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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00801-00

Fecha
31 de marzo de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00801-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia. QUINTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00801-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

31 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00801-00
Accionante: Wilmer Jahir Sierra Fagua
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO – Improcedencia
/ SUBSIDIARIEDAD – existencia de otro mecanismo judicial idóneo y eficaz - medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para debatir la legalidad de
actos administrativos de carácter definitivo expedidos en el marco de un concurso de
méritos - Convocatoria 27.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por Wilmer Jahir Sierra Fagua contra
el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y la Universidad Nacional de Colombia.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El señor Wilmer Jahir Sierra Fagua instauró demanda de tutela, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso
administrativo e igualdad. Estima que tales prerrogativas fueron vulneradas por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
al no resolver de forma clara, congruente y de fondo los planteamientos esbozados
en el recurso de reposición que interpuso contra la Resolución CJR22-0351 del 1°
de septiembre de 20222.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se
contraen a lo siguiente:

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 “Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al

concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial”

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00801-00
Accionante: Wilmer Jahir Sierra Fagua
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

<< (...) ORDENAR a las autoridades accionadas lo siguiente:

1.1.PRONUNCIARSE de manera clara, congruente y de fondo sobre todos los
argumentos de inconformidad plasmados por el suscrito mediante el recurso de
reposición interpuesto el 22 de septiembre de 2022 contra la Resolución CJR22-0351
de 01 de septiembre de 2022 y complementado a través de documento de 15 de
noviembre de 2022, de manera que se confronten cada uno de los argumentos allí
plasmados. Puntualmente, sobre aquellos respecto de los cuales no ha existido
pronunciamiento concreto hasta el momento, conforme lo señale en el hecho No. 16
de esta acción constitucional.

1.2.RESOLVER las objeciones de fondo y de manera coherente con los argumentos
que presenté contra las preguntas 6, 7, 9, 10, 18, 23, 28, 32, 33, 34, 39, 43, 53, 55, 59,
62, 63, 69, 70,76, 84, 102, 103, 108 y 122, mediante el escrito de complementación
radicado ante las accionadas el 15 de noviembre de 2022.

1.3.ORDENAR que se pronuncien acerca de la conducencia, pertinencia y utilidad de
decretar las pruebas que solicité en el recurso de reposición.

1.4.ORDENAR que si, como consecuencia de resolver los argumentos que
presenté a través del recurso de reposición y del escrito de complementación,
las autoridades accionadas determinan que se debe modificar el puntaje obtenido,
dando como resultado una puntuación superior a los 800 puntos, se reponga la
decisión contenida en la Resolución CJR23-0045 de 16 de enero de 2023 y se
concluya que sí aprobé el examen de aptitudes y conocimientos, permitiéndoseme
continuar con las demás etapas del concurso.>> (resaltado propio del texto).

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada
y de las pruebas allegadas se tiene, que:

4.- Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos
para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, denominado -
Convocatoria 27-, a la cual se inscribió el señor Wilmer Jahir Sierra Fagua, con el fin
de concursar por el cargo de Juez Administrativo.

5.- El 24 de julio de 2022, el accionante presentó la prueba de aptitudes,
conocimientos y psicotécnica diseñada por la Universidad Nacional de Colombia,
para el desarrollo del proceso de selección de la aludida convocatoria.

6.- Surtidas las etapas respectivas, mediante Resolución CJR22-0351 del 1° de
septiembre de 2022, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura publicó los resultados de las pruebas a que se hizo
referencia. En dicho acto administrativo, se indicó que el actor obtuvo un puntaje de
793,62 puntos, por lo que fue calificado como “No aprobó”.

7.- En desacuerdo con la decisión anterior, el 22 de septiembre de 2022, el
accionante interpuso recurso de reposición, en el que cuestionó (i) el puntaje
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Accionante: Wilmer Jahir Sierra Fagua
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

obtenido y el procedimiento utilizado para calificar la prueba de aptitudes y
conocimientos; (ii) la elaboración de la misma (iii) el tiempo otorgado para su
presentación; (iv) la posibilidad de presentar pruebas supletorias a algunos
participantes. Además, reprochó que el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto
de 2018 violó de forma directa el contenido de la Ley 270 de 19963.

8.- A su vez, aseveró que el acto administrativo recurrido se profirió de forma
irregular, dado que se tomaron en consideración los puntajes de algunas personas
que, en su criterio, no cumplían con los requisitos mínimos para ostentar la calidad
de aspirantes, así como no se informó los parámetros que servirían de fundamento
para la calificación del examen, de forma previa a su presentación.

9.- En el citado recurso, el actor solicitó la modificación del puntaje que inicialmente
obtuvo, a fin de que se le otorgara una puntuación mayor y, en consecuencia, se
declarara que superó el puntaje mínimo aprobatorio. También pidió el decreto y la
práctica de ciertas pruebas.

10.- Luego de asistir a la jornada de exhibición, el 15 de noviembre de 2022, la parte
actora presentó escrito de ampliación del recurso de reposición, a través del cual
manifestó su inconformidad respecto a la estructuración de algunas preguntas, así
como la forma de calificación de las mismas, concretamente se refirió a las preguntas
6, 7, 9,10, 18, 23, 28, 32, 33, 34, 39, 43, 53, 55, 59, 62, 63, 69, 70, 76, 84, 102, 103,
108 y 122.

11.- El 16 de enero de 2023, a través de la Resolución CJR23-0045, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial resolvió de manera conjunta los recursos de
reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de
2022, por aquellos concursantes que optaron para la provisión del cargo de Juez
Administrativo. Para tal efecto, indicó que previo a un análisis de las solicitudes
presentadas por los recurrentes, las mismas fueron agrupadas por temáticas y así
serían resueltas, precisando, a su vez, que se tomaron en cuenta las peticiones
principales, no sin antes referir que los demás argumentos serían aplicables para
todos los recurrentes sin excepción alguna4.

12.- Entre los mencionados criterios se destacan: acceso al material de prueba, uso
de medios tecnológicos en la jornada de exhibición, fórmula y metodología de
calificación, fundamento de la fórmula de calificación, puntaje prueba de aptitudes y
de conocimiento, verificación previa de requisitos mínimos, proceso de construcción
de la prueba, preguntas capciosas, ambiguas o confusas, tiempo de la prueba,

3 Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
4 En archivos anexos se relacionaron los recurrentes enmarcados dentro de las categorías de criterios que fueron

fijadas.
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Accionante: Wilmer Jahir Sierra Fagua
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

objeciones a preguntas de aptitudes y conocimientos generales y específicas y
reponer el resultado o la Resolución.

13.- Como fundamento de las pretensiones, el accionante considera que las
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales de petición, debido proceso
administrativo e igualdad, al expedir la Resolución CJR23-0045 del 16 de enero de
2023, toda vez que el citado acto no resolvió de forma clara, congruente y de fondo,
cada uno de los argumentos plasmados en el recurso de reposición interpuesto por
el accionante, ni en el escrito de ampliación del mismo, así como tampoco sobre los
elementos probatorios que aportó o respecto de los que solicitó su decreto.

14.- Sostuvo que en la Resolución CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 se admitió
haber estudiado únicamente las peticiones principales de cada recurso,
circunstancia que evidencia que no se analizaron todos los aspectos formulados por
el demandante. Además, cuestionó que las temáticas escogidas para abordar
conjuntamente los planteamientos expuestos en los recursos de reposición, fueron
definidas de forma discrecional.

15.- Sumado a lo anterior, aseveró que, en el marco de la Convocatoria 27, la
Unidad en comento profirió otras 25 resoluciones, cuyo contenido es idéntico al
expuesto en el acto administrativo objeto de reproche constitucional, lo que denota
que el recurso de reposición que presentó fue resuelto de manera genérica.

16.- Destacó que en la Resolución CJR23-0045 del 16 de enero de 2023 se indicó
que contra dicho acto administrativo no procedían recursos en sede administrativa,
por lo que no existe algún mecanismo para cuestionar su contenido a través de esa
vía.

17.- Por su parte, manifestó que en el marco de dicha actuación administrativa elevó
una serie de peticiones ante las accionadas, con el fin de sustentar el recurso de
reposición. Por esa razón, afirmó haber presentado otra acción de tutela5 contra las
aquí demandadas, pero por hechos distintos a los que son objeto de reclamo en la
presente solicitud de amparo.

18.- Por otro lado, señaló que en aquellos casos en que se busca cuestionar a través
de la acción de tutela, actos administrativos expedidos en el marco de los concursos
de méritos, en lo atinente al requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional 6 ha
señalado que pese a la existencia de otros mecanismos de defensa para resolver la
controversia, como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es
necesario analizar si estos resultan ser idóneos y eficaces, puesto que los medios
ordinarios no ofrecen la suficiente eficacia en el tiempo para proteger en toda su

5 Identificada con número de radicado: 11001-03-15-000-2022-05627-00.
6 Para tal efecto, el accionante citó las sentencias T-507 de 2012 y T-682 de 2016.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00801-00
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y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y el de acceso a
los cargos públicos.

19.- Además, resaltó que, según la jurisprudencia constitucional7, es indispensable
diferenciar entre los actos de mero trámite y los definitivos, por cuanto el mecanismo
constitucional procede únicamente -de manera excepcional- frente a estos últimos,
cuando el acto tiene la potencialidad de definir una situación especial, producto de
una actuación abiertamente irrazonable o desproporcionada del funcionario,
vulnerando con ello las garantías constitucionales. Así mismo indicó que en la
sentencia SU-067 de 2022, proferida en el marco de la convocatoria 27, la Corte
Constitucional precisó que la acción de tutela era procedente en estos casos.

20.- Esbozado lo anterior, precisó que el objeto de la acción constitucional no es
debatir el contenido de algún acto administrativo, pues lo que pretende es buscar la
protección de los derechos fundamentales invocados, presuntamente vulnerados,
ante la falta de respuesta sobre cada uno de los argumentos que presentó tanto en
el recurso de reposición, como en su escrito de ampliación.

21.- En ese sentido, sostuvo que la solicitud de amparo satisface el presupuesto de
subsidiariedad, toda vez que no existe otro mecanismo judicial idóneo ni eficaz para
obtener la protección de sus prerrogativas iusfundamentales, en la medida que no
está controvirtiendo la legalidad de algún acto administrativo.

22.- Ahora, afirmó que, si en gracia de discusión se advirtiera que el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente, dicho mecanismo
no resulta ser un medio eficaz ni idóneo. Al respecto, aseguró que “la prueba
contundente de ello es que las demandas que cursan en el Consejo de Estado frente
a la convocatoria 22, que fue la última en quedar en firme y con la cual se proveyeron
los cargos vacantes de jueces y magistrados (...) no se han resuelto de fondo”.
Inclusive resaltó que dicha demanda8 fue radicada en el año 2016, por lo que a la
fecha han transcurrido más de 6 años, sin que ni siquiera se haya citado a la
audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

23.- Aseguró que la tardanza en la resolución de ese asunto, permite advertir la
existencia de un perjuicio irremediable, pues “de no resolverse el asunto aquí
planteado de fondo, las etapas de la convocatoria 27 continuarán y, finalmente, tal y
como sucedió en la convocatoria 22, las demandas de nulidad y restablecimiento del
derecho tardaran años en resolverse.”

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

7 Sentencias T-386 de 2016, T-340 de 2020 y SU-067 de 2022.
8 Tramitada con número de radicado 11001-03-25-000-2016-00081-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00801-00
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y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

24.- Mediante auto del 20 de febrero de 2023, el despacho sustanciador dispuso: (i)
admitir la acción de tutela; (ii) notificar de su presentación al Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional
de Colombia; (iii) vincular a los aspirantes al cargo de Juez Administrativo, en el
marco de la Convocatoria 27, como terceros interesados en las resultas del proceso;
y (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
para lo de su cargo.

(i) Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial9

25.- La Unidad solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado,
comoquiera que los argumentos esgrimidos por el accionante en el recurso de
reposición y el escrito de adición, fueron resueltos de forma clara, precisa y de fondo,
a través de la Resolución CJR23-0045 de 16 de enero de 2023.

26.- En concreto, indicó que las inconformidades planteadas en relación con la
calificación de la prueba, el tiempo otorgado para su presentación, la consideración
del puntaje de aquellas personas que presentaron el examen y que a criterio del actor
no cumplían con los requisitos mínimos, la recalificación de la prueba, reponer el
resultado obtenido, las pruebas supletorias, así como los reproches formulados
frente las preguntas 6, 7, 9, 10, 18, 23, 28, 32, 33, 34, 39, 43, 53, 55, 59, 62, 63, 69,
70, 76, 84, 102, 103, 108 y 122, se resolvieron en los puntos 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19,
20 y 35 del citado acto administrativo.

27.- Por lo anterior, sostuvo que los cuestionamientos esgrimidos por el accionante
fueron atendidos en debida forma, sin que la inconformidad respecto a la respuesta
suponga la violación de los derechos invocados.

28.- Por su parte, señaló que la Resolución CJR23-0045 del 16 de enero de 2023
se profirió en atención a los principios de eficiencia, celeridad y economía contenidos
en la Carta. Por ese motivo, los recursos de reposición interpuestos contra la
Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, por los concursantes al cargo
de Juez Administrativo, fueron resueltos en un solo acto administrativo mediante
categorías numeradas que agruparon cada uno de los temas planteados y con un
análisis particular sobre cada escrito.

29.- Informó que una vez fueron verificadas las actas de asistencia a la jornada de
exhibición de la prueba, se encontró que el accionante asistió a la misma,
garantizando el acceso a la información solicitada en el recurso de reposición, por lo
que la pretensión relacionada con que se ordene a la accionadas pronunciarse
acerca de la conducencia, pertinencia y utilidad de decretar las pruebas solicitadas

9 Intervención digital contenida en 24 folios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00801-00
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y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

en el citado recurso, particularmente la exhibición del cuadernillo de preguntas y hoja
de respuestas, no está llamada a prosperar.

30.- Por último, aseveró que la solicitud de amparo se torna improcedente ante la
existencia de otro mecanismo idóneo para obtener la protección de los derechos
fundamentales deprecados.

(ii) Universidad Nacional de Colombia10

31.- La institución educativa solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo
ante la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, mediante la
Resolución CJR23-0045 del 16 de enero de 2023, se brindó una contestación clara,
completa y de fondo frente a cada uno de los reparos planteados por el accionante
en el recurso de reposición y el escrito de adición a que se hizo referencia.

32.- Por su parte, cuestionó que el accionante instauró otra acción de tutela, en la
que también solicitó copia de una documentación respecto de la cual se ha
manifestado que existe reserva. Dicho asunto le correspondió para su conocimiento
a esta Corporación y fue tramitado con el número de radicado 11001-03-15-000-
2022-05627-00. A su turno, resaltó que el accionante tuvo la posibilidad de acceder
al material de la prueba, en la jornada de exhibición que se dispuso para tal fin.

33.- Sumado a lo anterior, señaló que la acción de tutela se torna improcedente: (i)
toda vez que el accionante tiene a su alcance otros mecanismos judiciales idóneos
y eficaces para debatir la legalidad del acto administrativo objeto de reproche
constitucional; y (ii) no se presentó en un tiempo razonable, pues el actor acudió a
este mecanismo constitucional un mes y medio después de haberse publicado la
resolución enjuiciada.

34.- También destacó que durante toda la actuación administrativa, las entidades
demandadas han garantizado los derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad del accionante, pues aquel ha contado con la posibilidad de ejercer los
correspondientes recursos, así como solicitar información en el marco de la
convocatoria 27, en igualdad de condiciones a los demás aspirantes.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestiones previas

Escrito de adición a la tutela.

10 Intervención digital contenida en 14 folios.

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y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

35.- Luego de haber sido admitida y notificada la acción de tutela, el accionante
presentó un memorial adicionando el hecho número 16. La Sala advierte, que en
virtud del carácter preferente y sumario propio de la acción de tutela, son ajenas a
su procedimiento figuras procesales típicas en los asuntos ordinarios, como la
reforma a la demanda. En esa medida, a efectos de garantizar los derechos a la
defensa y al debido proceso de la parte demandada y de los terceros interesados, la
Sala se pronunciará sólo sobre lo indicado en el escrito inicial de tutela, que fue sobre
el cual tuvieron oportunidad de pronunciarse tales sujetos procesales.

Temeridad.

36.- De la revisión de la acción de tutela tramitada con número de radicado 11001-
03-15-000-2022-05627-00 y la que ahora es objeto de estudio, la Sala estima que en
el presente asunto no se configura un actuar temerario por parte del accionante, pues
si bien promovió otra demanda de tutela que presenta cierto grado de similitud con
la que actualmente se estudia, dado que ambos asuntos están relacionados con una
serie de reparos frente a los resultados obtenidos por el accionante en las pruebas y
aptitudes de conocimiento en el marco de la Convocatoria 27, y en ambos casos se
demandó tanto al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial como a la Universidad Nacional de Colombia, lo cierto es que no
existe identidad de hechos, de causa, ni de objeto entre ambos procesos.

37.- A esa conclusión se llega, luego de constatar que la acción constitucional
11001-03-15-000-2022-05627-00 se centra en reprochar las supuestas restricciones
impuestas por las accionadas en la jornada de exhibición de la prueba de aptitudes
y conocimientos, mientras que en la demanda de tutela que nos ocupa, se está
cuestionando la presunta falta de respuesta respecto a los planteamientos
esbozados en el recurso de reposición interpuesto por el accionante contra la
Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022.

D. Análisis del caso concreto

38.- De entrada, la Sala advierte que la solicitud de amparo se torna improcedente
por no satisfacer el presupuesto de subsidiariedad, ante la existencia de otro
mecanismo idóneo y eficaz para obtener la protección de los derechos invocados, a
saber, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

39.- En virtud de su carácter subsidiario, la acción de tutela procede cuando el
accionante no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Es
decir, los interesados deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación
que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida el uso indebido de
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y otro
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este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de
protección, pues eso implicaría desconocer abiertamente que la Constitución y la ley
determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

40.- Lo anterior, de conformidad con el artículo 86 11 de la Constitución Política y el
numeral 1° del artículo 612 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como causal
de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa
para la protección de los derechos invocados.

41.- Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el
interesado debió haber agotado los recursos –idóneos y eficaces– que tenía a su
disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela
deviene improcedente.

42.- Tratándose de la acción de tutela contra actos administrativos, la Corte
Constitucional ha indicado que la excepcionalidad del recurso de amparo se torna
especialmente estricta, en tanto no es el mecanismo idóneo para atacarlos ya que,
por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio de legalidad,
pues se parte del presupuesto de que la administración, al momento de manifestarse
a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las
que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto administrativo se
presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo que aquel se apartó,
sin justificación alguna, del ordenamiento jurídico, debate que se debe adelantar ante
la Jurisdicción Contencioso Administrativa13.

43.- En esa línea, la jurisprudencia constitucional 14 ha señalado que, por regla
general, la improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos obedece
a: (i) la existencia de mecanismos judiciales ordinarios previstos por el legislador
para controvertir las actuaciones de la administración; (ii) la presunción de legalidad
que las cobija; y (iii) la posibilidad de adoptar medidas cautelares a fin de proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

44.- Sin perjuicio de lo anterior, también cabe reconocer que, aún en los casos en
que concurran otros medios de defensa, la jurisprudencia constitucional ha

11 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
12“Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. “Cuando existan otros recursos

o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”.
13 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-253 de 2020, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

establecido que existen dos excepciones que justifican la procedibilidad de la acción
de tutela. Tales son: (i) la falta de idoneidad y eficacia del medio de defensa judicial
ordinario; o (ii) en aquellas hipótesis en las que pese a existir un medio de defensa
judicial que cumple con las mencionadas características, éste no impide la ocurrencia
de un perjuicio irremediable 15 , caso en el cual la acción de tutela procede como
mecanismo transitorio16.

45.- En el caso objeto de estudio, la parte actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia, al no
pronunciarse de fondo, de forma clara y congruente respecto a cada uno de las
inconformidades que planteó en el recurso de reposición y su escrito de adición
interpuesto contra la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022,
mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos correspondiente al concurso de méritos No. 27 para la provisión de
los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial.

46.- Ahora bien, cabe aclarar que el recurso de reposición presentado por el
demandante fue resuelto por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, a
través de la Resolución CJR23-0045 del 16 de enero de 2023, por lo que si bien en
el escrito de tutela el actor manifestó que no está cuestionando la legalidad de dicho
acto, una revisión de los reproches planteados en la solicitud de amparo, permite
advertir que, en últimas, lo que pretende el accionante es controvertir el contenido
del mismo. Mas aún, la censura de éste pretende una modificación de la decisión
bajo el argumento de que existieron serias falencias en su motivación, que se
concretaron en no estudiar varios de los reproches realizados en el recurso.

47.- Precisado lo anterior, la Sala advierte que el asunto carece de subsidiariedad,
toda vez que el actor no agotó los mecanismos judiciales ordinarios, idóneos y
eficaces que el ordenamiento jurídico le otorga para proteger sus derechos, pues
aquel cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho17 y,
con éste, la posibilidad de solicitar medidas cautelares 18 . Estos mecanismos le

15 La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la

amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera
de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela. Sobre la condición anotada, a Corte
Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio irremediable; así ha indicado que “es
aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente;
(iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos
es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela
16 Corte Constitucional, Sentencia T-375 de 2018.
17 El artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, establece que “Toda persona que se crea lesionada en un derecho

subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño (...) siempre
y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación.”
18 Desde el mismo momento en que el actor presente su demanda, tiene la posibilidad de solicitar la práctica de

medidas cautelares, tal y como lo señala el artículo 229 del CPACA , al tenor del cual: “en todos los procesos
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00801-00
Accionante: Wilmer Jahir Sierra Fagua
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

permiten debatir, no sólo la presunción de legalidad de los actos administrativos que
son objeto de reproche y obtener el restablecimiento de sus derechos, sino también
la de solicitar su suspensión provisional.

48.- En este punto es importante mencionar que, al referirse al cumplimiento del
requisito general de subsidiariedad en el presente asunto, el accionante señaló que
en la Sentencia SU-067 de 2022, al resolver tutelas interpuestas en la convocatoria
que nos ocupa, la Corte Constitucional estableció que la acción de tutela
excepcionalmente procede contra actos administrativos proferidos en el desarrollo
de los concursos de mérito. Sobre el particular, debe precisarse que los argumentos
propuestos por el demandante no están llamados a prosperar, la menos por dos
razones:

49.- En primer lugar, en la Sentencia SU-067 de 2022, precedente que la parte
actora alega como aplicable al caso concreto, la Corte estudió un grupo de tutelas
relacionadas con diversas actuaciones y actos administrativos proferidos en el marco
de la Convocatoria No. 27, sin embargo al pronunciarse sobre el cumplimiento del
requisito de subsidiariedad y la procedibilidad de la acción de tutela contra actos
administrativos, el Tribunal Constitucional se refirió específicamente a la Resolución
No. CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020, mediante la cual la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial resolvió corregir la actuación administrativa de
la referida convocatoria desde la citación a las pruebas de conocimientos generales
y específicos, de aptitudes y psicotécnicas, para ajustar todo el trámite a derecho y
en consecuencia, continuar el trámite de la convocatoria.

50.- Por lo anterior, resulta evidente que las reglas y consideraciones establecidas
por la Corte Constitucional en relación con la subsidiariedad del asunto no resultan
aplicables a la demanda de tutela objeto de estudio. Esto debido a que, en la
sentencia de unificación, la entidad judicial se pronunció sobre el cumplimiento del
requisito de subsidiariedad en relación con un acto que corregía una actuación
administrativa, mientras que en la demanda de tutela de la referencia se pretende
atacar un acto administrativo de calificación o evaluación.

51.- En segundo lugar, esta Corporación ha establecido que los actos
administrativos que contienen la manifestación de la voluntad de la Administración y
definen la situación de un interesado, así como los de trámite que imposibilitan
continuar con la actuación administrativa, son susceptibles de control judicial por
parte de la jurisdicción contencioso administrativa, excluyendo expresamente de
dicho control los actos de simple gestión y ejecución, pues estos en estricto sentido,

declarativos que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativo, antes de ser notificado, el auto
admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá
el juez o magistrado ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.
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Accionante: Wilmer Jahir Sierra Fagua
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

cumplen una orden concreta y no crean, modifican ni extinguen ninguna
circunstancia jurídica19.

52.- Teniendo en cuenta lo anterior, la Sección Segunda ha precisado que, en el
caso de los actos administrativos proferidos en el marco de un concurso de méritos,
tanto las listas de elegibles como los actos administrativos de calificación de los
concursantes, pueden ser objeto de demanda ante la jurisdicción contencioso
administrativa. Sobre este último grupo de actos, ha sostenido que, si bien al ser
anteriores a la emisión de la lista de elegibles, podrían ser calificados como actos
preparatorios, en la práctica al ser decisiones utilizadas por la administración
exterioriza el resultado obtenido por un concursante y que refleja la potencialidad o
predisposición de la persona para desarrollar una habilidad o un comportamiento,
valoración que es dada a conocer al participante a través de una decisión particular
en la que se le asigna un puntaje, que a su vez determina la posibilidad del
concursante de mantenerse vigente en la actuación administrativa, este tipo de actos
deben ser tenidos como actos administrativos enjuiciables ante la jurisdicción
contencioso administrativa 20 , pues el carácter definitivo de un acto, no depende
necesariamente de hallarse situado en el final del trámite, puesto que este puede dar
por terminado un ciclo autónomo de la actuación administrativa claramente definido,
generando que pueda ser atacado en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho21.

53.- De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que la Resolución CJR23-0045
del 16 de enero de 2023, se trata de un verdadero acto administrativo definitivo, dado
que en ésta se resolvió de forma definitiva la situación jurídica del señor Wilmer Jahir
Sierra Fagua, como participante de la Convocatoria 27, pues si bien no es
propiamente el acto inicial de evaluación -la Resolución CJR22-0351 del 1° de
septiembre de 2022- 22 , lo cierto es que el acto tiene la vocación de excluirlo
definitivamente del concurso de méritos23.

19 Para tal efecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha diferenciado entre los actos administrativos de

trámite, entendidos como aquellas “decisiones instrumentales proferidas con el propósito de permitirle a la
Administración avanzar hacia la consecución de sus objetivos a través de la adopción de determinaciones de
fondo, de suerte que la existencia de aquéllos no se explica y menos se justifica por sí sola, sino en la medida
en que forman parte de una secuencia o serie de actividades unidas y coherentes”, y los actos administrativos
definitivos, como aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar
la actuación.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 17 de noviembre de 2016, medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho, Rad. 11001-03-25-000-2009-00014-00(0410-09); Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 05 de noviembre de 2020, medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, Rad. 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15).
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 8 de marzo de 2012, medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, Rad. 11001-03-25-000-2010-00011-00(0068-10); Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sentencia del 5 de noviembre de 2020, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
Rad. 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15).
22 Mediante la cual se publicó el puntaje que obtuvo el actor en las pruebas de aptitudes y conocimientos.
23 En ese mismo sentido, ver sentencia del 2 de marzo de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de

Estado al interior de la acción de tutela identificada con número de rad. 11001-03-15-000-2023-00326-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00801-00
Accionante: Wilmer Jahir Sierra Fagua
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

54.- Lo anterior, teniendo en cuenta que en el recurso de reposición interpuesto
contra el acto de evaluación, el demandante solicitó la recalificación del puntaje que
obtuvo inicialmente en las pruebas de aptitudes y conocimientos, por lo que es a
partir del acto administrativo que resolvió el citado recurso y que es objeto de
reproche constitucional, que se consolidó la situación jurídica del concursante en el
marco de la actuación administrativa, pues le otorgó un estatus al participante y
afectó directamente su interés de acceder a la carrera judicial. Por esa razón, no sólo
es susceptible de ser objeto de control por parte del juez contencioso administrativo,
sino que tal y como se mencionó con anterioridad, debido a su naturaleza, las
controversias relacionadas con este tipo de actos, deben ser tramitadas a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo de defensa
idóneo y eficaz, dispuesto por nuestro sistema jurídico para resolver estos asuntos.
Sin embargo, el demandante no acudió a dicho instrumento jurídico.

55.- Aunado a lo anterior, la Sala observa que no se acreditó la configuración de un
perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional, como
mecanismo transitorio, en asuntos que no son de su competencia, teniendo en
cuenta que, para sustentar la ocurrencia de un perjuicio de tal naturaleza el
accionante se limitó a cuestionar la eficacia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, reprochando el tiempo en el que eventualmente
tardaría en resolverse el asunto, sin fundamentar su alegato en los términos que ha
establecido la Corte Constitucional para tales efectos y que fueron previamente
mencionados.

56.- Además, cabe reiterar la posibilidad que tiene el accionante de solicitar -en
cualquier estado del proceso- la adopción de las medidas cautelares que considere
necesarias con el fin de garantizar -provisionalmente- el objeto del proceso y, de esta
manera, evitar la consumación o agravación de los daños que estima provienen de
la presunta transgresión de los derechos invocados, hasta tanto se profiriera una
decisión definitiva. Por tal motivo, se insiste, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho resulta ser el mecanismo idóneo y eficaz que tiene
cualquier persona a su alcance para debatir la legalidad de los actos administrativos
cuestionados, sin que ante el mismo quepa oponer un carácter de insuficiencia ante
las eventuales dificultades que impone el curso normal y ordinario de un proceso.

57.- Así las cosas, la acción de tutela que se examina no cumple con el requisito
general de subsidiariedad, de suerte que esta Sala habrá de declarar improcedente
la solicitud de amparo impetrada por Wilmer Jahir Sierra Fagua.

58.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00801-00
Accionante: Wilmer Jahir Sierra Fagua
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los
términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.

QUINTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE24
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

24 VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
14

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