Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05186-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05186-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05186-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
3 de noviembre de 2022
Demandante: Miller Alirio Acencio Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05186-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05186-00
Demandante: MILLER ALIRIO ACENCIO RODRÍGUEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial – incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela que ejerció el
señor Miller Alirio Acencio Rodríguez contra el Consejo de Estado – Sección Tercera
– Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el 26 de septiembre de 2022 al buzón web de la Oficina
de Apoyo Judicial de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Acacías – Meta, el señor Miller Alirio Acencio Rodríguez, actuando en nombre
propio, ejerció acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, a la igualdad, a presentar peticiones respetuosas ante las
autoridades, al debido proceso, a la “doble instancia”, a la seguridad social y de
acceso a la administración de justicia.
2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión del auto proferido por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B el 7 de septiembre de 2022, mediante el cual se rechazó “por
improcedente” la impugnación que presentó el señor Miller Alirio Acencio Rodríguez
1
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Demandante: Miller Alirio Acencio Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05186-00
contra la sentencia de segunda instancia1 que dictó esa misma autoridad judicial en
el trámite de la solicitud de amparo con radicado N° 11001-03-15-000-02606-012.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“2. En consecuencia, ordenar al CE se pronuncie sobre “la cosa juzgada” y de
solución al problema jurídico y resuelva el asunto en Derecho, conforme al
Ordenamiento Jurídico a la Constitución y al Precedente Constitucional de la
Sentencia T-12/2022
3. Ordenando a Colpensiones la reliquidación de la pensión con el 75% de lo
devengado durante el último año de servicio por tratarse de un régimen exceptuado
como el del presidente de la república y fuerzas militares en virtud del inc. 7 del Art.
48 de la Constitución Política al ser un régimen especial en virtud del Parág. 5 del
mimo Art. 48, y liquidar la pensión con todos los factores salariales de que trata el
Art. 45 del Dto. 1045/78 inclusive, en virtud dela art. 1 de la ley 33/85 anterior Ley
4/64
4. Que el CE se pronuncie en los mismos términos del Precedente Constitucional
de la Sentencia T-12/2022 de la Corte Constitucional, con quien estoy en idéntica
situación laboral, y fáctica, al tratarse de un mismo asunto la reliquidación de
pensión, pues se trata de una misma situación jurídica, la misma entidad, el mismo
cargo, el mismo derecho, las mismas leyes, compañera de trabajo.
5. Que se compulsen copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por
incorporarse un nuevo argumento jurídico y creando una nueva situación jurídica en
un fallo de segunda instancia haciendo imposible su apelación, impugnación,
coartando la posibilidad de controvertirlo, haciéndolo eterno el problema jurídico en
el tiempo, dilatándolo el asunto por secula saculorum en lugar de resolverlo o fallarlo
en derecho.
6. Que, por la interposición de la presente acción de tutela ante el CE, la decisión
no debe verse afectada en lo absoluto por animadversión” (Sic a toda la
transcripción)
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Miller Alirio Acencio Rodríguez ejerció acción de tutela contra el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio y el Tribunal
Administrativo del Meta, con el fin de que se dejaran sin efectos las sentencias
proferidas por esas autoridades judiciales el 23 de mayo de 2019 y 22 de julio de
1 El fallo de primera instancia fue proferido por el Consejo de Estado – Sección Cuarta.
2 Este mecanismo de protección constitucional lo ejerció el señor Miller Alirio Acencio Rodríguez
contra el Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Villavicencio, al considerar transgredidas sus garantías superiores con las sentencias del 23 de mayo
de 2019 y 22 de julio de 2021. En estas decisiones se negaron las pretensiones de la demanda que
promovió el tutelante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contra la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC-.
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2021, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda que
presentó, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
de carácter laboral, contra la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES- y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-3.
5. El proceso le correspondió en primera instancia al Consejo de Estado –
Sección Cuarta que, a través del fallo del 23 de junio de 2022, declaró improcedente
la solicitud de amparo, al considerar que no se cumplió con el requisito de la
inmediatez, porque el mecanismo de protección constitucional se promovió luego
de “nueve meses y seis días” desde que se notificó la sentencia del 22 de julio de
2021.
6. Inconforme con lo anterior, el accionante impugnó y la alzada le correspondió
resolverla al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, autoridad
judicial que, mediante sentencia del 9 de agosto de 2022, dispuso:
“1º) Modifícase la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En su lugar se dispone:
Declárase la cosa juzgada respecto de la pretensión “4.” de la acción de tutela
presentada por el señor Miller Acencio Rodríguez, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Decláranse improcedentes las demás pretensiones de la acción de tutela
presentada por el señor Miller Acencio Rodríguez, por incumplimiento del requisito
de inmediatez.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.
(…)”
7. Lo anterior, al considerar, entre otras cosas, lo siguiente:
“Para resolver esta controversia la Sala analizará, en primer término, las
pretensiones dirigidas a cuestionar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta y, en segundo lugar, estudiará si hay lugar a declarar que
operó el fenómeno de cosa juzgada respecto a las pretensiones que cuestionan la
legalidad de los actos administrativos mencionados ante el hecho de que ya existe
una decisión proferida por la autoridad judicial competente por causa del mecanismo
judicial presentado por el actor.
2.1. De la pretensión encaminada a dejar sin efectos la sentencia del Tribunal
Administrativo del Meta.
1) De entrada, basta con señalar que la providencia de segunda instancia atacada
en sede de tutela y proferida por el Tribunal Administrativo del Meta fue notificada
por correo electrónico al actor el 3 de agosto de 2021.
3 El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se identificó con el radicado N° 55001-
33-33-004-2017-00430-01.
3
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2) Por su parte, la acción de tutela fue presentada por la parte actora ante esta
Corporación el 11 de mayo de 2022, esto es 9 meses y 7 días contados desde el
día siguiente de su notificación al interesado, lo cual permite a la Sala denotar que
la tutela se ejerció extemporáneamente.
(…)
2.2. De las pretensiones dirigidas a cuestionar la legalidad de los actos
administrativos proferidos por Colpensiones y remitir copias de las actuaciones de
la autoridad judicial accionada a la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía
General de la Nación.
1) En el presente caso esta Sala concluye que se presentó el fenómeno jurídico de
la cosa juzgada para la pretensión 4 de la acción de tutela (ver folio 3) en la que se
solicitó que por esta vía se declare la nulidad de actos administrativos proferidos por
Colpensiones porque esa controversia ya fue decidida por el Tribunal Administrativo
del Meta en la sentencia de 22 de julio de 2021 que aquí se cuestiona.
2) Lo anterior en atención a que la precitada controversia, relacionada con la
legalidad de los actos relacionados con las erogaciones prestacionales del señor
Acencio Rodríguez ya se debatió, por causa del mecanismo judicial ordinario que el
actor presentó para el efecto, esto es, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuyo trámite correspondió a la autoridad judicial
demandada.
(…)
8) Por otra parte, frente a la pretensión relacionada con la remisión de copias a la
Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, se advierte
que tal solicitud resulta consecuencial al amparo de los derechos fundamentales del
actor, razón suficiente para estimar que deviene en improcedente.”
8. Contra la anterior decisión, el tutelante presentó “Segunda Impugnación a Fallo
de Tutela”4 y el magistrado ponente de la sentencia del 9 de agosto de 2022, a través
de auto del 7 de septiembre de 2022, rechazó la impugnación, al concluir que:
“4) De conformidad con lo anterior se tiene que la normatividad aplicable al trámite
de la acción de tutela consagró únicamente la impugnación del fallo de primera
instancia, luego, en el caso que ocupa la atención del despacho, resulta
improcedente la impugnación interpuesta por el señor Miller Acencio Rodríguez por
cuanto se dirigió contra una sentencia de segunda instancia, el cual no es
susceptible de recursos.”
4 El argumento central de la inconformidad del señor Miller Alirio Acencio Rodríguez, fue: “En el
Segundo Fallo de Tutela (que resuelve la impugnación), se incorporó un Segundo Argumento Jurídico para su
negativa, cual fue la “cosa juzgada”, elemento que no se mencionó en el primer fallo, es decir se presenta o se
genera una nueva situación jurídica, que no ha sido controvertida, lo cual es de por sí, una violación al Debido
Proceso en un fallo de última instancia, pues reversa todo en lo que se ha avanzado hasta el momento, es
retrogrado, le da la vuelta a las cosas, colocando más trabas a la solución del problema jurídico, incorporando
nuevas decisiones a un asunto casi finiquitado, contrariando al magistrado de primera instancia quien no dijo
nada acerca de la cosa juzgada; todo esto es una abuso, una arbitrariedad, es anti técnico y profesional, al ser
un fallo parcial hacia el estado, fallando extra petita, de cara a la vulneración de derechos, lo cual solo le está
permitido al juez cuando se evidencia la vulneración de derechos fundamentales. Sentencia T-104/18.” (Sic a
toda la transcripción)
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1.3. Sustento de la vulneración
9. La parte actora aseguró que el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la
igualdad, a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, al debido
proceso, a la “doble instancia”, a la seguridad social y de acceso a la administración
de justicia, por las razones que se exponen a continuación:
10. Indicó que era necesario que se emitiera un pronunciamiento sobre la cosa
juzgada declarada por la autoridad judicial accionada y el “Falso Positivo Judicial
Administrativo” producto del desconocimiento de lo decidido por la Corte
Constitucional en la sentencia T-012 de 2022.
11. Manifestó que con la decisión cuestionada se desconocían los artículos 8° de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo.
12. Lo anterior, por cuanto al no dársele trámite a la segunda impugnación que
presentó se transgredió el principio de la doble instancia y no se le permitió
controvertir la declaratoria de cosa juzgada, a pesar de ser un asunto trascendental
para resolver el problema jurídico que planteó.
13. Además, señaló que tuvo las mismas condiciones laborales que la señora
Cristina Ardila Garzón a quien la Corporación de cierre en materia de derechos
fundamentales, a través de la sentencia T-012 de 2022, le reconoció sus derechos.
14. Sostuvo que el Consejo de Estado dejó en “el limbo algo sin resolver”, debido
a que no garantizó la doble instancia al guardar silencio sobre los argumentos que
presentó para refutar la cosa juzgada que se declaró, “la cual no opera de cara al
principio de imprescriptibilidad de la seguridad social del art. 48 de la Constitución”.
15. Insistió en que el “nuevo argumento” de la autoridad judicial accionada no ha
sido controvertido o debatido y, por ello, ha dejado las “cosas” sin concluir.
16. Por último, precisó:
“Considero vulnerado el Principio de la doble instancia del Art. 31 de la Constitución,
por error procedimental, pues el Consejo de Estado, no tenía por qué argumentar
nuevas cosas en un fallo de segunda instancia, simplemente pronunciarse sobre lo
debatido en la primera instancia, sin ir más allá, pues se configura una situación
eterna al dilatarla en el tiempo, sin ninguna justificación y sin la posibilidad de poder
recurrirla apelarla o impugnarla”
1.4. Trámite de la acción de tutela
17. El proceso le fue repartido al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Acacías – Meta que, a través de proveído del 27 de
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septiembre de 2022, ordenó remitir el expediente a esta Corporación por “carecer de
competencia” para conocer del asunto.
18. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante
auto del 11 de octubre de 2022, admitió la demanda de tutela y dispuso su
notificación a la parte actora, así como a los magistrados del Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección B en calidad de autoridades judiciales accionadas.
19. Igualmente, vinculó como terceros con interés a la Sección Cuarta de esta
Corporación, al Tribunal Administrativo del Meta, al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Villavicencio, a la Administradora Colombiana de Pensiones
–COLPENSIONES- y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC-.
1.5. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:
1.5.1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-
20. Con escrito enviado por correo electrónico el 19 de octubre de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el coordinador del Grupo de
Tutelas de la entidad, sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales del
accionante.
21. Expuso cuáles eran las funciones y competencias del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC- y aseguró que el encargado de solucionar la
inconformidad del señor Miller Alirio Acencio Rodríguez era el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección B.
22. Así las cosas, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa
por pasiva.
1.5.2. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio
23. Con escrito enviado por correo electrónico el 19 de octubre de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el titular del despacho, sostuvo
que no transgredió alguna garantía constitucional.
24. Precisó que se “se ratifica en lo informado en su etapa procesal mediante oficio
nro. J4AV-2022-261 del 24 de mayo de 2022, en las cuestiones propias del proceso objeto
de debate de amparo”.
25. En ese orden de ideas, pidió que se negara el amparo requerido.
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1.5.3. Consejo de Estado – Sección Cuarta
26. Con escrito enviado por correo electrónico el 19 de octubre de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el magistrado ponente de la
sentencia de primera instancia de la acción de tutela en la que se dictó la providencia
cuestionada, sostuvo que no le asiste interés en el trámite del vocativo de la
referencia.
27. Lo anterior, por cuanto no dictó el auto del 7 de septiembre de 2022 que es
la decisión a la que se le atribuye la vulneración de los intereses superiores del
accionante.
28. En consecuencia, solicitó ser desvinculado.
1.5.4. Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-
29. Con escrito enviado por correo electrónico el 20 de octubre de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la directora de Acciones
Constitucionales de la entidad, sostuvo que la solicitud de amparo era
improcedente, porque se cuestionaba una acción de tutela y solo la Corte
Constitucional puede “entrar a cuestionar estas controversias a través de la selección y
revisión de la tutela”.
30. Por otra parte, aseguró que la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES- no había vulnerado los derechos fundamentales del señor Miller
Alirio Acencio Rodríguez y no tiene la competencia para satisfacer lo pretendido por
él.
31. Así las cosas, pidió que no se emitiera orden en contra de la entidad y se le
desvinculara.
1.5.5. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y el Tribunal
Administrativo del Meta, a pesar de haber sido notificados en debida forma,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
32. Esta Sala es competente para resolver la acción de tutela ejercida por el
señor Miller Alirio Acencio Rodríguez contra el Consejo de Estado – Sección Tercera
– Subsección B, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como en el artículo
13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
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2.2. Cuestión previa
33. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, el Consejo de
Estado – Sección Cuarta y la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES-, en sus intervenciones, indicaron que carecían de legitimación
en la causa por pasiva y solicitaron ser desvinculados de la acción de tutela.
34. Al respecto, la Sala advierte que negará las referidas peticiones, comoquiera
que esas autoridades fueron vinculadas como terceros con interés y no como
accionadas, pues intervinieron en la solicitud de amparo en la que se profirió el auto
del 7 de septiembre de 2022.
2.3. Problemas jurídicos
35. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el accionante, los
argumentos del libelo introductorio, las intervenciones presentadas y el material
probatorio recaudado, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son
los siguientes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de
la acción de tutela contra providencia judicial?
36. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
¿El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B vulneró los
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, a presentar
peticiones respetuosas ante las autoridades, al debido proceso, a la “doble
instancia”, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia del
accionante, por presuntamente incurrir en un defecto procedimental al
proferir el auto del 7 de septiembre de 2022, mediante la cual se rechazó “por
improcedente” la impugnación que presentó el señor Miller Alirio Acencio
Rodríguez contra la sentencia de segunda instancia que dictó esa misma
autoridad judicial en el trámite de la solicitud de amparo con radicado N°
11001-03-15-000-02606-01?
37. Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; y (iii) el análisis del caso concreto.
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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
5
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 6 y declaró su
procedencia.7
39. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
40. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
41. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
42. Para el caso concreto, la Sala anticipa que declarará improcedente la acción
de tutela por no superarse el requisito de relevancia constitucional, por cuanto no
se cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 20228.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
8 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-215 del 16.06.22., M.P. Natalia Ángel Cabo.
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2.5.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional
43. A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y
Primera del Consejo de Estado, respectivamente, dentro de una acción de tutela
formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo
órgano de cierre.
44. La acción constitucional reprochó las sentencias dictadas dentro de un medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra las
liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó como
ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción prestados por
RTI S.A.S. y se le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones sobre el
impuesto sobre las ventas que presentó por el año gravable 2010.
45. En el proceso de tutela llevado a cabo por el Consejo de Estado, la Sección
Quinta definió en primera instancia declarar la improcedencia por no encontrar
satisfecho el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, y negó otros
cargos de la acción constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera
confirmó integralmente la decisión de esta Corporación.
46. Se resalta que, al momento de estudiar los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección Quinta
se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de tutela contra
una decisión de la misma naturaleza y la subsidiariedad. En cuanto a la Sección
Primera, estudió los 6 requisitos fijados por la Corte Constitucional. Pese a que los
encontró satisfechos todos, salvo el de la subsidiariedad frente a uno de los cargos,
sobre la relevancia constitucional determinó que “se invocaron los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados”.
47. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en
sede de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra
la Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.
34. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad”.
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48. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:
“lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y
se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución”.
49. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal9”
50. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un
asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:
“En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico10; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”11
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”12 En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”13
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
(…)
9 Ob. Cit. “Sentencia SU-573 de 2019.”
10 Ob. Cit. “Sentencia SU-103 de 2022.”
11 Ob. Cit. “Sentencia SU-103 de 2022.”
12 Ob. Cit. “Sentencia SU-103 de 2022.”
13 Ob. Cit. “Sentencia SU-128 de 2021.”
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Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto14, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal15.”
51. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado
por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la
identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar
el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente
legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no
cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la
grave violación de los derechos fundamentales invocados.
2.5.3. Análisis de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en
el caso concreto
52. El señor Miller Alirio Acencio Rodríguez aseguró que la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad,
a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, al debido proceso, a la
“doble instancia”, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia, por
no tramitar la “segunda impugnación” que presentó.
53. Al respecto, como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia,
el accionante considera que la autoridad judicial accionada transgredió el principio
de la doble instancia, porque rechazó el recurso que interpuso contra la sentencia
de segunda instancia del 23 de junio de 2022.
54. Ahora bien, el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B en el
auto del 7 de septiembre de 2022, rechazó la “segunda impugnación” que presentó el
accionante, al considerar:
“1) El Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se reglamentó la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, no contempla recurso
alguno contra las providencias proferidas dentro de este trámite, salvo la
impugnación contra la sentencia de primera instancia regulada en el artículo 31
ibidem, así:
(…)
2) En relación con los recursos procedentes en el trámite de la acción de tutela esta
Corporación ha señalado lo siguiente:
14 Ob. Cit. “Sentencia SU-573 de 2019.”
15 Ob. Cit. “Ibid.”
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(…)
3) Al respecto, la Corte Constitucional16, señaló:
(…)
4) De conformidad con lo anterior se tiene que la normatividad aplicable al trámite
de la acción de tutela consagró únicamente la impugnación del fallo de primera
instancia, luego, en el caso que ocupa la atención del despacho, resulta
improcedente la impugnación interpuesta por el señor Miller Acencio Rodríguez por
cuanto se dirigió contra una sentencia de segunda instancia, el cual no es
susceptible de recursos.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
55. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que el señor Miller Alirio
Acencio Rodríguez pretende utilizar la acción de tutela del vocativo de la referencia
como una instancia adicional de la solicitud de amparo con radicado N° 11001-03-
15-000-2022-02606-01 y forzar que se tramite un recurso abiertamente
improcedente.
56. En efecto, es claro que la autoridad judicial accionada expuso las razones
jurídicas por las cuales la “segunda impugnación” que se presentó contra la sentencia
del 23 de junio de 2022 era improcedente.
57. Sin embargo, la parte actora no aceptó esas razones y a través de esta nueva
acción de tutela insistió que se debía tramitar su impugnación, para que la
controversia que se resolvió volviera a debatirse.
58. Lo anterior, por cuanto se observa que los argumentos esgrimidos en este
mecanismo de amparo constitucional no están dirigidos a demostrar una
arbitrariedad o refutar las razones por las cuales no es procedente una impugnación
contra un fallo de tutela de segunda instancia.
59. En este punto, conviene precisar que el accionante, para sustentar la
vulneración de los derechos fundamentales que invocó, no hizo referencia a algún
artículo del Decreto Ley 2591 de 1991 que es el estatuto procesal de la acción de
tutela.
60. Es decir, que el señor Miller Alirio Acencio Rodríguez no explicó
razonablemente cuál norma consagraba su derecho a impugnar una sentencia de
segunda instancia y, en consecuencia, tampoco argumentó de qué manera se
transgredieron las garantías superiores que invocó.
61. En ese orden de ideas, resulta claro que la controversia planteada en el
trámite del vocativo de la referencia no comporta una discusión en la que se debata
un asunto importante para la aplicación o interpretación de la Constitución.
16 Ob. Cit. “Corte Constitucional, auto 228 de 2003, MP Jaime Araujo Rentería.”
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62. Por el contrario, la inconformidad del accionante se fundamenta en su
capricho de obtener un nuevo pronunciamiento que sea favorable a sus intereses,
pero no logra explicar cómo el rechazo de la “segunda impugnación” trasciende al
plano constitucional.
63. Así las cosas, la acción de tutela que ejerció el señor Miller Alirio Acencio
Rodríguez no cumple con el requisito de relevancia constitucional y, por ello, habrá
que declararse su improcedencia.
64. Ahora bien, en aras de explicarle al accionante el motivo por el cual la
“segunda impugnación” que presentó es improcedente, se pone de presente que en
el Decreto Ley 2591 de 1991 se reguló el trámite de la acción de tutela y en su
artículo 31, se estableció:
“ARTICULO 31.- Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante,
la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de
su cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte
Constitucional para su revisión.”
65. Igualmente, al revisar el resto del articulado del referido estatuto, se infiere
razonablemente que la facultad otorgada en el artículo 31 se limita a controvertir
únicamente el fallo de tutela de primera instancia y no el de segunda.
66. Ello, además guarda relación con los principios de economía y celeridad que
se observan en el trámite de las acciones de tutela, de conformidad con el artículo
3° Decreto Ley 2591 de 1991.
67. En este punto, conviene precisar que si no hay una disposición legal que
permita impugnar los fallos de tutela de segunda instancia, las solicitudes que se
presenten en ese sentido se tornan improcedentes.
68. En ese mismo sentido, lo han advertido varias Secciones del Consejo de
Estado17 cuando se han presentado impugnaciones contra sentencias de tutela de
segunda instancia. Al respecto, la Sección Primera de esta Corporación, en el auto
del 19 de mayo de 202118, aclaró:
“Es evidente entonces que frente a la sentencia que resuelve en segundo grado el
mecanismo de amparo, no es procedente recurso alguno, pues como quedó visto,
no hay disposición legal que así lo disponga; por el contrario, dicha normativa
17 Consultar, entre otros, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
auto del 22.04.22., M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, Rad. 11001-03-15-000-2020-04841-01; y
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 05.10.22. Rad.
18001-23-33-000-2020-00307-01.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 19.05.22.,
M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Rad. 11001-03-15-000-2021-00387-01.
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señala que, con posterioridad a la ejecutoria de tal decisión, el juez remitirá el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión19.
Cabe señalar que la jurisprudencia de esta Corporación, reiteradamente, ha sostenido
que el único recurso legalmente establecido dentro del trámite de una acción de
tutela, es la impugnación contra el fallo de primera instancia y, por lo tanto,
aquellos recursos, cualesquiera que sean, interpuestos contra las providencias
proferidas dentro de esta acción, se tornan improcedentes20.
En efecto, el Consejo de Estado en las providencias relacionadas a pie de página, ha
sostenido lo siguiente:
(…)
De los apartes transcritos y de la normativa señalada en líneas anteriores, se colige
que en el trámite de la acción de tutela el único recurso de impugnación previsto
es frente al fallo de primera, por lo que el interpuesto por el actor contra la
sentencia de segunda instancia de 23 de abril de 2021, resulta abiertamente
improcedente.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
69. De conformidad con lo expuesto, resulta claro que la “segunda impugnación”
que se presentó contra la sentencia de segunda instancia del 23 de junio de 2022
era improcedente y la decisión de la autoridad judicial accionada fue acorde al
ordenamiento jurídico.
70. Por último, se advierte que el simple alegato de una vulneración al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia o la igualdad, como en el caso en
cuestión, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que
en la demanda medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita
entrever que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un
derecho fundamental. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter
legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales.
71. Es necesario ponerle de presente al accionante que el desacuerdo con una
decisión judicial no significa que se vulneren sus derechos fundamentales, pues si
una solicitud no tiene sustento jurídico o probatorio los jueces no pueden acceder a
ello.
19 Ob. Cit. “Artículo 32. Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el
expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente.
El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio
y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y
proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio el fallo carece de
fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho,
lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda
instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.” (Negrillas
fuera del texto original).”
20 Ob. Cit. “Proveído de 19 de abril de 2016, expediente núm. 2015-03507-00, C.P. María Elizabeth García
González.”
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2.6. Conclusión
72. La acción de tutela que ejerció el señor Miller Alirio Acencio Rodríguez es
improcedente, comoquiera que no supera el requisito de procedibilidad adjetiva de
la relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las peticiones de desvinculación presentadas por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, el Consejo de Estado – Sección
Cuarta y la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, de
conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.2. de la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela ejercida por el señor
Miller Alirio Acencio Rodríguez por no superar el requisito de procedibilidad adjetiva
de la relevancia constitucional, de conformidad con los argumentos expuestos en el
numeral 2.5.1. de la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada en esta decisión, dentro de los tres
(3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.
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