Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04897-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04897-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04897-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
18 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04897-00
Recurrente: Gilberto Torres Jiménez
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 6
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04897-00
Recurrente: GILBERTO TORRES JIMÉNEZ
SENTENCIA
Procede la Sala a pronunciarse respecto del recurso extraordinario de revisión
formulado por el señor Gilberto Torres Jiménez, a través de apoderado, en contra
de la sentencia proferida el 8 de abril de 2021 por la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 17001233300020170007601 a través de la cual: (i) revocó
el numeral segundo de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas el 11 de julio de 2019, que había ordenado por razones de equidad y justicia
que la Nación, Ministerio de Educación Nacional reconociera al demandante una
indexación teniendo como base el valor de $44.935.668 desde el 1º de enero hasta
el 14 de abril de 2013, y (ii) confirmó en lo demás la providencia de primera
instancia, en tanto negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda ordinaria
1.1. Pretensiones
El señor Gilberto Torres Jiménez, por conducto de apoderado, presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del departamento de Caldas y
el Ministerio de Educación Nacional con el fin de obtener la nulidad de la
Resolución 6546-6 del 18 de agosto de 2016, a través de la cual se negó su
solicitud de reconocimiento de intereses moratorios por el pago tardío del
retroactivo por homologación y nivelación salarial del personal administrativo de la
Secretaría Departamental de Educación de Caldas, así como el ajuste de la
indexación.
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A título de restablecimiento del derecho pidió que se ordenara a las entidades
demandadas que reconocieran y pagaran los intereses moratorios efectivos a partir
del día siguiente a los 30 días posteriores a su causación, esto es, el 10 de febrero
de 1997, y hasta el día 15 de abril de 2013, fecha en la cual se hizo efectivo el
correspondiente pago.
1.2. Fundamento fáctico
En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte actora expuso,
en resumen, los siguientes hechos1:
Señaló que prestó sus servicios a la Secretaría de Educación del departamento de
Caldas en calidad de personal administrativo.
Indicó que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, el Ministerio de
Educación Nacional certificó al departamento de Caldas para la administración del
servicio educativo a través de la Resolución 3500 de 1996.
Mencionó que el ente territorial expidió el Decreto 0021 de 1997, con el que
transfirió al personal administrativo adscrito al servicio público del orden nacional
a las plantas de cargos y personal que laboraban en el departamento con los
mismos cargos, códigos y salarios de los que venían vinculados con la Nación.
Refirió que el ministerio aprobó una homologación y nivelación salarial para los
cargos administrativos pertenecientes a la planta de personal del departamento.
Destacó que mediante la Resolución 2235-6 del 22 de marzo de 2013, aclarada a
través de la Resolución 4695-6 del 4 de julio de 2013 y modificada con la
Resolución 4165-6 del 20 de mayo de 2015, el ministerio, por conducto de la
Secretaría de Educación de Caldas, pagó un retroactivo por concepto de
homologación y nivelación salarial, con mención expresa de que la fecha de
constitución de la obligación fue del 10 de febrero de 1997 hasta el 31 de diciembre
de 2009.
Expresó que el 30 de julio de 2015 solicitó el reconocimiento y pago de intereses
moratorios por el pago tardío del retroactivo por la homologación y nivelación
salarial del personal administrativo, petición que fue negada mediante la
Resolución 6546-6 del 18 de agosto de 2016.
1.3. Fundamento jurídico
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Antecedentes extraídos de la providencia del 17 de diciembre de 2020 proferida dentro del
expediente ordinario.
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La parte actora consideró que con el acto demandado se vulneraron los artículos
1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209 y 350 de la Constitución Política; 1608, numerales
1 y 2, 1617 y 1649 del Código Civil; 177 del Decreto 01 de 1984 y la Sentencia C-
367 de 1995.
Como fundamento de la demanda, sostuvo que el departamento de Caldas vulneró
la ley al expedir la resolución cuestionada, toda vez que no incluyó dentro de los
estudios técnicos para la aprobación de la homologación y nivelación salarial el
reconocimiento de los intereses moratorios.
Consideró que era su deber presentar dentro de las liquidaciones el pago de todos
aquellos conceptos derivados del salario y demás prestaciones sociales, entre los
cuales se encontraban las indexaciones y los intereses moratorios causados por
el pago tardío, posterior y/o moroso de sus obligaciones.
Agregó que, en tal medida, era obligación del Ministerio de Educación Nacional,
en concurso con la Secretaría de Educación de Caldas, prever, calcular y ordenar
el pago de las indexaciones e intereses moratorios.
Recalcó que mediante la Resolución 2235-6 del 22 de marzo de 2013, aclarada a
través de la Resolución 4695-6 del 4 de julio de 2013 y modificada con la
Resolución 4165-6 del 20 de mayo de 2015, se ordenó el reconocimiento del
retroactivo por concepto de la homologación salarial del demandante desde que
fue vinculado a la planta de la entidad territorial, es decir, el 10 de febrero de 1997,
pero tal obligación solo fue pagada el 15 de abril de 2013, lo cual demuestra la
mora en que incurrieron las entidades en el pago de las acreencias laborales.
Además, advirtió que el reconocimiento de intereses moratorios era procedente a
pesar de haberse indexado la suma, por cuanto esto no comporta un doble pago
por la misma causa, pues la indexación está dirigida a actualizar una deuda con el
índice de precios al consumidor para contrarrestar los efectos de la inflación
económica por el transcurso del tiempo, mientras que los intereses tienen un
carácter resarcitorio y sancionatorio para quien retarda el pago de una obligación.
2. Sentencia de primera instancia
El proceso correspondió por competencia, en primera instancia, al Tribunal
Administrativo de Caldas, el cual lo tramitó con el radicado
17001233300020170007601.
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Una vez surtidas debidamente las respectivas etapas procesales, el referido
Tribunal profirió fallo de primera instancia el 11 de julio de 2019 mediante el cual
(i) declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
planteada por el departamento de Caldas, (ii) ordenó por razones de equidad y
justicia que el Ministerio de Educación Nacional reconociera al demandante una
indexación teniendo como base la suma de $44.935.668, desde el 1º de enero
hasta el 14 de abril de 2013 y (iii) negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión, expresó, en resumen, lo siguiente:
Señaló que, en atención a la naturaleza indemnizatoria de los intereses, sin que
exista norma expresa y concreta que imponga esta sanción por el pago
extemporáneo de la homologación salarial, la parte actora no tenía derecho a que
se le reconociera suma alguna por ese concepto.
Explicó que la figura de la indexación alude a la actualización del dinero en el
tiempo para mantener su valor y evitar la pérdida adquisitiva de la moneda,
mientras que los intereses moratorios tienen un carácter indemnizatorio por los
perjuicios que causa la mora en el cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 1617 del Código Civil.
Añadió que, según la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
no es posible reconocer simultáneamente estos dos conceptos por ser
completamente incompatibles, toda vez que tienen una misma finalidad que es
mitigar los efectos adversos de la mora del deudor, así que si ordenara el pago de
ambos se estaría generando un enriquecimiento sin justa causa a favor del
acreedor.
Por otra parte, resaltó que por salario se entienden todas aquellas sumas que se
reciben como contraprestación al servicio y se caracteriza por tener un carácter
retributivo, comprender todos los emolumentos que habitual y periódicamente
recibe el empleado y ser una contraprestación directa y onerosa por la prestación
de un servicio.
Refirió que las prestaciones sociales, en cambio, han sido establecidas por el
legislador para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se originen
durante la relación laboral, y están representadas por dinero, servicios o beneficios
con los cuales se pretende amparar alguna contingencia a la que se pueda ver
sometida el empleado.
Agregó que éstas se diferenciaban del salario porque no tienen un carácter
retributivo o remuneratorio por los servicios prestados, razón por la cual se podía
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deducir que el pago de intereses moratorios dentro de una relación laboral legal y
reglamentaria, correspondía a una prestación social ya que no ostentaba las
características del salario.
Por lo anterior, determinó que para que un empleado de cualquier entidad pública
tenga derecho al pago de intereses moratorios por el no pago oportuno de sus
emolumentos, debe estar expresamente señalado en las disposiciones que
reglamentan el régimen prestacional, como lo es el caso de los intereses por el
pago tardío de las cesantías.
En tal sentido, al no existir una norma que regule el derecho a reclamar intereses
por el pago tardío de una nivelación u homologación salarial, sostuvo que tal
petición no era procedente, por lo que no era posible acceder a las pretensiones
de la demanda.
Con todo, aseguró que a pesar de no haberse pedido indexación de las sumas de
dinero, al verificarse el pago en fecha posterior a las resoluciones que reconocieron
la homologación y nivelación salarial, en virtud de los principios de equidad y
justicia y en ejercicio de sus facultades extra y ultra petita, ordenó al Ministerio de
Educación Nacional que reconociera y pagara la indexación teniendo como base
la suma de $44.935.668, desde el 1º de enero de 2013 hasta el 14 de abril del
mismo año.
3. El recurso de apelación
Dicha decisión fue apelada por las partes, con base en los siguientes argumentos:
3.1. Parte demandante
Sostuvo que la jurisprudencia referida por el Tribunal no era aplicable a su caso
porque tenía supuestos fácticos diferentes.
Explicó que con la demanda no solicitaba el pago de intereses moratorios sobre
sumas indexadas y mucho menos sobre valores reconocidos en una sentencia
judicial, casos en los que sí serían incompatibles ambos conceptos.
Agregó que en la sentencia citada por el a quo se estudió una solicitud de
reliquidación pensional, mientras que su caso versa sobre el reconocimiento y
pago de unos intereses moratorios causados por el pago tardío de la homologación
y nivelación salarial sobre el capital neto sin indexación, razón por la cual no era
aplicable para dar solución al problema jurídico planteado.
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Señaló que, en todo caso, la postura aplicada en primera instancia ha sido
adoptada por el Consejo de Estado en el caso de cumplimiento de sentencias,
hecho que no guarda relación con su situación jurídica.
Resaltó que los artículos 187 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no establecen que los conceptos de indexación
e intereses de mora sean incompatibles, pues contrario a ello se establece que en
los eventos de condenas a sumas líquidas de dinero, estas deben ser ajustadas
con base al IPC y devengan intereses de mora si no son canceladas
oportunamente.
Afirmó que en este caso no hubo una sentencia judicial que reconociera el derecho
a la homologación y nivelación salarial, ni tampoco una que ordenara el pago del
retroactivo derivado de ella, pues el derecho fue reconocido en sede administrativa,
situación que hace procedente el reconocimiento de los intereses moratorios.
Por otra parte, en relación con la falta de un sustento normativo que obligue a las
entidades demandadas a pagar intereses moratorios por el pago tardío de la
homologación y la nivelación salarial, refirió que cuando el empleador incumple con
su obligación de pagar oportunamente acreencias laborales debe asumir las
consecuencias económicas de su actuar con el fin de resarcir los perjuicios que
cause, de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución Política.
Mencionó que la Corte Constitucional ha establecido que cuando se trata de
asuntos de contenido pecuniario, lo que se espera es el cabal y exacto
cumplimiento de los obligados sin importar que se trate de personas de derecho
público o privado, así que al tratarse de una mora a cargo del Estado, la
administración debe ser condenada al pago correspondiente.
Relató que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que cuando se
trate de intereses puros, dicho concepto no resulta incompatible con la
actualización monetaria por tener causas diferentes, mientras que sí serían
incompatibles cuando los i, ntereses comerciales corrientes o de mora lleven
implícito el factor de corrección monetaria o de indexación por la desvalorización
de la moneda.
Aseguró que, de acuerdo con la sentencia T-418 de 1996, no solo debe
reconocerse la indexación de valores adeudados sino el pago de los
correspondientes intereses de mora, pues la primera no excluye el derecho a
reclamar los segundos cuando hay un retardo en los pagos debidos.
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Manifestó que cuando la obligación incumplida es de índole dineraria, la
indemnización de perjuicios por la mora está constituida por el pago de intereses,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 1617 del Código Civil.
Advirtió que ante al vacío jurídico por falta de norma que autorice el pago de
intereses de mora en el caso concreto, el juez debe emplear técnicas como la
analogía para obtener una respuesta eficaz.
Indicó que en el sub lite se puede aplicar por analogía aquellas normas que regulan
el tema de indemnizaciones por incumplimiento o cumplimiento tardío en el pago
de obligaciones dinerarias, como lo son el Código Civil, el Código de Comercio, el
Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 100 de 1993, el Decreto 116 de 1976 o la
Ley 446 de 1998, entre otros.
Consideró inaceptable que se exija la existencia de una norma que regule el pago
de intereses de mora para los retroactivos que se cancelen por homologación y
nivelación salarial, ya que el hecho de que no haya disposición normativa al
respecto no puede implicar que el trabajador no tenga derecho a reclamar el pago
completo, cumplido y en condiciones de igualdad y equidad de su salario.
Aseguró que el régimen salarial y prestacional que rige al personal administrativo
del sector educación adscrito a la planta de personal del departamento de Caldas
no ha contemplado que los intereses moratorios sean salario o a una prestación
social, razón por la cual no se les puede dar tal connotación y se debe acudir a la
analogía en otros estatutos normativos.
En tal sentido, alegó que así como el tribunal reconoció en equidad y justicia que
le asistía derecho a la indexación de las sumas de dinero, se debió acudir a esos
principios para ordenar el reconocimiento de los intereses por mora, al no existir
una norma que regule ese particular.
Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
accediera a las pretensiones de la demanda.
3.2. Parte demandada
El Ministerio de Educación Nacional, por medio de apoderado, solicitó revocar el
fallo de primera instancia bajo el argumento de que carece de legitimación en la
causa por activa, por cuanto fue la Secretaría de Educación de Caldas la que
expidió el acto administrativo demandado.
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4. La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
Mediante providencia del 8 de abril de 2021 la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado revocó el numeral segundo de la sentencia apelada, relativo al
reconocimiento de una indexación por razones de equidad y justicia, y confirmó en
lo demás la providencia que negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de esa decisión, expresó, en resumen, lo siguiente:
Definió los intereses moratorios como aquellos que debe pagar el deudor desde la
fecha en la que se constituye en mora y que cesan solo en el momento de pagar
la obligación contraída.
Advirtió que estos deben ser fijados por las partes, pero en caso contrario, el
artículo 884 del Código de Comercio establece que corresponden a una y media
veces el interés bancario corriente.
Señaló que este tipo de intereses se paga como indemnización de los perjuicios
que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida.
Resaltó que los artículos 192 y 195 regulan lo referente a los pagos derivados del
cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de entidades públicas y la
correspondiente causación de intereses moratorios.
Aseguró que estos deben estar consagrados en una norma que los autorice
expresamente y que faculte su cobro para los casos de pagos retroactivos por
homologación de cargos y nivelación salarial, o estar incluidos en el documento
que reconoce el derecho, dado su carácter sancionatorio.
En cuanto al caso concreto, destacó que el proceso de homologación del personal
administrativo al servicio de los establecimientos educativos en el departamento
de Caldas implicó el reconocimiento y pago de un retroactivo correspondiente a los
años 1997 a 2009, el cual se materializó después de cumplir con los requerimientos
legales y el cumplimiento de la totalidad de etapas que eran de obligatorio
cumplimiento para las entidades demandadas, como lo eran la elaboración de
estudios técnicos y la determinación de los efectos retroactivos de la deuda.
Indicó que con la expedición de la Resolución 2235-6 del 22 de marzo de 2013 se
reconoció al actor la suma de $57.575.006 como valor indexado de retroactivo por
concepto de la homologación y nivelación salarial a partir del 10 de febrero de 1997
al 31 de diciembre de 2009.
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Afirmó que esta decisión fue aclarada con la Resolución 4695-6 del 4 de julio de
2013, que aumentó la suma anterior al encontrar un error en el valor calculado, por
lo que la corrigió y reconoció la suma de $61.851.828.
Sostuvo que dicho acto administrativo fue modificado por la Resolución 4165-6 del
20 de mayo de 2015, en la que se reconoció al demandante una suma adicional
de $3.467.942, al determinar que la indexación debía extenderse hasta el 31 de
diciembre de 2012, fecha en la que fue efectuado el giro de los recursos por parte
de la Nación.
Con base en lo anterior, aseveró que no existía una dilación injustificada en el pago
por parte de las autoridades demandadas, por cuanto este fue realizado finalmente
el 15 de abril de 2013.
Agregó que el departamento de Caldas ordenó la indexación de las sumas
reconocidas, manteniendo así el valor adquisitivo constante de la moneda en razón
de la depreciación que sufrió por el paso del tiempo sin aumentar su valor nominal.
Resaltó que tal decisión protegió los principios de equidad e igualdad laboral
invocados por el demandante, toda vez que sí se trajo a valor presente la suma
adeudada, hecho que se puede verificar al constatar las sumas totalizadas por el
pagador conforme a los certificados aportados al expediente, que corresponden a
un mayor valor que incluye la indexación.
Arguyó que no había lugar a reconocer intereses moratorios porque, dado su
carácter sancionatorio, debían estar consagrados en una norma que los autorice
expresamente, circunstancia que no se presenta en los casos de mora en el pago
del retroactivo por homologación y nivelación salarial.
Explicó que, si no se dijo nada al respecto en la resolución que reconoció el
retroactivo, ni existe una norma que expresamente lo establezca, no era posible
ordenar el reconocimiento de intereses moratorios en el caso concreto.
Adujo que el hecho de que no se hubiera pactado el pago de un interés moratorio
no implica que deba acudirse a las reglas del artículo 1617 del Código Civil, por
cuanto como no se trata de un asunto negocial en el que las partes puedan acordar
a su arbitrio cláusulas contractuales, sino que la controversia se originó con
ocasión al reconocimiento de unas sumas de dinero por concepto de homologación
y nivelación salarial.
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En cuanto a la suma por concepto de indexación que fue reconocida en primera
instancia, recalcó que no había lugar a tal reconocimiento debido a que los dineros
que fueron pagados al actor ya habían sido indexados.
Explicó que al demandante le fueron realizados 2 pagos: uno en abril de 2013 y el
otro el 23 de diciembre de 2014, ambos debidamente indexados, por lo que no le
asistía razón al a quo al condenar a la entidad demandada al pago de sumas
adicionales con base en sus facultades extra y ultra petita.
Refirió que la parte demandante nunca planteó el reconocimiento de la indexación
sobre las sumas reconocidas, por lo que el análisis efectuado por el tribunal supera
los extremos propios de lo solicitado en la demanda.
Añadió que estaba demostrado que la Secretaría de Educación de Caldas sí
efectuó la liquidación indexada de los valores adeudados a la fecha en que se
profirió el acto administrativo de reconocimiento de nivelación salarial, con lo que
se constata que sí hubo compensación efectiva por el retraso en el pago de la
obligación.
Consideró que el haber impuesto una condena en primera instancia concerniente
a una indexación bajo criterios de equidad y justicia, sin que ésta hubiese sido
pretendida y sin que haya sido objeto de discusión, implicaba que el fallo apelado
había ido más allá de lo que constituía materia de decisión.
En tal medida, revocó el numeral segundo de la sentencia apelada que había
ordenado el reconocimiento de la indexación y confirmó en lo demás la decisión
que negó las pretensiones de la demanda.
5. El recurso extraordinario de revisión
El 8 de septiembre de 2022 el señor Gilberto Torres Jiménez, a través de
apoderado, formuló recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida
el 8 de abril de 2021 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dentro del proceso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
17001233300020170007601, a través de la cual revocó el numeral segundo de la
sentencia de primera instancia, relativo al reconocimiento de una indexación por
razones de equidad y justicia, y confirmó en lo demás la providencia que negó las
pretensiones de la demanda.
Como sustento de su recurso, el recurrente alegó la materialización de la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, “existir nulidad
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originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.
Refirió que el vicio originado en la sentencia se encuentra enmarcado en la parte
considerativa de la decisión, toda vez que se negaron todas y cada una de las
pretensiones por un objeto distinto del pretendido en la demanda y por una causa
diferente a la invocada, lo cual denota una falta de congruencia en la providencia
recurrida.
Afirmó que a través de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
pretendía el reconocimiento y pago de unos intereses moratorios, causados por la
demora en el pago del retroactivo por homologación y nivelación salarial, que se
generó a raíz de la descentralización de la educación ordenada en la Ley 60 de
1993.
Recalcó que en los hechos, las pretensiones, las pruebas, los alegatos y el recurso
de apelación contra el fallo de primera instancia, fue claro en que el período para
liquidar los intereses abarcaba desde 1997 hasta 2013.
Indicó que lo anterior se debía a que en el año 1997 el personal administrativo del
sector educación del nivel nacional fue incorporado al nivel departamental, así que
desde ese año su salario debió nivelarse por disposición legal.
Manifestó que el pago del retroactivo correspondiente por la tardía nivelación solo
se dio hasta el año 2013, es decir, luego de 16 años desde la incorporación laboral
tuvo lugar en 1997, época desde la cual se debió haber pagado el salario
debidamente nivelado, así que los intereses correspondientes se veían causados
a partir de esa época.
Señaló que, en primera instancia, se estableció como fijación del litigio “determinar
si procede el reconocimiento y pago de los intereses de mora por el pago tardío de los
valores correspondientes a la homologación y nivelación salarial del personal
administrativo adscrito a la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas”.
Expuso que al dictar la sentencia de segunda instancia, la autoridad judicial
reconoció que el pago de la homologación fue efectuado posteriormente al
momento de su exigibilidad, pero de una manera totalmente diferente a la expuesta
en la demanda, por cuanto entendió que la reclamación de los intereses abarcaba
el período comprendido entre el 22 de marzo de 2013, fecha en la que se ordenó
el pago del retroactivo, y el mes de abril del mismo año, cuando se realizó
efectivamente el pago, lapso que en criterio del ad quem era razonable.
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Recalcó que en la demanda solicitó el reconocimiento de intereses de mora desde
el año 1997, cuando pasó a pertenecer a la planta de personal territorial, y hasta
el año 2013, fecha en la cual se concretó el pago del retroactivo salarial, pero en
la sentencia recurrida se entendió erróneamente que la reclamación se hizo
respecto de intereses causados desde el acto de reconocimiento del retroactivo
del 22 de marzo de 2013 hasta el mes de abril del mismo año cuando se efectuó
el pago.
Alegó que nunca se refirió a una mora causada entre la resolución que reconoció
la homologación y la fecha de su pago, sino que reclamó unos intereses causados
desde el traslado de una planta a otra hasta la fecha en que se dio el pago, razón
por la cual lo resuelto en segunda instancia no guarda relación con el objeto de la
demanda y, por ende, se desconoció el principio de congruencia.
Consideró que se trata de una incongruencia citra petita, en la medida en que el
juzgador no resolvió sobre todas las pretensiones planteadas en el escrito de
demanda.
Aseveró que durante todo el proceso se planteó que el Estado le adeudaba unos
intereses de mora desde el año 2003, hecho que nunca fue objeto de discusión en
el trámite judicial, por lo que es evidente que la sentencia de segunda instancia
versó sobre un planteamiento que no tenía nada que ver con lo pretendido en la
demanda ni con lo decantado en los hechos, las contestaciones, los alegatos o el
recurso de apelación.
Sostuvo que la autoridad judicial dio por probado que el Estado no incurrió en mora
dentro del período comprendido entre el 22 de marzo de 2013 y el mes de abril de
2013, sin que existieren elementos fácticos que llevaran a pensar que con la
demanda se solicitaba el pago de una mora causada por un período de un mes.
Aseguró que si ese hubiera sido el escenario, no se hubiera promovido un proceso
judicial con todas las etapas y trabas que implica una demanda de este tipo.
Expresó que en la demanda se adujo que tenía derecho a recibir su salario nivelado
desde el momento que es transferido de una planta a otra, por lo que al no pagarse
oportunamente la obligación, los intereses se causaron desde el año 1997.
Comentó que, a la luz de lo resuelto por el juez de segunda instancia, se notaba
que el proceso no se estudió acuciosamente porque es inaceptable concluir que la
obligación de pagar solo nace cuando se profiere la resolución que ordena el pago
del retroactivo.
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Por otra parte, alegó que en la sentencia recurrida no se indicaron las razones de
hecho y de derecho por las cuales no hay lugar a reconocer los intereses de mora,
sino que realiza una mera interpretación argumentativa que no se encuentra
soportada en la ley, así que es válido afirmar que su caso no fue resuelto conforme
a normas preexistentes.
Expresó que lo único que se dijo fue que el proceso de homologación cumplió con
todas las etapas necesarias, pero frente al tema de los intereses de mora la
decisión no tuvo un análisis normativo concreto.
Manifestó que la decisión cuestionada constituye una interpretación contra legem
y claramente perjudicial para los intereses legítimos de quienes acuden a la
administración de justicia, lo que genera que la decisión judicial esté por fuera del
marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable y desconozca el
derecho fundamental al debido proceso.
Adujo que si la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado
consideraba que no había lugar a reconocer intereses moratorios por el período
solicitado sino por el establecido en la sentencia, tenía la obligación legal de
explicar las razones jurídicas por las cuales esos extremos temporales no eran
procedentes, pero ello no sucedió y en su lugar profirió un fallo incongruente con
las pretensiones.
Mencionó que era tal la falta de congruencia durante todo el proceso, que en
primera instancia incluso habían ordenado reconocer una indexación que nunca
se pidió con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Resaltó que en el fallo recurrido se afirmó erróneamente que no se reconocían
intereses de mora por una supuesta incompatibilidad con la indexación,
señalamiento que resulta incoherente porque en la demanda no se solicitó
indexación alguna y, adicionalmente, en el líbelo introductorio se planteó de forma
clara que los intereses moratorios reclamados se liquidaban sobre el capital neto
sin incluir la indexación.
Sostuvo que la sentencia carece de toda armonía con los hechos y las
pretensiones de la demanda, puesto que el juez resolvió sobre unos extremos
temporales totalmente diferentes a los pedidos y llegó a reconocer emolumentos
que nunca fueron solicitados, como lo fue la referida indexación.
Adujo que resultaba sorprendente que el juzgador de segunda instancia
desconozca en qué fecha se realizó el traslado de la planta de personal, pues ese
es el momento en el cual nace la obligación de pagar el salario nivelado.
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Señaló que al concluir que no había dilación injustificada en el pago, más que
sorprendente e irresponsable, resulta incongruente, incoherente e inconsecuente
con las pruebas que obran en el expediente y que demuestran que el Estado se
demoró 16 años en pagar el retroactivo, hecho que por obvias razones genera
intereses moratorios.
De otra parte, advirtió que en la providencia recurrida se planteó una tesis
novedosa, según la cual no era posible reconocer intereses moratorios porque no
había una ley especial que así lo estableciera, como si cada obligación en concreto
debiera tener una norma particular para ejecutar su mora en caso de
incumplimiento.
Refirió que, de aceptarse esa postura, implicaría que se dictaran nuevas y diversas
leyes que ordenen el reconocimiento de intereses moratorios en caso de
incumplimiento de las obligaciones de naturaleza laboral, civil, comercial y
administrativa, entre otras.
Expresó que, según la decisión impugnada, debería existir una ley exclusiva que
ordene el pago de intereses de mora dentro de un proceso de homologación y
nivelación salarial, conclusión que es un irrespeto a la inteligencia y a la lógica
jurídica.
Afirmó que cualquiera que sea la obligación, si se paga tardíamente se incurrirá en
una sanción legal, que para el caso concreto son los intereses moratorios por el
pago tardío del retroactivo correspondiente a la homologación y nivelación salarial.
Destacó que, al no encontrar una norma aplicable a la controversia, el juzgador
debió hacer uso de figuras como la analogía o los principios generales del derecho,
con el fin de salvaguardar la equidad y la justicia.
Argumentó que si la autoridad judicial pretendía que existiera una norma expresa
que autorice el pago de los intereses moratorios en el marco de un proceso de
homologación y nivelación salarial, claramente no la iba a encontrar, circunstancia
que evidencia que la decisión no resolvió el asunto y, por el contrario, decidió crear
requisitos que no están contemplados en el ordenamiento jurídico para limitar el
derecho de la demandante y se enfocó en períodos erróneos respecto de la
liquidación.
Afirmó que la sentencia en su totalidad es un contrasentido, pues la indexación no
está consagrada en una norma que la autorice expresamente y fue concedida en
primera instancia con base en los principios de equidad y justicia, pero para negar
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la procedencia de intereses moratorios sí se valió de una supuesta exigencia
normativa que los autorice, decisión que resulta incongruente con la naturaleza
jurídica de lo debatido en el proceso.
Finalmente, consideró desafortunado que para la justicia de este país los intereses
moratorios no se paguen al trabajador porque, en su criterio, este último debía
pactarlos expresamente en la resolución que reconoció el retroactivo.
Señaló que tal postura no tenía sentido porque el acto administrativo fue proferido
por una entidad pública, así que no se puede esperar que el trabajador sea
partícipe de las resultas de una decisión que está a cargo de las autoridades.
Advirtió que no tenía la facultad de pactar con el Estado el pago de un interés
moratorio o una indexación, pero eso no quiere decir que no haya lugar a su
reconocimiento, máxime si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional ha
precisado que estos intereses son una indemnización derivada del retardo del
deudor.
Aclaró que, si la resolución que reconoció el pago de un retroactivo por
homologación no dijo nada en cuanto al pago de intereses de mora, en caso de
incurrir en retardo de la obligación sí se causarían intereses, pero serían de
carácter legal y no convencional, ya que no es posible establecer que de no
pactarse se exonera automáticamente al deudor incumplido.
Concluyó que el fallador desconoce el Código Civil Colombiano y, específicamente,
las normas relacionadas con la procedencia y pago de intereses moratorios, por lo
que solicitó que se infirme la sentencia de segunda instancia y se ordene emitir
una nueva decisión en la que se haga un análisis adecuado del caso.
6. Trámite procesal
Mediante auto del 15 de septiembre de 2022 se admitió el recurso extraordinario
de revisión y se ordenaron las notificaciones de rigor.
El Ministerio de Educación Nacional contestó la demanda de recurso extraordinario
mediante escrito radicado el 29 de septiembre del presente año.
El 24 de octubre de 2022 se registró proyecto de fallo dentro del presente asunto,
sin embargo, el Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas el 27 de octubre siguiente
manifestó su impedimento para conocerlo por haber participado de la decisión
objeto de controversia, por lo que el proyecto fue retirado.
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Mediante proveído del 4 de noviembre de 2022 el referido impedimento fue
declarado infundado por el resto de los integrantes de la Sala.
7. Contestación
Dentro de la oportunidad legal correspondiente, a través de apoderado, el
Ministerio de Educación Nacional se pronunció sobre el recurso extraordinario de
revisión en los siguientes términos:
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones al considerar que no estaba
configurada la causal de nulidad originada en la sentencia, sino que lo pretendido
por el recurrente es reabrir el debate jurídico que ya se concluyó en el proceso
ordinario.
Aseguró que no existe disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado en el
trámite judicial, a partir de la cual se pudiera extraer una falta de congruencia como
la alegada por el demandante, toda vez que la fijación del litigio y el problema
jurídico guardaban total consonancia con las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que las motivaciones y el debate surtido en la sentencia recurrida
estuvieron orientados a determinar si al señor Torres Jiménez le asistía derecho al
reconocimiento y pago de intereses moratorios por el no pago inmediato del
retroactivo derivado del proceso de homologación y nivelación salarial del personal
administrativo de la Secretaría de Educación de Caldas.
Adujo que el recurrente, al ver frustradas sus pretensiones, desea revivir un debate
que ya terminó.
Explicó que en lo relativo al pago del retroactivo por concepto de homologación y
nivelación salarial del personal administrativo no resulta razonable la exigencia de
intereses moratorios, toda vez que no existe mora en el pago de las obligaciones
laborales por parte del empleador sino una simple equiparación de cargos como
consecuencia de una decisión administrativa del Estado.
Consideró que el reconocimiento del retroactivo se hizo en marzo de 2013 y el
pago efectivo se realizó un mes después, por lo que no hubo una demora
injustificada en el pago del reconocimiento ni hay lugar al pago de intereses
moratorios.
Agregó que las sumas canceladas fueron debidamente indexadas, así que no es
posible el pago simultáneo de ambos conceptos.
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Finalmente, solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión y
abstenerse de declarar la nulidad de la sentencia del 8 de abril de 2021.
8. Concepto del Ministerio Público
No rindió concepto dentro del presente asunto.
Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la observancia
de las ritualidades previstas en la ley procesal y sin que obre causal de nulidad que
afecte la actuación, procede la Sala a resolver previas las siguientes
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De acuerdo con los artículos 111 y 249 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado tiene competencia para conocer de los recursos
extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las Secciones y
Subsecciones de esta Corporación2.
Ahora bien, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del
referido estatuto procesal3, mediante el Acuerdo 80 de 20194, que compiló, entre
2 “Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo
Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos
extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los
demás que sean de su competencia”.
“Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos”.
“Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por
las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
3 “Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”.
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en
este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno
por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del
asunto, si fuere el caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al
respecto establezca el reglamento interno”.
4 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.
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Recurrente: Gilberto Torres Jiménez
otros, el Acuerdo 321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado,
se reglamentó la creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver
los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones de esta Corporación5.
En tales condiciones, corresponde a esta Sala Especial de Decisión, en los
términos del artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, resolver el recurso extraordinario de revisión
presentado contra la sentencia proferida el 8 de abril de 2021 por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 17001233300020170007601 a través
de la cual: (i) revocó el numeral segundo de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas el 11 de julio de 2019, que había ordenado por razones
de equidad y justicia que la Nación, Ministerio de Educación Nacional reconociera
al demandante una indexación teniendo como base el valor de $44.935.668 desde
el 1º de enero hasta el 14 de abril de 2013, y (ii) confirmó en lo demás la providencia
de primera instancia, en tanto negó las pretensiones de la demanda.
2. Oportunidad
El señor Gilberto Torres Jiménez, presentó recurso extraordinario de revisión
contra la providencia del 8 de abril de 2021 proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda de esta Corporación, con fundamento en la causal 5 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
esto es, “(…) Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación...”.
De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, la oportunidad para
presentar el recurso extraordinario de revisión varía de acuerdo con la causal que
se proponga:
“ARTÍCULO 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El
recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo
precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
5 “Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán
los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los
recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado”.
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En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año
siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la
ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se
requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
Comoquiera que en este asunto se invocó la causal 5 del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término
para presentar el recurso era de 1 año contado a partir de la ejecutoria de la
providencia del 8 de abril de 2021.
Según se tiene, la sentencia objeto del recurso, fue notificada el 8 de septiembre
de 2021 y quedó ejecutoriada al día siguiente, por lo que es claro que para el
momento en que se radicó la demanda de recurso extraordinario, esto es, el 8 de
septiembre de 2022 a las 4:34 p.m. no había vencido la oportunidad legal y por
tanto el recurso fue presentado en forma oportuna.
3. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala Especial de Decisión 6 establecer si la sentencia proferida
el 8 de abril de 2021 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
17001233300020170007601, se encuentra incursa en la causal de revisión
contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Para el efecto, se debe determinar si la sentencia recurrida incurrió en el vicio de
incongruencia por pronunciarse y resolver un asunto ajeno al planteado en la
demanda y el recurso de apelación por el actor, específicamente en lo que tiene
que ver con el reconocimiento de intereses moratorios derivados del pago tardío
del retroactivo de la homologación y nivelación salarial que le fue pagado con
ocasión de su vinculación como personal administrativo de la Secretaría de
Educación de Caldas.
4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es una herramienta prevista en las diferentes
jurisdicciones que tiene como propósito despojar del carácter inmutable y de cosa
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juzgada que, por regla general, tienen las decisiones judiciales, ante el
acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que
determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte Constitucional
en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo para evitar
“que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren el debido
proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.
En la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de
revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la
Ley 1437 de 2011; su propósito es el de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al
ordenamiento jurídico6, siempre que se configure alguna de las causales
taxativamente previstas en la ley7.
Se trata, además, de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la
sentencia cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una
instancia adicional. En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir los
yerros probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas
o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario.
5. La causal de nulidad contenida en el numeral 5° del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
El numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo contempla como causal de revisión la de “existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.
De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal necesita,
de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia y, del otro,
que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo, debido a que el
legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha
6 Sobre el punto la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló que “Con todo, el
principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia
material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la
cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos
en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En
este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habertur”
para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de
una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio
de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado”.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de julio de
2013, Radicado 11001031500020120023100.
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configurado una “nulidad originada en la sentencia”, ha sido la jurisprudencia del
Consejo de Estado la que ha dotado de contenido esta disposición8.
Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones
“originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con
influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustantiva propia de la actuación”9.
En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto
implica corroborar que: i) el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que
se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) la anomalía es de
tal magnitud que configura un defecto insaneable de la actuación, al punto que, de
no presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta10.
Sobre lo primero, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, por
regla general, no es posible “alegar como fundamento del recurso, alguna causa
de nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de
nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy,
artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo
145 ibidem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe antes de dictar sentencia’”11. Sin embargo, en algunos casos se ha
aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de
la sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente,
evento en el que la parte actora debe probar que efectivamente no tuvo la
posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso.
En cuanto a la segunda exigencia, esta Corporación ha señalado que son dos los
grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de la
sentencia12: el primero, relacionado con irregularidades que constituyen causal de
8 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 16. Sentencia del 5 de mayo de 2020. Radicado
11001031500020170251900.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 7 de octubre de 2019,
Radicado 11001333103520080018001.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 14 de agosto de 2018,
Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°22.
Sentencia del 3 de diciembre de 2019, Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de noviembre de 2018, Radicado
11001032500020150099600.
11 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 13. Sentencia del 7 de junio de 2016. Radicado
11001031500020150249300.
12 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 3 de febrero de 2015, Rad.:
11001031500019980015701; Consejo de Estado, Sala Especial No. 26. Sentencia del 3 de febrero
de 2015 Rad.: 11001031500020110163900; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22.
Sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad.: 11001031500020150234200 y Consejo de Estado, Sala
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nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia, y, el
segundo, relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 Superior13.
El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal
previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo o en el Código General del Proceso, siempre y cuando solo hayan
podido advertirse en la sentencia. El segundo, a la inobservancia de aspectos
procesales de tal transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido
proceso14, lo cual excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos
que conciernan al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la
forma de aplicación de una determinada norma.
Así, según la jurisprudencia de esta Corporación15 y a modo enunciativo, una
nulidad originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de
nulidad procesal previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo o en el Código General del Proceso puede acaecer en
los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que terminó por
desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o
interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) cuando el fallo aparece
firmado por menor o mayor número de magistrados o cuando es adoptado con un
número de votos diferente al previsto en la ley; iii) cuando la sentencia carece
totalmente de motivación; iv) cuando el fallo viola el principio de non reformatio in
pejus; v) cuando la sentencia condena a quien no es parte dentro del proceso; vi)
cuando el fallo se profiere con falta de competencia o de jurisdicción; vii) cuando
se dicta sentencia con pretermisión de las instancias procesales previas; viii)
Especial de Decisión N°2. Sentencia del 1° de octubre de 2019, Rad.:
11001031500020130221600.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 16 de julio de 2007, Rad.:
11001031500020070065300. Se toma el resumen de la causal contenido en el radicado No
110010315000201300702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida
por la Sala Especial de Decisión N° 10, Rad.: 11001031500020120023000.
14 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°15. Sentencia del 5 de noviembre de 2019.
Radicado 11001031500020180141500.
15 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de febrero
de 2015, Rad.: 11001031500020090049400; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26.
Sentencia del 14 de agosto de 2018, Rad.: 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala
Plena, Sala Especial de Decisión N° 22. Sentencia del 3 de diciembre de 2019, Rad.:
11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 29
de abril de 2015, Rad.: 20083531900; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 24 de octubre de 2019, Rad.: 11001032500020130023300; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N°15, Sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.:
11001031500020180141500; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
24 de octubre de 2019, Rad.: 11001032500020140032500; Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N° 22. Sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad.: 110010315000201502342; Consejo de
Estado, Sala Especial de Decisión N° 4. Sentencia del 23 de julio de 2019, Rad.:
11001031500020180434500.
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Recurrente: Gilberto Torres Jiménez
cuando el demandado es condenado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta; o ix)
cuando la sentencia carece de congruencia interna o externa.
La congruencia interna se refiere a la correspondencia que debe existir entre la
parte motiva y la resolutiva de la sentencia, mientras que la externa propende
porque la decisión contenida en parte resolutiva se encuentre en concordancia con
lo pedido en la demanda y en su contestación16, es decir, que haya identidad
jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones oportunamente
presentadas, salvo por las competencias oficiosas que la ley otorga al juzgador17.
Lo anterior encuentra fundamento en el artículo 281 del Código General del
Proceso18 ꟷque reformó el artículo 305 del C.P.C.ꟷ, aplicable por remisión
normativa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que
tienen lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita
cuando se reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se concede
por una causa distinta al supuesto fáctico y jurídico de la demanda, o infrapetita
cuando no se resuelve algún asunto debidamente planteado19. De fondo, la razón
por la cual procede la nulidad originada en la sentencia cuando se desconoce el
principio de congruencia, es porque el fallador excede su competencia, la que,
como se ha dicho, está determinada por las pretensiones y los fundamentos de la
demanda, y por la contestación y las excepciones propuestas20.
En conclusión, la procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia de
que trata el numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo impone acreditar, de un lado, que el recurso se
16Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 1 de marzo de 2018.
Radicado 11001-03-25-000-2013-00838-00.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 13 de agosto de 2021. Radiado
11001-03-26-000-2019-00100-00(64246).
18 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos
y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige
la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que
aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de
conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. (…)”.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de
agosto de 2002. Radicado 760012324000199704345-01(12668).
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia de 13 de agosto de 2021. Radiado 11001-03-26-000-2019-00100-00(64246).
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Recurrente: Gilberto Torres Jiménez
interpone contra una sentencia respecto de la cual no procede el recurso de
apelación y, del otro, que el fallo a infirmar dio origen a una nulidad procesal de las
que tratan las codificaciones procesales o a un defecto con implicaciones graves
en la garantía del debido proceso.
6. El caso concreto
Como viene de explicarse, en este evento el recurrente fundamenta la causal de
revisión en una posible incongruencia externa de la sentencia objeto de recurso,
por cuanto se pronunció sobre aspectos ajenos a la demanda y la apelación.
Así, se plantea en la demanda de recurso extraordinario de revisión que el fallador
de segunda instancia negó las pretensiones de la demanda por un objeto distinto
del pretendido en la demanda y una causa diferente a la invocada; además, que
se apartó de los hechos objeto de litigio lo cual conlleva una vulneración del debido
proceso.
Según se tiene, el fundamento de la demanda y el posterior recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia fue el reconocimiento y pago
de los intereses moratorios causados por la demora en el pago del retroactivo por
homologación y nivelación salarial que se generó a raíz de la descentralización de
la educación de conformidad con lo establecido en la Ley 60 de 1993,
específicamente, de conformidad con las pretensiones de la demanda “a partir del
vencimiento de los 30 días siguientes a su causación, el 10 de febrero de 1997 al
año 2002, hasta el día en que se hizo el pago total del retroactivo por homologación
y nivelación salarial, el 15 de mayo de 2013” que fueron los años en que se le
trasladó de la planta de personal del orden nacional a la de orden territorial y se
efectuó el pago reclamado.
Con base en lo anterior y en las contestaciones de la demanda presentadas por
las entidades vinculadas como demandadas, el Tribunal Administrativo de Caldas
fijó el litigio en primera instancia en los siguientes términos:
“¿Es procedente el reconocimiento de intereses moratorios sobre la
liquidación del retroactivo por homologación salarial cancelado a la parte
actora cuando en esa liquidación se le reconoció una indexación?
En caso afirmativo,
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¿Están probados los límites temporales para efectos de calcular los
intereses, esto es la fecha en que se hizo el pago y la fecha en que se notificó
la resolución de homologación?
¿Si el pago se hizo en fecha posterior al de proferirse la resolución de
homologación tiene derecho el actor a que se le reconozca intereses por ese
lapso o indexación?
¿Cuál es la entidad llamada a responder por el pago de los intereses que
está reclamando la parte actora?”
En primera instancia, se concluyó que los intereses moratorios y la indexación no
eran acumulables dada su naturaleza indemnizatoria y que, además, no existía
norma expresa que reglamentara los intereses moratorios por concepto de
homologación o nivelación salarial.
Por lo tanto, como las sumas recibidas por el actor fueron indexadas hasta el año
2012, ordenó “oficiosamente” que se indexara lo faltante entre el 1 de enero de
2013 y el 14 de abril de ese mismo año, fecha en que se pagó el retroactivo en
cuestión.
El actor apeló dicha decisión bajo el argumento de que no eran incompatibles la
indexación y los intereses moratorios y que además, no es necesaria la existencia
de una norma especial para el reconocimiento de intereses moratorios.
El Ministerio de Educación también apeló, pero en lo referente a su vinculación al
proceso y su falta de legitimación por pasiva.
Así, en segunda instancia, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado fijó como problemas jurídicos los siguientes:
“¿El señor GILBERTO TORRES JIMÉNEZ tiene derecho al reconocimiento y
pago de intereses moratorios por el no pago inmediato del retroactivo derivado
del proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo
de la Secretaría de Educación del departamento de Caldas?
¿Resulta procedente la indexación de valores por el periodo comprendido entre
el 1 de enero y el 14 de abril de 2013, tal y como fueron reconocidos por el a
quo por razones de equidad y justicia?”
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Al respecto, el fallador de segunda instancia explicó que el proceso de
homologación y nivelación salarial del año 1997 a 2009 se materializó después de
cumplir con los requisitos legales.
Así, señaló que a través de la Resolución 2235-6 del 22 de marzo de 2013 se
reconoció una suma de dinero como valor indexado del retroactivo por concepto
de homologación y nivelación salarial desde el 10 de febrero de 1997 hasta el 31
de diciembre de 2009.
Dicho acto administrativo fue posteriormente aclarado por medio de la Resolución
4695-6 del 4 de julio de 2013 en el sentido de corregir el monto reconocido y luego
fue modificada por la Resolución 4165-6 del 20 de mayo de 2015 que reconoció
una suma adicional por indexación ampliada hasta el 31 de diciembre de 2012,
fecha en la que se realizó el giro de los recursos por parte de la Nación.
Además, indicó que el pago efectivo al demandante se realizó el 15 de abril de
2013.
Expuso además que las sumas de dinero reconocidas y pagadas al actor fueron
debidamente indexadas, por lo que se mantuvo el valor o poder adquisitivo
constante de la moneda en razón de la depreciación que sufrió por el paso del
tiempo, con lo cual se buscó preservar la equidad e igualdad que se reclamaba en
la demanda.
Ahora bien, frente a los intereses moratorios, el ad quem recordó que por su
carácter sancionatorio deben estar consagrados en una norma que los autorice
expresamente y además, el hecho de que no se hubieran pactado no habilita para
aplicar el artículo 1617 del Código Civil.
Al margen de lo anterior, respecto de la suma reconocida en la sentencia de
primera instancia por concepto de indexación sostuvo que revisado el expediente
se encontró que el demandante recibió dos pagos debidamente indexados: uno en
abril de 2013 y otro en diciembre de 2014, con ocasión de la corrección y
modificación de los actos administrativos antes referidos, por lo que no había lugar
a reconocer el pago adicional ordenado por el a quo respecto del período
comprendido entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2013, además, porque no es
dable proferir decisiones con base en asuntos que no han sido discutidos por las
partes en vía administrativa ni planteados en la demanda.
Así las cosas, se advierte que el análisis de la segunda instancia se circunscribió
exclusivamente a los asuntos planteados en la demanda y en el recurso de
apelación interpuesto por el señor Gilberto Torres Jiménez dentro del presente
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asunto y se concluyó que no había lugar a reconocer intereses de mora por el
concepto reclamado por aquel.
En ese orden de ideas, no se evidencia la incongruencia alegada por el actor en
sede de recurso extraordinario de revisión.
Si bien el actor se refiere a una posible equivocación sobre los períodos
reclamados, lo cierto es que tanto el a quo como el ad quem se limitaron al marco
de las pretensiones de la demanda: 1997 a 2013, simplemente explicaron los
montos que se reconocieron, corrigieron e indexaron respecto de las diferentes
etapas que tuvieron lugar durante ese lapso, especificando a qué obedeció cada
uno de los dos pagos recibidos finalmente por el señor Torres Jiménez por este
concepto.
Si bien nunca estuvo en controversia el periodo de la liquidación resultaba
indispensable para despejar los problemas jurídicos planteados precisar cuáles
sumas de dinero fueron reconocidas y pagadas al actor, cuándo y por qué
concepto.
No se encuentra por parte de esta Sala que el juez de segunda instancia haya
limitado la controversia al reconocimiento de intereses moratorios respecto del mes
comprendido entre marzo y abril de 2013 como se señala en el recurso
extraordinario, al respecto simplemente se afirmó que el pago reconocido en el
último de los actos administrativos que reconocieron sumas de dinero a favor del
demandante por concepto de homologación y nivelación salarial se efectuó en un
plazo razonable, pero no es que haya modificado el objeto de la litis a ese mes.
En todo momento se tuvo presente que los intereses moratorios se reclamaban
entre 1997 y 2013, pero se hizo una afirmación específica respecto del periodo
comprendido entre marzo y abril de 2013.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con las afirmaciones de la demanda de revisión
relacionadas con que el juzgador de segunda instancia erró al afirmar que los
intereses moratorios por él reclamados deben estar consagrados en una ley
especial; que tenía derecho al pago de estos intereses desde el año 1997 cuando
se dio el traslado de personal de una planta a otra y no desde que la administración
ordenó su pago toda vez que hubo una demora de 16 años en efectuarse el pago
se advierte que se relacionan con el fondo de la controversia planteada en el
proceso ordinario y muestran la disconformidad del actor con las decisiones de
primera y segunda instancia, puntos que resultan ajenos al recurso extraordinario
de revisión.
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Al respecto, debe tenerse en cuenta que, como se dijo, este recurso no constituye
una instancia adicional para discutir las conclusiones de los jueces de instancia,
por ende, no es el escenario para controvertir la interpretación adoptada en las
providencias recurridas por cuanto ello conllevaría a reabrir el debate de instancia
lo cual está proscrito en este escenario excepcional que permite revisar las
decisiones judiciales bajo causales taxativas y restrictivas.
Además, contrario a lo afirmado por el recurrente en la providencia bajo estudio sí
se expresaron las razones por las cuales se consideró que no había lugar a
reconocer intereses de mora, cosa diferente es que el actor no las comparta.
Al margen de lo anterior, en lo que tiene que ver con los argumentos del recurrente
relacionados en que nunca solicitó que se reconociera la indexación del período
comprendido entre enero y abril de 2013 se advierte que ese reconocimiento lo
hizo el juez de primera instancia “por razones de equidad y justicia” sin embargo,
revisado en segunda instancia, se evidenció que efectivamente no había sido
pedido por la parte actora y además, que no había lugar a él, por lo que se revocó,
entonces, si bien pudo existir un pronunciamiento extra petita en este aspecto, que
no se encuadró en el marco de las pretensiones de la demanda, aquel fue
corregido en segunda instancia, razón por la que no puede acusarse a la sentencia
recurrida de incongruente por revocar dicho reconocimiento que el mismo señor
Torres Jiménez a través de su apoderado acepta no haber sido solicitado.
En cuanto al argumento del recurrente referente a que resulta equivocada la
conclusión de los jueces de instancia según la cual los intereses de mora son
incompatibles con la indexación se reitera que este es un cuestionamiento a la
postura jurídica de los jueces de instancia que demuestra su inconformidad con la
forma en que fueron resueltos los problemas jurídicos fijados en el proceso
ordinario, aspectos que resultan extraños a este recurso extraordinario.
De igual forma, las acusaciones relacionadas con que el juez de segunda instancia
desconoció la fecha en que se realizó el traslado de personal de una planta a otra
y que no es cierto que se requiera norma especial para el reconocimiento de los
intereses ahora reclamados.
Asimismo, en lo que tiene que ver con la posible omisión de los jueces de instancia
al dejar de aplicar figuras como la analogía o los principios generales del derecho
al no encontrar norma que consagrara el reconocimiento de los intereses
moratorios por él reclamados y la interpretación efectuada respecto de la aplicación
del Código Civil en el caso concreto.
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El hecho de que el actor no comparta la postura jurídica de los jueces ordinarios y
que considere que la misma resulta contraria a la normativa o la jurisprudencia no
implica que exista incongruencia externa y mucho menos que no haya armonía con
los hechos y pretensiones de la demanda, por cuanto, se insiste, a esa conclusión
se arribó luego de estudiar los cuestionamientos jurídicos planteados en cada una
de las instancias con base en los hechos y pretensiones de la demanda y los
argumentos del recurso de apelación, problemas jurídicos con los que el actor
manifiesta no tener inconveniente.
Es decir, la inconformidad del actor es con la forma en que los problemas jurídicos
se resolvieron de lo cual no se deriva la incongruencia alegada por el demandante
en sede de revisión. En otras palabras, el hecho de que no comparta la forma en
que dichos asuntos fueron decididos no significa que el fallo de segunda instancia
haya resuelto algo diferente a lo planteado desde el principio en la demanda y la
apelación.
El fundamento de la primera y segunda instancia desde la perspectiva de la parte
actora era la pertinencia del reconocimiento de intereses moratorios por la demora
en el reconocimiento y pago del retroactivo derivado de la homologación y
nivelación salarial que se originó en el cambio del personal administrativo en el
sector educación del nivel nacional al departamental, la conclusión a la que se
arribó en el proceso ordinario fue que esos intereses moratorios eran incompatibles
con la indexación de las sumas de dinero que ya le había sido reconocida y pagada
al demandante, por lo tanto, que no había lugar al pago de esos intereses. En tales
condiciones no se evidencia que el estudio efectuado por los jueces de instancia
ni su decisión hayan desbordado el objeto de la controversia, simplemente fue
contraria a los intereses del ahora recurrente, lo cual en manera alguna conlleva la
configuración de la incongruencia externa y violación del debido proceso invocadas
como fundamento del presente recurso extraordinario.
Conforme con lo anterior, si el actor considera que el juez de segunda instancia se
equivocó al aplicar la normativa que regula la materia o al interpretarla o que
desconoció pronunciamientos jurisprudenciales, el camino para esbozar esas
inconformidades no es el del recurso extraordinario de revisión -por cuanto, se
reitera, ello no conlleva la incongruencia externa de la providencia- sino el de una
posible acción de tutela por defecto sustantivo o desconocimiento de precedente
judicial, que en caso de ser interpuesta habrá de ser analizada por el juez
competente con el fin de determinar si dichos defectos se configuran o no.
Así las cosas, no se acreditó dentro de este proceso que en la parte considerativa
y resolutiva de la sentencia recurrida se haya negado las pretensiones de la
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demanda por un objeto distinto al pretendido en la demanda ni por una causa
diferente a la invocada por el actor.
En conclusión, como no se encuentra acreditada la incongruencia externa alegada
para invocar la causal de nulidad originada en la sentencia derivada de
incongruencia consagrada en el numeral 5 del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es claro que el
recurso extraordinario debe declararse infundado.
7. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión se formuló después
de la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, debe aplicarse la modificación
introducida por dicha ley.
Así, de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011
adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código General del Proceso. En todo caso, agrega la norma, la sentencia deberá
disponer sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
Pues bien, el artículo 365 del Código General del Proceso que conforme con la
precitada norma resulta aplicable, se condenará en costas a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de revisión, siempre que, en los términos del
numeral 8° de esa disposición, “en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación”.
Con todo, el inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 impone la condena en costas cuando el recurso
extraordinario de revisión no prospera:
“ARTÍCULO 255. SENTENCIA. <Artículo modificado por el
artículo 70 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los
numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo 250 de este código, o la del literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia revisada y
dictará la que en derecho corresponde.
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En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las
restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y
demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el expediente no
existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en
abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de
este código.
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la
del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad
de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a
la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para
que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente.” (se destaca).
Con fundamento en lo anterior, la condena en costas no requiere de la apreciación
o calificación de una conducta temeraria de la parte a la que se impone, toda vez
que, bajo el régimen actual, dicha condena se determina con fundamento en un
criterio objetivo, en este caso frente a la parte a la que se le declara infundado el
recurso extraordinario de revisión.
En tales condiciones, conforme con lo expuesto procede la condena en costas,
teniendo en cuenta que, como se dijo, el proceso de la referencia inició en vigencia
de la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021.
Al respecto, el artículo 366 del C.G.P. dispone:
“Artículo 366 C.G.P. Liquidación. Las costas y agencias en derecho
serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya
conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o
rehacerla.
(…)
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas
que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
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establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada
por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el
máximo de dichas tarifas.
(…).
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los
recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un
tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la
respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al
superior, según el caso.”
De lo anterior es posible advertir que para la determinación de la condena en
costas se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión útil.
Asimismo, debe tenerse en cuenta el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, que prevé
las tarifas de agencias en derecho, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, en el cual se dispuso lo siguiente:
“Artículo 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el
funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas
mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la
calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte
que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias
especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan
valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan
desconocer los referidos límites.
(…).
Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V.”
Dado que en este proceso no se realizó actuación distinta de la contestación del
recurso extraordinario de revisión por parte del Ministerio de Educación, se fijarán
las agencias en derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha
de esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión 6, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia proferida el 8 de abril de 2021 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
identificado con el radicado 17001233300020170007601.
SEGUNDO: Condénase en costas a la parte recurrente por un salario mínimo legal
mensual vigente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: Por Secretaría General, archívese el expediente previas las
anotaciones pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrada
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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