Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02776-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-02776-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-02776-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
7 de julio de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 02776 00
Accionante: Johon Jairo Montes Ocampo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 02776 00
Accionante: JOHON JAIRO MONTES OCAMPO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, SALA
PRIMERA DE DECISIÓN
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora es de naturaleza legal y
económica.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Johon Jairo
Montes Ocampo contra la sentencia proferida el 5 de mayo de 2023 por
la Sala Primera de decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado nro. 63001 33 33 001 2022 00029 02.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Johon Jairo Montes Ocampo, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de la precitada
sentencia1, y para ello formuló las siguientes pretensiones2:
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02776 00.
2
Ibidem.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 02776 00
Accionante: Johon Jairo Montes Ocampo
“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO en la sentencia proferida el
día 05 de mayo de 2023, en el expediente rad. nro. 63001-
33-33-001-2022-00029-02, transgredió los derechos
fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL
TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO,
GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional
y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos
la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una
nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que
sobre el tema edificó la Corte Constitucional en la sentencia SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.
Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada
en la demanda […]” [Mayúsculas y negrillas en el escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte actora informó que es docente y que labora para el municipio de
Armenia desde el 31 de enero de 2011, razón por la que considera tiene
derecho al reconocimiento y pago de las cesantías por el régimen
anualizado, con pago de interés cada año.
Aseveró que el 15 de febrero de 2021 no le fueron consignadas sus
cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG -, fondo al que pertenece
por los servicios prestados en el año 2020.
Manifestó que el 14 de julio de 2021 solicitó a la Secretaría de Educación
Municipal de Armenia y al FOMAG el pago de las cesantías y el
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reconocimiento de la sanción por mora establecida por el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado.
Señaló que “(…) la entidad pública demandada, como patrono, en vez de
efectuar una respuesta de fondo, o proceder a la consignación de las
cesantías, remitió la solicitud a la Fiduciaria La Previsora S.A., para que
otorgara respuesta a la solicitud, siendo esta última entidad la encargada
de los recursos del FOMAG, no sobre quien recae la obligación de la
consignación como patrono, pero hasta la fecha de presentación de esta
acción de tutela, nunca se obtuvo respuesta (…)”3.
El accionante, actuando por conducto de apoderado, presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación –
Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio - FOMAG - y el municipio de Armenia, con el fin que se
declarara la nulidad del acto administrativo ficto que le negó el
reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación
oportuna de las cesantías establecidas en la Ley 50 de 1990.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo
de Armenia que, en sentencia del 10 de agosto de 2022, negó las
pretensiones.
En contra de la precitada decisión, la parte actora interpuso recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de
decisión, en sentencia del 5 de mayo de 2023, la confirmó, bajo la
consideración que “(…) los docentes oficiales afiliados al FOMAG no tienen
derecho al reconocimiento y pago de las sanciones moratorias
consagradas en la Ley 50 de 1990 y la Ley 52 de 1975 (…)”4.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02776 00.
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La parte actora indicó que “(…) de acuerdo con la sentencia SU 098 de
2018, en virtud del principio de igualdad, in dubio pro operario y de
conformidad con la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006
no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50
de 1990, pues al tener los mismos carácter de servidores públicos, son
beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones a
modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el
pago oportuno de la prestación social (…)”5.
Anotó que, en el trámite del proceso contencioso, los juzgadores de
manera caprichosa no aplicaron el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los
docentes del sector oficial en calidad de servidores públicos, y que dicha
decisión no sólo vulneró su derecho fundamental a la igualdad, sino
también el derecho a la seguridad social.
Expuso que no se debate un asunto de mera legalidad, comoquiera que
involucra múltiples aspectos de relevancia constitucional, tales como: i)
la ausencia de garantía de igualdad en el trato jurídico, ii) los principios
de seguridad jurídica y confianza legítima respecto de la existencia de
varias posturas de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en lo
atinente a la aplicación de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías a los docentes, iii) la transgresión al derecho a la seguridad
social de los miembros del magisterio, y iv) el principio de favorabilidad
en la aplicación de normas y precedentes en materia de prestaciones
sociales de servidores públicos y docentes.
Sostuvo que la sentencia cuestionada no fue proferida acorde con la
normatividad que regula la materia y la jurisprudencia. Agregó que el
tribunal accionado no tuvo en cuenta “(…) las últimas 21 sentencias del
Consejo de Estado, donde esta alta jurisdicción contenciosa
administrativa se hace la pregunta ¿le es aplicable sí o no, la Ley 50 de
1990 a los docentes afiliados al FOMAG? Y el Consejo de Estado, al
unísono, en su sección segunda en sus diferentes salas, compuestas por
5
Ibidem.
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sus 6 Consejeros, cada uno de ellos en sus diferentes ponencias han
expedido sentencias haciéndose la misma pregunta y la respuestas ha
sido siempre positiva (…)”6; y para el efecto, hizo una relación de las
sentencias proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada en la ventanilla virtual de la Corporación el 23
de mayo de 2023 y correspondió por reparto a la Sección Primera que,
por auto del 31 de mayo de 20237, la admitió y dispuso notificar a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Quindío, así como
vincular a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al municipio de
Armenia, como terceros interesados en el resultado del proceso8.
De igual forma, solicitó al Tribunal Administrativo del Quindío y/o al
Juzgado Primero Administrativo de Armenia que allegaran copia digital del
proceso identificado con el radicado nro. 63001 3333 001 2022 00029 02,
el cual fue remitido9.
3.2. La secretaria encargada de educación municipal de Armenia rindió
informe vía mensaje de datos10, en el que solicitó se declare la
improcedencia de la solicitud de amparo porque no se configuran los
requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Indicó que los reproches del accionante
implican “(…) una simple inconformidad frente a la operación judicial en
6
Ibidem.
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Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02776 00.
8
Esta orden se cumplió el 14 de junio de 2023. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02776 00.
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Visto en el índice 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02776 00.
10
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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materia de interpretación de un marco legal y normativo en materia de
consignación de cesantías y pago de intereses a las cesantías, que no es
de recibo de la parte hoy tutelante (…)”.
3.3. La coordinadora de tutelas de Fiduprevisora S.A. presentó escrito vía
correo electrónico11 en el que solicitó que se declare la improcedencia de
la acción de tutela y se desvincule a dicha entidad del trámite tutelar por
no estar legitimados en la causa por pasiva.
Expuso que Fiduprevisora S.A. actúa en calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo del FOMAG, en virtud de un
contrato de fiducia mercantil suscrito con el Ministerio de Educación
Nacional.
Manifestó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso
contencioso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que se
pueda aducir que el tribunal accionado haya desconocido, entre otros, los
precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.
3.4. El Tribunal Administrativo del Quindío guardó silencio.
3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 23 de junio de 202312.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199113 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
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Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02776 00.
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Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02776 00.
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
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mayo de 2015,14 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202115, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201916 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. CUESTIÓN PREVIA
En relación con la solicitud de desvinculación presentada por la
coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A., se advierte que la
petición no es procedente comoquiera que la citada entidad actúa como
vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, el cual fue vinculado al
trámite tutelar por tener interés en el resultado del proceso, atendiendo
a que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, objeto de
esta acción, fue promovida en su contra.
4.3. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:
4.3.1. El señor Johon Jairo Montes Ocampo, actuando por conducto de
apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio
de Armenia, con el fin que se declarara la nulidad del acto administrativo
ficto configurado el 14 de octubre de 2021, mediante el cual se negó el
14
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
15
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
16
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
17
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes y del expediente del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro.
63001 33 33 001 2022 00029 02 aportado por el Juzgado Primero Administrativo de
Armenia. Visto en los índices 2, 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02776 00.
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reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación
oportuna de las cesantías, establecida en la Ley 50 de 1990; así como, la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías dispuesta
en la Ley 52 de 1975.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a las
demandadas a reconocer y pagar la sanción por mora establecida en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de su salario por
cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero del año 2021; así
como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías,
que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la cual
es equivalente al valor cancelado de los intereses causados durante el año
2020.
4.3.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero
Administrativo de Armenia que, en sentencia del 10 de agosto de 2022,
negó las pretensiones.
4.3.3. En contra de la precitada decisión, el hoy accionante interpuso
recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Quindío, en sentencia
del 5 de mayo de 2023, la confirmó, explicando lo siguiente:
“(…) a la parte actora no le son aplicables las disposiciones que
consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las
cesantías anualizadas y de los intereses a las mismas, consagrados
en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1 de la Ley 52 de 1975,
ya que el régimen de cesantías docente es especial y en él se
determina específicamente cómo se reconoce, liquida y paga las
cesantías y los intereses a éstas, teniendo unas características
propias que hace que el pago de las sanciones solicitadas sea
incompatible.
Además, para esta Corporación no constituye precedente obligatorio
en el presente asunto la ratio decidendi de la sentencia de unificación
SU-098 de 2018 y posteriores analizadas previamente, pues los
supuestos fácticos y las normas posteriores aplicables al presente
proceso difieren de la mencionada providencia como ya se explicó
(…)”.
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4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar
es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los
criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional18
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”19.
18
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
19
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
9
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Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional20.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades21:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia22. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
20
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
21
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
22
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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4.4.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del segundo criterio que la compone, el cual busca
preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
Frente al segundo elemento la Corte Constitucional ha dicho que23 “(…) la
controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional,
las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de
índole económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite, dado que “le está prohibido al juez
de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter
netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse
en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones”. En tales
términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o
legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los derechos y
deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o
contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general”.
La Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU – 573 de 2019
revocó los fallos de tutela proferidos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado que confirmaron la decisión de primera instancia en la que fueron
negados los amparos y, en su lugar, declaró improcedentes las tutelas
por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
23
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
11
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En dicha oportunidad, las accionantes promovieron las solicitudes de
amparo con el fin de controvertir las sentencias proferidas por la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado que, en el marco
de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho adelantados
por las allí tutelantes, negaron el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías prevista por
el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996.
Para resolver, la Corte Constitucional consideró que el asunto no tenía
relevancia constitucional con fundamento, entre otras razones, porque la
“sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es
un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía
de naturaleza constitucional”, a lo que agregó que cualquier pago
adicional que no corresponda con la finalidad de las cesantías, sino una
penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al
trabajador, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente
patrimonial.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el segundo elemento que la
compone, esto es, preservar la competencia y la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto,
evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad o de naturaleza económica, no está superado.
Lo anterior, debido a que la discusión planteada por la parte actora es de
naturaleza legal y económica porque involucra determinar si se debe
condenar a las demandadas del proceso contencioso al reconocimiento y
pago de la sanción por mora establecida por el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 por el no pago oportuno de las cesantías del año 2020, bajo la
consideración que “(…) no se debe excluir al sector oficial docente de la
aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los mismos carácter de
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 02776 00
Accionante: Johon Jairo Montes Ocampo
servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en
dichas disposiciones (…)”24.
De manera que se trata de un debate meramente legal porque conlleva
la discusión sobre el alcance del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y es de
naturaleza económica, dado que el objeto del litigio en el proceso
ordinario giró en torno al reconocimiento y pago de la sanción por mora
por el no pago oportuno de las cesantías, discusión que no compromete
derecho fundamental alguno.
Por último, no sobra advertir, en relación con el argumento del accionante
consistente en que la sentencia atacada vulnera el derecho fundamental
a la igualdad, que, aunque en el escrito de tutela enlistó varias sentencias
proferidas por la Corporación, no cumplió con la carga de identificar el
problema jurídico que fue resuelto en cada una de ellas, señalando las
pretensiones y los fundamentos de hecho y de derecho, y, por
consiguiente, omitió indicar la regla jurisprudencial que era aplicable al
caso y que la autoridad judicial accionada desatendió.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la
Fiduprevisora S.A.
24
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 02776 00.
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Accionante: Johon Jairo Montes Ocampo
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada
por el señor Johon Jairo Montes Ocampo, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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