porcentajes reconocidos a la cónyuge y las compañeras permanentes del causante, lo
que haría que se estuviera en presencia de la figura de pagos dobles.

Señaló que se incurrió en defecto fáctico pues, a su juicio, las autoridades judiciales
demandadas no valoraron y decretaron adecuadamente las pruebas, ya que conocían
de la existencia de otros beneficiarios y no respetaron esto al momento de decidir ,
teniendo en cuenta los porcentajes reconocidos con anterioridad los cuales ya habían
sido incluidos en nómina.

Adujo que en la providencia reprochada se configuró defecto sustantivo y violación
directa de la constitución porque se vulneró el principio de legalidad al desconocer lo
contemplado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 sobre el reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes y el artículo 8 del Decreto 1889 de 1994 sobre el
acrecimiento pensional. Que, además, conforme al artículo 128 de la Constitución
nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público.

Finalmente, dijo que resultaba lógico que se tuviera en cuenta que ya existían dos
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beneficiarias en calidad de hijas incluidas en nómina sobre las que debían considerar
el 30 % que estuvo en suspenso, por ser del mismo orden de aquellos a quienes en
su momento les fue dejado en suspenso el derecho.

4. Oposiciones
El Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó
guardaron silencio.

5. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante fallo del 20 de abril
de 2022, declaró improcedente la acción de tutela formulada por la UGPP por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, dado que no ha ejercido el recurso
extraordinario de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, razón por
la que consideró que la actora contaba con otro medio de defensa judicial.

6. Impugnación

La demandante impugnó la anterior decisión, reiteró los argumentos planteados en el
escrito inicial e indicó que el fallo de tutela de primera instancia desconoció que, si bien
es cierto que contra las providencias controvertidas procede el recurso extraordinario
de revisión, también lo es que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio
para evitar la afectación al erario.

Adujo que el fallo de tutela de primera instancia omitió que existe un perjuicio
irremediable en este caso, que le permite hacer uso de la acción de tutela como
mecanismo de uso impostergable ante el riesgo inminente de perdida de recursos
públicos.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra

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1
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
2 3
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

Del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

La UGPP interpuso la presente acción de tutela con el fin de que se dejara sin efecto
la sentencia del 27 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del
Chocó, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ordenó reliquidar
la pensión de sobreviviente reclamada por la señora Rosalba Mosquera Palomino.

De entrada, la Sala advierte que, tal como lo indicó el a-quo, la entidad demandante
cuenta con otro medio de defensa judicial efectivo para la protección de los derechos
invocados en la solicitud de amparo, en la medida que el artículo 20 de la Ley 797 de
20034 prevé el mecanismo especial de “Revisión [de sentencias] de reconocimiento de
sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública ”, en los
siguientes términos:

“Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controverti da haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
4 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993

y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
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La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.” (Se
destaca)

Dada la amplitud de la norma para su aplicación, la Corte Constitucional en sentencia
SU-427 de 2016, unificó jurisprudencia, entre otras cosas, para aclarar quienes se
encontraban legitimados para ejercer el precitado recurso, en los siguientes términos:

“Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la
configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la
titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos
establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de
pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de
manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del
sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero5.
7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante
la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso
de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de
cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del
derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho
mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la
cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.
(…)”.

Por lo tanto, resulta claro que las acciones de tutela promovidas por las
administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas,
entre ellas, la UGPP, contra las providencias en las cuales se reconocieron
prestaciones periódicas a favor de los pensionados y en las que se invoca el
desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso, no están llamadas a
prosperar porque no cumplen con el requisito de subsidiariedad. Así lo indicó la Corte:

“7.25. Así las cosas, ante la existencia otro mecanismo judicial como lo es el recurso
de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio, las
acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales en
las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del derecho son improcedentes
al tenor del artículo 86 de la Constitución.

7.26. No obstante lo anterior, este Tribunal avizora que la afectación del erario
público con ocasión de una prestación evidentemente reconocida con abuso del
derecho tiene la vocación de generar un perjuicio irremediable a las finanzas del
Estado, las cuales se utilizan para garantizar, entre otros, el derecho a la
seguridad social de los colombianos, por lo que en casos de graves
cuestionamientos jurídicos frente a un fallo judicial que impone el pago de
prestaciones periódicas a la UGPP, el amparo será viable con el fin de verificar
la configuración de la irregularidad advertida y adoptar las medidas respectivas.

5 Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).

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Demandante: Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP

7.27. Con todo, esta Corporación estima que en atención a los principios superiores
de seguridad jurídica y confianza legítima, el juez constitucional cuando analice de
fondo la posible configuración de un abuso del derecho deberá tomar las medidas
necesarias para no afectar de manera grave los derechos fundamentales de los
implicados en la causa, por lo que en caso de verificarse la existencia de dicha
irregularidad, deberá disponer que el reajuste de la prestación conforme al
ordenamiento jurídico constitucional no tenga efectos de manera inmediata, sino que
se deberá concederse un periodo de gracia, que la Sala fija como prudencial en seis
meses contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución que consagra el
reajuste efectuado al perjudicado con ocasión de la decisión judicial de amparo. Por
otra parte, el funcionario jurisdiccional también deberá disponer que no habrá lugar al
reintegro de sumas de dinero ya canceladas, comoquiera que las mismas se presumen
percibidas de buena fe (…)”. (Negrillas de la Sala)

Ante la falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso objeto de
estudio no es posible hacer pronunciamiento de fondo, en la medida en que la UGPP
cuenta con el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 para
cuestionar los términos en que se reconoció pensión de sobreviviente a la señora
Mosquera Palomino.

Ahora, en lo que tiene que ver con el abuso del derecho alegado por la UGPP,
conviene decir que la Corte Constitucional 6 ha determinado que, de manera
excepcional, la acción de tutela podría resultar procedente, siempre que se esté ante
un abuso palmario del derecho, que, se comprueba con el cumplimiento de las
siguientes condiciones: (i) la necesidad de verificar que se trata de una “vinculación
precaria” y (ii) que se trata de un “incremento excesivo de la mesada pensional”.

Respecto de la vinculación precaria, la Corte ha señalado que se entiende como la
relación entre un empleado o funcionario público y el Estado, que tiene una duración
reducida en el tiempo y que, por lo tanto, el elemento que define la precariedad del
vínculo es la fugacidad. Por su parte, para entender la noción de incremento excesivo,
en sentencia SU-631 de 2017 se establecieron algunos criterios indicativos del
aumento pensional grave que termina en un abuso del derecho, tales como: (i)
incrementos pensionales ilegítimos que resultan mensualmente tan cuantiosos, que
indudablemente desfinanciarían al sistema pensional; (ii) falta de correspondencia
entre el reconocimiento pensional y la historia laboral del beneficiario, que permita
suponer que el incremento que favoreció al interesado es excesivo; y (iii) que la
conducta de quien busca el beneficio pensional esté dirigida a buscar en forma
evidente, inconfundible y a ultranza una ventaja irrazonable o un incremento monetario
significativo en comparación con otros afiliados sin arreglo a la normativa vigente.

Estas dos condiciones (vinculación precaria e incremento excesivo) deben estar
plenamente acreditadas para concluir que existe un abuso del derecho. En efecto, la
propia Corte Constitucional, en sentencia T-212 de 2018, explicó que es necesario
hacer un análisis conjunto de las condiciones que permiten advertir la existencia de un
abuso del derecho, pues “la verificación de uno solo de estos criterios indicativos por
sí sola no es suficiente para concluir sobre un abuso del derecho de las características
anotadas y es necesaria la evaluación del conjunto de circunstancias presentes en
cada caso”.

6 Ver sentencias SU-631 de 2017 y SU-115 de 2018.

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Parafiscales de la Protección Social – UGPP

En el caso concreto, la Sala advierte que no se trata de una vinculación precaria, pues
en este caso estamos ante el reconocimiento de pensión de sobreviviente y el
cuestionamiento de la UGPP se dirige contra la orden de acrecimiento del porcentaje
reconocido a la cónyuge y compañeras permanentes; debido a que uno de los hijos
superó los 25 años y no acreditó escolaridad. Esa razón es suficiente para concluir que
no se cumple una de las condiciones fijadas por la Corte Constitucional y, por lo tanto,
la Sala se releva de analizar si existe o no un incremento de la mesada pensional,
habida cuenta de que, en los términos de la jurisprudencia citada, deben estar
acreditadas las dos condiciones para concluir que existe un abuso del derecho que
haga procedente la acción de tutela.

Adicional a lo anterior, la Sala precisa que la urgencia que reclama la actora se
encuentra desvirtuada por el hecho de que la sentencia cuestionada fue proferida el
27 de agosto de 2021, notificada el 1º de septiembre de 2021 y solo 6 meses y 12 días
después, esto es, 14 de marzo de 2022, la entidad demandante ejerció la presente
acción de tutela, lo que permite descartar la urgencia alegada por la actora, pues en el
presente caso tampoco se cumple con el requisito de inmediatez.

De acuerdo con lo anterior, no se cumplen los presupuestos previstos por la Corte
Constitucional para la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, se
confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 20 de abril de 2022, proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier
otro medio expedito.
3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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