Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-03234-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-03234-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-03234-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
6 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECINUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03234-00 (5180)
Demandante: Estación de Servicio La Gran Manzana Ltda.
Demandada: Nación – U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Temas: Causal de revisión del artículo 250-5 CPACA. No constituye
nueva oportunidad procesal ni tercera instancia.
Cuestionamientos sobre interpretaciones y aplicación normativa.
Justicia rogada. DECLARA INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto 1 por la Estación de
Servicio La Gran Manzana Ltda., en contra de la sentencia del dos (2) de diciembre
de dos mil veintiuno (2021) proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado2,
para lo cual invocó la causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la Estación de Servicio (en adelante la ES) La Gran Manzana Ltda. tiene como
actividad económica el comercio al por menor de combustible para automotores y
de lubricantes (aceites, grasas, aditivos y productos de limpieza para vehículos
automotores).
Que el 11 de abril de 2013 presentó la declaración de renta del año gravable 2012
y la DIAN le envió emplazamiento para corregirla, por lo que el 29 de mayo de 2015,
presentó corrección a la declaración inicial, en la que aceptó algunas de las glosas
propuestas y liquidó un saldo a pagar de $57.993.000.
Que la DIAN profirió la Liquidación Oficial de Revisión 162412016000061 de 22 de
septiembre de 2016, que modificó la declaración de corrección presentada el 29 de
mayo de 2015, para rechazar pasivos por $325.000.000, adicionar activos por
$139.679.000 y adicionar ingresos brutos operacionales por $587.058.000 y no
operacionales por $17.765.845 por intereses presuntos. En consecuencia, fijó un
saldo a pagar de $561.688.000, incluida la sanción por inexactitud.
Que, en la misma liquidación oficial de revisión, impuso sanción al representante
legal y a la revisora fiscal de la ES por la suma de $61.993.000 a cada uno.
1 La presentación del recurso se efectuó el 14 de junio de 2022, de acuerdo con la anotación efectuada por la
Secretaría de esta Corporación que reposa en el índice 00001 de SAMAI.
2 Decisión proferida dentro del radicado núm. 66001-23-33-000-2018-00060-01 (24807) y 66001-23-33000-
2018-00081-00 (acumulado), que modificó la sentencia proferida el 14 de junio de 2019, por el Tribunal
Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
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Que, contra la liquidación anterior, interpuso recurso de reconsideración y fue
decidido mediante Resolución 007440 del 29 de septiembre de 2017, donde se
modificó la liquidación recurrida para reducir, por favorabilidad, la sanción por
inexactitud al 100% y, en consecuencia, las sanciones al representante legal y a la
revisora fiscal se disminuyeron a $38.745.800
Que la contribuyente presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3
con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones proferidas en el
procedimiento de fiscalización (Liquidación Oficial de Revisión Número
162412016000061 del 22 de septiembre de 2016 y la Resolución 007440 del 29 de
septiembre de 2017, expedidas por la DIAN). A título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se declarara la firmeza de la declaración privada y la corrección
del impuesto de renta y complementario presentada por la sociedad para el año
gravable de 2012.
Por auto de 22 de junio de 2018, el Tribunal acumuló a este expediente el proceso
con radicado núm. 66001-23-33-000-2018-00081-00, dentro del cual el socio Yesi
Romero, en representación de la aludida sociedad pretendía la nulidad de los
mismos actos administrativos.
Que el 2 de diciembre de 2021, el Tribunal Contencioso Administrativo del Risaralda
en sentencia negó las pretensiones de la demanda. Concluyó que la DIAN aplicó de
manera correcta el artículo 26 del E.T, y que no debía aplicar el artículo 10 de la Ley
26 de 1989, que el contribuyente debía aplicar para el año gravable 2012 una
resolución que fue expedida por parte del Ministerio de Minas y Energía el 30 de
julio del 2012, es decir, del mismo año.
Que el representante legal y la revisora fiscal de la ES La Gran Manzana
interpusieron recurso de apelación, considerando que debía aplicarse el artículo 10
de la Ley 26 de 1989 sobre el artículo 26 del E.T. ya que esta es regla general. Que,
en la medida en que el artículo 239-1 del E.T aplica para periodos no revisables y
no se encontraba en este supuesto no era procedente su aplicación.
Que no existe correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial
de revisión porque el sustento legal es diferente. En uno, se fundamenta en el
artículo 151 del Código de Comercio (en adelante CCo) y en el otro, en el 35 del
E.T.
Que los valores que sustentan las actuaciones de la DIAN corresponden a
diferentes años, con lo que se vulnera la independencia de los periodos, conforme
lo dispone el artículo 694 del E.T. Que las presuntas pruebas que existen en el
expediente no fueron trasladadas para ser tenidas en cuenta para el año 2012 y en
relación con el traslado de las pruebas nada dijeron la DIAN ni el Tribunal.
Que la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la decisión a través de
sentencia del 2 de diciembre de 2021.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En providencia del 2 de diciembre de 2021, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
confirmó la decisión de primera instancia al considerar que para calcular los
3 El cual fue radicado con el número 66001-23-33-000-2018-000060-00.
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ingresos brutos la DIAN aplicó la norma que regula el caso, se guardó el principio
de correspondencia en relación con la adición de los ingresos por intereses
presuntos, no hubo aplicación indebida del artículo 239-1 del E.T. y no se
desconoció el artículo 694 de esa misma norma.
Para sustentar su decisión desarrolló los siguientes argumentos:
Que el artículo 714 del E.T. establece que una declaración tributaria adquiere
firmeza si en un plazo de dos años desde el vencimiento para declarar no se notifica
requerimiento especial. Sin embargo, el artículo 147 del E.T. amplía este plazo a
cinco años si en la declaración se determinan o compensan pérdidas fiscales.
Que la ES La Gran Manzana presentó su declaración de renta del año gravable
2012 el 11 de abril de 2013, dentro del plazo legal, registrando compensaciones por
pérdidas fiscales por $95.094.000, lo que activó el término de firmeza de cinco años.
Que la DIAN notificó un emplazamiento para corregir el 28 de mayo de 2015, y la
empresa corrigió su declaración el 29 de mayo de 2015, manteniendo las pérdidas.
Posteriormente, el 4 de enero de 2016, la DIAN emitió un requerimiento especial
para modificar esa corrección, dentro del plazo de firmeza que vencía el 11 de abril
de 2018. Por tanto, la actuación de la DIAN fue oportuna y dentro del término legal
de fiscalización.
Que no es cierto, que, al expedir el emplazamiento para corregir, la DIAN tuvo en
cuenta el artículo 714 del E.T. que consagra el término general de firmeza, vigente
para la época, y que con el requerimiento especial se propuso la aplicación del
término especial del artículo 147 ibidem, pues tanto en el requerimiento especial
como en la liquidación oficial de revisión e incluso en el acto que resolvió el recurso
de reconsideración, la DIAN sustentó la oportunidad para fiscalizar el periodo 2012,
en el artículo 147 del E.T. y no como lo asegura la recurrente, en el artículo 714 del
E.T.
Que el artículo 10 de la Ley 26 de 1989 es la norma especial para calcular los
ingresos brutos de los distribuidores minoristas de combustibles líquidos y derivados
del petróleo. Según esta norma, los ingresos se determinan multiplicando el margen
de comercialización fijado por el Gobierno por el número de galones vendidos,
restando el porcentaje por pérdidas por evaporación.
Que, la DIAN aplicó esta fórmula tanto en el requerimiento especial como en la
liquidación oficial de revisión, al considerar que la sociedad demandante tenía la
calidad de distribuidor minorista y, por tanto, debía calcular sus ingresos conforme
a dicho artículo, incluso a pesar de que según el artículo 5 de la Resolución 82438
de 1998 del Ministerio de Minas y Energía lo ubica como distribuidor bajo el régimen
de libertad vigilada.
Que los ingresos fueron determinados por la DIAN con base al margen de
comercialización propio del distribuidor minorista (ingreso de ventas de combustible
que realmente cobró la ES La Gran Manzana menos su costo) y el porcentaje de
evaporación (0.4% por evaporación excepto para el ACPM que no se evapora) y
encontró que la demandante registró un valor menor por ingresos por venta de
combustibles líquidos derivados del petróleo (gasolina corriente, ACPM- Diesel y
gasolina extra) y que, por ello, encontró que omitió ingresos en su declaración de
renta, sin que se encontraran argumentos para desvirtuar la adición de ingresos ni
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la motivación realizada por la demandada.
Que en relación con el artículo 151 del CCo, en la liquidación oficial de revisión, la
DIAN explicó que, aunque no es una norma fiscal es necesario referirse a esta «[…]
debido a la información contenida en documentos […] que reflejan egresos que
constituían pagos de “utilidades anticipadas a socios, con la consecuente
generación de intereses presuntos según lo establecido en el artículo 35 ET […]».
Que, aunque el artículo 35 del E.T., sobre intereses presuntos, no fue citado
expresamente en el requerimiento especial, sí fue considerado en su contenido, por
lo que no se vulneró el principio de correspondencia con la liquidación oficial. Esta
última no introdujo hechos nuevos, sino que profundizó en la tesis de que hubo
préstamos a socios que generan intereses presuntos.
Que la DIAN detectó que la sociedad actora realizó anticipos de utilidades a sus dos
socios, los señores Orlando Restrepo Vásquez y Yesid Romero, por un monto total
de $424.101.989. Estos pagos se realizaron sin el respaldo de balances reales ni el
cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la distribución de utilidades,
como lo establece también el artículo 451 del CCo, que exige aprobación por parte
de la asamblea de socios.
Que la DIAN también se basó en el artículo 151 del CCo, que prohíbe el reparto de
utilidades no respaldadas por balances reales. Concluyó que los anticipos a socios
por $424.101.989 constituían préstamos, y calculó intereses presuntos por
$17.765.845, que fueron sumados a los ingresos de la sociedad.
Que el artículo 239-1 del E.T. establece dos supuestos: de un lado, que el
contribuyente incluya en su declaración como renta líquida gravable el valor de los
activos omitidos y pasivos inexistentes que se originaron en periodos no revisables,
y de otro, cuando en desarrollo de sus acciones de fiscalización, la autoridad
tributaria los detecta [los activos omitidos y/o pasivos inexistentes] en periodos
revisables, y sus valores constituyen renta líquida gravable para el contribuyente en
el período gravable objeto de revisión, sin perjuicio de la sanción por inexactitud que
corresponda.
Que frente al año gravable 2012, la DIAN determinó que los pasivos registrados por
la sociedad a favor de sus socios, por un total de $325.000.000 ($185.000.000 a
Yesid Romero y $140.000.000 a Orlando Restrepo Vásquez), eran inexistentes
debido a la falta de soportes que acreditaran dichas deudas. Sin embargo, la entidad
no adicionó estos valores a la renta líquida gravable conforme al artículo 239-1 del
E.T., explicando que hacerlo implicaría una doble tributación.
Que el pasivo con el señor Yesid Romero ya había sido desconocido y tratado como
renta gravable en el año 2010. En cuanto al pasivo con el señor Orlando Restrepo,
la DIAN concluyó que se originó en 2012 y no figuraba en los estados financieros
de 2011, por lo que no correspondía incluirlo como renta líquida en ese mismo año.
Que, además, durante el recurso de reconsideración, los contribuyentes no
aportaron nuevos documentos válidos que acreditaran la existencia de las deudas,
limitándose a reiterar argumentos sin soporte probatorio.
Que, en consecuencia, no se configuró una aplicación indebida del artículo 239-1
del E.T., y los fundamentos del rechazo de los pasivos fueron debidamente
sustentados por la administración.
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Que no resultaba procedente analizar el presunto desconocimiento del artículo 694
del E.T. porque los apelantes no precisaron qué valores corresponden a distintos
periodos gravables ni qué glosas o periodos fueron objeto de modificación por parte
de la DIAN.
Que no se realizaría un pronunciamiento respecto a las pruebas relacionadas con
la alegada aplicación del artículo 239-1 del E.T. en el desconocimiento de pasivos
con socios por $325.000.000, ya que la recurrente no explicó con claridad qué
pruebas fueron trasladadas de otros periodos o cuáles no fueron valoradas
adecuadamente y que tampoco se abordaría la sanción impuesta al representante
legal y al revisor fiscal, debido a que los apelantes no presentaron argumentos
concretos contra lo decidido en la sentencia de primera instancia sobre este punto.
Que no había lugar a imponer condena en costas al no comprobarse su causación.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La ES La Gran Manzana, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, interpuso recurso extraordinario de revisión al considerar
que la sentencia está incursa en la causal 5 de la citada legislación.
Solicita que se infirme la decisión y se emita una nueva decisión, según corresponda
en derecho.
Para sustentar el recurso, presentó los siguientes argumentos:
Que se dio una incorrecta aplicación normativa por parte de la DIAN en el proceso
de fiscalización del año gravable 2012, pues la entidad omitió la aplicación del
artículo 10 de la Ley 26 de 1989 —que regula el régimen tributario bajo libertad
vigilada para estaciones de servicio— y, en su lugar, empleó el artículo 26 del E.T.,
generando contradicciones entre los actos administrativos proferidos
(emplazamiento para corregir, requerimiento especial y liquidación oficial).
Que más que una simple interpretación errónea, se advierte una aplicación
inconsistente de normas a lo largo del proceso, vulnerando el principio de
congruencia. La sociedad recurrente corrigió su declaración de renta de 2012
siguiendo el emplazamiento en el que expresamente se indicaba como aplicable el
artículo 10 de la Ley 26 de 1989. Sin embargo, la DIAN modificó luego su criterio y
aplicó el artículo 26 del E.T., afectando la seguridad jurídica y la confianza legítima
del contribuyente.
Que, situación similar ocurrió en 2009, cuando mediante acta de conciliación —
suscrita por los mismos funcionarios— se reconoció la aplicación del artículo 10 de
la Ley 26; criterio que debería haberse mantenido para los años 2010, 2011 y 2012,
conforme al principio de igualdad en la aplicación del derecho.
Que resulta cuestionable el uso del artículo 151 del CCo para adicionar ingresos por
intereses presuntos, ya que la norma aplicable en materia tributaria es el artículo 35
del E.T.
Que, en el requerimiento especial de 2012, no solo se omitió aplicar el artículo 10
de la Ley 26, sino que se incrementaron de forma injustificada los ingresos
declarados por más de $587.058.000, pese a utilizar los mismos factores de cálculo
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del emplazamiento, lo que generó inseguridad jurídica para el contribuyente,
elementos que no fueron valorados adecuadamente por los jueces de instancia.
Que la sentencia del Consejo de Estado omitió el precedente vinculante establecido
el 12 de agosto de 2021 (Exp. 66001-23-37-000-2016-00881-01), el cual establece
que el artículo 239-1 del E.T. solo es aplicable a periodos no revisables cuando hay
omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Como el año 2012 era
revisable, debía aplicarse el artículo 237 del E.T., pero la DIAN omitió este análisis
aplicando indebidamente el artículo 239-1.
Que está acreditado que, conforme a los artículos 714 y 147 del E.T., el periodo
investigado aún estaba dentro del término de revisión. Por lo tanto, la presunta
omisión de activos debía tratarse bajo el marco del artículo 237 del E.T., ignorar
esta circunstancia implica una grave afectación al principio de legalidad.
Que la DIAN incurrió en una interpretación incorrecta del artículo 10 de la Ley 26 en
el requerimiento especial. Esta norma dispone que los ingresos brutos del
distribuidor se calculan multiplicando el margen de comercialización establecido por
el Gobierno Nacional por los galones vendidos, restando la evaporación. No
obstante, la DIAN usó una fórmula no prevista legalmente, incorporando conceptos
como margen de comercialización «por mes» y «por tipo de combustible», y luego
abandonó esa fórmula sin justificación clara.
Que en la página 8 del requerimiento especial, aunque se reconoce la vigencia del
artículo 10, se introduce un margen de comercialización variable ("(i)" en el mes
"(n)"), sin soporte normativo. Posteriormente, en la liquidación oficial, se omite esta
fórmula, sin que ello sea considerado por el Tribunal ni por el Consejo de Estado.
Que la sentencia del Consejo de Estado presenta vicios de nulidad por violación al
principio de congruencia, al fundarse en un marco normativo inaplicable y
desatender los argumentos del demandante desde la etapa administrativa. La
omisión del artículo 10 de la Ley 26 —norma especial aplicable al caso— constituye
un defecto sustantivo y vulnera la confianza legítima generada por la actuación
anterior de la DIAN.
Que el Tribunal Administrativo de Risaralda en su decisión citó una sentencia del
Consejo de Estado donde se confirma que la norma especial a aplicar a los
distribuidores minoristas de combustible líquido derivado del petróleo es el artículo
10 de la Ley 26 de 1989, y no el artículo 26 del E.T., tal y como lo fundamentó la
DIAN en el emplazamiento, requerimiento especial y liquidación oficial.
Que tal circunstancia deriva en la vulneración del principio de congruencia y en el
derecho de igualdad, por cuanto la sociedad recurrente no podía aplicar de manera
simultánea el artículo 10 de la Ley 26 de 1989 y la Resolución 181254 de 2012 para
la declaración del año 2012, situación que no fue comprendida por el Consejo de
Estado, teniendo en cuenta que la resolución fue expedida en julio de 2012,
afectando de este modo el principio de favorabilidad, seguridad jurídica, legalidad,
igualdad y debido proceso.
Que esta inconsistencia se acentúa al considerar que, en 2009, mediante acta de
conciliación, se reconoció la aplicabilidad del artículo 10 de la Ley 26 de 1989. Sin
embargo, en 2015 la DIAN cambió arbitrariamente su posición y aplicó el artículo 26
del ET. Esta variación injustificada afecta la seguridad jurídica y el debido proceso.
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Que, además, los conceptos de la DIAN y del Ministerio de Minas que indicaban que
el margen podría fijarse libremente fueron tratados como obligatorios, aunque eran
facultativos.
Que la actuación de la DIAN evidencia una falta de coherencia normativa, al modificar
sin fundamento legal los criterios de determinación de ingresos fiscales,
desconociendo actos previos y jurisprudencia vigente.
Que la inaplicación del artículo 237 y la indebida aplicación del 239-1 por parte de la
DIAN, el Tribunal y el Consejo de Estado contradicen la jurisprudencia de esta última
corporación en decisiones del 5 de noviembre de 2020 (Exp. 22985, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto) y del 12 de agosto de 2021 (Exp. 66001-23-37-000-2016-
00881-01, C.P. Milton Chaves García). La omisión de este precedente constituye una
vía de hecho por desconocimiento del precedente judicial, afectando el derecho al
debido proceso y al principio de igualdad material, conforme a la sentencia SU-354
de 2017 de la Corte Constitucional.
Contestación al recurso extraordinario
La DIAN se opuso4 a las pretensiones pidiendo considerar que este medio no
constituye una tercera instancia para reabrir la valoración probatoria efectuada por
la sentencia de segunda instancia.
Que la causal de nulidad invocada no tiene sustento legal, porque está soportada
en el inconformismo y en una apreciación aislada de la integración de los medios
de prueba y de las normas que rigen su actividad económica.
Que el hecho alegado relativo a la aplicación normativa no constituye una
irregularidad, porque la interpretación de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
para la solución del caso tratado en el proceso ordinario encuentra su límite en la
autonomía e independencia del juez, la cual no desemboca en una extralimitación.
Que en los que respecta al presunto error incurrido al aplicar el artículo 26 del E.T.
para calcular los ingresos no tiene sustento alguno pues, se dejó claro, tanto en los
actos de determinación de impuesto como en la valoración que realizó la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que, para calcular el monto de los ingresos derivados
por la comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo, se aplicó
de manera preferente el artículo 10 de la Ley 26 de 1989.
Que la interpretación efectuada por la recurrente según la cual el artículo 239-1 del
E.T. solo es aplicable respecto de periodos no revisables es imprecisa porque la
declaración de estos hechos no impide que la entidad ejerza sus facultades de
verificación de las declaraciones de acuerdo el artículo 684 del E.T. a menos que
dicha declaración se encuentre en firme de conformidad con el artículo 714 ibidem,
lo cual no ocurrió en este caso.
Que la sociedad recurrente presentó su declaración del año 2012 el 11 de abril de
2013, en la cual registró una compensación por pérdidas fiscales, por lo que el
término de firmeza se extendía hasta el 12 de abril de 2018, pero como la entidad
le notificó el emplazamiento para corregir el 28 de mayo de 2015, su término de
firmeza fenecía el 12 de mayo de 2018, por lo tanto, la actuación de la entidad se
4 Véase índice 00043 del aplicativo SAMAI.
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rigió por la aplicación de los términos dentro de los plazos establecidos.
Que la aplicación de la Resolución 181254 de 2012 no se dio de manera caprichosa
o arbitraria por parte de la entidad, sino que era la disposición que determinaba el
nuevo procedimiento y condiciones para la comercialización de los combustibles
líquidos derivados del petróleo y al ser una norma de carácter procesal su aplicación
era inmediata.
Que en la decisión existió pronunciamiento acerca de los motivos de inconformidad
descritos en el recurso de apelación que son los mismo(s) del recurso de
reconsideración y en el recurso extraordinario de revisión por parte del apoderado
de la recurrente, en cuanto que la entidad fiscal no inventó la fórmula o cálculo para
identificar los ingresos derivados de la venta de combustibles líquidos, sino que su
determinación fue por aplicación del artículo 10 de la Ley 26 de 1989, de manera
que no existe confusión cuando cada concepto fue comprobado en el expediente.
Que el juez de segunda instancia al resolver el recurso de apelación interpuesto en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tiene plena competencia para
fijar su respectiva valoración probatoria de los medios de pruebas que obran en el
expediente.
Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Quinta Delegada ante esta Corporación guardó silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia el 2 de
diciembre de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
considerando la causal invocada por la recurrente.
Para el efecto, la Sala estudiará: i) generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) la causal de revisión invocada en el recurso; y, finalmente, iii) el caso
concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos de artículo 248 del
CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una
sentencia ya ejecutoriada5. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
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las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:
i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente6.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular7.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 8.
Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia
para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear
nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que
cometieron las partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse
durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley9.
Causal quinta de revisión
El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho
de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida
con anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento.
No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad
originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la
6 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
7 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
8 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal
de demostrar esta circunstancia10.
Respecto al requisito que constituye la esencia del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA −que se configure una causal de nulidad−, se precisa que si bien, por regla
general los motivos de nulidad que afectan la sentencia están consagrados en el
artículo 133 del Código General del Proceso (en adelante CGP) −8 causales−, la
jurisprudencia del Consejo de Estado se ha encargado de llenar dicha causal de
contenido, en atención a las múltiples interpretaciones que se generaban alrededor
de la misma.
Según la posición actual del Consejo de Estado, la nulidad predicable de una
sentencia de instancia se estructura por: (i) la ocurrencia de alguna de las hipótesis
taxativamente reguladas por el artículo 133 del CGP11; o (ii) la existencia de
irregularidades insaneables que afecten sustancialmente el derecho al debido
proceso, al punto que, de no haber ocurrido, la decisión habría sido diferente.
Fuera de los supuestos del artículo 133 del CGP, no toda anomalía en una sentencia
puede desvirtuar sus efectos de cosa juzgada. A modo enunciativo, la jurisprudencia
ha señalado que esto ocurre en situaciones como:
«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»12.
La Sala Plena del Consejo de Estado, en diferentes providencias, entre ellas,
sentencia de 31 de mayo de 2011, en el expediente con radicado núm. 11001-03-
15-000-2008-00294-0013 ha definido otros eventos en los que se configura la
nulidad en la sentencia, a saber:
«[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia
en proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más
actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera
sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin
el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después
de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o,
10 Al respecto pueden consultarse: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala
Tercera Especial de Decisión. Sentencia 3 de diciembre de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-01235-00 y
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión. Sentencia
del 3 de diciembre de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2012-00643-00. C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
11 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de La Hoz;
y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-02342-
00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
13 Al respecto pueden consultarse además las siguientes decisiones dictadas por esta Corporación: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia del 8 de mayo de 2018. Exp. 11001-03-15-000-
1998-00153-01. C.P. Alberto Yepes Barreiro y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Sala Dieciséis Especial de Decisión. Sentencia del 7 de octubre de 2019. Exp. 11001-33-31-035-2008-00180-
01 (52615). C.P. Nicolás Yepes Corrales.
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en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con
un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia
carece completamente de motivación».
Se ha aceptado también que la vulneración del derecho al debido proceso
constituye una variable de la causal establecida en el numeral 5 antes mencionado,
al indicar que:
«(…) la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser
causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si
el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de
revisión en comento»14.
También se ha reconocido que la vulneración del derecho al debido proceso 15 o el
principio de congruencia16 constituyen variables de la causal establecida en el
numeral 5 antes mencionado. De acuerdo con lo expuesto, por fuera de los
supuestos que dispone el artículo 133 citado, existen otras causas desarrolladas
jurisprudencialmente que comportan una anomalía respecto de la sentencia y que
podrían desvirtuar sus efectos de cosa juzgada.
Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido17.
Principio de congruencia
Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia
del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz (E).
15 «[…] la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último
evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho puede configurar la
causal de revisión en comento». Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de
febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Enrique Gil Botero.
16 «Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de
congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en
la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia no
se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)». Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018. Exp.11001-03-25-000-2014-00440-00 (1452-
14. C.P. César Palomino Cortés.
17 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.
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propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio […]».
Al respecto, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia del 25 de enero
de 201818, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su
conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita19, como regla general.
Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión está
en armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe
coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de
la providencia20. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.
Sobre el particular, la Sala Plena de esta Corporación se pronunció en los siguientes
términos:
«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir
la disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo
argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía
sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva
de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe
negarse, pues el mismo se estaría empleando para mimetizar tesis o razones
propias de los recursos ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no de
las que por su naturaleza especial se requieren para este tipo de recursos
extraordinarios […]»21.
Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
La recurrente sostiene que se configura la causal quinta de revisión, al considerar
que se vulneró el principio de congruencia en la sentencia. Ello, en razón a que la
DIAN, para efectos de determinar el margen de rentabilidad y el incremento de
ingresos correspondientes a los años gravables 2010, 2011 y 2012, aplicó el artículo
26 del E.T., en lugar del artículo 10 de la Ley 26 de 1989, lo cual —según alega—
genera una ruptura en la coherencia jurídica entre el requerimiento especial, la
liquidación oficial de revisión y el recurso de reconsideración.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018.
Exp. 25000-23-41-000-2013-00911-01. C.P. María Elizabeth García González.
19 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de
2002. Exp. 76001-23-24-000-1997-04345-01 (12668-1997). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié donde se indicó:
«[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la
doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el
demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un
derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y
“minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones».
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre de
2007. Exp.: 50001-23-31-000-2002-00198-02 (15770). C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Revisión. Sentencia del
7 de abril de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV). C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Igualmente, sostiene, por una parte, que la decisión judicial desconoce el
precedente jurisprudencial fijado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en
las sentencias del 5 de noviembre de 2020 (Exp. 70001-23-33-000-2015-00082-01,
radicado 22985) y del 12 de agosto de 2021 (Exp. 66001-23-37-000-2016-00881-
01, radicado 24856), en las cuales se ha establecido que el artículo 239-1 del E.T.
sólo resulta aplicable en relación con periodos no revisables, y no en situaciones
como las que fueron objeto de fiscalización en el presente caso. Por otra parte,
aduce una transgresión de los principios constitucionales de favorabilidad,
legalidad, seguridad jurídica e irretroactividad de la ley en materia tributaria, en tanto
—según afirma— las contribuciones cuya base gravable depende de hechos
ocurridos en un determinado período fiscal sólo pueden aplicarse a partir del período
que se inicie con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma correspondiente.
Advierte la Sala que los defectos alegados respecto a la forma en la que se efectuó
la determinación del margen de rentabilidad e incremento de ingresos para los años
2010, 2011 y 2012 —marco normativo aplicable al caso particular— no
corresponden a ninguno de los supuestos legales y jurisprudenciales que podrían
viciar la sentencia recurrida y los argumentos presentados en el recurso parecen
intentar transformar este trámite en una tercera instancia, al buscar reabrir el debate
y cuestionar nuevamente aspectos ya resueltos en las instancias previas.
En efecto, la parte recurrente ha reiterado los argumentos que ya fueron abordados
en las instancias anteriores— como lo indicó la demandada— dirigidos a cuestionar
la interpretación normativa realizada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
en la sentencia objeto de revisión. Con ello, resulta evidente que se busca que se
revisen los elementos fácticos y jurídicos del proceso originario con el fin de obtener
un resultado favorable que le fue previamente negado; proceder que resulta a todas
luces contrario al propósito y a la finalidad del recurso extraordinario de revisión,
máxime cuando la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, la
alegación de una indebida interpretación de las normas no es una base válida para
la procedencia de dicho recurso, dado que en la ley no se contempla como causal
específica.
En diversas decisiones, se ha dejado claro que el recurso extraordinario de revisión
está destinado a corregir fallos que vulneren la justicia material, pero no para
cuestionar la labor interpretativa del juez o rectificar errores de apreciación en el
juicio. En ese sentido, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación
en sentencia del 27 de agosto de 2020, radicado núm. 1638-16 señaló que:
«[…] el recurso extraordinario de revisión no puede servir para cuestionar la
actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando, pues este
fue concebido para discutir y ventilar hechos procesales específicos que
incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –
como es el caso de los documentos falsos o adulterados-, o no pudieron ser
tenidos en cuenta y eran determinantes -como ocurre con las pruebas
recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho-, o fueron
sobrevinientes a la decisión y hacen que esta pierda su razón de ser – como en
el caso de la causal cuarta-, o deben poder ser objeto de examen judicial –como
cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de
recurso de apelación-.
En otras palabras, el recurso busca revertir decisiones que fueron ganadas
injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de
enmendar lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conocen como
errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas
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(error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente o su
indebida aplicación (error de derecho)»22.
De modo que, más allá de si se comparte o no el argumento que para resolver el
asunto puntual empleó el fallador, es claro que el juez de la revisión carece de la
competencia para adentrarse en el análisis de este, por cuanto no es un juez de
instancia.
A lo anterior se suma que, debido a su carácter excepcional y a la naturaleza
taxativa de las causales de procedencia, el recurso extraordinario de revisión no
está previsto para alegar o proponer el desconocimiento de otros pronunciamientos
judiciales. Así lo ha considerado igualmente esta Corporación:
«El recurso extraordinario de revisión no procede para revisar una sentencia
por el desconocimiento del precedente judicial, pues esta no es una causal
prevista por el legislador para el efecto.
[…]
Téngase en cuenta que la misma Corte ha aceptado el estudio de la acción de
tutela contra providencias judiciales impugnadas por el desconocimiento del
precedente y, por ende, por la violación del derecho a la igualdad, al considerar
que el recurso extraordinario de revisión no es el mecanismo judicial idóneo
para atacar dicho vicio o defecto de la sentencia, ya que no fue previsto por el
legislador como una causal de dicho recurso.
Sea lo que fuere, lo cierto es que su alegación no opera por la vía del recurso
extraordinario de revisión»23.
Así las cosas, toda vez que el recurso extraordinario no está previsto frente al
posible desconocimiento del precedente o de algún criterio judicial, la Sala se releva
de analizar los planteamientos esbozados frente a este aspecto por la recurrente.
En cuanto a la supuesta falta de congruencia en la decisión judicial, es preciso
señalar que, en términos generales, el principio de congruencia constituye un deber
jurídico que obliga a los jueces a proferir sus fallos dentro de los límites del objeto
del litigio, sin exceder, restringir u omitir los aspectos que han sido materia de
debate. Este principio impone, por tanto, la prohibición de incurrir en decisiones
ultra, extra o minuspetita. Tales modalidades han sido ampliamente desarrolladas
por la jurisprudencia de esta Corporación, que ha definido su alcance desde hace
varios años en los siguientes términos:
«Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170], exige de una
parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma,
lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella
contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda,
como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se
tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.
Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia,
se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”:
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
27 de agosto de 2020. Exp. 11001-03-25-000-2016-00288-00 (1638-16). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión. Sentencia de 7
de abril de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2013-02724-00 (REV). Reiterada en las siguientes providencias
dictadas por esta Corporación: i) Sala Segunda Especial de Decisión. Sentencia del 4 de agosto de 2020, C.P:
César Palomino Cortés, Exp: 2016-03553- 00(REV) y ii) Sala Catorce Especial de Decisión, Sentencia del 7 de
noviembre de 2019, C.P: Alberto Montaña Plata, Exp: 2018-03604-00(REV). También se puede consultar:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Quince Especial de Decisión. Sentencia del 7
de octubre de 2014. Exp: 2009-00445-00 (REV). C.P: Luis Rafael Vergara Quintero.
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cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se
reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa
diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite
el pronunciamiento sobre una de las pretensiones»24.
Así, una decisión judicial puede ser incongruente cuando el juzgador desconoce los
límites trazados por las partes en la demanda y en la contestación al dictar la
sentencia, ya sea porque no resuelve todo lo que dentro de esos márgenes está o
porque se pronuncia más allá o por fuera de lo que ellos delimitan.
Ahora, debe recordarse que esta Corporación ha sido enfática en establecer que no
es suficiente una censura de carácter general acerca del contenido del proceso para
estructurar alguna de las causales revisión extraordinaria, sino que «[…] como esta
figura procesal está limitada a las causales previstas por el legislador […] quien las
invoque tiene la carga argumentativa y probatoria de explicar cuáles son los motivos
que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de fundamento para su
configuración»25.
De tal manera, por el carácter excepcional y rogado que identifica el recurso
extraordinario de revisión, se exige del demandante la carga de demostrar la
configuración clara e indiscutible de la causal o causales alegadas. Así se ha
precisado el alcance del principio de legalidad ante esta jurisdicción:
«Ciertamente el carácter eminentemente rogado de la jurisdicción contenciosa
administrativa impide examinar pretensiones a la luz de disposiciones diferentes
a las invocadas en la demanda, es decir, que sus providencias se circunscriben
solo a lo que allí se ha planteado, por el libelo demandatorio un marco de
referencia necesario para que el operado jurídico emita su pronunciamiento
judicial»26.
En este punto, es preciso señalar que, aunque la parte recurrente sostiene que se
configura una incongruencia en la sentencia, lo cierto es que no se advierte con
claridad que sus argumentos estén dirigidos a sustentar tal causal. Lo que realmente
se evidencia es una discrepancia respecto de la norma que considera que debió
aplicarse por parte de la administración tributaria, particularmente en relación con
los ingresos sujetos a declaración en el impuesto sobre la renta de la sociedad
accionante en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sin embargo, esta diferencia no configura una incongruencia procesal en los
términos del artículo 281 del CGP y, por lo tanto, del numeral 5.º del artículo 250 del
CPACA, pues no se observa que el ataque se haya dirigido respecto al hecho que
la decisión judicial haya excedido, alterado u omitido el objeto del litigio, ni que se
haya incurrido en una actuación extra, ultra o minuspetita.
En efecto, los argumentos expuestos por la sociedad recurrente reflejan una
inconformidad con la interpretación normativa y la valoración probatoria realizada
por la autoridad judicial. Esto, por sí solo, no constituye una incongruencia.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de
2002. Exp. 760012324000199704345-01 (12668). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, Sentencia del
13 de octubre de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00 (REV). C.P. Alberto Montaña Plata.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del
27 de octubre de 2011, N.I. 02270-05, C.P: Alfonso Vargas Rincón.
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Se advierte que los argumentos expuestos en el recurso para sustentar la supuesta
falta de congruencia se estructuran a partir de los siguientes planteamientos, que
se transcriben de manera literal:
«[…] VÍA DE HECHO- VULNERACIÓN E INCONGRUENCIA N°1 (DEFECTO
SUSTANTIVO)
NORMA DEJADA DE APLICAR: Artículo 10 de la Ley 26 de 1989.
La determinación de ingresos aplicada por la DIAN frente a la ES La Gran
Manzana ha sido con base al artículo 10 de la ley 26 de 1989 […], situación que
se puede verificar en el acta de conciliación del año 2009 suscrito con la misma
DIAN, donde se demuestra el fundamento jurídico aplicado y a aplicar.
[…]
No obstante lo anterior, para el año 2015 […] señaló de manera sorpresiva la
DIAN al contribuyente no aplicaba el artículo 10 de la ley 26 de 1989 […], sino
el artículo 26 del Estatuto Tributario.
[…]
Al inducir al error al contribuyente se ha afectado su legítima confianza.
[…]
Aunado a lo anterior, el contribuyente no podía aplicar tanto la resolución
181254 que se expidió en el año 2012 al mismo tiempo que el artículo 10 de la
ley 26 de 1989 en la declaración del año 2012, situación que no fue
comprendida ni por el Tribunal ni por el Consejo de Estado, teniendo en cuenta
que, la Resolución fue expedida el 26 de Julio del 2012, es decir, era imposible
para la declaración del 2012 aplicar ambas normas en el mismo año en el cual
fue expedido,
[…]
De este modo, la situación ha sido omitida tanto por el A Quo como por el Ad
Quem en el estudio del caso concreto, razón por la cual, se configura la vía de
hecho por defecto sustantivo, y así mismo se verifica la afectación al principio
de congruencia.
[…]
VÍA DE HECHO- VULNERACIÓN E INCONGRUENCIA N°2
INDEBIDA APLICACIÓN DE LA NORMA: Artículo 239-1 E.T.
Es decir, la aplicación del artículo 239-1 E.T. está condicionada a la existencia
de activos omitidos o pasivos declarados inexistentes, mas no cuando su
registro en la declaración privada obedezca a un menor valor, ya que, la
diferencia en el valor patrimonial registrado no implica la realización de un
ingreso gravado en periodos no revisables, tal y como lo ha dispuesto el
Consejo de Estado en diferentes sentencias.
Por tal razón, no ha debido aplicar la DIAN, el Tribunal y el Consejo de Estado
el artículo 239-1 E.T, puesto que, para el presente caso, el estudio del año
gravable (2012) correspondía a un año revisable, tal y como lo confirma el
simple requerimiento especial en el año 2015, en razón a que, al aplicar el
artículo 714 o 147 del E.T., significa que estaban requiriendo la revisión de un
periodo revisable, o sino no hubieran iniciado el requerimiento. Por tal razón
existe una indebida aplicación al artículo 239-1, y sin verificar esta condición el
Consejo de Estado ratificó el error cometido por la DIAN y el Tribunal en primera
instancia.
[…]
Al no haber aplicado el principio constitucional de favorabilidad, legalidad y
seguridad jurídica al contribuyente se vulnera el artículo 13 al no existir un trato
igualitario con relación al estudio concreto bajo la perspectiva constitucional, por
lo tanto, se afecta el debido proceso, puesto que, estos principios estructuran el
debido proceso, tal y como lo dispuso la sentencia C-878 del 2011 ya referido.
[…]
VULNERACIÓN E INCONGRUENCIA N°3
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
[…]
PRECEDENTE OMITIDO:
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03234-00 (5180)
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta.
Sentencias del 5 de noviembre de 2020, exp. 22985, C.P, Stella Jeannette
Carvajal Basto.
• CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-
SECCIÓN CUARTA- Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA-Bogotá,
D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)-Radicación número:
66001-23-37-000-2016-00881-01(24856)
Es decir, la aplicación del artículo 239-1 E.T. está condicionada a la existencia
de activos omitidos o pasivos declarados inexistentes, mas no cuando su
registro en la declaración privada obedezca a un menor valor, ya que, la
diferencia en el valor patrimonial registrado no implica la realización de un
ingreso gravado en periodos no revisables, tal y como lo ha dispuesto el
Consejo de Estado [en las providencias que se anotan como desconocidas]».
Observa la Sala que, en lo que respecta al primer planteamiento la parte sustenta
su dicho en que la DIAN dejó de aplicar el artículo 10 de la Ley 26 de 1989 —norma
que, según afirma, venía siendo utilizada como fundamento jurídico en ejercicios
fiscales anteriores— y que, de manera sorpresiva, optó por aplicar el artículo 26 del
E.T. para el año gravable 2015. Considera que dicho cambio afectó su derecho a la
confianza legítima. No obstante, este cuestionamiento se dirige a atacar la legalidad
de la actuación administrativa y no evidencia una incongruencia en el contenido de
la sentencia, que se pronunció sobre los actos acusados con base en los
argumentos presentados por las partes y en el marco normativo efectivamente
discutido durante el proceso.
En todo caso, debe reiterarse que la sola circunstancia de que el fallo haya acogido
un determinado criterio normativo o interpretativo para la solución del caso concreto
no constituye, por sí misma, una causal de nulidad en los términos del numeral 5.º
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
De igual forma, sostiene que la aplicación del artículo 239-1 del E.T. fue
improcedente por cuanto dicha norma exige la existencia de activos omitidos o
pasivos inexistentes, y no puede aplicarse cuando la diferencia patrimonial proviene
de un menor valor registrado en la declaración privada. Aduce además que el año
gravable en discusión era revisable, lo cual, a su juicio, haría inaplicable dicha
disposición. Sin embargo, estos argumentos no dan cuenta de una incongruencia
en la decisión objeto de la revisión, sino de una inconformidad sustancial con el
criterio jurídico adoptado por el fallador, lo cual no basta para configurar la causal
de nulidad invocada.
Finalmente, la parte recurrente alega un desconocimiento del precedente judicial,
citando providencias del Consejo de Estado que habrían restringido la aplicación
del artículo 239-1 E.T. en circunstancias similares. No obstante, la eventual omisión
o interpretación divergente del precedente jurisprudencial puede constituir, en todo
caso, un posible error de juicio, pero no una incongruencia procesal y que, por lo
demás, como se expuso, no constituye un motivo de revisión.
En consecuencia, debe concluirse que los cargos formulados por la parte recurrente
no satisfacen los requisitos para analizar la nulidad de la sentencia ya que no se
advierte que se alegue en ningún momento la existencia de una ruptura del principio
de congruencia entre las pretensiones de la demanda, los hechos debatidos y la
decisión adoptada.
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Se insiste en que el recurso extraordinario de revisión no se erigió para convertirse en
una tercera instancia, asunto que parece haber olvidado la recurrente, quien,
haciendo uso de una causal de nulidad, presenta argumentos que tienden a desvirtuar
y controvertir las motivaciones del fallador de instancia para denegar las pretensiones
en el proceso ordinario.
En consecuencia, y dado que lo realmente pretendido por la ES La Gran Manzana es
expresar su inconformidad con lo resuelto por la Sección Cuarta de esta Corporación
y que mediante revisión se modifique el fallo impugnado a su favor, se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión.
De la condena en costas
De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general en los
procesos de conocimiento de esta jurisdicción es que la sentencia debe pronunciarse
sobre la condena en costas.
Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA en
cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión, en
los siguientes términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
(…)
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
En ese sentido, dado que las reformas procesales allí establecidas prevalecen sobre
las anteriores normas de procedimiento, y que el recurso extraordinario fue
interpuesto bajo la vigencia de la nueva ley, la Sala considera que es procedente la
condena en costas, toda vez que dicho recurso fue declarado infundado.
Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la regulación de
la condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido en el CGP, el
cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188 del CPACA.
Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho,
y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral 8.º ibidem
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación».
Respecto a las expensas y gastos procesales no procede su imposición al no estar
demostrados en el expediente.
Sin embargo, observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso está
acreditada la comparecencia al proceso por parte de la DIAN, a través de la defensa
ejercida en el escrito de contestación; actuación que por sí sola, constituye prueba
suficiente para tener por causadas las agencias en derecho, en tanto refleja la
existencia de gastos inherentes a la defensa judicial por parte de quien resultó
vencedor en el litigio.
Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso dictará
un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral 3 del
artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la sentencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Estación de Servicio La Gran Manzana Ltda. contra la sentencia
del dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. CONDENAR EN COSTAS a la Estación de Servicio La Gran Manzana
Ltda. a favor de la DIAN, las cuales se liquidarán por la Secretaría General de esta
Corporación.
Tercero. Para la fijación de las agencias de derecho, por Secretaría General de esta
Corporación INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo
de su competencia.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Consejero de Estado
Con aclaración de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
Con aclaración de voto
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